Este documento establece los principios fundamentales de la soberanía y la organización política de Uruguay. Define a Uruguay como una república independiente gobernada por la voluntad soberana de su pueblo. También garantiza una amplia gama de derechos y libertades a los ciudadanos uruguayos, como la libertad de culto, igualdad ante la ley, inviolabilidad del hogar, debido proceso y protección de la propiedad privada.