Proyecto codigo etica

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano
Agosto, 29 de 2012
Oficio No. 0473-ACVJ-12

Señor Arquitecto
Fernando Cordero Cueva
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Presente.-

De mi consideración:

Me dirijo a usted, al amparo de lo previsto en el Numeral 1 del Artículo 54 y del Artículo
56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, de
iniciativa de la suscrita y con el número de firmas legalmente requeridas, para el debido
conocimiento y trámite del Pleno de la Asamblea Nacional.

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Dra. Cynthia Viteri de Villamar
ASAMBLEISTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República reconoce a la Asamblea Nacional como uno de los
máximos órganos de expresión popular, en el cuál los asambleístas deben ceñirse a
los más profundos principios morales y éticos en sus funciones, direccionando sus
actuaciones para el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos y no a legislar en
beneficio de unas cuantas personas ni someter su conciencia a presiones de poderes
públicos.

Lamentablemente, desde la instalación de la Asamblea Constituyente en la ciudad de
Montecristi hasta la actualidad, han existido actuaciones de asambleístas que se
encuentran totalmente fuera de los principios éticos más elementales, como la
fraudelenta contratación de asesores de la cual las autoridades competentes nunca se
pronunciaron, la posible vinculación de asambleístas ecuatorianos con grupos
subversivos o terroristas extranjeros, la concesión de amnistía a un sujeto condenado
por violar a una menor edad, asambleístas que en sus funciones se han beneficiado
onerosamente de ciertas actividades ajenas a sus funciones, entre otros hechos que
han constituido una vergüenza a la majestad de la Asamblea Nacional.

No podemos permitir que sigan existiendo compras de conciencia de asambleístas que
han obtenido su curul auspiciados por un determinado movimiento o partido político y a
cambio de favores políticos u otros beneficios han traicionado a los ciudadanos que los
eligieron cambiando su línea de pensamiento y su posición ideológica de un día a otro.

Estos hechos hacen necesario la implementación de un Código de Ética de la Función
Legislativa, el mismo que sancione conductas corrompidas de ciertos asambleístas
para de esta forma salvaguardar la majestad de nuestra Asamblea Nacional.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que, la Constitución de la República establece que las asambleístas y los asambleístas
ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán
responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el
cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus
mandantes;

Que, la Asamblea Nacional es la principal expresión de la soberanía popular;

Que, es deber de la Asamblea legislar y fiscalizar de acuerdo con las normas y
principios constitucionales, legales, reglamentarios y éticos vigentes en el sistema
jurídico ecuatoriano;

Que, la Constitución reconoce a los ecuatorianos el derecho inalienable e
imprescriptible de controlar y fiscalizar los actos de sus mandatarios;

Que, los actores de la política están llamados a actuar con responsabilidad,
honestidad, decoro y transparencia en todos los actos de su vida pública y privada; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, expide el siguiente:

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Capítulo I
DE LOS ASAMBLEÍSTAS

Art. 1.- Los asambleístas son los mandatarios del pueblo ecuatoriano ante la Función
Legislativa. En tal virtud, observarán los siguientes principios:

a) Ser leal a la Patria y a los valores de la nacionalidad;

b) Velar por los derechos de las personas, sus garantías y deberes;

c) Actuar con justicia, honestidad y probidad;

d) Respetar y hacer respetar la Constitución de la República, leyes, reglamentos y este
Código;

e) Defender y reafirmar el régimen democrático y el Estado Social de Derechos y
Justicia como forma de gobierno;

f) Respetar y observar los principios ideológicos, políticos y el programa de acción
legislativa propuestos en su campaña electoral; y,

Art. 2.- A los asambleístas en el desempeño de sus funciones, además de lo ya
establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, les corresponde:

Respetar y hacer respetar la majestad de la Asamblea Nacional, coadyuvar a su
fortalecimiento y eficacia; así como, participar activamente en los actos de la Función
Legislativa.

Comprometerse, bajo juramento, en la primera sesión de la Asamblea Nacional al fiel,
legal y ético desempeño de sus funciones.

Presentar al inicio y al término de su gestión, ante notario público, bajo juramento, una
declaración patrimonial y la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo
de sus cuentas bancarias.

Fiscalizar los actos del poder público de acuerdo con la Constitución de la República y
la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Guardar reserva sobre los documentos, temas y resoluciones calificados como tales
por la Asamblea Nacional, al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica de la Función
Legislativa.

Art. 3.- Cesarán inmediatamente en sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en la
Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas a quienes:

a) Se les revoque el mandato, según lo establecido en Leyes especiales;

b) Se les sancione con la pérdida de la calidad de asambleísta; y,

c) Se dicte sentencia ejecutoriada en su contra por el cometimiento de delitos
establecidos en la Ley Penal.

Capítulo II

DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS ASAMBLEÍSTAS

Art. 4.- Los asambleístas no podrán desempeñar sus funciones si antes de iniciar la
misma no presentan ante el Secretario de la Asamblea y a la Contraloría General del
Estado una copia auténtica de la declaración patrimonial notarizada y juramentada,

según lo prescrito en el artículo 231 de la Constitución de la República. Estas
declaraciones quedarán bajo custodia del Secretario General de la Asamblea Nacional
y serán públicas para el conocimiento de la ciudadanía.

Para el efecto, quien actúe en calidad de Secretario de la sesión inaugural, calificará
quienes han presentado su declaración patrimonial juramentada ante Notario Público,
siendo éstos los únicos asambleístas que podrán actuar. Los asambleístas alternos o
suplentes, para ser principalizados, deberán cumplir este requisito en las mismas
condiciones que los principales.

Art. 5.- Quien habiendo desempeñado la legislatura, incumpla con la última declaración
patrimonial, y que, a pesar de ser requerida no la presente en un lapso de quince días,
se presumirá, por parte de la Contraloría General del Estado, enriquecimiento ilícito en
su contra.

Capítulo III
DEL COMITÉ DE DISCIPLINA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Art. 6.- Créase el Comité de Disciplina como un órgano de la Asamblea Nacional, el
mismo que estará conformado por un representante de cada bloque legislativo.

Los asambleístas de una o varias formaciones políticas que por separado no reúnan
los requisitos para conformar una bancada legislativa pero que unidos si lo alcancen,
podrán constituirse en un bloque legislativo de conformidad con lo establecido en el art.
117 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La conformación del Comité de Disciplina, se realizará en sesión ordinaria del Pleno de
la Asamblea Nacional y se requerirá la mayoría absoluta para la elección de cada uno
de ellos.

Los asambleístas miembros del Comité, durarán en sus funciones un periodo de dos
años a partir de su designación y podrán ser reelegidos.

Art. 7.- El Comité de Disciplina tendrá las siguientes atribuciones:

a) Dar fiel y estricto cumplimiento de las normas contenidas en este Código;

b) Solicitar al Secretario de la Asamblea Nacional, para su examen, la declaración
patrimonial del asambleísta involucrado en un proceso de investigación o
enjuiciamiento;

c) Iniciar de oficio o por denuncia procesos de investigación en contra de cualquier
asambleísta que, a criterio del Comité, haya incurrido en actos calificados como
infracciones en el presente Código;

d) Informar a la Asamblea Nacional para su resolución sobre el proceso de
investigación o enjuiciamiento;

e) Emitir informe a la Asamblea Nacional sobre las peticiones de levantamiento de la
inmunidad parlamentaria;

f) Elaborar los reglamentos pertinentes para el eficaz funcionamiento del Comité; y,

g) Las demás que determine el presente Código.

Capítulo IV
DE LAS INFRACCIONES EN GENERAL

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 8.- Los actos u omisiones en que incurra un asambleísta que impliquen
incumplimiento o violación de las normas consagradas en este Código, serán
calificados como infracciones sometidas a sanción, sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar.

Art. 9.- Ningún asambleísta será sancionado por las infracciones previstas en este
Código, si las mismas no son consecuencia de su acción u omisión y no se haya
producido prueba plena sobre su responsabilidad.

No constituye infracción, las reclamaciones vertidas sobre el deficiente desempeño de
los responsables de las funciones del Estado y demás servidores del sector público o
sobre el cumplimiento de obligaciones legales y todos aquellos actos de control y
fiscalización inherentes a la Función Legislativa.

Todo proceso de investigación, enjuiciamiento y sanción, deberá ser reservado, salvo
para el asambleísta investigado, y deberá cumplir con los principios y las garantías
procesales, previstas en la Constitución de la República y leyes secundarias aplicables.

Capítulo V
DE LAS SANCIONES

Art. 10.- Las sanciones aplicables a las infracciones cometidas por un asambleísta son
las siguientes:

a) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones; y,

b) Pérdida de la calidad de asambleísta.

Art. 11.- La suspensión temporal comporta la inhabilidad para el ejercicio de las
funciones de asambleísta por un lapso determinado y la consiguiente pérdida de las
remuneraciones por el mismo lapso.

La pérdida de la calidad de asambleísta, es la cesación definitiva en las funciones de
legislador, resuelta por la Asamblea Nacional, en los casos previstos por la
Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presente
Código de Ética de la Legislatura y demás leyes aplicables.

Art. 12.- Sin perjuicio de la potestad disciplinaria otorgada al Consejo de Administración
Legislativa (CAL), por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las sanciones
previstas en este Código serán impuestas exclusivamente por la Asamblea Nacional.

Toda sanción se impondrá previo dictamen acusatorio del Comité de Disciplina de la
Asamblea Nacional y de acuerdo al procedimiento previsto en este Código.

Art. 13.- En los casos de pérdida de la calidad de asambleísta o suspensión temporal,
será principalizado o llamado el alterno o suplente correspondiente.

Capítulo VI
DE LAS INFRACCIONES EN PARTICULAR

Parágrafo I

DE LAS INFRACCIONES QUE COMPROMETEN LA RESERVA DE LA
INFORMACIÓN

Art. 14.- El asambleísta que divulgare datos revelados en una sesión reservada, será
sancionado con la suspensión temporal de un mes.

En caso de reincidencia se impondrá el doble de la pena.

Si la infracción comprometiere gravemente la seguridad interna o externa del país, se
sancionará con la pérdida de la calidad de asambleísta.

Parágrafo II

DE LAS INFRACCIONES QUE ATENTAN CONTRA LA MAJESTAD DE LA
ASAMBLEA

Art. 15.- Serán sancionados con suspensión temporal de ocho días los asambleístas
que concurrieren al recinto de la Asamblea Nacional en manifiesto estado de
embriaguez.

Art. 16.- Serán sancionados con la suspensión temporal de ocho días a un mes los
asambleístas que hagan uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los
símbolos de su investidura tales como, botón, placas, credenciales o cualquier otro
distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la Institución.

Art. 17.- El asambleísta que introduzca o permita que se introduzcan armas o
materiales explosivos al interior del recinto legislativo, será sancionado con la
suspensión temporal de uno a tres meses.

En caso de utilización del arma para amedrentar o amenazar la sanción será de tres a
seis meses.

La reincidencia será sancionada con el máximo de la pena, en cada caso, sin perjuicio
de las responsabilidades penales que hubiere lugar.

Art. 18.- El asambleísta que agrediere físicamente a otro asambleísta, será sancionado
con la suspensión temporal de tres a seis meses, sin perjuicio de la responsabilidad
penal correspondiente.

Las penas previstas en este artículo, son aplicables también para los casos en que el
asambleísta haya participado en actos de violencia al interior del recinto legislativo.

Art. 19.- El asambleísta que concurriere al recinto de la Asamblea Nacional bajo los
efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas será sancionado con suspensión
temporal de uno a tres meses según la gravedad de la infracción.

Art. 20.- Al asambleísta que, en el curso de una investigación en su contra, se le
demostrare falsedad grave y dolosa en su declaración patrimonial, se lo sancionará con
la pérdida de la calidad de asambleísta, sin perjuicio de las responsabilidades penales
a que hubiere lugar.

Parágrafo III

DE LAS INFRACCIONES POR ABUSO DE FACULTADES O TRÁFICO DE
INFLUENCIAS

Art. 21.- Al asambleísta que se le comprobare enriquecimiento ilícito, se le sancionará
con la pérdida de la calidad de asambleísta por la Asamblea Nacional, previo informe
del Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional.

Art. 22.- De conformidad con lo establecido por el art. 127 del la Constitución de la
República, los asambleístas no podrán:

1.- Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades
profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria
siempre que su horario lo permita.

2.- Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado,
salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.

3.- Gestionar nombramientos de cargos públicos.

4.- Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los
correspondientes a su función de asambleístas.

5.- Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones
remuneradas de otras funciones del Estado.

6.- Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las
que tenga participación el Estado.

7.- Celebrar contratos con entidades del sector público.

Los asambleístas que incurran en estas prohibiciones señaladas en este artículo serán
sancionados con la pérdida de la calidad de asambleístas, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan.

Art. 23.- Los asambleístas, que violentando expresamente lo establecido en el numeral
13 del art. 120 de la Constitución de la República, voten a favor de conceder amnistías
a personas que hayan sido condenadas por el cometimiento de delitos comunes según
la ley penal, serán sancionados con la pérdida de la calidad de asambleístas.

Art. 24.- Los asambleístas que con su voto, en el seno de la Comisión de Fiscalización,
hayan impedido la fiscalización de un hecho en el cual la Contraloría General del
Estado se haya pronunciado con resultados parciales o finales de responsabilidad
administrativa, civil o con indicios de responsabilidad penal, en contra de determinada
persona o funcionario, serán sancionados con la suspensión temporal de seis meses a
un año, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.

Art. 25.- Los asambleístas que apoyen, financien o se encuentren vinculados, ya sea
de forma directa o indirecta con organizaciones subversivas o terroristas, serán
sancionados con la pérdida de la calidad de asambleísta, sin perjuicio de las
responsabilidades correspondientes.

Art.- 26.- Será sancionado con suspensión de uno a tres meses, el Presidente de la
Asamblea Nacional o quien se encuentre dirigiendo una sesión del Pleno de la
Asamblea que incumpla los procedimientos establecidos en la Constitución de la
República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa para llevar a cabo debates o
toma de decisiones.

Parágrafo IV

DE LA INASISTENCIA REITERADA E INJUSTIFICADA A LAS SESIONES

Art. 27.- El asambleísta que dejase de asistir durante cinco sesiones consecutivas, en
el período de un mes, sin haber solicitado licencia o presentado justificación, cesará en
sus funciones previo dictamen del Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional y será
reemplazado definitivamente por su alterno o suplente.

Si el asambleísta dejase de asistir injustificadamente a tres sesiones, de un período
extraordinario, previo dictamen del Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional, se

llamará al suplente o alterno, quien le sustituirá por el tiempo que falte hasta la
conclusión del período.

Parágrafo V

DE LAS DESAFILIACIONES Y EXPULSIONES

Art 28.- Se perderá la calidad de asambleísta por desafiliación o por expulsión,
exclusivamente en los casos de:

a) Obtención ilegítima o ilícita de beneficios políticos o económicos en su provecho o
de terceras personas; y,

b) Desacato a las resoluciones del partido político, movimiento o bloque legislativo,
exclusivamente con lo relacionado a los principios doctrinarios y al programa de acción
política, a las resoluciones previamente declaradas trascendentales por el partido
político o movimiento político o al compromiso electoral de dichos partidos o
movimientos.

La sanción por desafiliación o expulsión se tramitará previo informe del Comité de
Disciplina de la Asamblea Nacional. En este caso se requerirá de mayoría absoluta
para declarar la pérdida de calidad de asambleísta.

El Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional garantizará el derecho a la defensa
del asambleísta acusado.

En el caso del literal b), la sanción podrá ser solicitada por la mayoría de los
asambleístas del respectivo partido o movimiento y, deberá demostrarse que al interior
del partido se produjo el proceso debido, de conformidad con la Ley y los estatutos del
partido para demandar la sanción.

Capítulo VII

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO A UN ASAMBLEÍSTA

Art. 29.- El proceso de investigación y enjuiciamiento a un asambleísta, podrá iniciarse
a criterio del Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional:

a) De oficio; y,

b) Por denuncia.

Art. 30.- El Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional podrá iniciar de oficio el
proceso de investigación, cuando haya llegado a su conocimiento por cualquier medio,
el cometimiento por parte de un asambleísta, de alguna de las infracciones
contempladas en este Código.

Art. 31.- El Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional podrá iniciar el proceso de
investigación contra un asambleísta, cuando se haya presentado denuncia previamente
reconocida por el denunciante, debiendo observarse las siguientes reglas:

a) Cuando un asambleísta presente la denuncia en contra de otro asambleísta, deberá
formalizarla por escrito, señalando sus fundamentos y acompañando las pruebas
materiales o documentales de que disponga; y,

b) Cualquier persona que conociese de una infracción cometida por un asambleísta,
podrá concurrir con una denuncia fundamentada ante el Comité de Disciplina de la
Asamblea Nacional, la misma que deberá ser respaldada con la firma de, por lo menos,
diez legisladores, a la que se acompañarán las pruebas señaladas en el literal anterior.

Toda denuncia tendrá que ser reconocida ante el Secretario del Comité de Disciplina
de la Asamblea Nacional.

El contenido de la denuncia será de carácter reservado, salvo para el Asambleísta
denunciado.

El o los asambleístas denunciantes deberán prestar toda la cooperación e información
requerida por el Comité a fin de sustentar su denuncia.

Para las denuncias calificadas en los términos del inciso anterior que provengan de
cualquier otra persona, se estará a lo dispuesto en la Legislación Penal
correspondiente.

En todo caso queda a salvo la acción por daño moral.

Art. 32.- Reconocida la denuncia, el Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional
podrá declarar su improcedencia, mediante resolución debidamente fundamentada que
será sometida a conocimiento y resolución de la mayoría de integrantes de la
Asamblea Nacional.

Art. 33.- El Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional, de considerarlo pertinente,
calificará y admitirá al trámite la denuncia, ordenando la inmediata citación al
asambleísta denunciado, dándole el término de quince días para que la conteste por
escrito.

Art. 34.- Concluido el término establecido en el artículo anterior dentro de los tres días
hábiles siguientes, con la contestación de la denuncia o en rebeldía, el Comité de
Disciplina de la Asamblea Nacional, convocará a las partes para que presenten las
pruebas respectivas, durante el término de quince días.

Art. 35.- Luego de actuadas las pruebas, el Comité de Disciplina de la Asamblea
Nacional, dispondrá del término de diez días adicionales para realizar la respectiva
valoración. Concluido dicho término, emitirá su dictamen debidamente fundamentado.

Art. 36.- El Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional, adoptará sus resoluciones
por mayoría de votos de sus miembros.

En caso de no haber resolución o que habiéndose cumplido los plazos o términos
respectivos señalados en esta Código, el Comité de Disciplina no se pronuncie, el caso
pasará a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. El Presidente
de la Asamblea lo pondrá en el orden del día de la sesión inmediata al vencimiento del
término que tiene el Comité de Disciplina para pronunciarse. Caso contrario será
reemplazado por los Vicepresidentes de la Asamblea Nacional en orden de prelación.
Si aún así, la sesión no es convocada, la mayoría de los integrantes del Pleno de la
Asamblea podrá auto-convocarse inmediatamente.

Art. 37.- El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el dictamen preparado por el
Comité de Disciplina.

En esta sesión, el Presidente de la Asamblea dispondrá la lectura del dictamen del
Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional. Posteriormente concederá la palabra al
legislador encausado o a su abogado defensor para que presente su alegato.

Concluida la alegación, el Presidente de la Asamblea concederá la palabra a un
asambleísta por cada partido o movimiento político representados en la Asamblea.
Nuevamente podrá intervenir el encausado o su abogado defensor. Finalmente los
legisladores entrarán a votar, por la absolución o por la condena.

Para la suspensión temporal de un asambleísta se requerirá el voto de la mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

Para la destitución de un asambleísta, al amparo de lo establecido en este Código, se
requerirá de la misma cantidad de votos que para destituir a un ministro de estado en
juicio político, salvo la excepción contenida en el segundo párrafo del literal b) del art.
27.

Capítulo VIII

DE LAS GARANTÍAS DEL PROCESO

Art. 38.- El Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional garantizará, durante la
investigación y el enjuiciamiento, la legalidad del proceso en toda su extensión y la
presunción de inocencia del asambleísta investigado o enjuiciado, hasta que la
Asamblea resuelva sobre su responsabilidad.

Art. 39.- El Comité de Disciplina de la Asamblea Nacional exigirá a las partes
procesales que procedan en estricto acatamiento a la Constitución de la República, a la
Ley Orgánica de la Función Legislativa, al presente Código de Ética y demás cuerpos
legales en los que se apoye el proceso de investigación y enjuiciamiento a un
asambleísta de la República.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera: En el término de treinta días, a partir de la vigencia de este Código de Ética
de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional deberá elegir a los miembros
integrantes del Comité de Disciplina, según lo establecido en el art. 6 del presente
Código.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, ………………………

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