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Reforma del Estado, democratización y reconciliación

INICIAR JUICIOS POR CASOS DE DERECHOS HUMANOS

Los tiempos políticos en el Perú además de vertiginosos, son imprevisibles. Julio y diciembre
fueron los márgenes de un semestre tormentoso, que pasó de una prometida corrección de
lo mal que se había gobernado hasta entonces a nuevas profundidades en la aprobación de
la gestión presidencial. El 8-10% de aceptación ciudadana hacia el presidente Toledo, luego
de estar remontando un 12-13% hasta superar el 20%, pareciera un resultado inexplicable si
no se tomara en cuenta la vocación del Ejecutivo y el partido gobernante de echar todo por la
borda cuando pareciera estar adquiriendo estabilidad.

Pero este estilo suicida de hacer política no es exclusivo de Perú Posible. Igualmente carente
de imaginación y de ideas para salir de la crisis política resultan las exigencias de adelantar
las elecciones y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, expresadas por algunos
dirigentes de oposición. Es obvio que ello agravaría la situación y no prevé ninguna salida
coherente al impase. Así, queda en evidencia que la parte más sensible del problema es
obviamente el Ejecutivo pero compromete, en mayor o menor medida, a todos los actores
políticos del país. También a los demás poderes del Estado.

Salvaguardar la credibilidad cada vez más tenue de la democracia implica ahora, entre otras
cosas, fortalecer e instrumentalizar consensos, entre los que destaca temas como la reforma
del Estado. El premier Carlos Ferrero Costa ha apostado a ello. Sin embargo, aunque un
primer paso necesario sería reactivar instancias como el Acuerdo Nacional, no debemos caer
en las indecisiones y la falta de propuestas que hizo vacuo los primeros intentos en ese
sentido. Es allí donde debería tratarse la reforma del Estado con la seriedad que ésta
merece.

Ésta no puede estar dirigida únicamente por el criterio del ahorro en el gasto. Por el contrario,
es lo que debería conseguirse haciendo más dinámico y eficaz al aparato estatal, de manera
tal que junto a la racionalización y la mejor productividad adquiera más legitimidad, algo que
no se conseguirá con menos servidores públicos sino con mayor participación de la sociedad
en los asuntos públicos.

La reforma del Estado deberá incorporar la descentralización como el principio básico de la
organización pública. Asimismo, se espera que articule los cambios que vienen aplicándose
en diversos sectores, como Interior y Defensa. Respecto a este último, como se sabe, es uno
de los aspectos más importantes y cruciales de la democratización del sistema político
peruano. Las fuerzas armadas peruanas fueron afectadas en grado sumo por el autoritarismo
imperante durante los 90 y la necesidad de reestructurarlas fue una de los aspectos en el
que se tuvo mayor claridad cuando empezó el ciclo democrático a fines del 2000.

Sin embargo, la ausencia de una firme voluntad política para enfrentar la inmensa tarea que
significa replantear las relaciones entre civiles y militares en un contexto democrático,
aumentó las dificultades a un asunto de por sí complejo. A pesar de ello, las posibilidades de
desarrollar la agenda pendiente e, incluso, profundizarla siguen en pie.

Al respecto, una de las premisas que debería asumir la reforma militar es aceptando que las
fuerzas armadas llevaron a cabo una lucha contrainsurgente en la que existen una serie de
cuestiones en torno a los derechos humanos que aún se mantienen pendientes. Como
manifestó el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
Francisco Soberón, el 2004 debe ser el año del juicio y sentencia de los militares
involucrados en casos de presunta violación de derechos humanos, de acuerdo al informe de
la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Debemos entender que resulta imposible una democracia sostenible cuando el Estado no
aparece como un agente de justicia. Por ello, la reconciliación no es un simple acto de
reparación económica, como creen entender algunos, sino una acción necesaria para la
recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones. No hay otro camino a transitar
si el objetivo es articular de manera adecuada las fuerzas armadas con la sociedad civil.

Asimismo, el lamentable retraso de la Fiscalía de la Nación para procesar las denuncias
presentadas por la Comisión de la Verdad y la negligencia en la entrega de los fondos
necesarios para culminar con el programa de exhumaciones de los restos encontrados en las
fosas comunes, también resultan cuestiones preocupantes que deben subsanarse.

En suma, hay en estos aspectos enormes potencialidades para conducir una reforma del
aparato público, en el que están incorporadas las instituciones militares, bajo un ambiente de
profundización de la democracia. Es cuestión de decisión política.

Links de interés
http://www.dhperu.org.

http://www.aprodeh.org.pe

http://www.cverdad.org.pe

http://www.mindef.gob.pe

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