La comisión investigadora tuvo como objetivos determinar indicios de delitos económicos entre 1990-2001, identificar responsabilidades, y proponer reformas. Investigó varios casos de privatizaciones e identificó mecanismos irregulares como la subvaluación de activos, uso de información privilegiada, y falta de compromisos de inversión. El proceso de privatización costó al Estado peruano $1,460 millones en deudas asumidas y generó pérdidas tributarias debido a convenios de estabilidad jurídica.