Ecu codigo democracia_2009

LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA
Dada por Ley s/n, publicada en Registro Oficial
Suplemento 578 de 27 de Abril del 2009.

ASAMBLEA NACIONAL

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN
Oficio No. SCLF-2009-172

Quito, 9 de abril de 2009.

Señor
Luis Fernando Badillo
Director del Registro Oficial, Enc.
Ciudad

De mi consideración:

La Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad con
las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del
Ecuador y el Mandato Constituyente No. 23, discutió y aprobó el
proyecto de LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA.

En sesiones de 7 y 9 de abril del 2009, el Pleno de la Comisión
Legislativa y de Fiscalización conoció y se pronunció sobre la
objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de
la República.

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 30 del Mandato
23, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES
POLÍTICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, para
que se sirva publicarla en el Registro Oficial.

Atentamente,

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión
Legislativa y de Fiscalización.

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN

Considerando:

Que, el Art. 17 del Régimen de Transición, aprobado en el
referéndum por el pueblo ecuatoriano junto con la Constitución
Política de la República, dispone que la Asamblea Constituyente
conforme una Comisión Legislativa y de Fiscalización que debe cumplir
con las funciones de la Asamblea Nacional previstas en el Art. 120 de
la Constitución Política;

Que, la Asamblea Constituyente, dictó como su último Mandato el
denominado “De conformación de la Comisión Legislativa y de
Fiscalización”, sustituyendo a la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, por un marco normativo, temporal y especial, que permita
la secuencia de la transición institucional;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 22 del
Mandato Constituyente No. 23, en armonía con lo dispuesto en el
numeral 6 del Art. 120 de la Constitución, los Asambleístas tienen
iniciativa legal para expedir, codificar, reformar y derogar las
leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;

Que, de conformidad con lo previsto en la Disposición
Transitoria Primera de la Constitución de la República vigente desde
el 20 de octubre del 2008, el órgano legislativo, en el plazo máximo
de ciento veinte días debe aprobar la ley electoral;

Que, el Capítulo Sexto del Título Cuarto de la Constitución de
la República dispone las bases normativas para la Función Electoral;

Que, el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las
facultades constitucionales que le concede el artículo 219 numeral 5
de la Constitución de la República, presentó a la Comisión Legislativa
y de Fiscalización el Proyecto de Ley Orgánica Electoral de la
República del Ecuador;

Que, es necesario desarrollar las garantías establecidas en la
Constitución de la República respecto a los derechos políticos y de
participación de la ciudadanía, así como la independencia y autonomía
de los órganos y organismos electorales, la transparencia y
legitimidad del gasto y propaganda electoral;

Que, la Constitución de la República dispone la creación de la
jurisdicción electoral como garantía para los procesos de elección y
de consulta; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de
las que se encuentra investida, expide la siguiente:.

LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA
TITULO PRIMERO
De la Función Electoral

CAPÍTULO PRIMERO
Principios, Derechos y Garantías

SECCIÓN PRIMERA
Principios Fundamentales

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento
de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público
y de las formas de participación directa previstas en la Constitución
y en la ley.

Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de
igualdad de oportunidades, esta ley regula la participación popular en
el ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales y

para la designación de las autoridades de los órganos de poder
público.

Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

1. Elegir y ser elegidos;
2. Participar en los asuntos de interés público;
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa;
4. Ser consultados;
5. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de
elección popular;
6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones
que éstos adopten;
7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos
electorales; de conformidad a lo establecido en esta Ley y su
Reglamento; y,
8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la
información de los sujetos políticos.

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los
términos previstos en esta ley.

Art. 3.- El Estado promueve la representación paritaria de
mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la
función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los
partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las
elecciones pluripersonales será obligatoria su participación alternada
y secuencial.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar
la participación de los sectores discriminados.

SECCIÓN SEGUNDA
Ámbito y Normas Generales

Art. 4.- La presente Ley desarrolla las normas constitucionales
relativas a:

1. El sistema electoral, conforme a los principios de
proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad
entre mujeres y hombres. Además determinará las circunscripciones
electorales dentro y fuera del país;
2. Los derechos y obligaciones de participación político
electoral de la ciudadanía;
3. La organización de la Función Electoral;
4. La organización y desarrollo de los procesos electorales;
5. La implementación de los mecanismos de Democracia Directa;
6. La financiación y el control del gasto de los partidos y
movimientos políticos durante la campaña electoral;
7. Las normas referidas a las Organizaciones Políticas en su
relación con la Función Electoral; y,
8. La normativa y los procedimientos de la justicia electoral.

Art. 5.- Las personas en goce de los derechos políticos y de
participación, en su calidad de electores estarán habilitados:

1. Para elegir, a quienes deban ejercer las funciones del poder
público, de acuerdo con la Constitución de la República y esta ley; y,

2. Para pronunciarse a través de los mecanismos de democracia
directa previstos en esta ley.

Art. 6.- La Función Electoral tiene como finalidad asegurar que
las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica,
libre, democrática y espontánea de la ciudadanía y sean el reflejo
oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas por
votación directa y secreta.

Art. 7.- Se prohíbe realizar reformas legales en materia
electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la
celebración de elecciones que va a normar.

Si la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición
afecta el normal desarrollo del proceso electoral, el Consejo Nacional
Electoral propondrá a la Función Legislativa un proyecto de ley para
que ésta lo considere en un plazo no mayor de treinta días; de no
tratarlo, entrará en vigencia por el ministerio de la ley.

Art. 8.- Los conflictos de competencia que surjan entre el
Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no
sean resueltas con el acuerdo de las partes, se someterán a
conocimiento y resolución de la Corte Constitucional.

Art. 9.- En caso de duda en la aplicación de esta ley, se
interpretará en el sentido que más favorezca al cumplimiento de los
derechos de participación, a respetar la voluntad popular y a la
validez de las votaciones.

SECCIÓN TERCERA
Sufragio: Derechos y Garantías

Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre
otros, por medio del voto popular que será universal, igual,
periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se
manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley
señala para garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la
democracia.

Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de
conformidad con las siguientes disposiciones:

1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos
mayores de dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de
libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y
dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las
ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las
integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio
activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas.

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los
dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al
menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las
condiciones necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las
personas con discapacidad.

Art. 12.- La calidad de elector y electora se probará por la
constancia de su nombre en el registro electoral. La verificación será

efectuada con la presentación de la cédula de ciudadanía o identidad o
pasaporte en la correspondiente Junta Receptora del Voto, sin
consideración del período de vigencia de estos documentos.

Art. 13.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen
derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la
circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier
cargo, con los requisitos que establezca esta ley.

Art. 14.- El goce de los derechos políticos o de participación
se suspenderá, por las razones siguientes:

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso
de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;
2. Sentencia ejecutoriada que sancione con pena privativa de
libertad, mientras ésta subsista; y,
3. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en
sentencia ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento de
alguna infracción de las tipificadas en esta ley con esa sanción.

Art. 15.- Únicamente si el Presidente de la República decreta el
estado de excepción, se podrá convocar a las reservas en los treinta
días anteriores y durante los ocho días posteriores a los procesos
electorales.

Art. 16.- Ninguna autoridad extraña a la organización electoral
podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los
procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos
electorales. Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, que se encuentren asignados a la seguridad del proceso
electoral, solo podrán actuar en el cumplimiento de las órdenes
emanadas por los presidentes y presidentas del Consejo Nacional
Electoral, de las Juntas Regionales, Distritales, Provinciales
Electorales y de las juntas receptoras del voto, en el ámbito de esta
ley.

Art. 17.- Ninguna autoridad podrá privar de la libertad a una
consejera o consejero, jueza o juez, vocal de un organismo electoral,
funcionaria o funcionario electoral o delegada o delegado de un sujeto
político, cuando se encuentre en ejercicio de sus funciones, salvo
delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género e
intrafamiliar.

CAPÍTULO SEGUNDO
Órganos de la Función Electoral

Art. 18.- La Función Electoral garantiza el ejercicio de los
derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los
referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función
Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el
Tribunal Contencioso Electoral. Estos órganos tendrán sede en Quito,
jurisdicción nacional, autonomía administrativa, financiera y
organizativa, y personalidad jurídica propia y se financiarán con
recursos del Presupuesto General del Estado.

Se regirán por principios de autonomía, independencia,
publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de
género, celeridad, probidad, certeza, eficacia, eficiencia, calidad,
coordinación, planificación, evaluación y servicio a la colectividad.

En el caso del Consejo Nacional Electoral también rige el principio de
la desconcentración.

La Función Electoral será representada por la Presidenta o
Presidente del Consejo Nacional Electoral.

Art. 19.- Las y los integrantes del Consejo Nacional Electoral y
del Tribunal Contencioso Electoral son servidoras y servidores
públicos sujetos a control ciudadano y enjuiciamiento político por
incumplimiento de sus funciones y tendrán las responsabilidades
establecidas en la Constitución y la ley.

Mientras ejercen sus funciones no podrán ser privados de su
libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito
flagrante, delitos sexuales, y de violencia de género sin autorización
del pleno del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso
Electoral, por requerimiento de la Sala correspondiente de la Corte
Nacional de Justicia de cuyo fuero gozan. Tampoco tendrán inmunidad en
los casos de violencia intrafamilar en los cuales no se reconoce fuero
alguno.

La Función Legislativa no podrá designar reemplazos de
funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará
impedida de iniciarlo una vez que se hubiere efectuado la convocatoria
al proceso electoral y hasta que éste concluya con la proclamación de
resultados.

Art. 20.- Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del
Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, previa selección, mediante
concurso público de oposición y méritos realizado por las respectivas
Comisiones Ciudadanas de Selección, con postulación e impugnación de
la ciudadanía, y dando cumplimiento a la garantía constitucional de
equidad y paridad entre hombres y mujeres.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará
a los miembros principales y suplentes, de manera paritaria y
alternada entre hombres y mujeres en estricto orden de prelación,
entre quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Los
miembros suplentes sustituirán a los principales cuando corresponda,
con apego al orden de su calificación y designación.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal
Contencioso Electoral que se encuentren en ejercicio de sus funciones,
no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos
convocados para designar a sus reemplazos, salvo que hubieren
renunciado a sus funciones en los términos de la Ley.

Las consejeras o consejeros y las juezas o jueces electorales
que se encuentren en funciones, no podrán presentarse a ningún
concurso para otros cargos estatales.

Art. 21.- Durante el proceso electoral, los organismos
electorales dispondrán la colaboración de las autoridades públicas,
militares y policiales para la aplicación de las disposiciones de esta
ley; asimismo, previo acuerdo, podrán demandar la colaboración de las
personas jurídicas de derecho privado.

Art. 22.- Las consejeras o consejeros y juezas o jueces
electorales coordinarán permanentemente los asuntos de la Función
Electoral. Será obligación de los presidentes o presidentas del

Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, con
la asistencia de las y los funcionarios que creyeren necesarios,
establecer mecanismos de enlace y trabajo conjunto.

Art. 23.- Los órganos de la Función Electoral tienen competencia
privativa, en sus respectivos ámbitos, para resolver todo lo
concerniente a la aplicación de esta ley; los reclamos, objeciones,
impugnaciones y recursos, que interpongan los sujetos políticos a
través de sus representantes legales, apoderados o mandatarios
especiales, según el caso, y los candidatos y candidatas, observando
el debido proceso administrativo y judicial electoral; y, a la
aplicación de las sanciones previstas en esta ley.

CAPÍTULO TERCERO
Órganos y Organismos de Gestión Electoral

SECCIÓN PRIMERA
Consejo Nacional Electoral

Art. 24.- El Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco
consejeras o consejeros principales, que ejercerán sus funciones por
seis años, y se renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en
la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. Existirán
cinco consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual
forma que las y los principales.

Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requiere ser
ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente
se elegirán de entre sus miembros principales, por mayoría absoluta de
votos en la primera sesión.

Ejercerán sus cargos por tres años y podrán ser reelectos por
una sola vez.

Art. 25.- Son funciones del Consejo Nacional Electoral:

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera
transparente y eficaz los procesos electorales, convocar a elecciones,
realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y
posesionar a quienes resulten electas o electos;
2. Organizar los procesos de referéndum, consulta popular o
revocatoria del mandato;
3. Resolver en el ámbito administrativo los asuntos que sean de
su competencia;
4. Designar a las y los integrantes de los organismos
electorales desconcentrados, previo proceso de selección, sujeto a
impugnación ciudadana;
5. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y
resolver en sede administrativa sobre las cuentas que presenten las
organizaciones políticas y los responsables económicos y remitir los
expedientes a la justicia electoral, si fuere del caso;
6. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos
electorales internos de las organizaciones políticas;
7. Disponer el conteo manual de votos de oficio o a petición de
parte en caso de que se hubiese planteado su necesidad
fundamentadamente por parte de los sujetos políticos;
8. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el
ámbito de competencia de la Función Electoral con atención a lo
sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral;

9. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su
competencia;
10. Determinar su organización, formular y ejecutar su
presupuesto;
11. Mantener el registro permanente de las organizaciones
políticas, de sus directivas y verificar los procesos de inscripción,
de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia;
12. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley,
la normativa secundaria y sus estatutos;
13. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal
de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones
políticas;
14. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos
administrativos sobre las resoluciones de los organismos
desconcentrados durante los procesos electorales e imponer las
sanciones que correspondan;
15. Organizar y elaborar el registro electoral en el país y en
el exterior, en coordinación con las entidades públicas pertinentes;
16. Proporcionar información oficial de los procesos
electorales, para lo cual podrá utilizar métodos y técnicas de
investigación que permitan obtener información estadística
desagregada, garantizando que no se violente el principio del secreto
del voto;
17. Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos
incorporando el principio de interculturalidad;
18. Organizar el funcionamiento del Instituto de Investigación y
Análisis Político que además asumirá la capacitación y la promoción
político electoral;
19. Designar de entre sus miembros principales su Presidenta o
Presidente y su Vicepresidenta o Vicepresidente;
20. Colaborar con la organización de procesos electorales
internos en otras instancias públicas o privadas, de acuerdo con
leyes, reglamentos o estatutos correspondientes;
21. Designar al Secretario o Secretaria General del Consejo, de
una terna presentada por el Presidente o Presidenta;
22. Delegar, cuando lo estime pertinente, a las consejeras o
consejeros, la presentación de informes previos sobre asuntos de
resolución del Pleno;
23. Organizar y conducir el concurso público de oposición y
méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana
para seleccionar a las consejeras y consejeros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con la ley;
24. Designar a los delegados de la Función Electoral ante las
comisiones ciudadanas de selección organizadas por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social; y,
25. Ejercer las demás atribuciones señaladas en la ley.

Art. 26.- El Consejo Nacional Electoral sesionará en forma
ordinaria, extraordinaria y permanente. Las sesiones serán públicas y
las dirigirá la Presidenta o Presidente, en su ausencia, la
Vicepresidenta o Vicepresidente y, ocasionalmente, la consejera o
consejero que se designe, cuando falten tales autoridades.

A las sesiones asistirán obligatoriamente los funcionarios que
el Pleno disponga.

En ausencia del consejero o consejera principal, intervendrá el
consejero o consejera suplente, previa convocatoria del Secretario del
Consejo Nacional Electoral.

Art. 27.- Las sesiones ordinarias se realizarán de conformidad
al horario que acuerde el Pleno y podrán suspenderse por resolución
del Pleno o del Presidente.

Las sesiones ordinarias serán convocadas por quien esté
ejerciendo la presidencia con al menos doce horas de antelación.

Toda convocatoria será pública y se hará conocer a través de
correo electrónico, por medio del portal oficial institucional en
internet y a través de otros medios por los que se pueda dar fe de la
recepción de la convocatoria por parte de las consejeras y consejeros.

Art. 28.- Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando sean
convocadas por quien esté ejerciendo la presidencia, con anticipación
de doce horas por lo menos, por propia iniciativa o a solicitud de
tres consejeras o consejeros principales; si su petición no fuese
acogida por la presidencia, los peticionarios podrán insistir en su
requerimiento y el presidente estará en la obligación de convocarla.

La totalidad de las consejeras y consejeros principales podrán
también, resolver sesionar de manera extraordinaria en el lugar y a la
hora por ellos establecidos.

En las sesiones extraordinarias se tratará única y
exclusivamente los asuntos determinados en el orden del día.

Si la sesión tiene el quórum mínimo de tres, será necesario el
voto de todas las consejeras o consejeros presentes, para adoptar una
resolución.

Art. 29.- Tanto para instalar las sesiones como para adoptar
resoluciones será necesaria la presencia de un mínimo de tres
consejeras o consejeros.

Las y los concurrentes votarán por las resoluciones; éstas se
adoptarán con el voto conforme de la mayoría. La votación será
nominal. En caso de empate se repetirá por una sola vez la votación y
de persistir la igualdad, decidirá el voto de quien presida la sesión.

Art. 30.- Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral se
ejecutarán una vez aprobadas y constarán en el acta respectiva, salvo
el caso de que hayan sido impugnadas.

Las reconsideraciones necesitan del voto favorable de tres
consejeras y consejeros y se las puede proponer en la misma sesión o
en la siguiente.

Se prohíbe la reconsideración de lo reconsiderado, salvo que sea
por unanimidad, con la presencia de los cinco consejeros.

Art. 31.- El Pleno del Consejo Nacional Electoral se constituirá
en comisión general para recibir a personas naturales o jurídicas que
lo soliciten o que sean citadas por el órgano.

Las intervenciones en comisión general durarán el tiempo que
determine el Pleno del Consejo.

Art. 32.- La Presidenta o Presidente tiene las siguientes
atribuciones:

1. Ser la máxima autoridad administrativa y nominadora del
Consejo Nacional electoral y representarlo legal, judicial y
extrajudicialmente de acuerdo con las disposiciones constitucionales y
legales;
2. Convocar y presidir el Pleno del Consejo Nacional Electoral,
formular el orden del día, dirigir el debate, precisar el orden de
discusión de los asuntos, ordenar la votación, disponer la
proclamación del resultados y su rectificación, clausurar la sesión
del Pleno y disponer a la Secretaría General lo pertinente;
3. Dirigir y supervisar la ejecución de planes, y programas del
Consejo;
4. Dirigir, supervisar y controlar las actividades del Consejo e
implantar las medidas correctivas que estime necesarias;
5. Proponer resoluciones y acuerdos relacionados con la
actividad electoral;
6. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia
electoral;
7. Celebrar contratos, acuerdos y convenios, de acuerdo con la
Ley;
8. Recibir y dar trámite a las objeciones e impugnaciones que se
presenten para conocimiento del Consejo;
9. Imponer las sanciones administrativas que sean de su
competencia, de acuerdo con lo previsto en la ley;
10. Presentar el informe anual de labores ante el Pleno del
Consejo y suscribir el informe que será remitido a la Asamblea
Nacional;
11. Coordinar las acciones del órgano electoral con las demás
entidades públicas y privadas;
12. Presentar al Pleno del Consejo Nacional Electoral la terna
para Secretario o Secretaria General;
13. Las demás establecidas en leyes y la normativa vigente, y
las que le asigne el Consejo en Pleno.

Art. 33.- Las consejeras o consejeros principales ejercen sus
funciones por seis años y les corresponde:

1. Cumplir y vigilar que se cumpla la Constitución y las leyes
en materia electoral;
2. Asistir a las sesiones del Consejo Nacional Electoral;
3. Cumplir las delegaciones que reciban por parte del Pleno del
Consejo;
4. Solicitar, con el apoyo de al menos dos consejeros o
consejeras, que se incluya en el orden del día, los temas que
consideren pertinentes;
5. Presentar mociones y proyectos de resoluciones para
conocimiento del Consejo;
6. Comunicar anticipadamente a la Presidencia sobre su
inasistencia a las sesiones del Pleno; y,
7. Las demás que determinen esta Ley, las normas internas y las
resoluciones del Consejo en Pleno.

Art. 34.- Las y los consejeros suplentes debidamente convocados,
reemplazarán a las y los principales, en caso de ausencia temporal o
definitiva.

Las y los consejeros suplentes, sustituirán a los principales
con estricto apego al orden de su calificación y designación.

Para el caso de las sesiones del Pleno, las o los consejeros
suplentes serán posesionados al inicio de la primera sesión en la que
se integren, ante el Presidente del Consejo Nacional Electoral.

En caso de ausencia temporal del consejero o consejera suplente,
el o la consejera principal comunicará a la presidencia, que a su vez,
dispondrá que por medio de Secretaría se convoque al respectivo
suplente, en orden de prelación, con la indicación de las sesiones en
que deberá actuar. En el caso de que un consejero suplente, siguiendo
el orden de prelación, no pueda principalizarse, la Secretaría General
convocará al siguiente para que asuma su condición.

El o la consejera suplente que reemplace al principal, cuando
este último ocupe un cargo directivo, no tendrá la misma condición del
reemplazado. Las consejeras y los consejeros suplentes, cuando actúen
como principales, estarán sujetos a los mismos derechos y obligaciones
de los consejeros principales.

SECCIÓN SEGUNDA
Juntas Regionales, Distritales, Provinciales Electorales
y Especiales del Exterior

Art. 35.- Los Organismos Electorales Desconcentrados, tienen
jurisdicción regional, distrital, provincial y especial en el
exterior; son de carácter temporal. Funcionan mientras se realizan los
procesos electorales.

Art. 36.- Las Juntas Regionales, Distritales y Provinciales
Electorales son organismos integrados por cinco vocales principales
con voz y voto; un secretario general y el director de la unidad
técnico administrativa provincial que tendrán voz. Existirán también
el mismo número de suplentes para los y las vocales principales, que
actuarán en caso de ausencia temporal o definitiva. Todos los
funcionarios mencionados serán designados por el Consejo Nacional
Electoral.

Las Juntas Electorales, en el momento de la convocatoria a
elecciones, deberán estar constituidas y actuarán hasta ciento veinte
días posteriores a la fecha de proclamación de los resultados hecha
por el Consejo Nacional Electoral, período en el que deberán ejecutar
la liquidación del gasto electoral efectuado por los sujetos
políticos.

Art. 37.- A las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales
Electorales les corresponde:

1. Designar Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o
Vicepresidente de entre los vocales principales;
2. Designar al Secretario General de la Junta Regional,
Distrital o Provincial respectivamente;
3. Calificar las candidaturas de su jurisdicción;
4. Realizar los escrutinios de los procesos electorales en su
jurisdicción, así como los atinentes a comicios de carácter nacional;
5. Designar a los vocales de las juntas intermedias de
escrutinio y de las juntas receptoras del voto;
6. Vigilar la gestión de la respectiva delegación en la
organización del proceso electoral y mantener informado al Consejo
Nacional Electoral;
7. Conocer y resolver en sede administrativa las objeciones y
correr traslado de las impugnaciones presentadas a su conocimiento
sobre la calificación de candidaturas, los resultados numéricos y la
adjudicación de escaños;
8. En el caso de los recursos electorales, organizar el
expediente y remitirlo debidamente foliado al Tribunal Contencioso

Electoral dentro del plazo de dos días contados a partir de la
presentación;
9. Disponer el conteo manual de votos, en caso de ser necesario,
de conformidad con la normativa que para el efecto dicte el Consejo
Nacional Electoral; y,
10. Cumplir los encargos y delegaciones dispuestas por el

Art. 38.- Las y los vocales de las juntas regionales y
distritales tendrán fuero de Corte Nacional de Justicia; las y los
vocales de las juntas provinciales, fuero de Corte Provincial de
Justicia. Sin embargo no se reconocerá este fuero en el caso de
violencia intrafamiliar.

Mientras ejercen sus funciones no podrán ser privados de su
libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito
flagrante, delitos sexuales, y de violencia de género sin autorización
del pleno del Consejo Nacional Electoral y por requerimiento de la
autoridad judicial competente.

Art. 39.- Las juntas regionales, distritales y provinciales
electorales sesionarán previa convocatoria de la Presidenta o
Presidente. Las sesiones serán públicas.

SECCIÓN TERCERA
Juntas Intermedias de Escrutinio

Art. 40.- Las Juntas Intermedias de Escrutinio son organismos
temporales designados por la Junta Provincial Electoral. Están
constituidas por tres vocales principales, tres suplentes y una
Secretaria o Secretario; el Vocal designado en primer lugar cumplirá
las funciones de Presidente, en su falta, asumirá cualquiera de los
otros vocales en el orden de sus designaciones. De concurrir solo los
vocales suplentes, se seguirá el mismo procedimiento.

Su jurisdicción será determinada por el Consejo Nacional
Electoral.

Los vocales principales serán reemplazados indistintamente, por
cualquiera de los suplentes.

Si el Secretario designado no concurriere a la instalación, la
Junta procederá a elegir su reemplazo de entre los vocales presentes.

Art. 41.- Las Juntas Intermedias se instalarán a las diecisiete
(17:00) horas del día de las elecciones y actuarán hasta la
terminación del escrutinio de las actas remitidas por las juntas
receptoras del voto de su jurisdicción.

Las Juntas Intermedias de Escrutinio no constituyen instancia
administrativa de decisión ni de consultas; de producirse éstas o
presentarse objeciones o impugnaciones, serán resueltas por la Junta
Provincial Electoral respectiva, pero se dejará constancia en el acta
de escrutinio de la Junta Intermedia.

Art. 42.- Las Juntas Intermedias, una vez concluido el
escrutinio de actas enviarán a la Junta Provincial Electoral el acta
de escrutinio en la que constarán los resultados obtenidos y toda la
documentación entregada por las Juntas Receptoras.

SECCIÓN CUARTA

Juntas Receptoras del Voto Nacionales y del Exterior

Art. 43.- Las juntas receptoras del voto son organismos de
gestión electoral con carácter temporal que se encargarán de recibir
los sufragios y efectuar los escrutinios, de conformidad con esta ley.

Las juntas receptoras del voto tendrán carácter temporal y se
integrarán con un mínimo de tres vocales y un máximo de cinco, según
lo determine el Consejo Nacional Electoral, dependiendo del grado de
complejidad de cada proceso electoral. De requerirse una segunda
vuelta electoral intervendrán las y los mismos vocales que actuaron en
la primera votación.

Cada junta estará compuesta por igual número de vocales
principales y suplentes designados por las juntas provinciales
electorales aleatoriamente, de entre los ciudadanos y ciudadanas que
tengan su domicilio en la zona electoral a la pertenece a la Junta
Receptora del Voto; el desempeño de este cargo es obligatorio, salvo
los casos previstos por el reglamento que para el efecto dicte el

Art. 44.- Las juntas provinciales electorales integrarán las
juntas receptoras del voto, con las ciudadanas y ciudadanos que
consten en el registro electoral y que sepan leer y escribir.

La notificación de la designación a los vocales de las juntas
receptoras del voto se realizará hasta quince días antes de las
elecciones y a partir de esta fecha se iniciará la capacitación
electoral.

Art. 45.- Para la instalación de la Junta la o el vocal
principal designado en primer lugar, cumplirá las funciones de
Presidente o Presidenta. A falta del designado, asumirá la Presidencia
cualquiera de los otros vocales, según el orden de sus nombramientos.
De concurrir sólo suplentes, se seguirá el mismo procedimiento.

Si una vez instalada la Junta se ausenta el presidente o
presidenta de la Junta, el secretario o secretaria asumirá las
funciones de presidencia y designará a un vocal principal o suplente
para la secretaría, mientras dure la ausencia del titular. Si el
alejamiento fuere del Secretario, quien ocupe la presidencia de la
Junta, designará uno. Si se ausentan los dos, el tercer vocal de la
junta asumirá la presidencia y designará un vocal y un secretario.

De estos hechos se dejará constancia en las actas respectivas.

Art. 46.- Las y los vocales principales serán reemplazados,
indistintamente, por cualquiera de las o los suplentes. La Junta
Provincial Electoral designará también un Secretario o Secretaria para
cada Junta. En caso de que la o el designado no concurriera a la
instalación, la Junta procederá a elegir su Secretario, que podrá ser
uno de los vocales, si se dificultare la selección, lo hará de entre
los ciudadanos presentes en el recinto electoral.

Art. 47.- Cuando una Junta Receptora del Voto no pudiere
instalarse a la hora fijada en la ley, por ausencia de cualquiera de
los vocales, las autoridades o funcionarios electorales podrán
integrarla nombrando otro u otros vocales.

Si pasados treinta (30) minutos desde la hora fijada para la
instalación, estuvieren presentes únicamente dos vocales y no

concurriere autoridad electoral alguna, aquellos podrán designar el
tercer vocal de entre los electores.

Si transcurrido el mismo lapso, la Junta Receptora del Voto no
pudiere instalarse por ausencia de la mayoría de sus vocales, el que
hubiere concurrido, sea principal o suplente, podrá constituirla con
otras ciudadanas y ciudadanos, sin perjuicio de que pueda también
hacerlo una autoridad o funcionario electoral, si estuviere presente,
y se dejará constancia en el acta de instalación.

Art. 48.- Cada Junta Receptora del Voto se instalará a la hora
señalada, en el recinto fijado de manera previa por la Junta
Provincial Electoral. El lugar que se escoja será considerado público.
Ninguna persona podrá oponerse a que el lugar fijado por el Consejo
Nacional Electoral sea recinto electoral. Una vez instalada, comenzará
a recibir los sufragios en la forma prevista por la ley y su
reglamento.

Art. 49.- Son deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras
del Voto, las siguientes:

1. Levantar las actas de instalación y de escrutinios;
2. Entregar al elector las papeletas y el certificado de
votación;
3. Efectuar los escrutinios, una vez concluido el sufragio;
4. Remitir a la Junta Provincial Electoral las urnas, paquetes y
sobres que contenga el acta de instalación y la primera de
escrutinios, con la protección de la Fuerza Pública;
5. Entregar al Coordinador Electoral el segundo ejemplar del
acta de escrutinio de cada dignidad, en sobres debidamente sellados y
firmados por el Presidente y Secretario;
6. Fijar el tercer ejemplar del acta de escrutinios en un lugar
visible donde funcionó la Junta Receptora del Voto;
7. Cuidar que las actas de instalación y de escrutinios lleven
las firmas del Presidente y del Secretario; así como los sobres que
contengan dichas actas y los paquetes de los votos válidos, blancos y
nulos;
8. Entregar copia del acta certificada o los resúmenes de
resultados a las organizaciones políticas y a las candidatas y
candidatos que lo solicitaren o a sus delegados debidamente
acreditados;
9. Impedir que el día de las elecciones se haga propaganda
electoral o proselitismo político en el recinto del sufragio;
10. Vigilar que el acto electoral se realice con normalidad y
orden; y,
11. Facilitar la tarea de los observadores acreditados
oficialmente.

Art. 50.- Está prohibido a las Juntas Receptoras del Voto:

1. Rechazar el voto de las personas que porten su pasaporte,
cédula de identidad o ciudadanía y que consten en el registro
electoral;
2. Recibir el voto de personas que no consten en el registro
electoral;
3. Permitir que los delegados de los sujetos políticos u otras
personas realicen proselitismo dentro del recinto electoral y en un
perímetro de cien metros;
4. Recibir el voto de los electores antes o después del horario
señalado para la correspondiente elección, con las excepciones que
establezca el Consejo Nacional Electoral;

5. Influir de manera alguna en la voluntad del elector;
6. Realizar el escrutinio fuera del recinto electoral;
7. Impedir u obstaculizar la labor de los observadores
electorales nacionales o internacionales debidamente acreditados; y,
8. Permitir la manipulación del material electoral a personas
ajenas a la Junta.

Art. 51.- Las juntas receptoras del voto en el exterior tendrán
carácter temporal, funcionarán en el horario establecido por el
Consejo Nacional Electoral y por el mismo tiempo establecido para las
Juntas Receptoras del Voto en territorio nacional; tendrán las mismas
funciones que las juntas receptoras del voto en territorio nacional,
salvo las relativas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará los procesos
necesarios para hacer efectivo el derecho al sufragio de las y los
ecuatorianos y ecuatorianas domiciliados en el exterior.

Art. 52.- Las representaciones diplomáticas y las oficinas
consulares del Ecuador en país extranjero serán responsables de la
difusión y promoción de los procesos electorales a fin de obtener la
participación activa de los ecuatorianos y ecuatorianas que consten en
el registro electoral. Asimismo, serán responsables de la legalidad y
legitimidad de los procesos eleccionarios regulados por esta Ley, y
tendrán la obligación de denunciar a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, las violaciones constitucionales y legales que
en los procesos electorales pudieren ocurrir.

Art. 53.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicará
oportunamente a las autoridades del Estado extranjero, la realización
de los procesos electorales ecuatorianos en las Juntas Especiales del
Exterior.

Art. 54.- Las juntas receptoras del voto en el exterior estarán
integradas por ciudadanos ecuatorianos registrados en el Padrón
Electoral del correspondiente Consulado. De requerirse una segunda
vuelta electoral, las juntas receptoras del voto en el exterior se
integrarán, en lo posible, con los mismos vocales que actuaron en la
primera vuelta.

El Presidente de la junta receptora del voto en el exterior,
declarará el término del sufragio, el cierre del mismo y, en la hora
prevista, iniciará el escrutinio de los votos levantando las actas
pertinentes con los requisitos señalados en esta Ley y en las normas
que para el efecto expida el Consejo Nacional Electoral.

Concluido el sufragio, la Junta Receptora del Voto en el
exterior se instalará en audiencia pública de escrutinios en los
recintos electorales y procederá conforme lo determina esta Ley.

Art. 55.- La Oficina Consular remitirá a la Cancillería, en el
plazo máximo de tres días de realizado el proceso electoral, todos los
documentos referentes al mismo, para su entrega inmediata al Consejo
Nacional Electoral, quien realizará el escrutinio y proclamación.

Art. 56.- Las y los miembros activos de Fuerzas Armadas y
Policía Nacional que se encuentren acantonados en sus unidades, serán
distribuidos a efectos de ejercer su opción de voto entre las juntas
receptoras de la circunscripción en la que se encuentren sus unidades,
de acuerdo con lo establecido en esta Ley, los reglamentos y la
cooperación que se establezca entre la Función Electoral, F.F.A.A. y

Policía Nacional. Para ejercer su derecho no podrán ingresar a los
recintos electorales portando armas.

Las y los miembros activos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional
que el día de las votaciones estén asignados a la seguridad y custodia
de las Juntas Receptoras del Voto, cumplirán con su opción de votar en
las mismas juntas que resguardan, conforme las normas de esta Ley y
las respectivas normas reglamentarias.

Los militares y policías en servicio activo que cumplen
funciones fuera del país, ejercerán su opción al voto en las juntas
receptoras especiales de su jurisdicción en el exterior.

Los miembros que se encuentren francos podrán votar en las
juntas receptoras de su lugar de domicilio.

Art. 57.- Para que las personas empadronadas que se encuentren
privadas de la libertad en Centros de Rehabilitación Social sin haber
obtenido sentencia condenatoria ejecutoriada, puedan ejercer su
derecho a voto, se crearán juntas especiales en los mismos Centros,
las mismas que funcionarán de acuerdo a lo establecido en los
reglamentos pertinentes.

CAPÍTULO CUARTO
Delegaciones Provinciales y Distritales del
Consejo Nacional Electoral

Art. 58.- Las Delegaciones Provinciales y Distritales del
Consejo Nacional Electoral son unidades de gestión técnica y
administrativa de carácter permanente.

Art. 59.- Las delegaciones del Consejo Nacional Electoral
funcionarán bajo la responsabilidad de una directora o director
provincial o distrital, funcionario de libre nombramiento y remoción,
designado por el pleno del Consejo Nacional Electoral, quien lo
representará legalmente en la provincia.

Art. 60.- Son funciones de la Directora o Director Provincial o
Distrital del Consejo Nacional Electoral:

1. Organizar la gestión del Consejo Nacional Electoral en su
provincia o distrito;
2. Administrar los bienes, el presupuesto asignado para su
funcionamiento y los recursos humanos;
3. Prestar todas las facilidades para el funcionamiento de la
Junta Provincial o Distrital Electoral; y,
4. Las demás que se establezcan en los Reglamentos, Instructivos
y Resoluciones expedidos por el Consejo Nacional Electoral.

CAPÍTULO QUINTO
Justicia Electoral

SECCIÓN PRIMERA
Tribunal Contencioso Electoral

Art. 61.- El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la
Función Electoral encargado de administrar justicia en materia
electoral y dirimir conflictos internos de las organizaciones
políticas.

Art. 62.- El Pleno, es un órgano colegiado compuesto por juezas
y jueces electorales, designados conforme a las disposiciones
constitucionales y es la máxima autoridad jurisdiccional del Tribunal
Contencioso Electoral.

Art. 63.- El Tribunal Contencioso Electoral se conformará con
cinco miembros principales, que ejercerán sus funciones por un período
de seis años. Se renovará parcialmente cada tres años, dos jueces o
juezas en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente.
Existirán cinco suplentes que se renovarán de igual forma que las o
los jueces principales.

Art. 64.- El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, durante
el período electoral podrá designar conjuezas y conjueces ocasionales
cuando hubiere congestión de causas.

Los conjueces ocasionales no podrán conocer las causas que estén
siendo tramitadas por las juezas o jueces del Tribunal Contencioso
Electoral.

Las conjuezas y conjueces ocasionales deberán reunir los mismos
requisitos exigidos para los miembros del Tribunal Contencioso
Electoral y serán designados por el Pleno.

Art. 65.- La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o
Vicepresidente se elegirán de entre sus miembros principales,
ejercerán sus cargos por tres años y podrán ser reelectos.

Art. 66.- El quórum necesario para las sesiones del Pleno es de
tres jueces o juezas. Para la adopción de decisiones o resoluciones de
gestión, se requiere al menos el voto positivo de tres de sus
miembros. En caso de empate se repetirá la votación y de persistir la
igualdad, decide el voto de quien preside.

El quórum necesario para adoptar decisiones jurisdiccionales,
cuando sea el caso, será siempre de cinco juezas o jueces, lo que
implica la obligación del voto a favor o en contra del proyecto de
sentencia por todos y cada uno de las cinco juezas o jueces, que en
caso de excusarse serán reemplazados por los suplentes. Las decisiones
jurisdiccionales se adoptarán con el voto positivo de al menos tres de
las cinco juezas o jueces que conforman el pleno.

Art. 67.- Para ser jueza o juez del Tribunal Contencioso
Electoral se requerirán los mismos requisitos exigidos para ser juez o
jueza de la Corte Nacional de Justicia y aquellos establecidos en la
Constitución de la República.

Art. 68.- Se encuentran impedidos de integrar el Tribunal las y
los candidatos a cargos de elección popular; y, el personal en
servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Art. 69.- El ejercicio del cargo de jueza o juez del Tribunal
Contencioso Electoral es a tiempo completo y de dedicación exclusiva,
incompatible con cualquier otra función, excepto con la docencia
universitaria fuera del horario de trabajo del Tribunal.

Art. 70.- El Tribunal Contencioso Electoral tendrá, las
siguientes funciones:

1. Administrar justicia como instancia final en materia
electoral y expedir fallos;

2. Conocer y resolver los recursos contenciosos electorales
contra los actos del Consejo Nacional Electoral y los organismos
desconcentrados;
3. A petición de parte, conocer y resolver las resoluciones
administrativas del Consejo Nacional Electoral relativas a la vida de
las organizaciones políticas;
4. Conocer y resolver los asuntos litigiosos internos de las
organizaciones políticas;
5. Sancionar el incumplimiento de las normas sobre
financiamiento, propaganda, gasto electoral y, en general, las
vulneraciones de normas electorales;
6. Resolver en instancia definitiva, sobre la calificación de
las candidatas y candidatos en los procesos electorales;
7. Conocer y resolver las quejas que se presentaren contra las
consejeras y consejeros, y demás funcionarios y miembros del Consejo
Nacional Electoral y de las juntas provinciales electorales;
8. Dictar en los casos de fallos contradictorios, por mayoría de
votos de sus miembros, la disposición que debe regir para el futuro,
con carácter obligatorio, mientras no se disponga lo contrario;
9. Declarar la nulidad total o parcial de un proceso electoral,
en los casos establecidos en la presente Ley;
10. Expedir las normas sobre ordenación y trámite de los
procesos, así como las resoluciones y la reglamentación necesaria para
su funcionamiento;
11. Determinar su organización, formular y ejecutar su
presupuesto ordinario y el extraordinario para procesos electorales;
12. Designar al Secretario o Secretaria General del Tribunal, de
una terna presentada por el presidente o presidenta;
13. Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o
servidores públicos que cometan infracciones previstas en esta ley; y,
14. Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley
relacionadas con su competencia.

Sus fallos y resoluciones constituyen jurisprudencia electoral,
son de última instancia e inmediato cumplimiento y no serán
susceptibles de revisión.

Art. 71.- La Presidenta o Presidente tiene las siguientes
atribuciones:

1. Ser la máxima autoridad administrativa y nominadora; y
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Tribunal
Contencioso Electoral;
2. Convocar y presidir el Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral, formular el orden del día, dirigir el debate, precisar el
orden de discusión de los asuntos, ordenar la votación, disponer la
proclamación de resultados y su rectificación, clausurar la sesión del
Pleno y disponer a la Secretaría General lo pertinente;
3. Dirigir y supervisar la ejecución de planes y programas del
Tribunal;
4. Dirigir, supervisar y controlar las actividades
administrativas e implantar las medidas correctivas que estime
necesarias;
5. Proponer resoluciones y acuerdos relacionados;
6. Imponer las sanciones administrativas que sean de su
competencia de acuerdo con lo previsto en la ley;
7. Coordinar las acciones del Tribunal con las demás entidades
públicas y privadas;
8. Proponer al Tribunal Contencioso Electoral la terna para
Secretario o Secretaria General;

9. Elaborar el informe anual de labores y presentarlo al Consejo
Nacional Electoral para remitirlo a la Asamblea Nacional;
10. Celebrar todo acto jurídico o administrativo que se requiera
para el buen funcionamiento del Tribunal Contencioso Electoral; y,
11. Las demás establecidas en las leyes y normativa vigente, y
las que le asigne el Pleno del Consejo.

Art. 72.- Las causas contencioso electorales sometidas al
juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia,
publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad,
eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las
garantías del debido proceso.

Los procedimientos contencioso electorales en que se recurra de
una resolución expedida por el Consejo Nacional Electoral, tendrán una
sola instancia ante el pleno del Tribunal.

Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y
sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los
temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su
competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso
Electoral.

En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una
jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva
que corresponde al Pleno del Tribunal.

Art. 73.- Son deberes y atribuciones de las juezas y jueces del
Tribunal Contencioso Electoral:

1. Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los
plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que
por sorteo le corresponda resolver;
2. Solicitar, para el adecuado desempeño de sus funciones, la
cooperación de todas las instancias;
3. Concurrir puntualmente y participar, cuando corresponda, en
las sesiones públicas y reuniones internas a las que sean convocados;
4. Cumplir oportunamente las comisiones que recibieren del Pleno
del Tribunal;
5. Integrar el Pleno del Tribunal;
6. Consignar su voto en todos los actos y resoluciones, en
especial los de carácter jurisdiccional;
7. Cumplir con las demás obligaciones y deberes que les imponen
la Constitución, la ley y los reglamentos.

SECCIÓN SEGUNDA
Juezas y Jueces Suplentes

Art. 74.- En el Tribunal Contencioso Electoral existirán cinco
juezas o jueces Suplentes, designados en el mismo proceso que los
principales.

Serán funciones de las y los jueces Suplentes remplazar a los
principales en su ausencia y cumplir las obligaciones designadas por
el Pleno del Tribunal y las normas reglamentarias.

SECCIÓN TERCERA
Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral

Art. 75.- El Secretario o la Secretaria General será, a la vez,
Secretario o Secretaria del Tribunal y de la Presidencia.

Para ser Secretario General se requiere ser ecuatoriana o
ecuatoriano; estar en goce de los derechos políticos; tener título de
tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país; y haber
ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la
judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un
lapso mínimo de cinco años.

Cuando faltare el Secretario General, será reemplazado por una o
un prosecretario designado por la presidencia del Tribunal.

Art. 76.- Corresponde a la Secretaría General:

1. Llevar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Tribunal;
2. Preparar el orden del día de las sesiones del Pleno, declarar
la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones,
levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de los
jueces y juezas asistentes;
3. Dar cuenta a la Presidencia del despacho diario;
4. Mantener al día la correspondencia oficial;
5. Cumplir con las leyes, reglamentos, resoluciones,
instructivos, procedimientos y demás disposiciones normativas vigentes
para la Función Electoral;
6. Dar fe de los actos que realice el organismo, asegurando
oportunidad y reserva en el manejo de la documentación oficial;
además, certificará la autenticidad de copias, compulsas o
reproducciones de documentos oficiales;
7. Preparar y redactar las actas de las sesiones del organismo y
suscribirlas con la Presidencia, una vez aprobadas. Además, preparar y
redactar las resoluciones y suscribirlas;
8. Custodiar, supervisar y responder por las comunicaciones,
documentos y archivo del Tribunal Contencioso Electoral; y,
9. Suscribir la correspondencia de trámite y/o la que disponga
la Presidencia o el Pleno del Tribunal.

CAPÍTULO SEXTO
Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral

SECCIÓN ÚNICA

Art. 77.- Bajo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral
funcionará el Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral
para la promoción de la cultura democrática del pueblo, para la
investigación y el análisis político electoral.

El Instituto tendrá finalidades académicas y será pluralista.

Tendrá asignación presupuestaria propia que estará comprendida
en la asignación global que deberá constar en el Presupuesto General
del Estado para el Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral expedirá el Estatuto para el
funcionamiento del Instituto.

CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Sufragio

SECCIÓN PRIMERA
Registro y padrones electorales

Art. 78.- El registro electoral es el listado de personas
mayores de dieciséis años, habilitadas para votar en cada elección, es
elaborado por el Consejo Nacional Electoral con base en la información
que obligatoriamente remitirá el Registro Civil o la entidad encargada
de la administración del registro de las personas; se complementará
con la inscripción que voluntariamente realicen las y los extranjeros
residentes en el país, mayores de dieciséis años para poder ejercer su
derecho al sufragio. El Consejo Nacional Electoral será el responsable
de organizar y elaborar el registro electoral de los ecuatorianos
domiciliados en el exterior, en coordinación con los organismos
pertinentes.

Los padrones electorales constituyen el segmento del registro
nacional electoral utilizado para cada junta receptora del voto; el
Consejo Nacional determinará el número de electores que constará en
cada padrón electoral. Los padrones se ordenarán alfabéticamente de
acuerdo a los apellidos y nombres.

El estado civil de las personas no afectará ni modificará su
identidad.

En caso de que deba realizarse una segunda vuelta electoral para
elegir Presidente y Vicepresidente de la República, no podrán
alterarse por ningún concepto los padrones electorales de la primera
vuelta, ni el número de electores por cada Junta Receptora del Voto,
ni podrán incluirse en el registro nuevos electores.

Art. 79.- En cada Junta Receptora del Voto existirá el número de
urnas que el Consejo Nacional Electoral determine conveniente.

Art. 80.- Constarán en los padrones electorales las personas que
hayan obtenido su cédula de identidad o ciudadanía hasta el día que el
Consejo Nacional Electoral determine el cierre del registro. Quienes
se hubieren cedulado con posterioridad a dicha convocatoria, constarán
en el registro que se elabore para el siguiente proceso electoral.

Art. 81.- Las juezas o jueces que dictaren sentencia
suspendiendo los derechos políticos, cuando ésta estuviere
ejecutoriada, comunicarán al Consejo Nacional Electoral.

Art. 82.- Las personas que consten en el registro electoral y
que cambien de domicilio electoral deberán registrar dicho cambio, en
las formas que dispongan las normas pertinentes.

El Registro Civil o la entidad encargada de administrar el
registro de las personas, eliminará diariamente de las listas de
cedulados los nombres de las personas fallecidas, mantendrá
actualizados los archivos de las y los cedulados e informará al
Consejo Nacional Electoral cuando este lo requiera.

Art. 83.- El Consejo Nacional Electoral expedirá las normas para
la organización y elaboración del registro electoral, actualización de
domicilio y emisión de certificados de votación. Estas se publicarán
en el Registro Oficial y en el portal oficial de Internet del Consejo
Nacional Electoral, sin perjuicio del uso de otros medios de
información pública.

SECCIÓN SEGUNDA
Convocatoria a Elecciones y calendario electoral

Art. 84.- A todo acto electoral, precederá la correspondiente
convocatoria que será publicada en el Registro Oficial. Dicha
convocatoria se difundirá en los diarios de mayor circulación del
país, por medios electrónicos y mediante cadena nacional de radio y
televisión, utilizando los espacios de que dispone el Gobierno
Nacional.

Art. 85.- El Consejo Nacional Electoral hará la convocatoria
para las elecciones, con al menos ciento veinte días de anticipación
al de las votaciones, excepto en los casos que la Constitución y la
ley prevean plazos distintos. En la Convocatoria se determinará:

1. El calendario electoral;
2. Los cargos que deban elegirse, las preguntas y materias de la
consulta, referéndum o revocatoria, según sea el caso; y,
3. El período legal de las funciones que corresponderá a quienes
fueren electos.

Art. 86.- El Consejo Nacional Electoral reiterará en la
convocatoria, la obligatoriedad de cumplir con los principios de
equidad, paridad, alternabilidad, secuencialidad entre mujeres y
hombres, tanto de principales como de suplentes.

Art. 87.- En el caso de haberse producido la destitución del
Presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional o
decretado, por parte del Presidente de la República, la disolución de
la Asamblea Nacional, en un término de siete días después de la
publicación de la resolución de destitución o del respectivo decreto
ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma
fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los
respectivos periodos. El Consejo Nacional Electoral podrá disponer que
las elecciones se realicen en un plazo menor a noventa días, contados
a partir de la convocatoria.

Art. 88.- Si el Consejo Nacional Electoral no cumpliere con la
convocatoria a elecciones en el tiempo previsto, la Corte
Constitucional le requerirá para que lo observe. Si no se realizare la
convocatoria dentro del término de cuarenta y ocho horas después del
requerimiento, la Corte Constitucional hará la convocatoria,
destituirá a los consejeros o consejeras del Consejo Nacional
Electoral responsables del no cumplimiento y llamará a los suplentes
que completarán el período para el cual fueron designados los
principales.

Si los suplentes no concurrieren a pesar del llamamiento de la
Corte Constitucional, ésta designará vocales Interinos y notificará al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que proceda
al concurso de oposición y méritos para nombrar los nuevos
integrantes, dentro del plazo de treinta días. Los vocales así
nombrados durarán el tiempo que la Constitución establece.

Art. 89.- Las elecciones se realizarán cada cuatro años para
elegir Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la
República, representantes ante los Parlamentos Andino y
Latinoamericano, Asambleístas para la Asamblea Nacional, consejeros y
consejeras regionales; y, gobernadores o gobernadoras regionales.

Con excepción de las elecciones de Presidente o Presidenta de la
República y Asambleístas para la Asamblea Nacional, el resto de
dignidades serán electas en la primera vuelta. En el caso de que no se
verificara segunda vuelta electoral por el caso de no ser necesaria de

conformidad con el artículo 143 de la Constitución de la República, la
elección de Asambleístas para la Asamblea Nacional se llevará a cabo
dentro de los siguientes cuarenta y cinco días de efectuada la primera
vuelta electoral.

Art. 90.- Las elecciones para prefectas o prefectos y
viceprefectas o viceprefectos provinciales, alcaldesas o alcaldes
distritales y municipales, concejales o concejalas distritales y
municipales, y vocales de las juntas parroquiales rurales se
realizarán cada cuatro años y no serán concurrentes con las elecciones
nacionales.

Art. 91.- La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República se posesionarán ante la Asamblea
Nacional el veinte y cuatro de mayo del año de su elección.

Las y los Asambleístas se instalarán sin convocatoria previa
diez días antes que lo haga la Presidenta o Presidente de la
República. Las y los representantes ante los Parlamentos Andino y
Latinoamericano se posesionarán ante la Asamblea Nacional cinco días
antes que lo haga la Presidenta o Presidente de la República.

Las gobernadoras o gobernadores regionales, consejeras y
consejeros regionales electos se posesionarán sin convocatoria previa
diez días antes que lo haga el Presidente o Presidenta de la
República. Los prefectos o las prefectas, los viceprefectos o
viceprefectas provinciales, las alcaldesas y los alcaldes distritales
y municipales, las concejalas y los concejales distritales y
municipales y las y los vocales de las Juntas Parroquiales Rurales se
posesionarán y entrarán en funciones el catorce de mayo del año de su
elección.

En caso de elecciones anticipadas previstas en la Constitución o
revocatoria del mandato, la posesión de los respectivos cargos, no
podrá ser posterior a quince días contados desde la fecha de la
proclamación de resultados.

En el caso de creación de nuevas circunscripciones
territoriales, el Consejo Nacional Electoral, procederá a convocar a
las elecciones para los cargos que correspondan en un plazo máximo de
45 días posteriores a la promulgación de su creación en el Registro
Oficial. Las autoridades electas se posesionarán quince días después
de proclamados los resultados y su período durará hasta el 14 de mayo
del año en que se realice las elecciones para los gobiernos locales.

Las fechas determinadas en este artículo servirán de base para
la aprobación del calendario electoral por parte del Consejo Nacional
Electoral.

Art. 92.- La primera reunión de los Consejos Provinciales se
realizará, previa convocatoria realizada por la Prefecta o Prefecto,
en el décimo quinto día posterior a la posesión de las alcaldesas y
los alcaldes, concejalas y concejales municipales y de las y los
vocales de las juntas parroquiales rurales. En el plazo señalado, los
concejos municipales y las juntas parroquiales designarán sus
representantes al Consejo Provincial.

SECCIÓN TERCERA
Presentación de candidaturas por parte de
las organizaciones políticas

Art. 93.- A toda elección precederá la proclamación y solicitud
de inscripción de candidaturas por las organizaciones políticas y su
calificación a cargo de la autoridad electoral competente, las
candidatas y candidatos deberán reunir los requisitos y no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones determinadas en la Constitución de
la República y en la ley. Las candidaturas se considerarán inscritas
de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme que las
califique, que constituye el acto por el cual el organismo electoral
competente acepta su inscripción.

Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una
sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de
elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán
renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de
inscripción de su candidatura. Los dignatarios que opten por la
reelección inmediata harán uso de licencia sin remuneración desde la
inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las
elecciones.

Esta disposición no rige para las autoridades de elección
popular que ostenten la calidad de alternos que al momento de la
inscripción de su candidatura no estén en el ejercicio de las
funciones de principales; sin embargo, si participan para una dignidad
diferente de la de su alternabilidad no podrán principalizarse durante
el proceso electoral y automáticamente perderán su condición de
alternos en el caso de ser electos.

Se entenderá por reelección, igualmente, la de las autoridades
que habiendo sido elegidos para un cargo han pasado a desempeñar por
subrogación definitiva otro cargo de elección popular, siempre que tal
subrogación se haya producido con dos años de anticipación por lo
menos, a la fecha de presentación de sus candidaturas para su
inscripción.

Art. 94.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas
podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas
como candidatas de elección popular.

Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante
elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos, que
garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres
aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad
entre los afiliados o simpatizantes de las organizaciones políticas;
así como la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y
candidatas.

El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y
legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la ley, los
reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas.

Las y los afiliados y precandidatos podrán impugnar los actos y
resultados de dichos procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Art. 95.- Los requisitos para inscribir candidaturas para cargos
de elección popular son:

1. Para Presidenta o Presidente y vicepresidenta o
vicepresidente de la República, se requiere ser ecuatorianos por
nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de
inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos

y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o
prohibiciones establecidas en la Constitución; y,
2. Para ser asambleísta, representante ante los Parlamentos
Andino y Latinoamericano, gobernadora o gobernador regional, consejera
o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecta o
viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales,
concejalas o concejales distritales y municipales o vocales de las
juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de
edad, al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de los
derechos políticos; haber nacido o vivido en la respectiva
jurisdicción por lo menos durante dos años de forma ininterrumpida; y,
no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones
establecidas en la Constitución. Las y los representantes ante los
Parlamentos Andino y Latinoamericano además deben cumplir los
requisitos las leyes o convenios internacionales que rijan la materia.

Art. 96.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección
popular:

1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el
Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de
personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la
ejecución de obra pública, prestación de servicio público o
explotación de recursos naturales;
2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada
por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento
ilícito o peculado;
3. Quienes adeuden pensiones alimenticias;
4. Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal
Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del
Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones
seis meses antes de la fecha señalada para la elección;
5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones
fuera del país no podrán ser candidatas ni candidatos en
representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior,
salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la
fecha señalada para la elección;
6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y
remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con
anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Las demás
servidoras o servidores públicos y las y los docentes, podrán
candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de
inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las
elecciones; y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones. El
ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas
parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones
como servidoras o servidores públicos, o docentes;
7. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de
facto; y,
8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
en servicio activo.

Art. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o
Presidenta, Gobernador o Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta,
Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el formulario de
inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido:

1. Diagnóstico de la situación actual;
2. Objetivos generales y específicos; y,

3. Propuesta de Plan plurianual que incluya las estrategias
necesarias para el cumplimiento de los objetivos con el respectivo
sustento técnico, financiero; y,
4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de
su gestión.

Los y las candidatas de listas pluripersonales presentarán una
propuesta o plan de trabajo único con el mismo contenido señalado
anteriormente.

En la solicitud de inscripción se hará constar también los datos
personales del responsable del manejo económico de la campaña, junto
con su firma de aceptación.

Art. 98.- Una vez que la organización política realice la
proclamación de las candidaturas, las presentará para su inscripción
cuando menos noventa y un días antes del cierre de la campaña
electoral, fecha a partir de la cual el Consejo Nacional Electoral y
las juntas provinciales electorales se instalarán en sesión permanente
para su calificación.

Art. 99.- Las candidaturas pluripersonales se presentarán en
listas completas con candidatos principales y sus respectivos
suplentes. Las listas se conformarán paritariamente con secuencia de
mujer - hombre u hombre - mujer hasta completar el total de
candidaturas principales y suplentes.

Las candidaturas de Presidenta o Presidente de la República y su
binomio vicepresidencial; Gobernadoras o Gobernadores; Prefectas o
Prefectos y sus respectivos binomios; así como las de Alcaldesas o
Alcaldes Municipales o Distritales, serán consideradas candidaturas
unipersonales.

La solicitud de inscripción de candidatas y candidatos se
receptará hasta las 18H00 del último día del período previsto para la
solicitud de inscripción de candidaturas en la convocatoria a
elecciones. Las candidaturas deberán presentarse en los formularios
proporcionados por el Consejo Nacional Electoral donde se harán
constar los nombres y fotografías de las candidatas y candidatos
principales y los nombres de los suplentes, junto con sus firmas de
aceptación.

Art. 100.- La presentación de candidaturas para Presidenta o
Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República,
Asambleístas Nacionales y Representantes al Parlamento Andino y
Latinoamericano, se realizará ante el Consejo Nacional Electoral por
parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político que
auspicie la candidatura, o quien estatutariamente le subrogue; y en el
caso de movimientos políticos quien tenga la representación legal del
mismo.

Las candidaturas a asambleístas por las circunscripciones
especiales del exterior podrán presentarse ante el Consejo Nacional
Electoral o ante los Consulados del Ecuador, por parte de quien ejerza
la dirección nacional del partido político que auspicie las
candidaturas, o quien estatutariamente le subrogue; y, en el caso de
movimientos políticos, quien tenga la representación legal del mismo.
Podrá también hacerlo un apoderado designado para el efecto.

La presentación de candidaturas para las elecciones de
asambleístas provinciales, alcaldesas o alcaldes, concejalas y

concejales municipales, gobernadoras o gobernadores, prefectas o
prefectos y viceprefectas o viceprefectos; y, vocales de las juntas
parroquiales rurales, se realizará ante la Junta Provincial Electoral
correspondiente, por quien ejerza la dirección provincial del
respectivo partido político o por quien estatutariamente le subrogue;
y, en el caso de candidatos de los movimientos políticos, será el
representante legal del mismo o un apoderado designado para el efecto.

De producirse alianzas entre los sujetos políticos, la
presentación se realizará en documento único que suscribirán los
representantes de todos los aliados.

Si faltare la directiva provincial de una organización política,
el representante legal de la organización política estará facultado
para presentar las candidaturas, cumpliendo todos los requisitos.

SECCIÓN CUARTA
Calificación de candidaturas

Art. 101.- Una vez presentadas las candidaturas, el Consejo
Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales, según el
caso, antes de calificarlas, notificarán con la nómina de las mismas a
los sujetos políticos, dentro del plazo de un día. Las organizaciones
políticas, por intermedio de su representante legal, nacional o
provincial, podrán presentar objeciones en el plazo de cuarenta y ocho
horas. El organismo electoral correspondiente en el plazo de un día
correrá traslado al candidato objetado para que este en el plazo de un
día conteste la objeción. Con la contestación o en rebeldía se
resolverá en el plazo de dos días. Esta resolución será notificada a
las partes en el plazo de un día.

Las objeciones respecto de candidaturas nacionales ante el
Consejo Nacional Electoral, las objeciones a las candidaturas
regionales se presentan ante la Junta Provincial que tenga como sede
la capital de la correspondiente región.

Art. 102.- De la resolución de la Junta Provincial Electoral
sobre la objeción se podrá impugnar en el plazo de un día para ante el
Consejo Nacional Electoral. La Junta Provincial en el plazo de dos
días hará llegar el expediente a la secretaría del Consejo Nacional
Electoral, organismo que tomará su resolución en el plazo de tres
días. Su decisión será comunicada a la Junta Provincial Electoral en
el plazo de un día para que esta a su vez, en el mismo plazo notifique
a las partes.

Art. 103.- De la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre
la impugnación se podrá apelar para ante el Tribunal Contencioso
Electoral en el plazo de dos días de recibida la notificación de dicha
resolución. El Consejo Nacional Electoral organizará el expediente y
en el plazo de dos días lo enviará al Tribunal Contencioso Electoral
el cual tendrá un plazo máximo de siete días para resolver. El
Tribunal Contencioso Electoral notificará su decisión al Consejo
Nacional Electoral.

Art. 104.- Si uno o varios candidatos no reunieren los
requisitos establecidos en la Constitución y la ley, la autoridad
electoral rechazará la candidatura o la lista.

Superadas las causas que motivaron su rechazo podrán ser
presentadas nuevamente la candidatura o la lista. En la nueva lista,
que deberá ser presentada en el plazo de veinte y cuatro horas, sólo

podrán ser cambiados los candidatos que fueron rechazados por la
autoridad electoral. En caso de que los nuevos candidatos tengan
inhabilidad comprobada, se rechazará la lista de forma definitiva.

Estas resoluciones podrán ser objeto de recurso contencioso
electoral de apelación para ante el Tribunal Contencioso Electoral, en
el plazo de dos días desde la notificación de la resolución. El
Tribunal resolverá los recursos en el plazo de siete días desde la
fecha en que avocó conocimiento de la causa.

En los casos en que se recurra para ante el Tribunal Contencioso
Electoral el rechazo de toda una lista, su resolución será final y
aceptará o rechazará de forma definitiva la calificación de dicha
lista.

Las organizaciones políticas afectadas con el rechazo de uno o
varios candidatos, sea porque la resolución administrativa electoral
causó estado, sea porque el Tribunal Contencioso Electoral emitió su
fallo rechazando la candidatura o candidaturas, pueden presentar
nuevamente la lista reemplazando únicamente los candidatos rechazados,
en el plazo de dos días desde que la resolución de rechazo esté firme.
La resolución de la autoridad de administración electoral sobre las
nuevas candidatas o candidatos podrá ser recurrida para ante el
Tribunal Contencioso Electoral, que de rechazar su calificación,
ordenará a la autoridad de administración electoral rechazar de forma
definitiva toda la lista.

Art. 105.- El Consejo Nacional Electoral y las Juntas
Provinciales Electorales no podrán negar la inscripción de
candidaturas, salvo en los siguientes casos:

1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos
internos o elecciones primarias, previstas en esta ley;
2. Que las listas no mantengan de forma estricta la equidad,
paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres; y,
3. En los casos que no se cumplieren los requisitos establecidos
en la Constitución y en la Ley, a menos que se subsanen en las 48
horas siguientes a la notificación del incumplimiento existente.

Art. 106.- Si el Consejo Nacional Electoral o la Junta
Provincial Electoral negaren la solicitud de inscripción de una
candidatura, el representante de la correspondiente organización
política o quien le esté subrogando, podrá recurrir de la negativa
para ante el Tribunal Contencioso Electoral, dentro de dos días de
producida la negativa. Dicho Tribunal resolverá en siete días contados
a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Tribunal.

Art. 107.- Las juntas provinciales electorales comunicarán al
Consejo Nacional Electoral las listas que hayan sido calificadas
dentro de las veinticuatro horas posteriores a la calificación.

Art. 108.- Ninguna persona podrá ser candidato o candidata para
más de una dignidad de elección popular, y si de hecho, esto se
produjere en una o en distintas circunscripciones, quedan anuladas
ambas candidaturas. En consecuencia, nadie puede ostentar, menos
desempeñar, más de una representación de elección popular.

Las candidaturas a cargos de elección popular, una vez
calificadas e inscritas son irrenunciables.

Las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la
libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación
hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de
delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e
intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos
penales contra ellos, y solo los candidato o candidatos ganadores
gozarán de fuero de Corte Nacional o Provincial según corresponda,
excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce fuero
alguno.

CAPÍTULO OCTAVO
Votaciones y Escrutinio

SECCIÓN PRIMERA
Papeletas Electorales

Art. 109.- Las votaciones en las elecciones directas se
realizarán mediante el empleo de papeletas electorales previstas en la
normativa que para el efecto emita el Consejo Nacional Electoral.

En caso de que se implemente un mecanismo de voto electrónico
que no requiera de papeletas, este deberá tener las seguridades y
facilidades suficientes.

Las juntas provinciales electorales llevarán un registro de las
papeletas que reciban del Consejo Nacional Electoral y de las que
remitan a las juntas receptoras del voto.

Art. 110.- El Consejo Nacional Electoral resolverá en forma
privativa, sobre el diseño, tamaño y seguridades del instrumento de
votación para cualesquier tipo de elección, garantizando que se
incluyan las fotografías de las y los candidatos principales junto a
su nombre, cuando se trate de elecciones personalizadas.

Art. 111.- El Consejo Nacional Electoral garantizará los
mecanismos idóneos para que las personas con discapacidad puedan
ejercer su derecho al sufragio, incorporándolos en la normativa
electoral que se dicte.

Art. 112.- Si un candidato o candidata a elección popular
fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o
legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización
política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con
otro candidato de la misma organización política o alianza.

Cuando el hecho a que se refiere el inciso anterior se produjere
hasta antes de la impresión de las papeletas correspondientes, se
imprimirán nuevas papeletas con la fotografía y el nombre del
reemplazante, en caso contrario, serán utilizadas las papeletas ya
impresas, computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para
el inscrito anteriormente.

SECCIÓN SEGUNDA
Votación Electrónica

Art. 113.- El Consejo Nacional Electoral podrá decidir la
utilización de métodos electrónicos de votación y/o escrutinio en
forma total o parcial, para las diferentes elecciones previstas en
esta ley. En este caso introducirá modificaciones a su normativa, en
cuanto fuera necesario, de acuerdo al desarrollo de la tecnología.

SECCIÓN TERCERA
Instalación de las Juntas Receptoras del
Voto y Recepción del Voto

Art. 114.- A las seis horas treinta (06h30) del día señalado en
la convocatoria a elecciones realizada por el Consejo Nacional
Electoral, las juntas receptoras del voto se instalarán en los lugares
públicos previamente determinados. La instalación se efectuará con los
vocales principales o suplentes. El acta de instalación será suscrita
por todos los vocales presentes, el secretario y los delegados de los
sujetos políticos que quieran hacerlo.

Art. 115.- A las siete horas (07h00), los vocales de la Junta
exhibirán las urnas vacías a los electores presentes y las cerrarán
con las seguridades establecidas; procederá luego a recibir los votos.

El elector presentará al secretario su cédula de identidad,
ciudadanía o pasaporte y una vez verificada la inscripción en el
padrón se le proporcionará las papeletas y el elector consignará su
voto en forma reservada. Luego de depositar las papeletas en las
urnas, firmará el registro, quienes estén imposibilitados de hacerlo
imprimirán la huella digital; cumplido el deber cívico del sufragio
recibirá el certificado de votación.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la forma de votación
que deba ser implementada para los casos de personas cuya discapacidad
impida el ejercicio del sufragio.

La Junta adoptará las medidas necesarias para asegurar la
reserva del acto de votación.

Art. 116.- El lugar donde funcione la Junta Receptora del Voto
será considerado como recinto electoral y en su interior todas las
personas deberán acatar las disposiciones que impartan las autoridades
y funcionarios electorales.

Art. 117.- Si los delegados de los sujetos políticos formularen
observaciones o reclamos a la Junta Receptora del Voto, esta los
resolverá de inmediato y dejará constancia en el acta.

Art. 118.- El sufragio terminará a las diecisiete horas (17h00),
las personas que se encuentren en la fila de sufragantes no podrán
votar pero se les entregará un certificado provisional de
presentación.

SECCIÓN CUARTA
Forma de votación en general

Art. 119.- Para expresar su voluntad el elector en el caso de
elecciones unipersonales, marcará el casillero de la candidatura o del
binomio de su preferencia.

Art. 120.- En las elecciones para representantes a la Asamblea
Nacional, al Parlamento Andino y al Parlamento Latinoamericano, así
como para consejeros regionales, concejales municipales y vocales de
las juntas parroquiales rurales, los electores marcarán la casilla que
identifique a cada candidato de una sola lista o entre listas, hasta
el máximo de la representación que corresponda elegir.

Art. 121.- Cuando en una circunscripción deba elegirse una sola
concejala o concejal, el ganador será quien obtenga la más alta
votación.

Art. 122.- Si el elector no consta en el padrón electoral no
podrá sufragar pero se le entregará un certificado de presentación.

Una vez comprobada la identidad del elector y su registro en el
padrón, las o los vocales de la Junta Receptora del Voto no le
impedirán sufragar por ningún motivo, ni exigirán otras condiciones o
requisitos para el libre ejercicio del sufragio.

Art. 123.- Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36)
horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la
distribución o el consumo de bebidas alcohólicas.

SECCIÓN QUINTA
Escrutinio de la Junta Receptora del Voto

Art. 124.- Una vez terminado el sufragio, se iniciará de manera
inmediata el escrutinio en la Junta Receptora del Voto empleando para
ello el tiempo que fuere necesario hasta concluirlo.

El escrutinio de la Junta Receptora del Voto, dependiendo de la
elección convocada, se efectuará en primer lugar para las
unipersonales y, en segundo lugar, para las pluripersonales.

Art. 125.- Para efectos del escrutinio se procederá de la
siguiente manera:

1. La Junta verificará si el número de papeletas depositadas en
las urnas está conforme con el número de sufragantes. Si se
establecieren diferencias entre las papeletas escrutadas y el número
de electores que votaron, por sorteo se excluirán del escrutinio las
papeletas excedentes y se dejará constancia de ello en el acta;
2. El Secretario leerá en voz alta el voto que corresponda a
cada papeleta y lo entregará al Presidente para que compruebe la
exactitud, lo mismo que a los otros vocales de la junta y a los
delegados si éstos lo solicitaren. Dos vocales de la Junta harán de
escrutadores. De producirse discrepancias entre los escrutadores sobre
los resultados, se procederá a repetir el escrutinio; y,
3. Concluido el escrutinio se elaborará el acta por triplicado
detallando el número de votos válidos, votos en blanco y votos nulos.

Se tendrá como válidos los votos emitidos en las papeletas
suministradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de manera
inteligible la voluntad del sufragante.

Art. 126.- Serán considerados como votos nulos:

1. Los que contengan marcas por más de un candidato o,
dependiendo del caso, binomio, en las elecciones unipersonales;
2. Cuando el elector o electora marque un número de casillas
mayor al total de candidatos y candidatas que correspondan a una
determinada circunscripción; y,
3. Los que llevaren las palabras “nulo” o “anulado”, u otras
similares, o los que tuvieren tachaduras que demuestren claramente la
voluntad de anular el voto.

Los que no tengan marca alguna se considerarán votos en blanco.

Art. 127.- El acta de instalación y el escrutinio será suscrita
por triplicado por todos los vocales de la Junta y por los delegados
de los sujetos políticos que quisieren hacerlo.

El primer ejemplar del acta de instalación y de escrutinio, así
como las papeletas utilizadas que representen los votos válidos, los
votos en blanco, los votos nulos y las papeletas no utilizadas, serán
colocados en sobres diferentes y se remitirán inmediatamente a la
Junta Provincial Electoral debidamente firmados por el Presidente y el
Secretario de la Junta, con la supervisión de los coordinadores
electorales y la protección de la fuerza pública.

El segundo ejemplar del acta de instalación y de escrutinio se
entregará en sobre cerrado firmado por el Presidente y el Secretario
de la Junta, directamente al coordinador designado, quien entregará de
forma inmediata a la Junta Intermedia de Escrutinio o a la Junta
Provincial Electoral, según el caso.

El tercer ejemplar se fijará en el lugar donde funcionó la junta
receptora del voto, para conocimiento público.
A los delegados de las organizaciones políticas se les entregará copia
del acta o el resumen de los resultados que deberá contener la firma
del Presidente y Secretario de la Junta.

SECCIÓN SEXTA
Escrutinio en las Juntas Intermedias

Art. 128.- Las Juntas Intermedias de Escrutinio se instalarán a
partir de las diecisiete horas (17H00) del día de las elecciones en
sesión permanente hasta la culminación del escrutinio.

Art. 129.- A la sesión de las Juntas Intermedias de Escrutinio,
que será pública, podrán concurrir los candidatos, los delegados de
las organizaciones políticas, observadores nacionales e
internacionales y medios de comunicación social.

Cada organización política designará únicamente un delegado.

Art. 130.- El escrutinio en las Juntas Intermedias consistirá en
el cómputo de los votos registrados en las actas de escrutinio de las
Juntas Receptoras del Voto, distinguiendo los votos válidos obtenidos
por cada candidata o candidato, o por cada lista, según la dignidad
que se trate, así como los nulos y los blancos.

Se declararán suspensas las actas que presenten inconsistencias
numéricas o falta de firmas conjuntas del Presidente y Secretario de
la Junta Receptora del Voto y se las remitirá a la Junta Provincial
Electoral.

Art. 131.- Finalizada la labor en las Juntas Intermedias de
Escrutinio se elaborará un acta por duplicado, en la que se dejará
constancia de la instalación de la sesión, de los nombres de los
vocales que intervinieron, de los delegados de los sujetos políticos;
a esta acta se adjuntará los resultados numéricos generados por el
sistema informático. Una vez elaborada el acta que deberá estar
firmada, al menos, por el Presidente y el Secretario, se entregará al
coordinador designado para su remisión a la Junta Provincial
Electoral.

A los delegados de los sujetos políticos, observadores
electorales y medios de comunicación se les entregará copias del acta
elaborada por la Junta Intermedia.

SECCIÓN SÉPTIMA
Escrutinio Provincial

Art. 132.- Las juntas electorales provinciales se instalarán en
sesión de escrutinio a partir de las veintiún horas (21H00) del día de
las elecciones, en sesión permanente hasta su culminación. Existirá un
solo escrutinio provincial.

El escrutinio provincial no durará más de diez (10) días
contados desde el siguiente al que se realizaron las elecciones; por
razones justificadas y de forma extraordinaria, el Consejo Nacional
Electoral podrá autorizar la ampliación del tiempo de duración del
escrutinio.

La sesión permanente podrá suspenderse temporalmente por
resolución del Pleno de la Junta cuando el tiempo de duración de la
jornada lo justifique.

Art. 133.- La sesión de escrutinios es pública. Podrán
participar con voz únicamente los delegados de los sujetos políticos
debidamente acreditados.

Art. 134.- El escrutinio provincial comenzará por el examen de
las actas extendidas por las Juntas Intermedias o las Juntas
Receptoras del Voto según el caso, luego de lo cual se procederá a la
revisión de las actas de escrutinio que fueron declaradas suspensas y
de las rezagadas.

Las actas que no fueron conocidas por las Juntas Intermedias de
Escrutinio se considerarán rezagadas, en cuyo caso la Junta Provincial
procederá a escrutarlas en el orden previsto en el inciso anterior.

Art. 135.- Concluido el examen de cada una de las actas, la
Junta Provincial procederá a computar el número de votos válidos
obtenidos por cada candidato o por cada lista.

Art. 136.- Finalizado el escrutinio provincial se elaborará un
acta por duplicado en la que se dejará constancia de la instalación de
la sesión, de los nombres de los vocales que intervinieron, de los
candidatos, delegados y observadores debidamente acreditados y se
adjuntarán los resultados numéricos generales. El acta se redactará y
aprobará en la misma audiencia, debiendo ser firmada, al menos, por el
Presidente y Secretario. Si los escrutinios duran más de un día, se
levantará un acta por cada jornada.

Concluido el escrutinio se levantará por duplicado el acta
general en la que consten los resultados de todas las dignidades. La
Junta Provincial Electoral remitirá al Consejo Nacional Electoral uno
de los ejemplares de dicha acta.

Art. 137.- La notificación de los resultados electorales a los
sujetos políticos, se efectuará en el plazo de veinticuatro (24)
horas, contado a partir de la fecha de cierre y culminación de los
escrutinios, en los casilleros electorales y en la cartelera pública.

Los sujetos políticos tendrán un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, para que en forma fundamentada puedan interponer su derecho de

impugnación o presentar los recursos para ante el Tribunal Contencioso
Electoral.

Cuando no hubiere reclamaciones del escrutinio provincial o las
presentadas se hubieren resuelto, el respectivo organismo electoral
proclamará los resultados y adjudicará los puestos conforme a lo
previsto en estas normas.

Art. 138.- La Junta Provincial Electoral únicamente podrá
disponer que se verifiquen el número de sufragios de una urna para
establecer si corresponde a las cifras que constan en las actas de
escrutinio de la Junta Receptora del Voto, cuando exista
inconsistencia numérica.

Art. 139.- Las reclamaciones que hicieren los sujetos políticos
con sujeción a estas normas, sobre los resultados numéricos de los
escrutinios provinciales, serán resueltas en la misma audiencia.

Si faltare alguna acta, se abrirá el paquete electoral de la
junta receptora del voto correspondiente para extraer de éste el
segundo ejemplar. De no existir el acta en el paquete, se procederá a
escrutar los votos, siempre y cuando se presenten dos copias de los
resúmenes de resultados entregados a los sujetos políticos o de las
actas.

De estimarlo necesario, atendiendo las reclamaciones presentadas
y de acuerdo a las causales de nulidad establecidas en estas normas,
la Junta podrá disponer que se verifique el número de sufragios para
establecer si corresponden a las cifras que constan en las actas de
escrutinio de la Junta Receptora del Voto, así como para verificar su
autenticidad.

Art. 140.- Si una Junta Provincial Electoral suspendiere
injustificadamente por más de doce (12) horas, contadas desde la fecha
y hora de la instalación o reinstalación del escrutinio, el proceso de
escrutinio provincial o no lo continuare por inasistencia de sus
vocales, el Consejo Nacional Electoral destituirá a los responsables,
principalizará a los suplentes e impondrá las sanciones previstas en
estas normas. De repetirse estos hechos con los suplentes, el Consejo
Nacional Electoral reorganizará la Junta Provincial Electoral, la cual
se instalará inmediatamente en la respectiva sesión hasta su
culminación.

SECCIÓN OCTAVA
Escrutinio Nacional

Art. 141.- El Consejo Nacional Electoral realizará el escrutinio
nacional y proclamará los resultados de las elecciones para Presidenta
o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República,
Asambleístas Nacionales, Asambleístas del exterior y representantes
ante los Parlamentos Andino y Latinoamericano, así como en las
consultas populares nacionales, referéndum y revocatorias del mandato
de cargos nacionales. Se instalará en audiencia pública, previo
señalamiento de día y hora, no antes de tres (3) días ni después de
siete (7), contados desde aquel en que se realizaron las elecciones.

El escrutinio nacional consistirá en examinar las actas
levantadas por las juntas provinciales, distritales y de las
circunscripciones especiales en el exterior, a fin de verificar los
resultados y corregir las inconsistencias cuando haya lugar a ello. El

Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o
comprobaciones que estime necesarias.

Concluido el escrutinio nacional se computará el número de votos
válidos obtenidos en cada dignidad. El Consejo proclamará los
resultados definitivos de la votación.

Art. 142.- Para el caso de presentarse impugnaciones o recursos,
se aplicarán los mismos plazos establecidos para la jurisdicción
provincial.

SECCIÓN NOVENA
Nulidad de las Votaciones y de los Escrutinios

Art. 143.- Se declarará la nulidad de las votaciones en los
siguientes casos:

1. Si se hubieren realizado en un día y hora distintos al
señalado en la convocatoria;
2. Si se hubiere practicado sin la concurrencia del Presidente y
del Secretario de la Junta Receptora del Voto respectiva o si el
escrutinio se hubiere efectuado en un lugar distinto de aquel en que
se realizó el sufragio, excepto en los casos permitidos por esta Ley;
3. Si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del
registro electoral, o de las actas de instalación o de escrutinio;
4. Si las actas de escrutinio no llevaren ni la firma del
Presidente ni la del Secretario de la Junta; y,
5. Si se hubiere utilizado papeletas o formularios de actas no
suministrados por el Consejo.

Art. 144.- Se declarará la nulidad de los escrutinios en los
siguientes casos:

1. Si las Juntas Provinciales Electorales o el Consejo Nacional
Electoral hubieren realizado el escrutinio sin contar con el quórum
legal;
2. Si las actas correspondientes no llevaren las firmas del
Presidente y del Secretario de las juntas provinciales; y,
3. Si se comprobare falsedad del acta.

Art. 145.- Si el Consejo Nacional Electoral declarare la nulidad
del escrutinio efectuado por una Junta Provincial Electoral, realizará
de inmediato un nuevo escrutinio.

Art. 146.- Para evitar la declaración de nulidades que no estén
debidamente fundamentadas, las juntas electorales aplicarán las
siguientes reglas:

1. No habrá nulidad de los actos de los organismos electorales
por incapacidad o inhabilidad de uno o más de sus vocales;
2. La intervención en una Junta Receptora del Voto de un Vocal
nombrado para otra Junta de la misma parroquia, no producirá la
nulidad de la votación;
3. La falta de posesión de un Vocal de la Junta Receptora del
Voto no será causa de nulidad, siempre que tenga el correspondiente
nombramiento. El desempeño de las funciones de Vocal de una Junta
Receptora del Voto implica la aceptación y posesión del cargo;
4. Si se hubiere nombrado a más de una persona para una misma
vocalía de una Junta Receptora del Voto, cualquiera de ellas puede
desempeñar el cargo, sin ocasionar nulidad alguna;

5. La revocación del nombramiento de un Vocal de los organismos
electorales surtirá efecto solo desde el momento en que fuere
notificado. Sus actuaciones anteriores a la notificación serán
válidas;
6. El error en el nombre de un Vocal no producirá la nulidad de
la votación;
7. La intervención en una Junta Receptora del Voto de un
homónimo del Vocal nombrado, no anulará la votación recibida;
8. La ausencia del Presidente, de un Vocal o del Secretario de
la Junta Receptora del Voto, no producirá nulidad de la votación;
9. El error de cálculo o cualquier otro error evidente en las
actas electorales no causará la nulidad de las votaciones, sin
perjuicio de que sea rectificado por la Junta Provincial Electoral;
10. No constituirán motivo de nulidad la circunstancia que no
hayan sido salvadas las enmendaduras que se hicieren en las actas
electorales;
11. No habrá motivo de nulidad si en las actas de instalación,
de escrutinio o en los sobres que las contienen o en los paquetes con
las papeletas correspondientes a votos válidos, en blanco y nulos,
solo faltare la firma del Presidente o solo la del Secretario de la
Junta Receptora del Voto;
12. Si de hecho se hubiere nombrado para integrar los organismos
electorales a personas que no reúnan los requisitos señalados en estas
normas o a personas que no tengan su domicilio en la parroquia
respectiva, esta circunstancia no ocasionará la nulidad de las
elecciones en que intervengan, sin perjuicio de la responsabilidad en
que incurrieren las personas que las hayan designado; y,
13. La intervención de una persona en una Junta Receptora del
Voto sin contar con la correspondiente designación, no perjudicará la
validez del proceso del sufragio, sin perjuicio de la acción penal a
que hubiere lugar por el indebido ejercicio de la función.

En general, en caso de duda, se estará por la validez de las
votaciones.

Art. 147.- Se declarará la nulidad de las elecciones en los
siguientes casos:

1. Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en
al menos el treinta por ciento de juntas receptoras del voto, siempre
que esto afecte los resultados definitivos de la elección de cargos
nacionales o locales.
2. Cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las
votaciones en al menos el treinta por ciento de juntas receptoras del
voto, siempre que esta situación afecte los resultados definitivos de
la elección de cargos nacionales o locales.
3. Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de
candidatas o candidatos, o de las respectivas listas, en una
circunscripción determinada, para cada dignidad.

Art. 148.- Si de la nulidad de las votaciones de una o más
parroquias o zonas electorales dependiere el resultado definitivo de
una elección, de manera que una candidatura se beneficiare en
detrimento de otra u otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá,
hasta dentro de diez días, que se repitan las elecciones cuyas
votaciones fueron anuladas.

Art. 149.- Posesionados los candidatos o candidatas triunfantes
en las elecciones, se considerará concluido el proceso electoral, sin
que esto afecte la competencia de las autoridades electorales para
imponer las sanciones previstas en la ley.

CAPÍTULO NOVENO
Circunscripciones electorales, Forma de la Lista y
Adjudicación de Puestos

SECCIÓN PRIMERA
Circunscripciones electorales

Art. 150.- La Asamblea Nacional se integrará por Asambleístas
electos de la siguiente manera:

1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional;
2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia o distrito
metropolitano, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción
que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo
nacional de población.

En las circunscripciones electorales que elijan entre ocho y
doce representantes se subdividirán a su vez en dos circunscripciones,
aquellas que pasen de trece y hasta diez y ocho se subdividirán en
tres y las que pasen de diez y ocho lo harán en cuatro
circunscripciones; cuando concurran las circunstancias que motiven la
subdivisión de circunscripciones electorales, el Consejo Nacional
Electoral decidirá su delimitación geográfica garantizando que la
diferencia entre asambleístas a elegir en cada nueva circunscripción
no sea superior a uno. La delimitación y número de asambleístas de las
nuevas circunscripciones deberá constar en la decisión por la que se
convoquen las elecciones.

En el caso en que una provincia cuente con un distrito
metropolitano, el número de asambleístas a elegir por tal
circunscripción provincial se determinará sin contar la población del
distrito metropolitano.

3. Las circunscripciones especiales del exterior elegirán un
total de seis asambleístas distribuidos así: dos por Europa, Oceanía y
Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el
Caribe y África; y,
4. Cada una de las Regiones elegirá dos representantes a la
Asamblea.

Art. 151.- La Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República, al igual que los Parlamentarios
Andinos y Latinoamericanos serán electos en circunscripción única, que
incluirá la nacional y la especial del exterior. Los representantes al
Parlamento Andino serán electos en número de cinco principales y cinco
suplentes y los del Parlamento Latinoamericano en número de seis
principales y seis suplentes.

Art. 152.- Los Consejos Regionales y los Concejos Distritales
Metropolitanos Autónomos se integrarán de la siguiente manera:

1. Con menos de un millón de habitantes, quince representantes;
2. Con más de un millón de habitantes, diecinueve
representantes;
3. Con más de dos millones de habitantes, veintiún
representantes; y,
4. Con más de tres millones de habitantes, veinte y cinco
representantes.

El Consejo Nacional Electoral establecerá las circunscripciones
urbanas y rurales para la elección de los consejeros regionales y
distritales, en función del porcentaje de la población de la
circunscripción correspondiente. El resultado se aproximará al entero
más cercano. Cuando el valor no alcance la unidad en la
circunscripción se elegirá un consejero.

Las circunscripciones urbanas que elijan entre ocho y doce
representantes se subdividirán a su vez en dos circunscripciones,
aquellas que pasen de trece y hasta diez y ocho se subdividirán en
tres y las que pasen de diez y ocho lo harán en cuatro
circunscripciones.

Art. 153.- Las gobernadoras y los gobernadores regionales serán
electos por la ciudadanía de las provincias que formen la respectiva
región. Se proclamará electo al candidato y candidata que hubiere
alcanzado el mayor número de votos.

Art. 154.- Las y los prefectos provinciales serán electos por
los ciudadanos y ciudadanas electores correspondientes a cada
provincia. Se proclamará electo al candidato o candidata que hubiere
alcanzado el mayor número de votos.

Art. 155.- Las alcaldesas y los alcaldes de los distritos
metropolitanos y de los municipios cantonales, serán electos en la
circunscripción territorial correspondiente. Se proclamará electo al
candidato y candidata que hubiere alcanzado el mayor número de votos.

Art. 156.- Los Concejos Municipales estarán integrados por
concejales de acuerdo con el número siguiente:

1. Los municipios con más de cuatrocientos mil un habitantes,
quince concejales;
2. Los municipios con más de trescientos mil un habitantes,
trece concejales;
3. Los municipios con más de doscientos mil un habitantes, once
concejales;
4. Los municipios con más de cien mil un habitantes, nueve
concejales;
5. Los municipios con más de cincuenta mil un habitantes, siete
concejales; y,
6. Los municipios con menos de cincuenta mil habitantes, cinco
concejales.

Art. 157.- El Consejo Nacional Electoral establecerá las
circunscripciones urbanas y rurales para la elección de los concejales
municipales de cada cantón. En cada circunscripción se elegirá el
número que resulte de multiplicar el total de concejales del cantón
por el porcentaje de la población de la circunscripción
correspondiente. El resultado se aproximará al entero más cercano.
Cuando el valor no alcance la unidad en la circunscripción se elegirá
un concejal.

Las circunscripciones urbanas que elijan entre ocho y doce
representantes se subdividirán a su vez en dos circunscripciones.

Art. 158.- Cada circunscripción que corresponde a una parroquia
rural tendrá una Junta Parroquial conformada por cinco vocales electos
en su jurisdicción, salvo en aquellas en que su población sobrepase
los cincuenta mil habitantes, en cuyo caso se elegirán siete vocales.
El vocal más votado la presidirá.

Art. 159.- Cuando en una circunscripción debe elegirse una sola
consejera o consejero regional, concejala o concejal, se proclamará
ganador a quien obtenga la más alta votación.

SECCIÓN SEGUNDA
Forma de la lista

Art. 160.- Las y los representantes de la Asamblea Nacional,
representantes ante los Parlamentos Andino y Latinoamericano,
consejeras y consejeros regionales, las y los concejales distritales y
municipales y vocales de juntas parroquiales rurales se elegirán
votando por las candidaturas de las listas establecidas mediante
procesos democráticos internos o elecciones primarias y que deberán
mantener de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y
secuencialidad entre hombres y mujeres o viceversa. El elector podrá
indicar su preferencia por los o las candidatas de una sola lista o de
varias listas hasta completar el número permitido para cada uno de los
cargos señalados.

SECCIÓN TERCERA
Adjudicación de la Presidencia y
Vicepresidencia de la República

Art. 161.- Las candidaturas a la Presidencia y a la
Vicepresidencia de la República constarán en la misma papeleta. El
binomio será elegido por la mayoría absoluta de votos válidos emitidos
o si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el
cuarenta por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor a diez
puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado
en el segundo lugar.

Si ninguna de las anteriores condiciones se cumple, se realizará
una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco
días contados desde la proclamación de resultados, y en ella
participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta.

Se entenderá por mayoría absoluta la mitad más un voto de los
sufragios válidos emitidos.

SECCIÓN CUARTA
Adjudicación de dignidades en elecciones unipersonales

Art. 162.- Para la elección de gobernador o gobernadora regional
se proclamará ganador al candidato o candidata que hubiese obtenido el
mayor número de votos.

Art. 163.- Para las elecciones de prefectura y viceprefectura,
se presentarán binomios que constarán en la misma papeleta y se
proclamará ganadores a quienes hubiesen obtenido el mayor número de
votos. Los binomios deberán integrarse con la participación de una
mujer y un hombre o viceversa.

En las elecciones para las alcaldías de distrito metropolitano y
alcaldías municipales se proclamará electo al candidato o candidata
que hubiere obtenido el mayor número de votos.

SECCIÓN QUINTA
Adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales

Art. 164.- Con excepción de la asignación de escaños para
Asambleístas, para la adjudicación de listas se procederá de acuerdo
con los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula de
divisores continuos y en cada lista, de acuerdo a quien haya obtenido
las mayores preferencias, es decir:

1. La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin
diferenciar los votos de lista de los de entre listas se sumará para
establecer la votación alcanzada por cada lista.
2. Al total de la votación obtenida por cada lista se aplicará
la fórmula de divisores continuos; se dividirá para 1, 2, 3, 4, 5 y
así sucesivamente, hasta obtener cada una de ellas un número de
cocientes igual al de los candidatos a elegirse como principales;
3. Con los cocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a menor y
se asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, de acuerdo
a los cocientes más altos, hasta completar el número total de
representantes a elegirse; y,
4. La adjudicación de los escaños en cada lista corresponderá a
los candidatos que hayan obtenido mayores preferencias.

En el caso de los asambleístas para la adjudicación de listas se
utilizará el siguiente procedimiento:

1. La suma total de los votos válidos se divide para el número
de escaños que corresponda obteniéndose como resultado el cociente
distribuidor;
2. La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin
diferenciar los votos de lista de los de entre listas se sumará para
establecer la votación alcanzada por cada lista;
3. Se divide el total de los votos válidos de cada lista para el
cociente distribuidor; y se adjudicarán un puesto por cada vez que
alcance esa cantidad;
4. Los escaños que falten por asignar, corresponderán a las
listas que hayan alcanzado las más altas aproximaciones decimales del
cociente obtenido mediante la operación del numeral anterior,
considerando cuatro cifras; en esta comparación se incluirán a las
listas a las que ya se haya asignado algún escaño por número entero
que tengan valores residuales luego del ejercicio anterior; y,
5. Una vez determinados y adjudicados los escaños que
corresponden a cada lista se asignará estos a los candidatos más
votados de dicha lista, es decir quienes tengan la más alta votación
uninominal dentro de cada lista. Si una lista hubiera alcanzado varios
escaños, estos se asignarán a los candidatos que más alta votación
hayan alcanzado, en orden descendente. En caso de empate entre dos o
más candidatos y quede un solo escaño por adjudicar, se procederá a
sorteo entre los candidatos con igual votación cumpliendo el principio
establecido en el artículo 165.

Art. 165.- Las autoridades electorales proclamarán electas o
electos como principales a quienes hubieren sido favorecidos con la
adjudicación de puestos; y como suplentes de cada candidata o
candidato principal electo, a quienes hubieren sido inscritos como
tales.

De producirse empate por el último escaño entre candidatos del
mismo sexo se procederá a sortear la ganadora o el ganador entre
quienes se encuentren en esta situación. Si entre los empatados se
encuentra una mujer, tendrá preferencia en la adjudicación en
aplicación de las medidas de acción positiva y los principios de
equidad y paridad que reconocen la Constitución y la ley, para que
ésta ocupe dicho escaño.

Art. 166.- Cuando la resolución de adjudicación de puestos esté
en firme, la correspondiente autoridad electoral emitirá las
respectivas credenciales, que serán entregadas por el Presidente del
Consejo Nacional Electoral, de la Junta Regional o Provincial
Electoral según corresponda.

La constancia de la entrega de credenciales se registrará en el
libro de actas correspondiente, firmadas por la presidencia, la
secretaría y por la o el candidato electo quien estará habilitado para
posesionarse en la función correspondiente.

Art. 167.- Posesionados los candidatos o candidatas triunfantes
en las elecciones, se considerará concluido el proceso electoral, sin
que esto afecte la competencia de las autoridades electorales para
imponer las sanciones posteriores previstas en esta ley.

TITULO SEGUNDO
Participación y Observación

CAPÍTULO PRIMERO
Participación

Art. 168.- Todas las formas de organización de la sociedad, son
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas, en
el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las
entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

La ciudadanía podrá participar en los actos de preparación y
desarrollo del proceso electoral y de los que se lleven a cabo el día
de la jornada electoral y durante el proceso de escrutinio y
adjudicación de cargos.

Art. 169.- La participación ciudadana deberá estar debidamente
acreditada por el Consejo Nacional Electoral y podrá darse en
audiencias públicas, veedurías, observatorios y las demás instancias
que promueva la ciudadanía.

Las personas extranjeras y las delegaciones de organismos
internacionales, podrán participar como observadores en los mismos
términos.

Art. 170.- La observación electoral se desarrollará en la forma
y modalidades que determine el Consejo para cada proceso electoral.

Todos los observadores se conducirán conforme a los principios
de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. Deberán presentar
informe de sus labores que en ningún caso podrá contener juicios de
valor sobre el proceso, las autoridades o las candidaturas.

Las observadoras y los observadores se abstendrán de sustituir u
obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus
funciones o interferir en el desarrollo de las mismas; no podrán hacer
proselitismo de ningún tipo; ni ser afiliados o militantes de las
organizaciones políticas; expresar cualquier ofensa en contra de
autoridades o sujetos políticos; o declarar el triunfo de candidaturas
o de tesis consultada.

Art. 171.- Los órganos electorales estarán sujetos al control
social; se garantizará a las organizaciones políticas y candidaturas,

la facultad de control y veeduría de la labor de los órganos
electorales. Las sesiones y los actos de los órganos electorales serán
públicos.

Art. 172.- Las organizaciones políticas están sujetas al control
social de sus militantes. Se garantizará a los afiliados y adherentes
permanentes de las organizaciones políticas y candidaturas el derecho
de participación y la facultad de control y veeduría de la labor de
sus organizaciones.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Observación Electoral Nacional e Internacional

Art. 173.- La observación electoral se fundamenta en el derecho
ciudadano, reconocido en la Constitución, a ejercer acciones de
veeduría y control sobre los actos del poder público. La observación
electoral, persigue la comprensión y evaluación de todas las fases de
un proceso electoral, atestiguando los desempeños de la Función
Electoral, orientados a garantizar el voto ciudadano y la búsqueda de
perfeccionamiento del sistema.

Art. 174.- La observación electoral puede ser ejercida tanto por
personas o delegaciones no ecuatorianas (observación internacional),
cuanto por personas naturales, jurídicas u organizaciones de
nacionalidad ecuatoriana (observación nacional).

Art. 175.- La observación electoral puede realizarse con
respecto a cualquier proceso que implique decisión política de los
ciudadanos, entendiéndose por tales: Elección de dignatarios, procesos
de revocatoria de mandato, referéndum, consultas populares u otras,
sean de carácter nacional o local.

Art. 176.- Los observadores tienen derecho a desarrollar su
labor en actos previos a la elección, en el día de las elecciones y/o
en los eventos derivados, como escrutinio, proclamación de resultados
y asignación de escaños.

La observación internacional puede tener dos modalidades:

1. Independiente: Aquella realizada por personas naturales,
jurídicas u organizaciones ajenas al Estado o a la estructura de la
Función Electoral.
2. Conducida por los organismos de la Función Electoral, con los
representantes de los organismos electorales encargados de los
procesos electorales en los diversos países.

Art. 177.- La acreditación otorgada por el Consejo Nacional
Electoral al observador, le faculta a:

1. Observar la instalación de la junta receptora del voto y el
desarrollo de las votaciones;
2. Revisar los documentos electorales proporcionados a la junta
receptora del voto;
3. Dialogar con los candidatos y con los delegados de los
sujetos políticos en los recintos electorales, sin afectar el
desarrollo del proceso;
4. Asistir al escrutinio y cómputo de la votación en la
respectiva junta receptora del voto y a la fijación de los resultados
de la votación en los recintos electorales;
5. Observar el sistema de transmisión de resultados en los
órganos electorales;

6. Observar los escrutinios y las impugnaciones a los mismos;
7. Mantenerse informado sobre los aspectos relacionados con el
control del financiamiento y gasto electoral;
8. Dirigir denuncias a los organismos electorales que
corresponda para la debida investigación;
9. Designar observadores a los centros de cómputo de los
organismos electorales;
10. Obtener información anticipada sobre la ubicación de los
recintos electorales y juntas receptoras del voto; y,
11. Obtener información sobre el padrón electoral completo.

Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral brindará a los
observadores las garantías necesarias para cumplir adecuadamente su
tarea. Se garantizará -entre otras- la libertad de circulación y
movilización; libertad de comunicación con los sujetos políticos y
demás personas y organismos que deseen contactar; acceso a documentos
públicos antes, durante y después de la jornada.

Art. 178.- Las personas naturales o jurídicas, u organismos
acreditados, designarán una persona natural responsable de presentar
el informe de observación, posterior a la realización de la jornada
electoral.

Los informes de observación constituyen elementos de referencia
para el funcionamiento de los organismos de la Función Electoral, y
servirán para tomar correctivos con miras a mejorar el desarrollo de
procesos futuros.

Art. 179.- Las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional, deberán instruir al personal a su cargo, encargados
de garantizar la seguridad y el orden en los procesos electorales, a
fin de que brinden a los observadores debidamente registrados, todas
las facilidades del caso para llevar adelante su tarea.

Ningún miembro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrá
obstaculizar o poner trabas a las actividades de los observadores
debidamente acreditados, salvo que estos últimos estuvieren, de manera
manifiesta, contraviniendo la ley, violentando las normas de
organización de procesos, o excediéndose en las atribuciones que como
observadores electorales tienen. Las autoridades de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, sancionarán conforme a sus reglamentos
internos, al personal que contravenga la presente disposición.

Art. 180.- Los observadores electorales, al momento de su
acreditación, deben dejar sentado su compromiso de actuar con
objetividad, imparcialidad y transparencia. Los observadores, no
podrán incidir de manera alguna en la voluntad de los electores ni en
las decisiones que adoptan los vocales de las juntas receptoras del
voto o los coordinadores de recinto. En caso de presentarse
controversias, situaciones irregulares o de conflicto en los recintos
durante la jornada electoral, su acción en los recintos se limitará a
registrar y reportar lo sucedido. No podrán por ningún concepto
absolver consultas ya sea de votantes, sujetos políticos o autoridades
electorales.

No podrán bajo ningún concepto realizar proselitismo político de
cualquier tipo, o manifestarse a favor de asociaciones que tengan
propósitos políticos, grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos
o candidato alguno.

Las personas, instituciones u organizaciones acreditadas como
observadores, en los informes que presenten tanto durante el proceso
como luego de concluido el mismo, emitirán todos los comentarios sobre
las conclusiones de su observación, así como las sugerencias que
estimen pertinente, tendientes a mejorar el desarrollo presente o
futuro de los procesos electorales.

Art. 181.- La autoridad electoral, mediante reglamento, regulará
los procedimientos de acreditación, entrega de salvoconductos,
acreditaciones, y demás asuntos necesarios para garantizar el
ejercicio del derecho de los ciudadanos, organizaciones e
instituciones, a observar los procesos electorales.

Dicha reglamentación, tendrá como objetivo dar orden y
formalidad a los procesos de observación, llevar un control adecuado
del número de observadores, mas no podrá coartar, restringir, limitar
o menos aún anular el derecho a la observación, control y veeduría.

CAPITULO TERCERO
Instituciones de Democracia Directa

Art. 182.- La ciudadanía para proponer una enmienda o reforma
constitucional, utilizar la iniciativa legislativa o para procesos de
consulta popular o revocatoria del mandato, deberá entregar respaldos
con los nombres y apellidos, número de cédula de identidad y las
firmas o huellas digitales de las personas que apoyan la propuesta.

Art. 183.- El Consejo Nacional Electoral, una vez recibida la
petición por parte de las y los proponentes, solicitará que en el
plazo de tres días la Secretaría de la Asamblea Nacional certifique la
fecha de presentación de la propuesta. De igual forma enviará la
propuesta a la Corte Constitucional para que determine si la petición
está conforme a lo establecido en la Constitución y en esta ley.

Art. 184.- El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el
decreto ejecutivo con la decisión de la Presidenta o Presidente de la
República, de la Asamblea Nacional o de los gobiernos autónomos
descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía y
con el dictamen previo de la Corte Constitucional, en los casos que
amerite, convocará en el plazo de quince días a referéndum, consulta
popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días.

Art. 185.- Los gastos que demande la realización de las
consultas que se convoquen por disposición de los gobiernos autónomos
descentralizados se imputarán al presupuesto del correspondiente nivel
de gobierno; los que se convoquen a solicitud de la ciudadanía o por
disposición de la Presidenta o Presidente de la República o de la
Asamblea Nacional, se imputarán al Presupuesto General del Estado.

Los gastos que demande la realización de los procesos de
revocatoria se imputarán al Presupuesto General del Estado.

Art. 186.- Para el ejercicio de la Instituciones de Democracia
Directa establecidas en la Constitución, serán aplicables los derechos
administrativos y los recursos judiciales electorales establecidos en
esta ley.

CAPITULO CUARTO
Iniciativa Popular

SECCIÓN PRIMERA
Enmienda Constitucional

Art. 187.- La ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por
ciento de las personas inscritas en el registro electoral podrá
proponer la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que
no altere su estructura fundamental, el carácter y elementos
constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los
derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma
de la Constitución. El trámite a seguir será el establecido para la
consulta popular.

SECCIÓN SEGUNDA
Reforma Constitucional

Art. 188.- Ante la Asamblea Nacional se podrán presentar
propuestas de iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la
Constitución, que no supongan una restricción en los derechos y
garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma
de la Constitución, con el respaldo de al menos el uno por ciento de
ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.

Art. 189.- Una vez recibida la propuesta por la Asamblea
Nacional o el órgano correspondiente, remitirá en el término de
setenta y dos horas la propuesta al Consejo Nacional Electoral para
que verifique la autenticidad de los respaldos presentados. El Consejo
Nacional Electoral dispondrá de un término máximo de siete días para
emitir su dictamen.

En caso de que el número de firmas fuera insuficiente o
existieran inconsistencias, el Consejo Nacional Electoral notificará a
las y los proponentes para que, de así considerarlo, completen las
firmas o subsanen los errores. Las y los proponentes o sus delegados
podrán acudir también ante el Tribunal Contencioso Electoral para
solicitar que el Consejo Nacional Electoral recuente las firmas.

Art. 190.- Si los proponentes cumplieran el requisito de
respaldos exigidos, el Consejo Nacional Electoral notificará a la
Asamblea Nacional y a partir de la recepción de la notificación
empezará a correr el plazo de un año para que se trate el proyecto de
reforma constitucional.

Art. 191.- Quienes propongan la reforma constitucional o
iniciativa popular normativa participarán, mediante representantes, en
el debate del proyecto en el órgano correspondiente.

Art. 192.- En el caso de que la Asamblea Nacional no trate la
propuesta en el plazo de un año, las y los proponentes podrán
solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta
popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de
los inscritos en el registro electoral.

Si la Corte Constitucional expresa su conformidad, el Consejo
Nacional Electoral convocará en el plazo de siete días y la Consulta
se realizará máximo en los sesenta días posteriores.

Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma
constitucional no podrá presentarse otra.

SECCIÓN TERCERA
Iniciativa Normativa

Art. 193.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para
proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante
la Asamblea Nacional o ante cualquier otro órgano con competencia
normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al
cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el
registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

Art. 194.- A partir de la notificación a la Asamblea Nacional o
a la instancia respectiva empezará a correr el plazo de ciento ochenta
días para tratar la propuesta de iniciativa popular normativa; si no
lo hiciere, entrará en vigencia la propuesta.

Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o
Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo
totalmente.

SECCIÓN CUARTA
Referéndum y la Consulta Popular

Art. 195.- El Consejo Nacional Electoral convocará a consulta
popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República,
de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados, de
la iniciativa ciudadana o por la Asamblea Nacional en el caso
establecido en el artículo 407 de la Constitución de la República y
para convocar una Asamblea Constituyente.

La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo
Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos
que estime convenientes, al tenor de las facultades contenidas en la
Constitución.

El Presidente de la República podrá proponer la realización de
una consulta popular sobre un proyecto de Ley que haya sido negado por
la Asamblea Nacional, de conformidad con las normas de esta sección.

Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las
tres cuartas partes de sus integrantes, debidamente certificada por la
secretaria del respectivo nivel de gobierno, podrán solicitar la
convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su
jurisdicción.

La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular
sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional,
el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco
por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea
de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez
por ciento del correspondiente registro electoral.

Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y
ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés y relacionados
con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no
inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en el registro
electoral de la circunscripción especial.

Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos
descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos
relativos a tributos o a la organización político administrativa del
país, salvo lo dispuesto en la Constitución.

La consulta que la Asamblea Nacional realice a la ciudadanía,
únicamente podrá versar sobre la autorización o no para realizar
actividades extractivas de los recursos no renovables en aéreas
protegidas o en zonas declaradas como intangibles, incluida la
explotación forestal.

Art. 196.- Cuando se trate de la conformación de regiones y
distritos metropolitanos autónomos y una vez cumplidos los requisitos
de aprobación del proyecto de ley orgánica por parte de la Asamblea
Nacional y con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, se
convocará a consulta popular en las provincias que formarían la
región, para que se pronuncien sobre el estatuto regional.

Si la consulta fuere aprobada por la mayoría absoluta de los
votos válidos emitidos en cada provincia y cantón en su caso, entrará
en vigencia la ley y su estatuto.

Para designar a las autoridades y representantes que corresponda
de acuerdo a las normas establecidas en la constitución y la ley, se
convocará a elecciones en los siguientes cuarenta y cinco días
posteriores a la proclamación de los resultados en las regiones recién
constituidas y en los distritos metropolitanos autónomos únicamente
cuando para su formación se unieran dos o más cantones conurbanos.

Art. 197.- Sólo se podrá convocar a Asamblea Constituyente a
través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la
Presidenta o Presidente de la República, por las dos terceras partes
de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas
inscritas en el registro electoral nacional.

La propuesta de la consulta deberá incluir la forma de elección
de las y los representantes y las reglas del proceso electoral.

El Consejo Nacional Electoral convocará en el plazo de los
quince días después de recibida la solicitud del Presidente de la
República, de notificada la resolución por parte de la Asamblea
Nacional o de verificados que los respaldos provenientes de la
ciudadanía cumplan con los requisitos legales.

La Consulta se realizará como máximo en los sesenta días
siguientes.

Art. 198.- Para la aprobación de un asunto en referéndum o
consulta popular se requerirá al menos la mitad más uno de los votos
válidos emitidos. Una vez proclamados los resultados del referéndum o
la consulta, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación en
el Registro Oficial dentro de los siete días siguientes.

SECCIÓN QUINTA
Revocatoria del mandato

Art. 199.- Los electores podrán revocar el mandato a las
autoridades de elección popular.

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una
vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que
fue electa la autoridad cuestionada. Durante el período de gestión de
una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del
mandato.

La solicitud de revocatoria deberá tener el respaldo de un
número no inferior al diez por ciento de personas inscritas en el
registro electoral correspondiente. Para el caso de la Presidenta o
Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no
inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral
nacional.

Art. 200.- El Consejo Nacional Electoral procederá a la
verificación de los respaldos en un plazo de quince días, de ser
auténticos los respaldos, convocará en el plazo de siete días a la
realización del proceso revocatorio, que se realizará máximo en los
sesenta días siguientes.

El pedido será negado si no cumple los requisitos señalados; de
encontrarse que existen irregularidades el Consejo Nacional Electoral
trasladará el informe respectivo a las autoridades judiciales
ordinarias o electorales, según sea el caso.

Art. 201.- Para la aprobación de la revocatoria del mandato, se
requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, salvo la
revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso
se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes.

El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato
cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato la autoridad
cuestionada cesará de su cargo y será reemplazada por quien
corresponda de acuerdo con la Constitución.

TITULO TERCERO
Financiamiento y Control del Gasto Electoral

CAPITULO PRIMERO
Campaña electoral, propaganda y límites del gasto

Art. 202.- El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para
elecciones directas determinará la fecha de inicio y de culminación de
la campaña electoral, que no podrá exceder de cuarenta y cinco días.

Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del
Consejo Nacional Electoral, garantizará de forma equitativa e
igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la
difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas.

El financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña
propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas
publicitarias. El Consejo Nacional Electoral reglamentará el
financiamiento según la realidad de cada localidad.

Art. 203.- Durante el período de campaña electoral, conforme la
norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del
Estado, en todos los niveles de gobierno, realicen propaganda,
publicidad y utilicen sus bienes y recursos para estos fines.

También se prohíbe la contratación privada de propaganda y
publicidad sobre el proceso electoral en prensa escrita, radio,
televisión y vallas publicitarias.

Art. 204.- Las candidatas y candidatos y las organizaciones
políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a las
ciudadanas y ciudadanos.

Art. 205.- A partir de la convocatoria a elecciones se prohíbe
cualquier tipo de publicidad con fines electorales con excepción de
las dispuestas por el Consejo Nacional Electoral.

Art. 206.- Las empresas que realicen pronósticos electorales,
para ejercer su actividad, deberán inscribirse y registrarse
previamente en el Consejo Nacional Electoral y sujetarse a las normas
que este expida. El incumplimiento de este requisito impedirá su
participación pública en los procesos electorales.

Art. 207.- Durante el período de campaña electoral, todas las
instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a
través de prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.
Únicamente podrán informar a través de estos medios sobre asuntos cuya
difusión sea necesaria para la ejecución de planes y programas
específicos y que se encuentran en ejecución durante este período.

Queda prohibida la exposición en espacios audiovisuales, que
impliquen la utilización de recursos públicos de la imagen, voz, y
nombres de personas que se encuentren inscritas como candidatas o
candidatos.

Quienes ejerzan una función pública y se encuentren calificados
como candidata y candidatos no podrán participar oficialmente en
eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos
públicos, exceptuando aquellos que sean de representación propios al
ejercicio de sus funciones.

El tiempo y/o valor contratado por las entidades públicas para
informar durante toda la campaña electoral, no podrá exceder al
promedio mensual del último año anterior al inicio de la campaña.

Cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios y hasta las
24h00 de ese día, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de
información dispuesta por las instituciones públicas, con excepción
del Consejo Nacional Electoral.

De no cumplirse estas disposiciones el Consejo Nacional
Electoral dispondrá a los medios de comunicación suspender de manera
inmediata su difusión, so pena de aplicar la sanción correspondiente
conforme lo dispuesto en esta Ley.

Art. 208.- Desde la convocatoria a elecciones las organizaciones
políticas podrán realizar, por su iniciativa, las actividades
tendientes a difundir sus principios ideológicos, programas de
gobierno, planes de trabajo y candidaturas, siempre que no implique la
contratación en prensa escrita, radio, televisión y vallas
publicitarias.

Los egresos realizados en estas actividades se imputarán al
gasto electoral de cada organización política.

Art. 209.- Ningún sujeto político que intervenga en este proceso
electoral, podrá exceder en otros gastos diferentes a los de
publicidad, de los siguientes límites máximos:

1. Elección del binomio de Presidenta o Presidente y
Vicepresidenta o Vicepresidente de la República: la cantidad que
resulte de multiplicar el valor de cero coma quince centavos de dólar
de los Estados Unidos de América por el número de ciudadanos que
consten en el registro nacional. En caso de existir segunda vuelta, el

monto máximo de gasto permitido para cada binomio, será el cuarenta
por ciento del fijado para la primera vuelta. En estos valores se
incluyen los gastos de promoción por estas candidaturas que se
efectuaren en el exterior.
2. Elección de miembros de los Parlamentos Andino y
Latinoamericano: Elección de representantes ante los Parlamentos
Andino y Latinoamericano: la cantidad que resulte de multiplicar el
valor de cero coma cero cinco centavos de dólar de los Estados Unidos
de América por el número de ciudadanos que consten en el registro
nacional.
3. Elección de asambleístas nacionales y provinciales,
gobernadoras y gobernadores regionales, y el binomio de prefectura y
viceprefectura: la cantidad que resulte de multiplicar el valor de
cero coma quince centavos de dólar de los Estados Unidos de América
por el número de ciudadanos que consten en el registro de la
respectiva jurisdicción. En ningún caso el límite del gasto será
inferior a US $ 15.000.
4. Elección de asambleístas del exterior: la cantidad que
resulte de multiplicar el valor de cero coma treinta centavos de dólar
de los Estados Unidos de América por el número de ciudadanos que
consten en la registro de la respectiva circunscripción especial.
5. Elección de alcaldesas o alcaldes metropolitanos y
municipales: la cantidad que resulte de multiplicar el valor de cero
coma veinte centavos de dólar por el número de ciudadanos que consten
inscritos en el registro metropolitano o cantonal. En los cantones que
tengan menos de treinta y cinco mil empadronados, el límite de gasto
no será inferior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América,
y en los que tengan menos de quince mil empadronados, el límite de
gasto no será inferior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de
América.
6. Elección de consejeras y consejeros regionales: el monto
máximo será el 60% del monto fijado para el respectivo gobernador
regional.
7. Elección de concejales: el monto máximo será el 60% del valor
fijado para el respectivo alcalde municipal.
8. Elección de vocales de juntas parroquiales: La cantidad que
resulte de multiplicar el valor de cero coma treinta centavos de dólar
por el número de ciudadanos que consten inscritos en el registro
parroquial. En ningún caso el límite del gasto será inferior a dos mil
dólares de los Estados Unidos de América.
9. En razón de las peculiares características geográficas de las
provincias de la Región Amazónica y Galápagos, el monto máximo de
gasto electoral provincial se incrementará en un 20 %.

El pago por concepto del impuesto al valor agregado (IVA), por
su naturaleza, no será considerado para determinar el monto máximo del
gasto electoral.

Art. 210.- El gasto máximo permitido durante la campaña
electoral para proponer una enmienda o reforma constitucional,
consulta popular o revocatoria del mandato, no podrá ser mayor al
límite establecido para la elección de la máxima autoridad de la
jurisdicción en la cual se realiza la campaña electoral.

CAPITULO SEGUNDO
Control del Gasto Electoral

Art. 211.- El Consejo Nacional Electoral ejerce las funciones de
control que en esta materia contempla la Constitución de la República
y la ley.

El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de controlar,
fiscalizar y realizar exámenes de cuentas en lo relativo al monto,
origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas
electorales.

Lo anterior, no limita las funciones y atribuciones del Servicio
de Rentas Internas para la determinación de obligaciones tributarias,
de la Contraloría General del Estado para la determinación del uso de
recursos y bienes públicos y del Tribunal Contencioso Electoral para
la revisión de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y la
determinación de responsabilidades por infracciones electorales.

El Consejo Nacional Electoral publicará durante y después del
proceso electoral, toda la información relativa al financiamiento y
gasto de los sujetos políticos, a través de la página oficial de
internet del Consejo Nacional Electoral, que permita la consulta y
supervisión oportuna por parte de la ciudadanía.

Art. 212.- La información relativa a la rendición de cuentas
sobre el monto, origen y destino de los gastos electorales será
pública.

Art. 213.- El Consejo Nacional Electoral, las Juntas
Provinciales Electorales y el Tribunal Contencioso Electoral, tendrán
la facultad de requerir, a cualquier organismo público o privado, que
sea depositario de información pertinente, los datos que precise para
el control del monto, origen y destino de los recursos que se utilicen
en las campañas electorales.

Ninguna información será negada argumentando sigilo o reserva
bancaria o cualquier otra restricción. Dichas informaciones se
suministrarán en el plazo de ocho días de notificado el pedido; de no
hacerlo, el representante legal o el funcionario responsable de la
entidad requerida, será sancionado por el Consejo Nacional Electoral o
el Tribunal Contencioso Electoral, según sea el caso, y de conformidad
con la Ley.

En el proceso de investigación, los miembros del Consejo
Nacional Electoral o las juntas provinciales electorales guardarán
reserva hasta que concluya la misma y se emita la correspondiente
resolución.

Art. 214.- Para cada proceso electoral, consulta popular o
revocatoria del mandato, las organizaciones políticas que actúen
conjunta o separadamente, mediante alianza o no, deberán inscribir
ante el Consejo Nacional al representante o procurador común en caso
de alianzas, así como un responsable del manejo económico de la
campaña, hasta la fecha de inscripción de la candidatura.

CAPITULO TERCERO
Ingresos

Art. 215.- Las organizaciones políticas calificadas por el
Consejo Nacional Electoral y los sujetos políticos están autorizados
para recibir aportaciones económicas lícitas, en numerario o en
especie, a cualquier título, las cuales serán valoradas económicamente
para los procesos electorales, consultas populares y revocatorias del
mandato, según la valoración real del aporte a la época de la
contratación o promoción.

Adicionalmente podrán recibir aportes del Presupuesto General
del Estado los partidos políticos y los movimientos políticos
nacionales en los casos establecidos en esta Ley.

Art. 216.- Las organizaciones políticas podrán recibir
aportaciones para la campaña electoral de las siguientes fuentes:

1. Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus
afiliados, así como las cuotas voluntarias y personales que los
candidatos aporten para sus campañas;
2. Los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en
forma libre y voluntaria por personas naturales de nacionalidad
ecuatoriana, sea que residan en el país o en el extranjero y por las
personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador; y,
3. Los ingresos que los partidos y sus frentes sectoriales
obtengan por las rentas de sus bienes, así como de sus actividades
promocionales.

Las organizaciones políticas deberán declarar, registrar y
justificar el origen y monto de los recursos y de los bienes
obtenidos.

Art. 217.- El responsable del manejo económico, recibe y
registra la contribución para la campaña electoral, obligándose a
extender y suscribir el correspondiente comprobante de recepción, el
mismo que llevará el nombre y número de la organización política o
alianza, contendrá también el respectivo número secuencial para
control interno.

Los aportes que consten en el comprobante serán objeto de
valoración cuantificable, para efectos de la contabilidad que se
imputará a los gastos electorales de la candidatura beneficiada.

Serán nulos los aportes en especie, contribuciones o donaciones
si no tuvieren el correspondiente comprobante.

Art. 218.- El aportante y quien recibe el aporte no podrán
adquirir compromiso alguno contrario a la ley o al servicio público
como correspondencia o retribución al aporte entregado y recibido.

Art. 219.- Prohíbese la recepción de aportes, contribuciones, o
entrega de cualquier tipo de recurso de origen ilícito.

Igualmente prohíbese la aceptación de aportaciones que provengan
de personas naturales nacionales que tengan contratos con el Estado,
siempre y cuando el contrato haya sido celebrado para la ejecución de
una obra pública, la prestación de servicios públicos o la explotación
de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra
modalidad contractual.

Está prohibido aceptar aportaciones de personas naturales que
mantengan litigios judiciales directos o indirectos con el Estado por
contratos de obras o servicios públicos.

Se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o
instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes
públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas
en las instituciones, obras o proyectos a su cargo.

Está prohibido que en las instituciones del Estado se soliciten
aportaciones obligatorias a favor de organizaciones políticas o
candidatura alguna.

Art. 220.- La o el responsable del manejo económico de las
campañas electorales llevarán un registro de ingresos y gastos. Los
aportantes deberán llenar los formularios de aportación que para el
efecto elaborará y entregará el Consejo Nacional Electoral. En todo
caso, las aportaciones serán nominativas.

Art. 221.- La aportación de las personas naturales no podrá
exceder del cinco por ciento del monto máximo de gasto electoral
autorizado, para cada dignidad. El aporte de los candidatos no podrá
exceder del diez por ciento de dicho monto máximo de gastos
electorales.

Art. 222.- Los ingresos que las organizaciones políticas y sus
frentes sectoriales obtengan por las rentas financieras de sus bienes,
así como de sus actividades promocionales, no podrán superar el 50%
del monto máximo de gastos electorales autorizado.

Art. 223.- Los préstamos que los sujetos políticos obtengan del
sistema financiero nacional para cubrir los costos de las campañas
electorales en las que participen, se justificará de acuerdo con lo
previsto en esta ley, y podrán cancelarse con recursos provenientes de
su propio patrimonio. Dichos préstamos por ningún motivo podrán ser
objeto de condonaciones, ni los intereses que éstos generen. En ningún
caso el monto total por concepto de créditos podrá exceder del 20% del
límite máximo del gasto señalado por esta ley para los diferentes
cargos.

CAPITULO CUARTO
Contabilidad y Registros

Art. 224.- La persona que tenga a su cargo el manejo económico
de la campaña electoral será responsable de la liquidación de cuentas
y del reporte al organismo competente sobre los fondos, ingresos y
egresos de la campaña electoral. Será el único facultado por la
presente ley para suscribir contratos para una campaña de promoción
electoral. Pudiendo delegar a responsables económicos en las
diferentes jurisdicciones territoriales, mediante poder especial.
Quien sea responsable del manejo económico de la campaña responderá
solidariamente con sus delegados.

Todo responsable económico o procurador común, según sea el
caso, previo a la iniciación de cualquier campaña electoral deberá
obtener o actualizar su inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes.

Deberán reportarse todos los gastos electorales, aún si éstos
fueren contratados con anterioridad a la convocatoria a las
elecciones.

Art. 225.- Durante la campaña electoral las organizaciones
políticas y sus alianzas a través de sus responsables económicos y/o
procuradores comunes, deberán abrir una cuenta bancaria única
electoral en una de las instituciones del sistema financiero nacional,
a efecto de llevar un adecuado y detallado registro financiero, de
todos los ingresos monetarios sin excepción. Esta cuenta será distinta
de la cuenta bancaria de la organización política.

Para la apertura de estas cuentas deberán presentar la
certificación emitida por la autoridad electoral correspondiente y no
estarán amparadas por el sigilo bancario.

Todos los pagos o egresos superiores a cien dólares deberán
hacerse mediante cheques girados exclusivamente contra estas cuentas,
y contarán siempre con el documento de respaldo, sea éste factura,
nota de venta o cualquier otro autorizado por la ley. Los egresos de
hasta cien dólares podrán realizarse en efectivo, con cargo a caja
chica, pero deberán estar respaldados con el respectivo documento.

Es obligatorio utilizar exclusivamente estas cuentas para los
ingresos y egresos electorales. Las cuentas se abrirán desde la
calificación de la candidatura o de la convocatoria del proceso de
revocatoria del mandato o consulta popular, y se cancelarán dentro de
un plazo perentorio de treinta días posteriores a la fecha de
culminación de la campaña electoral.

La apertura, así como el eventual cierre o cancelación de estas
cuentas, serán notificados de inmediato y justificados por escrito a
la respectiva autoridad electoral.

No se efectuará contrataciones a través de terceras personas;
tampoco se manejará cuentas de campaña electoral abiertas en el
extranjero salvo el caso de las circunscripciones especiales en el
exterior, ni se justificará ingresos o egresos mediante transferencia
de bancos o corresponsales extranjeros. Se exceptúan los aportes de
las y los ecuatorianos domiciliados en el exterior, en los montos y
con las reglas establecidas en esta Ley.

Art. 226.- Es obligación del responsable del manejo económico de
cada organización política llevar una contabilidad que deberá ser
suscrito por un contador público autorizado.

Se deberá, además, llevar una cuenta separada de las
subvenciones otorgadas por el Estado para el financiamiento de los
partidos políticos. Anualmente se rendirá un informe de su empleo al
Consejo Nacional Electoral. Igual obligación tendrán los otros sujetos
políticos en caso de haber recibido fondos del Estado.

Art. 227.- Quienes estén sujetos a esta ley, están obligados a
llevar contabilidad bajo las normas técnicas y los términos
establecidos en las leyes pertinentes.

Además, las organizaciones políticas y alianzas están obligadas
a llevar registros contables para cada proceso de sufragio en que
participen.

Dicha contabilidad se utilizará y tendrá valor probatorio en la
rendición de cuentas ante el organismo electoral competente, de
conformidad con esta ley.

La contabilidad de las organizaciones políticas se sujetará a
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Art. 228.- Para cada proceso electoral los responsables de
recibir aportaciones para las campañas electorales y los candidatos,
deberán notificar al organismo electoral competente la apertura de los
registros contables, en los cuales constarán obligatoriamente todos
los aportes o contribuciones, de cualquier naturaleza que fueren
realizados por cualquier persona natural para el proceso electoral; y,

de la misma manera, todos los gastos realizados con los respectivos
soportes contables, documentados y en los plazos exigidos por la
presente Ley.

Todo ingreso y egreso será registrado en la contabilidad y se
cumplirá lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, su
Reglamento y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Art. 229.- Los registros y contabilidad a que se refiere la
presente ley, deberán mantenerse durante todo el proceso electoral y
se conservarán por cinco años después de su juzgamiento. Podrán ser
examinados en cualquier tiempo, dentro de este plazo, por el Consejo
Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral.

CAPITULO QUINTO
Rendición de Cuentas de los Fondos de Campaña Electoral

Art. 230.- En el plazo de noventa días después de cumplido el
acto de sufragio, la o el responsable del movimiento económico de la
campaña, con intervención de una contadora o contador público
autorizado, liquidará los valores correspondientes a ingresos y
egresos de la campaña electoral presentando para ello un balance
consolidado, el listado de contribuyentes con la determinación de los
montos y los justificativos que esta ley prevé.

Art. 231.- La presentación de cuentas la realizará la o el
responsable del manejo económico de la campaña electoral, ante el
órgano electoral competente.

En los casos en que se participe exclusivamente en elecciones de
carácter seccional el responsable del manejo económico de la campaña
electoral realizará la presentación de cuentas ante el Consejo
Nacional Electoral o su delegado, quien procederá a su examen y
juzgamiento.

Los órganos electorales vigilarán que las cuentas se presenten
en los plazos previstos y con todos los documentos que los
justifiquen.

Art. 232.- La documentación deberá contener y precisar
claramente: el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los
mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación
plena y la del aportante original cuando los recursos se entreguen por
interpuesta persona, el destino y el total de las sumas gastadas en el
proceso electoral por rubros, estados de cuenta y conciliaciones
bancarias, así como los comprobantes de ingresos y de egresos con las
facturas o documentos de respaldo correspondiente.

Art. 233.- Si transcurrido el plazo establecido en esta ley, no
se hubiere presentado la liquidación correspondiente, los órganos
electorales requerirán a los responsables económicos y/o procurador
común, para que lo entregue en un plazo máximo de quince días,
contados desde la fecha de notificación del requerimiento.

Art. 234.- Fenecido dicho plazo, a los responsables del manejo
económico que no hayan presentado sus cuentas de las últimas
elecciones, el órgano electoral competente de oficio y sin excepción
alguna, procederá a sancionarlos de acuerdo a lo previsto en esta Ley
y conminará a los órganos directivos de las organizaciones políticas
para que presenten las cuentas en el plazo de quince días adicionales.
De no hacerlo, se procederá a sancionarlos de acuerdo a lo previsto en

esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a
que hubiere lugar.

Art. 235.- Los órganos electorales examinarán las cuentas
presentadas; si de dicho examen o de otra información a su alcance,
hubiere indicios de infracciones a esta ley, dispondrán auditorías
especiales inmediatas que deberán estar realizadas en un plazo de
treinta días; sus resultados se notificarán a las partes involucradas
a fin de que ejerciten el derecho a la defensa en el plazo de quince
días, contado a partir de la notificación.

Los costos y gastos que demanden las auditorías especiales serán
cubiertas por quienes hubieren sido declarados infractores en el
juzgamiento correspondiente, contra quienes se expedirá el título de
crédito por parte del Tribunal Contencioso Electoral.

Art. 236.- El organismo electoral competente dictará su
resolución dentro del plazo de treinta días de concluido el trámite
previsto en el artículo anterior, debiendo proceder de la siguiente
manera:

1. Si el manejo de valores y la presentación de las cuentas son
satisfactorios, emitirán su resolución dejando constancia de ello y se
cerrará el proceso; y,
2. De haber observaciones, se concederá un plazo de quince días,
contado desde la notificación, para desvanecerlas. Transcurrido dicho
plazo, con respuestas o sin ellas dictará la resolución que
corresponda.

La resolución del Consejo Nacional Electoral se podrá apelar en
el plazo de tres días contado a partir de la notificación para ante el
Tribunal Contencioso Electoral.

TITULO CUARTO
De la administración y justicia electoral

CAPITULO PRIMERO
Instancias Administrativas ante el Consejo Nacional Electoral

Art. 237.- Las reclamaciones presentadas ante el Consejo
Nacional Electoral o ante las juntas provinciales electorales en
período electoral, deberán ser resueltas dentro de los plazos
señalados en los artículos siguientes.

Aquellas reclamaciones que se presenten ante el Consejo Nacional
Electoral fuera del período de elecciones, tendrán un plazo máximo de
treinta días para su resolución.

De no haber resolución, el peticionario tendrá derecho de acudir
ante el Tribunal Contencioso Electoral, que procederá a resolver la
petición en los plazos establecidos en esta Ley.

Art. 238.- Cuando existan impugnaciones a la adjudicación de
puestos, la proclamación de los candidatos triunfantes se hará una vez
resuelta la impugnación por el Consejo Nacional Electoral o las Juntas
Electorales, según el caso, o los recursos contencioso electorales de
apelación por el Tribunal Contencioso Electoral.

Los sujetos políticos podrán presentar dichas impugnaciones en
un plazo máximo de dos días.

Las Juntas Electorales o el Consejo Nacional Electoral señaladas
en esta ley, resolverán en el plazo de tres días las impugnaciones
presentadas.

Art. 239.- Los sujetos políticos tienen el derecho de solicitar
la corrección, de objetar o de impugnar las resoluciones de los
Órganos de la Gestión Electoral. Derechos que serán ejercidos en sede
administrativa ante el mismo órgano que tomó la decisión o ante su
superior jerárquico, según el caso.

Art. 240.- Las personas que hayan obtenido su cédula de
identidad o ciudadanía, así como aquellas que realizaron inscripciones
en el registro y cambios de domicilio antes del cierre del registro
electoral, y no fueron incluidas en el registro electoral, la
inclusión fue errónea, o sus datos de domicilio no fueron actualizados
o lo fueron de forma equivocada, podrán proponer la reclamación
administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, acompañando las
pruebas, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha
de publicación del registro electoral. El Consejo Nacional Electoral
tendrá el plazo de dos días para resolver. La resolución del Consejo
puede recurrirse para ante el Tribunal Contencioso Electoral, a través
del recurso contencioso electoral de apelación.

Art. 241.- La petición de Corrección se presenta a las Juntas
Provinciales Electorales o al Consejo Nacional Electoral.

La petición se realizará cuando las resoluciones emitidas por
esos órganos, fueran obscuras, no hubieren resuelto alguno de los
puntos sometidos a su consideración o cuando las partes consideren que
las decisiones son nulas.

La petición no será admisible cuando en ella no se especifique
si se solicita la ampliación, la reforma, la aclaración o la
revocatoria. Se presenta ante el mismo ente administrativo que emitió
la resolución.

La instancia ante quien se presente la petición se pronunciará
en el plazo de veinte y cuatro horas desde que se ingresa la
solicitud.

Art. 242.- El Derecho de Objeción se ejerce cuando existe
inconformidad con las candidaturas presentadas por inhabilidades
legales o cuando hay inconformidad con el resultado numérico de los
escrutinios.

La objeción será motivada, se presentará ante el Consejo
Nacional Electoral o ante las Juntas Provinciales Electorales, según
el caso, se adjuntarán las pruebas y documentos justificativos, sin
los cuales no se aceptará su trámite.

No es obligatorio el anexar las copias de las actas de las
juntas receptoras del voto.

Para resolver las objeciones presentadas se seguirá el trámite y
se cumplirán los plazos establecidos en esta ley.

Las objeciones que realicen los sujetos políticos respecto de
candidaturas nacionales, serán presentadas ante el Consejo Nacional
Electoral, quien decidirá en única instancia administrativa; y, las
demás se presentarán en las respectivas Juntas Provinciales.

Las objeciones sobre los resultados numéricos podrán ser
presentadas dentro del plazo de dos días desde su notificación a las
organizaciones políticas. Estas objeciones serán resueltas dentro del
plazo de dos días.

De estas resoluciones pueden plantearse todos los recursos
previstos para ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Art. 243.- Las impugnaciones a las resoluciones tomadas por las
Juntas Provinciales Electorales sobre las objeciones, se presentarán
en un plazo de dos días luego de emitida la resolución, en la
correspondiente Junta para ante el Consejo Nacional Electoral,
constituyendo la segunda instancia en sede administrativa.

El Consejo Nacional Electoral resolverá la impugnación en el
plazo de tres días. De estas resoluciones pueden plantearse todos los
recursos judiciales electorales previstos en esta Ley, para ante el
Tribunal Contencioso Electoral.

CAPITULO SEGUNDO
Instancias jurisdiccionales ante Tribunal Contencioso Electoral

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones Generales

Art. 244.- Se consideran sujetos políticos y pueden proponer los
recursos contemplados en los artículos precedentes, los partidos
políticos, movimientos políticos, alianzas, y candidatos. Los partidos
políticos y alianzas políticas a través de sus representantes
nacionales o provinciales; en el caso de los movimientos políticos a
través de sus apoderados o representantes legales provinciales,
cantonales o parroquiales, según el espacio geográfico en el que
participen; los candidatos a través de los representantes de las
organizaciones políticas que presentan sus candidaturas.

Las personas en goce de los derechos políticos y de
participación, con capacidad de elegir, y las personas jurídicas,
podrán proponer los recursos previstos en esta Ley exclusivamente
cuando sus derechos subjetivos hayan sido vulnerados.

En el caso de consultas populares y referéndum, podrán proponer
los recursos quienes hayan solicitado el ejercicio de la democracia
directa; en el caso de revocatorias del mandato, los que han
concurrido en nombre de los ciudadanos en goce de sus derechos
políticos para pedir la revocatoria, así como la servidora o servidor
público de elección popular a quien se solicite revocar el mandato.
Los partidos políticos, movimientos políticos y las organizaciones
ciudadanas que se hubieran registrado en el Consejo Nacional Electoral
para participar activamente en estos procesos electorales, en los
casos citados en este inciso, podrán presentar los recursos
contencioso electorales directamente los candidatos o candidatas
afectadas o lo harán a través de sus representantes, apoderados
especiales, mandatarios o de los defensores de los afiliados o
adherentes permanentes.

Las normas precedentes se aplicarán también para la presentación
de reclamaciones y recursos administrativos.

Las veedurías ciudadanas no constituyen parte procesal, pero
podrán remitir al Tribunal Contencioso Electoral sus informes y
resultados a conocimiento de éste.

Art. 245.- Los recursos contencioso electorales se receptarán en
la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, donde se
verificará que el expediente se encuentre completo y debidamente
foliado, luego de lo cual, la Secretaria o Secretario del Tribunal
dejará constancia del día y hora de la recepción y les asignará la
numeración que corresponda, de acuerdo al orden de ingreso.

El recurso deberá contar con el patrocinio de un abogado.

Art. 246.- Toda acción o recurso que se presente ante el
Tribunal Contencioso Electoral, debe contener la petición de
asignación de una casilla contencioso electoral y el señalamiento del
domicilio judicial electrónico, cuando el compareciente no tuviere uno
previamente asignado.

La Secretaria o Secretario del Tribunal, será la persona
encargada del registro de las acciones y los recursos, el cual podrá
ser informático.

La Secretaría del Tribunal tendrá una base de datos informática
que estará disponible al público en general, en la que se hará constar
el estado de trámite con la última actuación realizada.

Art. 247.- Las citaciones y notificaciones se harán mediante
boletas físicas y electrónicas, que serán puestas en conocimiento de
las partes o de otras personas o servidores públicos que deban
contestar o cumplir lo notificado.

Las citaciones y notificaciones al Consejo Nacional Electoral o
a los organismos electorales desconcentrados, se efectuarán en la
casilla contencioso electoral que deberán poseer para el efecto y
mediante documento electrónico del órgano.

Art. 248.- Cabe la acumulación de procesos cuando siendo
distintos los recurrentes y las causas que se tramiten en una misma
instancia, afecten el derecho o el interés directo del otro u otros
que se encuentren en controversia.

En caso de acumulación, actuará el juez que primero haya avocado
conocimiento del recurso.

SECCIÓN SEGUNDA
Juzgamiento y Garantías

Art. 249.- El juez o la jueza, una vez que avoque conocimiento,
inmediatamente señalará el lugar, día y la hora en que se realizará la
Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, en la que se sustentarán las
pruebas de cargo y de descargo. De lo actuado en la audiencia se
dejará constancia en un acta que será suscrita por el Juez o Jueza y
el secretario.

Art. 250.- La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, que se
realizará ante el juez o jueza competente, con presencia de la persona
presunta infractora y de su abogada o abogado defensor, en cuya falta
el juez o jueza deberá designar un defensor de oficio en cumplimiento
de las normas del debido proceso. Actuará el secretario o secretaria,
debidamente autorizado y posesionado para desempeñar esta función.

Art. 251.- Si la persona citada no compareciere en el día y hora
señalados y no justificare su inasistencia, la Audiencia de Prueba y

Juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía, con el mismo procedimiento
establecido.

Art. 252.- Instalada la Audiencia oficialmente, el juez o jueza
competente, dispondrá que la secretaria o secretario dé lectura a las
disposiciones constitucionales o legales que otorgan jurisdicción y
competencia al Tribunal Contencioso Electoral para conocer y resolver
estos casos.

La Audiencia se iniciará con la exposición que hace el juez o la
jueza, para poner en conocimiento de la persona que presuntamente ha
cometido la infracción, los cargos que se le imputan con el fin de que
haga uso de su derecho a la defensa. A continuación intervendrá la
parte que haya impulsado la denuncia, si la hubiere, o se dará lectura
al parte policial respectivo.

Art. 253.- En la Audiencia de Prueba y Juzgamiento se
presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes.

Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a
comparecer ante las juezas y jueces y responder al interrogatorio
respectivo.

Art. 254.- Las juezas o jueces rechazarán de plano todo
incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso.

Art. 255.- La secretaria o secretario levantará un acta de la
audiencia, sentará razón sobre la realización de la Audiencia Oral de
Juzgamiento, de las partes que intervinieron y agregará al expediente
las pruebas o demás documentos que se hubieran presentado.

Art. 256.- Se reconoce el derecho de las personas imputadas, a
ser escuchadas, así como a guardar silencio.

Art. 257.- Para garantizar la protección de los derechos,
libertades y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, la protección
interna y el mantenimiento del orden público, en las audiencias se
contará con la presencia de la Policía Nacional.

Será responsabilidad de los jueces, el velar por el estricto
cumplimiento de las normas constitucionales y legales, por el normal
desenvolvimiento de las Audiencias y por el cumplimiento del
procedimiento oral.

Art. 258.- Las audiencias serán públicas, pero las personas que
concurran deberán permanecer en silencio y mantener una conducta
respetuosa.

Art. 259.- Las audiencias se realizarán en el lugar, día y hora
señalados, pero las juezas y jueces tendrán la facultad de
suspenderlas, únicamente por caso fortuito o fuerza mayor, en todos
los casos, la jueza o el juez deberá justificar debidamente la
suspensión.

En caso de suspenderse la Audiencia, se señalará nuevo día y
hora para su realización.

SECCIÓN TERCERA
Sentencias

Art. 260.- Previo a la sentencia, de considerarlo necesario, el
Tribunal Contencioso Electoral o la jueza o juez competente podrá
requerir actuaciones, documentos o cualquier otro tipo de información
que contribuya al esclarecimiento de los hechos que estén a su
conocimiento.

Art. 261.- Los plazos para resolver se interrumpen si el
Tribunal considera necesario la apertura de urnas.

Art. 262.- Las sentencias deberán ser motivadas con arreglo a lo
dispuesto en la Constitución del República Ecuador y resolverán todos
los puntos del recurso planteado.

Si una de las juezas o jueces emite un voto salvado, éste deberá
ser motivado, contendrá los puntos de divergencia, aparecerá por
separado y será notificado junto con la sentencia.

Art. 263.- Emitida la sentencia, la Secretaria o Secretario del
Tribunal Contencioso Electoral dará fe de su contenido, de la fecha en
que fue dictada, los nombres de las juezas y jueces que intervinieron,
los votos de mayoría y los votos salvados.

La Secretaria o Secretario notificará la sentencia de inmediato.
Transcurrido el plazo de tres días posterior a la notificación, la
sentencia causará ejecutoria y deberá cumplirse inmediatamente.

Art. 264.- Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal Contencioso
Electoral la notificará al organismo electoral correspondiente, y a
los demás organismos o autoridades competentes para su estricto e
inmediato cumplimiento.

Art. 265.- Ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso
Electoral que confirme los resultados numéricos para cualquier cargo o
la adjudicación de puestos de los cargos de elección pluripersonal, o
que declare la validez de las votaciones o los escrutinios, se
remitirá el expediente al Consejo Nacional Electoral o las Juntas
Provinciales Electorales para su ejecución e inmediato cumplimiento.

Art. 266.- Las sentencias y resoluciones que dicte el Tribunal
constituirán jurisprudencia y serán de última instancia e inmediato
cumplimiento.

Art. 267.- El Pleno del Tribunal pondrá en conocimiento del
Ministerio Publico los casos de incumplimiento total o parcial de una
sentencia o resolución, sin perjuicio del ejercicio de su poder
coactivo para garantizar su cumplimiento.

SECCIÓN CUARTA
Recursos y Acciones Contencioso Electorales

Art. 268.- Ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se
podrán interponer los siguientes recursos:

1. Recurso Ordinario de Apelación
2. Acción de Queja
3. Recurso Extraordinario de Nulidad
4. Recurso Excepcional de Revisión

Los recursos y acciones que se presenten ante el Tribunal
Contencioso Electoral fuera del período de elecciones, tendrán un
plazo máximo de treinta días para su resolución.

Art. 269.- El Recurso Ordinario de Apelación se podrá plantear
en los siguientes casos:

1. Negativa de inclusión en el registro electoral o error en el
mismo, negativa de modificación del lugar de votación por cambio de
domicilio o de rectificación del mismo.
2. Aceptación o negativa de inscripción de candidatos.
3. Aceptación o negativa de inscripción de organizaciones
políticas.
4. Resultados numéricos.
5. Adjudicación de cargos.
6. Declaración de nulidad de la votación.
7. Declaración de nulidad de elecciones.
8. Declaración de nulidad del escrutinio.
9. Declaración de validez de la votación.
10. Declaración de validez de los escrutinios.
11. Asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.
12. Cualquier otro acto o resolución que emane del Consejo
Nacional Electoral o de las juntas provinciales electorales que genere
perjuicio a los sujetos políticos o a quienes tienen legitimación
activa para proponer los recursos contencioso electorales, y que no
tenga un procedimiento previsto en esta Ley.

Las organizaciones políticas por intermedio de su representante
legal, nacional o provincial y los candidatos, podrán interponer ante
el Tribunal Contencioso Electoral, el recurso de apelación en el plazo
de tres días desde la notificación.

Interpuesto el recurso contencioso electoral de apelación, los
órganos administrativos electorales remitirán el expediente íntegro,
sin calificar el recurso, al Tribunal Contencioso Electoral, dentro
del plazo máximo de dos días.

El Tribunal resolverá los recursos de apelación interpuestos
dentro del plazo máximo de siete días contados a partir del día en que
avocó conocimiento del asunto; su resolución causará ejecutoria.

En el caso del numeral 11, el recurso será resuelto en primera
instancia por una jueza o juez designado por sorteo, dentro de siete
días contados a partir del día en que avoque conocimiento del recurso.
Su resolución podrá apelarse ante el Tribunal en pleno, que resolverá
en el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la apelación.
En el Tribunal en pleno, actuará en reemplazo de la jueza o juez que
resolvió la primera instancia, la jueza o juez suplente que
corresponda en atención al respectivo orden de prelación.

En los casos previstos en el numeral 12, se resolverá dentro de
los quince días cantados desde la notificación de admisión del
recurso. El recurso presentado con base en esta causal no tendrá
efecto suspensivo.

Art. 270.- La acción de queja se interpone ante el Tribunal
Contencioso Electoral para la resolución del juez o jueza competente,
en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la ley, los reglamentos y las
resoluciones por parte de las o los vocales de los organismos
electorales desconcentrados o de las consejeras o consejeros del
Consejo Nacional Electoral, o los servidores públicos de la
administración electoral;

2. Por la falta de respuesta a una petición realizada a las o
los vocales o consejeros o los servidores públicos de la
administración electoral; y,
3. Por las infracciones a las leyes, los reglamentos o las
resoluciones por parte de las y los vocales y consejeros o consejeras
o los servidores públicos de la administración electoral.

Si el recurso de queja versa sobre una actuación o decisión de
una jueza o juez del Tribunal, que fuere similar a las descritas en
los numerales de este artículo, se presentará para la resolución del
Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

Los sujetos políticos y quienes tengan legitimación activa de
conformidad con esta Ley, podrán interponer la acción de queja dentro
del plazo de cinco días contados desde la fecha en que tuvieron
conocimiento de la comisión de la infracción o del incumplimiento
materia del recurso. El escrito de interposición de la acción de queja
se acompañará de las pruebas con que cuente el actor, y deberá incluir
la enunciación de aquellas que se proponga rendir.

La jueza o juez que corresponda por sorteo, tendrá el plazo de
quince días contados a partir de la fecha en que avocó conocimiento
del asunto para resolver la queja interpuesta. Su fallo podrá ser
apelado ante el Tribunal Contencioso Electoral en pleno, en el plazo
de dos días desde la notificación de la sentencia. En estos casos, el
Tribunal en pleno deberá pronunciarse, sobre el mérito de lo actuado,
dentro de los siete días desde que avoque conocimiento del recurso. En
el Tribunal en pleno, actuará en reemplazo de la jueza o juez que
resolvió en primera instancia, la jueza o juez suplente que
corresponda en atención al respectivo orden de prelación.

La acción de queja servirá únicamente para sancionar a las
servidoras o servidores de la Función Electoral.

Art. 271.- El Recurso Extraordinario de Nulidad puede ser
interpuesto en el plazo de tres días y exclusivamente por los sujetos
políticos que intervienen en el proceso electoral, ante el Tribunal
Contencioso Electoral, para pedir la anulación de las votaciones o de
los escrutinios.

Si el recurso planteado solicita la anulación de una junta
receptora del voto o la anulación parcial de la elección, el Tribunal
tendrá cuarenta y ocho horas para pronunciarse.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tendrá treinta días
para pronunciarse sobre el recurso, cuando se pidiere la anulación
total de un proceso electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral no admitirá el recurso si a
partir de la nulidad declarada por el Consejo Nacional Electoral o por
el propio Tribunal ya se hubiesen realizado nuevas elecciones.

Art. 272.- El Recurso Excepcional de Revisión se interpondrá
dentro de los cinco años posteriores a la resolución en firme sobre el
examen y juzgamiento de las cuentas de campaña y gasto electoral. Se
presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral y puede ser solicitado
por las organizaciones políticas solamente cuando:

1. La Resolución del Consejo Nacional Electoral o Sentencia del
Tribunal Contencioso Electoral hubiere sido expedida o dictada con
evidente error de hecho o de derecho, verificado y justificado;

2. Con posterioridad aparecieren documentos de valor
trascendental ignorados al expedirse la Resolución del Consejo
Nacional Electoral o sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de
que se trate;
3. Los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar
una resolución o sentencia hubieren sido declarados nulos por
sentencia judicial ejecutoriada; y,
4. Por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para
dictar la Resolución del Consejo Nacional Electoral o Sentencia del
Tribunal Contencioso Electoral materia de la revisión, ha mediado
delito cometido por funcionarios o empleados públicos que
intervinieron en tal acto o resolución.

El Tribunal Contencioso Electoral dispondrá de quince días para
resolver el recurso.

Art. 273.- La interposición de los recursos Extraordinario de
Nulidad, y Excepcional de Revisión, no tienen efectos suspensivos
sobre los procesos electorales en curso.

Art. 274.- En todos los casos se podrá solicitar aclaración o
ampliación cuando sus resoluciones, autos o sentencias generen dudas o
no hubieren resuelto alguno de los puntos sometidos a su juzgamiento.

El Juez o Jueza electoral o el Tribunal Contencioso Electoral
tienen dos días para pronunciarse.

CAPITULO TERCERO
Infracciones, Procedimiento y Sanciones

Art. 275.- Constituyen infracciones de los sujetos políticos, de
las personas naturales y jurídicas, las siguientes:

1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ley;
2. La inobservancia de las resoluciones y sentencias del Consejo
Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral;
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
capítulo referente al financiamiento y control del gasto establecido
en esta ley, o la infracción de las prohibiciones y límites en las
mismas materias;
4. No presentar los informes con las cuentas, el monto de los
aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado
de contribuyentes, su identificación plena y la del aportante original
cuando los recursos se entreguen por interpuesta persona, el destino y
el total de las sumas gastadas en el proceso electoral por rubros,
estados de cuenta y conciliaciones bancarias, así como los
comprobantes de ingresos y de egresos con las facturas o documentos de
respaldo correspondiente;
5. No atender los requerimientos de información del Consejo
Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, en los
términos y plazos previstos;
6. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña;
y,
7. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de
espacios en cualquier modalidad en radio o televisión, para realizar
campaña electoral.

Art. 276.- Constituyen infracciones de las autoridades o de los
servidores públicos, las siguientes:

1. La omisión de la obligación de prestar la colaboración cuando
es requerida por los organismos electorales;
2. Usar bienes o recursos públicos con fines electorales; y,
3. No proporcionar oportunamente la información que les sea
solicitada por los organismos electorales.

Serán sancionados con la destitución del cargo y una multa de
hasta diez remuneraciones básicas unificadas.

Art. 277.- Constituyen infracciones por parte de los medios de
comunicación social, las siguientes:

1. La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de
programación, a los sujetos políticos, directa o indirectamente, en
períodos de elecciones;
2. La difusión de propaganda política o electoral, pagada o
gratuita, ordenada por personas distintas al Consejo Nacional
Electoral;
3. Incumplir con las disposiciones referentes a propaganda
durante la campaña electoral establecidas en esta ley;
4. El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de
transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y de las
autoridades electorales, dispuestas por el Consejo Nacional Electoral;
y,
5. La manipulación o superposición de la propaganda electoral o
los programas de las organizaciones políticas con el fin de alterar o
distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones o
personas.

En estos casos, se suspenderá la publicidad en dicho medio y se
le sancionará con una multa de cincuenta a cien mil dólares.

Art. 278.- Para el juzgamiento de las infracciones señaladas en
esta Ley, la Presidenta o Presidente del Tribunal Contencioso
Electoral notificará a los presuntos infractoras o infractores, por
medio de la Secretaria o mediante aviso publicado en la prensa, en
caso de que se desconozca el domicilio del infractor, señalando lugar,
día y hora para la comparecencia.

La notificación se hará por una sola publicación o una sola
boleta. En el día y hora señalados, la o el presunto infractor se
presentará con las pruebas de descargo y el Tribunal expedirá la
resolución o sentencia correspondiente, respetando el debido proceso.
De no comparecer la o el infractor, se le juzgará en rebeldía.

El Tribunal Contencioso Electoral de considerarlo pertinente,
dentro del debido proceso, podrá ordenar aquellas medidas cautelares
señaladas en el Código de Procedimiento Civil que sean aplicables a
los procesos electorales, así como la suspensión de la publicidad
electoral ilegal de manera provisional en la primera providencia y de
manera definitiva como pena consecuente de la infracción electoral de
conformidad con el artículo 282 de la presente Ley.

Art. 279.- En el caso que las o los consejeros y las o los
jueces del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso
Electoral, en su caso, encontraren indicios de responsabilidad penal o
de la realización de un delito, notificarán a los órganos
correspondientes.

Art. 280.- Se concede acción ciudadana a los electores y
electoras para denunciar el cometimiento de las infracciones a las que
se refieren los artículos de esta ley.

Art. 281.- Las infracciones electorales a que se refiere esta
ley serán juzgadas y sancionadas en última instancia por el Tribunal
Contencioso Electoral, conforme al procedimiento señalado en esta Ley,
sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía General del Estado para
investigar y de los jueces penales para juzgar, los delitos
tipificados en el Código Penal y en otras normas penales.

El Tribunal Contencioso Electoral podrá imponer las siguientes
sanciones:

1.- Destitución del cargo;
2.- Suspensión de los derechos políticos o de participación; y,
3.- Multas.

Art. 282.- Las violaciones de las normas Constitucionales y
legales referidas al uso de los recursos y la infraestructura estatal
así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno
para la campaña electoral serán juzgados por el Tribunal Contencioso
Electoral, con el procedimiento que señala esta Ley. De establecerse
la violación en la propia Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se
ordenará la suspensión de las acciones u omisiones violatorias; y, se
sancionará según la gravedad de la infracción, con multa de entre el
10% al 30% del monto del gasto electoral máximo establecido para cada
dignidad. El desacato a la orden de suspensión o la reincidencia se
sancionará con la anulación de la candidatura del infractor o de los
auspiciados por la organización política responsable.

En el juzgamiento de estas infracciones no se admitirá fuero
alguno. La competencia plena la tendrá el Tribunal Contencioso
Electoral.

Art. 283.- Las y los presidentes de las juntas receptoras del
voto en el día en que se celebren elecciones, deberán ordenar, por
medio de la policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, el desalojo del
recinto electoral del o los supuestos infractores de esta ley,
poniéndolos inmediatamente a disposición de la autoridad competente.

Art. 284.- Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y
del derecho a la defensa; las actuaciones de los funcionarios,
funcionarias, consejeros, consejeras, jueces o juezas, durante la
investigación se mantendrán en reserva del público en general, sin
perjuicio del derecho de los sujetos políticos y de las personas a las
cuales se investiga de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente
de las investigaciones. Los consejeros, consejeras, jueces o juezas y
los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas
investigaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro
el éxito de la investigación, serán destituidos de sus funciones y
suspendidos en los derechos políticos o de participación por dos años.

Art. 285.- Serán sancionados con la destitución del cargo y la
suspensión de los derechos políticos o de participación por el periodo
de un año:

1. Los vocales de las juntas electorales en todos los niveles,
que sin justa causa dejaren de concurrir a los escrutinios, siempre
que por este motivo las labores del Consejo Nacional Electoral se
retrasaren.

2. La autoridad que detenga a un integrante de la Función
Electoral o a una candidata o candidato, durante los períodos en que,
de conformidad con esta ley, no pueden ser privados de la libertad ni
procesados penalmente, salvo el caso de delito flagrante, delitos
sexuales o violencia de género e intrafamiliar.
3. La autoridad o cualquier otra servidora o servidor público
extraños a la organización electoral, que interfieran en el
funcionamiento de la Función Electoral.

Art. 286.- Serán sancionados con destitución del cargo y la
suspensión de los derechos políticos o de participación por el tiempo
de seis meses:

1. La autoridad que incumpla las órdenes legalmente emanadas de
los órganos electorales competentes.
2. La autoridad que en el día de votaciones ordene citar a un
integrante de la Función Electoral para que se presente a la práctica
de cualquier diligencia ajena a las elecciones.

Art. 287.- Se sancionará al Director del Registro Civil o de la
entidad que realice las funciones de registro de personas, con la
destitución del cargo, si, dolosamente, se abstiene de inscribir el
cambio de domicilio, omite disponer la eliminación en el registro
electoral de los nombres de las personas fallecidas, o no mantiene los
registros en la forma prevista en esta Ley. La negligencia se
sancionará con multa de cinco remuneraciones básicas unificadas.

Art. 288.- Serán sancionados con multa de veinte remuneraciones
mensuales básicas unificadas y la suspensión de los derechos políticos
o de participación por cuatro años:

1. El que interviniere en cualquier manifestación portando armas
durante el proceso electoral. En el caso de portar armas sin permiso,
además de la sanción impuesta en esta ley, el infractor será puesto a
órdenes de la Fiscalía General del Estado para los fines legales
consiguientes.
2. Quien haga desaparecer los documentos electorales o
dolosamente los altere.
3. La Presidenta o Presidente y la Secretaria o Secretario de
los organismos electorales desconcentrados que dejaren de firmar las
actas a que están obligados y que por esta causa pongan en peligro la
validez el proceso electoral de su jurisdicción.
4. Las consejeras, consejeros y vocales que por su
responsabilidad produzcan la nulidad de las votaciones o escrutinios.
5. Quien no proporcione la información solicitada por el
organismo electoral competente.

Art. 289.- Será multada con diez remuneraciones mensuales
básicas unificadas la servidora o servidor público que estando
obligado en razón de sus funciones, no exija a los ciudadanos la
exhibición del certificado de votación, de exención o del pago de la
multa.

La misma sanción tendrán las autoridades militares y policiales
en servicio activo, que induzcan a cualquier tipo de posicionamiento
del voto o promuevan aportes económicos a una organización política o
a una candidata o candidato. Esta sanción será aplicable sin
perjuicios de las propias de su régimen disciplinario.

Art. 290.- Será sancionado con multa de tres remuneraciones
mensuales básicas unificadas:

1. Quien injustificadamente retarde el envío o la entrega de los
documentos electorales a las juntas respectivas.
2. Quien publique adhesiones a candidaturas, utilizando firmas
de ciudadanas o ciudadanos que las hayan otorgado con otra finalidad,
las comercialice o las entregue a un sujeto político distinto de la
persona u organización política para quien estaban dirigidos
originalmente.
3. Quien retenga el pasaporte o la cédula de ciudadanía o
identidad de otra persona, con el fin de coartar la libertad de
sufragio.
4. Los vocales de las juntas receptoras del voto que con su
decisión contribuyan a negar el voto de una electora o elector
facultado por hacerlo, o que acepten el voto de una electora o elector
impedido legalmente para sufragar.

Art. 291.- Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por
ciento de una remuneración mensual básica unificada a:

1. Quien haga propaganda dentro del recinto electoral en el día
de los comicios.
2. Quien haga propaganda electoral en los días en que dicha
propaganda se encuentra prohibida por la ley.
3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en
que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas.
4. El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en
estado de embriaguez.
5. Quien suscite alguna alteración o perturbación en el
desarrollo de las votaciones, dentro o fuera de los recintos
electorales.
6. Quien se presente a votar portando armas.

En el caso de portar armas sin permiso además de la sanción
impuesta en esta Ley, el infractor será puesto a disposición de la
Fiscalía General del Estado para los fines legales consiguientes.

Art. 292.- Las personas que teniendo la obligación de votar no
hubieren sufragado en un proceso electoral serán multadas con el
equivalente al diez por ciento de una remuneración mensual básica
unificada. Quien no concurriera a integrar las juntas receptoras del
voto, estando obligado, será multado con el equivalente al quince por
ciento de una remuneración mensual básica unificada.

No incurren en la sanción previstas en este artículo:

1. Quienes no pueden votar por mandato legal.
2. Quienes no pudieren votar por motivo de salud o por
impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo
médico de salud privada emitido bajo juramento, o del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
3. Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en
el día de las elecciones o hasta ocho días antes.
4. Quienes se ausenten o lleguen al país el día de las
elecciones.

Art. 293.- La persona aportante que exceda el monto de gasto
electoral señalado por esta Ley, deberá pagar una multa equivalente al
doble del exceso del aporte en que haya incurrido. Igual sanción se
impondrá a las organizaciones políticas o responsables económicos que
recepten dichos aportes.

Art. 294.- Los sujetos políticos, los responsables económicos o
procuradores comunes que incurran en gastos electorales que sobrepasen
los montos máximos permitidos en esta Ley, serán personalmente
responsables de pagar una multa equivalente al doble del total de los
gastos realizados en exceso.

Si el exceso supera el treinta por ciento del total permitido,
la multa será equivalente al cuádruple del total de los gastos
electorales efectuados en exceso.

Art. 295.- El Consejo Nacional Electoral podrá ordenar la
inmovilización de la cuenta bancaria única electoral de los sujetos
políticos que se excedieren de los montos de financiamiento y gasto
permitidos en esta Ley.

Art. 296.- Si el Consejo Nacional Electoral considera que el
aporte fue ilícito, pondrá este hecho en conocimiento del Tribunal
Contencioso Electoral para la imposición de las sanciones
correspondientes. Si el Tribunal Contencioso Electoral considera
pertinente, remitirá el expediente de todo lo actuado a la justicia
ordinaria, cuando corresponda.

1. La persona responsable del manejo económico de la campaña
electoral y la persona aportante sufrirán la suspensión de los
derechos políticos o de participación por dos años.
2. A la candidata o candidato, electo o no, se le multará con el
doble del aporte ilícito recibido. Perderá, además, el cargo para el
cual fue elegido si se comprueba que recibió dolosamente
contribuciones ilícitas, sea que éstas hayan sido entregadas a él
personalmente o a quien fue responsable del manejo económico de su
campaña; éste estará obligado a informar en forma inmediata sobre
todos los aportes recibidos.

En el caso de existir indicios de que los aportes ilícitos
provienen de actividades ilegales o delictivas, el Consejo Nacional
Electoral o, de ser el caso, el Tribunal Contencioso Electoral,
pondrán estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del
Estado.

Art. 297.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que aporten recursos económicos, pese a las prohibiciones
incluidas en esta ley, serán sancionadas con una multa equivalente al
triple del aporte.

Art. 298.- Las candidatas o candidatos de las organizaciones
políticas o alianzas que hayan sido electos y cuyos responsables
económicos o procuradores comunes, hubieren presentado las cuentas
adulteradas perderán el cargo para el que fueron electos, además de
las sanciones que establece la presente Ley, sin perjuicio de las
acciones penales a que hubiere lugar.

Art. 299.- Las sanciones pecuniarias previstas en esta ley, se
depositarán en la Cuenta Multas del Consejo Nacional Electoral, de no
hacerlo se cobrarán por la vía coactiva.

Si tuvieren derecho al financiamiento estatal, las multas no
pagadas se debitarán del mismo o no se acreditará valor alguno de
fondo estatal a las organizaciones políticas cuando ellas o sus
candidatos estén en mora del pago de multas o hayan sufrido sanciones
por recibir aportaciones de origen ilícito.

Los valores provenientes de las sanciones pecuniarias que
constan en esta ley pasarán al Presupuesto General del Estado.

Art. 300.- Si las organizaciones políticas y las candidatas o
candidatos, en su caso, no pagan las multas que se encuentren en firme
más los valores correspondientes al cálculo de intereses, no recibirán
las franjas publicitarias a que tuvieran derecho en las siguientes
elecciones.

Art. 301.- Si las organizaciones políticas se niegan a presentar
sus cuentas de campaña serán suspendidas del registro nacional de
organizaciones políticas por un período electoral. Si reiteran en la
negativa para el siguiente proceso de elección en el que estén
habilitadas para participar, serán eliminadas de forma definitiva de
dicho registro.

Art. 302.- Cuando un medio de comunicación social publique
resultados de encuestas o pronósticos electorales en los diez días
anteriores al día de los comicios, o se refiera a sus datos, será
sancionado el responsable con la multa de entre cinco mil dólares a
veinte mil dólares; la reincidencia será sancionada con la suspensión
del medio de comunicación hasta por seis meses.

La autoridad electoral solicitará al Tribunal Contencioso
Electoral la imposición de las sanciones pertinentes al representante
del respectivo medio de comunicación o al propio medio, previa
sentencia y apego al debido proceso.

Durante la campaña electoral, en el caso de que mediante
espacios informativos, culturales, sociales, de entretenimiento o
cualquier título de segmento, en los medios de comunicación social
diferentes a la publicidad dispuesta por el Consejo Nacional
Electoral, se afectare la honra de un candidato, el medio de
comunicación social que emitió el espacio debe permitir inmediatamente
la réplica del aludido en la misma proporción de tiempo de duración,
pautaje, extensión, sección, según sea el caso, de la emisión inicial.
El incumplimiento de esta disposición será sancionada con una multa
entre cinco mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Igualmente, en la segunda vuelta electoral, los medios de
comunicación social, destinarán igual tiempo y espacio a las dos
candidaturas finalistas. De no hacerlo el Consejo Nacional Electoral
les impondrá la multa señalada en el inciso anterior.

Art. 303.- Las empresas que realicen pronósticos electorales, y
no se inscriban y registren previamente en el Consejo Nacional
Electoral para ejercer dicha actividad, serán sancionadas por el
Tribunal Contencioso Electoral con multa mínima de cinco mil dólares y
máxima de veinte mil dólares; en caso de reincidencia se ordenará al
organismo competente proceda a cancelar su personalidad jurídica.

Asimismo, con la finalidad de garantizar la información veraz y
seria de los estudios de las empresas que realicen pronósticos
electorales, serán sancionadas con suspensión inmediata de la difusión
de sus pronósticos e inhabilitación por el siguiente período
electoral, las empresas que elaboran pronósticos electorales que no
ciñan su trabajo a procedimientos, análisis, y presentación de la
información definidos por la técnica y las ciencias sociales para este
tipo de labores.

Art. 304.- La acción para denunciar las infracciones previstas
en esta ley prescribirá en dos años. La prescripción del proceso
administrativo o contencioso electoral será de dos años desde la
denuncia o de la información que lleva al procedimiento, pero en este
caso, serán sancionados los responsables de la no continuidad del
proceso, con la pérdida de su cargo. La sanción prescribirá luego de
cuatro años de ejecutoriado el fallo.

TITULO QUINTO
Organizaciones Políticas

CAPITULO PRIMERO
Principios, Definición, Carácter, Funciones y Objeto

Art. 305.- El Estado reconoce y garantiza a las personas el
derecho a asociarse en organizaciones políticas en forma libre y
voluntaria para participar en todos los asuntos de interés público.

Art. 306.- Las organizaciones políticas son un pilar fundamental
para construir un estado constitucional de derechos y justicia. Se
conducirán conforme a los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad.

Art. 307.- El ámbito del presente título abarca la constitución
y reconocimiento de las organizaciones políticas y de sus alianzas, su
funcionamiento democrático, financiamiento, resolución de la
conflictividad interna, derecho a la oposición, así como las garantías
para su desenvolvimiento libre y autónomo de acuerdo con sus normas
internas legalmente aprobadas.

Art. 308.- Los partidos y movimientos políticos son
organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de
la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones
filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no
discriminatorias.

Art. 309.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional no podrán formar ni participar en organizaciones políticas,
mientras se encuentren en servicio activo.

Art. 310.- Los partidos políticos serán de carácter nacional, se
regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de
gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados.

El carácter de los movimientos políticos se determinará en su
respectivo régimen orgánico y podrán corresponder a cualquier nivel de
gobierno o a la circunscripción especial del exterior.

Art. 311.- Las denominaciones “partido político”, “movimiento
político” y “alianza” se reservan exclusivamente a aquellos inscritos
como tales en el Registro Nacional de organizaciones políticas que
para tal efecto mantiene el Consejo Nacional Electoral.

Art. 312.- Las organizaciones políticas tienen por funciones de
obligatorio cumplimiento, las siguientes:

1. Representar a las diferentes posiciones e intereses que se
expresan en la sociedad.
2. Seleccionar y nominar candidatos para puestos electivos.

3. Movilizar y promover la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos.
4. Ejercer legítima influencia en la conducción del Estado a
través de la formulación de políticas y el ejercicio de la oposición.
5. Formar a todas y todos sus miembros para el ejercicio de
funciones públicas en cualquier nivel del gobierno.
6. Contribuir en la formación ciudadana y estimular la
participación del debate público.
7. Las demás permitidas por la ley.

CAPITULO SEGUNDO
Constitución y Reconocimiento de las Organizaciones Políticas

SECCIÓN PRIMERA
Normas Comunes a la Inscripción

Art. 313.- El Consejo Nacional Electoral recibe, tramita y
resuelve la admisión o rechazo de las solicitudes de inscripción en el
Registro Nacional Permanente de organizaciones políticas que presenten
las ciudadanas y los ciudadanos autorizados de acuerdo a la presente
ley.

La solicitud es admitida cuando cumple todos los requisitos
previstos en esta Ley. La inscripción le otorga personería jurídica a
la organización política y genera el reconocimiento de las
prerrogativas y obligaciones que la legislación establece.

Art. 314.- Sólo podrán presentar candidaturas a elecciones las
organizaciones políticas que hayan sido legalmente registradas.

La cancelación de la inscripción sólo procede por alguna de las
causales previstas en la presente ley.

Art. 315.- Los promotores de una organización política deberán
acompañar a su solicitud de inscripción en el Registro de
organizaciones políticas los siguientes documentos:

1. Acta de fundación, en la que conste la voluntad de los
fundadores y las fundadoras de constituir la organización política.
2. Declaración de principios filosóficos, políticos e
ideológicos, a la que todos los miembros de la organización política
adhieren.
3. Programa de gobierno de la organización política que
establezca las acciones básicas que proponen realizar en la
jurisdicción en la que puedan presentar candidaturas en elecciones.
4. Los símbolos, siglas, emblemas, y cualquier signo distintivo
a ser usado por la organización política.
5. Los órganos directivos y la nómina de sus integrantes.
6. El máximo instrumento normativo que regule el régimen interno
de la organización política.
7. El registro de afiliados o adherentes permanentes.

Las organizaciones políticas deberán cumplir además con los
requisitos adicionales señalados en esta ley.

Art. 316.- Las organizaciones políticas inscribirán el nombre,
símbolo, emblema o cualquier distintivo que las individualicen y
distingan de las demás organizaciones políticas o de cualquier otra
persona jurídica.

El nombre de la organización política no podrá utilizar ni
aludir el de personas vivas, ningún elemento que aproveche
indebidamente la fe religiosa, que exprese antagonismos o contengan el
nombre del país o de una jurisdicción como único calificativo.

Ninguno de los otros elementos señalados en el párrafo anterior
podrá incorporar entre sus componentes los símbolos de la patria o de
las respectivas localidades.

Art. 317.- El programa de gobierno de las organizaciones
políticas deberá contener las medidas a ser ejecutadas en el nivel o
los niveles de gobierno en los cuales la organización política puede
presentar candidaturas.

Art. 318.- Toda modificación que las organizaciones políticas
realicen a los documentos presentados para su inscripción, requerirá
su registro ante el Consejo Nacional Electoral para su plena validez.

SECCIÓN SEGUNDA
Inscripción de los Partidos Políticos

Art. 319.- Los partidos políticos adicionalmente, deberán
acompañar las actas de constitución de un número de directivas
provinciales que corresponda, al menos, a la mitad de las provincias
del país, debiendo incluir a dos de las tres con mayor población,
según el último censo nacional realizado a la fecha de la solicitud.

Art. 320.- El registro de afiliados del partido político estará
compuesto, por copias certificadas de las fichas de afiliación
correspondientes al menos al uno punto cinco por ciento del registro
electoral utilizado en la última elección pluripersonal de carácter
nacional.

Cada ficha de afiliación será individualizada y contendrá la
identidad, firma, declaración de adhesión a los principios
ideológicos, al estatuto del partido y de no pertenecer a otra
organización política. El Consejo Nacional Electoral verificará la
autenticidad de las fichas de afiliación.

Del total de afiliados y afiliadas únicamente el sesenta por
ciento deberá provenir de las provincias de mayor población y el
cuarenta por ciento, obligatoriamente provendrán de las provincias
restantes.

Art. 321.- El Estatuto es el máximo instrumento normativo del
partido político. Tiene carácter público y su cumplimiento es
obligatorio para todos los afiliados y las afiliadas, sin excepción.
El Estatuto deberá sujetarse a todo lo dispuesto por la legislación
nacional y contendrá al menos:

1. El nombre, domicilio, emblemas, siglas y símbolos del partido
político.
2. Los derechos y deberes de los afiliados y las afiliadas, así
como las garantías para hacerlos efectivos.
3. Las competencias y obligaciones de los órganos directivos que
la conforman, especialmente aquellas que garanticen su rendición de
cuentas.
4. Los requisitos para tomar decisiones internas válidas.
5. Las reglas para la elección democrática de los órganos
directivos y las candidaturas de elección popular, que deberán
observar las garantías constitucionales de paridad, inclusión y no

discriminación. Los directivos podrán ser reelegidos una sola vez,
inmediatamente o no.
6. Los mecanismos de reforma del Estatuto.

Será negada la solicitud de inscripción de un partido político
cuyo estatuto contravenga las disposiciones de la Constitución y la
presente Ley.

SECCIÓN TERCERA
Inscripción de los Movimientos Políticos

Art. 322.- Adicionalmente a la solicitud de inscripción, los
movimientos políticos deberán acompañar la lista de adherentes en un
número equivalente a, por lo menos, el uno punto cinco por ciento el
registro electoral utilizado en la última elección de la jurisdicción.

El registro de adherentes deberá contener cuando menos los datos
de identidad de las ciudadanas y los ciudadanos, su firma y la
aceptación de adherir al movimiento político.

Se adjuntará a la solicitud de inscripción el registro de
adherentes permanentes del movimiento político que estará compuesto,
al menos, por diez veces el número de integrantes de sus órganos
directivos.

El Consejo Nacional Electoral verificará la autenticidad de
todos los datos contenidos en las fichas de afiliación presentadas por
el movimiento político.

Art. 323.- El régimen orgánico es el máximo instrumento
normativo que regula la organización del movimiento político. Tiene
carácter público y su cumplimiento es obligatorio para los y las
adherentes permanentes, sin excepción.

El contenido mínimo del régimen orgánico será el siguiente:

1. El nombre, domicilio, emblemas, siglas y símbolos del
movimiento.
2. Los derechos y deberes de los y las adherentes permanentes,
así como las garantías para hacerlos efectivos.
3. Las competencias y obligaciones de los órganos directivos que
la conforman, especialmente aquellas que garanticen su rendición de
cuentas.
4. Los requisitos para tomar decisiones internas válidas.
5. Las reglas para la elección de los órganos directivos y las
candidaturas de elección popular. Los directivos podrán ser reelegidos
una sola vez, inmediatamente o no.
6. Los mecanismos de reforma del régimen orgánico.

Art. 324.- Los movimientos políticos que obtengan el equivalente
al cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional en dos
elecciones pluripersonales consecutivas, tendrán un plazo de un año
contado desde la proclamación de los resultados para cumplir con los
requisitos de inscripción previstos para los partidos políticos.

En caso de incumplimiento de los requisitos de inscripción, el
movimiento político perderá las prerrogativas que tienen los partidos
políticos y dejarán de serle exigibles las obligaciones.

SECCIÓN CUARTA
Alianzas y Fusiones de Organizaciones Políticas

Art. 325.- Dos o más organizaciones políticas de cualquier tipo
pueden formar alianzas, conforme a sus normas internas. La solicitud
de inscripción deberá ser suscrita por los directivos facultados para
ello y acompañada por las actas respectivas en las que consten los
acuerdos adoptados por los órganos directivos competentes.

En el acuerdo debe constar, los órganos de dirección y sus
competencias, los mecanismos de selección de candidatos, la
designación de sus directivos y la distribución del fondo partidario
permanente entre las organizaciones que la conforman, para su entrega
si fuera del caso.

Art. 326.- Dos o más organizaciones políticas de cualquier tipo
pueden solicitar su fusión. La solicitud deberá ser suscrita por los
directivos de las organizaciones políticas y acompañada por los
documentos en los que consten los acuerdos de fusión adoptados por los
órganos directivos con facultad para ello.

Si la fusión crea una nueva organización política, se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en esta ley para su
inscripción, con excepción de las fichas de afiliación. La inscripción
de la fusión cancelará el registro de las organizaciones firmantes del
acuerdo.

Las afiliadas y los afiliados de los partidos fusionados pasarán
a integrar el nuevo partido. Si un movimiento participa de la fusión
para crear un partido político, junto con uno o varios partidos, los
adherentes permanentes adquirirán la calidad de afiliados del nuevo
partido.

Si la fusión mantiene la vigencia de una de las organizaciones,
se precisará el partido o movimiento que asumirá las obligaciones,
derechos y afiliados o adherentes permanentes, de los demás
fusionados, en cuyo caso se cancelará la inscripción de estos últimos.

SECCIÓN QUINTA
Extinción de las Organizaciones Políticas

Art. 327.- El Consejo Nacional Electoral, de oficio o por
iniciativa de una organización política, cancela la inscripción de una
organización política en los siguientes casos:

1. Por acuerdo de fusión con otras organizaciones políticas.
2. A solicitud del órgano autorizado por el Estatuto o régimen
orgánico, previo acuerdo de su disolución adoptado de conformidad con
la normativa interna.
3. Si los partidos políticos no obtienen el cuatro por ciento de
los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a
nivel nacional; o, al menos tres representantes a la Asamblea
Nacional; o, al menos el ocho por ciento de alcaldías; o, por lo menos
un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el diez por ciento
de los cantones del país.
4. En el caso de un movimiento político local que no obtenga al
menos el tres por ciento (3%) en dos elecciones consecutivas, en su
jurisdicción.
5. Para el caso de las alianzas, cuando concluye el proceso
electoral respectivo, salvo que sus integrantes decidiesen ampliar el
plazo de vigencia de aquella, lo que deberán comunicar al Consejo
Nacional Electoral a más tardar dentro de los ciento ochenta (180)
días posteriores a la conclusión del proceso electoral. En tal

supuesto, la alianza tendrá la vigencia que sus integrantes hubiesen
decidido o hasta que se convoque al siguiente proceso electoral
general.
6. Por las sanciones previstas en esta Ley.

El patrimonio de las organizaciones que se extingan por fusión,
pasará a formar parte de la nueva organización política.

El patrimonio de las organizaciones que se extingan
definitivamente, pasará a formar parte del Fondo Partidario
Permanente, después de cumplir con sus obligaciones.

SECCIÓN SEXTA
Plazos y Recursos para la Inscripción

Art. 328.- El Consejo Nacional Electoral cuenta con treinta días
para admitir o negar una solicitud de inscripción de una organización
política, de una alianza o de la fusión entre ellas.

En caso de que la solicitud de inscripción sea denegada por el
incumplimiento de uno o varios requisitos establecidos en la presente
Ley, la organización política podrá subsanarlos dentro del año
siguiente de la notificación del Consejo Nacional Electoral. En caso
de vencimiento de dicho plazo, la solicitud deberá ser presentada
nuevamente acompañada de todos los requisitos.

Art. 329.- Contra las resoluciones del Consejo Nacional
Electoral recaídas en el proceso de inscripción de organizaciones
políticas procede el recurso ordinario de apelación ante el Tribunal
Contencioso Electoral, de conformidad con la ley de la materia.

CAPITULO TERCERO
Derechos y Obligaciones

SECCIÓN PRIMERA
De las Organizaciones Políticas

Art. 330.- Se garantiza a las organizaciones políticas
registradas en el Consejo Nacional Electoral el derecho a:

1. Determinar su propia organización y gobierno, al libre
funcionamiento, así como también a obtener su personalidad jurídica,
adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con las
disposiciones y requisitos que establece la ley.
2. Presentar ante la ciudadanía a cualquier persona, que cumpla
con los requisitos constitucionales y legales, como candidata a cargos
de elección popular.
3. Formar una bancada legislativa si cuentan con un número de
asambleístas que represente al menos el diez por ciento de los
miembros de la Asamblea Nacional, de no alcanzar tal porcentaje,
podrán unirse con otras para formarla.
4. Difundir, en cualquier momento, toda clase de propaganda, así
como a realizar reuniones u otras actividades en sitios y recintos
privados, con los límites sin necesidad de autorización. Las
manifestaciones, desfiles u otras actividades en espacios o vías
públicas, deberán contar con el permiso de las autoridades
correspondientes. Los miembros de las organizaciones políticas, no
podrán organizar concentraciones en las cercanías de hospitales.
5. Vigilar los procesos electorales.
6. Ejercer la oposición política en todos los niveles de
gobierno, en los términos de esta ley.

Art. 331.- Son obligaciones de las organizaciones políticas:

1. Adecuar su conducta a los mandatos constitucionales, a la
ley, al acta constitutiva, a la declaración de principios ideológicos,
a su programa de gobierno, a su estatuto o a su régimen orgánico según
corresponda, y a su normativa interna;
2. Designar sus autoridades siguiendo los principios electorales
generales señalados en la Constitución y en esta ley, e informar por
escrito al Consejo Nacional Electoral, en cada oportunidad, los
nombres y apellidos de las personas que integren su estructura
orgánica, en todos los niveles;
3. Abstenerse de recurrir a cualquier acto que tenga por objeto
restringir los derechos, perturbar el goce de las garantías o impedir
el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
4. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos internos;
5. Sostener, como mínimo, un centro de formación política;
6. Actuar y conducirse con independencia de ministros de culto
de cualquier religión;
7. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de
cualquier expresión que discrimine o afecte a la dignidad de las
personas o utilicen símbolos, expresiones o alusiones de carácter
religioso en su propaganda;
8. Incluir a los colectivos tradicionalmente discriminados;
9. Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y
acceso a su información;
10. Dar seguridad jurídica a sus afiliados y adherentes
permanentes, especialmente en los procesos democráticos internos, para
lo cual expedirán la normativa adecuada de forma previa a la
convocatoria, las cuales serán públicas y deberán ser aplicadas
únicamente por las autoridades internas competentes;
11. Garantizar la formación política ciudadana fundamentada en
los enfoques de derechos humanos, de género, interculturalidad,
igualdad, no discriminación y cultura de paz para todos sus miembros;
y,
12. Las demás que establezcan las Leyes pertinentes.

Cualquier afiliado o adherente, podrá interponer las denuncias
por violaciones a este artículo ante el Tribunal Contencioso Electoral
una vez agotadas las instancias internas. El Tribunal Contencioso
Electoral verificará a través de cualquier medio el incumplimiento de
estas obligaciones y notificará con la petición a la organización
política, a fin de que subsane su incumplimiento, en el plazo que para
el efecto establezca el Tribunal. En caso de no hacerlo, será causal
para la suspensión de la organización política por el tiempo que
determine el Tribunal e incluso su eliminación en caso de reincidencia
en el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.

Art. 332.- Constituye una obligación de los partidos políticos
tener una estructura nacional que como mínimo contenga una máxima
autoridad y una directiva nacional designadas democráticamente, un
responsable económico, un consejo de disciplina y ética y una
defensoría de afiliados. Los partidos deberán contar con una
organización nacional que comprenderá al menos al cincuenta por ciento
de las provincias del país, dos de las cuales deberán corresponder a
las tres de mayor población.

Art. 333.- Es obligación de los movimientos políticos contar en
su estructura con la máxima autoridad nacional o local, señalada en su
régimen orgánico y designada democráticamente, un representante legal,
un responsable económico, una defensoría de adherentes permanentes y

un consejo de disciplina y ética. Establecerán estructuras
participativas en los distintos niveles de gobierno en los que tengan
adherentes.

SECCIÓN SEGUNDA
De los Afiliados, Afiliadas y Adherentes

Art. 334.- Los ciudadanos y ciudadanas con derecho al sufragio
pueden afiliarse o desafiliarse libre y voluntariamente a un partido
político, para ello deberán cumplir con los requisitos que establezca
el estatuto.

Los movimientos tendrán adherentes para su creación y adherentes
permanentes para su funcionamiento. Los adherentes permanentes
constituirán la estructura organizativa y pueden elegir y ser elegidos
para las dignidades internas, deberán presentar una declaración de no
pertenecer a otro movimiento o partido político, además de cumplir con
los requisitos que establezca su régimen orgánico.

Art. 335.- La calidad de afiliado, afiliada o adherente
permanente se adquiere con la inscripción en el registro
correspondiente de la organización política.

La organización política deberá guardar el registro individual
de afiliado, afiliada o adherente permanente, así como los pedidos y
resoluciones de desafiliación o renuncia.

Art. 336.- Los afiliados, afiliadas y adherentes permanentes no
podrán inscribirse, como candidatos en otras organizaciones políticas
locales, a menos que hubiesen renunciado con noventa días de
anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso
electoral que corresponda, o cuenten con autorización expresa de la
organización política a la que pertenecen, o con la resolución del
Tribunal Contencioso Electoral, después de agotar los respectivos
recursos. No se podrá postular por más de una lista de candidatos.

permanente otorga los derechos de elegir y ser elegidos a los cargos
internos de la organización; a recibir capacitación político
partidista; a presentar a los órganos internos respectivos proyectos
de normativa interna, peticiones o mociones; a ejercer su derecho de
opinión y discrepancia fundamentada; a intervenir en los procesos
democráticos internos; a ejercer los medios de impugnación previstos
en esta Ley; y, a formar frentes sectoriales dentro de su
organización.

Art. 338.- Los afiliados, afiliadas o adherentes permanentes con
el apoyo del diez por ciento del total de los registrados dentro de la
organización política, tendrán derecho a proponer una consulta interna
para revocar el mandato de una autoridad que haya sido designada
democráticamente y consultar un asunto de interés general e
importancia para la vida de la organización.

La propuesta de revocatoria podrá ser realizada por una sola
vez, transcurrida por lo menos la mitad del período de desempeño de
las funciones.

Para la aprobación de la consulta interna, se requerirá la
mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. El pronunciamiento
será de obligatorio e inmediato cumplimiento.

Art. 339.- Los afiliados, afiliadas y adherentes permanentes
cumplirán las obligaciones establecidas en las normas internas de la
organización y, en todo caso, las siguientes:

1. Compartir los principios y finalidades del partido o
movimiento y colaborar para su consecución.
2. Respetar lo dispuesto en los estatutos o en su régimen
orgánico, en las leyes y en la Constitución de la República.
3. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los
órganos directivos del partido.
4. Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a la
normativa interna, puedan corresponder a cada uno.
5. Participar de la formación política en el centro de
organización o en el Instituto del Consejo Nacional Electoral.

Art. 340.- Durante el ejercicio de sus funciones no podrán
afiliarse o adherirse permanentemente a una organización política el
personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los jueces y
juezas de la Corte Constitucional, los jueces de la Función Judicial,
Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral,
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Fiscal General
y fiscales distritales y agentes fiscales.

Las personas que siendo adherentes permanentes de un movimiento
político o estando afiliadas a un partido con anterioridad, ingresaren
a alguna de las funciones señaladas en el inciso precedente deberán
desafiliarse previo al ejercicio del cargo.

Art. 341.- Ningún ciudadano podrá estar afiliado o ser adherente
permanente a más de una organización política. Para afiliarse o
adherir deberá renunciar expresamente a la anterior, sin cuyo
requisito la nueva será nula.

Todo afiliado o adherente podrá renunciar a su organización, en
cualquier momento, sin expresión de causa. La renuncia producirá la
desafiliación por el solo hecho de ser presentada a quien ejerza la
máxima autoridad en la organización política o al Consejo Nacional
Electoral. En este último caso, el funcionario encargado deberá
notificar la renuncia, por carta certificada, a quien presida el
partido o movimiento.

permanente se pierde por desafiliación o renuncia, por expulsión o por
la extinción de la organización política.

SECCIÓN TERCERA
Democracia Interna de las Organizaciones Políticas

Art. 343.- Su estructura y funcionamiento serán democráticos y
garantizarán la alternabilidad, y conformación paritaria entre mujeres
y hombres en sus directivas. Las organizaciones políticas aplicarán
estos principios en su conducta permanente.

Art. 344.- El proceso de elección de las autoridades, del comité
de ética y disciplina, del defensor o defensora de afiliados o de
adherentes permanentes y la selección de los candidatos y candidatas a
cargos públicos de elección popular serán realizadas por un órgano
electoral central, conformado por un mínimo de tres miembros y
contarán con órganos descentralizados.

El órgano electoral central tiene a su cargo la realización de
todas las etapas de los procesos electorales internos, incluidas la
convocatoria, la inscripción de los candidatos, el cómputo de los
votos o la verificación del quórum reglamentario, la proclamación de
los resultados y la resolución de las impugnaciones a las que hubiere
lugar. De sus resoluciones se tendrá los recursos dispuestos en la Ley
Electoral, se presentarán ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Art. 345.- Para el desarrollo de sus procesos electorales
internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la
asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral, en
una o en todas las etapas del proceso electoral. El Consejo nombrará
veedores en los procesos en los que no participe.

El máximo órgano de dirección de la organización política, el
órgano electoral central o un mínimo de diez por ciento de afiliados o
adherentes permanentes pueden solicitar al Consejo Nacional Electoral
la asistencia técnica para el proceso o una auditoría del mismo si
este órgano no hubiere participado.

El Consejo Nacional Electoral emitirá informes sobre el
desarrollo del proceso. En el caso de constatar irregularidades
notifica al máximo órgano electoral del partido o movimiento para que
lo subsanen. Las observaciones del Consejo Nacional serán de
cumplimiento obligatorio y de encontrar sustento técnico el Consejo
podrá ordenar a la organización política repetir el proceso electoral.

Art. 346.- El Estatuto o régimen orgánico deberá establecer el
porcentaje máximo de invitados que la organización política podrá
postular en cada circunscripción. La ubicación de estos invitados en
las listas deberá ser definida con anterioridad o al momento de la
convocatoria al proceso electoral interno para seleccionar los
candidatos.

Art. 347.- Los candidatos y candidatas que postulen a elecciones
internas, deberán:

1. Aceptar por escrito la nominación y su participación en el
proceso electoral.
2. Entregar una declaración jurada que contenga su hoja de vida
y sus propuestas programáticas en caso de llegar al cargo.
3. Establecer por escrito su compromiso de acatar los resultados
y su obligación de respaldar las candidaturas triunfadoras del proceso
electoral interno.
4. Someterse a las normas internas y agotar los recursos legales
para la resolución de conflictos que pudieran surgir en el proceso
electoral.
5. Cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo de
elección al que se aspira y con las normas y disposiciones de la
organización política.

Los documentos entregados deben ser publicados en la página web
de la respectiva organización, de todas las organizaciones que formen
una alianza y en la página web del Consejo Nacional Electoral.

Las precandidaturas no podrán fundamentar sus campañas en
ataques personales o acusaciones a los otros u otras postulantes.

Art. 348.- En el estatuto o en el régimen orgánico, según
corresponda, constará la modalidad de elección y designación de

candidaturas a las que se refiere la Constitución de la República. Las
modalidades que deberán ser reglamentadas pueden ser:

1. Primarias Abiertas participativas con voto universal, libre,
igual, voluntario, directo, secreto y escrutado públicamente, con la
intervención de los afiliados o adherentes y de los sufragantes no
afiliados.
2. Primarias Cerradas con voto libre, igual, voluntario,
directo, secreto y escrutado públicamente, de los afiliados a los
partidos políticos o adherentes permanentes a movimientos políticos,
según sea el caso.
3. Elecciones representativas a través de órganos internos,
conforme lo disponga el estatuto o el régimen orgánico.

Si las elecciones primarias fueran abiertas, como en el caso del
numeral primero de este artículo, tienen derecho a sufragar a mas de
los y las afiliadas, toda persona en goce de derechos políticos que
sea mayor de 16 años. Las personas extranjeras residentes en el
Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente
en el país al menos cinco años. El Consejo Nacional Electoral
entregará el registro electoral y los padrones.

No podrán votar quienes no consten en los padrones electorales,
y quienes no presenten la cédula de ciudadanía. Los padrones serán
publicados cuarenta y cinco días antes de la elección para permitir su
verificación y se cierra treinta días antes del proceso electoral.

Art. 349.- La elección de las autoridades de la organización
política se realiza conforme a lo que disponga el estatuto o el
régimen orgánico, al menos cada cuatro años y en las modalidades
prescritas en este capítulo, siguiendo los principios constitucionales
y la normativa interna de la organización. Las autoridades y
directivos de las organizaciones políticas podrán ser reelectos
consecutivamente, por una sola vez.

Art. 350.- La organización política promoverá la equidad en la
promoción de las candidaturas, en el debate y en el involucramiento de
la ciudadanía en el proceso electoral interno. Se podrá contratar
propaganda por parte de la organización política en igualdad de
condiciones para todas las candidaturas y por los candidatos y
candidatas sólo si existe un acuerdo unánime entre ellos de tal forma
que ninguna precandidatura se perjudique.

Art. 351.- Cuando la elección de candidaturas y autoridades de
la organización política se realiza con elecciones representativas a
través de órganos internos, las y los delegados que integren estos,
deben haber sido elegidos por voto libre, universal, igual y secreto
de los afiliados o adherentes permanentes, conforme a lo que disponga
su normativa.

Art. 352.- Son funciones del órgano electoral central del
partido o movimiento, las siguientes:

1. Nombrar a las y los integrantes de la estructura electoral
desconcentrada, en todo nivel.
2. Proclamar las precandidaturas ganadoras y declararlas como
candidaturas oficiales de la organización.
3. Procurar la financiación del proceso electoral interno. Las
campañas electorales no podrán gastar más de un 15% del monto máximo
asignado para cada dignidad. Si supera este monto, se imputará el

excedente al gasto de la campaña electoral de la dignidad
correspondiente.
4. Promover, de manera justa y equitativa, las campañas
electorales.
5. Las demás que determine la normativa interna.

CAPITULO CUARTO
Financiamiento de las Organizaciones Políticas

Art. 353.- Las organizaciones políticas reciben financiamiento
público y privado, de acuerdo con los preceptos de esta ley. De manera
general se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados,
simpatizantes y adherentes.

Art. 354.- Los bienes que se adquieran con fondos de la
organización política o que provengan de contribuciones o donaciones
serán de propiedad de la organización política y constarán en el
registro contable.

SECCIÓN PRIMERA
Financiamiento Público

Art. 355.- En la medida en que cumplan los siguientes
requisitos, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado,
cuando obtengan:

1. El cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones
pluripersonales consecutivas a nivel nacional; o,
2. Al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o,
3. El ocho por ciento de alcaldías; o,
4. Por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al
menos, el diez por ciento de los cantones del país.

Las alianzas tendrán derecho a gozar de este financiamiento,
mientras se mantengan. Cuando alguno o varios de sus integrantes
alcancen por separado uno de estos requisitos, la alianza recibirá un
porcentaje adicional del 20% de los recursos que le corresponde a cada
una de ellas.

Las contribuciones se realizarán con cargo al Fondo Partidario
Permanente, que constará en el Presupuesto General del Estado, en una
partida cuyo monto será equivalente al cero coma tres por mil de los
egresos fiscales constantes del mismo. Esta partida provendrá de las
multas que recaude el Consejo Nacional Electoral y suplementariamente
de aportes del Presupuesto General del Estado.

El Consejo Nacional Electoral distribuirá estos recursos de la
siguiente forma: El cincuenta por ciento en partes iguales a cada una
de las organizaciones políticas que tengan este derecho; el treinta y
cinco por ciento en forma proporcional al número de votos obtenidos
por cada una en las últimas elecciones pluripersonales; y, el quince
por ciento para el Instituto de Investigación y Análisis Político
Electoral cuyo funcionamiento estará a cargo del Consejo Nacional
Electoral.

Estos fondos públicos serán utilizados exclusivamente para
propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e
investigación, así como para su funcionamiento institucional. Los
movimientos políticos que hubiesen alcanzado el porcentaje
establecido, podrán utilizar también sus recursos en el cumplimiento

de los requisitos establecidos para tener los derechos y obligaciones
de los partidos.

Art. 356.- El aporte para los partidos políticos sólo lo
realizará el Consejo Nacional Electoral si el partido político ha
presentado la documentación contable correspondiente al último
ejercicio y no tuviere obligaciones pendientes con el Estado.

Art. 357.- El Consejo Nacional Electoral hará constar en el
Fondo Partidario Permanente correspondiente al año en que se realice
la segunda elección, el monto destinado para el o los movimientos
políticos que hubiesen obtenido el cinco por ciento de los votos
válidos a nivel nacional, los mismos que tendrán un año para completar
los requisitos establecidos en esta ley para los partidos políticos.

Los movimientos políticos que no cumplan los requisitos, sólo
podrán volver a solicitarlo si en dos elecciones pluripersonales
sucesivas obtienen nuevamente el porcentaje establecido.

Art. 358.- El Estado, a través del presupuesto del Consejo
Nacional Electoral, financiará exclusivamente la campaña
propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas
publicitarias de las organizaciones políticas que presenten
candidaturas unipersonales y pluripersonales.

No podrán contratar publicidad en los medios de comunicación,
así como tampoco vallas publicitarias las organizaciones políticas ni
sus candidatos.

Las alianzas entre dos o más organizaciones políticas acumularán
el espacio que les hubiese correspondido a cada partido o movimiento
por separado.

SECCIÓN SEGUNDA
Financiamiento Privado

Art. 359.- El patrimonio de los partidos y movimientos políticos
podrá integrarse también con las contribuciones periódicas de los
afiliados o adherentes, los recursos obtenidos de las actividades
organizativas promovidas por sus frentes sectoriales, militantes o
adherentes y por las rentas ocasionales generadas por sus inversiones,
donaciones o legados.

No podrán existir contribuciones anónimas y la persona natural o
jurídica no podrá contribuir anualmente con un monto superior al valor
de 200 canastas básicas familiares, respecto de la fijación realizada
por el INEC para el mes de diciembre del año inmediato anterior, o que
suponga más del diez por ciento del presupuesto anual de la
organización política respectiva.

Todos los ingresos deberán ser debidamente registrados en la
contabilidad y publicados en la página web de la respectiva
organización, de todas las organizaciones que formen una alianza o en
la página web del Consejo Nacional Electoral.

SECCIÓN TERCERA
Fuentes de Financiamiento Prohibidas

Art. 360.- Se prohíbe a las organizaciones políticas recibir,
directa o indirectamente, aportes económicos de empresas estatales; de
concesionarios de obras o servicios públicos propiedad del Estado; de

congregaciones religiosas de cualquier denominación; de personas
naturales o jurídicas que contraten con el Estado, o de empresas,
instituciones o Estados extranjeros. Las personas que no estén sujetas
a estas restricciones pueden realizar donaciones a los partidos y
movimientos políticos, las que se registrarán de forma obligatoria,
podrán ser revisadas por el Consejo Nacional Electoral.

SECCIÓN CUARTA
Administración de los Fondos

Art. 361.- La recepción y el gasto de los fondos de las
organizaciones políticas o sus alianzas, son competencia exclusiva del
responsable económico o del procurador común, que será nombrado de
acuerdo con su normativa interna. Para el cumplimiento de sus labores
deberá abrir una cuenta única en el sistema financiero nacional.

Art. 362.- Los partidos y movimientos deberán contar con una
cuenta única para la campaña electoral y otra exclusiva para su
gestión y funcionamiento político organizativo.

Es obligación del responsable económico de cada partido político
o movimiento político llevar registros contables, de acuerdo a las
normas ecuatorianas de contabilidad vigentes, que deberá ser firmada
por un contador público autorizado. Los libros y documentos de
respaldo de todas las transacciones serán conservados durante diez
años después de realizadas las mismas.

Las organizaciones políticas que hubieren recibido
financiamiento deberán presentar un informe anual de la utilización de
los recursos públicos ante el Consejo Nacional Electoral, el que podrá
solicitar la auditoría de la Contraloría General del Estado. Esta,
también podrá actuar de oficio si recibiere denuncias sobre la mala
utilización de los recursos públicos.

Art. 363.- Al iniciarse la campaña electoral, las organizaciones
políticas o sus alianzas que presenten candidaturas a cargos públicos,
deberán designar un responsable económico o nombrar un procurador
común para la campaña, quienes serán solidariamente responsables con
la máxima autoridad de la organización política y el responsable
económico de la organización, por el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables.

SECCIÓN QUINTA
Régimen Tributario

Art. 364.- Las organizaciones políticas no pagarán impuestos
fiscales, municipales o especiales por los bienes raíces de su
propiedad y por la adquisición y transferencia de los mismos,
únicamente cuando estos estén dedicados para fines políticos de la
organización. Los bienes y las acciones que constituyan inversiones
estarán sujetos al régimen tributario interno vigente.

Cuando las organizaciones políticas realicen alianzas con una
duración no menor a dos procesos electorales continuos, tendrán una
rebaja del 50% por ciento en el pago del impuesto a la renta.

SECCIÓN SEXTA
Rendición de Cuentas

Art. 365.- Las organizaciones políticas deberán prever un
sistema de control interno que garantice la adecuada utilización y

contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven
derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus
estatutos o régimen orgánico.

Art. 366.- El control de la actividad económico financiera de
los partidos políticos, así como el control del gasto electoral de las
organizaciones políticas corresponderá exclusivamente al Consejo
Nacional Electoral.

Art. 367.- Concluido un proceso electoral las organizaciones
políticas, dentro de noventa días, presentarán un informe económico
financiero al Consejo Nacional Electoral.

El informe económico financiero se presentará en el formato
establecido por el Consejo Nacional Electoral y deberá contener por lo
menos, la fuente, monto y origen de los ingresos y el monto y destino
de los gastos realizados durante la campaña electoral.

Art. 368.- En el plazo de noventa días contados a partir del
cierre de cada ejercicio anual, las organizaciones políticas y sus
alianzas presentarán ante el Consejo Nacional Electoral, un informe
económico financiero del ejercicio, en los mismos términos que el
informe económico financiero de campaña electoral.

Art. 369.- El Consejo Nacional Electoral también tiene la
potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes en cuanto al
monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las
campañas electorales primarias dentro de cada organización política,
partido y movimiento político.

El Consejo Nacional Electoral publicará los informes presentados
y el resultado de su dictamen en su página WEB.

CAPITULO QUINTO
De la Resolución de la Conflictividad Interna

SECCIÓN PRIMERA
Asuntos Internos de las Organizaciones Políticas

Art. 370.- Se entiende como asuntos internos de las
organizaciones políticas al conjunto de actos y procedimientos
relativos a su organización y funcionamiento.

Los órganos establecidos en sus estatutos o régimen orgánico,
resolverán oportunamente y conforme al debido proceso los conflictos
que se presenten sobre los derechos de afiliados o adherentes
permanentes.

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso
Electoral, en el ámbito de su competencia, podrán intervenir en todos
y cada uno de los asuntos internos, a petición de parte y de acuerdo a
las disposiciones previstas en la Constitución, esta Ley y su
normativa interna.

Art. 371.- Únicamente cuando se agoten los recursos internos de
la organización, los interesados tendrán derecho de acudir ante el
Tribunal Contencioso Electoral para interponer los recursos
pertinentes.

Art. 372.- Las autoridades solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de las organizaciones políticas en los términos que
establecen la Constitución, la Ley o a petición de parte.

Art. 373.- Las organizaciones políticas deberán contar con un
organismo permanente para la defensa de los derechos de los afiliados,
afiliadas o adherentes permanentes, frente a los organismos internos o
a la Función Electoral. El o la defensora de afiliados o adherentes
permanentes será designado por el máximo órgano de dirección de la
organización.

SECCIÓN SEGUNDA
Sanciones a las Organizaciones Políticas

Art. 374.- Los Órganos de la Función Electoral podrán sancionar
con multas que vayan desde diez hasta cien remuneraciones mensuales
unificadas y/o con la suspensión de hasta veinte y cuatro meses a una
organización política dependiendo de la gravedad de la infracción y/o
de su reiteración, en los siguientes casos:

1. Cuando se compruebe el incumplimiento de las obligaciones que
esta ley impone a las organizaciones políticas.
2. Cuando durante doce meses se produzca el cierre injustificado
de su centro de capacitación política.
3. Por pedido del Fiscal General, cuando este realice una
investigación por el delito de lavado de activos que involucre
directamente a la organización.

Cuando un partido político se encuentre en mora por más de dos
años con el Servicio de Rentas Internas, no podrá recibir recursos del
Estado para su financiamiento.

Art. 375.- El Consejo Nacional Electoral suspenderá hasta por
doce meses el registro a la organización política que omita entregar
el informe económico financiero, en las condiciones establecidas en
esta ley, por dos años consecutivos. Si transcurrido los doce meses la
organización política no regulariza los informes requeridos, el
Consejo Nacional Electoral cancelará su registro.

Si durante el período de doce meses la organización política
presenta el informe económico financiero actualizado, el Consejo
Nacional Electoral declarará terminada la suspensión.

Art. 376.- Las organizaciones políticas que acepten
financiamiento contraviniendo lo dispuesto en las normas de esta ley
sobre financiamiento, serán sancionados con una multa equivalente al
doble del monto de la contribución ilegal, la que será impuesta por el

Del mismo modo, en caso de haber omitido la declaración de uno o
varios ingresos en los informes económico financieros referidos en
esta ley, serán sancionadas con un monto que va de dos hasta cinco
veces del valor del ingreso omitido.

Art. 377.- Se suspenderá el derecho a recibir financiamiento
público anual hasta por dos años a los partidos políticos que
depositaran los fondos en cuentas distintas de las previstas en esta
ley.

Art. 378.- La máxima autoridad y responsable económico de la
organización política que autoricen o consientan la utilización de

cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el
financiamiento de la actividad del partido político serán sancionados
con la destitución de sus respectivos cargos, no podrán volver a ser
elegidos ni podrán ser candidatos hasta por cinco años.

SECCIÓN TERCERA
Sanciones a los Afiliados, Afiliadas y Adherentes Permanentes

Art. 379.- Las sanciones a los afiliados, afiliadas y adherentes
permanentes, estarán tipificadas en la normativa interna de las
organizaciones, así como el procedimiento de juzgamiento. Todo proceso
contencioso será oral y deberá sujetarse a los principios
constitucionales y bajo ninguna circunstancia se limitará el derecho a
la defensa.

SECCIÓN CUARTA
Procedimiento Contencioso

Art. 380.- El estatuto y el régimen orgánico de las
organizaciones políticas podrán ser impugnados exclusivamente por sus
afiliadas y afiliados o por sus adherentes permanentes, dentro de los
quince días siguientes a la fecha en que fueron presentados ante el
Consejo Nacional Electoral. Dicho órgano, al emitir la resolución,
resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya recibido y
transcurrido el plazo legal para interponer recursos ante el Tribunal
Contencioso Electoral y de no haberse interpuesto recurso alguno, los
estatutos o el régimen orgánico, quedarán en firme.

En su caso, una vez que el Tribunal Contencioso resuelva las
impugnaciones los estatutos o el régimen orgánico quedarán registrados
en el Consejo Nacional Electoral y únicamente podrá impugnarse la
legalidad de los actos derivados de su aplicación.

Art. 381.- Las decisiones que adopten los organismos internos
deberán ser notificadas a los sujetos políticos intervinientes dentro
de las veinticuatro (24) horas y serán susceptibles de apelación en
idéntico plazo ante el consejo de disciplina y ética en primera
instancia y agotada esta, para ante el Tribunal Contencioso Electoral.

El consejo de disciplina y ética decidirá el recurso sin más
trámite dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado el mismo.

La decisión del consejo de disciplina y ética deberá notificarse
dentro del plazo previsto en el párrafo precedente y será apelable
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante el Tribunal Contencioso.

Los recursos previstos en los párrafos anteriores se
interpondrán debidamente fundados.

Art. 382.- El procedimiento interno contencioso electoral será
sumario y oral. La prueba se ofrecerá en la primera presentación y se
producirá en la audiencia.

Ante los consejos de disciplina y ética se podrá actuar con el
patrocinio de la Defensoría del afiliado, afiliada o del adherente
permanente o de abogado o abogada particular.

Art. 383.- El trámite, requisitos de admisibilidad, plazos y
términos de los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral serán
los dispuestos en la Ley Electoral.

Art. 384.- Supletoriamente a las normas de esta ley y de la Ley
Electoral, regirán las normas contencioso administrativas generales y
las del Código Procesal Civil, siendo deber de los consejos de
disciplina y ética y del Tribunal Contencioso Electoral aplicar los
principios procesales de inmediación, concentración y celeridad.

CAPITULO SEXTO
Derecho a la Oposición

SECCIÓN PRIMERA
Naturaleza y Sujetos de la Oposición

Art. 385.- Se reconoce el derecho a las organizaciones políticas
registrados en el Consejo Nacional Electoral y a sus alianzas a la
oposición política en todos los niveles de gobierno. La declaratoria
de oposición tendrá que ser decidida de acuerdo a las normas previstas
en su correspondiente estatuto o régimen orgánico.

Art. 386.- El principal objetivo de la oposición constituye
contribuir al fortalecimiento de la democracia y del Estado
constitucional de derechos y justicia. Su existencia garantiza la
alternabilidad en el poder y el pluralismo político. Por lo tanto,
tienen derecho a presentar sugerencias, alternativas o rectificaciones
y a formular críticas a las políticas públicas.

Las alternativas que presenten las organizaciones políticas y
sus alianzas servirán de base para las Rondas de Diálogo a que se
refiere esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA
Deberes y Derechos de la Oposición

Art. 387.- Quienes ejerzan las tareas democráticas de oposición
no deberán ser objeto de persecución o retaliación por parte del poder
público, ni de medida alguna que impida o dificulte el ejercicio de
tal derecho.

Tratándose de servidoras o servidores públicos no deberán ser
hostilizados en cuanto a su estabilidad, garantías y prerrogativas
propias de sus funciones.

Art. 388.- Cada organización política y sus alianzas designará
al responsable o responsables, vocero o voceros, que les representarán
en el ejercicio de la oposición. Tales representantes y portavoces de
la oposición gozarán de fuero de Corte Provincial de Justicia, si no
tuvieren otro especial.

Art. 389.- Se prohíbe a la oposición, expresamente, la formación
de cuerpos armados o la incitación, pública, para que las Fuerza
Armadas o la Policía Nacional participen en acciones programadas de la
oposición.

Art. 390.- De conformidad con las normas constitucionales,
legales y reglamentarias de la Función Legislativa, la oposición
política podrá solicitar la información necesaria y la comparecencia
de los ministros de estado o a las autoridades de las otras funciones
e incluso, si lo consideran pertinente, podrán solicitar la
convocatoria a juicio político.

En los otros niveles de gobierno podrán solicitar la
comparecencia ante los concejos municipales, distritales, consejos

provinciales o consejos regionales, según el caso, de funcionarios y
autoridades, que a juicio de la oposición deban responder o aclarar
inquietudes sobre los temas de su responsabilidad.

SECCIÓN TERCERA
Rondas de Diálogo

Art. 391.- Las organizaciones políticas y sus alianzas que hayan
declarado la oposición podrán solicitar a la Asamblea Nacional y a las
otras instancias de representación la realización de Rondas de
Diálogo, en las que se podrá preguntar y replicar con el fin de
obtener información o precisiones sobre los asuntos de interés. El
Presidente de la República podrá intervenir directamente o por
intermedio de su delegado que no podrá ser de rango inferior a
Ministro.

Durante las Rondas de Diálogo las organizaciones políticas y sus
alianzas deberán fundamentar sus posturas o puntos de vista con el
respectivo funcionario. La autoridad compareciente contestará de
manera directa, las objeciones o planteamientos efectuados. Cada una
de las dos partes podrá nuevamente contra argumentar; siempre por
igual tiempo.

Art. 392.- Las Rondas de Diálogo en la Asamblea Nacional o en
las instancias de representación de los gobiernos locales podrán
realizarse frente a situaciones de interés nacional, regional o local.
En tal caso, deberán exponer de forma obligatoria todos los sujetos
políticos representados en la Asamblea o respectiva instancia de
representación, por medio de sus respectivos portavoces.

Art. 393.- El Presidente de la República o la máxima autoridad
del respectivo nivel de gobierno deberá convocar a los voceros o
portavoces de la oposición a Rondas de Diálogo, para analizar la
situación general del país o en situaciones de trascendencia nacional
o de un determinado nivel de gobierno.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Cuando la ciudadanía presente ante la Asamblea
Nacional propuestas de enmienda constitucional, reforma constitucional
e iniciativa normativa, ésta remitirá al Consejo Nacional Electoral
los formularios que contienen las firmas de adhesión a fin de que en
el plazo de quince días se presente el informe técnico de su validez.

SEGUNDA.- El gasto máximo permitido durante la campaña electoral
para el conjunto de las opciones no podrá ser mayor al límite
establecido para la elección de la máxima autoridad de la jurisdicción
en la cual se realiza la consulta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: A fin de que las elecciones nacionales y locales no
sean concurrentes, los siguientes dos períodos de los prefectos y
viceprefectos, alcaldesas o alcaldes distritales o municipales,
concejales distritales o municipales y vocales de las juntas
parroquiales rurales, por esta y la próxima ocasión, concluirán sus
períodos el día 14 de mayo del 2014 y el día 14 de mayo del 2019.

SEGUNDA: Los y las integrantes del Consejo Nacional Electoral y
los y las jueces del Tribunal Contencioso Electoral designados
directamente durante el período de transición constitucional podrán

participar en el concurso al que llame el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social para designar a los integrantes
definitivos.

TERCERA: Al cumplirse el tercer año de designación de los
integrantes del primer Consejo Nacional Electoral y primer Tribunal
Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social realizará un sorteo para determinar los primeros integrantes
que deberán ser reemplazados para cumplir la norma dispuesta en los
artículos 218 y 220 de la Constitución de la República del Ecuador.

CUARTA.- Únicamente las organizaciones políticas que cumplan con
los requisitos establecidos en la presente ley para su inscripción y
funcionamiento, podrán participar en los procesos electorales
posteriores a las elecciones generales del año 2009. La reserva
realizada por las organizaciones políticas de sus nombres, símbolos y
números de acuerdo a la Disposición Transitoria Duodécima de la
Constitución de la República, deberá ser tomada en cuenta para su
inscripción definitiva, cuando se hubiere completado los requisitos
constitucionales y legales para la existencia jurídica de su partido o
movimiento político.

QUINTA.- Para participar en las elecciones que se realicen con
posterioridad a las del año 2009, todas las organizaciones políticas
deberán cumplir los requisitos señalados en esta ley. El Consejo
Nacional Electoral establecerá la normativa para el cumplimiento de
esta obligación.

REFORMAS Y DEROGATORIAS

PRIMERA.- Las leyes de la materia electoral a las cuales hace
referencia el régimen de transición aprobado por el pueblo ecuatoriano
el 28 de septiembre del 2008 y que ha sido la base para la
organización del proceso electoral que se realizará este año,
continuarán vigentes hasta la culminación de los referidos procesos;
luego de lo cual quedarán derogadas.

SEGUNDA.- Con la entrada en vigencia de la presente ley,
quedarán derogadas las siguientes normas y toda norma contraria a su
contenido:

1. Codificación de la Ley Orgánica de Elecciones, publicada en
el Registro Oficial No. 117 de julio del 2000, todas sus reformas y
reglamentos;
2. Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y Propaganda
Electoral, publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 41 de 22
de marzo del 2000, todas sus reformas y reglamentos;
3. Codificación de la Ley de Partidos Políticos, publicada en el
Registro Oficial No. 196 de 1 de noviembre del 2000 y todas sus
reformas y reglamentos;
4. Ley Orgánica para el Ejercicio del Derecho de los
Ecuatorianos Domiciliados en el Exterior, Ley 81, publicada en el
Registro Oficial No. 672 de 27 de septiembre del 2002.

DISPOSICIÓN FINAL

No obstante su promulgación en el Registro Oficial, la presente
LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, entrará en vigencia una vez
proclamados los resultados oficiales de las elecciones generales
previstas en el Régimen de Transición de la Constitución de la

República y convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 26 de
abril y el 14 de junio del 2009.

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en
el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los
nueve días del mes de abril de dos mil nueve.

f.) César P. Rodríguez, Primer Vicepresidente de la Comisión
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión

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