Sintesis informativa 03 11 2011

DE LOS DIARIOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO

Jueves 03 de Diciembre de 2010

Puerto Escondido
Oaxaca
México

Presiona deuda pública las finanzas del Estado
Se consolida un esquema para lograr su restructuración: Gerardo Cajiga

Humberto TORRES R.

Debido a que la deuda pública de Oaxaca es superior a los 7 mil millones de pesos y presiona seriamente planes y proyectos del
Estado, la Secretaría de Finanzas consolida un esquema para lograr su restructuración, el cual será modelo en el país, anunció
Gerardo Cajiga Estrada.

Existe la posibilidad de que se pueda reestructurar la deuda directa de mil 437 millones de pesos, convenida con la banca
comercial y desarrollo, luego de una propuesta ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener una
garantía de pago que ya fue aceptada por ser un modelo único en el país.

Se trata de un planteamiento para “reducir el nivel de garantías para tener menores tasas y obtener mejores rendimientos que
permitan a la administración estatal obtener un flujo de inversión permanente que evite la paralización de las actividades
gubernamentales”, explicó.

Luego de confirmar que en la última década la deuda pública creció a una tasa anual de 44.7% disparándose en 2006 y en 2010
alcanzó los 4 mil 123 millones de pesos, el secretario de Finanzas admitió intensas presiones que es necesario resolver.

“No está claro en qué fue utilizada la deuda contraída en la gestión anterior, pues la cuenta pública que se entregó carece de
información, se comprometieron 500 millones de pesos al final de la administración pasada sin que exista claridad en que fueron
utilizados”, dijo.

Por como están las autorizaciones y el contrato de los créditos, la deuda “se metió a la licuadora”, y por lo tanto es difícil saber
su destino. “La ley dice que la deuda debe ser para inversión productiva o casos de emergencia, pero no está etiquetada”,
deploró.

Al realizar una evaluación de las actuales condiciones de la deuda pública, reconoció que la contratación de dos Proyectos de
Prestación de Servicios (PPS) en la administración anterior, más el saldo de la deuda pública representa una fuerte carga
financiera para el Estado.

“El costo financiero de los compromisos crediticios del Estado será de mil 200 millones de pesos, es decir, 73% de los ingresos
propios del Estado”, subrayó.

Por eso, el pueblo merece saber a que se están destinando 500 millones de pesos anuales, ya que los PPS son pasivos con
garantías del gobierno y con autorización del Congreso.

Con cifras en la mano, el funcionario estableció que “el saldo por Ciudad Administrativa es cercano a los 500 millones de pesos,
mientras que por Ciudad Judicial son 2 mil millones, además de otros compromisos crediticios que el Estado debe afrontar”.

Uno por mil 433 millones de pesos contratados con la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial, que ya fueron reestructurados,
y una emisión bursátil por 2 mil 800 millones de pesos realizada en 2008, que hoy representan 3 mil millones de deuda a 20
años, sobre la cual el gobierno no tiene margen de maniobra pues no puede pre pagarse o reestructurarse en diez años. A esto se
suman pasivos no documentados, convenios y obras no pagadas.

Emplaza juez penal a González Bernabé
Misael Sánchez

[08:54] El ex titular de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Armando
González Bernabé, fue requerido por el Juzgado Octavo de Distrito, por falsificar
firmas durante el trámite de un juicio de amparo contra autoridades estatales que lo
acusan como presunto responsable de los delitos de peculado y abuso de confianza por
un monto de 736.2 millones de pesos.
“Se advierte que la firma que calza el escrito de cuenta diverge totalmente de la
estampada en la demanda de garantías”, señaló el Juzgado Octavo de Distrito al
requerir a González Bernabé para que comparezca en días y horas hábiles ante el Poder
Judicial de la Federación para reconocer las firmas discrepantes y dictar el acuerdo que
legalmente corresponda. EL ex funcionario de URO cuando
Así, a partir del lunes próximo, el ex funcionario de la anterior administración tiene compareció ante los diputados locales.
tres días hábiles para presentarse ante el juez para manifestar si ratifica las firmas con
las que se han presentado varios escritos en el expediente 1170/2011 ante el Juzgado Octavo de Distrito.
Por otra parte, el Juzgado Segundo de Distrito, en el que promueve el juicio de amparo 1033/2011 lo convocó para que se
presente a una audiencia constitucional el próximo 14 de noviembre de 2011, donde se confrontará con autoridades del Juzgado
Primero Penal de Oaxaca.
En agosto pasado, el Poder Judicial de la Federación negó el amparo y la protección de la justicia federal a Armando González
Bernabé y Ambrosio Vásquez Arango, ex funcionarios de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) en el sexenio del ex
gobernador Ulises Ruiz, acusados por la titular de la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado
por los delitos de peculado, abuso de confianza y del erario de la hacienda pública por un monto de 736.2 millones de pesos.
A Ambrosio Vásquez Arango, titular de CAO a partir de que González Bernabé asumió la secretaría de Obras Públicas, el Juez
Segundo de Distrito, Gustavo Roque Leyva, le negó el juicio de amparo 1033/2011.
Por su parte, la titular del Juzgado Quinto de Distrito, Rosa Iliana Noriega Pérez, negó a Armando González Bernabé, también ex
titular de CAO el juicio de amparo 1057/2011, promovido en contra del titular de la PGJE, elementos de la AEI y los jueces
penales del Poder Judicial del Estado.
González Bernabé, quien se salvó de ser detenido en agosto pasado es acusado, entre otros delitos, de haber erogado 736
millones 207 mil 337 pesos del 2006 al 2009, por concepto de arrendamiento de maquinaria y equipo a las empresas Leandman
Trade SA de CV y Rent Trade SLC.
Por la comisión de los mismos delitos ya está en el penal de Santa María Ixcotel Manuel Alejandro Hernández Muñoz, ex
director de Administración y Finanzas de CAO.

Poder Judicial decreta que se prolongue la huelga en la UABJO
Misael Sánchez

[08:54] El Juzgado Octavo de Distrito decretó ayer que no se ejecute en la UABJO la
resolución de inexistencia de huelga de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y
como consecuencia “las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir
subsistiendo el Estado de Huelga”, por lo que el conflicto en la máxima casa de
estudios se prolongará durante varios días más.
La resolución a favor del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de
Oaxaca (STAUO), promovido por Javier Agustín Hernández Monroy y Mauro
Francisco Pérez, cita a las partes para el 15 de noviembre, por lo que se prevé que la
huelga iniciada el 6 de octubre supere los 30 días esta semana.
Al conceder a los dirigentes del STAUO el juicio de amparo 1370/2011, el Poder
Judicial de la Federación prolongó la huelga que supuestamente ya había concluido con HERNÁNDEZ MONROY
la resolución de Enrique Ventura López, presidente de la JLCA, quien declaró la PROMOVIÓ EL AMPARO.
inexistencia de huelga y motivó a las autoridades universitarias a anunciar el regreso a
clases.
Incluso, el abogado general de la máxima casa de estudios, Avelino Vásquez Luis, aseguró que hasta podría rescindirse la
relación laboral a los integrantes del STAUO si no devolvían las instalaciones para retomar el ciclo escolar.
Desde la semana pasada el dirigente del sindicato acusó ayer al rector de la UABJO de esconderse atrás de compromisos
políticos con personeros del PRI para no entregar las cuotas sindicales a quienes le pertenecen.
Al referirse al conflicto de huelga que atraviesa la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca dijo que el emplazamiento
y la huelga estallada se amparan en el articulo 123 Constitucional y las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que tutelan
los derechos sindicales, entre de ellos el derecho a recibir las cuotas que se descuentan a sus agremiados y que son propiedad de
los mismos asociados.
“Sin embargo hasta la fecha las mantiene retenidas indebidamente el rector Rafael Torres Valdés y ello nos obligó a realizar el
emplazamiento para que cumpla con la entrega que deriva del Contrato Colectivo de Trabajo”, dijo.
Ante las declaraciones del rector que cuestionan la legalidad de su cargo dijo que este es un argumento falso que esconde ciertos
compromisos políticos del rector Torres Valdés con personeros del PRI bien identificados y que manipulan a los que tratan de
dividir a la organización y utilizan para ello al propio rector.

Advierte magisterio de nuevo levantamiento
Discutirán un plan de acción en el marco del Primer Por lo cual, dijo, será en la próxima Asamblea Estatal en
Informe de Gobierno de Gabino Cué donde el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la
Educación en Oaxaca (MDTEO), discutirá un plan de acción
Carlos Alberto HERNÁNDEZ en el marco del Primer Informe de Gobierno de Gabino Cué
Monteagudo.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos del nuevo gobierno
pero vemos que nuestras peticiones de justicia no han
caminado; sigue archivado el caso del profesor Carlos René
Román Salazar”, destacó.

Rodeado de mentores pertenecientes al sector Periferia y
Ciudad, dijo que recordar la batalla librada hace 5 años en
contra de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y
exigir justicia, es una obligación como integrante del
movimiento democrático de Oaxaca.

Agregó que en su momento se llevarán a cabo las protestas
en el marco del Primer Informe de Gabino Cué, al haber
pendientes en el pliego petitorio de demandas; “siguen
escuelas en poder de la espuria Sección 59 y la aparición con
vida de Román Salazar”, insistió.

La parálisis económica y la falta de resultados en materia de “El reciente premio otorgado por la Organización de las
justicia por la crisis social y política del 2006, podría llevar a Naciones Unidas al gobernador, sólo fue un acto
la sociedad a un nuevo levantamiento, advirtió ayer el protocolario, pues en los hechos el tema de la represión e
secretario general de la Sección 22 del SNTE, Azael impunidad a los agresores del pueblo, sigue sin respuestas
Santiago Chepi. concretas”, sostuvo.

En entrevista posterior al mitin llevado a cabo en el crucero Santiago Chepi demandó al mandatario estatal terminar con
de 5 Señores como parte de la conmemoración de “La la parálisis económica y trabajar para resarcir el tejido social
Batalla de Todos los Santos”, reiteró que a un año de la en Oaxaca, dado que hay riesgo de vivir nuevamente un
presente administración hay varios pendientes. conflicto igual o mayor al 2006.

Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional Durante una hora y media aproximadamente, integrantes de
(CES) del magisterio oaxaqueño, añadió que continúan las la Sección 22 del SNTE y organizaciones sociales ligadas a
violaciones a los derechos humanos de los líderes y la APPO, bloquearon la tarde de ayer el crucero de 5
activistas de organizaciones sociales. Señores para conmemorar el enfrentamiento con la Policía
Federal Preventiva hace 5 años.

Se agudiza tensión en los Chimalapas, chiapanecos y
oaxaqueños bloquean zonas
08:02:29 03-11-2011
Roselia Cha'ca / Quadratín enfrentamientos, siguieron a los comuneros para no permitir
algún percance que alterara el orden y provocara algún
derramamiento de sangre entre zoques y tzotziles.
Las confrontaciones entre ejidatarios chiapanecos y comuneros
oaxaqueños van incrementado de nivel conforme pasan los días
y la falta de atención de los gobiernos de Chiapas, Oaxaca y el
gobierno federal.
Es importante resaltar que la madrugada del jueves 20 de
octubre del 2011 los habitantes de San Antonio, bloquearon el
único camino a los campesinos chiapanecos, como medida de
presión para obligar la cancelación de los permisos y la entrega
de la resina.
San Miguel Chimalapa, 3 de noviembre de 2011 (Quadratín).-
El 21 de octubre del 2011, al menos 200 habitantes de San
La tarde de este miércoles se elevó la tensión entre ejidatarios
Miguel Chimalapa bloquearon la carretera Panamericana a la
chiapanecos y comuneros oaxaqueños en la zona oriente de los
altura de La Venta, agencia de Juchitán, con la finalidad de
Chimalapas, al realizar los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz y
presionar al gobierno estatal y federal la suspensión de todos
Rudolfo Figueroa, agencias de Cintalapa Chiapas, bloqueos
los permisos de explotación forestal otorgado por Semarnat en
simultáneos a las poblaciones de San Antonio y Benito Juárez,
el 2009.
pertenecientes San Miguel Chimalapa.
Por la noche de ese mismo viernes, policías chiapanecos
Además de no permitir a la comuna de San Antonio la entrada entraron a territorio oaxaqueño e intimidaron a comuneros de
de vivieres que el gobierno del estado de Oaxaca envió a los
San Antonio para desarticular el bloqueo. El sábado 22 de
habitantes. Con este bloqueo se quedaron varados en las dos
octubre hizo presencia el Ejército Mexicano entre los dos
agencias de San Miguel Chimalapa (Benito Juárez y San
pueblos para evitar confrontaciones.
Antonio) 14 brigadistas de un programa estatal.
Este 29 de octubre al menos 100 comuneros de San Antonio
De acuerdo al reporte de las autoridades de San Miguel
irrumpieron por media hora en el ejido Gustavo Díaz Ordaz,
Chimalapa, la tarde del miércoles, un comunero de Benito para advertir al gobierno federal y a los gobiernos de Chiapas y
Juárez intentó cruzar con su motocicleta el ejido de Díaz Ordaz
Oaxaca, que no entregarán ni un centímetro de las casi cinco
y le fue impedido supuestamente de manera violenta el paso,
mil hectáreas de tierra a los ejidatarios chiapanecos.
por lo que se vio en la necesidad de regresar a informa de la
El bloqueo en San Antonio continúa hasta este jueves. Como en
situación a San Antonio, de donde salió.
otras ocasiones en Gustavo Díaz Ordaz, los funcionarios
Estas acción molestó a los oaxaqueños, que envió una comisión
chiapanecos, los víveres, la ayuda, los médicos y los maestros
a dialogar con los chiapanecos, por supuesto que ante esta
entran por helicópteros al ejido.
acción elementos del Ejército Mexicano, que desde hace casi 15
días se encuentran en la zona de conflicto para evitar

Jugoso negocio: asciende a más de 10,400 metros el robo de vías ferroviarias en Oaxaca
Escrito por Comunicado

Martes, 04 de Octubre de 2011 13:54

El Director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Oaxaca, José Luis Chida Pardo, señaló que la
dependencia a su cargo sí hizo el depósito correspondiente a 10 millones 200 mil pesos a comuneros de San Francisco
Cozoaltepec como indemnización por derecho de vía. Ante el reclamo emitido por los campesinos, responsabilizó a quien
fungiera en el 2009 como Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Claudio Pacheco Altamirano de no entregar en
tiempo y forma el monto de pago. El funcionario federal dio a conocer que Secretaria de Comunicaciones y Transportes depositó
10 millones 200 mil pesos de manera directa al líder de esa comuna, por lo que él es el responsable. Desafortunadamente los
avances que se llevan en la construcción de la súper carretera, que conectará a la ciudad de Oaxaca con la región de la Costa, son
mínimos debido al problema de financiamiento con la empresa a la que originalmente se le otorgó la concesión.

La vía quedará concluida en dos años y tendrá un costo de 4 mil 600 millones de pesos, la empresa Omega Corporación
empezará a construir los 104.2 kilómetros de esta carretera, después que se han solucionado los problemas económicos que han
retrasado los trabajos, mismos que debieron haberse iniciado desde abril de 2009, la obra comprenderá la modernización de 283
kilómetros.

Además de que se ampliará su ancho de vía a cuatro carriles; serán construidos 30 entronques, libramientos, obras de drenaje, 78
puentes, 42 pasos a desnivel y tres túneles.

Asimismo indicó que ya se logró solucionar el programa de financiamiento y también hubo un arreglo interno con las empresas
Omega e ICA, que serán las encargadas de la construcción de los trabajos que podrían ser reiniciados en octubre o noviembre;
“Francamente los trabajos que llevamos en esta zona son mínimos, se ha estado trabajando más en la zona de Barranca Larga,
que es donde inicia la concesión y aquí en el entronque Ventanilla que es donde concluye”.

Chida Pardo añadió que durante el gobierno anterior, sí se tuvieron quejas por parte de algunas comunidades y Comisariados de
Bienes Comunales donde no se cumplieron los compromisos que se hicieron para la liberación del derecho de vía; “Con el actual
gobierno hemos trabajado coordinadamente y les hemos pedido para solucionar lo que quedó pendiente y hasta l ahora que
iniciemos los trabajos de construcción en esta súper carretera es que sabremos si esos problemas quedaron a tras o aún
prevalecen”, dijo.

Explicó que a pesar de que está a punto de culminar el ejercicio fiscal 2011, los recursos destinados para la construcción de la
súper carretera no se pierden por ser una obra “concesionada”, porque son recursos de que la empresa recibe el crédito con
Banobras y es recurso de la propia empresa; “Y en cuanto se esté trabajando al cien por ciento, también hay que ver la forma de
tejer la red de caminos de acceso para poder avanzar en esta vía que tanto esperan los oaxaqueños y los turistas nacionales”,
agregó.

El titular de la SCT en Oaxaca aún está en espera de ser llamado para reunirse con los nuevos integrantes esa comuna costeña y
ver los problemas que hay por derecho de vía que es un problema que ya no le compete a esa instancia federal porque esta sí
realizó -en tiempo y forma- el depósito de indemnización a una cuenta bancaria de Claudio Pacheco quien en lugar de beneficiar
a todos los comuneros, le entregó dinero a sus más allegados y eso está demostrado en las demandas que se realizaron.

La versión de los comuneros

Según los comuneros el despojo es de aproximadamente 600 mil hectáreas para la construcción de la súper carretera debido a
que comprende áreas del Macahuite, Barra del Potrero, Villas San Luis, Santa Elena, Guapinole, Agua Blanca del Pacífico,
Tizapote, Escobilla y la Culebra, comuneros que a través de un comunicado dieron a conocer a la opinión pública que el
Presidente del Comisariado de Bienes Comunales Claudio Pacheco Altamirano y la SCT a cargo de José Luis Chida Pardo
fueron los que valuaron el precio a sus tierras sin que previamente se realizara un dictamen que pudiera brindarles un pago justo
de sus predios.

La comuna, denunció que los 10 millones 200 mil pesos fueron entregados a Claudio Pacheco Altamirano con la personalidad
de parcelario “a pesar de que este no es dueño de las tierras que invadió la SCT para la realización de la obra” y señalaron que
desde el momento en el que Chida Pardo emitió el recibo oficial existían irregularidades, por lo que manifestaron que hay
corrupción y ambición por parte de los personajes antes mencionados.

Comentaron que en su momento por las irregularidades, la SCT suspendió el pago de los predios a Pacheco Altamirano, quien
por el hecho de que se culminaría rápidamente su reinado como Presidente del Comisariado de los Bienes Comunales, bloqueó el
acceso carretero 200 por varios días por lo que se abrió una serie de Averiguaciones precias en su contra además en contra del
Director de la SCT en Oaxaca por el delito de Ejercicio indebido del servicio público.

Sección 22 del SNTE, sindicato rico; ingresos superan el millón de pesos al mes
Los Chimalapas, región de selvas tropicales vírgenes, es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos
(germoplasma), de mayor importancia en México y Mesoamérica. Ahí, el gobierno federal y el de Chiapas crearon
arbitrariamente un conflicto agrario que ya lleva más de 50 años, a lo que se suma la apatía o desinterés del gobierno oaxaqueño.
El resultado: enfrentamientos violentos y muertes entre los indígenas; mientras que caciques, funcionarios públicos y
narcotraficantes, aprovechan y se enriquecen con los recursos naturales. Los pueblos originarios, en tanto, viven sumidos en la
pobreza, en la marginación y con la violencia latente. En esta selva tropical, todo hace pensar que la invasión chiapaneca a tierras
de los indígenas zoques de Oaxaca, fue planeada y urdida por puro interés económico, y por eso, evitar que haya una solución a
la disputa agraria.

“San Miguel Chimalapa nada más es de nombre, aquí nada más se benefician gentes extrañas”, me dice el comunero Rosalindo
Sánchez Martínez, „Lino‟ como le llama la gente que lo conoce. Su expresión denota frustración, más que enojo, y añade: “San
Miguel está abandonado”.

El sentir de Lino adquiere sentido cuando se contrasta la realidad en esta población ubicada casi en el corazón del Istmo de
Tehuantepec, que es conocida por ser la porción más estrecha del país entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, y al mismo
tiempo puente entre el sureste, el centro y el norte de la República. El paisaje natural rico en fauna y flora, con inmensidad de
lagunas, arroyos y ríos, se diluye con la pobreza en la que viven los indígenas zoques.

Los Chimalapas abarcan 594 mil hectáreas de selvas tropicales vírgenes –de las cuales aproximadamente 300 mil aún se
encuentran inalteradas-, junto con las regiones de Uxpanapa, (Veracruz), y El Ocote, (Chiapas). De estas 594 mil has, 460 mil
corresponden a la comunidad indígena del municipio de Santa María Chimalapa, y 134 mil a la de San Miguel, por decreto
presidencial.

Su ubicación, le da a la zona, un enorme interés geopolítico, pues en ella existen, importantes líneas de comunicación y
oleoductos, que alcanzan a los dos complejos petroquímicos y puertos petroleros más importantes de México: Coatzacoalcos y
Salina Cruz.

Es considerada una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se
estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en Chimalapas llega a albergar hasta 900 especies vegetales y
más de 200 especies animales.

La región es habitada por la etnia Zoque y antes, por sus antepasados los mokayas, vínculo histórico entre las culturas maya y
olmeca; aunque también habitan mixes, huaves, mixtecos, zapotecos, chinantecos, tzeltales, chamulas, chatinos y mestizos. En
1687 los Zoques le compraron a la Corona Española sus propias tierras, -que entonces abarcaban 600 lenguas cuadradas- por una

cantidad de 25 mil pesos de oro. De esta compra, proviene la palabra Chimalapa, que en zoque, significa, "jícaro de oro".

Es en el significado del nombre donde Lino ve la paradoja: “a pesar de la biósfera y los recursos naturales que tenemos, San
Miguel Chimalapa es nada más de nombre”.

La lucha agraria que mantienen desde hace más de 50 años con el vecino estado de Chiapas, explica en parte, las condiciones de
marginación y pobreza en la que viven los indígenas zoques; quienes en sus comunidades carecen de energía eléctrica, servicios
básicos, escuelas y caminos.

Durante 117 años, entre 1850 y 1967 de acuerdo con los historiadores, se caracteriza, por la apropiación y explotación ilegal
intensiva de la región por hacendados, madereros y ganaderos, sobre todo en el lado oriente de la región, en los límites de los
estados de Oaxaca y Chiapas. En 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, confirma mediante un decreto presidencial, la
propiedad comunal de 594 mil hectáreas, para San Miguel y Santa María Chimalapas.

Sin embargo, la Secretaría de la Reforma Agraria, nunca efectuó el deslinde físico de los terrenos comunales del decreto. Lo que
fue aprovechado por los gobiernos chiapanecos quienes nunca reconocieron la propiedad comunal de Santa María y San Miguel
Chimalapas, ambas poblaciones de Oaxaca.

En el mismo año en que fue emitido el decreto presidencial, el gobierno de Chiapas inició y alentó una invasión intencionada con
la fundación de ejidos en territorio comunal de Santa María y San Miguel Chimalapas.

El ya fallecido ex secretario de la Comisión de Límites del gobierno de Oaxaca, José Isaac Jiménez Velasco, afirmaba que la
entidad chiapaneca está detrás del origen del conflicto, luego de iniciar una invasión a esa zona de Los Chimalapas.

A mediados del siglo pasado, al percatarse de la riqueza natural que tenían frente a ellos, los gobiernos del estado vecino “se
propusieron apropiarse de la región, tomando en cuenta que la población era escasa y que el gobierno de Oaxaca, por falta de
comunicación, no ejerce control alguno o administración en gran parte de la región del estado”.

En un principio la pretensión de apropiación del territorio ascendía a aproximadamente 180 mil hectáreas; en la actualidad se
disputan y reclaman 62 mil hectáreas.

El gobierno de Oaxaca ha permanecido pasivo ante la situación, mientras que la Secretaría de la Reforma Agraria, posterior a
1967, expidió títulos a favor de Chiapas, agravando el conflicto, porque ahora ambas poblaciones tienen documentos que los
acreditan como legítimos dueños.

Asimismo, la Comisión de Límites del gobierno del estado no tiene facultades para plantear una defensa jurídica del territorio y
la Junta de Conciliación Agraria, que depende del estado no ha hecho nada y desconoce las causas.

La línea recta que dividía los territorios de Oaxaca y Chiapas, ahora es una línea trazada en zig-zag por el lado del territorio de
San Miguel Chimalapa. A una comunidad de San Miguel, la precede un ejido del municipio de Cintalapa, Chiapas. Así, de forma
intercalada se encuentran los ejidos chiapanecos Díaz Ordaz, La Flor de Chiapas, Ramón de Balboa y Rodolfo Figueroa, con las
comunidades oaxaqueñas Benito Juárez, San Antonio, Sol y Luna y La Cristalina.

Y otra particularidad, los ejidos chiapanecos tienen energía eléctrica y línea telefónica; las comunidades oaxaqueñas, ni una ni
otra: reflejo de la importancia para cada uno de los gobiernos estatales las tierras en disputa y los pueblos indígenas.

“Recibe su resolución presidencial en el año de 1967. Y precisamente en ese año el gobierno de Chiapas instala los ejidos de
Díaz Ordaz, La Flor de Chiapas, Ramón de Balboa, entonces estamos a unos meses del año que San Miguel Chimalapa recibe su
título presidencial”, explica el comunero de San Miguel, Felipe Sánchez Villalba.

Esto ha generado caos agrario y problemas en la tenencia de la tierra, de límites territoriales, cambio de uso de suelo hacia la
ganadería extensiva, colonización desordenada, tráfico de tierras, tala clandestina de árboles de madera preciosa y además, la
región es conocida como zona de siembra y tráfico de estupefacientes, principalmente de marihuana.

Saqueo de madera preciosa

Después de visitar en la víspera la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa, partimos a una de sus agencias, San Antonio.
Para llegar hay que viajar por la carretera Panamericana en dirección al municipio de Arriaga, Chiapas, conducir por cerca de
una hora hasta una población que se llama Jícaro y tomar el camino de terracería. La vía está en pésimas condiciones por las
lluvias y, a la velocidad a la que vamos no supera los 20 kilómetros por hora durante el ascenso al cerro donde se encuentra la
comunidad y el territorio en disputa.

El paisaje, sin embargo, no deja de ser hermoso. Nos acompaña Lino y el ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de
San Miguel, Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez, quien cuenta sobre las dos mil 900 hectáreas que lograron fueran declaradas de
conservación ecológica y que ellos protegen, así como de sus proyectos ecoturísticos para detonar la economía en sus tierras,
ideados apenas en sus mentes.

En el camino pasamos por la localidad Rodolfo Figueroa, ejido de Chiapas, uno de los que fue creado posterior a la resolución
presidencial de 1967.

Llegamos a San Antonio. Ahí, un camión con placas de Chiapas con cuatro árboles en trozos talados clandestinamente como
carga, luce varado. Los comuneros se lo decomisaron al chofer hace un año para mostrar que están en contra de la tala de árboles
de su territorio.

El saqueo de los recursos naturales ha sido posible, principalmente, por el conflicto agrario. El mismo gobierno chiapaneco y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo han permitido.

La región contiene importantes reservas de madera, incluyendo maderas tropicales de alta calidad, tales como cedro, Cedrela
odorata, caoba, Swietenia macrophylla y Calophyllum brasiliense; algunas especies endémicas como la Sterculia sp., se utilizan
localmente en la manufactura de madera fina; se encuentran también especies consideradas como corrientes, en total se estima
que existen aproximadamente 222 especies de interés forestal.

Entre 1947 y 1977, el principal maderero fue Sánchez Monroy, originario del estado de Durango, al que se le concesionaron 55
mil hectáreas de selva; esta persona, instala en la región 5 enormes aserraderos, y crea, 5 haciendas ganaderas que suman más de
5 mil hectáreas, con 5 mil cabezas de ganado; además, obtiene ilegalmente, por medio de prestanombres, más de 100 títulos de
propiedad, de supuestos terrenos nacionales.

A principio de los años setenta, comienza un proceso de invasión de tierras, y fundación de comunidades, conformadas, entre
otras, por sectas de protestantes, y campesinos de Guerrero y Chiapas, expulsados por problemas políticos y religiosos.

En toda la zona, ocurre un saqueo y tráfico intensivo de palma camedora, especie atractiva para el comercio internacional. En
agosto de 1977, los comuneros se unen y logran expulsar de la zona a las madereras encabezadas por Sánchez Monroy.

No obstante, la tala clandestina y el tráfico de especies de animales no se han detenido. Los saqueadores: gente proveniente de
Chiapas.

“Hay una empresa británica ligada con la Coca Cola en el estado de Chiapas en donde ellos quieren conservar allá la cuestión
ecológica sobre los recursos naturales, sobre los manantiales que hay allá y seguir explotando lo de San Miguel Chimalapa.
Inclusive está interesado la empresa Coca Cola, porque la Coca está en Chiapas, a través de esa empresa quieren que San Miguel
Chimalapa reciba las contraprestaciones, porque saben que el vital líquido, la Coca lo ocupa para fabricar sus productos. Por eso,
esa empresa quiere se indemnice a San Miguel y tener a su disposición el vital líquido y seguir fabricando sus productos”, señala
Cuauhtémoc Martínez.

El gobierno federal ha propuesto a los comuneros comprarles las tierras por 20 millones de pesos y dejar que se queden para los
ejidatarios de Chiapas. Pero, los comuneros han rechazado la propuesta y han dicho, que mejor entreguen ese dinero a los
chiapanecos para que dejen sus tierras.

E incluso, dice el ex Comisariado, aceptan que los indígenas continúen viviendo en sus tierras, pero que reconozcan que la
propiedad es de San Miguel Chimalapa y que formen parte de la comunidad. Saben que los indígenas chiapanecos, asentados en
terrenos comunales, requieren de tierras para vivir, y no son culpables de la situación. Opción que el gobierno de Chiapas ha
rechazado. Aceptarla, les quitaría la posibilidad de continuar ingresando a territorio oaxaqueño y continuar explotando los
recursos naturales.

“El gobierno federal tiene metidas las manos con Chiapas, porque le brinda más apoyo a Chiapas que a Oaxaca, con la intención
de explotar los recursos naturales con la empresa británica. Chiapas

se está implementando conservaciones ecológicas pero privadas. Los empresarios están comprando los recursos naturales de
Chiapas, para que el campesino, el indígena sea saqueado de su territorio. Pero en San Miguel no se va a permitir, es autónomo y
la asamblea general es la que decide que se hace con los bienes comunales.

“En Costa Rica es privada, yo fui a Costa Rica cuando fui Comisariado”, menciona Cuauhtémoc Martínez, “ahí nos contaron que
los indígenas fueron saqueados, les compraron su territorio. Ahí hay conservaciones ecológicas pero son privadas y es lo que
quiere hacer Chiapas. Saquean recursos naturales como agua, madera como cedro, pino, animales como pericos, el quetzal, la
guacamaya, el faisán”.

Los proyectos del Gobierno para saquear los Chimalapas (recuadro)

Los distintos gobiernos federal y estatal de Chiapas han ideado una serie de proyectos para explotar los recursos naturales de los
Chimalapas, que no se han podido llevar a cabo por la oposición de los indígenas zoques y de organizaciones no
gubernamentales (ONG‟s).

Entre ellos están, documentados por las ONG´s:

1).- El proyecto hidráulico Chicapa-Chimalapa, que pretende extraer agua del nacimiento del río de Corte-Coatzacoalcos, para
trasladarla a la vertiente del Pacífico, mediante la construcción de presas, túneles, tajos y canales, con el fin de ampliar el sistema
de riego en la planicie costera, además de alimentar el complejo petroquímico Salina Cruz. Este proyecto ha sido detenido, por
su alto costo y la ausencia de financiamiento internacional; así como por la abierta oposición campesina, y de las ONG‟s; pues
implicaría, un grave deterioro ecológico para el país a mediano plazo, dada la alteración hidrológica que causaría.

2).- Proyectos carreteros de carácter federal, para construir una carretera de cuota: Sayula, Veracruz-Ocozocuautla, Chiapas, con
una longitud de 240 kms y cuatro carriles, que en su trazo original cruzaba a lo largo de la Reserva El Ocote, el extremo
nororiental de Los Chimalpas, y el extremo oriental de Uxpanapa. Actualmente, existe un proyecto del Gobierno del estado de
Chiapas, que pretende construir una brecha revestida de 32 kms., desde el ejido Cal y Mayor, hasta la colonia invasora de San
Isidro la Gringa, para facilitar el saqueo y el transporte de madera.

3).- Proyectos del corredor transístmico Coatzacoalcos, Veracruz-Salina Cruz, Oaxaca; una vía de comunicación a través del
Istmo de Tehuantepec, ha sido uno de los deseos por los gobiernos nacionales y extranjeros, así como por grupos empresariales
de diversos sectores. Con el fin de unir el corredor Coatzacoalcos-Minatitlán, al norte del Istmo, con el segundo puerto petrolero
del país, Salina Cruz, Oaxaca, puerta obligada de salida de los productores petroleros hacia los países de la Cuenca de Pacífico.
Este proyecto afectaría la zona de Los Chimalapas, debido a su cercana ubicación a la misma y traería consecuencias socio-
económicas en su construcción y operación. Por otra parte, PEMEX ya anunció, informalmente, que existen importantes
yacimientos petroleros en la zona de Los Chimalapas, que colinda con Uxpanapa.

María

María García tiene 50 años, pero en apariencia es más joven. Ha vivido en medio del conflicto y por su fortaleza y carácter se ha
convertido en una de las líderes de la “lucha”, como ella la llama, para recuperar sus tierras. Estuvo un año en la cárcel, en el
municipio de Cintalapa, Chiapas, luego de que retuvieran al hermano del ex gobernador de Chiapas Absalón Castellanos
Domínguez, quien realizaba tala clandestina en tierras de los Chimalapas.

Nos platica sobre la historia del conflicto agrario y la invasión de sus tierras, mientras lava platos. A un lado de ella, un niño que
adoptó, cuando una mujer del ejido vecino Díaz Ordaz – de sus enemigos – se lo dejara. “Era una mujer borracha, me dijo que lo
tomara o lo tiraba por ay. Y pues mi corazón no es malo. Me lo dejó casi muerto, con neumonía, duré con él una semana en el
hospital”, relata.

“Desde hace muchos años, la invasión de tierras empezó desde los Sánchez Monroy, unos ricos madereros que vinieron de
Durango y durante 50 años robaron las riquezas de San Miguel Chimalapa. Después se unió un pequeño grupo de indígenas
zoques y un poco de gente que quedó, de la gente que trabajaba con los Sánchez Monroy y se hizo un frente, se sacó al maderero
y desde entonces hemos tenido constantes luchas con el estado vecino de Chiapas.

“Incluso también, dentro de la zona de Chiapas se agarró al hermano de un gobernador, Absalón Castellanos Domínguez, desde
entonces hemos tenido constantes luchas. Hemos sido agraviados, encarcelados por el gobierno de Chiapas, por defender las
tierras Chimalapas”, cuenta.

Posteriormente, menciona, la Secretaría de la Reforma Agraria dio posesiones de tierra dentro de bienes comunales, y conformó
núcleos agrarios que pertenecen al estado de Chiapas como es Díaz Ordaz, Flor de Chiapas, Ramón de Balboa, Rodolfo
Figueroa.

“Estamos luchando para que el gobierno federal ya le dé un reconocimiento por todas sus tierras a San Miguel Chimalapa, pero
que hace el gobierno federal: ofrece una contraprestación, o sea un pago para las tierras que tiene Chiapas dentro de tierras
comunales.

“Nosotros no aceptamos esa contraprestación, sino que nosotros queremos que el gobierno federal reconozca la tierra, que los
ejidatarios que están reconozcan a San Miguel Chimalapas. Porque tampoco somos tan malos, tan injustos de correrlos, porque
ya tienen una vida echa ahí; pero en todo caso de que no reconozcan, entonces sí que el gobierno federal esa contraprestación
ofrecida a San miguel Chimalapa se la dé a ellos para que ellos desocupen las tierras si en realidad no las quieren reconocer”.

María ha sido golpeada y encarcelada, y otros comuneros han sido golpeados y despojados de sus pertenencias por el
destacamento de policías que el municipio de Cintalapa, Chiapas, mantiene en el ejido de Díaz Ordaz, y quienes con toda
impunidad entran a las agencias municipales de Santa María Chimalapa, como San Antonio.

En este mes, algunos comuneros han sido amenazados por la policía y los han “correteado” a caballo. “Ya metimos bastantes
documentos, solicitudes, que los retiren, porque en este lugar de San Antonio ya en el 90 hubo un enfrentamiento entre
comuneros y policías de Chiapas, hubo ya sangre y ni aun así, no le dan solución al asunto”.

En 1990 tuvieron un enfrentamiento con la policía de Chiapas. En ese entonces, la parroquia de Zanatepec apoyaba a las
comunidades Benito Juárez y San Antonio con víveres, ropa y cobijas. La mitad para San Antonio y la mitad para Benito Juárez,
Tres compañeros bajaron por su parte, pero en el ejido Díaz Ordaz los ataca la policía, les quita los víveres y se los lleva presos a
Cintalapa, entre ellos iban dos niños que los dejaron abandonados alrededor de las seis de la tarde.

La población de San Antonio se entera de los hechos cinco horas después y la gente se organiza. Los policías entran a su
población y se genera el enfrentamiento, cuando empezaron a exigir que regresaran a sus compañeros.

En el enfrentamiento murieron dos policías de Chiapas. Al ver los cuerpos, la gente por el temor abandono sus casas, y se
refugiaron en la montaña. Estuvieron fuera ocho días, en los cuales alrededor de 800 policías chiapanecos se apoderaron y
destruyeron todo en San Antonio.

“Desde ese entonces no ha parado el acoso y hasta ahorita seguimos con eso, se logró que se sacara a la policía, pro ahorita, d
nuevo ya va a ser el año que está metida ahí la policía y anda haciendo de las suyas. En el mes de febrero que intentaron por
Rodolfo Figueroa, íbamos a ver la tierra que están destrozando ahí, intentaron echarme la patrulla a mí, intentaron hacerme
matarme”, narra María.

La culpable es Semarnat

María recalca que ellos defienden su territorio, porque hay “una tirazón brutísima” de árboles y la culpable es la Semarnat,
porque está otorgando permisos en lugares de conflicto.

Una de sus demandas, dice, es que se cancelen definitivamente los permisos forestales a personas que están dentro de territorio
que no es de ellos, porque eso les causa problemas y ha muerto gente.

“Según ellos, se defienden que tienen su carpeta básica, su registro, pero es después que el de nosotros. Queremos que nos
reconozcan, porque su resolución presidencial es después de la San Miguel, no le dan solución, yo creo que hasta que haya 30 o
40 muertos, porque con dos, tres no les ha bastado. “Si tienen un permiso, aceptamos que tienen un permiso de la Semarnat, pero
no es legal, porque está en territorio ajeno. Es como si dijera Don Temo, aquí voy a venir a cercar, aquí voy a vivir, pero cómo si
es mío, pues. Así está ellos”.

El gobierno federal condiciona apoyo a cambio de las tierras

Las condiciones de la población de San Miguel Chimalapa, principalmente en la zona oriente que colinda con Chiapas, son de
pobreza extrema. El pésimo camino de terracería, el mes pasado los dejó incomunicados un mes y sin víveres en la tienda
Conasupo.

No tienen energía eléctrica ni otros servicios básicos. Aunque cuentan con una clínica de salud, carecen de medicamente y en el
transporte, tienen que esperar cada miércoles a la camioneta. El resto de los días de la semana, tienen pocas posibilidades de
viajar a los municipios más cercanos. Las escuelas son de madera y han sido construidas por la población, con tal de que sus
hijos estudios; sin embargo, la mayoría solo llega hasta el nivel secundaria por la imposibilidad económica de los padres de
enviarlos a estudiar el bachillerato.

“Cuánto tiempo que tenemos esos postes de luz parados ahí y eso con esfuerzo de nosotros, porque dejamos varios años nuestro
fondo municipal para que según nosotros íbamos a poder hacer algo, pero nada más pudimos parar esos palos que están ahí”,
María se refiere a unos postes que la gente compró para instalar la energía eléctrica por su propio esfuerzo, algo que no lograron
y que lucen como mal chiste, sin cableado.

“Este es el segundo año que apenas se está queriendo enderezar la comunidad porque el año pasado se empezó a hacer el
proyecto de la resina, pero también es una inversión de trabajao y es una inversión a largo plazo. No toda la gente está
involucrada. Ahorita son 53 personas que están empezando a trabajar la resina, pero activos son 30”.

A través de un representante, el gobierno federal prometió dotar de servicios a las poblaciones de San Miguel Chimalapas si
aceptaban la contraprestación de 20 millones de pesos por sus tierras.

“Vino de encargado un tal Ramón Zúñiga, pero dice acepten si ustedes firman el documento donde reciben la contraprestación,
que ya dejan en paz a esa gente, mañana empiezan los trabajos de electrificación, de luz, de aulas. Entonces, o sea, estamos
condicionados, cuando nosotros tenemos un derecho de tener un buen camino, de tener escuelas, techo, de los servicios, pero
mientras que la zona no diga que si a los ejidos que están dentro”.

Situación cada vez más crítica

La indiferencia del actual presidente de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez, sobre la disputa
agraria que mantienen con Chiapas, según manifiestan los comuneros, la forma en que actúa la policía de Chiapas y el hartazgo
de las nuevas generaciones ante lo inútil que ha resultado tratar de solucionar el conflicto por la vía institucional, puede
desembocar en una tragedia.

“Ya hay jóvenes que ya se alteran mucho y que ya quisieran de una vez darle una solución definitiva por el lado malo, pero como
aún estamos nosotros estamos conservando la paz y más que conservar la paz, estamos dando la oportunidad al gobierno federal
de que solucione las cosas. Hasta ese grado estamos”, expresa María.

Entonces el sentimiento de Lino se comprende aún más. “San Miguel Chimalapa nada más es de nombre, aquí nada más se
benefician gentes extrañas”.

Sintesis informativa 03 11 2011

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