Este documento describe los esfuerzos de un centro educativo para menores infractores para estructurar sus intervenciones en torno a las ocho competencias básicas establecidas en la Ley Orgánica de Educación. El centro busca conjugar la legislación educativa con la ley que rige las medidas de privación de libertad para ofrecer una intervención integral centrada en las necesidades de cada menor.