Molano alfredo (1)

FRAGMENTOS DE LA HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO (1920-2010)
Afredo Molano Bravo
INTRODUCCIÓN
El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores
originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado, sobre
todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de gastos de los gobiernos
aumentan considerablemente. El telón de fondo es el enriquecimiento desbordado de EE.
UU. después de la Primera Guerra Mundial.
El alza del precio del café y el crecimiento de la demanda interna desencadenaron
conflictos agrarios en las zonas cafeteras donde predominaban el arriendo y la colonización
de tierras baldías. Los arrendatarios desconocían los convenios de trabajo con las haciendas
y los colonos invadían tierras que pertenecían a ellas o las pretendían. El triunfo del Partido
Liberal en 1930 y la influencia de la ideología socialista en la organización de ligas
campesinas jugaron un papel determinante, que en muchas regiones fue reprimido por
armas oficiales o privadas.
El liberalismo, en el poder a partir del año 30, trató de ganarse la fuerza pública para
imponer en algunas regiones su mayoría electoral o para defenderla. Los conservadores no
estaban dispuestos a perder en las urnas lo que habían ganado con las armas en la Guerra de
los Mil Días. Usaron las dos formas y añadieron una tercera muy poderosa: la fuerza de la
Iglesia católica. El liberalismo apeló a encabezar luchas agrarias como apoyo político. El
Partido Comunista tomó el mismo camino. De tal suerte que armas, presupuesto nacional,
ideología y tierra, es decir, todas las formas de lucha, se convirtieron en la mezcla explosiva
que llamamos La Violencia –1925 y 1955–. Gaitán representó las aspiraciones populares y
Laureano Gómez las del Establecimiento. Entre esas fuerzas el choque era inevitable.
El Partido Conservador se propuso inhibir por medio del terror al liberalismo para
recuperar el poder. El campo fue el campo de batalla: las zonas liberales o comunistas
fueron atacadas por organizaciones campesinas armadas por el Gobierno, los políticos y los
terratenientes con el respaldo militante de la Iglesia y de sectores de la fuerza pública. El
asesinato de Gaitán desbordó tanto la estrategia conservadora como la liberal. Fue la guerra

civil no declarada. El Gobierno se atrincheró en el poder, y el Partido Liberal, acéfalo, trató
de defenderse con guerrillas oscilando siempre entre las urnas y las armas. Rojas fue el
árbitro elegido por la mayoría de las fuerzas en contienda para enfrentar la amenaza de una
guerra civil declarada por las organizaciones guerrilleras.
Con Rojas y el Frente Nacional el manejo del presupuesto se compartió, las Fuerzas
Armadas cayeron definitivamente bajo el dominio de EE. UU. con la doctrina de la
Seguridad Nacional; la Iglesia tomó distancia del poder político a instancias del Concilio
Vaticano II y las luchas campesinas buscaron ser neutralizadas con la reforma agraria. La
ilegalización del Partido Comunista con Rojas y su exclusión total del poder bajo el Frente
Nacional de un lado, y los vientos revolucionarios que soplan desde Cuba, por otro, tornan
social el carácter de las luchas guerrilleras que subsisten desde los años 60.
El fracaso de la reforma agraria impulsó el movimiento campesino y débil y el progreso de
la industrialización fortaleció las luchas sindicales. El capital buscó refugio en la ganadería
extensiva, en las plantaciones de banano y palma, mientras la economía del café declinó
irreversiblemente. La tierra se concentró y la colonización de tierras baldías se disparó. Las
fuerzas guerrilleras que habían sido desplazadas hacia esas zonas se convirtieron en poder
local. El Estado buscó liquidarlas usando y armando exguerrilleros.
En esta coyuntura aparecieron los cultivos ilícitos que cumplirían un papel similar al jugado
por el café: precios rentables, mercado seguro, crédito y transporte barato. Los colonos
conocieron sus mejores días cuando se desplomó el Pacto Mundial del Café y el desempleo
cundió en campos y ciudades. Las economía de enclave, banano y petróleo se tornaron, con
la coca y el ganado, en los ejes de la economía nacional. La mayoría de estas fuentes de
riqueza estaban en zonas de colonización. La fuerza pública se mostró incapaz de controlar
el movimiento guerrillero y apeló a fomentar el paramilitarismo en colaboración con los
intereses afectados por la insurrección. Al mismo tiempo, y por la misma razón, los
gobiernos buscaron negociaciones de paz. Del intento de Belisario surgió la Unión Patriota,
que fue exterminada en pocos años. Las guerrillas aparecieron como la fuerza de la
oposición al sistema y lograron armar 20.000 unidades militares y tocar los límites de
transformar la guerra de guerrillas en guerra irregular. La respuesta fue el Plan Colombia,
financiado por EE. UU., que armó la fuerza pública de nueva tecnología militar y acrecentó

el número de efectivos. La Seguridad Democrática decretó la guerra muerte e involucró al
paramilitarismo como brazo armado de las fuerzas oficiales.
El largo camino de sangre que comenzó a recorrer el país desde los años 20 no podrá
desembocar en una paz estable mientras todas las fuerzas involucradas no renuncien
definitivamente a la combinación de todas las formas de lucha a favor de la lucha civil e
independiente del tutelaje militar de EE. UU.
PRIMERA PARTE: PRIMEROS PASOS
I. PROSPERIDAD A DEBE
De la victoria militar contra Alemania, EE. UU. salió más rico. Le eran imperiosos nuevos
mercados. Durante los gobiernos de Pedro Nel Ospina y Abadía Méndez, entraron al país
US$280 millones. Entre 1922 y 1929 crecieron la red de ferrocarriles y el número de
fábricas. Fue la llamada por López Pumarejo «Prosperidad a debe». Creó una fuerte
migración a las ciudades, pues el jornal de obreros era 20 veces mayor que el campesino.
Los hacendados retenían la mano de obra por medio de la Policía o del endeudamiento
crónico. Las grandes inversiones estimularon la demanda de alimentos. El área cultivada se
duplicó. Con todo, Abadía Méndez debió promulgar la Ley de Emergencia para atender la
demanda interna y debilitar las presiones campesinas. El cultivo del café creció
vertiginosamente debido a que el precio se duplicó en ese lapso, lo que impulsó la
colonización campesina en tierras baldías y las tensiones en haciendas cuyos títulos de
propiedad eran precarios y donde los aparceros y arrendatarios exigían el derecho a cultivar
café en las tierras asignadas para pancoger o en las que consideraban baldíos. La cuestión
se agravó en 1926 con la sentencia de la Corte Suprema que obligaba a los hacendados a
presentar el título de propiedad en caso de litigio con sus trabajadores. Fue la llamada
«Prueba diabólica». En Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima hubo invasiones en 35
haciendas como argumento para acceder a cosechar, beneficiar y comercializar café. Hubo
enfrentamientos en Icononzo, Melgar, Cunday, Ibagué, Chaparral, El Líbano, en Tolima;
Viotá, El Colegio, Quipile, La Mesa, Fusagasugá, en Cundinamarca; huelga de cosecheros
en Rionegro, Santander; de arrendatarios en Huila, e invasiones en Valle. Al mismo tiempo,
la famosa Danza de los Millones y el mercado interior creado por la economía cafetera
jalonaron la industrialización y la creación de un sector obrero. Las luchas obreras eran

mutualistas y en especial de artesanos. En 1910 el Gobierno reconoció personería a cuatro
organizaciones y en 1917 a ocho. En 1919 hubo un congreso de 500 trabajadores del
Sindicato Central Obrero. El transporte por el río Magdalena y la ampliación de la red
ferroviaria permitieron las primeras huelgas, como la de los trabajadores del ferrocarril de
Girardot, a la que se sumaron los de la Sabana de Bogotá y organizaciones de la capital.
Quizá fue el primer ensayo de huelga general en el país. En el movimiento obrero
dominaron hasta 1945 los sindicatos ferroviarios y navieros, que influyeron en el campo al
llevar mensajes ideológicos distintos a los de los partidos tradicionales, originados en el III
Congreso Obrero Nacional en 1926, cuna del Partido Socialista Revolucionario (PSR),
fundado en 1928, que se transformó en 1930 en el Partido Comunista. Estallaron: en
Barrancabermeja los paros contra la Tropical Oil Company en 1924 y 1927, en 1926 la
huelga de braceros y ferroviarios del Magdalena en Girardot, y en 1928 la huelga bananera
contra la United Fruit Co. En 1930 ya había 99 sindicatos. Los nombres de María Cano,
Raúl Mahecha y Jorge Eliécer Gaitán se hicieron famosos y crearon un fermento
revolucionario que contribuyó a la caída de la Hegemonía Conservadora y a la fundación de
la República Liberal.
El desplome de la bolsa de Nueva York en 1929 arrastró las economías cafeteras de Brasil
y Colombia. Bajaron las exportaciones y el consumo en EE. UU. y el crédito externo
prácticamente desapareció. El presupuesto público se redujo en 1929 en 66 % y decayó el
gasto en obras públicas. Entonces, el gobierno de Olaya derogó la Ley de Emergencia,
declaró la moratoria de las deudas externa e interna y prohibió la circulación libre del oro.
El ritmo de industrialización se recuperó hacia 1934 por el afán de hacerle frente a la
reducción de exportaciones. Cuando se recuperaba el resuello, estalló el conflicto con Perú,
que se atendió con un empréstito interno de US$10 millones y uno de EE. UU. de US$17
millones. Fugaz paréntesis en la lucha por la tierra.
Con la bonanza cafetera, que duró 10 años, los campesinos tumbaban monte en baldíos para
abrir fincas y sembrar. La crisis de 1929 aceleró el proceso, sobre todo en Valle, Norte de
Santander y las zonas de colonización tardía como Quindío y el norte y el oriente de
Tolima. Hacia 1932 las fincas de menos de 12 hectáreas eran el 40 %. El conflictivo
dinamismo de la economía cafetera se afianzó sobre todo en Caldas, el sur de Antioquia y
el norte de Valle y Tolima, donde fue particularmente aguda la violencia en los años 50.

Olaya Herrera trató de mitigar el conflicto al comprar a los hacendados las tierras en litigio
y venderlas a crédito a los antiguos aparceros o arrendatarios. En 1936 se habían dividido
28 haciendas (17.000 hectáreas). Según el censo cafetero de 1932, el 98 % de las fincas
cafeteras eran pequeñas y sólo el 0,21 % tenían más de 100.000 árboles. En Cundinamarca,
en 1936, el 77 % de las fincas no llegaba a 10 fanegadas. En la segunda posguerra el área
sembrada subió el 40 % y el número de parcelaciones pasó de 38 en 1936 a 240 en 1940.
1. El indio Quintín Lame
Especial importancia tuvieron las luchas del indio Quintín Lame por la tierra y la identidad
indígena del pueblo páez o nasa. «El indio que no se dejó humillar de ninguna de las
autoridades, ni de los ricos» comenzó su lucha en Tierradentro en 1922 y la terminó en
Chaparral en 1945 con la creación del Resguardo del Gran Chaparral, que tuvo
organizaciones en Cauca, Nariño, Valle, Huila y Tolima. Fue considerado por los
gobiernos, tanto conservadores como liberales, un «indio ignorante… promotor de una
sedición encaminada a encender una guerra de razas». Hay que recordar que el resguardo o
parcialidad indígena fue creado por la Corona española en el siglo XVI para defender a los
indígenas del tratamiento de esclavos que les daban encomenderos, pero también para
obligarlos a pagar tributos. La República ordenó la repartición de los Resguardos para
«hacer de los indios hombres libres en pie de igualdad con todos los demás ciudadanos»,
pero en realidad fue un medio para despojarlos de las tierras y convertirlos en terrazgueros,
el mecanismo clásico de despojo para «liberar la mano de obra y ponerla a trabajar en
condiciones serviles». El general Reyes aceleró por la Ley 104 de 1919 la repartición de los
resguardos y el «castigo a los indios que estorben el proceso».
Lame comenzó su lucha contra la política del general Reyes de liquidar los resguardos; fue
nombrado «jefe y representante» de los cabildos de Pitayó, Jambaló, Toribío, Puracé,
Cajibío y otros, en 1910. Entre 1914 y 1918 movilizó a los indígenas de Cauca, hasta caer
preso en 1915. La persecución política, la división del movimiento y la masacre de Inzá en
1916 lo obligaron a refugiarse en Natagaima, donde fundó, con José Gonzalo Sánchez, el
Supremo Consejo de Indias, que creó el resguardo del Gran Chaparral. Las reivindicaciones
de Lame marcaron un territorio de luchas entre Popayán y Chaparral. El poeta Guillermo
Valencia lo llamó «asno de los montes». A Lame lo obsesionaba la educación del indio. Su
secretario, Abel Tique, decía: «Antes del general estábamos en la oscuridad, pero él nos

trajo la doctrina y la disciplina para defendernos». Doctrina, disciplina y tierra son
principios que se encuentran a menudo en la lucha de Manuel Marulanda.
II. LA REPÚBLICA LIBERAL
1. Chulavitas
La crisis de 1929-1932 obligó a muchos obreros a regresar al campo. Unos, a las haciendas
bajo las formas de aparcería, colonato y arrendamiento, y otros a ocupar baldíos. Los
hacendados impusieron condiciones gravosas a los reenganchados y los colonos prefirieron
abrir monte en las vecindades de las haciendas que normalmente reclamaban como propias
los terratenientes. En muchas regiones, los arrendatarios se proclamaron colonos y se
negaron a pagar los convenios, y otros invadieron de frente zonas inexplotadas de las
haciendas. En la región del Tequendama los arrendatarios luchaban por cambiar el régimen
laboral; en Sumapaz, por la titulación de baldíos. La Ley 83 de 1931 dio derecho de
asociación sindical a los campesinos. Surgieron las Ligas Campesinas de Anolaima y La
Mesa, los Sindicatos Campesinos de Tena, Sesquilé y Quipile. Pero, según el Partido
Comunista, más de 20 sindicatos no fueron reconocidos por no ser liberales. A partir de
1934 el precio del café se recuperó levemente y las condiciones de trabajo de hacendados
fueron ignoradas. El Partido Comunista intentó una huelga nacional cafetera para impedir
lanzamientos, despojo de tierras y atropellos. Tuvo eco en Viotá, El Colegio, Palmira,
Restrepo, Florida. En La Tebaida, Pijao, Málaga, Puerto Berrío, Cajamarca, Hilarco,
Coyaima, La Pradera, Doyares, Chenche, Menche, Jambaló, Tocaima, Guagurco, Totarco,
Yaco, Cuasimal, Mercadillo se crearon en 1935 y 1936 asociaciones campesinas vinculadas
al Partido Comunista. La recién fundada Casa Liberal Nacional movilizó en Cundinamarca
10.000 campesinos y creó 17 ligas. Durante el primer gobierno de López se reconocieron
37 asociaciones; en el de Santos, 10, y en el segundo de López, 36. Para la Asociación
Patriótica Económica Nacional (APEN) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC),
la organización campesina representaba un reto al que se debería responder con cuadrillas a
sueldo para «contrarrestar las peonadas insurrectas que levantan el hierro contra el patrón,
ebrias de vocablos que no comprenden»1
.

1
El
doctor
Rengifo,
gobernador
del
Valle,
le
pide
al
gobierno
de
Olaya
que
ordene
al
comando
de
la
tercera
división
suministrar

elementos
para
las
milicias
cívicas
con
el
fin
de
conservar
el
orden
y
la
tranquilidad
social.
Olaya
respondió:
las
armas
no
son
para

manejarlas
los
particulares,
ni
aún
en
épocas
de
peligro
del
orden
público…
las
armas
deben
permanecer
en
los
parques
al

cuidado
del
Ejército,
porque
lo
contrario
implicaría
una
irregularidad
injustificable.
El
Colombiano,
1 marzo 1932.

Gaitán alegaba que el problema agrario no se podía resolver según las leyes anteriores a
1936, pero proclamaba no ser enemigo de la riqueza ni del capital. El Partido Comunista
coqueteaba con la lucha armada sin proclamarla abiertamente. El unirismo y el comunismo
tenían organizaciones civiles que actuaban bajo esquemas militaristas2
. Cuando el precio
del tabaco decayó a comienzos de los años 30, los campesinos medieros de la región de
García Rovira, muy conservadora por cierto, se organizaron en guerrillas para atacar a las
autoridades y al parecer actuaban en forma anárquica: «roban, saquean, matan, arrasan las
cementeras, sacrifican los ganados», según comunicación del gobernador de Santander al
presidente Olaya. Las regiones prioritarias para el liberalismo fueron Quipile, Pulí y La
Mesa. Para los comunistas, Viotá, Natagaima, Coyaima, Ortega, Icononzo, Cunday, Coello
y El Líbano. En haciendas de Chaparral y Toribío, hubo una huelga de 18.000 arrendatarios
que pedían acabar el trabajo obligatorio, cambiar los fieles de las romanas y aumentar el
pago de la arroba de café recogida. La huelga, sobra decirlo, fue reprimida por el Ejército
como en muchas haciendas de Cundinamarca antes de 1936: eran verdaderas repúblicas
independientes. Según la comisión de la Cámara que estudió los conflictos en Sumapaz en
1932, se ejercían en las haciendas los tres poderes: administrativo, legislativo y judicial.
A la preocupación del Partido Conservador por el conflicto agrario se sumaron desde 1928
los intentos del liberalismo de cambiar el sistema electoral, lo que logró a medias en 1932.
La Dirección Conservadora declaró de inmediato: «Con la cédula, el Partido Conservador
pierde las elecciones; los campesinos no se dejan retratar» (Guerrero, 224). El Partido
Liberal duplicó por única vez su votación habitual en 1933 y sobrepasó el total de los dos
partidos en elecciones normales. Laureano Gómez declaró la abstención electoral –que
llamó «purificadora»– aduciendo que la violencia impedía el sufragio conservador, y no
participó en las elecciones de 1933, en las que ganó su amigo Alfonso López. Laureano
llamó a «hacer invivible la República Liberal». Sólo en 1935, el país adoptó la cédula de
ciudadanía.
A medida que los programas de la Revolución en Marcha avanzaban, Laureano atacaba
desde El Siglo, en la plaza pública o por radio, con embestidas furibundas, certeras,
contundentes, al liberalismo y al comunismo –que identificaba como un solo cuerpo–. Las

2
El
premier
está
estudiando
con
el
presidente
la
reglamentación
de
las
guardias
cívicas.
Esto
con
motivo
de
la
petición
de
los

comunistas
para
establecer
la
suya,
lo
que
constituye
el
único
peligro
que
el
Gobierno
ha
encontrado
en
tales
instituciones.

Posiblemente
se
llegará
hasta
la
prohibición
de
las
organizaciones,
y
el
decreto
de
suspensión
se
deberá
a
los
comunistas.

reformas de López, en particular las constitucionales, levantaron ampolla no sólo en los
conservadores sino entre liberales y sobre todo en la jerarquía eclesiástica, terratenientes y
empresarios, industriales, comerciantes. Gómez no ocultaba su simpatía hacia la Alemania
nazi y los fascistas italianos, y ponía como ejemplos políticos y morales a Primo de Rivera
y a Franco. El levantamiento contra la República en España era guía metafórica de la
conducta política. Asustaba a los ricos con el fantasma del comunismo; a los políticos, con
la falsificación de cédulas, y a la Iglesia con el ateísmo, el protestantismo y la masonería.
Boyacá y los Santanderes eran grandes fortines conservadores. El triunfo del liberalismo y
la abstención decretada por Laureano facilitaron al conservatismo recurrir poco a poco a las
armas. El liberalismo nombró gobernador y alcaldes liberales en 88 de los 101 municipios y
trató de hacerse a la maquinaria administrativa y a las Guardias armadas departamental y
municipal y creó una especie de policía cívica. El conservatismo reaccionó llamando a
«defendernos en la forma que las leyes naturales nos lo permitan» (ibid, 129).
Particularmente graves fueron los choques armados en García Rovira y Norte de Boyacá,
que lanzaron a la Iglesia y al Partido Conservador a la ofensiva. A la «liberalización» de la
Policía departamental, el conservatismo respondió con grupos armados, respaldados –
cuando no dirigidos– por los curas y con el aval de los obispos. Boavita se convirtió en el
territorio militar conservador de la región del Chicamocha. El general Suárez Castillo fue
nombrado jefe militar conservador de Boyacá. Ramírez Moreno envalentonaba a sus
partidarios calificándolos de «animales acobardados» y llamó a la legítima defensa
(Guerrero, 236). En casas de jefes conservadores el Gobierno confiscó armas; en Boyacá se
encontraron documentos que comprometían con cuadrillas armadas al general Sotero
Peñuela, hermano del obispo de Soatá y familiar del general Próspero Pinzón, vencedor en
la guerra de los Mil Días. El general Jesús Villareal –vinculado a este apellido–, fue el
padre de José María, quien siendo gobernador de Boyacá en 1948, armó y transportó 200
civiles armados de la vereda Chulavita de Boavita hacia Bogotá el 10 de abril. La
tradicional obediencia ciega de los campesinos de Chulavita a sus jefes políticos y su
criminal comportamiento en la capital hicieron famoso su gentilicio, que terminó siendo el
nombre de guerra de las cuadrillas conservadoras que con las Policías departamentales y
municipales asolarían el país durante la Restauración Conservadora (1946-1953).

La Ley 200 de 1936 trató de resolver los conflictos agrarios en vista de que la reacción
terrateniente amenazaba con agravarse3
. El «objetivo supremo de las parcelaciones es evitar
conmociones violentas», justificó Alfredo García Cadena, gerente del Banco Agrícola
Hipotecario. La función social de la propiedad, pieza maestra de la reforma, entró a la
Constitución de la mano de la prosperidad cafetera. Pretendía hacer «imposible todo abuso»
del derecho de propiedad. El liberalismo lo entendió como un programa de parcelación de
tierras ociosas sin golpear el régimen hacendatario. En realidad, la reforma permitía al
latifundio retener mano de obra dispuesta al trabajo asalariado y por eso, las parcelas
distribuidas eran pequeñas. El Gobierno pagaba las tierras a los terratenientes y las vendía a
los campesinos para asegurar la propiedad y la oferta de trabajo. Para Marco Palacios, la
Ley de Tierras fue una mera ley de titulación de baldíos que abortó años después. Para
Gaitán, una ley hecha de papel y cartulina.
Con las parcelaciones, el regreso de Gaitán al liberalismo en 1936 y la alianza de los
comunistas con López Pumarejo, la lucha por la tierra y por mejores condiciones de trabajo
decayó hasta mediados de 1945, quizá con excepción de Sumapaz, donde Erasmo Valencia
y Juan de la Cruz Varela crearon el Movimiento Agrario Nacional. La «Pausa Santos» se
complementó con la Ley 100 de 1944, que restableció relaciones serviles en el régimen
hacendatario. La Federación Nacional de Cafeteros calificó la ley como una «verdadera
contrarreforma agrícola» al consolidar los contratos de aparcería, lo que garantizaba 15
años más los derechos de los propietarios, e impedir que «los colonos se conviertan en
amos y señores de las pequeñas parcelas cultivadas». La nueva ley limitó así a los aparceros
y arrendatarios a volver a los cultivos de pancoger. Terminada la Segunda Guerra, el precio
del café se disparó de nuevo y el conflicto agrario entró en una nueva fase de
enfrentamientos violentos entre partidos.
Según Gerardo Molina, la reforma de 1936 fue para el liberalismo de izquierda una
Constitución nueva, aunque se le hayan incorporado algunos preceptos de la de 1886. Lo
cierto es que la Ley 200 –que en realidad fue una prolongación avanzada de la Ley 83 de
1931– es el eje alrededor del cual girarían desde entonces los conflictos agrarios sobre los

3
“Los sucesos de Viotá revistieron excepcional gravedad: parece que mayor el número de comunistas heridos; la carnicería hecha por la
Policía entre los pobres trabajadores asume proporciones enormes. Durante el primer ataque los comunistas intentaron refugiarse en la
casa cural, donde se hallaba el arzobispo primado; los liberales y la Policía dijeron que los comunistas iban a atacar al arzobispo y
entonces cargaron contra ellos furiosamente”. El Espectador, agosto de 1934.

que echaría raíces la lucha armada. La función social de la propiedad fue entendida por los
campesinos como su derecho a tierras no cultivadas, tuvieran o no título. Para los
terratenientes ese derecho se tradujo, en muchas regiones, en una amenaza que se debía
rechazar armando a sus peones.
En las elecciones de 1938 ganó Eduardo Santos. Laureano había decretado nuevamente la
abstención, pero participó en las legislativas de 1939 para impedir la creciente oposición de
un sector de conservadores en el que calaba la orfandad burocrática y para preparar las
elecciones presidenciales de 1942. El domingo 8 de enero de 1939 los conservadores del
Guavio, región célebre por la lealtad a su partido, habían organizado una manifestación
preparatoria de las elecciones de mitaca. El gobernador de Cundinamarca envió un
contingente que el día de los hechos requisó a los que ingresaban a la plaza. Los gamonales,
entre ellos el general Amadeo Rodríguez, se ubicaron en el atrio de la iglesia. Rodríguez
participó en la guerra con Perú y era muy popular en la región por ser pariente de la familia
Ospina. Era temperamental, autoritario, de pistola rápida, como lo demostraría en 1947
cuando en la Cámara de Representantes mató al liberal Gustavo Jiménez y dejó parapléjico
a Soto del Corral. Según El Liberal, dirigido por Alberto Lleras Camargo, el primer disparo
salió del atrio y alborotó a los manifestantes, que respondieron atacando a un pequeño
grupo liberal que desde una esquina trataba de sabotear el acto. Intervino la Policía y se
generalizó el caos. Para los conservadores, la Policía disparó impunemente con miras a
sembrar el terror. Otras versiones dicen que alguien arrojó una pepa de aguacate que hirió a
un manifestante y obligó una reacción violenta contra los liberales.
«El general Amadeo Rodríguez estaba sentado en el atrio de la catedral. Tenía una ruana de
paño, sombrero de corcho y guantes. Un látigo sostenía en sus manos. Unos sostienen que él
fue el primero en disparar El general sacó su pistola y comenzó a disparar hasta agotar los
proyectiles que llevaba. Esto es un hecho que se muestra con una simple inspección en el
atrio de la iglesia»4
.
Laureano regresó de su finca de Útica y acusó al Gobierno de contubernio de las fuerzas
del orden con las «turbas izquierdistas». La prensa informó el 10: «ocho muertos y 18
heridos». El 16 de enero, Aquilino Villegas, político caldense, escribió en El Siglo un
provocador editorial exhortando a los conservadores a rescatar sus derechos a como diera
lugar. La Convención Conservadora de Cundinamarca lo acogió como directriz del partido.
Aquilino escribió:

4
El
Espectador,
enero
10
de
1939

«Si la convivencia es imposible porque la chusma liberal logra espantar al Gobierno y
obligarlo a replegarse con sus ideas de respeto por los derechos de los conservadores, no nos
queda más recurso que el derecho natural de la propia defensa… mostrando que no somos
mancos y que dondequiera que podamos ser fuertes, rescataremos por la fuerza nuestro
derecho».
Y a renglón seguido dictaba unas normas de defensa:
«No reunirnos nunca en dondequiera que nos desarmen; y armarnos por todos los caminos
posibles; organizarnos secretamente… en grupos que aseguren la mutua defensa… Si lo que
quieren los asesinos de Gachetá es apartarnos de las urnas, a las urnas iremos… Y ya
sabremos quiénes tendrán que pagarnos hoy o más tarde el montón de cadáveres y los
torrentes de sangre inocente con que se mancharán las aras de la patria…» (Lleras Restrepo,
119-120).
Laureano, por la Voz de Colombia, acogió no sólo las provocadoras ideas de Villegas, sino
la ratificación que de ellas hizo la Convención Conservadora. No era la primera vez que el
conservatismo se declaraba en pie de guerra. A raíz de otro choque en Pensilvania, Caldas,
en octubre de 1936, donde hubo seis muertos conservadores, Laureano llamó a «constituir
fuerzas de choque debidamente armadas que defiendan la integridad personal de los
manifestantes» (El Tiempo, octubre 21 de 1936, citado por Guerrero, 246).
Tres años después, cuando López se presentó como sucesor de Santos, El Liberal tituló:
«El hijo de Laureano Gómez ofrece dar muerte al candidato liberal». La «acción intrépida»
tomaba fuerza en un grupo de 30 jóvenes conservadores organizados como falange que
prometían, según Álvaro Gómez Hurtado, cumplir las órdenes de su padre aun a costa de su
vida. El artículo de El Liberal decía: «Se recuerda que el señor Laureano Gómez en el
Senado anunció que el conservatismo optaría por la guerra civil o por el atentado personal»
en caso de que López fuera elegido. La doctrina del atentado personal y de la legítima
defensa que promulgó Laureano fue la matriz de la política conservadora durante la
Restauración Conservadora (1946-1953). Quien resultó asesinado no fue López sino
Gaitán, que sin duda habría derrotado a Ospina o a cualquier conservador. Los
conservadores llevaron a la práctica las intenciones que Gómez atribuía al liberalismo:
apartar a los liberales de las urnas, por medio del terror.
2. La Iglesia
Con la Constitución de 1886 la Iglesia católica retomó la poderosa tutela que ejercía sobre
el aparato político. El nombre de Dios volvió a presidir y el arzobispo tenía la potestad de
ser el gran elector presidencial en Colombia. Monseñor Herrera Restrepo había nombrado
al general Vásquez Cobo sucesor de Abadía Méndez, pero monseñor Perdomo, nombrado
arzobispo primado, se inclinó por Guillermo Valencia. Esta dualidad, alimentada por el

liberalismo, le permitió a Olaya ganar la Presidencia, y con él la jerarquía no tuvo mayores
fricciones. En cambio con López Pumarejo, que consideraba que la Iglesia y el Estado
debían convivir en órbitas distintas, la relación fue muy difícil. Laureano aprovechó la
diferencia para influir sobre monseñor González Arbeláez, sucesor de Perdomo, que creó la
Acción Católica y convocó un Congreso Eucarístico Bolivariano para enfrentar el desafío
liberal. La Acción Católica fue calificada por la izquierda como arma del «latifundismo
fascista» (Abel, 185). El Congreso atacó con dureza el divorcio, el matrimonio civil y la
separación de poderes y declaró que la Iglesia estaba dispuesta a derramar sangre en
defensa de sus principios. Fue el primer llamamiento de la Iglesia a la violencia, atendido
sobre todo por el clero rural, muy receptivo a ideas falangistas. Hubo numerosas denuncias
de grupos de civiles armados por los párrocos y sobre la utilización de los campanarios para
situar francotiradores. Ramírez Moreno, dirigente conservador, declaró que las reformas de
López podrían desatar un levantamiento armado campesino (Williford, 117). Según la
inteligencia británica, monseñor González, creador de una corriente golpista en el Ejército,
estuvo en Argentina negociando armas (Abel, 195). La intención de Santos de reformar el
Concordato fue un nuevo motivo de enfrentamientos. Monseñor Builes llamó entonces a
luchar contra la iniciativa hasta la derrota o la muerte (ibid, 192). Laureano desde El Siglo
respaldaba lo posición de Builes. La férrea unidad de la tendencia falangista de la Iglesia y
el conservatismo se selló con la condena unánime al comunismo de la Conferencia
Episcopal Bolivariana de 1944. La cruzada religiosa de aquellos años contribuyó a la
polarización política y «preparó el camino para la violencia» (González, 274).
SEGUNDA PARTE: LA SANGRE
III. LOS AÑOS 40
En los años 30, como se ha dicho, el país entró –con timidez, es cierto– en el convulsionado
mundo moderno que se movía entre las dos grandes guerras europeas. España y Alemania
inspiraron a los dos partidos. Laureano, Alzate Avendaño y los Leopardos se asumieron
como legítimos representantes del fascismo español y del nazismo alemán; los liberales
tomaron de la Constitución española de 1931 la figura de la función social de la propiedad.
Colombia no sólo miraba la estrella polar sino giraba ya alrededor de Washington. Pese a la
caída del precio del café durante los años de la depresión, la economía se estabilizó, lo que

sostuvo el conflicto por tierras baldías y al mismo tiempo impulsó la lenta ampliación del
mercado interno. La Federación Nacional de Cafeteros manejó la exportación del grano y
favoreció la mediana empresa cafetera, lo que explica en parte el triunfo de Mariano
Ospina, gran negociante de café. La sustitución de importaciones floreció y con ella la
agitación laboral y la sindicalización se fortalecieron. La radio transmitía las imágenes de
un mundo nuevo pero desigual. Así se inició la década de los años 40.
Con la caída de López, oscuras fuerzas partidistas comenzaron a fraguar la violencia que
estalló durante la restauración conservadora (1946-1953). López fue sitiado por fuerzas
conservadoras políticas y económicas. Los terratenientes se envalentonaron con la
ampliación del período de gracia autorizada por la Ley 100 de 1944. Los empresarios
golpearon los retozos intervencionistas y López debilitó su alianza con el sindicalismo. El
liberalismo se volvió a dividir con las acusaciones que encabezaba Laureano de corrupción
del Gobierno. Fueron los días de las denuncias sobre la corrupción del «hijo del Ejecutivo»,
de las que Gaitán no fue ajeno. El golpe de Pasto le mostró a López que las FF. MM. no
escapaban a los enfrentamientos políticos, y finalmente renunció a la Presidencia para dar
paso a Alberto Lleras, su fiel escudero, quien rompió definitivamente con la Central de
Trabajadores de Colombia (CTC) y oxigenó la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC),
manejada por los jesuitas. A las elecciones de 1946 se postularon Turbay, liberal moderado
no obstante haber sido uno de los fundadores del Partido Comunista, y Gaitán, que había
sido alcalde de Bogotá con López, ministro de Educación de Santos y ministro de Trabajo
en la segunda administración de López. Gaitán reunió en el teatro Colón –enero de 1947–
comisiones representativas de diversas regiones que redactaron la Plataforma del Partido
Liberal, aclamada nueve meses después en la Plaza de Toros. La división facilitó la victoria
del Partido Conservador con Ospina Pérez, quien en realidad era el caballo de Troya de
Laureano. La elección causó disturbios en Bucaramanga, Túquerres, Duitama, Ocaña,
Chiquinquirá, Capitanejo, Tocaima y Carcasí (Oquist, 231). Desde España, Laureano
declaró: «La guerra civil es inevitable y ojalá la ganemos». En mayo de 1947 la CTC llamó
a paro nacional contra el alto costo de vida, aunque en realidad buscaba la renuncia de
Ospina. Fue particularmente duro en Bogotá, Cali y Barrancabermeja. Un verdadero ensayo
de 9 de abril. El gaitanismo ganó las elecciones legislativas de 1947 y Gaitán el control
total sobre su partido. Después de una fugaz colaboración del Partido Liberal con Ospina,

Gaitán abandonó la Unidad Nacional. Laureano intensificó su campaña contra el millón
ochocientas mil cédulas falsas. «La violencia política –sentenció– es engendrada por el
fraude». El gobierno Ospina emprendió la conservatización de las FF. MM. y de Policía
para imponer su propio orden social. Los liberales propusieron que la Policía quedara bajo
jurisdicción del Congreso, donde eran mayoría, para detener la escalada de sangre. Fue
cuando el Cojo Montalvo, ministro de Justicia, dijo que el Gobierno se defendería «a sangre
y fuego» contra la propuesta liberal de cambiar la potestad de mando sobre la Policía
nacional del Ejecutivo a favor del Legislativo. Una confesión. Para fines de 1947, cerca de
14.000 colombianos habían muerto. De ahí en adelante el número de muertos por violencia
política crecería en forma terrorífica: en 1948, 44.000; 1949, 19.000; 1950, 50.000; 1952,
13.000, y 1953, 9.000 (ibid, 332).
La violencia en los campos se generalizó. A fines de 1946, en virtud del estado de sitio, 202
militares –algunos policías– habían sido nombrados alcaldes (Ramsey, 118). Los
comandantes de las Brigadas en Cali, Tunja y Bucaramanga recibieron órdenes de no
interferir en las acciones de grupos conservadores armados bajo el mando de los
gobernadores. Fue muy común que los militares se negaran a tomar decisiones relativas a
crímenes cometidos por conservadores contra liberales. Canal Ramírez declaró a principios
de 1948 que «la Policía es un cuerpo peligrosamente sectario en el que no se puede confiar»
(ibid, 121). Lleras Restrepo también lo denunció. Las armas se usaban no sólo en los
campos sino en recintos como la asamblea departamental del Valle y la Cámara de
Representantes. En Norte de Santander, informó El Espectador que el orden público estaba
peligrosamente alterado en Arboledas, Cucutilla, Mutuscua, Chinácota, Ragombalia,
Gramalote y Rosario. El 7 de febrero de 1948 Gaitán organizó la célebre «Marcha del
Silencio» para denunciar la matazón de campesinos liberales y pedir el cese de la violencia
oficial. Cien mil ciudadanos llenaron la Plaza de Bolívar en «un silencio sagrado». Gaitán
habría podido «ordenarle a la multitud que rodeara todos los edificios públicos. O incluso el
Palacio Presidencial, a tan solo tres cuadras de distancia» (Braun, 238). Su cadáver dio esa
orden el 9 de abril. En Bogotá hubo, según Oquist, 2.585 muertos; un testigo de la Cruz
Roja afirmó que eran sólo mil muertos y 2.500 heridos, Ortiz Márquez elevó la cifra a
4.000 personas (Henderson, 451).

El número de muertos subió al mismo ritmo de las cifras del crecimiento económico: 11,5
% anual entre 1945 y 1950. El 5 de diciembre de 1949 la Andi declaró: «La situación de
Colombia en este momento es la mejor que se haya visto hasta hoy» (Tirado, 171).
El asesinato de Gaitán fue el hecho cumbre de una estrategia para obstruirle la Presidencia
de la República, dentro de otra –paralela– encaminada a inhibir a los liberales en las urnas.
Desde los años 20 un sector del conservatismo estaba decidido a mantener el triunfo
obtenido en la Guerra de los Mil Días apelando a todas las formas de lucha: ideológica,
electoral o armada. La Iglesia y poderosos grupos financieros y empresariales, sobre todo
petroleros, fueron sus aliados incondicionales. La policía conservatizada, las guardias
civiles armadas y tendencias partidistas dentro del Ejército fueron instrumentos de la
violencia con que el Partido Conservador cercó al Liberal. Detrás estaba el botín
burocrático como verdadera presa del pugnaz cálculo político (Anexo 1). EE. UU. apoyó a
los conservadores, pero le incomodaban las simpatías de Laureano con el fascismo y el
nazismo. Acusaba a Gaitán de ser un comunista enmascarado. A raíz de los hechos de
Gachetá, cientos de liberales y de gaitanistas –o campesinos sospechosos de serlo– fueron
asesinados por partidarios del Partido Conservador con anuencia de sus dirigentes. Con el
asesinato de Gaitán no sólo se detenía su carrera hacia el poder, sino que, usando la
reacción de los liberales, disponían los directorios conservadores de un argumento expedito
para reprimir toda protesta como un atentado contra el orden. Se quería llevar al liberalismo
a las armas para, como sucedió a partir de 1948, derrotarlos con las armas oficiales. Un
genocidio que nunca ha sido reconocido (Anexo 2).
En ciudades como Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, El Carmen, Magangué, Corozal,
Buenaventura y Medellín los acontecimientos fueron casi tan violentos como en la capital,
con saqueos; tomas de emisoras y periódicos; quemas de casas de conservadores, iglesias y
colegios católicos. En algunas, los conservadores se armaron. En Ibagué hubo actos muy
violentos. Las «turbas» fueron dirigidas por «jóvenes liberales» contra las propiedades de
conservadores. El periódico El Derecho, gobiernista, fue incendiado. Se formó una junta
revolucionaria. Hubo también saqueos. La cárcel y la plaza de mercado fueron incendiadas.
Las emisoras Ondas de Ibagué y Ecos del Combeima se pusieron «al servicio de la
revolución». La policía liberal fue reducida por el Ejército. El lunes se restableció el orden
bajo ley marcial. Hubo 15 muertos.

Especial atención merecen los hechos en Barrancabermeja –ciudad que Gaitán visitaba con
frecuencia y donde tenía muchos seguidores–, por ser centro petrolero donde el sindicato
tenía un poder particular. La Unión Sindical Obrera (USO) declaró un paro general
revolucionario que se conoce como la «Comuna de Barranca» en alusión a la comuna de
París de 1870. El movimiento insurreccional tenía una historia de luchas sindicales desde
1927, pero la más trascendental había sido hacía sólo dos meses, cuando el sindicato obligó
al Gobierno a cumplir el contrato de concesión con la Tropical a vencerse en 1951. Así
nació Ecopetrol como empresa del Estado. El triunfo fortaleció al sindicato, cuyo prestigio
era notable. Gaitán estuvo muy vinculado al movimiento. El 10 de abril el pueblo se
concentró frente a la alcaldía y nombró a Rafael Rangel en reemplazo del mandatario
conservador, conformó una Junta Revolucionaria y creó brigadas obreras a las que la
Policía entregó armas. La Junta ordenó la toma de los centros de comunicación, la
protección de religiosos y la detención de 300 conservadores para evitar que los lincharan;
los empleados extranjeros fueron confinados a sus casas. Barranca se convirtió en un
gobierno popular armado con jurisdicción entre Puerto Wilches y La Dorada. El Gobierno
amenazó con bombardear la ciudad y la Junta respondió con la posibilidad de volar la
refinería, la zona de producción y las instalaciones de la Shell. El Gobierno y la Junta
revolucionaria llegaron a un acuerdo que incluía: nombramientos de un liberal en la
Gobernación de Santander y de un miembro de la Junta como alcalde de Barranca, a
cambio de que el Ejército ocupara la ciudad y no tomara represalias. La Comuna duró 14
días. Sólo se cumplió el nombramiento de alcalde. Rafael Rangel, Antonio Pérez Tolosa –
jefe de las milicias– y José Recaedo Silva, al saber que serían juzgados por una corte
marcial, huyeron a las selvas del Chucurí y el Opón a iniciar la lucha de guerrillas.
El triángulo Puerto Wilches-San Vicente de Chucurí-Barranca ha sido una región rebelde.
Allí general Uribe Uribe licenció parte de las tropas que sobrevivieron a la batalla
Palonegro y se convirtieron en colonos. El movimiento obrero de Barranca, desde la
primera huelga, en 1925, influyó mucho en la organización de colonos y campesinos. En
1929, el sindicato de ferrocarrileros del país, fuerte del PRS, controlaba la línea
Bucaramanga-Puerto Wilches. El sindicato declaró un paro de acuerdo con un plan
insurreccional organizado por un comando nacional compuesto por socialistas y liberales
de izquierda. El levantamiento nacional fracasó y sólo en El Líbano, Tolima, y el

campamento La Gómez, cerca de Puerto Wilches, los obreros tomaron las armas. Algunos
de sus dirigentes como Heliodoro Ochoa y **** Rodríguez se unirían después a las
guerrillas de Rangel, y sus hijos a las del ELN en los años 60.
IV EL MEDIO SIGLO
1. Pájaros volando
La colonización antioqueña tuvo una etapa tardía que se podría llamar quindiana y se
desarrolló sobre el lomo occidental de la Cordillera Central, al sur de Armenia, y sobre el
lomo oriental de la Occidental. La primera oleada se debió desprender de las últimas
guerras civiles y de la expansión de la industria azucarera, que ocupó tierras campesinas en
las zonas planas y fértiles del Valle del Cauca. De modo que en los años 20 y 30 se
encontraron dos puntas de colonización en la misma zona: la que venía del norte,
quindiana, y la que se originó en el sur, vallecaucana. Tuluá y Buga fueron los epicentros
comerciales y políticos de estas colonizaciones. Una tercera punta, más débil, llegó del sur
de Tolima, a través del páramo de las Hermosas, desde Chaparral. Nudo de colonizaciones,
conflictos agrarios y luchas políticas que tuvo una enorme influencia en la Violencia.
Como toda colonización campesina, la primera fase de ocupación supuso la tumba y la
quema de selva para «civilizarla» con cultivos de pancoger. Aquí también el auge del café
fue el resorte de la colonización campesina y al mismo tiempo la causa de los conflictos
que generó. A diferencia de otras zonas como el Tequendama, en Cundinamarca, los
colonos no tuvieron que enfrentarse, en principio, con concesiones ni grandes haciendas.
Pero con el alza de precio del grano, se valorizaron las mejoras y los negociantes de tierras
hicieron su agosto. Se desplazaba a los fundadores y se concentraba la tierra. Los «agentes»
eran en general testaferros de negociantes que se lucraban con la intermediación de bienes
que terminaban en manos de hacendados. Hubo empresas como la de Leocadio Salazar,
quien sin producir un grano de café dominó enormes propiedades en Barragán, Ceilán,
Trujillo y hasta en el Cañón del Garrapatas en Chocó. Era comerciante y negociaba ganado,
compraba café y tenía tiendas, fondas y bares en toda la región. Tenía propiedades
«escrituradas a machete» en las dos cordilleras: La Hacienda Barragán, en la Central, de
60.000 hectáreas, y la de Cuancua, del mismo tamaño, en Trujillo, en la Occidental. En
1938 fundó en Bogotá la Sociedad Parcelera de Cuancua S. A. cuyo objeto era la «compra-

venta de propiedad raíz y en forma especial, la parcelación… (Leocadio) tendrá a su cargo
la celebración de negocios con ocupantes de parcelas o con los que pretendan adquirirlas».
«(En 1948) la sociedad –dijo su apoderado– ha vendido más de un millar de parcelas a
colonos» (Urbano, 40). Sus negocios originaron miles de pleitos que litigaba con un equipo
de tinterillos y testaferros del que hacían parte sus hijos –abogados, fervientes católicos y
políticos ospinistas–, uno de los cuales, Gustavo Salazar García, fue senador y dos veces
embajador. Sólo en Tuluá don Leocadio tenía incoados 120 pleitos sobre tierras. Salazar
García no sólo trabajaba con su padre, sino con Ángel María Lozano, el ‘Cóndor’, señor y
dueño de vida y haciendas del norte del Valle. El 9 de abril era vendedor de quesos en
Tuluá y rechazó a bala y machete el ataque contra el colegio de los salesianos por parte de
los nueveabrileños. La Iglesia lo protegía y el Partido Conservador lo declaró intocable.
Organizó bandas criminales asociadas con el Ejército y con el detectivismo y la Policía
departamentales que asolaron regiones donde el liberalismo tenía fuerzas electorales y
Leocadio tenía propiedades y pleitos.
Después de las elecciones de junio de 1949, ganadas por el liberalismo, el Partido
Conservador vio el peligro de perder las presidenciales con Laureano frente a Darío
Echandía y desató una ola de violencia en todo el país. El Valle del Cauca era un baluarte
electoral liberal. Los conservadores eran una minoría compuesta y orientada por
industriales azucareros, empresarios algodoneros, ganaderos y grandes comerciantes, pero
monopolizaban la prensa y la radio. El 31 de mayo de 1949, el diario liberal El Crisol
publicó: «Hernando Navia Varón da la orden de armarse o perder». En marzo de 1948,
Mariano Ospina nombró al coronel Gustavo Rojas Pinilla comandante de la Tercera
Brigada en Cali. Era un oficial que había mostrado inequívocas inclinaciones conservadoras
como comandante de la primera brigada con jurisdicción en Boyacá, departamento que el
Gobierno pretendía reconservatizar a la fuerza. Alberto Galindo escribió en El Liberal:
«…Rojas Pinilla está íntimamente vinculado a las actividades de la policía de asesinos y
bandoleros, que él con destreza de maestro ayudó a organizar en Boyacá…» (Galvis y
Donadío, 110). En Cali le correspondió controlar el orden público el 9 de abril, con 800
soldados. Los liberales formaron una Junta Revolucionaria que nombró gobernador y
alcalde en cabildo abierto. La Policía municipal se sublevó y la situación se tornó muy
grave. Con ayuda del Cóndor, Rojas se tomó la sede de la Junta, apresó sus miembros y los

envió a Pasto para ser juzgados. Concentró allí más de 6.000 liberales vallecaucanos
detenidos arbitrariamente. Rojas consideró su actuación la más brillante de su carrera. Pero
realmente destacada fue su astuta actuación relacionada con la matanza en la Casa Liberal
de Cali el 22 de octubre de 1949, donde, a la salida de una reunión electoral fueron
asesinados 15 ciudadanos y heridos 70. «Primero entraron disparando los chulavitas y los
pájaros, luego la Policía departamental y para rematar lo que quedaba vivo, el Ejército»
(ibid, 144 y ss). Ese mismo día, Rojas celebraba su ascenso a general. Siguieron otras
horripilantes masacres a cargo de grupos al mando del Cóndor, de quien se dice que nunca
mató a nadie con su propia mano, pero que sabía leer los editoriales de El Siglo y
ejecutarlos volando. Entre junio y agosto de 1949 hubo incursiones criminales de pájaros
en El Águila, Toro, Ansermanuevo, El Dovio, Bolívar, Versalles, Roldanillo y El Cairo que
dejaron 100 muertos. Y así quedaron en cenizas La Tulia, El Naranjal y La Primavera, para
poder tomarse Betania, un pueblo liberal muy próspero fundado por excombatientes de la
Guerra de los Mil Días y atravesado en el camino hacia el Cañón de Garrapatas, tierras que
Leocadio veía con especial interés comercial. Dejaron ocho muertos en Tuluá y cuatro en
Zarzal. La masacre de Ceilán el 27 de octubre fue pavorosa: 250 muertos, según El
Espectador (ibid, 149). La novela Viento Seco, de Daniel Caicedo, describe el hecho. Pedro
Antonio Marín me lo contó así:
«Cuando parecía que se calmaba la matazón del puente de San Rafael que dejó varios días rojo
el río, una tarde se desató un aguacero de balas. De las esquinas del pueblo, del atrio, de la torre,
del techo de la alcaldía, de todos lados salía plomo. Los vecinos corrían de un lado para otro, la
guardia cívica disparó 80 tiros, los que tenían, y todo el mundo echó para el monte. Hasta los
tullidos corrían» (Molano, Trochas y fusiles, 62).
La segunda entrada de los pájaros a Ceilán fue peor porque los liberales habían organizado
un grupo de defensa. Marín, también testigo excepcional, dice:
«Masacraron a todo el mundo, porque le metieron policía, pájaros, ejército, totalmente
equipados, y destruyeron todo a su paso, quemaron todo; mejor dicho, lo que uno sabe es que
les dieron muerte por lo menos a 300 liberales. Luego fue la desbandada de la resistencia»
(Alape, Las muertes de Tirofijo).
Jaime Naranjo, el ‘Vampiro’, uno de los más sanguinarios lugartenientes del Cóndor,
remata así el relato de la brutal campaña contra los campesinos liberales:
«Nosotros no combatimos por combatir, sino por unas creencias. Luchamos por ganarles esas
zonas a los liberales y se las ganamos siendo nosotros minoría. Limpiamos la zona de liberales y
la conservatizamos en cuatro meses» (Molano, Los años del tropel, 172).
Pedro Antonio Marín nació en Génova, pero se crio y creció en Ceilán, de donde huyó en
abril de 1948 a buscar la vida en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental: Tuluá,

Riofrío, Betania, tierras de Leocadio controladas por el Cóndor. De Betania regresó a
Ceilán y organizó un comando guerrillero. Según uno de sus guardaespaldas:
«Reunió a sus primos y les dijo que el ambiente para vivir se había acabado y que la única
solución era hacer política. Que dejaran de pensar en los negocios o en las fincas, que lo que
tocaba era enfrentar a los conservadores. Así comenzó. Andando con 25 hombres. El primer
ataque fue en Puente Rojo, entre Cumbarco y Ronsesvalles» (Molano, Trochas y fusiles, 66).
Génova es de Quindío; Cumbarco, del Valle del Cauca, y Ronsesvalles, de Tolima, el nudo
de la Cordillera Central, un pasadero de: colonos, ejércitos, guerrillas, bandoleros. También
lo llaman el paso de Las Hermosas. Marín y su grupo terminarán formando parte del
comando de Gerardo Loaiza, su primo, y Leopoldo García, general Peligro, en Rioblanco.
2. Levantamiento en los Llanos
Al comienzo tuvo un carácter defensivo contra los chulavitas provenientes del norte de
Boyacá, que apoyados por la Policía departamental desplegaron un ataque feroz sobre
Chámeza y La Salina, pueblos que producían sal, indispensable para mantener los hatos en
los llanos. Pero el directorio conservador de Boyacá no tenía sólo intereses económicos,
sino, como lo declararía López Pumarejo, se trataba de una «cruzada neofalangista». El
liberalismo, que había logrado algún peso dentro de las FF. AA., organizó una conspiración
que, como todas las que intentó, fracasó: El capitán Alfredo Silva, comandante de la base
aérea de Apiay, se insubordinó y se tomó Villavicencio con el apoyo de Eliseo Vásquez.
Con rapidez la rebelión se extendió por el río Meta y los Llanos de Casanare. El Gobierno
taponó todas las entradas al Llano por la Cordillera Oriental, una de cuyas consecuencias
fue el desplazamiento de una gran masa de población civil errante que seguía a los
comandos armados. Un fenómeno que se repite en Tolima y Sumapaz. El Gobierno, por
boca del gobernador de Boyacá, José María Bernal, acusaba a las guerrillas de «crear una
republiquita en los Llanos». Las conferencias guerrilleras buscaban afanosamente la
centralización del mando y la formación de frentes civiles políticos urbanos. Pero a medida
que la lucha aumentaba en intensidad, el liberalismo ponía más tierra de por medio con los
alzados. En la Convención del Teatro Imperio en 1951, la DNL declinó la responsabilidad
frente al movimiento armado. Los comandos, huérfanos, radicalizaron sus banderas
políticas y sociales. «Detrás de las guerrillas –decía Franco Isaza, comandante– viene la
revolución». A comienzos de 1952 se inició una etapa de guerra más generalizada y
unificada que contenía por parte de los llaneros «formas embrionarias de guerra de clase»
(Fajardo, 269). El Ejército, acorralado, desplegó toda su saña. Es la época en que tiraban a

los prisioneros, vivos o muertos, desde los aviones. Los 23 comandos que se extendían
desde Arauca hasta el Ariari llegaron a formar un movimiento de 7.000 llaneros, según
Villanueva (ibid, 181), 2.500 de los cuales, según Ramsey, estaban en armas. Las cuentas
del Gobierno en todo el país eran: Policía: 25.000; fuerzas ilegítimamente constituidas:
5.000; Ejército: 15.000; Marina: 3.200; Fuerza Aérea: 1.200 (Ramsey, 179). La única arma
ofensiva era la aviación, a la que los alzados tomaron confianza, de manera que los ataques
de los insurgentes eran cada vez más contundentes. En una emboscada, los llaneros
cobraron 96 bajas del Ejército. A comienzos de 1953, el Ejército atacó por Chámeza con
15.000 efectivos apoyados por civiles que, según Franco, fueron obligados a regresar a sus
cuarteles. Lo reconocería así el general Matallana. Urdaneta Arbeláez ofreció amnistía a
quienes se entregaran, pero fue rechazada.
Las guerrillas liberales se extendieron: en Sumapaz, el sur y el norte de Tolima; Antioquia,
Caldas, los Santanderes. Los comandantes llaneros reunidos en el hato Los Trompillos
llegaron a un acuerdo para consolidar el mando: nombraron general de las guerrillas de los
Llanos a Guadalupe Salcedo, emitieron las Leyes del Llano, que constituyeron la bandera
social del movimiento en su última etapa (Anexo 3) y eligieron un Estado Mayor. A través
de López Pumarejo, el Gobierno Urdaneta buscó entablar negociaciones de paz. El Estado
Mayor Revolucionario exigió al Senado una profunda investigación sobre los orígenes y
efectos de la confrontación armada y de los métodos para reprimirla. El Gobierno rechazó
la iniciativa. Los militares contactaron por separado a los comandantes y hablaron sobre
entrega a cambio de amnistía e indulto. Guadalupe aceptó en principio la entrega de armas
sin más y visitó los comandos para consultar la decisión. Acordaron la entrega a cambio de
garantías políticas al liberalismo, reconstrucción de pueblos, organización de cooperativas y
titulación de 100 hectáreas a cada una de las 1.500 familias más afectadas. De regreso al
fuerte de Monterrey, «como a las 2 p. m. y muy de repente, el capitán notificó a los
guerrilleros que debían entregar las armas» (Revista Trópicos No. 6. Reportaje a Carlos
Neira, de Bernardo García y Cristina de la Torre, 58). Guadalupe se negó. El Ejército
propuso que los civiles y los hombres en armas se trasladaran a una casa en medio del
cuartel y, astutamente, ordenó a los soldados rodear el sitio con 500 fusiles punto 30. La
radio de Venezuela anunció: «Hoy serán fusilados los principales jefes de la revuelta, que
se encuentran encerrados». Al día siguiente y para impedir la matanza, Guadalupe salió

desarmado y con él, los 19 comandantes. Duarte Blum los recibió: «Buenos días,
guerrilleros». Frente a la prensa desfilaron 800 guerrilleros y unos 3.000 civiles. El 15 de
enero de 1953 los llaneros entregaron las armas. A renglón seguido fueron asesinados la
mayoría de comandantes y fortalecidas las guerrillas de paz, compuestas por antiguos
guerrilleros y origen del cuerpo de carabineros de la Policía. El 6 de junio de 1957,
Guadalupe fue asesinado por la Policía Nacional en Bogotá.
3. Sumapaz
El problema de tierras en Sumapaz comenzó a principios del siglo XX, cuando los colonos
–algunos guerreantes de la guerra de los Mil Días– llegaron a trabajar a la Hacienda
Sumapaz, de la familia Pardo Roche. Tenía 200.000 hectáreas, 50 agregados, 480
arrendatarios, en total 3.500 personas (Londoño, 64). El conflicto se inició hacia 1910 por
tierras baldías que el hacendado pretendía apropiar. El régimen del arrendamiento era
simple: por el derecho a una parcela dentro de la hacienda donde se podía levantar un
rancho y tener unas pocas reses y cultivos «no raizales» como café, el arrendatario debía
trabajar en la hacienda o pagar. Las acciones judiciales –desalojo, amparo de posesión y
concesión oficial– tendían a forzar a los colonos a convertirse en arrendatarios. Para los
años 20 había 2.500 colonos con más de 30 años de posesión. En esos días apareció Erasmo
Valencia, empeñoso gaitanista, y fundó el periódico Claridad, muy difundido en Sumapaz
y Tequendama, que defendía el derecho a la tierra de los campesinos apelando a las
movilizaciones y a las leyes. «Valencia dotó el movimiento campesino de una ideología
propia y, por medio de sus editoriales y denuncias, fue configurando la épica del
movimiento agrario de Sumapaz» (ibid, 194). En Cundinamarca y Tolima el
enfrentamiento entre colonos y hacendados, determinado en buena medida por el alza del
precio del café y la agitación social de los sindicatos de obras públicas, obligó a Abadía
Méndez a emitir la Ley 47 del 26, que permitió destinar seis grandes zonas de baldíos a
campesinos, norma que fue desarrollada por la citada sentencia de la Corte Suprema del
mismo año 26. Pero fue el Decreto 1110 de 1928 la mecha que incendió Sumapaz:
arrendatarios invadían predios titulados o baldíos, descuajaban montaña o tumbaban
rastrojeras para sembrar. Entre 1930 y 1934, como repercusión de la crisis económica en la
estructura agraria, se presentaron dos clases de conflictos: el de los arrendatarios de tierra –
a su vez «arrendadores de servicios»– contra los hacendados, y el de los «cultivadores de

baldíos» por el derecho de posesión. El Gobierno optó por la compra de latifundios para
parcelarlos a los campesinos. Erasmo Valencia investigaba títulos, medía tierras,
demarcaba baldíos para definir cuáles serían apropiados como colonias. Los baldíos, por
efecto del Decreto 1110, dieron lugar a colonias agrícolas, como en el caso de la hacienda
Andalucía. A comienzos de 1930 fundó la «Colonia Villa Montalvo», que agrupaba
colonos del alto Sumapaz, Pandi, Icononzo y Cunday y funcionaba como sindicato. Los
socios eran colonos y pagaban una cuota por la defensa de sus intereses. La tesis de Erasmo
–los terratenientes cogen la tierra no para trabajarla sino para impedir que se trabaje– era
oída y puesta en práctica: El ejemplo cundió en 12 haciendas e involucró 700 familias. Los
hacendados presionaban a los gamonales, los gamonales a los gobernadores y alcaldes, y
estos a la Policía o a la guardia departamental. El resultado: diligencias de policía, abusos
de autoridad y uso de la fuerza, como en el caso de La Georgina, donde terminaron pasados
por las armas tres campesinos, y heridos a culata y bayoneta 10. Gaitán sentenció
proféticamente: «La violencia continuada puede traer y traerá la violencia, que no será
entonces injusta represalia sino legítima defensa». Una de las grandes peleas fue la de
colonos contra la familia Caballero, propietaria de la gran hacienda cafetera El Chocho, en
Fusagasugá, que terminó parcelada en parte. El liberalismo y el gaitanismo tuvieron una
significativa participación. Otras haciendas como la Tolima5
, cerca de Ibagué; la Compañía
Cafetera de Cunday, y la de los Pardo Roche en Sumapaz, terminaron intervenidas por el
Estado. Las ejecuciones gubernamentales, medidas legislativas y luchas campesinas
terminaron poniendo en cuestión el régimen de la gran hacienda cafetera y un aumento
notable de los cafetales pequeños y medianos. Entre 1925 y 1930, 20 de las grandes
haciendas de Cundinamarca enfrentaron el mismo problema y conocieron idéntica solución
(Bejarano, J. A. 2007. «El despegue cafetero 1900-1928». En Ocampo, 230).
En Sumapaz la adjudicación de baldíos a colonos de Pandi y Cunday se incrementó, lo que
redundó en consolidación y ampliación de las colonias agrícolas. La combinación de la
agitación social gaitanista y la apertura de los gobiernos liberales a los reclamos de
campesinos se tradujo en una fortaleza política frente al asedio de los conservadores y a las

5
Muertos hubo en la hacienda Tolima. En un combate entre policías y arrendatarios de la finca. El arrendatario Eusebio Pardo había
solicitado del juez primero municipal el avalúo de las mejoras hechas en la finca que tiene la hacienda “Tolima” en el juicio de
lanzamiento que contra Pardo han promovido los dueños de Tolima. Después de esta solicitud, Pardo y sus amigos se arrepintieron, pero
como ya estaba ordenado el avalúo, el juez municipal insistió en que se llevara a cabo no obstante la oposición de los arrendatarios. El
Espectador. 14 de agosto 1934; p1;3: 17

provocaciones de los terratenientes agrupados en la APEN. Quizás el único caso grave en la
región fue la balacera contra una concentración gaitanista en Fusagasugá en 1933, que dejó
cuatro muertos y 20 heridos. Gaitán lo denunció y reiteró la urgencia de la expropiación sin
indemnización y la distribución gratuita de tierra a los campesinos. El Partido Nacional
Agrario (PAN), fundado por Erasmo Valencia, apoyó la pretensión y alcanzó a tener
representación legislativa en Cundinamarca. Los últimos gobiernos de la República Liberal
parcelaron 140.000 fanegadas. En las elecciones de 1946, Gaitán, aliado con Juan de la
Cruz Varela, quien heredó la pelea de Erasmo Valencia, triunfó decididamente en
Sumapaz. En las elecciones de 1947 Varela fue elegido diputado a la Asamblea del Tolima.
El asesinato de Gaitán fue un machetazo que cortó de tajo la historia de las luchas agrarias
pacíficas en Sumapaz. La gente se amotinó en Fusa, Pasca y Andalucía, después en
Villarrica, pero la reacción no derivó en anarquía, como en Bogotá, porque existía una
organización social y política fuerte con dirigentes visibles y aguerridos. Cuatro días
después, había juntas revolucionarias que destituyeron alcaldes, abrieron las cárceles, se
armaron y detuvieron un centenar de conservadores. En Pasca se nombró jefe civil y militar
a un guerreante de la guerra de los Mil Días que formó escuadras para tomarse el poder
local «tal como en Barranca» (Londoño, 440). Sucedió lo mismo en Andalucía, donde los
colonos de Villa Montalvo se organizaron, apresaron a los pocos conservadores del pueblo
y se armaron para «contribuir a derrocar el gobierno conservador» (ibid, 442). Fue como un
ensayo general de pasar de las leyes a las armas, que se detuvo al ser nombrado gobernador
de Cundinamarca Pedro Eliseo Cruz –amigo íntimo de Gaitán– en el marco del acuerdo de
Ospina con Lleras y Echandía. Las manifestaciones gaitanistas se sucedían con miras a las
elecciones de 1949. En San Bernardo, Fusagasugá, Pasca hubo enfrentamientos con los
conservadores que dejaron tres muertos y 15 heridos. En Cabrera y Sumapaz hubo
atentados armados de hacendados contra colonos, y en Cunday, las «arbitrariedades de las
autoridades son monstruosas» (ibid, 451). Varela se escapó de un atentado en Arbeláez. En
enero de 1950, el Gobierno nombró director de la colonia Villa Montalvo a Eduardo
Gerlein, laureanista acérrimo que traía la «orden expresa de conservatizar la región a
cualquier precio» (ibid, 474). Un mes después de posesionarse, «asesinos de filiación
conservadora, apoyados por la dirección gubernamental, violaron niñas y mujeres,
quemaron humildes ranchos y destruyeron sementeras. El 15 de febrero mataron 140

hombres en la vereda de San Pablo, cuando los llevaban presos a la cárcel de Cunday»
(González y Marulanda, citados por Londoño, 475). Esto llevó a los colonos a organizarse
militarmente para repeler los ataques del «nuevo orden» conservador. Así, en Mercadilla,
vereda de Villarrica, un grupo de autodefensas campesinas dio de baja a 19 soldados. La
reacción fue el bombardeo. La violencia contra Sumapaz se intensificó a raíz del atentado
en 1952 contra el gobernador de Tolima y el hijo del presidente en ejercicio, Urdaneta, en
El Líbano. Villarrica, por ser el centro más organizado de la región, se convirtió en el
nervio de la resistencia defensiva, pero pronto surgieron otros focos de autodefensa en El
Roble, Guanacas y El Palmar, donde Varela, siendo un católico fundamentalista, adhirió al
Partido Comunista y donde nació el Mono Jojoy por esa época. Allí llegó, enviado del sur
de Tolima, Luis Enrique Hernández, alias ‘Teniente Solito’. Se realizó una asamblea de
autodefensas donde se eligió un comando político y militar encabezado por Varela y por
guerrilleros tanto de Sumapaz como cuadros entrenados militarmente en Viotá. El
comando, de 50 guerrilleros, protegía a la población civil de los fuertes y regulares ataques
de comisiones del Ejército, la Policía y las guerrillas de paz. La gente se refugió en la
llamada Selva de Galilea y en Altamizal. La presión militar obligó a dividir las fuerzas
guerrilleras en dos comandos, uno para acompañar la marcha de Villarrica hacia el río
Duda, en el alto Sumapaz, y otro para atacar el puesto militar de La Concepción y
entretener a los militares mientras los civiles coronaban la cordillera. El ataque fue
contundente y aunque murieron varios guerrilleros –incluido Solito–, las autodefensas
destruyeron el puesto militar. Varela se dedicó a organizar frentes de autodefensa, mientras
4.000 campesinos se movilizaban hacia el Duda y el Guayabero, y otros hacia El Pato.
4. Magdalena Medio
En los años 20 se construyeron los ferrocarriles de Bogotá a Girardot, Medellín a Puerto
Berrío, Bucaramanga a Puerto Wilches y Cúcuta al Zulia, y los cables aéreos entre
Manizales-Mariquita y Ocaña-Gamarra. La exportación del café y la explotación de
petróleo fueron los motores del desarrollo vial. Las obras impulsaron la colonización y
generaron no pocos conflictos sobre baldíos entre colonos y poseedores de títulos. Los
sindicatos de obreros petroleros y de obras públicas buscaron la solidaridad de los colonos
y difundieron tesis liberales y socialistas que dominaron el eje Bucaramanga-Barranca,
hasta Puerto Berrío y La Dorada. A comienzos de los años 40 hubo organizaciones

campesinas influidas por el socialismo en Barranca, Rionegro, Puerto Wilches, Lebrija y
San Vicente, con unos 1.300 socios (Informe del gobernador de Santander a la asamblea
departamental 1943, citado por Vargas, 96).
En los años 30 el liberalismo santandereano afianzó su poder electoral y no fue ajeno a
imponerse en las urnas usando los cuerpos departamentales y municipales de Policía, como
sucedió en Boyacá. Casi todos los municipios de la vertiente santandereana eran liberales.
Las banderas sociales de los sindicatos y las pretensiones electorales del liberalismo
dominaban y se entrecruzaron durante los años 30 y 40, sintetizdas en la figura de Gaitán.
En Santander el triunfo de Ospina Pérez significó el nombramiento de autoridades locales
conservadoras que montaron un cuerpo de policía que el liberalismo calificó de extrema
peligrosidad: «homicidas, rateros y facinerosos que crearon una inquietante zozobra»
(Galvis Galvis, 11). Frente al nombramiento de 500 policías departamentales reclutados en
pueblos conservadores, Gaitán declaró, como diputado, que si se buscaba presionar al
partido con una policía política para ganar las elecciones, la reacción liberal sería tanto más
aguda e intensa cuanto más honda fuera la coacción. En todo el departamento la agresión de
la Policía –en particular de la «policía cívica»– contra el liberalismo se tornó crítica. El
gobernador nombró 18 militares alcaldes, entre ellos en San Vicente de Chucurí a José
Joaquín Matallana, que trató, sin lograrlo, el desarme de grupos conservadores.
Como queda dicho, a raíz del 9 de abril se levantó en armas Rafael Rangel en la región de
La Colorada, dominada por Zoilo González, que había organizado ya un grupo de 100
hombres (Vargas, 117). Los insurgentes controlaron la región del Carare Opón y la vía
entre Vélez y el Carare y recibieron apoyo de células urbanas creadas entre estudiantes y
profesionales, y obreros de obras públicas y de petróleo. Sus acciones fueron violentas:
«Cuando (Rangel) hizo presencia en el Carare, pasaba por corte de franela a cuanto
conservador pillara» (Vargas, 118). Fue un clásico movimiento defensivo que sin embargo
tomó iniciativas militares importantes como la toma de San Vicente el día de las elecciones
del 27 de noviembre de 1949. Se dijo que la guerrilla liberal había asesinado a 100
conservadores que hacían fila para votar. Monseñor Guzmán habla de 200. Hizo combates
memorables como los de Albania, Guaca, Zambito, y en Tona montó una emboscada que le
costó al Ejército 20 soldados. El Ejército bombardeó El Colorado y los páramos de El
Salado y El culebrero. Los perseguidos eran mayoritariamente liberales y en particular

gaitanistas. A medida que Rangel ganaba terreno a la Policía departamental y a las
municipales y derrotaba a las cívicas o chulavitas, el Ejército abría operaciones de
pacificación. «Los campesinos fueron masacrados de la manera más infame, violadas sus
mujeres, y a los que dejaron con vida les incoaron procesos criminales» (Galvis Galvis,
117). En una carta al gobernador, Galvis añade que «la soldadesca y sus oficiales arrean
con los ganados, (roban) gallinas y cerdos, el café recolectado, provisiones, dinero, joyas,
muebles…» (ibid, 123). El Ejército adoptó las mismas prácticas de la Policía que la
hicieron tan odiada. La ofensiva del conservatismo contra el liberalismo buscaba el
sometimiento en las urnas y el abandono campesino de sus tierras. Estas quedaban solas y,
siendo ricas, eran ocupadas de inmediato. En 1952, Rangel dominaba el territorio entre La
Dorada y Puerto Wilches y hacía difícil la navegación por el río Magdalena. Con el golpe
de Rojas Rangel entregó armas el 3 de agosto de 1953 en el Opón. Un año antes, Urdaneta
Arbeláez había creado un programa de colonización dirigida a lo largo de la línea del
ferrocarril del río Magdalena, en construcción, para asentar principalmente reservistas y
exmiembros de la fuerza pública. Rojas Pinilla continúo el proyecto, pero incluyó
exguerilleros y centró el esfuerzo en Cimitarra. Construyó un gran aeropuerto militar y
aprovechó para comprar a su nombre una hacienda en Landázuri.
5. El golpe de Rojas Pinilla
López Pumarejo soslayó al Ejército durante su primer mandato. Desconfiaba del alto
mando formado en la Hegemonía. Plinio Mendoza Neira, como ministro de Guerra,
protegió la débil tendencia liberal en el Ejército mientras «liberalizaba» la Policía en manos
de gobernadores y alcaldes. En su segundo mandato, López pagó su intento con el golpe de
Pasto. El 9 de abril el Ejército respaldó a Mariano Ospina; en reconocimiento nombró tres
generales en el gabinete y entregó el mando de la Policía a un alto oficial del Ejército, pese
a lo cual la Policía se chulavitizó. Los dos partidos sabían que el apoyo de las armas era
decisivo para afrontar o para hacer la violencia y hasta veían a los militares como posibles
árbitros en el conflicto, lo que se hizo realidad cuando las guerrillas representaron un
peligro inminente para el sistema. Laureano propuso una junta militar para pacificar el país
y López no fue ajeno a la iniciativa. Aunque nunca se conocerán números exactos, la cifra
de guerrilleros armados hacia 1953 podría ser entre 40.000 y 55.000, mientras los efectivos
de la fuerza pública no pasaban de 25.000 (Ramsey, 206). Sin duda la debilidad del

Gobierno fue una de las causas del envío de tropas a Corea, con lo que Laureano buscaba
comprometer a EE. UU. en el conflicto interno y excusar su apoyo al nazismo. De hecho, el
Gobierno recibió de EE. UU. un importante cargamento de armas a raíz de la emboscada de
El Turpial y del intento de toma de la base de Palanquero en 1952. Con el argumento de
que la democracia era incapaz de impedir la revolución comunista, propuso un régimen de
corte corporativo inspirado en la dictadura de Franco, que buscaba «crear un sistema
autoritario encabezado por un presidente todopoderoso» (Parsons, 519). El liberalismo y la
mayoría del conservatismo se opusieron rotundamente y pactaron el golpe militar de Rojas
Pinilla el 13 de junio de 1953.
La entrega de las guerrillas a cambio de meras garantías políticas fue masiva y rápida. En
seis meses sólo quedaban resquicios armados en el sur de Tolima y Sumapaz, grupos
influidos por el Partido Comunista, que desconfiaba del jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas por sus tendencias conservadoras, su comportamiento como comandante de la II
Brigada en el Valle del Cauca y por considerar que «continuaría la misma política de
entreguismo y abandono de la soberanía nacional» (Treinta años, 111). Rojas mostró su
anticomunismo a los pocos días del golpe al declarar su admiración por Franco, y antes de
que los periodistas lo notaran, el Gobierno nombró por decreto «una red de censores cuyos
cuarteles generales estaban en las gobernaciones departamentales y las brigadas militares»
(Galvis y Donadío, 270).
Cinco días antes de la celebración de su elección constitucional en 1954, los estudiantes
citaron una manifestación para conmemorar el asesinato de Gonzalo Bravo durante el
gobierno de Abadía Méndez en 1928. El Ejército trató de impedirla a bala y resultó muerto
Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, 9 de junio, el Gobierno bloqueó a disparos el paso de una
manifestación de estudiantes con un destacamento de Ejército y Policía. Resultaron muertos
ocho estudiantes, heridos 50 y detenidos 200, entre los cuales conocidos dirigentes
comunistas. Los soldados habían hecho curso para apoyar al Batallón Colombia en Corea y
estaban listos para embarcarse: Tras el respaldo de EE. UU., Rojas culpó al comunismo.
En julio de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente eligió a Rojas Pinilla presidente para
el período 1954-1958 y el 6 de septiembre decretó «la prohibición del comunismo
internacional en Colombia». Fue una norma copiada de la Ley de Control del Comunismo
aprobada por el Congreso de Estados Unidos dos semanas antes en Washington, que a su

vez se basaba en The Subversive Activities Control Act of 1950, impulsada por el senador
McCarthy. La censura de prensa y la ley anticomunista molestaron al liberalismo, a pesar,
como lo manifestaron, de ser un partido anticomunista.
El Gobierno sabía que los movimientos del sur de Tolima y de Sumapaz seguían armados
pese a haber participado en las ceremonias de entrega en algunas partes. No representaban
mucho peligro, pero sí una gran oportunidad de recibir apoyo y beneplácito de EE. UU. en
plena Guerra Fría. Rojas inició en Sumapaz contactos tendientes a la desmovilización y el
31 de octubre, con bombo y platillos, desfilaron tres grupos de guerrilleros y depusieron las
armas. El Gobierno se comprometió a reconstruir más de 25 pueblos y 12.000 viviendas y a
devolver las tierras que habían sido adquiridas a bajos precios, a sus legítimos propietarios.
El Ministerio de Agricultura asignó 600.000 hectáreas para el programa y la construcción
de tres grandes carreteras, inclusive una entre Sumapaz, El Duda y Acacías. Todo pintaba
bien hasta cuando el Gobierno ordenó la construcción de un aeropuerto en el alto Sumapaz,
obra que a los ojos de los curtidos guerrilleros no era inocente. El rompecabezas quedó
armado cuando el Gobierno declaró zona de operaciones militares toda la región Sumapaz,
Cabrera, Cunday, Villarrica y Melgar e inició una «operación limpieza». En Cunday, sede
del comando operativo, se establecieron verdaderos campos de concentración. La limpieza
consistió en el traslado de casi 6.000 personas a centros de trabajo obligatorio. Hacia
mediados de junio de 1955, se amplió el cerco militar y el campo de concentración se llenó
de prisioneros. El 8 de junio entró el Ejército a la zona en plan de guerra. Los mandos
campesinos ordenaron defender la Colonia de Villa Montalvo.
«Trajeron 12 aviones que bombardeaban y ametrallaban. El Ejército, que dizque eran 7.000
soldados reducidos en un solo sector, todos disparaban… parecía el día del juicio final…
nosotros evacuamos, íbamos como 30.000 personas. Los aviones acabaron con la iglesia y la
Colonia. No dejaron casa que no desbarataran... bombardearon con bombas incendiarias… caía
la bomba y prendía todo, casas, potreros, monte» (Aprile, 88).
Otro recuerda:
«Tomamos posiciones. Hicimos la ‘cortina’ de defensa, desde la región de Prado hasta
Cunday… Una distancia que necesita días para recorrer a pie. Nosotros no retrocedíamos y el
Ejército no podía avanzar… Nuestras fuerzas pasaban de 5.000 combatientes. Entre 1955 y 1956
resistimos 11 meses, 17 asaltos del Ejército. Nos bombardeaban desde las 4 a. m. En el río
Cuinde combatimos contra 300 hombres, y se terminó con el Batallón Colombia… que también
golpeamos en Mercadillas» (Prada, 71).
La reacción del Gobierno fue brutal. Bombardeó con napalm regiones pobladas o lugares
de refugio civil, la guerra de posiciones fue derrotada. Campesinos que antes eran
trabajadores de fincas cafeteras o pequeños propietarios de Cunday, Guatimbol, Pandi e

Icononzo emprendieron un éxodo hacia el alto Sumapaz y el sur de Tolima. Los recuerdos
de los guerrilleros coinciden con un informe del embajador norteamericano al
Departamento de Estado en abril de 1955:
«…total evacuación de civiles de Villarrica… alrededor de 2.500 personas… cientos arrestados
en las zonas de operaciones… hay cerca de 10.000 soldados en el área… el Ejército está
exagerando su misión en Villarrica arrestando y ejecutando personas indiscriminadamente,
especialmente liberales, bajo el pretexto de que son comunistas. La FAC arrojó 50 bombas
napalm fabricadas aquí… se nos informó que la ofensiva rompió la organización guerrillera»
(Galvis y Donadío, 435).
A fines de 1955 Rojas comenzó a perder respaldo en los partidos por la creación del
«binomio Pueblo-Fuerzas Armadas» y del sector financiero, por temor a la nacionalización
de la banca, lo que facilitó un arreglo con las guerrillas de Sumapaz: el Gobierno permitió
el regreso de 1.400 familias a sus hogares y nombró una comisión para el «estudio de
títulos y la pronta y recta devolución de propiedades» (Londoño, 559). En diciembre de
1956 se realizó una reunión del Partido Comunista con Varela y se resolvió: «trasladarse
con familias a regiones del Duda y el Guayabero para abrir esas tierras y formar el primer
ejército de liberación nacional, marchando al nudo central de los Andes, es decir, al sur de
Tolima y el norte de Cauca, para seguir combatiendo» (ibid, 553). A la caída de Rojas, la
Junta Militar suspendió las operaciones y se reunió con jefes guerrilleros. La junta aceptó
que no entregaran armas, con el compromiso de suspender las hostilidades. Varela dejó
explícita constancia: «Nos reservamos el derecho de poseer con qué defendernos mientras
las mismas condiciones nos inspiran confianza…» (ibid, 565).
TERCERA PARTE: EL VIRAJE
V. LOS AÑOS 60
1. Frente Nacional
La idea del Frente Nacional (FN) se originó en la estrategia de colaboración de los dos
partidos tradicionales en el manejo del poder político durante la administración de Olaya,
pero fue López Pumarejo quien en 1946, cuando ya la violencia se salía de madre, propuso
que los liberales presentaran a los conservadores una lista de presidenciables para que estos
escogieran. El gran opositor de la colaboración entre los partidos tradicionales había sido
Laureano, pero en 1957, tras el exilio en España, aceptó la iniciativa liberal de turnarse el
poder los dos partidos. Para los liberales y muchos conservadores –así no lo confesaran–, la
violencia tenía que ver con el botín burocrático. La creencia de que la coalición liquidaría la

lucha banderiza no resultó cierta. El vacío fue llenado por el MRL y la Anapo,
movimientos que en última instancia trasladaron su fuerza social a los grupos armados. No
en vano el MRL tuvo que ver con la fundación del ELN, y la Anapo con el M-19.
El FN nació en un contexto internacional que cambiaba con rapidez: Fidel Castro triunfó en
Cuba, 1959; EE. UU. cayó derrotado en Vietnam, 1975, y, entre uno y otro, estalló la
Revolución estudiantil del 68 en París. Tres hechos que, pese a surtir efectos diferentes,
condicionaron el rumbo que los fundadores del FN habían previsto. La revolución cubana,
bloqueada por EE. UU. al nacionalizar la industria del azúcar, buscó protección en la Unión
Soviética. La Guerra Fría no tuvo, «objetivamente hablando», ningún peligro inminente de
desencadenar una guerra, fue sin embargo el gran argumento del complejo industrial-militar
para imponer la Doctrina de Seguridad Nacional, sobre todo después de la crisis de los
misiles en 1962 (Hobsbawm, 239). El carácter de las guerrillas de los años 40 y 50 cambió
sustancialmente a raíz de esa imposición, estrenada en Colombia con la toma de
Marquetalia. Los manuales de Yonborugh se hicieron textos oficiales en la Escuela de
Guerra. La guerra de Vietnam, más allá del aliento a las luchas del Tercer Mundo, creó
condiciones inesperadas para el desarrollo del consumo de drogas ilícitas, que cayó como
anillo al dedo a las revoluciones culturales que tenían lugar en Francia y EE. UU.
Los conflictos agrarios tenían ya en Colombia una larga historia cuando la Revolución
Cubana emitió la Ley Agraria en 1961. Nuestros dirigentes políticos sabían que el problema
de la tierra estaba íntimamente ligado a la lucha armada y que encontraba piso y fuerza
donde había organizaciones campesinas como en Sumapaz, Tolima, Santander y Cauca.
Donde no las hubo, la persecución política se bandolerizó cuando los partidos les quitaron
apoyo a sus clientelas armadas. Son los casos, por ejemplo, de Efraín González y de Teófilo
Rojas, a diferencia de los de Charro Negro y Juan de la Cruz Varela. Siendo el FN un
acuerdo para acabar con «esa guerra civil del siglo XX», como la llamaba López Pumarejo,
los partidos debían encarar el problema agrario continuando una tradición que arrancó en
los 20. Con el aval y la participación de los dos partidos se creó la Comisión para el Estudio
de las Causas de la Violencia en 1957. Sin embargo, el rumbo que tomó la revolución en
Cuba, que obligó a EE. UU. a crear la Alianza para el Progreso como antídoto contra el
contagio comunista, dio un aire nuevo a la reforma agraria. No en vano Kennedy visitó
Colombia en la misma semana en que se firmó la Ley de Reforma Agraria. Así, pues, la

Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso fueron dos caras de la misma
moneda o, si se quiere, la combinación de todas las formas de lucha de EE. UU. para
mantener el statu quo y aislar al mismo tiempo a Cuba.
El gobierno de Lleras Camargo creó en 1958 la Comisión Especial de Rehabilitación, que,
según perspicaz concepto de Gonzalo Sánchez, se convirtió en un «gabinete ministerial
para asuntos de la violencia». El concepto general del presidente Lleras sobre el fenómeno
violencia era simple: «un flagelo que tiene que tiene raíces sociales»; en consonancia, la
solución fue: construcción de escuelas, asistencia a desplazados, carreteras de penetración,
distribución de baldíos, terminación de cárceles. El tema de tierras propiamente dicho no
tuvo mucho espacio porque los ministros consideraron que no era prudente meterse en ese
avispero y por lo tanto, los programas se orientaron a obras de infraestructura, con un
agravante: la distribución de recursos debía respetar la milimetría y por tanto alimentar el
clientelismo. No obstante, gracias a Echandía, gran parte de las inversiones se hizo en
Tolima, donde habían sido destruidas 35.000 casas.
La Comisión se ocupó también del problema de la invasión de tierras en Viotá y otras
regiones. Negoció haciendas para hacer parcelaciones campesinas y creó el Programa de
colonización dirigida en el Ariari, Carare, Sumapaz y Caquetá. El fracaso de estos
programas quedó patente: de los 10.000 colonos que se pensaba trasladar al Ariari, sólo se
instalaron 251. La comisión murió lentamente al perder respaldo de los políticos, más
interesados en los presupuestos departamentales que en las cifras marginales de la
Rehabilitación. En la última etapa el programa se transformó en una plataforma que
permitió la ofensiva de militares, autoridades civiles y hacendados, contra bandoleros,
gamonales y campesinos (Sánchez, 117). No obstante, la Comisión de Reforma Agraria (10
liberales y cuatro conservadores), presidida por Lleras Restrepo, estaba en marcha. El
laureanismo no quiso participar. Aunque minoritario, el Partido Conservador impuso sus
tesis: 1. Las tierras expropiables debían ser pagadas a precios comerciales, 2. La reforma
debía incluir carreteras, riego, escuelas, fábricas y «música». 3. Priorizar la mediana
propiedad. 4. Preparar a los campesinos para «ingresar al movimiento urbano» (Delgado O,
97-98). El liberalismo, comprometido con EE. UU. a tomar decisiones y presionado por
invasiones de tierra, sacó adelante la Ley 135 de 1961. EE. UU. y las agencias
internacionales le prestaron a Colombia más de mil millones de dólares, de los cuales gran

parte se asignó a los proyectos del Incora. Llegaron también más de mil voluntarios de los
Cuerpos de paz (Henderson, 573). El laureanismo atacó frontalmente la nueva ley, que
consideró perjudicial y regresiva porque enfrentaba a los campesinos con los propietarios.
«No gustamos de la lucha de clases», sentenció Álvaro Gómez en el Senado. Y a renglón
seguido, formuló la nefasta tesis de las repúblicas independientes:
«No hay ningún colombiano que legítimamente pueda invocar motivos políticos para rechazar
la soberanía del Estado. No se ha caído en la cuenta de que hay en este país una serie de
repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el
Ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que
ahuyenta al pueblo, o a los habitantes. Hay una serie de repúblicas independientes que existen
de hecho aunque el Gobierno niegue su existencia, periódicamente da unos comunicados falsos,
mendaces, diciendo que el territorio nacional está todo sometido a la soberanía y no está bajo la
soberanía colombiana. Hay una república independiente de Sumapaz; hay una república
independiente de Planadas, la de Río Chiquito, la de ese bandolero que se llama Richard y
ahora, tenemos el nacimiento de una nueva república independiente anunciada aquí por el
ministro de Gobierno: la república independiente del Vichada. La soberanía nacional se está
encogiendo como un pañuelo; ese es uno de los fenómenos más dolorosos del Frente Nacional»
(Alape, La Paz, la violencia, 245).
Alberto Lleras ignoró el ataque de Gómez, pero tomó atenta nota y la compartió con EE.
UU. Desde entonces se comenzó a planear la toma del sur de Tolima. Durante el gobierno
de Guillermo León Valencia poco avanzó la reforma agraria. Lleras Restrepo fue su
principal mentor sin salirse del marco trazado por los partidos: inversiones en regadío,
titulación de baldíos, crédito supervisado. Los obstáculos interpuestos por los dos partidos
llevaron a Lleras Restrepo a crear al final de su gobierno (1968) la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC).
El balance de la reforma agraria fue muy pobre. La concentración de tierras se intensificó;
las medianas propiedades no se fortalecieron; los aparceros y arrendatarios disminuyeron;
avanzó la colonización del piedemonte amazónico, Magdalena medio, Urabá, Catatumbo y
costa pacífica (Ocampo, 396). Las cifras son claras: entre 1962 y 1985 entraron por
extinción de dominio 3,6 millones de hectáreas. Por compra y cesión o expropiación
fueron 889.000 –sólo el 7,4 % por expropiación–. La mayoría eran tierras inexplotadas.
Según el censo agropecuario de 1974, en 1970 había 800.000 familias sin tierra, la reforma
benefició al 8 %. La titulación de baldíos fue de 7,7 millones de hectáreas distribuidas en
260.000 títulos. La adecuación de tierras cubrió 178.000 hectáreas; la mitad de los
beneficiados eran minifundistas y el 15 %, propietarios medianos a grandes (ibid, 404-
405). En dos palabras, la principal acción del Incora fue la colonización. «Con el pasar de

los días, la mayoría de las zonas de colonización experimentaron un ‘traumático’ proceso
de descomposición ante el avance de la ganadería y de la agricultura comercial» (ibid,
400). La debilidad de la reforma agraria corrió pareja con el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas y los movimientos armados.
Lleras Restrepo impulsó la ANUC por medio de un grupo de promotores vinculados al
Ministerio de Agricultura y al Incora, y de una agresiva campaña publicitaria. La meta era
organizar un millón de campesinos. El conservatismo consideró muy peligroso el paso de
Lleras. En tres años, se organizaron un poco más de 950.000 usuarios y 450 asociaciones.
La ANUC se radicalizó al punto de exigir la legalización de las invasiones de tierras, la
expropiación sin indemnización y la conformación de consejos de reforma agraria para
dirigir la expropiación (Primer mandato campesino, 1971). El gobierno de Misael Pastrana
reaccionó promoviendo la división de la ANUC al acusarla de infiltración comunista. El
sector más radical se conocería como «Línea Sincelejo», mientras el sector institucional se
llamaría «Línea Armenia». La línea Sincelejo llevó a cabo más de 2.000 invasiones de
tierra en todo el país en 1971 y 1972 y organizó paros cívicos en Caquetá, Caldas, Córdoba,
Saravena y Sucre. La represión fue violenta. El Gobierno congeló el presupuesto de la
ANUC, despidió a los funcionarios campesinistas, encarceló y persiguió los dirigentes de
paros e invasiones. Las invasiones, que antes se negociaban, «fueron severamente
reprimidas por la policía rural y se dio libertad a los terratenientes para organizar grupos
armados por cuenta propia» (Zamosc, citado por Ocampo). El Comité de Presos Políticos
denunció el asesinato de varios dirigentes campesinos «a manos de pájaros o matones
empleados por gamonales y terratenientes locales» (Revista Alternativa. Citado por Bagley,
204). El movimiento campesino, muy influido por distintos e irreconciliables grupos de
izquierda, se dividió en dos tendencias cuyas consignas sintetizaban sus programas: La
tierra es para quien la trabaja y Tierra sin patrones. A su vez, el Gobierno, por iniciativa y
presión del Partido Conservador, promovió el «Pacto de Chicoral», que «inició el desmonte
de la Reforma Agraria» (Ocampo, 406). El primer acuerdo fue proteger la afectación de
predios por parte del Incora definiendo reglas más precisas para su clasificación. El
segundo, el establecimiento de la renta presuntiva y, por último, la creación del Fondo
Financiero Agropecuario.

Durante el gobierno de López Michelsen, los acuerdos del Pacto de Chicoral fueron
complementados con el programa DRI-PAN, tendiente a elevar la producción y la
productividad campesinas orientadas por la Revolución Verde y la perspectiva de romper la
dependencia de la exportación de café abriendo nuevos renglones como algodón, palma
africana, azúcar. «López no buscaba la redistribución de tierra sino el control de las
movilizaciones campesinas para desarrollar el capitalismo en el campo» (Ocampo, 209).
Las divisiones en la ANUC y el principio de independencia indígena del movimiento
campesino condujeron a la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
2. La cuna de las FARC
La Violencia en Tolima en los años 50 fue particularmente sangrienta. Entre 1948 y 1957,
fueron asesinadas 35.294 personas y se abandonaron 93.882 fincas. Como respuesta se
organizaron 33 comandos armados, 12 de los cuales en el sur, región colindante con Cauca,
Valle, Huila y Caquetá. Como ya se dijo, hacia 1950 llegó Pedro Antonio Marín con 19
hombres armados, casi todos familiares, huyendo de la violencia de Quindío y del norte del
Valle y se integró al comando de su primo Gerardo Loaiza en Rioblanco. Los Loaiza,
liberales prósperos, estaban aliados con ‘Peligro’ y ‘Arboleda’. Marín comenzó a operar en
las cuencas de los ríos Atá y Cambrín y organizó su propio comando en la región de San
Miguel, donde se refugiaban cientos de liberales víctimas de un gran operativo desplegado
por la Policía en Santiago Pérez, Planadas y Gaitania, tierras fértiles de vertiente trabajadas
por colonos caldenses y campesinos tolimenses, muchos descendientes de indígenas paeces
y pijaos que lucharon por la tierra al lado de Quintín Lame. Como en todo el país, la gente
se defendió durmiendo en el monte, estrategia de sobrevivencia que dio lugar a focos de
resistencia armada como los comandos de Ciro Castaño, en Monteloro; Prías Alape, en
Villarrica; Jesús María Oviedo, en Santiago Pérez, vinculados al comando de los Loaiza.
De otra parte, desde los años 30 María Cano y Raúl Mahecha tenían gran influencia en el
sur de Tolima, lo que facilitó la creación de Ligas Campesinas y la organización de células
del Partido Comunista. Su más importante dirigente fue Isauro Yosa, ‘Mayor Líster’,
nacido en Irco, Chaparral, donde comenzó a trabajar en la Hacienda Providencia, de los
Rocha. El café era el principal negocio en la región y su economía prosperó a la par con el
conflicto de tierras; en el sur de Tolima, la colonización cafetera campesina chocó las
grandes haciendas. Yosa organizó el Comando del Combeima y ayudado por los Loaiza

dirigió una columna de marcha, con campesinos desplazados y amenazados, hacia la región
de El Davis, en Rioblanco. Eran unas 200 familias apoyadas por hombres armados de
escopetas en un recorrido de más de 100 kilómetros. Se fundó así el comando de El Davis,
población civil defendida por grupos armados que elaboraron un reglamento y unas normas
de defensa armada para rechazar el hostigamiento conservador. Los bienes eran colectivos
y la comida muy escasa. Los adultos salían a buscar alimentos o a realizar operativos
militares; las mujeres cosían, lavaban la ropa y preparaban alimentos; los viejos cultivaban
maíz, fríjol, yuca, plátano y caña panelera, y los niños ayudaban en diversas labores,
incluida la preparación militar en el comando «Batallón Sucre». Había hospital, campo de
paradas, fábrica de cotizas, almacén general o comisariato, comedores generales, armería,
escuela, guardería, juzgado, y se llegó a construir refugios antiaéreos. Más que una táctica
de autodefensa, fue una alternativa obligada. Años más tarde, El Davis sería llamado por
Manuel Marulanda «corazón de la resistencia», y por Jacobo Arenas, «matriz del amplio
movimiento campesino dirigido por el Partido Comunista». Llegó a tener 2.000 personas y
compartía territorio con el comando de los Loaiza, por lo que formaron un estado mayor
conjunto. En principio, comisiones mixtas de combate, pero poco a poco se dividieron entre
guerrillas de «Limpios» –o liberales–, que consideraban propiedad individual las armas y
era, en realidad, una especie de gamonalismo armado contra los conservadores y la policía
chulavita, y «Comunes» –o comunistas–, para quienes las armas eran patrimonio colectivo
y tenían un programa social que reivindicaba los derechos a las tierras baldías y exigía
garantías políticas a la oposición. El rompimiento definitivo se dio cuando los comunistas
adoptaron el programa aprobado por la «Conferencia Boyacá», reunida el 15 de agosto de
1952 en Viotá, con delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz,
donde se propuso la construcción de un gobierno popular que restableciera libertades
democráticas, decretara una reforma agraria «que aplicara el principio de la tierra es para
quien la trabaja», devolviera la integridad de las comunidades indígenas, nacionalizara las
minas, separara la Iglesia del Estado, creara un ejército nacional y democrático y adoptara
una política internacional independiente. Los liberales no asistieron. A partir de entonces,
los combates fueron frecuentes y muy fuertes. En un ataque liberal al comando de El Davis
perdieron la vida dos hijos de don Gerardo Loaiza y uno de Peligro. Ciro Trujillo y
Marulanda se solidarizaron con la causa comunista. El Davis fue cercado por las tropas del

Gobierno, más de 5.000 hombres –dice Marulanda– apoyados por la aviación y estrenando
fusiles punto 30, y quizá como una estrategia para reducir la presión sobre su centro. La
población civil fue evacuada. Al desintegrarse El Davis, Richard salió con su gente para
Calarma; Avenegra, otro de los mandos, se perdió por los lados de Natagaima, y Yosa se
refugió en Gaitania. Marulanda constituyó, con Charro Negro –militante comunista– un
comando móvil llamado de «Los Treinta» (26 hombres y cuatro mujeres). Se emplazaron
entre Marquetalia –llamada en ese tiempo el Támaro– y Riochiquito, mientras Richard y
Líster formaron una columna de marcha que se desplazó con armas, mujeres, niños y
bestias desde Gaitania hasta Villarrica. Las organizaciones de Sumapaz y Tequendama
integraron sus fuerzas al destacamento.
El Ejército combinaba sus acciones tanto con la Policía como con bandas de chulavitas y
pájaros. Se masacró el pueblo de Belalcázar, Cauca; se bombardeó El Líbano; fueron
incendiados El Espectador y El Tiempo y las casas de López Pumarejo y Lleras Restrepo.
Sin lugar a dudas, el nuevo papel del Ejército fue presionado por EE. UU. después de su
participación en la guerra de Corea. Según el libro La Violencia en Colombia, había
numerosos focos de resistencia armada contra el Gobierno que tendían a unificarse. Esta
amenaza fue uno de los factores que llevaron a liberales y parte de los conservadores a
promover el golpe de Estado contra Laureano el 13 de junio de 1953. Tras un corto período
de desconcierto las guerrillas del Bloque Sur o El Davis no aceptaron los términos de
Rojas, pues sospecharon que los limpios se volverían aliados del Gobierno y cambiarían
sus viejos fusiles por armas de dotación oficial contra los comunes, como en efecto sucedió.
En octubre de 1953 el Bloque Sur llamó a continuar la lucha como autodefensas de masas
hasta lograr el retiro de todas las fuerzas represivas; la devolución de las fincas a las
víctimas de la política de sangre y fuego. Rojas había decretado amnistía e indulto de
manera condicional y había dado un año para la entrega de armas, al término del cual
volvió a declarar la guerra al movimiento guerrillero. Entre 1953 y 1957 Charronegro,
Marulanda y Ciro Trujillo se dedicaron a crear las bases políticas y militares en Marquetalia
y Riochiquito.
3. Operaciones en Marquetalia y Riochiquito
Como se dijo, Alberto Lleras instituyó en 1958 el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y
en el programa del sur de Tolima, Charronegro fue el principal representante de los

guerrilleros. El problema era siempre el mismo: los acuerdos no se podían firmar mientras
hubiera comunistas «sin tener en cuenta que los dirigentes eran comunistas», apunta
Marulanda con sarcasmo. Hubo, no obstante, acuerdos importantes de cese al fuego. Los
guerrilleros regresaron a sus pueblos: Gaitania, Chapinero, Sur de Atá, La Julia, El Carmen.
El general Matallana reconoció que se desmovilizaron abnegadamente, guardaron su fusil y
se pusieron a trabajar la tierra y fundar o rehacer fincas (Alape, La paz, la violencia, 212).
A pesar de los diagnósticos que mostraban la íntima relación de la tierra con la guerra, las
inversiones del PNR se dirigieron principalmente a construcción de obras públicas. En
1959, 6.700 hombres contratados trabajaban en 110 frentes de carreteras. Marulanda fue
nombrado Inspector de Vías. Muchos de sus compañeros, sin desarmarse puesto que el
programa no lo exigía, trabajaron bajo sus órdenes en la carretera Aleluyas-El Carmen, y
otros volvieron a trabajar el campo. Las guerrillas de autodefensa se transformaron en
movimiento agrarista. Charronegro fue nombrado presidente de la Unión Sindical de
Agricultores de Tolima y Huila, y Ciro Trujillo en la Unión de Agricultores de Riochiquito
y Tierradentro.
Un año después, Lleras consideró que la violencia no podía ser controlada con meras
inversiones en obras públicas y discursos por la radio nacional y solicitó ayuda a EE.UU.
Eisenhower creó un grupo especial de la CIA bajo el control del Departamento de Estado y
el apoyo del Departamento de Defensa, que llegó a Colombia en octubre de 1959. Una de
sus conclusiones fue: «el Ejército requiere una reestructuración en sus servicios de
inteligencia, guerra sicológica, información pública y programas de acción cívica»
(González, 323-324). Era la tesis que sostenía el entonces comandante del Ejército, Ruiz
Novoa, y tomaría forma en el «Plan Laso» –o Lazo para otros–: una estrategia que daba
gran importancia a los efectos sicológicos de la acción cívico-militar, inspirada en la
doctrina de Seguridad Nacional, uno de cuyos principios fueron las operaciones encubiertas
dirigidas a liquidar a los «cabecillas» de los movimientos rebeldes. El 11 de enero de 1960,
los hombres de Mariachi –antiguo comandante de los Limpios, que colaboraba con el
Ejército– mataron a Charronegro. Marulanda volvió a las armas y montó emboscadas en las
carreteras de El Carmen y El Alto. A mediados de 1961 el Partido Comunista citó a una
conferencia de autodefensas en El Támaro –que desde entonces se llamó Marquetalia– con
delegados de El Pato, Natagaima y el Guayabero, donde el comité central le hizo una fuerte

crítica por las acciones contra la fuerza pública. Marulanda argumentó que él no se iba a
dejar liquidar ni por el Gobierno ni por los limpios. Poco después, el Ejército ocupó
campamentos de las autodefensas para impedir que las guerrillas de Marquetalia se regaran,
que era precisamente el objetivo defendido por Marulanda en la conferencia. Un año más
tarde –antes de la declaración de Gómez Hurtado–, el Ejército entró a la región de
Natagaima, donde consideraba que los comunistas ejercían soberanía. En las márgenes del
río Anchique, las tropas oficiales mataron más de 15 personas, entre ellas Avenegra. En
honor a esos muertos se organizó el grupo de autodefensa «26 de Septiembre», fecha de la
masacre. Como lo había planeado Marulanda, sus comandos ampliaron la influencia sobre
una gran área del sur de Tolima y Huila y el norte de Cauca, donde, además de enfrentar al
Ejército, se prepararon para la ofensiva de las FF. MM. organizando a la población civil,
construyendo trochas y depósitos estratégicos. A fines de 1963 las guerrillas tomaron
posiciones de combate y citaron a una conferencia que nombró un secretariado de
resistencia compuesto por Marulanda, Isauro Yosa y Ciro Trujillo, que adoptó la estrategia
de «movilidad absoluta y total de las guerrillas y no aceptación de una guerra de
posiciones», según Jacobo Arenas. El 18 de mayo el gobierno de Guillermo León Valencia
inició la «Operación Soberanía» contra la República Independiente de Marquetalia. Según
el Ejército, sus efectivos «apenas pasaban de 1.200 hombres»; la guerrilla calculó 16.000
soldados, apoyados por aviones T-33 y por siete helicópteros. Según Guaracas, las
guerrillas constaban de 30 hombres armados. El 14 de junio, la FAC bombardeó el
comando de Marulanda y desembarcó 400 unidades aerotransportadas. Las guerrillas no
pudieron con la fuerza del Ejército y se movieron a Cauca. El 22 de junio el Ejército ocupó
totalmente la región, con lo que –escribió Jacobo– «la guerra pasaba de la resistencia a la
guerra guerrillera auténtica». La guerrilla se hizo invisible y el Ejército perdió todo
contacto con ella. Los bombardeos continuaron intermitentes sobre posiciones que la
guerrilla había abandonado. En medio de ellos, el secretariado de resistencia citó el 20 de
julio una asamblea que aprobó el Programa Agrario, cuyo primer punto convocaba a la
lucha por una «reforma agraria auténtica: que cambie de raíz la estructura social del campo,
entregando en forma gratuita la tierra a los campesinos que la trabajen o quieran trabajarla,
sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista» (Anexo 4). El segundo punto
decía que los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, agregados recibirían títulos de

propiedad sobre los terrenos que explotaran y se crearía la unidad económica en el campo,
tesis que el movimiento agrario defendía desde los años 20.
La guerrilla se replegó hacia el norte de Cauca, región indígena nasa que muchos años atrás
había sido preparada como zona de retirada estratégica por el Bloque Sur y donde había
luchado Quintín Lame. Se trataba de una «colonización dirigida» por la guerrilla que
organizó a los colonos en la Unión Sindical de Trabajadores de Tierradentro y Riochiquito,
que repartió parcelas y estaba construyendo un pueblo cuando por solicitud de monseñor
Enrique Vallejo, prefecto apostólico de Tierradentro, el Gobierno bombardeó la región y
quemó el poblado. Valencia Tovar se reunió con Mayor Ciro en abril de 1964, cuando
estaba a punto de iniciarse la «Operación Marquetalia». Ciro se quejó de que el Gobierno
no se asomaba «sino a echar bala y a matar campesinos». Valencia le propuso trabajar
haciendo escuelas y puentes con la dirección del Ejército y mano de obra local. A mediados
de 1965, el grupo de civiles armado por el Ejército y auspiciado por monseñor Perdomo, al
mando de Miguel Valencia, mató siete personas en el Cocuyal, entre ellas un hijo y un
sobrino de Mayor Ciro. El 10 de septiembre, el Ejército inició el control militar de
Riochiquito. Marulanda rompió de nuevo el cerco y concentró su gente cerca de Inzá,
pueblo que se tomó el 26 de septiembre. El secretariado de la resistencia convocó una
conferencia donde se analizaron las operaciones militares de Marquetalia, Riochiquito y las
que esperaban enfrentar en El Pato y el Guayabero; se adoptó el Programa Agrario de 1964
como bandera de lucha y se citó a otra conferencia en el río Duda que se reunió en mayo de
1965, donde se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En
esta segunda conferencia los 250 delegados eligieron a Manuel Marulanda comandante en
jefe, y a Ciro Trujillo segundo al mando, y aprobaron el estatuto de reglamento del régimen
disciplinario y las normas de comando. Trujillo fue enviado a Quindío para operar sobre el
Valle y sobre la zona cafetera, pero en 1966 fue estruendosamente derrotado. Marulanda y
Arenas establecieron sus comandos en El Pato y el Guayabero, zonas abiertas a la
colonización por las columnas de Marcha que habían salido de Sumapaz y de Marquetalia,
desde donde desplegarían sus fuerzas por los ríos Guaviare y Caguán. En esta zona
selvática se formaron muchos de los comandantes que abrirían frentes en el occidente de
Cundinamarca, norte de Tolima, noreste antioqueño, oriente de Huila, sur de Cauca,
Magdalena Medio, Llanos Orientales, Urabá y Perijá. Al transformarse el Bloque Sur en

FARC, el movimiento guerrillero dejaba de ser una fuerza regional defensiva para
convertirse en un ejército cuyo objetivo era la toma del poder.
Tras la derrota de Mayor Ciro, se reunió la Tercera Conferencia, donde se debatió, entre
otras cosas, regresar a la Cordillera Central para ocupar el vacío dejado por la derrota. Las
comisiones en la Cordillera Oriental habían avanzado hacia Huila, Meta y Caquetá.
Marulanda aniquiló una patrulla en La Perdiz, hecho que tuvo resonancia porque el
Gobierno había decretado la aniquilación completa de las guerrillas. Marulanda inició el
regreso a las Hermosas, sur de Tolima, en condiciones peligrosas porque el Gobierno tenía
control sobre la región, apoyado en una red de patrullas civiles. Fueron los días de la Ley
48 de 1968, que definió la defensa civil como una actividad «permanente y obligatoria de
todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio
militar obligatorio, (que) podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos
con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad». Con base en esta norma
se autorizó la creación de grupos paramilitares o guardias nacionales.
Fue un «desplazamiento nocturno sin linterna», señal de máxima seguridad. El grupo de 27
unidades se conoció como “La Móvil”. Entró por San Rafael, Huila, a los páramos de La
Herrera y Bilbao, Tolima, con el objetivo de llegar a Santo Domingo y Corinto, Cauca.
Nariño, uno de los comandantes históricos, relata:
«Así, poco a poco, fuimos ampliando la presencia y la influencia sobre Florida, Tuluá y Palmira,
en el Valle; Miranda, Corinto, Toribío, en Cauca, y otros importantes lugares de Quindío, tales
como Sevilla y Génova. Eran tiempos difíciles para las guerrillas. En Anorí el ELN había sido
prácticamente liquidado y el Ejército había ganado prestigio. Marulanda golpeó en Bejuqueros,
Planadas, pero el general Matallana lo envolvió con un cerco que volvió a poner en serias
dificultades logísticas al Frente recién creado».
Fue la «Operación Sonora», cerca de Rioblanco. El regreso a la Central fue tema de
discusión en la Cuarta Conferencia, en 1974, donde los destacamentos guerrilleros
asumieron el carácter de Frentes. «En ese momento –recordaba Nariño–, las condiciones
para la creación del Quinto Frente eran un hecho; el Cuarto ya operaba en el Magdalena
Medio. Y en Cauca y Valle, el camarada Manuel había logrado regar, con sus hombres, las
semillas para el nacimiento del Sexto Frente».
4. ELN
López Michelsen se opuso con tenacidad no tanto a la idea del Frente Nacional, que al fin y
al cabo había sido tesis de su padre, sino al sistema de la alternación, que en síntesis era una
repartición milimétrica del botín burocrático «tratando de no lesionar ningún interés y de

abstenerse de hacer escogimientos». Esa pugna era una de las causas de la guerra civil no
confesada. Para López la democracia suponía el juego de la oposición, y la alternación
sustituía los partidos por coaliciones ganadoras y perdedoras. Creía, con López de Mesa,
que el FN no acabaría con la violencia sino con los partidos. Se presentaba como el
renacimiento del Partido Liberal, heredero de Uribe y de Gaitán y traicionado por los
Lleras. Despertó la mística liberal y defendió la Revolución Cubana, pero también
engendró una división entre la línea dura, partidaria del socialismo, y la línea blanda,
encabezada por él mismo, de carácter reformista. Al amparo de los más radicales, nació la
Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL), proclive a la lucha armada; uno
de sus miembros más activos fue Manuel Vázquez Castaño, hermano de Fabio. En 1962, 22
jóvenes de la JMRL viajaron a Cuba becados por la revolución, de los cuales siete, entre
ellos Fabio, pidieron recibir entrenamiento militar para regresar a organizar un grupo
guerrillero en el país. Fue la Brigada José Antonio Galán.
Como lo recuerda Fernán González, el MRL era muy fuerte en el Magdalena Medio, en
especial donde se había levantado en armas Rafael Rangel en 1948. El grupo llegó a la
vereda La Fortunata en San Vicente de Chucurí y contactó campesinos organizados a través
de miembros que habían tenido relación con las guerrillas de Rangel y aun con el
levantamiento de La Gómez, como Heliodoro Ochoa y Nicolás Rodríguez, padre del actual
jefe del ELN. José Ayala, dirigente sindical de Barranca, hizo parte del nuevo grupo. La
guerrilla se asentó en la región de Simacota, Santa Helena del Opón y San Vicente de
Chucurí, y estableció vínculos de apoyo con la Unión Sindical Obrera (USO), la
Asociación de Universitarios de Santander (Audesa) y la poderosa Federación Universitaria
Nacional (FUN).
El 7 de enero de 1964, la pequeña y mal armada tropa, que tomó el nombre de Ejército de
Liberación Nacional (ELN), se tomó el pueblo de Simacota y dejó muertos seis
uniformados, vacías las arcas de la Caja Agraria e inquieta pero interesada la población
después de oír la proclama revolucionaria que juraba «patria o muerte». Pocos meses
después salió para Cuba el segundo grupo a recibir entrenamiento militar, mientras en
Bucaramanga, Bogotá, Barranca, Medellín, se establecieron redes de apoyo logístico y de
simpatizantes. El 6 de agosto de 1965 emboscó un convoy militar en el cerro Cruz de Mayo
y voló el oleoducto de la Texas. Unos meses después descarriló un tren pagador de la línea

Bogotá-Santa Marta, recién inaugurada. La acción tuvo un gran impacto porque fue
cubierta por la revista Sucesos de México, que entrevistó a Fabio Vásquez.
Desde la muerte de los estudiantes el 8 y el 9 de junio de 1954, la FUN se radicalizó cada
vez más. Jugó un papel destacado en la caída de Rojas Pinilla en 1957 y fue tomado por la
opinión pública y por el Gobierno como un actor político de primera importancia. A nivel
mundial, los países socialistas, especialmente Cuba, se convirtieron en mecas estudiantiles
a donde se iba a aprender y se regresaba a luchar. Los universitarios se organizaron
exigiendo libertad de cátedra y participación en la dirección y la autonomía universitaria.
Uno de los movimientos que con estas banderas más apoyo de la opinión pública tuvo fue
la «Marcha a Bogotá», organizada por estudiantes de la Universidad Industrial de
Santander en 1963, dirigida, entre otros, por Jaime Arenas Reyes. Al movimiento se unió la
FUN. Camilo Torres Restrepo, capellán de la Universidad Nacional, lo respaldó
abiertamente y estrechó vínculos con sus dirigentes, en especial con Arenas, quien fue
subdirector del periódico Frente Unido, fundado por Camilo. En este vínculo y bajo esta
atmósfera revolucionaria estudiantil se originó la decisión de Camilo de integrarse al ELN
y con él un grupo de estudiantes de izquierda y de católicos partidarios de la Teología de la
liberación. Camilo duró cuatro meses en el monte. El 7 de enero de 1966 el ELN distribuyó
la «Proclama de Camilo», que invitaba a los colombianos a vincularse a la lucha armada, y
el 15 de febrero cayó en Patio Cemento.
A raíz del combate de Patio Cemento, el Ejército intensificó la persecución de los alzados
en armas y los obligó a protegerse en la región del Carare-Opón, donde creó redes sólidas
de apoyo logístico y político. Obligó a los revolucionarios a entrar en combate. Buscando
ampliar el teatro de guerra, Ricardo Lara Parada organizó el frente Camilo Torres en límites
de Santander con Cesar, donde se tomó Bijagual y Papayal. Las operaciones envolventes
del Ejército gestaron en el ELN una división que en un principio apareció como de trabajos
especiales: un ala dirigida por los Vásquez Castaño, José Ayala, José Solano, y otra, por
Medina Morón, Juan de Dios Aguilera, Heliodoro Ochoa y el dirigente de la FUN recién
vinculado Julio César Cortés. La división terminó en el fusilamiento de Medina y Cortés, lo
que creó gran confusión en sus filas, desencadenó nuevas y más sangrientas diferencias y
multiplicó las deserciones. Al punto de que un día, El Tiempo publicó la noticia de la
deserción de Jaime Arenas. A finales de 1968 fue desarticulado el Frente Camilo Torres, y

Ricardo Lara debió reincorporarse al comando de Fabio con unos pocos hombres. A fines
de 1969 el grueso del ELN cruzó el río Magdalena, se ubicó en la región de Yondó y se
expandió hacia Remedios, Segovia, San Pablo y Puerto Berrío, donde compartían, no sin
dificultad, zonas con las FARC. Fue cuando se incorporaron los padres españoles Domingo
Laín, Manuel Pérez y José Antonio Jiménez, curas obreros pertenecientes al movimiento
Golconda, que surgió a raíz de la muerte de Camilo. Hacia 1971, después de una
persecución de años, el ELN localizó a Aguilera en Remedios y lo fusiló. Se terminó la
fragmentación del ELN, originada en el fusilamiento de Víctor Medina y la fuga de Jaime
Arenas. En 1972 el grueso de la guerrilla, con participación de cuadros urbanos, se tomó
San Pablo, sur de Bolívar; Remedios, y el aeropuerto de Otún. Durante las invasiones de la
ANUC en la costa, el ELN participó activamente y casó una pelea de largo aliento con el
EPL, que por aquel entonces tenía una fuerte injerencia en el campesinado de Córdoba y
Sucre. Después de la toma de Remedios, Lara recibió la orden de volver al campamento
central, pues Fabio consideraba que había cometido graves errores militares, entre ellos el
rescate por parte del Ejército de unos ingenieros alemanes. Se realizó entonces la
«Asamblea de Campo», para analizar errores de Lara, Manuel Pérez y Manuel Quirós. Lara
fue destituido como segundo comandante y Pérez se escapó de ser fusilado. A fines de 1973
el ELN se dividió en tres comisiones: nordeste antioqueño, sur de Bolívar y norte del
Magdalena Medio. Manuel y Antonio Vásquez salieron hacia Anorí, zona conservadora,
con una columna que fue detectada rápidamente por el Ejército y aniquilada. Murieron los
hermanos Vásquez. Manuel era el único que daba importancia al movimiento obrero y
mantenía relaciones con los cuadros urbanos; editaba el periódico Simacota, que daba parte
de las acciones militares y publicaba artículos políticos e ideológicos. Fabio reunió lo que
quedaba del ELN en Antioquia para analizar lo sucedido en la famosa «Asamblea de
Anacoreto». Según Gabino, segundo al mando, allí no se hizo un análisis juicioso de los
errores tácticos y estratégicos de la Operación Anorí, sino un juicio de responsabilidades
individuales que impidió ver el fracaso total de la teoría del foco que guiaba aún al ELN.
De todas maneras, la Asamblea de Anacoreto no resolvió lo fundamental: el «culto a la
personalidad» autoritaria y dogmática de Fabio. Mucha sangre había corrido por esa causa.
El número de bajas infligidas al enemigo probablemente era menor que el realizado a
militantes y colaboradores en función de garantizar una «línea correcta» que los hechos

negaban. Fabio tenía a su favor el apoyo de Cuba y su legitimidad se fundaba en él, pero
también tenía una úlcera sangrante que lo debilitaba progresivamente. Los médicos le
aconsejaron viajar a la isla y Helio –su nombre de guerra– aceptó a regañadientes. Seguía
siendo el comandante superior y su vínculo con el ELN se hacía a través de un
radiotransmisor. Desde Cuba las órdenes eras estrictas y precisas. El círculo de sus
incondicionales le obedecía sin objeción. Bien sea porque el radio se dañó o porque
mataron al «radista», ese vínculo se rompió y los mandos en Colombia tuvieron que
afrontar la continuación de la guerra sin Fabio o la disolución del movimiento. Fueron las
tesis que se plantearon y se discutieron en la ciudad para que las armas no participaran. El
grupo que tomó esta decisión se conocería en adelante como «Replanteamiento», que
profundizó las críticas a la dirección ausente y, a su vez, se dividió en dos tendencias: Los
que sostenían que aceptando el rechazo al autoritarismo, el militarismo y los fusilamientos
como forma de solucionar las contradicciones, defendían que el ELN permaneciera como
organización con una fuerte reestructuración que lo articulara con el movimiento social y
político del país, y aquellos que sostenían que el ELN debía desaparecer como lucha
armada y transformarse en movimiento político sin armas. En 1978 la crisis tocó fondo. La
red urbana había casi desaparecido y en el monte el grupo se había reducido a unos 30
hombres que se concentraron en el Catatumbo, donde el movimiento sindical los apoyó.
López Michelsen les ofreció discutir un acuerdo de paz que el grupo rechazó. Sobre estas
débiles bases, el ELN se dio a la tarea de reorganizar su gente renunciando al autoritarismo
sin abjurar de la disciplina; elaborar principios y planes estratégicos tanto políticos como
militares, y definir formas de financiación. Corrían los días en que se estaba construyendo
el oleoducto Puerto Limón-Coveñas, rechazado por parte el campesinado, que se veía
afectado por la obra. El ELN, consciente de la necesidad del Gobierno y la compañía
petrolera de sacar el crudo, extorsionó a la empresa constructora –la Mannesman–. Los
recursos económicos obtenidos y los replanteamientos estratégicos permitieron que el ELN
se recuperara y pudiera afrontar la guerra con una relativa solidez.
CUARTA PARTE: CONSECUENCIAS
VI. COLONIZACIÓN Y CONFLICTO ARMADO

El despliegue de fuerzas guerrilleras en relación con los conflictos sociales se puede ver
más claro en regiones donde se cruzan colonias y conflicto armado: el Piedemonte oriental,
el Catatumbo y Urabá. En la coyuntura de mediados de los 70 se trenzó un vínculo interno
entre la decadencia progresiva de la economía cafetera, la fatiga de la industrialización por
sustitución de importaciones, y la cocalización de las zonas de colonización.
El colono es un trabajador despojado de todo recurso; se enfrenta a una selva poderosísima
en condiciones muy adversas. En realidad hace una finca con base en deudas adquiridas
con los comerciantes. Tarde o temprano sus «mejoras» pasarán a manos de los acreedores,
que las concentrarán como haciendas. La colonización es un proceso de ampliación
latifundista de la frontera. Los colonos se convierten en profesionales de la apertura de
mejoras cada vez más lejanas.
1. El Piedemonte oriental
Durante los años 60 y 70 el movimiento agrarista, de fuerte acento comunista, echó raíces
en zonas de colonización, en especial en el piedemonte suroriental de la Cordillera Oriental,
en el Macizo Colombiano, en el Magdalena Medio y en Urabá, zonas donde se enraizaron
rápidamente frentes guerrilleros de distinta orientación. No es fácil distinguir entre el
movimiento de colonización campesina y el de resistencia armada, una relación íntima
desde los años de La Violencia, fortalecida a partir de los acuerdos de Chicoral, de la
represión a la ANUC y del Estatuto de Seguridad de Turbay. Se podría decir que la
guerrilla comenzó a ser una autoridad surgida del movimiento campesino, que vivía
económica y políticamente de él a cambio de dirigir sus demandas y reemplazar al Estado
como árbitro de conflictos y aun como agente de desarrollo.
La marihuana llegó al país como cultivo comercial de cáñamo y como «hierba prohibida»,
importada por técnicos mexicanos de las empresas bananeras (United Fruit Co.). El primer
renglón no tuvo éxito, pero el segundo se transformó en un cultivo local de pequeña escala
que satisfacía una demanda limitada al bajo mundo. No obstante, la guerra de Vietnam
disparó la demanda en EE. UU. y los Cuerpos de Paz –voluntarios de la Alianza para el
Progreso que trabajaban en la Sierra Nevada de Santa Marta– descubrieron la calidad de la
marihuana local y fueron los primeros cultivadores y exportadores a pequeña escala. Se
convirtió en un cultivo de exportación que se generalizó en las zonas de colonización. Fue
un ensayo general que creó, sin embargo, una cultura: dinero fácil, corrupción de las

autoridades, impunidad, familiaridad con las armas. La oferta gringa sustituyó la
colombiana con ayuda de la fumigación de cultivos aquí y la tolerancia allá. El vacío
dejado por la ‘marimba’ fue de inmediato llenado con el tráfico de pasta básica de cocaína
desde Perú y Bolivia para ser transformada en Colombia. Los cultivos ilícitos se arraigaron
en las zonas de colonización por dos razones: la quiebra permanente de los colonos y la
débil y corrupta presencia del Estado. Al principio la guerrilla se opuso tenazmente por
considerar que era una estrategia para quitarle a la insurgencia su base social, pero pronto
comprendió que podía participar en la nueva bonanza cobrando tributos de guerra. La
tradición de las caucherías renació y, por diversos factores, coincidieron sus geografías.
Los cultivos ilícitos representaron para los colonos la encarnación de sus sueños y de las
demandas que le hacían al Estado: comercialización; crédito; vías; acceso a salud,
educación, diversión. En muy corto tiempo salieron de su bancarrota y se integraron al
mundo del consumo. Los comerciantes de precursores hicieron parte del negocio, y grandes
capitales nacidos del narcotráfico se legalizaron. Los terratenientes se toparon con una
demanda inusitada de tierras que valorizó sus propiedades y permitió una contrarreforma
agraria. Pero quizá ningún sector fue tan favorecido como las autoridades legítimas.
La región más activa en integrarse a la nueva economía fue la del sur de Meta y el norte de
Caquetá. El poblamiento de zonas baldías, unas, y ocupadas por comunidades indígenas,
otras, conoció un ritmo hasta entonces inédito. Al mismo tiempo se descubrieron y
explotaron los campos de Caño Limón, Cusiana, Apiay y Orito. Los pueblos progresaban;
las demandas de alojamiento, alimentación, transporte crecieron de manera vertiginosa; las
rentas departamentales y municipales conocieron presupuestos fabulosos; las guerrillas se
beneficiaron de la excepcional coyuntura económica por la vía de la extorsión. El
movimiento armado, que hasta entonces era netamente agrario, se transformó en una
enorme fuerza militar.
A instancias de EE. UU., Colombia entró en la guerra contra el narcotráfico. La fumigación
intensiva de los cultivos ilegales no logró detenerlo, pero sí, en cambio, desplazar a los
colonos y a los comerciantes locales. Estos cultivos ampliaron los teatros de guerra. Las
millonarias inversiones militares fueron quizás equivalentes a los beneficios económicos de
los negocios ilegales. Fueron creados grupos paramilitares organizados y financiados por
narcotraficantes, grandes ganaderos y sectores de la fuerza pública que, a cambio de

favorecer sus negocios, sembraban el terror para derrotar a la guerrilla y controlar política y
económicamente. En Meta y Caquetá, la Unión Patriótica fue masacrada.
2. El Catatumbo
La historia económica y social del Catatumbo permite entender por qué el ELN después de
Anorí dirigió gran parte de sus fuerzas a esa región. El Catatumbo está ligado a la historia
de Colombia mediante la violencia y el petróleo. Al fin de la Guerra de los Mil Días, el
general Reyes otorgó una generosa concesión al general Virgilio Barco, su contendor, que
incluía la exención de impuestos y la facultad para negociar los derechos. Con la Danza de
los Millones, la Gulf Oil Company compró todos los derechos que explotó hasta los años
80. En 1931 la petrolera comenzó a construir el oleoducto Tibú-Coveñas. La constructora
(Sagoc) podía usar para su beneficio una zona paralela al oleoducto y sus ramales. La
explotación encontró la resistencia de los indígenas barí, que la compañía determinó
«domesticar», sacar, alejar, matar o lo que hubiera que hacer, para lo cual organizó y armó
patrullas civiles, una de las cuales al mando del general Antonio Lafaurie. Los
enfrentamientos no fueron tan simples. La explotación petrolera necesitaba mano de obra
«civilizada» y fomentó la colonización del Catatumbo. Llegaron miles de campesinos y
desempleados urbanos a buscar trabajo o a cultivar la tierra para vender a la Compañía
arroz, yuca, plátano. Las diferencias entre los obreros de la empresa y los técnicos y altos
empleados crearon un ambiente conflictivo que explotó en 1934 con la «Huelga del arroz»,
apoyada por campesinos y colonos, lo que gestó desde entonces una alianza aún vigente.
En la segunda posguerra la Concesión alcanzó su mayor rendimiento. Fue el tiempo en que
Bruce Olson y las Hermanas Lauritas entraron a evangelizar a los indígenas barí. En 1960
tuvo lugar la gran huelga de los «29 Días», que exigió la eliminación del sistema de
contratistas que burla prestaciones sociales y derechos sindicales. Nuevamente la población
se solidarizó con los trabajadores. En 1971 se organizó un paro cívico a raíz del cual el
Gobierno declaró la caducidad del contrato con la Colpet y adquirió los derechos de los
pozos, ya exhaustos. En medio siglo de concesión se sacaron más de 256 millones de
barriles, los barí perdieron el 80 % de su territorio y la Nación, más de 200.000 hectáreas de
bosque natural. A mediados de los 70 aparecieron las FARC, desprendidas de los frentes de
Arauca, y el ELN, como consecuencia del golpe de Anorí. La construcción del oleoducto
Caño Limón-Coveñas despertó protestas sociales capitalizadas por las guerrillas. El «Paro

del Nororiente» (1994) paralizó la región y la represión fortaleció las guerrillas. En
desarrollo de las ambiguas relaciones entre las petroleras y la subversión, el ELN atentó en
muchas ocasiones contra el oleoducto. El alto costo de la lucha armada y los bajos niveles
de vida de la población abrieron la puerta a los cultivos de marihuana y coca. Para la
Dirección Nacional de Estupefacientes, en 2002 había 4.471 hectáreas de coca, pero según
las Umatas, sólo 30.000. La Gabarra llegó a ser la tercera región más productora, después
de Putumayo y Guaviare, según el Plan Colombia, que justificó así sus operativos militares.
La aparición oficial de los paramilitares data de 1999, cuando se dio la primera incursión a
La Gabarra, municipio de Tibú. Se habla de 800 víctimas entre muertos, heridos y
desaparecidos, y de no menos de 20.000 desplazados. Desde entonces, las incursiones de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron regulares y persistentes, no obstante la
presencia de los Batallones Comuneros No. 36, Santander y No. 10 del Plan Especial
Energético. En 2003 Ecopetrol inició la exploración y la explotación de petróleo en
territorio barí. Los indígenas protestaron por considerar una violación a los acuerdos de
Colombia con la OIT, que obligan a una Consulta Previa, y por los atropellos del Ejército
Nacional, que los acosaban y debilitaban. A fines de 2006 la Corte Constitucional falló a
favor de los indígenas (Sentencia T-880) al reconocer sus derechos y ordenar suspender el
proyecto en sus resguardos. Sin embargo, Ecopetrol ha continuado el proyecto en áreas
aledañas y el Gobierno ha ordenado la fumigación de coca y las exploraciones sísmicas en
el resguardo. En julio de 2003, las AUC entregaron unas 4.000 armas que manejaban 2.500
hombres al mando de Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’.
3. Urabá
El conflicto que vive la región se refleja en las cifras oficiales: 5.200 muertos, 200
desaparecidos y 60.000 desplazados. El río Atrato ha tenido una suerte adversa,
determinada, paradójicamente, por su importancia geoestratégica y por ser la columna
vertebral de una de las regiones más biodiversas del planeta. A mediados del siglo XX
llegaron las grandes compañías madereras. El desarrollo de las economías ganadera y
bananera ha fundado una poderosa elite empresarial protegida por el Estado. En los años
60, cuando la zona bananera de Santa Marta entró en crisis, las fruteras extranjeras
financiaron el cultivo de banano a empresarios y se reservaron la comercialización. La
demanda mundial de banano ha permitido la ampliación del Eje Bananero hacia el sur. La

experiencia de los conflictos de la zona bananera de Santa Marta se transfirió a Urabá. Los
cultivadores de fruta fundaron la Unión de Bananeros de Urabá (Unibán) y los viejos
dirigentes sindicales, Sintrainagro y Sintrabanano. Los sindicatos y los empresarios se
enfrascaron en una lucha cada día más radical, que se fortaleció con la llegada de las
guerrillas en respaldo de los sindicatos y con la militarización progresiva del Urabá.
La Unión Patriótica (UP) y los sindicatos llegaron a controlar la mayoría de los Concejos y
las Alcaldías municipales. La derecha se vio gravemente amenazada. La fuerza pública era
incapaz de controlar los movimientos de protesta. El atropello a los derechos humanos se
fue imponiendo como política para debilitar las demandas sindicales y cívicas. Cuando la
UP triunfó en las elecciones de 1985, las organizaciones clandestinas de derecha dieron luz
verde a la formación de grupos paramilitares. El Estado fue indiferente y la fuerza pública
se volvió su gran protectora. Un hecho determinante para la historia del conflicto fue la
entrega de armas del EPL, movimiento prochino, rival de las FARC, prosoviético, ambos
con gran influencia política en la región.
Una breve reseña histórica del EPL ayuda a entender los desarrollos de la violencia en
Urabá. Uno de sus fundadores fue Pedro León Arboleda, militante del Partido Comunista.
A raíz del 9 de abril, defendió contra el Comité Central la tesis de la insurrección general,
diferencia que terminó en su expulsión. Otro fundador, Pedro Vásquez, fue guerrillero del
Bloque Sur del Tolima al mando de Marulanda. El tercero fue Francisco Caraballo,
entrenado en Cuba y vinculado al ELN. Algunos de los expulsados del Partido Comunista o
que no compartían la línea prosoviética crearon en 1958 el Movimiento Obrero Estudiantil
Colombiano (MOEC) y trataron de organizar un grupo guerrillero en Cauca con apoyo
económico de Cuba, China y Vietnam. El intento fracasó en Tacueyó, pero muchas de sus
unidades adhirieron al EPL en formación. En 1964 la crisis chino-soviética dividió el
Partido Comunista colombiano. Vázquez y Arboleda, entre otros, se apartaron de la línea
oficial y crearon en Medellín el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), cuya tesis
central era que la Unión Soviética se inclinaba hacia el capitalismo. Poco después
organizaron focos guerrilleros en el Valle del Cauca, Magdalena Medio, sur de Bolívar y
alto Sinú-San Jorge, donde actuaba un viejo guerrillero de Rafael Rangel, Julio Guerra. El
EPL nació con la toma de Uré en 1967 y se fortaleció con la ayuda del movimiento
campesino dirigido por la ANUC. El partido organizó núcleos de resistencia en el alto Sinú

y fundó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del San Jorge. A principios de la década del
70 el PCML y el EPL ejercieron gran influencia en el movimiento campesino en Córdoba,
Atlántico, Bolívar y Antioquia e impulsaron la toma de tierras. Dirigentes del Partido y
comandantes de guerrilla impulsaron organizaciones obreras en Antioquia, sobre todo en
Urabá. Diferentes factores, entre ellos los enfrentamientos con las FARC y con el Partido
Comunista, dividieron el PCML y una gran parte centró su trabajo político en las ciudades.
Hacia fines de la década un grupo disidente de las FARC se unió al EPL y se tomó Puerto
Libertador. La demanda de mano de obra de las bananeras creó una corriente migratoria
hacia Urabá y con ella la influencia del EPL en la zona. La política de paz de Belisario
Betancur atrajo un importante sector dirigido por Bernardo Gutiérrez, que llegó a un
acuerdo con el Gobierno firmado 15 de mayo de 1991 en Bogotá. Se creó entonces el
movimiento Esperanza Paz y Libertad, pero un destacamento importante al mando de
Francisco Caraballo se unió a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que en realidad
fue un amplio frente político de las FARC.
La entrega del EPL, su transformación en partido político y la feroz rivalidad con el Partido
Comunista permitieron que los políticos tradicionales primero, y el Gobierno después
subordinaran a los reinsertados hasta convertir a sus militantes en agentes de los intereses
empresariales y militares. Sin duda, buena parte de los paramilitares organizados por
bananeros y por el Ejército fueron reclutados en esas filas.
A mediados de los 70, el gobierno de Holanda y la Diócesis de Quibdó habían organizado a
los campesinos arroceros del medio Atrato, la mayoría comunidades negras ancestrales;
paralelamente a la expansión bananera, grandes compañías madereras ampliaron su
explotación hacia el Atrato medio, donde chocaron con la organización campesina y con la
declaratoria de zona de reserva forestal –Ley 2ª de 1959– que protegía la región, a la que
los campesinos se acogieron como defensa. Entonces entraron poco a poco primero el EPL
y luego las FARC. Los paramilitares, después de la matanza sistemática de sindicalistas y
dirigentes cívicos comunales en el eje bananero, establecieron bases en el Nudo de
Paramillo y en el Urabá chocoano. Con las masacres de Las Tangas, Unguía, Mejor
Esquina, La Negra, el país se enteró de que la alianza Ejército-paramilitares había echado a
andar. Entre diciembre de 1996 y enero del 1997 fueron torturados, asesinados y
desaparecidos más de 100 campesinos. La reacción de las comunidades y de la Iglesia fue

inmediata. El Gobierno bombardeó la zona de Bajirá, cerca de Riosucio, para impedir el
contragolpe de las FARC, y en 1997 inició la «Operación Génesis», realizada por los
Bloques Bananero y Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
(ACCU) y la XVII brigada del Ejército (Batallones «Fuerzas Especiales No. 1» y
«Contraguerrilla No. 35») y dirigida por el general Rito Alejo del Río y por el ‘Alemán’.
Las fuerzas combinadas de militares y paramilitares contaban con apoyo aéreo y fluvial.
Seis mil campesinos se refugiaron en Turbo y en Panamá. El general del Río fue destituido
por presión del Departamento de Estado, pero después de un homenaje de desagravio
organizado por Álvaro Uribe Vélez fue reintegrado al servicio. Hoy está preso. Como
presidente, Uribe llegó a acuerdos de desmovilización y reinserción con los paramilitares
que implicaban: sostener el orden público mediante la integración de desmovilizados al
cuerpo de «soldados cooperantes», abrir la selva a macroproyectos (palma aceitera,
carretera Panamericana, oleoducto del Pacífico) y garantizar la explotación de madera a las
grandes compañías. Las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó han sido objeto de
los más brutales ataques paramilitares. Desde entonces y hasta fines de 2005 hubo 120
ejecuciones fuera de combate y 13 desplazamientos masivos, lapso en el cual la palma de
aceite se extendió por la cuenca del medio Atrato. Álvaro Uribe inauguró en 2004 la planta
de refinación de aceites y grasas más grande de la Comunidad Andina de Naciones, que
serviría tanto a las plantaciones del Atrato como a las del Catatumbo y el sur de Cesar, con
una capacidad de refinación de 500 toneladas por día. La Organización Regional Indígena
Emberá Waunaan (Orewa) denunció que las plantaciones de palma aceitera en los
municipios de Carmen del Darién, Bajirá y Riosucio eran una forma de apropiarse de
territorios colectivos. La reacción de las comunidades produjo una gran red de resistencia
que ha logrado el retorno de miles de desplazados y la reclamación de sus tierras y haberes
mediante la solidaridad internacional y la protección de la CIDH.
VII. EL FIN DEL SIGLO XX
En las áreas de colonización la agitación social se comenzó a sentir a comienzos de los 90.
Los colonos de la Serranía de la Macarena, a quienes el Gobierno no podía reconocerles
como propiedad la ocupación de hecho de un área intangible por ser parque nacional,
organizaron una sucesión de marchas a San José del Guaviare, La Macarena y

Villavicencio. La titulación fue su bandera. Pero a su lado levantaron reivindicaciones
relacionadas con construcción de vías, abaratamiento de créditos, subsidios a la
comercialización y respeto por la vida. Betancur había firmado con las FARC los Acuerdos
de La Uribe. Comenzaban los asesinatos de dirigentes de la UP. Estas movilizaciones
terminaron en frágiles arreglos que fueron sólo parcialmente cumplidos por el Gobierno, lo
cual, sumado a la desaparición o el asesinato de dirigentes, se convertía en motivo para una
nueva movilización. Sobre la coca se hablaba poco, era un factor tácito. El Gobierno no
quería reconocerlo para no tener que sancionarlo, y los colonos lo escondían para no
agregar a su precaria condición legal como invasores un nuevo delito. Funcionarios y
líderes campesinos, sin embargo, en privado tocaban el tema, y de hecho, se constituyó en
una carta de negociación por parte de los colonos. La estrategia consistía en trocar coca por
desarrollo y presencia civil del Estado. Pero el problema crecía. Las áreas de cultivo se
ampliaban; la actividad comercial era frenética; la respuesta del Estado, morosa. Visto hoy,
es más fácil aceptar que el desdén sobre el asunto y el fracaso de los acuerdos quizá no eran
tan espontáneos. El país se enriquecía y todos los sectores económicos, legales o no, se
beneficiaban. Inclusive cuando Betancur exigió renunciar al secuestro y a las operaciones
ofensivas, la guerrilla pudo concederlo sin afectar su fuerza militar. A finales de su
gobierno, y pese a la tragedia del Palacio de Justicia y del asesinato ya sistemático de
integrantes de la UP, fue posible una negociación local y experimental en el Caguán sobre
erradicación de cultivos ilícitos a cambio de programas de fomento agropecuario y de
titulación de tierras. El proyecto se frustró en el gobierno de Barco cuando se rompieron las
negociaciones de paz. Como respuesta se inició la fumigación de cocales. La tesis de la
narcoguerrilla había sido adoptada oficialmente por el Ejército, y el Gobierno, aunque no la
aceptaba totalmente, nunca la desautorizó. Con Uribe se convertiría en doctrina de Estado.
No obstante, en el sur de Cauca y el norte de Nariño, Naciones Unidas, con participación de
las comunidades y apoyo del Gobierno, intentó programas de sustitución de cultivos ilícitos
que, uno tras otro, fracasaron. En el gobierno de Barco comenzó entonces la fumigación en
el Macizo Colombiano y la Cordillera Central. La respuesta indígena fue la toma de
carreteras, marchas sobre Popayán, semiparálisis de la economía caucana.
Durante el gobierno de Gaviria hubo también numerosas protestas campesinas que
buscaban la forma de salir de la economía de la coca. Los acuerdos sólo fueron cumplidos

parcialmente. Mientras tanto, el rompimiento de las conversaciones con la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar en Caracas y Tlaxcala impulsó la confrontación armada. El
teatro de guerra se amplió notablemente y cubrió, después del ataque a Casaverde, casi todo
el país: 60 frentes con unos 12.000 hombres constituían el pie de fuerza de las FARC. La
agricultura comercial, que venía declinando como consecuencia de medidas aperturistas
desde el comienzo de la década del 80, y en menor medida por la importación de alimentos
que la abundancia de divisas-coca, entró en crisis definitiva. Muchos capitales se asociaron
al narcotráfico e invirtieron en ganadería, uno de los pocos renglones protegidos por los
aranceles. Los cultivos de coca y amapola conocieron su época dorada.
La crisis política del gobierno Samper y el fracaso de sus intentos de diálogo con la
guerrilla acentuaron la fumigación de cultivos ilícitos, que entonces se desplazaron hacia
áreas nuevas a donde llevaron destrozo y contaminación. Los precios de la droga se
mantuvieron altos. Como respuesta, a instancias de las guerrillas las comunidades indígenas
organizaron gigantescas movilizaciones, pues se fumigaban también cultivos lícitos y
chagras campesinas e indígenas. La represión de las manifestaciones aumentaba las
demandas campesinas. Organizadas o no por las guerrillas, estas reivindicaciones son las
mismas que agitan los políticos y que en sana lógica podrían contribuir a la sustitución. La
guerrilla se beneficia sobre todo del rutinario incumplimiento de los acuerdos.
Los grupos armados privados han sido a través de la historia reciente palanca para la
expulsión y el desplazamiento de campesinos, indígenas y afrocolombianos. La Ley 48 de
1968 facultó la creación de grupos armados civiles, pero fue declarada inconstitucional en
los 80. A mediados de los 90 reaparecieron como «cooperativas de seguridad» (Convivir) y
de nuevo ilegalizadas por la Corte Constitucional en 2000. Su función es defender a sangre
y fuego el statu quo y reprimir las demandas locales que se salgan del control clientelista.
Desplazada la población y concentradas sus tierras, los paramilitares adquieren un enorme
poder local, se convierten en señores de la guerra. El narcotráfico se fortaleció de manera
asombrosa. Los narcos participaron en campañas electorales y creció su injerencia sobre las
ramas del poder público y su control sobre el paramilitarismo. Esto intensificó la guerra
contra las guerrillas y aceleró y justificó la intervención norteamericana. El Plan Colombia
y el Tratado de Extradición se convirtieron en las llaves con que EE. UU. subordinó a sus

intereses el orden público y el modelo de desarrollo. El resultado ha sido debilitamiento del
Estado, postración de la justicia, y escalamiento bélico.
En términos de percepción pública de la época, la Seguridad Democrática, política de
Álvaro Uribe, fue un éxito. El Gobierno dio cifras sobre la disminución de homicidios y
secuestros, pero Naciones Unidas mostró el aumento de las desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento. Las grandes operaciones militares de las
guerrillas, en particular de las FARC, se redujeron sustancialmente aunque los encuentros y
las emboscadas aumentaron. El hecho más protuberante es que las FARC fueron obligadas
a suspender, quizá definitivamente, la aspiración a desarrollar una estrategia de guerra
regular con el enfrentamiento de grandes masas de Ejército. Ahora bien, la desmovilización
de unos 30.000 sujetos armados de las AUC, según el Gobierno disminuyó los índices
delincuenciales en los meses que siguieron a los actos protocolarios. Pero sólo unos 2.500
cuadros paramilitares se acogieron a los beneficios de la ley; a 3.000 mandos medios, según
el mismo Gobierno, se les perdió la pista, y unos 5.000 individuos volvieron a las armas por
considerar que el gobierno Uribe no les había cumplido. La Ley de Justicia y Paz comenzó
a ser aplicada a medias, entre otras razones porque el sistema judicial se vio desbordado
con la mera presentación ante la Fiscalía de sólo el 10 % de los beneficiados potenciales.
Pero ha tenido un gran efecto en el plano de la verdad pública, gracias a las enmiendas que
la Corte Constitucional hizo en el momento de su revisión: no aceptó que los paramilitares
fueran considerados delincuentes políticos. La ley tuvo efectos colaterales: el proceso de la
parapolítica, que puso en riesgo la gobernabilidad. Los efectos no deseados permitieron un
cambio de rumbo político que condujo a la negociación con las FARC y el ELN.

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Anexo 1. Presupuesto 1925-1957
Anexo 2. Memorial de agravios de Jorge Eliécer Gaitán.
Anexo 3. Leyes del Llano.
Anexo 4. Programa agrario 1964.

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………1
PRIMERA PARTE: PRIMEROS PASOS………………………………………3
I. PROSPERIDAD A DEBE………………………………………………………...3
1. El indio Quintín Lame………………………………………………………...5
II. LA REPÚBLICA LIBERAL………………………………………………………6
1. Chulavitas………………………………………………………………………6
2. La Iglesia…………………………………………………………………11
SEGUNDA PARTE: LA SANGRE……………………………………………...12
III. LOS AÑOS 40…………………………………………………………………….12
IV. EL MEDIO SIGLO……………………………………………………………….17
1. Pájaros volando……………………………………………………………….17
2. Levantamiento en los Llanos………………………………………………….20
3. Sumapaz……………………………………………………………………….22
4. Magdalena Medio……………………………………………………………..25
5. El golpe de Rojas Pinilla………………………………………………………27
TERCERA PARTE: EL VIRAJE…………………………………………………30
V. LOS AÑOS 60……………………………………………………………………...30
1. Frente Nacional………………………………………………………………...30
2. La cuna de las FARC…………………………………………………………..35
3. Operaciones en Marquetalia y Riochiquito…………………………................37
4. ELN………………………………………………………………….................41
CUARTA PARTE: CONSECUENCIAS…………………………………………45
VI. COLONIZACIÓN Y CONFLICTO ARMADO…………………………………...45
1. El piedemonte oriental…………………………………………………………46
2. El Catatumbo…………………………………………………………………..48
3. Urabá…………………………………………………………………………...49
VII. EL FIN DEL SIGLO XX…………………………………………………………..52
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………..56
ÍNDICE…………………………………………………………………………….58

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