T 410-14

Sentencia T-410/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Importancia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas
en que puede ser desconocida la jurisprudencia
Esta Corte ha considerado que su jurisprudencia “puede ser desconocida de
cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando
disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario
a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela”. Sin embargo, debido a que una
práctica jurisprudencial saludable no puede basarse en la petrificación de
determinadas decisiones o concepciones del derecho, el principio de
autonomía funcional del juez implica que éste puede apartarse del precedente
jurisprudencial siempre y cuando “(…) encuentre razones debidamente
fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con una carga
argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a la
Constitución, en todo o en parte”.
DECISION SIN MOTIVACION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
La estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la
tutela contra sentencias propende por la salvaguarda del derecho de los
ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción.
Así, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión
judicial, el juez de tutela deberá tener presente que el deber de presentar las
razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio basilar de
la función judicial que, de transgredirse, supone una clara vulneración del
debido proceso.

Ref.: Expediente T-3371534
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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PENSION DE VEJEZ-Posibilidad de acumular tiempo de servicio a
entidades estatales y cotizaciones al ISS para reunir el número de
semanas necesarias para tener derecho a ella
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS
TANTO EN EL SECTOR PRIVADO COMO EN EL SECTOR
PUBLICO EN CONTRATO LABORAL VIGENTE-Precedente
fijado en sentencias C-506-01 y C-1024-04
PUBLICO EN CONTRATO LABORAL VIGENTE-Corrección y
actualización de jurisprudencia de la Corte Constitucional
PUBLICO EN CONTRATO LABORAL VIGENTE Y COSA
JUZGADA RELATIVA-Deber del juez de aplicar excepción de
inconstitucionalidad sobre requisito de vigencia del contrato laboral al
entrar en vigencia ley 100/93
La Sala estima que las sentencias C-506 de 2001 y C-1024 de 2004 hicieron
tránsito a cosa juzgada relativa implícita, y por ende, es deber del juez del
caso concreto aplicar la excepción de inconstitucionalidad en los eventos en
que encuentre que la exigencia de vigencia del contrato laboral para efecto de
traslado de los aportes pensionales correspondientes al tiempo laborado
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, quebranta la Carta por la
infracción de preceptos superiores distintos a los efectivamente estudiados en
las decisiones de exequibilidad. En particular, para esta Sala de la Corte la
sentencia C-506 de 2001 únicamente hizo tránsito a cosa juzgada relativa por
las siguientes razones: (i) materialmente solo estudió un cargo por la
presunta infracción del principio de igualdad entre los trabajadores que se les
exigía la pervivencia del vínculo laboral a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 y a los que no se les hacía dicha exigencia para efecto de
acumulación de los tiempos laborados para un empleador que antes de la
vigencia del sistema general de pensiones tenía a su cargo el reconocimiento
y pago de pensiones; (ii) si bien la sentencia aludió al artículo 48 superior y
al derecho a la seguridad social contenido en este, realmente no analizó
cargo alguno relativo a dicha disposición jurídica; (iii) incluso si en gracia de
discusión se sostuviera que la sentencia aplicó el artículo 48 superior para
resolver el problema jurídico allí formulado, dicha disposición fue modificada
en aspectos esenciales por el artículo 1 del A.L. 01 de 2005, al incorporar
expresamente la garantía a los derechos adquiridos en materia de seguridad
social y de efectividad de las cotizaciones y los tiempos servidos para efectos
pensionales y; (iv) la sentencia no estudió la probable infracción de los
derechos adquiridos de los trabajadores (Art. 48 y 58 C.P.) en que podría

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incurrir el literal “c” parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en lo
relacionado con la exigencia de pervivencia del vínculo laboral.
DEBER LEGAL DE APROVISIONAMIENTO-Los empleadores
particulares, cualquiera sea su capital, deben responder por las
cotizaciones a pensiones de sus trabajadores, causadas por los servicios
prestados desde 1946, independientemente de la entrada en
funcionamiento del ISS
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA PENSIONAL-
Protección constitucional de tiempo de servicio y semanas cotizadas para
acumulación de tiempo de servicios del sector privado y público
DERECHOS PENSIONALES-Efectividad constitucional de los
periodos causados para efectos pensionales/SISTEMA PENSIONAL
CONTRIBUTIVO-Garantiza efectividad y protección a las cotizaciones
al disponer que éstas necesariamente se tendrán en cuenta para el
reconocimiento y liquidación de las prestaciones pensionales
En los regímenes pensionales contributivos el instrumento principal y común
para el reconocimiento de las prestaciones está dado por la satisfacción de un
mínimo de cotizaciones o aportes. Por esa razón, el ordenamiento jurídico
salvaguarda intensamente el esfuerzo económico (o laboral) realizado por los
afiliados, y otorga efectividad a las cotizaciones y tiempos de servicio
prestados en tanto mecanismo de consolidación de la protección pensional
buscada por el derecho a la seguridad social en los ingresos, permitiendo que
los periodos pensionales causado en un régimen sean tenidos en cuenta en el
otro al instante de establecer la satisfacción de los requisitos de acceso a las
prestaciones.
DERECHOS PENSIONALES-Protección en curso de adquisición
mediante la salvaguarda del esfuerzo laboral y económico de los
potenciales beneficiarios de una pensión
PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE LAS COTIZACIONES Y
DERECHO A LA PENSION-Protección al esfuerzo económico de los
afiliados
ACUMULACION DE TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS PARA
PENSION DE VEJEZ-Requisito de vigencia del vínculo laboral a la
entrada en vigor la ley 100/93, infringe los postulados constitucionales
que otorgan efectividad a las cotizaciones y a los tiempos de servicio
para derechos pensionales
ACUMULACION DE TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS PARA
PENSION DE VEJEZ-Excepción de inconstitucionalidad para inaplicar

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el literal c del parágrafo 1 del artículo 33 de la ley 100 de 1993 por
vulnerar principio de eficiencia de la seguridad social
En criterio de la Sala Novena de Revisión el requisito de pervivencia del
vínculo laboral a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 de que trata el
literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo
9 de la Ley 797 de 2003, infringen los postulados constitucionales que
otorgan efectividad a las cotizaciones y a los tiempos servidos con efectos
pensionales, así como al esfuerzo laboral y económico de los titulares del
derecho a la seguridad social, de acuerdo con la interpretación trazada por
esta Corte con base en los artículos 2, 13, 53. Inc. 5 y 48. Inc. 9 y 12 de la
Constitución Política, ya que los mencionados apartes legislativos
contradicen el contenido de las disposiciones superiores y vacían de toda
efectividad los tiempos servidos por trabajadores que prestaron su fuerza
laboral en empresas que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de una pensión y cuyos contratos de trabajo
finalizaron con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-A pesar de no existir precedente consolidado,
juez debe identificar las posiciones constitucionales existentes frente a la
materia y exponer razones por las que acoge o se aparta de ellas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-
Procedencia por defectos de desconocimiento de precedente
constitucional y ausencia de motivación respecto a acumulación de
tiempo y semanas cotizadas en contrato laboral vigente al entrar en
vigencia de la ley 100/93 para pensión de vejez
Referencia: expediente T- 3371534
Acción de tutela instaurada por
Raúl Alberto Tovar Pulido contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá y otros.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014)

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La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González
Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la
referencia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011), en primera instancia y, la
Sala de Casación Penal de la misma Corporación, el veinticuatro (24) de enero
de dos mil doce (2012), en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda.
1. El señor Raúl Alberto Tovar Pulido actuando a través de apoderado judicial
interpone acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, por considerar que la autoridad accionada vulneró sus derechos
constitucionales al debido proceso, igualdad y seguridad social. A través de
auto del 13 de octubre de 2011 la Sala de Casación Laboral vinculó al trámite
de tutela al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá y a la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. A continuación se sintetizan
los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda en lo que interesa a la
sentencia de revisión de tutela:
1.1. El demandante afirma que laboró para la Federación Nacional de
Cafeteros (en adelante FNC) en el periodo comprendido entre el 22 de
noviembre de 1973 y el 31 de enero de 1991. Sin embargo, el empleador
únicamente efectuó aportes para pensión al Instituto de Seguros Sociales (en
adelante ISS) entre el 1 de octubre de 1986 y el 31 de enero de 1991, fecha de
retiro del trabajador.
1.2. El actor formuló demanda ordinaria laboral contra la Federación Nacional
de Cafeteros con la pretensión de obtener el traslado de los aportes que la FNC
habría dejado de cotizar al ISS entre el 22 de noviembre de 1973 y el 1 de
octubre de 1986.
1.3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Veinticuatro Laboral del
Circuito de Bogotá. En el trámite la FNC se opuso a las pretensiones de la
demanda arguyendo que el ISS no tenía cobertura en las zonas en donde
prestó servicios el demandante, por lo que no nació obligación alguna de
afiliación y cotización. A través de sentencia del 10 de agosto de 2011 el
Juzgado accedió a las prestaciones de la demanda, condenando al empleador
al pago del bono pensional respectivo, previo cálculo actualizado de su monto
por parte del ISS.

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1.3.1. En la sentencia el Despacho encontró probado que el demandante laboró
en la FNC entre el 22 de mayo de 1973 y el 31 de enero de 1991, en tanto que
el empleador solo comenzó a realizar aportes al ISS en relación con el actor
desde el 1 de octubre de 1986 y hasta el final de la relación laboral. En criterio
del Juez el problema jurídico a resolver no se reducía al estudio de la
obligación de efectuar aportes por la FNC únicamente en las regiones en
donde el ISS tenía cobertura, pues debía analizarse, además, qué obligaciones
recaían en el empleador en relación con aquellos periodos en que el trabajador
prestó sus servicios en zonas en donde no existía cobertura por parte del ISS.
1.3.2. Sobre este punto el Juzgado estimó que se presentaba un vacío de
regulación. Consideró que para colmar la laguna normativa era necesario
aplicar el principio de equidad en armonía con el contenido del artículo 72 de
la Ley 90 de 19461
y el precedente fijado en la sentencia T-784 de 2010 de la
Corte Constitucional, en la que en un caso semejante se habría ordenado el
traslado de los aportes para pensión. Con apoyo en la referida normatividad y
jurisprudencia argumentó que la FNC tenía la carga de hacer las apropiaciones
necesarias para financiar las cotizaciones que no pudo realizar por razones de
cobertura del ISS. Así las cosas, aunque la FNC habría actuado conforme a
derecho al no efectuar cotizaciones en aquellos lugares en donde el ISS no
tenía cobertura, se imponía ordenar el pago del bono pensional en contra del
empleador por los periodos laborados en estas zonas, máxime si resultaba
contrario al principio de equidad trasladar dicha carga al trabajador.
1.4. La parte vencida apeló la decisión con sustento en consideraciones
semejantes a las expresadas en la contestación de la demanda, en particular,
resaltó el contenido del artículo 1 del Decreto 1887 de 19942
, y expresó que la
obligación de aportación no surgió en contra del empleador demandando por
cuanto al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el contrato
de trabajo que sostenía con el demandante había finalizado. El Tribunal
Superior de Bogotá mediante sentencia mayoritaria del 28 de septiembre de
2011 revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar negó las súplicas
de la demanda.
1.4.1. A juicio del ad quem el problema jurídico a resolver se reducía a
determinar si la FNC tenía obligación de pagar los aportes para pensión con
1
El siguiente es el texto del artículo 72 de la Ley 90 de 1946: “Las prestaciones reglamentadas en esta ley,
que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo
por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el
aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí
establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.
2
El siguiente es el texto del artículo 1 del Decreto 1887 de 1994: “Campo de aplicación. El presente Decreto
establece la metodología para el cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que deberán trasladar al
Instituto de Seguros Sociales las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la
vigencia del Sistema General de Pensiones, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, en
relación con sus trabajadores que seleccionen el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y cuyo
contrato de trabajo estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993 o se hubiere iniciado con posterioridad a
dicha fecha, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de
1993”.

7
anterioridad al llamado que hizo el ISS para la afiliación de los trabajadores de
la empresa demandada. Con soporte en la sentencia 36280 del 7 de septiembre
de 2010 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 259 del Código Sustantivo del
Trabajo3
y el contenido del Decreto 3041 de 19664
, el Tribunal explicó que
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 la carga patronal de afiliar a los
trabajadores al ISS no nacía a la vida jurídica de forma automática, sino de
manera paulatina de conformidad con el llamado que realizaba la entidad para
efectuar las respectivas afiliaciones, a la par de la ampliación territorial de su
cobertura.
1.4.2. Descendiendo al caso concreto, el ad quem concluyó que sobre la FNC
no recaía la obligación de realizar aportes para pensión en relación con los
periodos reclamados por el demandante, pues en ese momento el ISS no tenía
cobertura en los lugares en que el actor prestó sus servicios. El Tribunal
resaltó que el aprovisionamiento de capital para hacer las contribuciones al
subsistema de pensiones y la efectiva realización de estas son una misma
obligación, la que solo surgió cuando el ISS efectuó el llamado para afiliación.
1.5. En criterio del apoderado judicial del accionante la sentencia acusada
vulneró los derechos fundamentales de su representado, en particular las
garantías a la igualdad, seguridad social, mínimo vital y debido proceso.
Interpretando la acción, la Sala infiere que el solicitante plantea un cargo por
desconocimiento del precedente constitucional contenido en las sentencias T-
784 de 2010 y T-362 de 2011, y otro por falta de motivación en tanto el
Tribunal no se refirió a las mencionadas providencias en su decisión.
Intervención de las entidades accionadas.
2. Por auto del 13 de octubre de 2011 la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia avocó conocimiento de la acción de tutela y dispuso la
notificación a los interesados, los cuales dejaron transcurrir en silencio el
término de traslado de la demanda.
Del fallo de primera instancia.
3. La Sala de Casación Laboral mediante sentencia del 25 de octubre de 2011
negó la tutela solicitada. Consideró que la acción no cumplía el requisito de
subsidiariedad en tanto el peticionario no agotó el recurso extraordinario de
casación que tenía a su alcance.
3
El siguiente es el texto del artículo 259 del Código sustantivo del Trabajo. “Regla general. Los
{empleadores} o empresas que se determinan en el presente Título deben pagar a los trabajadores, además
de las prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada
una de ellas en su respectivo capítulo.||2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de
vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los {empleadores} cuando el riesgo correspondiente
sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que
dicte el mismo Instituto”.
4
“Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte”.

8
Impugnación.
4. Mediante escrito presentado en término, el apoderado judicial del
demandante impugnó la decisión de instancia. Sostuvo que el peticionario se
abstuvo de acudir al trámite de casación porque (i) las dificultades en la
sustentación, o la eventual denegación de este, aparejan sanciones importantes
que desestimularon su empleo; (ii) luego de efectuar el análisis de
procedibilidad el demandante concluyó que no se cumplía la cuantía necesaria
para recurrir y; (iii) tomando en consideración que el Tribunal Superior de
Bogotá apoyó su decisión en un precedente de la Corte Suprema de Justicia,
se advertía la posibilidad de que no prosperara, y por tanto de que se aplicaran
las consecuencias onerosas dispuestas en la ley procesal laboral.
Del fallo de segunda instancia.
5. La Sala de Casación Penal mediante sentencia del 24 de enero de 2012
confirmó la sentencia impugnada. El ad quem estimó que la acción de tutela
no cumplía los presupuestos procesales de admisibilidad formal, empero,
consideró que en todo caso el fallo del Tribunal Superior de Bogotá se
mostraba razonable en tanto se sustentó en un precedente de la Sala de
Casación Laboral y en la sentencia de constitucionalidad C-506 de 2001.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
1. Esta Corte es competente para conocer los fallos materia de revisión, de
conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en
cumplimiento del auto de 28 de marzo de 2012, expedido por la Sala de
Selección Número 02 de esta Corporación.
a. Problema jurídico planteado.
2. De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas,
corresponde a la Sala Novena de Revisión establecer (i) si la presente acción
de tutela es formalmente procedente para enjuiciar la presunta vulneración de
los derechos fundamental invocados por el peticionario. En este sentido, la
Sala deberá establecer si en el presente caso se cumplen los presupuestos
procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales. De encontrar
procedente la acción la Sala comprobará, (ii) si la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá incurrió en desconocimiento del precedente constitucional
y en defecto por falta de motivación en tanto no expuso claramente las razones
por las que no tomaba en consideración la regla constitucional fijada en la
sentencia T-784 de 2010 sobre acumulación de tiempos laborados ante
empleadores privados que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de una pensión.

9
3. Para dar solución al problema jurídico planteado la Corte Constitucional
reiterará su jurisprudencia relativa a la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias judiciales, las causales específicas de procedencia por
desconocimiento del precedente constitucional y por ausencia de motivación
de la decisión judicial. Seguidamente, se pronunciará sobre la jurisprudencia
constitucional alusiva a la posibilidad de computar en el régimen de prima
media el tiempo de servicio prestado ante empleadores particulares que tenían
a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión de vejez antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y fijará el alcance del requisito de
vigencia del contrato de trabajo al instante de entrada en vigor del literal “c”
parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Posteriormente, aplicará
estas reglas para solucionar el caso concreto.
b. Solución del problema jurídico.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de Jurisprudencia.
4. La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha
desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un
equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la
prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser
primordial del estado constitucional y democrático de derecho-. Este
equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro
de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional5
.
5. Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales
constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de
los derechos constitucionales, cuyo fundamento normativo-constitucional se
encuentra en los artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se orienta
a proteger los derechos frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de
Constitucionalidad-, que establece en cabeza del Estado la obligación de
proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos6
.
5
Cfr. Sentencias T-006 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio
Hernández), T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las sentencias SU-014 de 2001 (vía
de hecho por consecuencia o error inducido) y T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy)
(desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que,
sin ser arbitrarios y caprichosos llevaran a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la doctrina
de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos T-441 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-771 de 2003 (M.P. Marco
Gerardo Monroy) y T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny
Yepes), doctrina que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), que en esta ocasión se reitera.
6
Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

10
6. La tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable
dentro de un Estado Constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia
nacional sobre los derechos fundamentales7
. Como se sabe, las cláusulas de
derechos son especialmente amplias e indeterminadas8
, así que la precisión de
su contenido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional
asegura la vigencia del principio de igualdad en aplicación de las normas de
derechos constitucionales, garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica,
y asegura que los jueces cumplan con la obligación de propender por la
justicia material, representada en la vigencia de los derechos inalienables del
ser humano, cuando puedan verse afectados en el proceso de aplicación de la
ley9
.
7. Por otra parte, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias
judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada
que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias,
autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen. En la
preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los requisitos
generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e inmediatez. El
primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el peticionario
sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos previstos
por el sistema jurídico; el segundo, por su parte, evita que se dé una erosión
muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva la
intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que, transcurrido un
tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un supuesto
desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la cosa
juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en la
medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de justicia
material.
8. En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales
problemas ocasionados por la intervención del juez constitucional en
pronunciamientos de otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la
composición de la jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata
de temores infundados. De acuerdo con las disposiciones legales y
constitucionales, la Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en
sentido orgánico y en sentido funcional10
. Desde el primer punto de vista, el
único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la Corte
Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los
7
Sobre la función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de tutela, ver la sentencia C-018 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero) y los autos A-034 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández) y A-220 de
2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
8
Sobre la estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente ilustrativas las sentencias T-576
de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto) y T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda), relativas al carácter
fundamental del derecho a la salud.
9
Sobre la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su relación con el principio de
igualdad, ver sentencias T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda), C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil) y T-566 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
10
Cfr. Sentencias C-560 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-1290 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

11
jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la jurisdicción
constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando ejercen el
control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la Carta
(excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º Superior.
9. La objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico
por desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones
ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de
cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la
jurisdicción constitucional. La intervención de la Corte ante la eventual
afectación de derechos constitucionales en los procesos judiciales adquiere
pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como órgano de cierre de
la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos mencionados y no a problemas de carácter legal. Por ello, está
vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente litigiosos,
en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas; o,
finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración del material
probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos
constitucionales.
10. Dentro del marco expuesto, en Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), la Sala Plena de la Corporación señaló los requisitos
formales (presupuestos procesales) y materiales (presupuesto de procedencia)
de la acción.
11. Requisitos formales (o de procedibilidad)11
: (i) que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional12
; (ii) que el actor
haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de
acudir al juez de tutela13
; (iii) que la petición cumpla con el requisito de
inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv)
en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales;
(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso
de haber sido posible y; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela14
.
12. Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se
presente alguna de las causales específicas de procedencia, ampliamente
11
Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12
Cfr. Sentencias T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández) y C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
13
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el principio de
subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de
2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
14
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas
de Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se
encuentra acorde con los derechos fundamentales.

12
elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico15
sustantivo16
, procedimental17
o fáctico18
; error inducido19
; decisión sin
motivación20
; desconocimiento del precedente constitucional21
; y violación
directa a la constitución22
. En relación con las causales específicas de
procedencia, ha manifestado la Corte que no existe un límite indivisible entre
estas, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o
el desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un
irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una
prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico23
.
13. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la
procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es
preciso que concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las
causales específicas establecidas por la Corporación para hacer procedente el
amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad
de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental.24
Breve caracterización de la causal específica de procedencia de la acción
de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente
constitucional.
14. En la presente oportunidad la Sala Novena de Revisión reiterará la
jurisprudencia sobre el desconocimiento del precedente constitucional como
15
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia.
16
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (Ver, sentencia C-590 de 2005);
igualmente, los fallos T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
17
El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), SU-159 de 2002 (Manuel José Cepeda), T-196 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-996 de
2003 (M.P. Clara Inés Vargas), T-937 de 2001 (Manuel José Cepeda).
18
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la independencia
judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
19
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una
actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria
de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la
Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver,
principalmente, sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica), T-1180 de 2001 (M.P. Marco
Gerardo Monroy) y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
20
En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un
ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
21
Se presenta cuando “la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-168 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
22
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contraria a la constitución,
sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria
Sáchica) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
Ver, sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda).
23
Cfr. Sentencia T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny Yepes).
24
Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdova Triviño).

13
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin
embargo, atendiendo al problema jurídico que debe resolver, se detendrá en el
concepto de ratio decidendi y en los instrumentos para su identificación,
recordando ampliamente la jurisprudencia contenida en la sentencia T-292 de
2006.
15. La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial en
relación con la posición de la ratio decidendi de las sentencias como fuente de
derecho en el ordenamiento jurídico, y sobre la importancia del precedente
constitucional para el ejercicio de la función judicial. El sentido, alcance y
fundamento normativo de la obligatoriedad varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de sentencias de revisión de tutela. Como aspectos
comunes se resaltan la necesidad de acatar la jurisprudencia constitucional
para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la relevancia de la
interpretación autorizada que hace la Corte del Texto Superior como
guardiana de la integridad y supremacía de la Carta, de acuerdo con la
posición y misión institucional que le confiere el artículo 241 Superior25
.
16. En lo que toca a los fallos de constitucionalidad o de juicio abstracto de
constitucionalidad, el carácter obligatorio de la jurisprudencia constitucional
se desprende de los efectos erga omnes de la sentencia, y de la cosa juzgada
constitucional de que están revestidas dichas providencias -por mandato
expreso del artículo 243 Superior los contenidos normativos que la Corte
declara contrarios a la Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna
autoridad-. Toda vez que la ratio decidendi de la sentencia contiene la
solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados, esta debe ser
atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación de la ley
sea conforme con la Constitución26
. En relación con las sentencias de revisión
de tutela, el respeto por la ratio decidendi de estos fallos (i) es necesario para
lograr una concreción del principio de igualdad en la aplicación de las leyes;
(ii) constituye una exigencia del principio de confianza legítima que prohíbe al
Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles y; (iii)
representa un presupuesto para garantizar el carácter normativo de la
Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales así como la
unidad y coherencia del ordenamiento jurídico27
. La doctrina contenida en la
25
El papel de homogeneizar la interpretación de la Constitución es especialmente relevante en materia de
derechos fundamentales que, como se sabe, son consagrados en cláusulas especialmente abiertas e
indeterminadas.
26
Al respecto, resulta particularmente ilustrativo el concepto de cosa juzgada material en el que se evidencia
la necesidad de acudir a las razones consignadas en los fallos de la Corte para determinar si una nueva
disposición reproduce un contenido normativo retirado del ordenamiento jurídico por la Corte, y en cuanto a
la importancia de la interpretación constitucional en las sentencias de exequibilidad puede pensarse en la
relevancia absoluta que poseen las consideraciones constitucionales en las sentencias condicionadas en las
que la Corporación determina la interpretación conforme con la constitución de las disposiciones legales.
27
Cfr. Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda): “Por las razones anteriores, puede concluirse
que en materia de tutela, - cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en
virtud del alcance de la revisión constitucional -, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante
para las autoridades. La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que
cumple la Corte Constitucional en los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar la
interpretación constitucional de los derechos fundamentales” a través del mecanismo constitucional de
revisión de las sentencias de tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los

14
parte motiva de las sentencias de revisión de tutela que constituyen la ratio
decidendi de tales fallos, prevalece sobre la interpretación llevada a cabo por
otras autoridades judiciales, en virtud de la competencia institucional de la
Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la
Constitución28
.
17. Conviene recordar que desde la Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero), la Corte expresó que una
sentencia se compone de tres tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso
o decisum, (ii) la ratio decidendi o razones directamente vinculadas de forma
directa y necesaria con la decisión y (iii) los argumentos accesorios utilizados
para dar forma al fallo judicial, conocidos como obiter dicta29
, y aclaró que
sólo la decisión y la ratio decidendi tienen valor normativo30
.
18. Reiterando la jurisprudencia sobre la distinción entre decisum, obiter dicta
y ratio decidendi, la Corte Constitucional en Sentencia T-292 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda) señaló que el obiter dicta constituye un dicho de paso,
“esto es, aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión, como
las “consideraciones generales”, las descripciones del contexto jurídico
dentro del cual se inscribe el problema jurídico a resolver o los resúmenes de
la jurisprudencia sobre la materia general que es relevante para ubicar la
cuestión precisa a resolver. El obiter dicta, no tiene fuerza vinculante31
y
como se expresó, constituye criterio auxiliar de interpretación”.
19. En relación con el decisum indicó que este “debe ser entendido (…) como
la solución concreta a un caso de estudio, es decir, la determinación de si la
norma es o no compatible con la Constitución. Esta parte de la decisión tiene
efectos erga omnes en las sentencias de constitucionalidad (artículos 243 de
la Constitución y 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia –
precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento
como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la
interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio, la
consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución, en la medida en que cada juez
podría interpretar libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la seguridad
jurídica y comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza legítima en la estabilidad de las
reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las personas”.
28
Al respecto en sentencia T-292 de 2006 la Corte señaló lo siguiente: “En síntesis, la Corte ha considerado
que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del
acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la Constitución
dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en los
que los jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por
el mismo juez” y al acceso a la administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su
interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a
que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas.”28
29
Cfr. Sentencias SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero) y T-292 de
2006 (M.P. Manuel José Cepeda).
30
Ver sentencias SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero), y las
sentencias C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-037 de 1996 (Vladimiro Naranjo Mesa).
En los primeros pronunciamientos, la Corte se refirió a la ratio decidendi como cosa juzgada implícita.
31
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

15
Ley 270 de 1996) y “fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos”32
,
precisamente porque por disposición expresa del artículo 243 de la Carta
genera cosa juzgada formal al juzgar una disposición del ordenamiento, y
cosa juzgada material frente al contenido normativo de dicha disposición. En
este último caso ello puede impedir que esa norma pueda ser reintroducida
de nuevo o bajo otra apariencia al sistema jurídico, en atención a los límites
fijados por la Constitución33
. Además, la parte resolutiva es definitiva e
inmutable (artículos 243 inciso 2 de la Constitución y artículo 23 del Decreto
2067 de 1991)34
. En los demás procesos, por ejemplo en tutela, el decisum
tiene los efectos que se determine en la parte resolutiva de la sentencias (…)”.
20. Por su parte, frente a la ratio decidendi señaló que “por el contrario,
corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que
constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido
específico. Es decir, es la “formulación, del principio, regla o razón general
[de la sentencia] que constituye la base de la decisión judicial”35
. Si bien
doctrinalmente hay debates sobre los alcances conceptuales de cada una de
estas expresiones (principio o regla), y la terminología que se usa para
definirla no siempre es idéntica36
, lo cierto es que la descripción anterior
recoge la idea básica y general sobre esta figura. La ratio decidendi está
conformada, se decía antes en las sentencias de la Corte, por “los conceptos
consignados en esta parte [motiva de una sentencia], que guarden una
relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva” 37
, sin los
cuales “la determinación final [del fallo] no sería comprensible o carecería
de fundamento”.38
La ratio decidendi además, define “la correcta
interpretación y adecuada aplicación de una norma”39
en el contexto
constitucional. De tal forma que la ratio decidendi corresponde a aquellas
razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla
determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico, o sea,
aquellos aspectos sin los cuáles sería imposible saber cuál fue la razón
determinante por la cual la Corte Constitucional decidió en un sentido, y no
en otro diferente, en la parte resolutiva”.
32
Estos comentarios han sido ya analizados conforme a las sentencias previamente citadas. Recientemente lo
ha ratificado también la sentencia SU- 1300 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
33
Recientemente la Sentencia C-039 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, también consideró los
alcances de este elemento de las sentencias de constitucionalidad.
34
Sentencia T-678 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
35
Sentencia SU-047 de 1999. MM.PP. Alejandro Martínez y Carlos Gaviria y SU- 1300 de 2001. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra
36
Debe recordarse que en la sentencia C-131 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, se utilizó la
expresión “ratio iuris”, para definirla. También describió el contenido de la ratio de la siguiente forma, son:
“los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la
parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que
tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser
observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia”. Otras sentencias como la SU-1219 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda y SU-1300 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la describen de manera
muy semejante a la enunciada en esta providencia.
37
Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
38
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
39
Sentencia T-569 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

16
21. Del mismo modo, la sentencia T-292 de 2006 fijó algunos criterios
relevantes al momento de identificar la ratio decidendi de una sentencia de
control de abstracto de constitucionalidad. En esa dirección indicó que es
necesario tener en cuenta tres elementos:“(i) la norma objeto de decisión de la
Corte, ii) el referente constitucional que sirvió de base a la decisión y iii) el
criterio determinante de la decisión.40
Todo ello, porque como se dijo, la ratio
decidendi corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia
que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su
contenido específico, o sea, aquellos aspectos sin los cuáles sería imposible
saber cuál fue la razón determinante por la cual la Corte Constitucional
decidió en un sentido, y no en otro diferente, en la parte resolutiva.||Bajo
estos supuestos, puede considerarse que se ha identificado adecuadamente la
ratio de una sentencia de constitucionalidad, cuando: i) La sola ratio
constituye en sí misma una regla con un grado de especificidad
suficientemente claro, que permite resolver efectivamente si la norma juzgada
se ajusta o no a la Constitución. Lo que resulte ajeno a esa identificación
inmediata, no debe ser considerado como ratio del fallo; ii) la ratio es
asimilable al contenido de regla que implica, en sí misma, una autorización,
una prohibición o una orden derivada de la Constitución; y iii) la ratio
generalmente responde al problema jurídico que se plantea en el caso, y se
enuncia como una regla jurisprudencial que fija el sentido de la norma
constitucional, en la cual se basó la Corte para abordar dicho problema
jurídico. Tomando estos elementos en conjunto, se podrá responder, por
ejemplo, preguntas como las siguientes: 1) ¿por qué la Corte declaró
inexequible una norma de determinado contenido?, 2) ¿por qué concluyó que
dicha norma violaba cierto precepto constitucional?; 3) ¿por qué fue
necesario condicionar la exequibilidad de una norma, en el evento de que la
sentencia haya sido un fallo condicionado?”
22. El Tribunal indicó que “quien deba aplicar una sentencia tiene la
posibilidad de establecer de manera directa, prima facie, lo que se considera
como ratio decidendi”. Advirtió que en esta labor deben “tenerse en cuenta
las sentencias posteriores41
, -esto es las “posteriores” a la cuestión
constitucional inicialmente tratada, pero anteriores al caso que se habrá de
decidir-, sobre el mismo asunto, proferidas por la Corte. (…) En ese sentido,
si bien la ratio de una sentencia surge de la sentencia misma, los fallos
posteriores de la Corte ofrecen los criterios autorizados para identificar
adecuadamente dicha ratio; de manera tal que le permiten al juez o quien
habrá de aplicar una sentencia, ser fiel a una interpretación constitucional
determinada.”42
.
23. Continuando con su análisis la Corporación precisó que uno de los factores
determinantes para la vinculatoriedad de la ratio decidendi de una sentencia
frente a un caso posterior, es la semejanza (relevancia) que el asunto posea en
40
Sentencia C-039 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
41
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-058 de 2003. […].
42
Cfr. Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda)

17
relación con el caso que se debe decidir. Para esclarecer este aspecto el
Tribunal efectuó la siguiente reflexión: “En este sentido, y dada su
importancia, surge, sin embargo, la siguiente inquietud a la hora de
determinar un precedente: ¿debe entenderse por precedente cualquier
antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al caso en
estudio? La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La
primera, es que no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es diferente al
obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la
ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para su
aplicabilidad, tanto en las sentencias de constitucionalidad como en las de
tutela, qué es aquello que controla la sentencia, o sea cual es el contenido
específico de la ratio. En otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la
resolución del problema jurídico en estudio o no. En este sentido, en el
análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para establecer
hasta que punto el precedente es relevante o no: || [i] En la ratio decidendi de
la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente43
.|| [ii] La ratio debió haber servido de base para solucionar
un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante.||
[iii] Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben
ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe
resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una
situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con
el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el
precedente”44
.||Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea
vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente aplicable a un
caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como
aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla -
prohibición, orden o autorización- determinante para resolver el caso, dados
unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad
específica, semejantes” 45
.
24. En armonía con lo expuesto, la Corte resaltó que “la providencia SU-047
de 1999 (MM.PP. Carlos Gaviria y Alejandro Martínez), reconoció que ante
el deber constitucional de asegurar para los asociados los principios de
confianza legítima (artículo 84 C.P.) e igualdad en la aplicación de la ley, las
altas corporaciones judiciales deben ser respetuosas con sus decisiones
vinculantes. La providencia que se cita, lo afirmó en los siguientes términos:
||“El respeto a los precedentes cumple funciones esenciales en los
ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el
colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en
43
En la sentencia T-1317 de 2001. (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), se hace una alusión tangencial a estas
características, al señalarse que el “precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El
principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está
compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica.
El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez”.
44
Sentencia T- 1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
45
Cfr. Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda)

18
especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones
previas1
, al menos por cuatro razones de gran importancia constitucional. En
primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de
coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la
conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual
las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo
término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica
para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya
que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo
la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las
transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los
cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar
autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de
igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera
distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la
propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces
una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el
problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a
aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos. Por
todo lo anterior, es natural que en un Estado de derecho, los ciudadanos
esperen de sus jueces que sigan interpretando las normas de la misma
manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto por sus decisiones
previas”(subrayado en el original).
25. Por esa razón la Corte hizo énfasis en que “respetar el precedente
constitucional para quienes administran justicia no es una opción más dentro
de nuestro complejo sistema jurídico, sino un deber, especialmente porque es
a través del ejercicio de esta actividad que se asegura de manera definitiva la
eficacia de los derechos constitucionales46
. Los precedentes constitucionales
deben tener un lugar privilegiado en el análisis de casos por parte de los
operadores jurídicos, so pena de quebrantar principios constitucionales como
la igualdad y la supremacía de la Constitución.47
. En consecuencia, los jueces
están obligados a acoger los precedentes constitucionales en la medida en que
deben interpretar el derecho en compatibilidad con la Carta.48
Este deber de
interpretar en forma tal que se garantice la efectividad de los principios y
derechos que ella contiene, es entonces un límite, si no el más relevante49
, a la
autonomía judicial”.
46
Sentencia T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En la sentencia que se cita se dijo que: “Se
encuentra el principio de supremacía de la Constitución respecto de toda norma jurídica (art. 4 de la Carta),
que obliga a todos los jueces a interpretar el derecho de manera compatible con la Constitución. Esta
restricción supone, en armonía con el artículo 241 de la Carta, el absoluto sometimiento a la jurisprudencia
constitucional y sus precedentes y, en armonía con el artículo 2 de la Constitución, el deber de interpretar los
mandatos legales o infralegales de manera tal que se garantice la efectividad de los derechos, deberes y
principios de la Constitución. Además, en determinados puntos específicos, la Carta establece criterios o
principios de interpretación, como ocurre en material laboral”.
47
Sentencia SU-640 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
48
Corte Constitucional. Sentencia T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
49
Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

19
26. Igualmente, en la sentencia T-292 de 2006 el Tribunal explicó la conducta
que las autoridades judiciales deben observar en relación con las sentencias de
control abstracto de constitucionalidad y concreto de revisión de tutela. Al
respectó manifestó que “En materia constitucional, la aplicación de los
precedentes por parte de los jueces de instancia, desde una perspectiva
vertical, puede tener las siguientes características: || i) Si el juez de la causa
se encuentra frente a un precedente que implica inexequibilidad, deberá el
juez abstenerse de aplicar normas retiradas del ordenamiento, y tendrá la
obligación dentro del fuero de sus competencias, de aplicar igualmente la
ratio decidendi de la sentencia de inexequibilidad en aquellos casos donde
disposiciones con contenido normativo similar a las estudiadas previamente
por esta Corporación, contradigan la ratio decidendi constitucional que hizo
que las primeras salieran del ordenamiento. Lo anterior en cumplimiento del
artículo 243 de la Carta en relación con la cosa juzgada constitucional. Los
jueces50
, las autoridades y los particulares deberán en estos últimos casos,
privilegiar en su interpretación y aplicación de las normas, la Constitución,
en los términos del artículo 4 de la Carta.(…)||ii) Si la sentencia es de
exequibilidad, la ratio decidendi vinculante implicará que el juez no pueda
apartarse de la interpretación fijada por la Corte Constitucional para su
decisión. Para el caso de las sentencias condicionadas, la ratio decidendi
establecerá la interpretación conforme de tales normas, es decir el sentido que
las disposiciones estudiadas deben tener para ajustarse a la Carta, sentido
que será en los precisos términos descritos por la Corte, que por demás es
obligatorio para los operadores jurídicos.||iii) En el caso de un precedente
relevante en materia de tutela, el juez estará obligado a conocerlo y a
acogerlo a fin de asegurar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad,
salvo que encuentre razones debidamente fundadas que le permitan separarse
de él, cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar que el
precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte”.
27. Por esa razón la Corte ha considerado que una decisión judicial que
contradiga la ratio decidendi de sus sentencias constituye causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues
desconoce las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la Corte
Constitucional a través de sus decisiones. 51
50
En estos eventos, si es el juez al estudiar la situación encuentra que la ratio decidendi de la sentencia es i)
determinante y (ii) necesaria para la resolución del caso, y aún así aplica la norma aunque sea
inconstitucional, incurre en una vía de hecho por defecto sustancial. Cfr. T-774 de 2004. M.P. Manuel José
Cepeda.
51
En efecto, la sentencia C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) que estudió la
constitucionalidad del artículo 23 del Decreto Ley 2067 de 1991, concluyó en materia de cosa juzgada
constitucional, que los fallos de control abstracto tienen fuerza obligatoria, en la medida en que: i) tienen
efectos erga omnes y no simplemente inter partes, conforme al artículo 243 de la Carta; ii) tales efectos
resultan obligatorios, en principio, hacia el futuro, aunque no necesariamente, porque depende de la Corte,
como se dijo, fijar autónomamente tales efectos; iii) que frente a las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada no se puede juzgar la misma norma nuevamente por los mismos motivos, a fin de respetar la
seguridad jurídica; iv) que las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, en especial las de
inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de controversia por las mismas razones, y v) que todos los
operadores jurídicos están obligados a respetar el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la
Corte Constitucional.

20
28. No obstante lo anterior, la sentencia T-292 de 2006 aclaró que “aunque el
respeto al precedente es fundamental en nuestra organización jurídica (…), el
acatamiento del mismo, sin embargo, no debe suponer la petrificación del
derecho. En este sentido, el juez puede apartarse tanto de los precedentes
horizontales como de los precedentes verticales; pero para ello debe fundar
rigurosamente su posición y expresar razones contundentes para distanciarse
válidamente de los precedentes vinculantes”52
. Más adelante recordó que
“buena parte de la eficacia de un sistema respetuoso de los precedentes radica
también, en la posibilidad “de establecer un espacio de argumentación
jurídica en el que el funcionario judicial exponga razonadamente los motivos
que lo llevan a insistir o cambiar la jurisprudencia vigente, pues es él quien,
frente a la realidad de las circunstancias que analiza, y conocedor de la
naturaleza de las normas que debe aplicar, debe escoger la mejor forma de
concretar la defensa del principio de justicia material que se predica de su
labor.” 53
”.
29. En relación con las causales que puede alegar una autoridad judicial para
apartarse de un precedente, recordó que la sentencia SU-047 identificó las
siguientes: “i) eventuales equivocaciones jurisprudenciales del pasado que
hacen necesaria la corrección de una línea jurisprudencial; ii) una
interpretación que habiendo sido útil y adecuada para resolver ciertos
conflictos, en su aplicación actual, puede provocar consecuencias inesperadas
e inaceptables en casos similares; iii) cambios históricos frente a los que
resulta irrazonable adherir a la hermenéutica tradicional”. A su vez la
sentencia T-292 de 2006 señaló que el “El respeto a los precedentes (…) no
les permite a las autoridades judiciales desligarse inopinadamente de los
antecedentes dictados por sus superiores. De hecho, como el texto de la ley no
siempre resulta aplicable mecánicamente, y es el juez quien generalmente
debe darle coherencia a través de su interpretación normativa, su compromiso
de integrar el precedente es ineludible, salvo que mediante justificación
debidamente fundada, el operador decida apartarse de la posición fijada por
la Corte, o eventualmente, por su superior funcional. Ello puede ocurrir por
ejemplo, [i] cuando los hechos en el proceso en estudio se hacen inaplicables
al precedente concreto54
o [ii] cuando “elementos de juicio no considerados
en su oportunidad, permiten desarrollar de manera más coherente o armónica
la institución jurídica”55
o [iii] ante un tránsito legislativo o un cambio en las
disposiciones jurídicas aplicables, circunstancias que pueden exigir una
decisión fundada en otras consideraciones jurídicas. Ante estas posibilidades,
se exige que los jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara y
razonadamente, con una carga argumentativa56
mayor, los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión.”.
52
T-292
53
Sentencia C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
54
Sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez. Ver también T-566 de 1998 y T-569 de 2001.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
55
Sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez. Ver también T-566 de 1998 y T-569 de 2001.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
56
Sentencia T-678 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda.

21
30. De otra parte, el seguimiento o apartamiento del precedente constitucional
se relaciona estrechamente con la necesidad de argumentación y motivación
suficiente y transparente de las providencias judiciales, pues estas deben
“dirigirse a demostrar la adecuación de la decisión al ordenamiento jurídico
en el que se produce, y ello sólo se logra si se asume la obligación de
identificar el derecho relevante (incluidos los precedentes judiciales
pertinentes) y asumir las cargas que orientan el uso del precedente”57
. Al
respecto la Sala Primera de Revisión en Sentencia T-517 de 2012 (M.P. María
Victoria Calle) puntualizó lo siguiente:
“La primera carga que debe asumir el juez, en ese orden de ideas, consiste en
identificar los precedentes (o potenciales precedentes) que podrían orientar o
incluso imponer una decisión determinada en el caso concreto. Se trata por lo
tanto de una carga de transparencia en la argumentación. || En segundo
término, si el juez considera prudente mantener el camino trazado por esos
precedentes se produce una descarga argumentativa, pues su actuación
encuentra sustento pilar en el principio de igualdad y en la racionalidad de la
práctica judicial ya construida. Además, como lo ha expresado la Corte
Constitucional, el uso del precedente redunda en beneficio de la seguridad
jurídica; fortalece la confianza de los ciudadanos en las decisiones de los
jueces; y contribuye a la unificación de la jurisprudencia.58
|| En tercer lugar, el
juez que considere pertinente o necesario apartarse de un precedente debe
asumir cargas especialmente exigentes. En su primera formulación, la Corte
señaló que el juez que desee apartarse del precedente debe expresar de manera
suficiente y adecuada las razones de su decisión (T-123 de 1995, citada). A
medida que la doctrina constitucional sobre el precedente se ha consolidado,
también se ha concretado el alcance de esa exigencia.
Concretamente, la Corporación ha señalado que las razones que aduce el juez
que pretende cambiar un curso decisional previamente trazado no se agotan en
explicar porqué su decisión es mejor desde un punto de vista jurídico
determinado, sino que se extiende a presentar los argumentos que permitan
realizar una ponderación adecuada entre los fines que persigue el cambio de
precedente y los citados principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
unificación de la jurisprudencia. || La suficiencia, desde ese punto de vista, se
relaciona con la fuerza o peso normativo de las razones que pueden dar lugar a
un cambio justificado del precedente y con la obligación de tomar en cuenta el
costo jurídico del cambio de precedente. Desde un segundo punto de vista,
también desarrollado por la Corte Constitucional desde la sentencia C-836 de
2001,59
la suficiencia hace referencia a la naturaleza de las razones aducidas
por el juez”.
57
Sentencia T-517 de 2012 (M.P. María Victoria Calle)
58
C-252 de 2001. (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-292 de 2006
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). C-634 del 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
59
M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa sentencia se discutía el valor de la doctrina probable de la Corte Suprema
de Justicia. Sin embargo, la Corte adelantó relevantes consideraciones sobre el valor vinculante de la
jurisprudencia y el uso del precedente. En armonía con lo expuesto en esa oportunidad, cfr. T-292 de 2006
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-634 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva).

22
31. Ahora bien, puede suceder que sobre un mismo problema jurídico pesen
posturas constitucionales contradictorias por parte del Tribunal Constitucional,
esto es, que el operador jurídico no se encuentre frente a un precedente
constitucional consolidado. Esta hipótesis no habilita a la autoridad judicial a
ignorar dichos pronunciamientos, pues la carga de argumentación transparente
de sus decisiones lo obliga a (i) identificar las sentencias contradictorias y; (ii)
exponer las razones que lo llevan a escoger una de las posturas existentes, o a
optar por una solución distinta60
. En una dirección similar, la Sentencia C-836
de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), refiriéndose a una cuestión semejante
pero en relación con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia expresó
lo siguiente: “Es posible, de otro lado, que no exista claridad en cuanto al
precedente aplicable, debido a que la jurisprudencia sobre un determinado
aspecto de derecho sea contradictoria o imprecisa. Puede ocurrir que haya
sentencias en las cuales frente a unos mismo supuestos de hecho relevantes, la
Corte haya adoptado decisiones contradictorias o que el fundamento de una
decisión no pueda extractarse con precisión”. Seguidamente precisó que
“Ante falta de unidad en la jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la
diversidad de criterios, y optar por las decisiones que interpreten de mejor
manera el imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los
hechos materialmente relevantes en el caso. De la misma forma, ante la
imprecisión de los fundamentos, pueden los jueces interpretar el sentido que
se le debe dar a la doctrina judicial de la Corte Suprema”.
32. Finalmente, a partir de los elementos presentados como fundamento del
carácter vinculante del precedente constitucional, esta Corte ha considerado
que su jurisprudencia “puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando
la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”61
. Sin embargo,
debido a que una práctica jurisprudencial saludable no puede basarse en la
petrificación de determinadas decisiones o concepciones del derecho, el
principio de autonomía funcional del juez implica que éste puede apartarse del
precedente jurisprudencial siempre y cuando “(…) encuentre razones
debidamente fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con una
carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a
la Constitución, en todo o en parte”.62
33. Para decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por esta causal es
preciso: (i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de
precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales
60
Cfr. T-517 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
61
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-086 de 2007 y T-292 de 2006, T-158 de 2006, SU-1184 de 2001, T-
462 de 2003, T-1625 de 2000, SU-640 de 1998 y SU 168 de 1999, entre otras.
62
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

23
contenidas en estos; (ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió
tomar en cuenta necesariamente tales precedentes y; (iii) verificar si el juez
tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial, bien por
encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por
considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una
interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y
más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el principio pro hómine.
La ausencia de motivación de la decisión judicial como causal de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia63
.
34. La necesidad de que las decisiones de los jueces estén plenamente
sustentadas en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio, condujo a que la ausencia de motivación de la decisión judicial se
convirtiera en una causal independiente de procedibilidad de la tutela contra
sentencias, tras ser valorada, en varias ocasiones, como una hipótesis de
defecto sustantivo o material.
35. La Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño.) dio un paso
en esa dirección al reiterar que la decisión sin motivación es uno de los vicios
que hacen procedente la tutela contra sentencias y relacionarlo con el
“incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
36. Más tarde, la Sentencia T-233 de 2007 (M.P. M.P. Marco Gerardo
Monroy) precisó las pautas a las que se supedita el examen de la
configuración del referido defecto. El fallo advirtió que la ausencia de
motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento
del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue decididamente
defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto, porque el respeto del
principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya en
meras controversias interpretativas. Su competencia, ha dicho la Corte, “se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es
decir, en una arbitrariedad”.64
37. Lo que debe tenerse en cuenta, finalmente, es que la estipulación de la
falta de motivación como causal de procedencia de la tutela contra sentencias
propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener
respuestas razonadas de la administración de justicia, cuestión que,
adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así, al
examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez
63
Teniendo en cuenta que se trata de una reiteración jurisprudencial, la Sala replicará la línea jurisprudencial
sobre este tópico contenida en la sentencia T-261 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
64
Sentencia T-709 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio.)

24
de tutela deberá tener presente que el deber de presentar las razones fácticas y
jurídicas que sustentan un fallo es un principio basilar de la función judicial
que, de transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso.
La posibilidad de computar el tiempo de servicio prestado ante
empleadores particulares que tenían a su cargo el reconocimiento de una
pensión de jubilación antes de la Ley 100 de 1993. Alcance del requisito
de vigencia del contrato de trabajo a la entrada en vigor del literal “c”
parágrafo 1 del artículo 33 del SGP.
38. En relación con la posibilidad de tomar en consideración para efectos
pensionales los tiempos laborados ante empleadores particulares que antes de
la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación, la jurisprudencia de revisión de tutela ha
sostenido por lo menos dos tesis diversas.
39. La primera de ellas fue plasmada en la sentencia T-784 de 201065
en la que
la Sala Octava sostuvo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 72 de
la Ley 90 de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, sí era posible
ordenar al empleador el traslado de la suma correspondiente al tiempo de
servicio prestado por el trabajador, incluso si el vínculo laboral finalizó con
anterioridad a la entrada en vigor del sistema general de pensiones. La
segunda posición se derivó de juicios concretos que interpretando lo dispuesto
en las providencias C-506 de 200166
y C-1024 de 200467
, sentenciaron la
imposibilidad de acumular para efectos pensionales los periodos laborados
con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993 ante empleadores que no
tenían la obligación de afiliar a sus trabajadores al seguro social y cuyos
contratos de trabajo ya habían expirado a la entrada en vigor del sistema
general de pensiones.
40. A continuación la Sala expondrá las mencionadas tesis anunciadas y
actualizará su posición sobre la materia.
Primera línea jurisprudencial: Los trabajadores que laboraron para
empleadores particulares que antes de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación tienen derecho al traslado de los aportes correspondientes
al tiempo laborado en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 72
de la Ley 90 de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo.
41. La Sentencia T-784 de 2010 (M.P. Humberto sierra Porto) de la Sala
Octava de Revisión estableció esta línea jurisprudencia68
. En ella analizó el
65
M.P. Humberto Sierra Porto.
66
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
67
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
68
La línea jurisprudencial la conforman además, las sentencias T-712 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa) T-549 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-398 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).

25
caso de un trabajador al que su ex empleador, obligado a reconocer la pensión
de sus trabajadores con anterioridad a la Ley 100 de 1993, se negó a trasladar
los aportes pensionales correspondiente al 16 de julio de 1984 y el 15 de junio
de 1992, periodo en que el actor prestó sus servicios en la empresa accionada.
En criterio del demandante el ex empleador había vulnerado su derecho
fundamental a la seguridad social, ya que el tiempo de servicio reclamado
resultaba necesario para cumplir los requisitos de acceso a una pensión en el
régimen de prima media. A su turno, el empleador aseguraba que no había
infringido los derechos constitucionales del peticionario, pues en el periodo en
que este prestó sus servicios el ordenamiento jurídico no contenía la
obligación de afiliarlo al seguro de pensiones o de efectuar
aprovisionamientos de capital para luego ser transferidos al régimen de prima
media.
42. Para resolver la cuestión la Sala Octava de Revisión se refirió
ampliamente al “Régimen jurídico general establecido para el pago de
pensión de jubilación a los trabajadores del sector privado con anterioridad a
la Ley 100 de 1993”. De acuerdo con el recuento efectuado en la sentencia T-
784 de 2010 el artículo 14 de la Ley 6 de 1945 asignó a los empleadores la
obligación de asumir el pago de las pensiones de jubilación de sus
trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos legales; mientras que el
artículo 12 de la misma ley dispuso que esta obligación iría hasta la creación
de un seguro social, el que remplazaría al empleador en la asunción de la
mencionada prestación y cubriría los riesgos de vejez, invalidez y muerte.
43. Continuando con su recuento, la Sala Octava precisó que mediante Ley 90
de 1946 se “instituyó el seguro social obligatorio para todos los individuos,
nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud
de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje y creó para su
manejo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”. El artículo 72 de esta
ley instauró un sistema de subrogación de riesgos cuya implementación sería
gradual y progresiva: “Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que
venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los
patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el
seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo
señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los
servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones
anteriores”.
44. Más adelante, la sentencia T-784 de 2010 señaló que “el Código
Sustantivo del trabajo69
introdujo una disposición muy similar a la contenida
en el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, en la cual coloca, de manera temporal
el pago de las prestaciones sociales, tales como la pensión de jubilación, en
cabeza del empleador”. La providencia se refiere al artículo 259 del anotado
Código: “1. Los empleadores o empresas que se determinan en el presente
Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes,
69
Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961.

26
las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada
una de ellas en su respectivo capítulo.|| 2. Las pensiones de jubilación, el
auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar
a cargo de los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido
por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los
reglamentos que dicte el mismo Instituto”.
45. A partir del anterior recuento normativo, y en particular del contenido del
artículo 72 de la Ley 90 de 1946, la Sala Octava de Revisión entendió que el
legislador estableció para los empleadores la obligación de aprovisionar el
valor del cálculo actuarial correspondiente a cada uno de sus trabajadores, con
el objeto de ser trasladado al Instituto Colombiano de Seguros Sociales,
cuando este asumiera el reconocimiento y pago de las pensiones del sector
privado. Al respecto, la sentencia señaló que “El régimen jurídico instituido
por la Ley 90 de 1946, a la par que instituyó el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, creó una obligación trascendental en la relación de las
empresas con sus trabajadores: la necesidad de realizar la provisión
correspondiente en cada caso para que ésta fuera entregada al Instituto de
Seguros Sociales cuando se asumiera por parte de éste el pago de la pensión
de jubilación. || Resalta la Corte que, a pesar de que la instauración iba a ser
paulatina, desde la vigencia de ley 90 de 1946 se impone la obligación a los
empleadores de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para
realizar las cotizaciones al sistema de seguro social”.
46. La sentencia T-784 de 2010 abordó el análisis del caso concreto aplicando
los planteamientos recién expuestos. En decisión mayoritaria la Sala estimó
que la empresa accionada vulneró el derecho a la seguridad social del actor
“por la falta de la realización de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones del periodo comprendido entre el 16 de julio de 1984 hasta el 15 de
junio de 1992”. En criterio de la Sala Octava, sobre el asunto se cernían dos
tesis jurídicas: “la primera, esbozada por la empresa demandada, en la cual
se señala que no existe obligación por parte de ésta de realizar los aportes
para el Sistema de Seguridad en Pensiones de las personas que estaban
vinculadas con anterioridad a la expedición de la Resolución 4250 de 1993,
por parte del Instituto de Seguros Sociales. || Sustentan la anterior
afirmación, en que la obligación de realizar la afiliación de los trabajadores
que se encontraban vinculadas con las empresas que se dedicaban a la
industria del petróleo y en consecuencia efectuar los respectivos aportes sólo
surge con la expedición de la Resolución 4250 de 1993, por cuanto ésta es la
que fija como fecha de iniciación de la inscripción en el régimen de seguros
Sociales de los trabajadores que se dedique a esta actividad económica.
Aunque, con anterioridad se estableció que este tipo de empresas debían
inscribir a trabajadores, dicha obligación estaba condicionada a que se
hiciera la convocatoria de inscripción. En este sentido, el aprovisionamiento
de capital para hacer las contribuciones al subsistema de pensiones y la
efectiva realización de éstas es una misma obligación y hasta tanto no se

27
efectuó el llamado por parte del Instituto de Seguros Sociales, ésta nunca
surgió a la vida jurídica”70
.
47. La Sala Octava encontró que esta interpretación presentaba “un problema
y es que todos aquellos trabajadores que laboraron antes de la expedición de
la Resolución 4250 de 1993 que no alcanzaron a cumplir los requisitos para
acceder a la pensión de vejez y fueron desvinculados por algún motivo de esta
clase de empresas, no podrían acumular el tiempo laborado al subsistema de
pensiones y por tanto verían frustrada su pensión de vejez, prestación que es
concreción del derecho fundamental a la seguridad social. || Esta visión
pugna con el ordenamiento constitucional, pues el tiempo que se debería
cotizar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por parte de estos
trabajadores sería mayor al que una persona en similares condiciones tendría
que realizar. En el caso concreto, el actor estaría obligado para poder
acceder a la pensión de jubilación cotizar nuevamente los 7 años y 11 meses,
pues el tiempo laborado desde el 16 de julio de 1984 hasta el 15 de junio de
1994, no contaría a estos efectos, lo cual constituye una clara vulneración del
artículo 13 de la Constitución Nacional”.
48. Para la Sentencia T-784 de 2010 la segunda tesis jurídica aplicable al caso
era aquella que “ordena que el periodo trabajado por parte de aquellas
personas que se encuentran vinculadas a la industria del petróleo debe ser
tenido en cuenta, para con ello garantizar el derecho a la igualdad y a la
seguridad social. || Tal y como quedó señalado en la parte considerativa de
esta sentencia, la interpretación que se encuentra acorde a la Constitución, es
que desde la entrada en vigencia del artículo 72 de la Ley 90 de 1946 se
impuso la obligación a los empleadores de hacer los aprovisionamientos de
capital necesarios para realizar el aporte previo al sistema de seguro social
en el momento en que el Instituto de Seguros Sociales asumiera la obligación.
Asunto diferente es la obligación de inscripción de los trabajadores al
Instituto, lo que en el caso de las empresas de petróleos sólo se materializó
con la entrada en vigencia de la resolución 4250 de 1993 expedida por el
Instituto de Seguros Sociales. No deben confundirse las dos obligaciones,
pues cada una implica derechos distintos para los terceros beneficiados por
las mismas, es decir, los trabajadores de dichas empresas”. En criterio de la
Sala Octava, su posición se asentaba, igualmente, en jurisprudencia del
Tribunal de Casación: “Adicionalmente, debe mencionarse que, aunque
existen decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia que no comparten la interpretación ahora realizada, también se
encuentran ocasiones análogas en las que el máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria ha llegado a la misma conclusión a la que ahora arriba
la Sala de Revisión”.
49. Así las cosas, la Sala Octava entendió que la segunda interpretación
primaba en la solución del asunto, y por ello dispuso que el empleador debía
70
La sentencia T-784 de 2010 se refiere a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral sentencia 32922 del 22 de julio de 2009 y; sentencia 36268 del 03 de marzo de 2010.

28
“transferir al Instituto de Seguros Sociales el valor actualizado –cálculo
actuarial-, de acuerdo con el salario que devengaba el actor para la época,
de los aportes para pensión, para que así al actor le sean contabilizadas
dentro de su tiempo de cotización las semanas laboradas al servicio de la
accionada”.
50. Sin embargo, la sentencia T-784 de 2010 contó con un salvamento de
voto71
. El magistrado disidente indicó lo siguiente: “aunque el principal
desacuerdo con la sentencia radica en la procedibilidad formal de la acción
de tutela en el caso sub examine, considero pertinente señalar algunos
aspectos que de alguna manera fisuran la consistencia argumentativa que
debe tener toda sentencia”. Para el salvamento de voto la mayoría debió
aplicar el parágrafo 1 literal “c” del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y
señalar las razones por las que la doctrina trazada en la sentencia C-506 de
2001 y la exequibilidad declarada en su parte resolutiva no representaba
precedente vinculante de la decisión. Manifestó que “la sentencia C-506 de
2001 analizó una hipótesis normativa que en principio se advierte similar a la
estudiada en esta oportunidad en tanto al momento de entrar a regir la Ley
100 de 1993 el accionante no tenía vínculo laboral con la empresa
demandada. De este modo, considero que la Sala ha debido hacer referencia
a dicha sentencia y al artículo allí demandado, expresando las razones por
las cuales esta decisión no vincula la solución del presente caso, máxime si se
tiene en cuenta que del solo texto del artículo 72 de la Ley 90 de 1946 no se
desprende prima facie la interpretación efectuada por la Sala, pues la
disposición únicamente hace referencia a que el ISS asumiría la respectiva
pensión una vez se hubiere cumplido el “aporte previo” –señalado para cada
caso- por parte del empleador, pero no parece consagrar expresamente un
mandato encaminado a obligar al empleador a realizar dicho aporte y
trasladarlo al ISS”.
51. Adicionalmente el salvamento de voto señaló que resultaba “cuestionable
indicar, como lo hace la sentencia T-784 de 2010, que con anterioridad a la
Ley 100 de 1993 ya existía para el empleador particular la obligación de
aprovisionar hacia el futuro el valor de los cálculos actuariales en la suma
correspondiente al tiempo de servicio prestado, en tanto la doctrina
constitucional trazada por el pleno de esta Corte afirma lo contrario”.
Seguidamente, precisó que “las providencias de la Corte Suprema de Justicia
citadas en la sentencia como apoyo a la interpretación acogida en la misma
sobre el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, no envuelven una situación fáctica y
jurídica similar a la planteada en [la sentencia T-784/10] y ni siquiera hacen
alusión a la referida norma. Para ordenar el traslado de la suma
correspondiente al cálculo actuarial, el Tribunal de Casación aplicó a los allí
demandantes el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en su parágrafo 1 literal
“c” por cuanto los demandantes, al momento de entrar en vigencia el sistema
general de pensiones, sí tenían contrato laboral vigente con su empleador
particular, situación que se no evidencia en el sub lite pues el aquí accionante
71
El Salvamento de Voto fue suscrito por el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.

29
terminó su vínculo laboral con la empresa demandada el 15 de junio de
1992” .
52. No obstante lo anterior, el magistrado disidente aclaró que “la tesis de la
mayoría tiene la fortaleza de ofrecer una solución adecuada en términos de
justicia material al asunto, en cuanto en mi criterio, no parece equitativo
privar a este grupo de trabajadores de la posibilidad de acumular, para
efectos pensionales, el tiempo laborado para un empleador particular que
tenía a su cargo el riesgo pensiones con anterioridad a la Ley 100 de 1993, y
cuyo contrato de trabajo ya había expirado al momento de entrar en vigor el
sistema general de pensiones. Empero, la sentencia no enfrenta los desafíos
que se derivan del contenido normativo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993
y la jurisprudencia trazada en la sentencia C-506 de 2001, que a mi juicio,
resultan ineludibles”.
Segunda línea jurisprudencial: Para ordenar el traslado de aportes
pensionales a un empleador que tenía a su cargo el reconocimiento y
pago de pensiones de jubilación, el literal “c” del parágrafo 1 del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 exige que la vinculación laboral se
encuentre vigente al momento de entrada en vigor del sistema general
de pensiones.
53. Para comprender el alcance de esta línea jurisprudencial la Sala estima
prudente exponer ampliamente el contenido de las sentencias C-506 de 2001 y
C-1024 de 2004 que estudiaron la constitucionalidad abstracta del requisito de
vigencia del contrato laboral para efecto del traslado pensional de que trata el
artículo 33 parágrafo 1 literal “c” de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues a partir de las mismas las Salas de
Revisión que fijaron esta línea jurisprudencial sustentaron su posición sobre la
materia.
54. El parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 estableció el
mecanismo de totalización de las semanas cotizadas y los tiempos laborados
por un trabajador que pretenda el reconocimiento de una pensión de vejez en
el régimen de prima medida con prestación definida, consagrando las
siguientes hipótesis de acumulación: “Parágrafo 1. Para efectos de cómputo
de las semanas a que se refiere el presente artículo, y en concordancia con lo
establecido en el literal f) del artículo 13 se tendrá en cuenta: a) El número de
semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones; b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados; c)
El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que
tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la
vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la
vigencia de la presente ley; d) el número de semanas cotizadas a cajas
previsionales de sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y
pago de la pensión (…)” (énfasis añadido).

30
55. Mediante acción pública de inconstitucionalidad el aparte normativo
“siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con
posterioridad a la vigencia de la presente ley” del literal “c” del parágrafo en
comento fue demandado por la presunta infracción del principio de igualdad.
La Sentencia C-506 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) que resolvió la
demanda concretó el cargo propuesto en los siguientes términos: “En palabras
de la actora, el literal c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la ley 100 al
exigir, para efectos del cómputo de semanas tendiente al reconocimiento de la
pensión de vejez de los trabajadores vinculados con empleadores que tienen a
su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, el hecho que la vinculación
laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 “pone en desventaja manifiesta a los trabajadores que estaban
vinculados con empleadores que a esa fecha tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de la pensión, pues en la ley 100 a los demás
trabajadores no se les pone tal condición, discriminación que viola en forma
directa el derecho fundamental a la igualdad””.
56. Al estudiar la acusación la Corte estimó pertinente referirse a los
antecedentes de la Ley 100 de 1993 y a la “ausencia con anterioridad a la
misma, de un derecho a acumular tiempos servidos en el sector privado que
llevaran al reconocimiento de la pensión, si no se cumplían integralmente los
requisitos exigidos para acceder a la pensión dentro de la empresa privada
respectiva”. Para ello recurrió al obiter dicta trazado sobre la materia en la
sentencia C-177 de 199872
, en la que se estudió la demanda formulada contra
el aparte normativo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que supeditaba la
totalización de tiempos y cotizaciones al traslado efectivo del bono pensional
respectivo73
.
57. De acuerdo con la lectura de la sentencia C-177 de 1998 que efectuó la
Corte en la sentencia C-506 de 2001, “El derecho a acumular tiempos
servidos en el sector privado, para efecto de la pensión de vejez, no existía
previamente y como tal solo surge con la ley 100 de 1993. Con anterioridad a
dicha ley los trabajadores privados no podían exigir el pago de una pensión
por los tiempos servidos a entidades privadas que tuviesen a cargo el
reconocimiento y pago de pensiones, si no cumplían integralmente los
requisitos exigidos para acceder a la pensión dentro de la empresa respectiva.
Como corolario de lo anterior, si los trabajadores privados no alcanzaban a
cumplir de manera completa tales requisitos, no se consolidaba el derecho a
la prestación y las semanas servidas a la entidad no podían tenerse en cuenta
para efectos de ninguna otra pensión”74
.
72
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
73
El siguiente es el aparte del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 acusado en la sentencia C-177 de 1998: “En
los casos previstos en los literales c) y d), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la
caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que
se afilie, a satisfacción de la entidad administradora”.
74
El siguiente es el aparte de la sentencia C-177 de 1998 citado en la sentencia C-506 de 2001: “[i] antes de
la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, Colombia no contaba realmente con un sistema integral de
pensiones, sino que coexistían múltiples regímenes, administrados por distintas entidades de seguridad
social. Así, [ii] en el sector oficial, el reconocimiento y pago de las pensiones de los servidores públicos

31
58. Con apoyo en el obiter dicta de la providencia C-177 de 1998 la sentencia
C-506 de 2001 señaló que “Para los trabajadores vinculados con
empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión,
antes de la ley 100 se consagraba, entonces, una simple expectativa de su
derecho a pensión que solo se concretaba con el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos respectivos (artículo 260 del Código del Trabajo y ley 6 de
1945 y 65 de 1946)”. Más adelante añadió que “solo con la Ley 100 de 1993,
es que se establece una nueva obligación para los empleadores del sector
privado a cuyo cargo se encontraba el reconocimiento y pago de la pensión,
cual es la de aprovisionar hacia el futuro el valor de los cálculos actuariales
en la suma correspondiente al tiempo de servicios del trabajador con contrato
laboral vigente a la fecha en que entró a regir la Ley, o que se inició con
posterioridad a la misma, para efectos de su posterior transferencia, en caso
del traslado del trabajador, a las entidades administradoras del régimen de
prima media con prestación definida (art. 33 de la Ley 100).|| La ley 100 de
1993 estableció esta nueva obligación, en atención precisamente a la
situación preexistente, con el propósito de comenzar a corregir las
deficiencias de un régimen que como se ha dicho no se encontraba exento de
inequidades y de incongruencias” (subrayado en el original).
59. De este modo, la sentencia C-506 de 2001 estimó que la responsabilidad
de aprovisionar fondos por parte de los empleadores privados -que tenían la
carga de reconocer y pagar una pensión de jubilación en el evento de reunirse
los requisitos de tiempo de servicio y edad- y trasladar posteriormente las
respectivas cotizaciones, constituyen cargas nuevas. A partir de la anterior
premisa la Corte interpretó que el legislador no podía establecer obligaciones
retroactivas en relación con vínculos laborales ya extinguidos, esto es, frente a
situaciones jurídico-laborales consolidadas. Al respecto la sentencia C-506 de
2001 señaló: “El carácter oneroso de esta nueva obligación para los
empleadores, invocada en la intervención del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, no era óbice para que la ley consagrara este nuevo derecho
correspondía en general a la Caja Nacional de Previsión (Cajanal) y a las cajas de las entidades
territoriales, aun cuando también existían otras entidades oficiales encargadas de ese manejo para
determinados sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza Pública. Por su parte, [iii]
inicialmente, el reconocimiento y pago de las pensiones de los trabajadores privados era responsabilidad
directa de ciertos empresarios, ya que la jubilación, conforme a la legislación laboral, en especial al artículo
260 del Código del Trabajo y a las leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, era una prestación especial únicamente
para ciertos patronos, a saber para las empresas con capital mayor a ochocientos mil pesos; [iv] Igualmente,
en algunos casos, y para determinados sectores económicos, la normatividad laboral admitió que se
constituyeran cajas de previsión privadas, como CAXDAC; (…) [v] sólo a partir de 1967 el ISS empezó a
asumir el reconocimiento y pago de pensiones de trabajadores privados”. Asimismo, “[vi] una de las
finalidades de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad
que rigen la seguridad social (CP art. 48), fue superar [la] desarticulación entre los distintos regímenes
pensionales, que no sólo hacía más difícil el manejo general de esta prestación sino que se traducía en
inequidades manifiestas para los trabajadores. Así, [vii] durante mucho tiempo fue imposible acumular
semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos, con lo cual las posibilidades de muchos
empelados de acceder a la pensión eran mínimas”. De ahí que “[viii] La Ley 100 de 1993 creó entonces un
sistema integral y general de pensiones, que no sólo permite, como ya se destacó, la acumulación de tiempos
y semanas trabajadas, sino que genera relaciones recíprocas entre las distintas entidades administradoras de
pensiones (…)”. Finalmente, “[ix] para corregir injusticias del pasado, se amplían las posibilidades de
acumular semanas y periodos laborados antes de la vigencia de la ley”.

32
para los trabajadores con vínculo laboral vigente.||Lo que no podía hacer el
legislador, sin embargo, era establecer obligaciones en relación con
situaciones jurídicas consolidadas.|| Para la Corte al respecto, la
argumentación planteada por la demandante atinentes al empobrecimiento
del trabajador y el correlativo enriquecimiento injustificado del empleador en
este caso, desconoce el hecho de que en lo concerniente a las relaciones
laborales extintas antes del 23 de diciembre de 1993 (fecha de entrada en
vigencia de la ley 100 de 1993) no había nacido ningún tipo de obligación en
cabeza del empleador ni ningún derecho correlativo en cabeza del trabajador
que pudiera considerarse válidamente un derecho patrimonial y que fuese por
tanto exigible al primero de ellos. Como se dijo atrás los trabajadores que se
encontraban en estas circunstancias tenían una simple expectativa de derecho
que solo se consolidaba con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales.||Crear en cabeza del empleador una obligación retroactiva referente
a una relación jurídica ya extinguida sería necesariamente inconstitucional
por atentar contra el principio de seguridad jurídica, postulado básico de un
Estado de Derecho (art. 1 y 58)”.
60. Para la providencia C-506 de 2001 los anteriores elementos inciden en la
resolución del problema jurídico formulado en la sentencia, es decir, la
presunta infracción del principio de igualdad por el trato diverso que el literal
“c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 brinda a los
trabajadores que finalizaron el vínculo laboral antes de la entrada en vigor de
dicha legislación, y los trabajadores cuyos contratos de trabajo se encontraban
en ejecución o se suscribieron con posterioridad a la vigencia de la misma,
pues permiten identificar dos posiciones jurídicas distintas entre unos y otros.
Para la Corte esta situación hace razonable el trato diverso que les otorga la
legislación en relación con la posibilidad de acumular tiempo de servicio para
efecto del reconocimiento de una pensión de vejez. Así, los primeros se
encuentran afectados por situaciones jurídicas consolidadas en virtud de la
extinción del vínculo laboral y por ello no se podrían imponer obligaciones
retroactivamente; mientras que los segundos tienen una relación jurídica
vigente con sus patronos, de modo que es posible que el legislador modifique
las condiciones del contrato laboral sin que ello implique la transgresión de
situaciones jurídicas consolidadas o la aplicación retroactiva de la ley y el
desconocimiento de los derechos adquiridos de los empleadores. Al respecto
la sentencia C-506 de 2001 sostuvo:
“Todos estos elementos necesariamente inciden dentro del test de igualdad
efectuado por la Corte, en atención a la alegación de la demandante referente a
la discriminación en la que se incurriría en la ley 100 respecto de los
trabajadores cuyo vínculo laboral ya no existía a la entrada en vigencia de la
norma, pero que laboraron antes de esa fecha para empleadores que tenían a su
cargo el reconocimiento y pago de la pensión. La demandante considera esta
situación como injusta e inequitativa y carente de toda justificación objetiva y
razonable, amén de violar numerosos preceptos constitucionales. || Para la
Corte, sin embargo, como acaba de verse, sí existen elementos objetivos que
establecen una diferencia de situación en relación con estos trabajadores y, la
diferencia de trato que establece la norma atiende a esta circunstancia, sin que

33
ello pueda considerarse irrazonable o desproporcionado dentro del marco
preciso en que se inscribe el derecho prestacional a la seguridad social al que se
hizo referencia, así como de los principios básicos de nuestro ordenamiento
jurídico”.
61. Aunado a lo expuesto, de conformidad con la sentencia C-506 de 2001 la
imposibilidad de crear obligaciones jurídicas retroactivas en relación con los
vínculos laborales extintos antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de
1993 desvirtúa la posible infracción de los derechos constitucionales a la
seguridad social y al trabajo: “No le asiste razón a la demandante en este
aspecto [Presunta vulneración del principio de igualdad] como tampoco en lo
referente a la consecuente vulneración de las normas que consagran los
derechos a la seguridad social (arts 46,48,53 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.),
así como los postulados del Estado Social de Derecho (Preámbulo y arts 1° y
2°).|| Los fines que persigue el sistema de seguridad social, y que son
claramente loables desde el punto de vista constitucional, y que establecen
cargas tanto al Estado como a los particulares, no se pueden alcanzar sino
con el estricto respeto de los principios del Estado de Derecho, dentro de los
cuales se encuentra el de la irretroactividad de la ley en el tiempo.|| Es por
ello que no resultaría aceptable que la nueva ley pudiera afectar situaciones
jurídicas consolidadas antes de su vigencia, por lo que tuvo razón el
legislador en ejercicio de su libertad de configuración en materia de
seguridad social (arts 48 y 53 C.P.) al encaminar sus esfuerzos para hacer
efectivo el principio de universalidad de la seguridad social, limitándolo a los
vínculos laborales o a los que pudieran crearse después de la entrada en
vigencia de la norma atacada”.
62. De este modo, por las razones anotadas la Corte Constitucional en la
sentencia C-506 de 2001 declaró la exequibilidad de la expresión “siempre
que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a
la vigencia de la presente ley”, contenida en el literal c) del parágrafo 1º, del
artículo 33 de la ley 100 de 1993.
63. Posteriormente, el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 modificó el artículo 33
de la Ley 100 de 1993. En lo que interesa al mecanismo de acumulación de
tiempos servidos ante empleadores privados que tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, la reforma dispuso lo
siguiente: “Artículo 9. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez. (…) Parágrafo 1.
Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo,
se tendrá en cuenta: (…) c) El tiempo de servicio como trabajadores
vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando
la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 (…)”. (Énfasis añadido)
64. El texto del literal “c” del parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003
fue objeto de acción pública de inconstitucionalidad con argumentos
semejantes a los planteados en la demanda que dio origen a la sentencia C-506

34
de 2001. Al resolver el cargo en la sentencia C-1024 de 2004 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil) la Corte Constitucional consideró que “si bien la disposición
sufrió algunas modificaciones de menor entidad, el contenido normativo
continúa siendo el mismo. En efecto, la comparación entre la norma original
y el resultado con posterioridad a su reforma, registra los siguientes cambios:
(i) Se modifica la expresión condicional “siempre que” por un nuevo
condicionamiento más explícito “siempre y cuando”. (ii) se altera levemente
la redacción de la siguiente frase “la vinculación se encuentre vigente” por
“la vinculación se encontrara vigente”, en razón a la modificación previa en
la composición del condicionamiento. (iii) Y, finalmente, se precisa que la
expresión normativa “con posterioridad a la vigencia de la presente ley”
hace referencia a la Ley 100 de 1993 y no a la Ley 797 de 2003, pues
corresponde a la fecha de entrada en vigencia del sistema de seguridad social
en pensiones”.
65. Seguidamente, la sentencia C-1024 de 2004 citó el aparte de la sentencia
C-506 de 2001 que resumió el cargo estudiado en esa oportunidad: “En dicha
sentencia textualmente se afirmó: “(…) solicita [la demandante] la
inexequibilidad parcial del literal c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la ley
100 de 1993 en el que se establece para efectos del cómputo de las semanas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, que se tendrá en cuenta el
tiempo de servicio de los trabajadores vinculados con empleadores que tienen
a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación
ley. Este último requisito según la demandante viola el principio de igualdad,
amén de generar un enriquecimiento sin causa en beneficio de los
empleadores así eximidos, en su concepto, de efectuar el correspondiente
traslado, con el consecuente prejuicio para los trabajadores en virtud de la
“renuncia a la seguridad social” que ello implicaría en contravención a la
Constitución (art. 48, 53, 25, 46,1°y2° C.P.)”.
66. Posteriormente, la Corte reseñó los argumentos que empleó la sentencia C-
506 de 2001 al adoptar la decisión de exequibilidad. “Es preciso recordar que
en sentencia C-506 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte estimó que
el aparte normativo acusado previsto en el literal c) del parágrafo 1° del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, resulta acorde a la Constitución Política
por un cargo idéntico al impetrado en esta oportunidad.||Precisamente, las
razones que actualmente esgrime el demandante para solicitar la declaratoria
de inexequibilidad corresponden a la misma materia objeto de examen en el
fallo reseñado. (...).||A juicio de esta Corporación, la disposición acusada
resulta acorde a la Carta Fundamental, entre otras, por las siguientes
razones:||En primer lugar, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, los
trabajadores vinculados con empleadores que tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de la pensión, no gozaban de un derecho adquirido
sobre dicha pensión, sino de una simple expectativa, hasta tanto se constatara
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en las leyes vigentes
(artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y Ley 6 de 1945 y 64 de

35
1946)||En segundo término, y en estrecha relación con lo expuesto, porque de
haberse aplicado la Ley de 1993 a los trabajadores con vínculos laborales no
vigentes al momento de su entrada en vigencia, hubiese necesariamente
implicado para los empleadores la imposición de una obligación retroactiva
referente a una relación jurídica ya extinguida, contrariando el principio de
seguridad jurídica, postulado básico del Estado Social de Derecho (C.P. art.
1° y 58)”.
67. Con base en las consideraciones expuestas la sentencia C-1024 de 2004
concluyó que “ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
(artículo 243 de la Carta Política) y que, en consecuencia, no puede esta
Corporación volver sobre la materia que ya fue objeto de decisión, motivo por
el cual se ordenará estarse a lo resuelto en el fallo citado”. En consecuencia
en el resuelve cuarto declaró: “En relación con el siguiente aparte demandado
del literal c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, “siempre y cuando la
vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”, ESTARSE A LO
RESUELTO en la sentencia C-506 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis),
mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la expresión acusada por
un cargo idéntico al impetrado en esta oportunidad”.
68. En suma, de acuerdo con la jurisprudencia contenida en la sentencia C-506
de 2001, reiterada en la sentencia C-1024 de 2004, (i) antes de la entrada en
vigor del parágrafo 1 literal “c” del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no
existía la posibilidad de acumular tiempos servidos en el sector privado frente
a distintos empleadores que tuvieran a su cargo el reconocimiento de una
pensión; (ii) solo con la consagración del sistema general de pensiones se creó
para los empleadores particulares la obligación de aprovisionar hacia futuro el
valor del cálculo actuarial en la suma correspondiente al tiempo servido por el
trabajador, con el fin de trasladarlo al administrador del régimen de prima
media con prestación definida, siempre y cuando al momento de entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993 el trabajador tuviere contrato laboral vigente o
este iniciara con posterioridad a la misma; (iii) para los trabajadores
vinculados con empleadores particulares que tenían a su cargo el
reconocimiento de una pensión antes de la Ley 100 de 1993, únicamente se
plasmaba una simple expectativa de su derecho a pensión, el que solo se
concretaba con el cumplimiento de la totalidad de requisitos pensionales ante
un mismo empleador. Por las razones expuestas, (iv) no le era posible al
legislador, en el literal “c” del parágrafo 1 de la Ley 100 de 1993, asignar a los
empleadores privados la obligación de reconocer los tiempos servidos por
trabajadores cuyos contratos laborales ya se habían extinguido al momento de
entrada en vigor de la mencionada ley, pues ello habría implicado la
imposición de una obligación jurídica retroactiva que quebrantaría el artículo
53 de la Constitución.

36
69. Bajo las anteriores premisas normativas la Corte concluyó que, (v) la
expresión acusada del literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993 no infringía el principio constitucional de igualdad al consagrar el
derecho al reconocimiento de los tiempos laborados para efectos pensionales
únicamente frente a los trabajadores privados que al momento de entrada en
vigor de la anotada ley mantenían un contrato laboral o que lo iniciaron
después de su vigencia. En particular, para la Corte existían diferencias
jurídicas relevantes entre los trabajadores que sostenían una relación laboral al
empezar a regir la Ley 100 de 1993 y quienes la habían finalizado. Esta
circunstancia, en criterio de la Corte, habilitaba un trato diferente entre unos y
otros, el cual resultaba razonable en virtud de sus disímiles posiciones
jurídicas.
70. Bajo tal marco, en Sentencia T-719 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla)
la Sala Sexta de Revisión estudió un caso semejante al analizado en la
decisión T-784 de 2010 (Supra 41). En el asunto bajo examen el accionante
reclamaba de un ex empleador particular que antes de la Ley 100 de 1993
tenía a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, el
traslado de los aportes pensionales causados durante la relación laboral
iniciada y finalizada con anterioridad a la vigencia del sistema general de
pensiones. Para establecer los fundamentos jurisprudenciales de la decisión la
Sala Sexta interpretó el contenido de la sentencia C-506 de 2001 en los
siguientes términos:
“(i) La argumentación planteada en la demanda de constitucionalidad, respecto al
enriquecimiento injustificado del empleador y el correlativo empobrecimiento del
patrimonio del trabajador, “desconoce el hecho de que en lo concerniente a las
relaciones laborales extintas antes del 23 de diciembre de 1993 (fecha de
entrada en vigencia de la ley 100 de 1993) no había nacido ningún tipo de
obligación en cabeza del empleador ni ningún derecho correlativo en cabeza
del trabajador que pudiera considerarse válidamente un derecho patrimonial y
que fuese por tanto exigible al primero de ellos. Como se dijo atrás los
trabajadores que se encontraban en estas circunstancias tenían una simple
expectativa de derecho que solo se consolidaba con el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos legales”.
(ii) Realizado el test de igualdad ante la discriminación planteada, en la que se
incurriría contra los trabajadores cuyo vínculo contractual ya no existiera a la
entrada en vigencia de la norma, pero que trabajaron antes de la referida fecha
para empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión
referida, surge que “sí existen elementos objetivos que establecen una
diferencia de situación en relación con estos trabajadores y, la diferencia de
trato que establece la norma atiende a esta circunstancia, sin que ello pueda
considerase irrazonable o desproporcionado dentro del marco preciso en que
se inscribe el derecho prestacional a la seguridad social al que se hizo
referencia, así como de los principios básicos de nuestro ordenamiento
jurídico”. || Por las anteriores razones, en la providencia C-506 de 2001 fue
declarada exequible la expresión “siempre que la vinculación laboral se
encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley”,
contenida en el literal c) del parágrafo 1°, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993”.

37
71. Posteriormente, al descender al análisis del caso concreto la sentencia T-
719 de 2011 encontró que el demandante tenía derecho a una pensión de vejez
a cargo del Instituto de Seguros Sociales por cumplir los requisitos de
cotización y edad, pero se apartó de lo dispuesto en la sentencia T-784 de
2010 y por ello se abstuvo de incluir en la historia laboral del demandante los
periodos laborados ante el ex empleador particular accionado. Al respecto
señaló que “Conforme a lo contemplado en el literal c) del parágrafo 1° del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se descarta la posibilidad de exigir a la
sociedad accionada la expedición de un título pensional a favor del ISS, con
el fin de que ese Instituto, en el momento de reconocer y pagar la pensión de
vejez al señor Juan José Castro Romero, tenga en cuenta el tiempo laborado
en Bavaria S. A. y en Cervecería Andina S. A.”.
72. En respaldo de su decisión la Sala indicó que “Acorde a lo establecido en
la sentencia C-506 de 2001, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se
instituyó el deber de los empleadores del sector privado a cuyo cargo se
encontraba el reconocimiento y pago de la pensión, del aprovisionamiento
hacia futuro de los cálculos actuariales correspondientes a la suma del
tiempo servido por el trabajador, puesto que, observando los principios de
seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, para la contabilización de las
semanas es necesario que el contrato laboral se halle vigente a la fecha en
que la citada Ley produjo efectos, frente a las consecuencias de la respectiva
transferencia.||Así se descarta un apoderamiento ilícito por parte del
empleador, puesto que Bavaria S. A. no efectuaba ninguna deducción del
salario del trabajador, ni tenía la obligación mencionada de la reserva de los
cálculos actuariales.|| Ante lo expuesto, dadas las especificidades del caso, es
necesario apartarse de lo resuelto en el fallo T-784 de septiembre 30 de 2010,
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, donde se amparó el derecho a la
seguridad social de quien trabajó para una empresa de hidrocarburos desde
julio 16 de 1984 hasta junio 15 de 1992, que veían frustráneo el acceso a la
pensión de vejez, por cuanto el empleador no realizó los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones durante el mencionado período. Así, se
concluyó que “la Texas Petroleum Company, hoy, Chevron Petroleum
Company deberá transferir al Instituto de Seguros Sociales el valor
actualizado –cálculo actuarial-, de acuerdo con el salario que devengaba el
actor para la época, de los aportes para pensión, para que así al actor le sean
contabilizadas dentro de su tiempo de cotización las semanas laboradas al
servicio de la accionada”. || En esa oportunidad, el Magistrado Luis Ernesto
Vargas Silva se apartó de la decisión de la Sala Octava de Revisión, ante la
falta de acreditación de un estado de vulnerabilidad que hiciera procedente el
amparo constitucional, así como la ausencia de mención de la sentencia C-
506 de 2001, donde esta Corte en pleno determinó que el deber de
aprovisionamiento hacia el futuro del valor de los cálculos actuariales, en la
suma correspondiente al tiempo de servicio, surgió a partir de la expedición
de la Ley 100 de 1993 y no como se aseveró en esa ocasión en la sentencia T-
784 de 2010 donde, a juicio del Magistrado disidente, realizó una errónea
interpretación del artículo 72 de la Ley 90 de 1946”.

38
La posición de la Sala Novena de Revisión. Corrección y actualización de
su jurisprudencia sobre la materia.
73. La tesis plasmada en la sentencia T-784 de 201075
fue acogida por la Sala
Primera de Revisión en la sentencia T-712 de 201176
y por la Sala Séptima de
Revisión en las sentencias T-549 de 201277
y T-398 de 201378
. Por el
contrario, se apartaron de la decisión T-784 de 2010 -asumiendo posiciones
semejantes a las plasmadas en el salvamento de voto de esta última y en
particular en la sentencia C-506 de 2001- la Sala Sexta de Revisión en las
sentencias T-719 de 201179
, T-890 de 201180
y T-020 de 201281
, la Sala
Novena de Revisión en la sentencia T-814 de 201182
y la Sala Quinta de
Revisión en la sentencia T-205 de 201283
.
74. La Sala Novena de Revisión sostuvo en la Sentencia T-814 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva) la imposibilidad de acoger lo dispuesto en la
providencia T-784 de 2010, pues entendió que el precedente aplicable estaba
determinado por lo fijado en la decisión C-506 de 2001. No obstante lo
anterior, en la presente oportunidad un nuevo estudio del problema jurídico
lleva a esta Sala a modificar su posición. Pasa la Sala Novena de Revisión a
justificar su cambio de posición.
La sentencia C-506 de 2001 hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional relativa.
75. La razón principal por la que la Sala Novena de Revisión en providencia
T-814 de 2011 se apartó de lo dispuesto en la sentencia T-784 de 2010
obedeció a la existencia de una regla de decisión de la Sala Plena que había
sentenciado la constitucionalidad de los apartes normativos de los artículos 33
parágrafo 1 literal “c” de la Ley 100 de 1993 y 9 de la Ley 797 de 2003, que
exigen para efectos de acumulación pensional de esta clase de trabajadores, la
vigencia del contrato laboral al momento de entrada en vigor del sistema
general de pensiones. No obstante, en opinión de la Sala Novena existen
nuevos elementos de juicio que permiten verificar la existencia de cosa
juzgada constitucional relativa sobre el asunto, y analizar la viabilidad de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con el requisito de
vigencia del contrato laboral contenido en las anotadas disposiciones jurídicas,
por la lesión de bienes constitucionales distintos a los realmente estudiados en
las sentencias C-506 de 2001 y C-1024 de 2004.
75
M.P. Humberto Sierra Porto.
76
M.P. María Victoria Calle Correa.
77
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
78
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
79
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
80
81
82
M.P. Ernesto Vargas silva.
83
M.P. Jorge Iván Palacio.

39
76. A esta Corporación le corresponde ser rigurosa en el acatamiento de las
reglas alusivas al empleo de los precedentes constitucionales, máxime si su
jurisprudencia ha resaltado en múltiples ocasiones la vulneración
iusfundamental que podría generar el desconocimiento de las mismas en un
caso particular. Tratándose de pronunciamientos de control abstracto de
constitucionalidad, las Salas de Revisión se encuentran subordinados a ellos y
por ende su respeto debe ser irrestricto en atención a los efectos de cosa
juzgada erga omnes que los mismos producen.
77. En los fundamentos normativos de esta sentencia la Sala reiteró que frente
a una sentencia de exequibilidad “la ratio decidendi vinculante implicará que
el juez no pueda apartarse de la interpretación fijada por la Corte
Constitucional para su decisión” (Supra 26). Adicionalmente, si bien los
jueces de la República tienen el deber jurídico de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad sobre apartes normativos o reglas jurídicas del nivel
infraconstitucional que en un caso concreto contravengan la Carta, en
principio no pueden recurrir a dicho mecanismo para excepcionar apartes
normativos declarados exequibles por la Corte Constitucional.
78. Sin embargo, frente a esta última hipótesis es menester precisar que la
misma no impide estudiar la viabilidad de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en un caso concreto en relación con apartes normativos o
disposiciones jurídicas ya analizadas en sede de control abstracto de
constitucionalidad, pero con fundamento en reproches distintos a los
enjuiciados por la Sala Plena en la respectiva decisión de exequibilidad. Lo
anterior, en atención a la figura de la cosa juzgada constitucional relativa: “En
efecto, en el caso de los fallos en los que la Corte Constitucional declara la
exequibilidad de un precepto, a menos que sea ella relativa y así lo haya
expresado la propia sentencia- dejando a salvo aspectos diferentes allí no
contemplados, que pueden dar lugar a futuras demandas-, se produce el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, prevista en el artículo 243 de la
Constitución. Y, entonces, si ya por vía general, obligatoria y erga omnes se
ha dicho por quién tiene la autoridad para hacerlo que la disposición no
quebranta principio ni precepto alguno de la Carta Política, carecería de
todo fundamento jurídico la actitud del servidor público que, sobre la base de
una discrepancia con la Constitución –encontrada por él pero no por el Juez
de Constitucionalidad- pretendiera dejar de aplicar la norma legal que lo
obliga en un proceso, actuación o asunto concreto”84
(Énfasis y subrayado
añadido).
79. Sobre esa base, la Sala Novena de Revisión estima que las sentencias C-
506 de 2001 y C-1024 de 2004 hicieron tránsito a cosa juzgada relativa
implícita85
, y por ende, es deber del juez del caso concreto aplicar la excepción
84
Sentencia C-600 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
85
De acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Corte, “En la cosa juzgada relativa, tenemos también dos
tipos: i) Cosa juzgada relativa explícita: en los casos en que la constitucionalidad se refiere de manera clara
exclusivamente frente a los cargos formulados por el demandante, pudiéndose dar un nuevo examen frente a
cargos distintos y ii) Cosa Juzgada relativa implícita: que se presenta cuando no hubo un análisis integral de

40
de inconstitucionalidad en los eventos en que encuentre que la exigencia de
vigencia del contrato laboral para efecto de traslado de los aportes pensionales
correspondientes al tiempo laborado antes de la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, quebranta la Carta por la infracción de preceptos superiores distintos
a los efectivamente estudiados en las decisiones de exequibilidad.
80. En particular, para esta Sala de la Corte la sentencia C-506 de 200186
únicamente hizo tránsito a cosa juzgada relativa por las siguientes razones: (i)
materialmente solo estudió un cargo por la presunta infracción del principio de
igualdad entre los trabajadores que se les exigía la pervivencia del vínculo
laboral a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y a los que no se les hacía
dicha exigencia para efecto de acumulación de los tiempos laborados para un
empleador que antes de la vigencia del sistema general de pensiones tenía a su
cargo el reconocimiento y pago de pensiones; (ii) si bien la sentencia aludió al
artículo 48 superior y al derecho a la seguridad social contenido en este,
realmente no analizó cargo alguno relativo a dicha disposición jurídica; (iii)
incluso si en gracia de discusión se sostuviera que la sentencia aplicó el
artículo 48 superior para resolver el problema jurídico allí formulado, dicha
disposición fue modificada en aspectos esenciales por el artículo 1 del A.L. 01
de 2005, al incorporar expresamente la garantía a los derechos adquiridos en
materia de seguridad social y de efectividad de las cotizaciones y los tiempos
servidos para efectos pensionales y; (iv) la sentencia no estudió la probable
infracción de los derechos adquiridos de los trabajadores (Art. 48 y 58 C.P.)
en que podría incurrir el literal “c” parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993 en lo relacionado con la exigencia de pervivencia del vínculo laboral.
81. En efecto, en criterio de esta Sala de la Corte la sentencia C-506 de 2001
únicamente estudió un cargo por infracción del principio constitucional de
igualdad (Art. 13 C.P.). Así se desprende de la lectura del aparte “La materia
bajo examen” de la sentencia, en que la Corporación precisa el cargo en los
siguientes términos: “Solicita igualmente la inexequibilidad parcial del literal
c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en el que se
establece para efectos del cómputo de las semanas requeridas para acceder a
la pensión de vejez, que se tendrá en cuenta el tiempo de servicio de los
la exequibilidad frente a toda la Constitución o cuando se encuentra condicionada en los considerandos de la
providencia, en cuyo caso puede darse un nuevo examen frente a postulados constitucionales contra los
cuales no se confrontó o según sea el caso, de acuerdo a los consideraciones del fallo. ||Sobre el particular la
Corte ha expresado que hay cosa juzgada relativa explícita cuando “la disposición es declarada exequible
pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que
la constitucionalidad de esa misma norma pueda ser nuevamente reexaminada en el futuro”85
. Por otro lado,
será implícita cuando se produce alguno de los siguientes supuestos: (i) cuando “el análisis de la Corte esté
claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin
ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o
vulnerada”85
, (ii) cuando la Corte restringe el alcance de la sentencia, no de manera expresa en la parte
resolutiva sino a través de las consideraciones de la misma. Así, para que opere el fenómeno de la cosa
juzgada relativa implícita “se requiere, en todo caso, que tal limitación se haya establecido de manera
expresa por la Corte, así sea sólo en la parte considerativa, caso en el cual recibe la denominación de
implícita” (Énfasis añadido). (Auto 370 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo).
86
A continuación, para explicar su posición la Sala únicamente se referirá a lo resuelto en la sentencia C-
506 de 2001, toda vez que la sentencia C-1024 de 2004 se estuvo a lo resuelto en aquello en relación con el
cargo formulado contra el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

41
trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el
reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se
encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la ley. Este
último requisito según la demandante viola el principio de igualdad, amén
de generar un enriquecimiento sin causa en beneficio de los empleadores
así eximidos, en su concepto, de efectuar el correspondiente traslado, con el
consecuente perjuicio para los trabajadores en virtud de la “renuncia a la
seguridad social” que ello implicaría en contravención a la Constitución (art.
48, 53, 25, 1 y 2 C.P.)” (Énfasis y subrayado añadido).
82. Ahora bien, aunque la sentencia C-506 de 2001 hace alusión a los artículos
1, 2, 25, 48 y 53 de la Constitución, no existe en realidad cargo alguno
analizado con fundamento en dichos preceptos superiores, pues el debate se
centró en el aspecto relativo a la presunta infracción del principio de igualdad.
La anterior conclusión encuentra sustento, asimismo, en el párrafo inicial de
examen de la norma, en que la Corte nuevamente plantea el asunto
únicamente frente a la violación del principio de igualdad: “En palabras de la
actora, el literal c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la ley 100 de 1993 al
exigir, para efectos del cómputo de semanas tendiente al reconocimiento de la
pensión de vejez de los trabajadores vinculados con empleadores que tienen a
su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, el hecho que la vinculación
ley 100 “pone en desventaja manifiesta a los trabajadores que estaban
vinculados con empleadores que a esa fecha tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de la pensión, pues en la ley 100 a los demás
trabajadores no se les pone tal condición, discriminación que viola en forma
directa el derecho fundamental a la igualdad””.
83. Asimismo, la sentencia C-506 de 2001, sin realizar argumentación precisa
en relación con el contenido de los derechos a la seguridad social y al trabajo,
así como de la cláusula de Estado Social de Derecho, despachó el asunto sin
referir el alcance jurisprudencial de los anteriores postulados ni las reglas
constitucionales que el fragmento normativo acusado respetaría, pues para la
sentencia C-506 de 2001 la ausencia de infracción del principio de igualdad
constitucional descartaba por sí sola la vulneración de los postulados de
seguridad social, trabajo y Estado Social de Derecho. En ese sentido, luego de
negar el cargo propuesto por violación del principio de igualdad, la sentencia
puntualizó que “No le asiste pues razón a la demandante en este aspecto
[cargo por violación de igualdad] como tampoco en lo referente a la
consecuente vulneración de las normas que consagran los derechos a la
seguridad social (arts. 46, 48, 53 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.), así como los
postulados del Estado Social de Derecho (Preámbulo y arts 1 y 2). || Los fines
que persigue el sistema de seguridad social, y que son claramente loables
desde el punto de vista constitucional, y que establecen cargas tanto al Estado
de Derecho, dentro de los cuales se encuentra el de la irretroactividad de la
ley en el tiempo. || Es por ello que no resultaría aceptable que la nueva ley
pudiera afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia, por lo
que tuvo razón el legislador en ejercicio de su libertad de configuración en

42
materia de seguridad social (arts 48 y 53 C.P.) al encaminar sus esfuerzos
para hacer efectivo el principio de universalidad de la seguridad social,
limitándolo a los vínculos laborales existentes o a los que pudieran crearse
después de la entrada en vigencia de la norma atacada”87
.
84. De este modo, es claro que la sentencia C-506 de 2001 no analizó
materialmente la presunta infracción del derecho constitucional a la seguridad
social que supondría el requisito de vigencia del vínculo laboral para efecto de
acumulación pensional establecido en el literal “c” del parágrafo 1 del artículo
33 de la Ley 100 de 1993. En opinión de esta Sala, el artículo 48 de la
Constitución Política es una disposición con fuerza normativa independiente o
autónoma, cuya violación no está supeditada a la infracción o no del principio
de igualdad.
85. En otras palabras, la ausencia de violación del artículo 13 superior no
conduce necesariamente a descartar la infracción respecto de las restantes
disposiciones constitucionales. Por esa razón, en criterio de esta Sala de la
Corte la sentencia C-506 de 2001 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional
relativa implícita en relación con el contenido del derecho a la seguridad
social, pues no analizó realmente la conformidad de la norma legislativa con
lo dispuesto en el artículo 48 superior88
.
86. No obstante lo anterior, incluso si en gracia de discusión se sostuviera que
la sentencia C-506 de 2001 sí estudió asuntos alusivos al derecho a la
seguridad social, la conclusión sobre la cosa juzgada relativa se mantendría
incólume en atención a la modificación del artículo 48 superior operada por
virtud del Acto Legislativo 01 de 2005. Esta reforma añadió al contenido
normativo del artículo 48 superior los principios de respeto por los derechos
adquiridos y efectividad de las cotizaciones y los tiempos laborados, como se
explicará más adelante (Infra 110).
87. Finalmente, también existe cosa juzgada relativa frente a la presunta
vulneración de la protección de los derechos adquiridos consagrada en los
artículos 48 y 58 constitucionales, pues la sentencia C-506 de 2001 no analizó
la probable infracción del derecho adquirido al cómputo de los periodos
causados en vigencia de una relación laboral, y solo concluyó que el legislador
no violó la Carta en tanto los afectados por el requisito de vigencia del vínculo
87
Un análisis similar sobre los alcances de la cosa juzgada relativa se efectuó en la sentencia C-477 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
88
Un análisis semejante se efectuó en la sentencia C-477 de 2005, la cual al referir el alcance de la sentencia
C-108 de 1994 y la cosa juzgada relativa que pesaría sobre el artículo 136 del C.C.A. subrogado por el
artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, expuso lo siguiente: “De las consideraciones de la Sentencia se infiere
que a pesar de que los cargos formulados tenían que ver con la vulneración de los artículos 1º, 13, 29, 228 y
229 de la Carta, la Corte sólo se pronunció respecto de los problemas suscitados por la posible contrariedad
existente entre la norma demandada, por una parte, y los derechos de igualdad y los derechos de los
trabajadores, por otra. No obstante que en el fallo se indicó expresamente que la disposición acusada no
violaba el derecho de igualdad “ni ninguno de los preceptos constitucionales invocados” por el actor, lo
cierto es que los cargos examinados se suscribieron únicamente a esos dos tópicos pues respecto de las
restantes disposiciones invocadas como infringidas no se hicieron consideraciones de ninguna índole. Por lo
tanto, si tales cargos adicionales no se consideraron, mal se puede inferir que también respecto de ellos
existe cosa juzgada constitucional”.

43
laboral consagrado en el artículo 33 parágrafo 1 literal c de la Ley 100 de
1993 solo tenían una expectativa legítima a una pensión (Infra 100 y 101).
Como se explicará, la expectativa legítima de pensión y el derecho adquirido
al cómputo de los tiempos causados para efectos prestacionales son aspectos
distintos y diferenciables, cuyo análisis de constitucionalidad debe efectuarse
de manera autónoma.
88. Precisado lo anterior, pasa la Sala a identificar la ratio decidendi de la
providencia C-506 de 2001, pues este es el único aparte de la sentencia que
vincula la presente decisión.
Ratio decidendi de la sentencia C-506 de 2001.
89. Según se evidenció al efectuar el recuento jurisprudencial de la sentencia
C-506 de 2001, la Corte declaró ajustado a la Carta el requisito de vigencia del
vínculo laboral en comento, al encontrar que el mismo no violaba el principio
de igualdad constitucional. En particular, para la Corte existían diferencias
jurídicas relevantes entre los trabajadores que sostenían una relación laboral al
empezar a regir la Ley 100 de 1993 y quienes la habían finalizado. Esta
circunstancia, en criterio del Tribunal, habilitaba un trato diferente entre unos
y otros, el cual resultaba razonable en virtud de sus disímiles posiciones
jurídicas (Supra 53 a 69).
90. Bajo tal óptica, la ratio decidendi de la sentencia C-506 de 2001 se puede
reformular en los siguientes términos: una norma jurídica que para efectos de
acumulación de tiempos servidos ante empleadores privados que tenían a su
cargo el reconocimiento y pago de una pensión, exija la persistencia del
vínculo laboral a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no infringe el
principio de igualdad en su comparación con la posición de los trabajadores
que sí mantenían una relación laboral con estos empleadores al momento de
vigencia del sistema general de pensiones, a quienes no se les reclama este
requisito.
91. En opinión de esta Sala de Revisión la anterior representa la regla de
decisión o ratio decidendi de la sentencia C-506 de 2001, y por ende
únicamente esta tiene efectos vinculantes para la presente decisión. No sucede
lo mismo con las demás consideraciones de la sentencia de constitucionalidad,
pues estas apenas constituyen dichos de paso o el obiter dicta empleado por la
Sala Plena para ilustrar el alcance de la disposición jurídica que alojaba el
aparte normativo acusado (Art. 33 par. 1 lit c, L.100/93).
92. En efecto, las consideraciones sobre (i) el nacimiento de la obligación de
aprovisionamiento de capital a partir de la Ley 100 de 1993, (ii) la
imposibilidad de imponer cargas retroactivas a los empleadores, (iii) el
resguardo de los principios de seguridad jurídica y (iv) el respeto por los
derechos adquiridos de los patronos, solo representan elementos accidentales
de la decisión, al punto que la mayoría de ellos ni siquiera fueron construidos

44
por la sentencia C-506 de 2001 sino tomados de la sentencia C-177 de 1998 a
manera de referencia.
93. Esto se confirma al advertir la redacción de la sentencia C-506 de 2001, en
que para resolver el cargo por infracción del principio de igualdad, de manera
expresa indica la naturaleza accesoria de las mencionadas consideraciones:
“Para el análisis de este cargo [igualdad] la Corte considera necesario
recordar los antecedentes de la ley 100 de 1993 y en particular, la ausencia
con anterioridad a la misma, de un derecho a acumular tiempos servidos en el
sector privado que llevaran al reconocimiento de la pensión, si no se
cumplían integralmente los requisitos para acceder a la pensión dentro de la
empresa privada respectiva. Dichos antecedentes resultan en efecto
pertinentes para dilucidar el cargo propuesto por la demandante. || Al
respecto, esta Corporación con ocasión de la sentencia C-177/98 señaló lo
siguiente (…)” (Énfasis y subrayado añadido).
94. Del mismo modo, el carácter accidental de estas consideraciones se hace
palpable nuevamente en la sentencia C-506 de 2001 al momento de concluir el
juicio de constitucionalidad, ya que manifiesta que estos argumentos tan solo
“inciden” en el juicio de igualdad, siendo este último el objeto central de
estudio. Así, luego de citar diversos apartes de la sentencia C-177 de 1998 el
Pleno asevera lo siguiente: “Todos estos elementos necesariamente inciden
dentro del test de igualdad efectuado por la Corte en atención a la alegación
de la demandante referente a la discriminación en la que se incurriría en la
ley 100 respecto de los trabajadores cuyo vínculo laboral ya no existía a la
entrada en vigencia de la norma, pero que laboraron antes de esa fecha para
empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. La
demandante considera esta situación como injusta e inequitativa y carente de
toda justificación objetiva y razonable, amén de violar numerosos preceptos.
|| Para la Corte, sin embargo, como acaba de verse, sí existen elementos
objetivos que establecen una diferencia de situación en relación con estos
trabajadores y, la diferencia de trato que establece la norma atiende a esta
circunstancia, sin que ello pueda considerarse irrazonable o
desproporcionado dentro del marco preciso en que se inscribe el derecho
prestacional a la seguridad social al que se hizo referencia, así como de los
principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico” (Énfasis añadido).
95. Dilucidado lo anterior, pasa la Sala a señalar las razones por las que no
comparte las consideraciones contenidas en el obiter dicta de la sentencia C-
506 de 2001, y expresar los motivos que impulsan la necesidad de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad sobre el requisito de vigencia del contrato
laboral al instante de entrada en vigor del sistema general de pensiones,
exigido por los artículos 33 parágrafo 1 literal “c” de la Ley 100 de 1993 y 9
de la Ley 797 de 2003.
Los motivos por los que la Sala Novena de Revisión no comparte el
obiter dicta plasmado en la sentencia C-506 de 2001.

45
96. La sentencia C-506 de 2001 puntualizó que solo con la consagración del
parágrafo 1 literal “c” del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 se estableció en
cabeza del empleador la obligación de aprovisionamiento de capital para
efecto de traslado pensional a la entidad encargada de reconocer y pagar la
pensión al trabajador. Esa tesis, sin embargo, se sustentó únicamente en el
obiter dicta dispuesto en la sentencia C-177 de 1998 sobre la materia y en la
intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales no
tuvieron en cuenta el contenido de los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 259 y
260 del CST y del artículo 14 de la Ley 6 de 194589
.
97. Asimismo, el obiter dicta de la sentencia C-506 de 2001 sostiene que la
carga de traslado de aportes pensionales a los empleadores que finalizaron el
vínculo laboral con sus trabajadores antes de la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 sin haber sido llamados a afiliación obligatoria por parte del
administrador del seguro social, supondría la imposición de obligaciones
retroactivas y lesionaría el principio de seguridad jurídica.
98. Esta postura, no obstante, en opinión de la Sala Novena, parte de una
premisa que no es cierta, esto es, que antes de la vigencia del sistema general
de pensiones esta clase de empleadores no tenían el deber de
aprovisionamiento del capital necesario para sufragar la prestación o trasladar
los aportes al administrador de pensiones. La carga de aprovisionamiento,
como se explicará, es anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 e incorpora
una obligación de plazo que nace a la vida jurídica en los casos concretos con
la suscripción del contrato de trabajo y se hace exigible con el llamamiento a
afiliación obligatoria (Infra 124 a 133). Este llamamiento se hizo gradual y
progresivamente de conformidad con la ampliación de cobertura del
administrador del seguro social, mientras que la Ley 100 de 1993 efectuó este
llamamiento por vía general y abstracta (Art. 13 literal “a”) e instauró un
mecanismo o instrumento de acumulación de tiempos de servicio y aportes
(Art. 33 parágrafo 1).
99. En ese sentido, el literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993 no introdujo una obligación de aprovisionamiento nueva, pues esta ya
existía desde la vigencia de los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 259 y 260
del CST y del artículo 14 de la Ley 6 de 1945. Lo único que hizo el referido
literal “c” fue establecer el instrumento de acumulación, realización o
cumplimiento de la prexistente obligación de aprovisionamiento de los aportes
correspondientes a los tiempos servidos por el trabajador que laboró para
empresas que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían la obligación
de reconocer y pagar una pensión.
89
De conformidad con la interpretación fijada por esta Sala, estos artículos imponen a los empleadores
privados las obligaciones de reconocimiento pensional y aprovisionamiento del capital necesario para
sufragar la prestación en los eventos en que se cumplan los requisitos de reconocimiento del derecho a
pensión, o de traslado del aporte respectivo al encargado de sufragar la prestación (Infra 124 a 133).

46
100. El obiter dicta de la sentencia C-506 de 2001 también expresa que para
esta clase de trabajadores antes de la entrada en vigor de la ley 100 de 1993
únicamente se plasmaba una expectativa legítima a pensión de jubilación y no
un derecho adquirido a esta, pues la pensión solo se consolida con el pleno
cumplimiento de los requisitos de acceso. Si bien la Sala comparte la anterior
apreciación, estima que el asunto alusivo a la expectativa legítima a una
pensión de jubilación por falta de acreditación integral de los requisitos de
acceso, envuelve un problema jurídico distinto al concerniente a la posibilidad
de acumular para efectos prestacionales el tiempo servido ante empleadores
particulares que antes de la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión.
101. En otras palabras, se trata de hipótesis jurídicas distintas, que aunque
están relacionadas son autónomas entre sí (por ello lo resuelto sobre la
expectativa legítima de pensión no incide de modo alguno en el juicio sobre el
derecho adquirido a los tiempos causados para efectos pensionales). La
primera, referente a la expectativa legítima a una pensión de jubilación, y la
otra, al derecho adquirido al cómputo de los periodos causados para efecto del
reconocimiento de las prestaciones otorgadas por el sistema de pensiones90
.
102. De este modo, una persona puede tener al mismo tiempo una expectativa
legítima a pensión por encontrarse cercana al cumplimiento de los requisitos
de reconocimiento de esta, y un derecho adquirido al cómputo de los periodos
causados en vigencia de una relación laboral91
.
103. De otra parte, la Sala Novena de Revisión no comparte lo expuesto por la
Sala Sexta de Revisión en la sentencia T-719 de 2011 en relación con la
imposibilidad de acumular tiempos causados en vigor de relaciones laborales
en las que no se efectuaron descuentos o deducciones de capital al trabajador a
modo de aporte. Al respecto, la ausencia de descuentos económicos al
trabajador para efectos pensionales no incide en la exigibilidad de la
obligación de traslado de aportes pensionales, pues en criterio de esta Sala de
90
En esta última hipótesis la persona no se limita a reclamar el reconocimiento del derecho a pensión, sino la
completitud de la historia laboral mediante la integración de los periodos causados para efectos pensionales;
en este caso, los tiempos causados en vigencia de una relación de trabajo con un empleador que antes de la
Ley 100 de 1993 no había sido llamado a afiliar a sus trabajadores al seguro social de manera obligatoria.
Esto, para tener información o certeza sobre la cantidad de semanas causadas para acceder eventualmente a
una prestación del sistema de seguridad social (pensión en cualquiera de sus modalidades, indemnización
sustitutiva de la pensión o devolución de aportes) y su probable monto, o para reclamar directamente el
reconocimiento de estas prestaciones (Infra 122). Igualmente, en la sentencia T-832A de 2013 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva) la Sala Novena de Revisión se refirió ampliamente a la protección de la expectativa
legítima a pensión. En ese contexto señaló que los aportes pensionales y los tiempos servidos se protegen
como expectativa legítima a pensión cuando su exclusión de la historia laboral impide el acceso a esta. En la
presente oportunidad la Sala analiza la categorización de estos periodos en su condición de derecho adquirido
considerados en sí mismos, relacionados pero autónomos de la prestación pensión.
91
Para el perfeccionamiento del derecho a una pensión de vejez en el régimen de prima se requiere la
confluencia de requisitos de edad y semanas cotizadas; por ello, mientras no se alcancen estos presupuestos la
persona tendrá una simple expectativa o una expectativa legítima a pensión, según el caso. Por el contrario, el
surgimiento de las cargas patronales de (i) asumir el riesgo de reconocer una pensión en el evento de cumplir
el trabajador los presupuestos de acceso a esta, o de (ii) afiliación obligatoria al sistema general de pensiones,
genera el derecho adquirido al cómputo de los periodos causados en virtud de la relación jurídico-laboral. A
esta última conclusión se arriba al analizar la legislación nacional y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, como se verá más adelante.

47
la Corte bajo regímenes no contributivos como los establecidos antes de la
Ley 100 de 1993, la garantía a una pensión hacía parte de la retribución por el
servicio prestado por el trabajador, aspecto que permite explicar la falta de
descuentos pensionales a este.
104. Igualmente, la Sala acoge la orientación fijada por la Sala de Casación
Laboral en un asunto que guarda semejanzas importantes con este, esto es, el
referente a los regímenes públicos que no contemplaron descuentos sobre el
salario de los trabajadores con miras a la financiación de una pensión cuyo
requisito de acceso exigía un determinado tiempo de servicio. En ese sentido,
frente al cumplimiento del requisito de cotización de la pensión por aportes
del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 en relación con la acumulación de tiempos
servidos pero no cotizados, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “el
derecho fundamental e irrenunciable a la pensión no puede verse truncado
por la circunstancia de que la entidad empleadora no hubiese efectuado
aportes a una caja de previsión social, máxime si se tiene en cuenta que
otrora, la afiliación a la seguridad social para los servidores públicos no era
obligatoria sino facultativa, de modo que la ausencia de cotización no puede
imputársele a ellos, y menos, puede afectar sus derechos pensionales que en
todo caso se encontraban amparados por las disposiciones – Decreto
reglamentario 1848 de 1969- que garantizaban el reconocimiento pensional a
cargo de la entidad de previsión a la cual estuvieran afiliados o, en su
defecto, a cargo directo de la entidad o empresa oficial empleadora por el
mero tiempo de servicios”. Más adelante concluyó que “para efectos de la
pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de
transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si
fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social”.
(SL 4457-2014 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo).
105. Finalmente, la Sala Novena de Revisión difiere de la tesis según la cual
las cargas de aprovisionamiento de capital y afiliación obligatoria comportan
una misma obligación. En opinión de esta Sala de la Corte las aludidas
obligaciones constituyen cargas distintas. Así, la Sala reitera que la carga de
aprovisionamiento surgió a la vida jurídica con los artículos 72 de la Ley 90
de 1946 y los artículos 259.2 y 260 del CST con el objeto de garantizar la
financiación de la pensión del trabajador en el evento de cumplir en su
integridad los requisitos de acceso a la prestación, o de trasladar el valor
respectivo en caso de subrogación del riesgo pensiones por parte del seguro
social mediante el llamamiento a afiliación obligatoria. En opinión de la Sala,
el literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 no creó una
novísima obligación de aprovisionamiento de capital, pues únicamente fijó el
instrumento de realización del mencionado traslado financiero con el fin de
materializar la preexistente obligación de aprovisionamiento establecida en
los mencionados artículos de la Ley 90 de 1946 y del CST.
Concreción de la nueva postura de la Sala Novena de Revisión.

48
106. Como se señaló, para esta Sala de Revisión la regla de decisión
vinculante o ratio decidendi del asunto bajo examen en la sentencia C-506 de
2001 está constituida por la ausencia de infracción del principio de igualdad
en relación con la exigencia de vigencia del contrato laboral al momento de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para un grupo de trabajadores, frente a
otros a los que no se les exige dicho requisito (Supra 89 y 90). La Sala de
Revisión acatará esta postura por tratarse de un pronunciamiento de la Sala
Plena, y por ello sostendrá que en casos como los analizados en esta
oportunidad no se vulnera el principio de igualdad constitucional92
.
107. Empero, la Sala encuentra razones importantes que la llevan a modificar
la postura sostenida en la sentencia T-814 de 2011, y a inaplicar el requisito de
vigencia del vínculo laboral con base en la infracción de bienes
constitucionales que no fueron analizados en las sentencias C-506 de 2001 y
C-1024 de 2004.
108. De conformidad con la nueva posición de la Sala Novena de Revisión, se
vulnera la garantía constitucional a los derechos adquiridos (Art. 48. Inc. 7 y
10 y; Art. 58 C.P.), a la efectividad de las cotizaciones y los tiempos
trabajados (Art. 48. Inc. 9 C.P.) y en general a la seguridad social en los
ingresos pensionales (Art. 48 C.P.), cuando un empleador que tenía a su cargo
el reconocimiento y pago de una pensión antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993, se abstiene de trasladar a la administradora de pensiones a la que se
encuentra afiliado el ex trabajador los aportes correspondientes al tiempo
servido, alegando que el vínculo laboral se extinguió con anterioridad a la
vigencia del literal “c” parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
109. En estos eventos el juez de la causa concreta debe aplicar la excepción de
inconstitucionalidad sobre el aparte normativo “siempre y cuando la
vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993” contenida en el literal “c”
parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y en la expresión similar
contenida en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; y ordenar en su lugar el
92
No obstante, la jurisprudencia constitucional desde muy temprano ha planteado la posibilidad de cambiar
los procedentes judiciales, e incluso de corregirlos cuando estos no se ajustan a la realidad social de cada
momento histórico en atención a los cambios y evoluciones vividas en el ordenamiento jurídico y en la
sociedad: “44- El respeto al precedente es entonces esencial en un Estado de derecho; sin embargo, también
es claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto que no sólo puede petrificar el ordenamiento
jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias en la decisión de un caso. Así, las
eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones
en el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una doctrina jurídica o una interpretación de ciertas
normas puede haber sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momento pero
su aplicación puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro
contexto histórico, por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es entonces
necesario aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la
búsqueda de la seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y la realización
de la justicia material del caso concreto -que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las
normas a las situaciones nuevas-.” SU-047/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En un sentido
semejante se puede consultar con mayor amplitud la sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

49
traslado del valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de servicio
prestado por el trabajador.
Los periodos causados para efectos pensionales constituyen un derecho
adquirido. Los afiliados al sistema de pensiones tienen derecho a una
historia laboral completa, actualizada y unificada.
110. Aunque el artículo 58 de la Constitución Política prescribe que se
garantizan “los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”, el A.L. 01
de 2005 incorporó expresamente al artículo 48 superior la protección de los
derechos adquiridos en materia de seguridad social y pensional al disponer
que el Estado “respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley” y que
“En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”.
111. Bajo tal normativa, en criterio de esta Sala de la Corte los periodos
causados para efectos pensionales constituyen derechos adquiridos que gozan
de expresa protección constitucional, pues el artículo 48 superior modificado
por el A.L. 01 de 2005 establece que para adquirir el derecho a una pensión
será necesario cumplir, entre otras condiciones, “el tiempo de servicio” o “las
semanas de cotización”, lo que implica el imperativo de incluir estos periodos
en la historia laboral del asegurado en tanto medios de acceso a las
prestaciones que contemplan los sistemas que desarrollan el derecho
constitucional a la seguridad social en pensiones93
.
112. Diversas disposiciones legislativas recogen el carácter de derecho
adquirido de los periodos causados para efectos pensionales:
113. El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 consagra las características del
sistema general de pensiones, señalando en los literales “f” y “g” la
obligatoriedad de incorporar a la historia laboral del afiliado distintas hipótesis
de periodos causados: “f. Para el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la
suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente
ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del
sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos,
cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. || g.
Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los
dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a
cualesquiera de ellos”.
114. Por su parte, el parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 ordena incorporar a la
historia laboral del afiliado los periodos pensionales causados en múltiples
posibilidades fácticas y configura el mecanismo de acumulación de estos
93
De forma precisa el A.L. 01 de 2005 dispuso que “Para adquirir el derecho a la pensión será necesario
cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las
demás condiciones que señala la ley…” (Énfasis añadido).

50
tiempos. Puntualiza que para el cómputo de las semanas pensionales exigidas
en este régimen de seguridad social se tendrán en cuenta las semanas cotizadas
en cualquier de los dos regímenes del sistema general de pensiones, el tiempo
de servicio como servidores públicos remunerados incluyendo los tiempos
prestados en regímenes exceptuados, el tiempo de servicios como trabajadores
vinculados con aquellos empleados que por omisión no hubieren afiliado al
trabajador, el número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector
privado que antes de la ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento
y pago de la pensión, y el tiempo de servicio como trabajadores vinculados
con empleadores que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 tenían a su
cargo el reconocimiento y pago de la pensión -aunque esta última hipótesis es
la única en la que la legislación supedita el cómputo pensional a la existencia
del contrato de trabajo al momento de entrada en vigor del sistema general de
pensiones-. Entonces, salvo el caso del literal “c)”, la naturaleza de derecho
adquirido de los periodos causados para efectos pensionales es plenamente
desarrollada por la Ley 100 de 1993 en tanto estos periodos necesariamente se
deben tener en cuenta al instante de resolver sobre una petición prestacional o
de actualización de historia laboral.
115. La Ley 100 de 1993 consagra la garantía a la indemnización sustitutiva
de la pensión en sus distintas modalidades (Art. 13, 37, 44 y 45) o la
devolución de los aportes (Art. 13, 66, 72 y 78) según se trate del régimen de
prima media o de ahorro individual, lo que se traduce en el derecho a la
entrega de una fracción mayoritaria de los dineros correspondientes a las
cotizaciones o periodos causados en el sistema pensional, aspecto que
nuevamente denota el carácter de derecho adquirido de estos periodos94
.
116. La inviolabilidad de los periodos causados en materia pensional también
se advierte al revisar los efectos del incumplimiento de la carga de cobro de
las cotizaciones adeudadas que compete a la administradora del régimen de
prima media y a las administradoras de fondos de pensiones del régimen de
ahorro individual. El Tribunal Constitucional interpretando los artículos 22, 23
y 24 de la Ley 100 de 1993 ha señalado que “las administradoras de
pensiones en cualquiera de sus regímenes, no pueden negarse a computar,
para efectos del reconocimiento de una prestación pensional, las cotizaciones
o aportes en mora de una persona que figura como afiliada obligatoria”95
.
117. A su turno, de forma coincidente la Sala de Casación Laboral ha
recalcado que “la afiliación al sistema general de pensiones una vez realizada
94
Incluso, la jurisprudencia constitucional ha ordenado el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de
la pensión frente a trabajadores oficiales que finalizaron el vínculo patronal antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993 y en entidades en las que el requisito de acceso a la pensión únicamente estaba
conformado por la satisfacción de presupuestos de tiempo de servicio y edad. Ver sentencia T-235 de 2010
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre muchas otras.
95
Sentencia T-142 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En la misma decisión el Tribunal señaló que
“los periodos causados en vigencia de una afiliación obligatoria al sistema de seguridad social en pensiones
siempre deben tomarse en consideración al instante de establecer el cumplimiento de los requisitos
necesarios para acceder a una prestación, ya que constituyen derechos adquiridos que no pueden ser
desconocidos por las administradoras de pensiones”.

51
por el empleador, si la ha hecho con el lleno de los requisitos de ley, produce
plenos efectos, sin que se tenga como exigencia adicional para su validez, que
vaya acompañada de cotizaciones. || (…) La consecuencia es que ante una
afiliación válida y aceptada por la administradora, se activan para ella todas
las obligaciones que la ley prevé, entre las cuales está el deber de cobro de
las cotizaciones en mora, estipulado en el artículo 24 de la Ley 100 de
1993”96
. Por ello, continua la Sala de Casación, la administradora de
pensiones debe incorporar los periodos en mora en la historia laboral del
afiliado al resolver sobre una solicitud pensional, incluso si materialmente no
se efectuaron cotizaciones97
.
118. Sin embargo, la naturaleza de derecho adquirido de los periodos causados
con efectos pensionales se comprueba con mayor intensidad al analizar las
consecuencias de la omisión de afiliación obligatoria que recae sobre los
empleadores. Teniendo en cuenta el problema jurídico a resolver en esta
oportunidad, a continuación la Sala se detendrá en lo concerniente a los
periodos causados en virtud de una relación laboral privada antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993:
119. Si la empresa privada había sido llamada a afiliación obligatoria por la
administradora del seguro social, el empleador trasladaba el riesgo pensional
al Estado efectuando para ello los respectivos aportes mensuales (Infra 125).
Bajo tal marco, los empleadores incumplidos en este escenario, deben
consignar las cotizaciones dejadas de efectuar en cualquier tiempo, incluso si
el contrato de trabajo finalizó antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 646 de
2013 (M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve) al fijar el alcance del literal d)
parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que regula y desarrolla esta
hipótesis:
“[L]a consecuencia para el empleador omiso de afiliar a sus trabajadores o, en
caso de una afiliación tardía, a la luz del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 que
modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no es otra que pagar el capital
correspondiente al tiempo dejado de cotizar necesario para financiar la pensión
por vejez, establecido desde la vigencia del precitado artículo 6º del Acuerdo
189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 del mismo año. Entonces, debe
responder con el traslado a la entidad pensional del valor del cálculo actuarial
96
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral sentencia 42787 de 2013 (M.P. José Mauricio Burgos
Ruiz)
97
En efecto, al resolver el caso concreto la Sala de Casación señaló: “2.- Así las cosas, en el sub lite, como no
alegó ni probó el Instituto que conforme al artículo 12 del Decreto 692 de 1994, hubiera formulado reparos a
la afiliación efectuada por la empleadora Lavaséptica Ltda., y que de manera inequívoca estaba reportada en
la Historia Laboral de la causante, ha de entenderse que surtió plenos efectos, desde el día en que se recibió
el correspondiente formulario en los términos del artículo 46 del Decreto 326 de 1996 que era la norma
aplicable para cuando se verificó la afiliación, habiendo quedado el empleador subrogado en el riesgo y
causado la trabajadora las respectivas cotizaciones que deben ser integradas en el haber de aportes válidos,
que en total suman 62,42 semanas y permiten a los beneficiarios acceder al derecho en virtud de lo dispuesto
en el literal a) del numeral 2° del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, que gobierna la controversia.
En consecuencia, concernía a la convocada a proceso ejercer el deber de cobro de las cotizaciones en mora,
obligación legal a la cual faltó, por lo que le incumbe responsabilidad frente a los beneficiarios de la extinta
que se traduce en tener a su cargo el pago de la prestación de sobrevivientes reclamada, como
acertadamente lo dispuso el Tribunal”.

52
liquidado en la forma indicada por el Decreto 1887 de 1994 a satisfacción de la
entidad que recibe, como quedó atrás dicho.||Asimismo, explicó la Corte
Suprema de Justicia que el inciso 6º artículo 17 del Decreto 3798 del 26 de
diciembre 2003 que modificó el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995
(modificado también por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997), hizo, de
forma expresa, la remisión al mencionado Decreto 1887 de 1994 para efectos
de hacer igualmente el cálculo correspondiente de la pensión por el tiempo
laborado al servicio del empleador que omitió la afiliación a la entidad
administradora de pensiones. || También enseñó que al hacer la remisión para
efectos de realizar el cálculo actuarial por el tiempo laborado para un
empleador omiso, el decreto en comento amplió el campo de aplicación
contenido en el artículo 1º del D.1887 en cuestión, y lo hizo de forma pura y
simple, pues no puso como condición que la relación laboral estuviera vigente
al 23 de diciembre de 1993, o que se hubiera iniciado con posterioridad a esta
fecha. El no condicionamiento mencionado se explica en razón a que la
situación a reglamentar contenida en el literal d del artículo 9 de la Ley 797
que modificó el artículo 33 original de la Ley 100 de 1993 tampoco tiene ese
condicionamiento, como si lo trajo, desde un principio, la hipótesis prevista en
el literal c) del Parágrafo 1º del artículo 33 de la citada Ley 100.
En ese horizonte, entendió la Sala que no era necesario la dicha exigencia,
debido a que la Ley 797 de 2003 no estaba creando por primera vez la
obligación del empleador de responder por el tiempo servido por el
trabajador, sin la afiliación debida, puesto que esta obligación, en esencia,
ha existido desde el momento mismo en que surgió, para aquel, la
obligación de afiliar al trabajador al ISS.||Adujo que con la modificación
introducida por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, lo que se busco fue
adecuar al régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993, la forma de
hacer el cómputo de los tiempos laborados por el trabajador para un empleador
que fue omiso en su deber de afiliación al régimen de pensiones, en cualquier
época; y en este sentido se expidió su decreto reglamentario, pues como lo dice
el pre transcrito inciso 6º del artículo 17 del Decreto 3798, el Decreto 1887 de
1994 se aplicará para hacer el cálculo actuarial “En el caso en que, por
omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, o con
anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos
o de cotizar estando obligado a hacerlo””. (Énfasis fuera del original)
120. Igualmente, cabe precisar que dentro de esta categoría de empleadores
omisos se incluyen no solo los que suscribieron contratos formales de trabajo
con sus operarios, sino aquellos que sostuvieron un contrato de trabajo
realidad con los mismos, pues “se presume que toda relación de trabajo
personal está regida por un contrato de trabajo” (Art. 24 CST). Así, en los
vínculos que se reúnan los elementos esenciales del contrato de trabajo, es
decir, actividad personal del trabajador, subordinación o dependencia y un
salario como retribución del servicio, “se entiende que existe contrato de
trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen” (Art. 23 CST). En estos
eventos el empleador que tenía la carga de afiliación obligatoria del trabajador
también debe trasladar los montos monetarios al administrador de pensiones al
que este se encuentre afiliado, correspondientes al tiempo de servicio prestado.

53
121. Ahora bien, la categoría de derecho adquirido de los periodos causados
para efectos pensionales se comprueba nuevamente al encontrar que estos son
de carácter imprescriptible y que su recaudo se puede reclamar en cualquier
tiempo. En esa dirección la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha
señalado que “A pesar de complejo en su formación el derecho de pensión, no
pueden mirarse aisladamente de sus elementos constitutivos, en lo respecta al
tiempo de servicio o semanas de cotización que se requieren como condición
para su exigibilidad, de modo que no puede predicarse, en este caso
específico, que aunque el derecho en sí no prescribe, sí prescriben los
elementos que lo conforman, porque en la práctica sería imposible su
gestación, dado lo prolongado de los términos. Así no cabría entender que un
empleador quedaría liberado de su obligación pensional con respecto a un
trabajador, que no reclamare por el tiempo laborado, dentro de los tres años
siguientes a la terminación de la relación de trabajo, cuando apenas su
derecho a reclamar la pensión se perfeccionó en un tiempo posterior muy
superior”98
.
122. Finalmente, es pertinente reiterar la diferencia que existe entre (i) la
expectativa legítima a pensión en cualquiera de sus modalidades (vejez,
sobreviviente, invalidez, familiar y especiales) por encontrarse la persona
cercana al cumplimiento íntegro de los requisitos de reconocimiento, o el
derecho adquirido a esta por la satisfacción plena de los mismos y; (ii) el
derecho adquirido al cómputo de los periodos causados en materia pensional
(completitud de la historia laboral), con miras a reclamar cualquiera de las
prestaciones que otorga el sistema (pensión, indemnización sustitutiva,
devolución de saldos, etc.). Como se explicó, una persona puede tener al
mismo tiempo una expectativa legítima a pensión y un derecho adquirido al
cómputo de los periodos causados a efecto de alcanzar la completitud de su
historia laboral (Supra 100 y 101).
123. A partir del reciente recuento normativo y jurisprudencial, la Sala
Novena de Revisión concluye que (i) la Constitución reconoce y garantiza los
derechos adquiridos en materia de seguridad social; (ii) los periodos causados
para efectos pensionales (tiempo de servicio y semanas cotizadas) constituyen
derechos adquiridos que gozan de expresa protección constitucional; (iii) al
configurar el derecho a la seguridad social en los ingresos, el legislador debe
salvaguardar los periodos pensionales causados por una persona a lo largo de
su vida laboral y; (iv) la expectativa legítima y el derecho adquirido a pensión
constituyen posiciones jurídicas distintas de la predicada de una persona que
reclama el derecho adquirido al cómputo de los periodos causados para
efectos prestacionales.
124. Precisado lo anterior, y descendiendo a la posición jurídica específica de
las personas que prestaron sus servicios para empleadores que antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 no habían sido llamados por el seguro
98
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sentencia 21378 del 18 de febrero de 2004 (M.P.
Francisco Javier Ricaurte).

54
social a afiliación obligatoria pero que sí tenían la carga de reconocer una
pensión en la hipótesis en que el trabajador cumpliera en su integridad los
requisitos de tiempo de servicio y edad del artículo 260 del CST o similares, la
Sala Novena de Revisión estima que estos cuentan con un derecho adquirido a
los aportes correspondientes al tiempo de servicio prestado o causado durante
la pervivencia de la relación laboral, incluso si esta finalizó antes de la entrada
en vigencia del literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993.
125. Antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones una
persona que laboraba para un empleador particular podía encontrarse ante dos
situaciones jurídicas distintas. Si la empresa había sido llamada a afiliación
obligatoria de sus trabajadores, el empleador trasladaba el riesgo pensiones al
seguro social público consignando los respectivos aportes mensuales, como se
indicó en los fundamentos 119 y 120 de la parte motiva de esta sentencia. Sin
embargo, si la empresa aún no había sido llamada a afiliar a sus trabajadores
al seguro social público, debía pagar una pensión de jubilación en el evento en
que el trabajador cumpliera en su integridad los requisitos de reconocimiento
(Art. 260 CST), lo que a su vez aparejaba la carga de realizar las reservas de
capital necesario para sufragar la eventual prestación o para trasladar los
aportes cuando fuera llamada por el seguro social a afiliar obligatoriamente a
los trabajadores, como la Sala procede a explicar (Art. 72 L.90/46 y 259.2 y
260 CST).
126. Si bien la sentencia T-784 de 2010 no se refirió a la providencia C-506 de
2001 ni al literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
evidenció que antes de la entrada en vigor de dicha disposición jurídica sí
existía la obligación de aprovisionamiento de capital para efectos pensionales,
exigible a los empleadores particulares que eventualmente tendrían la carga de
reconocer y pagar una pensión de jubilación a los trabajadores que cumplieran
los requisitos de edad y tiempo de servicio, o de trasladar ante el seguro social
el aporte correspondiente al tiempo laborado por el trabajador, en el instante
de llamamiento a afiliación obligatoria por parte de la administradora del
régimen de prima media.
127. Esta obligación cuenta con varias fuentes normativas. Primero, el artículo
72 de la Ley 90 de 1946 (i) advierte a los empleadores particulares la
necesidad de aprovisionar un aporte previo con miras a descargar sobre el
sistema de seguro social la obligación de reconocer y pagar una pensión de
jubilación que recaía sobre ellos; (ii) esta disposición, asimismo, es clara en
puntualizar que hasta tanto no se efectúe el traslado de responsabilidad
pensional hacía el seguro social -a través del pago de un aporte previo una vez
se realice el llamamiento-, es deber del empleador asumir y costear las
pensiones de jubilación que causen sus trabajadores (ver también Art. 259.2
CST).

55
128. Segundo, la obligación de reconocer una pensión de jubilación a los
trabajadores particulares que cumplían los requisitos de tiempo de servicio y
edad (Art. 14 L.6/45 y Art. 260 CST), implícitamente aparejaba para los
empleadores la obligación de aprovisionar durante la relación laboral el capital
indispensable para sufragar la eventual prestación vitalicia de jubilación, pues
de otra manera no podrían hacer frente a esta obligación prestacional.
129. Así las cosas, el traslado efectivo de los aportes pensionales causados
(derecho adquirido) se mantuvo en suspenso por los artículos 72 de la Ley 90
de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, hasta tanto el riesgo
correspondiente fuera asumido por el seguro social o se efectuara el
llamamiento a afiliación obligatoria y traslado de los respectivos aportes, de
acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dictara el administrador del
seguro social, lo que ocurrió progresivamente de acuerdo con la extensión de
cobertura del administrador del seguro social, y por vía general a partir de la
entrada en vigor del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, la
cual en su artículo 13 literal “a” dispuso que “La afiliación es obligatoria
para todos los trabajadores dependientes e independientes”.
130. En otras palabras, los artículos 14 de la Ley 6 de 1945, 72 de la Ley 90
de 1946 y 259.2 y 260 del CST establecieron una obligación jurídica de
aprovisionamiento y traslado de aportes que en los casos concretos nació a la
vida jurídica tan pronto los empleadores suscribieron con sus trabajadores el
respectivo contrato laboral, pero que se hizo exigible con el llamamiento a
afiliación obligatoria, lo cual ocurrió progresivamente a través de los acuerdos
que expedía el ISS o por vía general con la promulgación de la Ley 100 de
1993. Así, los periodos prestados por los trabajadores generan el derecho
adquirido a los aportes en pensión causados en vigencia del vínculo laboral
(acreencia o crédito laboral), exigible jurídicamente desde el momento en que
se efectuó el llamamiento a afiliación obligatoria al empleador o ex empleador
o, en otras palabras, cuando se cumple el plazo dispuesto en el artículo 72 de
la Ley 90 de 1946.
131. Esta obligación no implica la imposición de cargas económicas
retroactivas a los empleadores, pues la normatividad prexistente a la Ley 100
de 1993 advirtió a los patronos sobre el futuro llamamiento a afiliación
obligatoria al seguro social del que serían objeto sus trabajadores, con el
consiguiente traslado del aporte previo. Así, si bien la legislación no había
configurado el instrumento de traslado de los aportes pensionales de estos
trabajadores (Art. 33 par. 1 lit. “c” L.100/93), sí había creado la obligación de
aprovisionamiento a cargo del empleador y el correlativo derecho de los
trabajadores a estos aportes.
132. Bajo tal perspectiva, la Sala Novena de Revisión evidencia que el
requisito de pervivencia del vínculo laboral a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 de que trata el literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993 y el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, infringen la protección

56
prodigada por los artículos 48 y 58 de la Constitución a los derechos
adquiridos en materia pensional, pues los mencionados apartes normativos
impiden el traslado de los aportes correspondientes a los tiempos servidos por
trabajadores que prestaron su fuerza laboral en empresas que antes de la Ley
100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión y
cuyos contratos de trabajo finalizaron con anterioridad a la entrada en vigor de
la misma.
133. Por esa razón, es postura actual de la Sala Novena que los indicados
apartes normativos deben inaplicarse en virtud de la excepción de
inconstitucionalidad plasmada en el artículo 4 de la Constitución Política.
La efectividad constitucional de los periodos causados para efectos
pensionales.
134. En los regímenes pensionales contributivos el instrumento principal y
común para el reconocimiento de las prestaciones está dado por la satisfacción
de un mínimo de cotizaciones o aportes99
. Por esa razón, el ordenamiento
jurídico salvaguarda intensamente el esfuerzo económico (o laboral) realizado
por los afiliados, y otorga efectividad a las cotizaciones y tiempos de servicio
prestados en tanto mecanismo de consolidación de la protección pensional
buscada por el derecho a la seguridad social en los ingresos, permitiendo que
los periodos pensionales causado en un régimen sean tenidos en cuenta en el
otro al instante de establecer la satisfacción de los requisitos de acceso a las
prestaciones (T-832A de 2013).
135. La consideración expuesta resulta profundamente relevante en un sistema
pensional como el establecido en la Ley 100 de 1993 en el que el
reconocimiento de las prestaciones depende de la acumulación de una
cantidad elevada de aportes (pensión de vejez en el régimen de ahorro
individual), una carga de solidaridad intergeneracional importante (pensión de
vejez en el régimen de reparto simple), o un mínimo de semanas de cotización
que otorgue un estado de protección frente a la futura e incierta realización de
las contingencias invalidez o muerte (pensiones de invalidez y sobrevivientes
en cualquiera de los dos regímenes) (T-832A de 2013).
136. Debido a que la satisfacción de estos requisitos puede resultar ardua y
verse truncada por la informalidad de las relaciones laborales, los periodos
prolongados de desempleo o la fluctuación de la capacidad contributiva de los
afiliados (entre otros factores), el ordenamiento jurídico salvaguarda
intensamente el esfuerzo económico o laboral realizado por las personas (que
buscan la consolidación de las prestaciones) mediante la consagración de
99
Cabe reiterar que “la ausencia de descuentos económicos al trabajador para efectos pensionales no incide
en la exigibilidad de la obligación de traslado de aportes pensionales, pues en criterio de esta Sala de la
Corte bajo regímenes no contributivos como los establecidos antes de la Ley 100 de 1993, la garantía a una
pensión hacía parte de la retribución por el servicio prestado por el trabajador, aspecto que permite explicar
la falta de descuentos pensionales” (Supra 103).

57
mecanismos de coordinación entre los distintos sistemas pensionales, y de las
diferentes prestaciones entre sí (T-832A de 2013).
137. En efecto, el artículo 2 de la Carta dispone que son fines esenciales del
Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución”; el artículo 13 C.P. protege el esfuerzo de
las personas en tanto criterio de reparto de las oportunidades, beneficios y
cargas públicas100
; el artículo 53 inciso 5 C.P., en armonía con el parágrafo del
artículo 334 C.P. establece la prohibición de menoscabo de los derechos de los
trabajadores; mientras que los incisos 9 y 12 del artículo 48 C.P. otorgan
efectividad y protección a las cotizaciones y tiempos de servicio (periodos
causados para efectos prestacionales) al disponer que estos necesariamente se
tendrán en cuenta para el reconocimiento de las prestaciones pensionales en
los regímenes contributivos101
(T-832A de 2013).
138. La efectividad de las cotizaciones y la defensa del esfuerzo económico de
los afiliados a la seguridad social es amparada por el legislador nacional a
través de (i) dispositivos de totalización de períodos cotizados en el sector
público y privado102
; (ii) la regla de efectividad de los periodos trabajados o
cotizados en regímenes derogados103
; (iii) el otorgamiento de eficacia a las
aportaciones efectuadas en cualquiera de los regímenes del sistema general de
pensiones104
y; (iv) el criterio de utilidad del cumplimiento parcial de los
requisitos de una prestación más exigente de la que se reclama105
.
100
En relación con este aspecto puede consultarse el Auto 110 de 2013, f.j. 25 a 27.
101
Ver también Supra 111.
102
Por ejemplo, la Ley 71 de 1988 estableció la pensión por aportes que permite la totalización o acumulación
de periodos cotizados en el sector privado, con tiempos aportados en el sector oficial. El artículo 7 de la ley en
comento dispone: “Artículo 7.- A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una
o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental,
municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una
pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco
(55) años o más si es mujer. || El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas”. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 consagra los requisitos de acceso a la pensión de vejez.
En su parágrafo 1 señala los periodos que podrán acumularse para el efecto. En relación con la totalización de
tiempos y cotizaciones causadas frente a empleadores particulares, la norma señala: “Para efectos del
cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: (….) c) El tiempo de
servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se
encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.||d) El tiempo de
servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al
trabajador.||e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley
100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. (…)”.
103
El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su literal f señala: “Para el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o
entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el
número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.”.
104
El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su literal g indica: “Para el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a
cualesquiera de ellos.”.
105
El parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 precisa que el beneficiario de un afiliado que fallece
habiendo cotizado el mínimo de semanas necesarias para el reconocimiento de una pensión de vejez, tiene
derecho a una pensión de sobrevivientes: “Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido

58
139. En ese orden de ideas, en criterio de la Sala Novena de Revisión el
requisito de pervivencia del vínculo laboral a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 de que trata el literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993 y el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, infringen los postulados
constitucionales que otorgan efectividad a las cotizaciones y a los tiempos
servidos con efectos pensionales, así como al esfuerzo laboral y económico de
los titulares del derecho a la seguridad social, de acuerdo con la interpretación
trazada por esta Corte con base en los artículos 2, 13, 53. Inc. 5 y 48. Inc. 9 y
12 de la Constitución Política, ya que los mencionados apartes legislativos
contradicen el contenido de las disposiciones superiores y vacían de toda
efectividad los tiempos servidos por trabajadores que prestaron su fuerza
laboral en empresas que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de una pensión y cuyos contratos de trabajo finalizaron
con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
140. Por esa razón, es postura actual de la Sala Novena de Revisión que los
indicados apartes normativos deben inaplicarse en virtud de la excepción de
inconstitucionalidad plasmada en el artículo 4 de la Constitución Política.
El requisito de vigencia del vínculo laboral del literal “c” del
parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 lesiona el principio
constitucional de eficiencia de la seguridad social.
141. La Constitución le asigna al Estado la responsabilidad de efectivizar la
seguridad social en tanto derecho fundamental y servicio público de carácter
obligatorio cuya prestación se desarrolla bajo la dirección, coordinación y
control del Estado (Art. 48 C.P.). Esta disposición también consagra el
principio de eficiencia en la prestación del servicio-derecho de seguridad
social “cuyo propósito consiste en lograr el mejor uso económico y financiero
de los recursos disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma
adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la
seguridad social”106
. Adicionalmente, mediante este principio se pretende
hacer efectivo el mandato constitucional de “garantizar el pago oportuno y
[el] reajuste periódico de las pensiones legales”, establecido en el artículo 53
del texto superior.
142. Bajo tal perspectiva, la Sala encuentra que el requisito vigencia del
vínculo laboral a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 de que trata el
literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 9
una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de
esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes, en los términos de esta ley. || El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir
de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto
que le hubiera correspondido en una pensión de vejez”. Igualmente, el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley
860 de 2003 al regular los requisitos de acceso a la pensión de invalidez consagra que “Cuando el afiliado
haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez,
solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”.
106
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-623 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-760 de 2004 (M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes).

59
de la Ley 797 de 2003 contradice el principio de eficiencia de la seguridad
social, así como la faceta de seguridad en los ingresos pensionales contenido
en el derecho fundamental a la seguridad social (Art. 48 C.P.).
143. En particular, este requisito impide el adecuado aprovechamiento de los
recursos disponibles para la garantía de la seguridad social en materia de
pensiones, pues condona las acreencias de los empleadores que antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento
y pago de una pensión frente a sus trabajadores (Supra 124 a 133), pues
somete el traslado de los aportes correspondientes a la vigencia del vínculo
laboral al momento de entrada en vigor del sistema general de pensiones.
144. Como se concluyó recientemente, antes de la creación del sistema
general de pensiones existía la obligación de aprovisionamiento de capital
para efectos pensionales (acreencia), exigible a los empleadores particulares
que eventualmente tendrían la carga de reconocer y pagar una pensión de
jubilación a los trabajadores que cumplieran los requisitos de edad y tiempo de
servicio en la misma empresa, o de trasladar ante el seguro social el aporte
correspondiente al tiempo laborado por el trabajador en el instante de
llamamiento a afiliación obligatoria por parte de la administradora del régimen
de prima media (Supra 124 a 133). “Esta obligación no implica la imposición
de cargas económicas retroactivas a los empleadores, pues la normatividad
preexistente a la Ley 100 de 1993 advirtió a los patronos sobre el futuro
llamamiento a afiliación obligatoria del que serían objeto sus trabajadores,
con el consiguiente traslado del aporte previo”107
.
145. En ese sentido, es necesario puntualizar que al tratarse los periodos
causados de un derecho adquirido, la vigencia del vínculo laboral a la entrada
en vigor del sistema general de pensiones en nada incide en su conformación,
más sí en su exigibilidad en tanto con el llamamiento a afiliación obligatoria
de la Ley 100 de 1993 se cumplió el plazo previsto en los artículos 72 de la
Ley 90 de 1946 y 259.2 del CST, por lo que los empleadores particulares que
tenían a su cargo el reconocimiento de una pensión no solo debieron afiliar
obligatoriamente al sistema de pensiones a los trabajadores que se encontraban
prestando sus servicios, sino además trasladar los aportes de aquellos que ya
habían finalizado la relación laboral.
146. Adicionalmente, en criterio de esta Sala de la Corte el requisito de
pervivencia del vínculo laboral excluye de la historia laboral del afiliado los
mencionados tiempos de servicio, obstaculizando desproporcionadamente el
acceso a una pensión en el régimen contributivo, e incluso impidiendo
definitivamente el reconocimiento de la misma ante las evidentes carencias del
sistema pensional colombiano, como por ejemplo la informalidad de las
relaciones laborales, los periodos discontinuos de aportación o los
históricamente elevados índices de desempleo formal.
107
Supra 131.

60
147. Por esas razones, es postura actual de la Sala Novena de Revisión que los
indicados apartes normativos del literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 y del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 (Supra 142) deben
inaplicarse en virtud de la excepción de inconstitucionalidad plasmada en el
artículo 4 de la Constitución Política y la vulneración del principio de
eficiencia de la seguridad social contenido en el artículo 48 de la Constitución.
Conclusión.
148. Aunque antes de la entrada en vigor del parágrafo 1 literal “c” del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 no existía el instrumento de acumulación de
tiempos de servicio frente a empleadores particulares que tuvieran a su cargo
el reconocimiento de una pensión, la legislación sí consagraba la obligación
de aprovisionamiento financiero a cargo de estos empleadores para efecto de
trasladar al seguro social en el momento de llamamiento a afiliación
obligatoria los aportes correspondientes al tiempo servido por el trabajador.
149. Por ende, existía el correlativo derecho del trabajador al reconocimiento
de los periodos causados con efectos pensionales. Asimismo, como la
legislación había indicado a los empleadores la necesidad de trasladar un
aporte previo al seguro social, correspondiente al tiempo de servicio del
trabajador, se desvirtúa la supuesta imposición de obligaciones sorpresivas y
retroactivas al empleador.
150. En esa línea, es menester recordar que la jurisprudencia constitucional ha
resaltado la importancia de distinguir entre los requisitos de acceso a una
pensión y los mecanismos de financiamiento de esta, pues el dispositivo de
acumulación pensional (Art. 33 Par. 1 Lit. “c”) “tan solo representa un
elemento instrumental de la pensión de vejez encaminado a la financiación de
la prestación mediante el reparto de la responsabilidad de aportación que le
corresponde a cada uno de los empleadores, cajas de previsión social o
administradoras de pensiones, a través del pago del bono pensional
respectivo”108
, por manera que este no es un fin en sí mismo, y por ende, no
puede suponer un obstáculo al acceso del derecho constitucional a la
seguridad social en su faceta pensional, sino un medio para su realización.
151. Si bien esta categoría de empleadores no incurrieron en omisión de
afiliación obligatoria de sus trabajadores en tanto no fueron llamados en su
debido momento por el seguro social para el efecto, sí tienen la carga de
trasladar el aporte previo respectivo ante el llamamiento general de afiliación
obligatoria efectuado a través de la Ley 100 de 1993, incluso si las relaciones
laborales ya habían finalizado a la entrada en vigor del sistema general de
pensiones, pues los artículos 72 de la Ley 90 de 1946 y 259.2 del CST habían
advertido al empleador que cumplido el llamamiento con arreglo a la ley en un
plazo indeterminado, tendrían que trasladar los mencionados recursos al
sistema de pensiones.
108
Sentencia T-832A de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

61
152. De acuerdo con el nuevo criterio de esta Sala de Revisión, el
condicionamiento fijado en el literal “c” parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley
100 de 1993 y el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 relativo a la vigencia del
contrato de trabajo al momento de entrada en vigor del sistema general de
pensiones para efecto de ordenar el traslado de los aportes correspondientes al
tiempo de servicio prestado por el trabajador, vulnera (i) el derecho adquirido
de los trabajadores al cómputo de los periodos causados para efectos
pensionales, en atención a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 6 de 1945,
72 de la Ley 90 de 1946, 259.2 y 260 del CST y 13 Lit. 2 de la Ley 100 de
1993. Este derecho goza de expresa protección superior a la luz de los
artículos 48 y 58 constitucionales que amparan los derechos adquiridos con
arreglo a la ley; (ii) el principio constitucional de efectividad de las
cotizaciones y los tiempos servidos para efectos pensionales y; (iii) el
principio constitucional de eficiencia de la seguridad social. Por esa razón, (iv)
en los casos concretos es necesario aplicar la excepción de
inconstitucionalidad frente al mencionado requisito de vigencia del vínculo
laboral, y ordenar al empleador el traslado al régimen de pensiones del
trabajador, del valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de
servicio prestado por este.
153. Finalmente, la Sala acata la ratio decidendi de las sentencias C-506 de
2001 y C-1024 de 2004 en relación con la ausencia de infracción del principio
de igualdad entre los trabajadores que tenían contratos de trabajo en curso al
momento de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y los que habían
finalizado el vínculo contractual, pero difiere de dicha posición en tanto para
esta Sala de la Corte la posición jurídica de unos y otros es idéntica en tanto el
derecho a los periodos causados surge para las dos categorías de trabajadores
con el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 y los artículos 259.2 y 260 del CST.
La única diferencia que recae sobre ellos es accidental o instrumental, y está
dada por el momento de exigibilidad del derecho, el cual se fija a partir del
instante de llamamiento a afiliación obligatoria realizada sobre sus
empleadores, lo cual ocurrió gradualmente mediante los acuerdos del Instituto
de Seguros Sociales y por vía general con la promulgación de la Ley 100 de
1993 (Art. 13 lit. “a”).
c. Del caso concreto.
Del cumplimiento de los presupuestos procesales de la acción de tutela
(procedibilidad formal) formulada contra la providencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá acusada en el presente trámite.
154. La consagración de los requisitos formales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales parte de la premisa según la cual los
medios ordinarios de defensa judicial previstos por el legislador son idóneos y
eficaces, en términos generales, para la protección de todos los derechos,
incluidos los de rango constitucional; asume el respeto de esos medios como
una exigencia del principio democrático, en la medida que la Constitución

62
concede al Congreso de la República la facultad más amplia de configuración
del derecho procedimental; adopta un compromiso con el debido proceso en la
faceta de juez natural y el principio de especialidad de jurisdicción, en cuanto
en los trámites ordinarios se efectúa el más extenso debate probatorio y se
concreta el contenido normativo de las disposiciones infraconstitucionales
mediante el ejercicio interpretativo realizado por el respectivo órgano de cierre
de cada jurisdicción y; establece un equilibrio entre los principios de cosa
juzgada, autonomía e independencia judicial, y la protección privilegiada de
los derechos fundamentales.
155. Por ese conjunto de consideraciones, cuando la acción de tutela se dirige
contra providencias judiciales su estudio debe realizarse con especial rigor.
156. Empero, la Corte Constitucional también ha señalado que el análisis
formal de procedibilidad, independientemente del escenario en que se ejercite
la acción de tutela, debe efectuarse en arreglo a las particularidades fácticas y
normativas que rodean el asunto iusfundamental concreto. En ese sentido, la
Sala estima imprescindible tomar en cuenta que el artículo 1 de la
Constitución Política identifica al Estado colombiano como Social de
Derecho. Este principio se proyecta de forma inmediata en los incisos 2 y 3
del artículo 13 superior, los que ordenan la superación de las desigualdades
materiales existentes, la promoción de las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva, la adopción de medidas positivas en favor de grupos
discriminados o marginados, y la salvaguarda reforzada de aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta. Adicionalmente, es pertinente indicar
que el artículo 229 superior garantiza el derecho de toda persona a acceder en
igualdad de condiciones a la administración de justicia.
157. Debido a lo anotado en precedencia, cuando la acción de tutela es
presentada por personas de especial protección constitucional, el juez debe (i)
efectuar el análisis de procedibilidad formal bajo criterios amplios o flexibles
dada la tutela reforzada que la Carta concede en favor de estos colectivos y,
(ii) tomar en cuenta que aún dentro de la categoría de personas de especial
protección constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen
su horizontalidad y los sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que
merecen distintos grados de protección.
158. Bajo tal perspectiva, es necesario tener en cuenta que aunque el amparo
constitucional se dirige en el presente caso contra una providencia judicial, el
trasfondo del asunto implica la discusión sobre el cómputo de los periodos
causados por el actor para efectos pensionales con miras a reunir las semanas
suficientes para acceder a una pensión de vejez. Esta consideración resulta de
la mayor relevancia ya que los beneficiarios de esta prestación son por regla
general personas con importantes grados de vulnerabilidad en razón de su
pérdida de capacidad laboral y el deterioro de sus condiciones de salud
producto de los quebrantos propios de la tercera edad, lo que les impide

63
realizar actividades económicas productivas que reviertan en la posibilidad de
asegurar el mínimo vital en una de las etapas de la vida en las que se requiere
mayor apoyo y protección social.
159. Exigir en este contexto idénticas cargas procesales a personas que a causa
de su avanzada edad soportan diferencias materiales relevantes frente a
quienes no se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar
discriminatorio y comportar una infracción constitucional al derecho al acceso
a la administración de justicia en igualdad de condiciones. Atendiendo a dicha
realidad y a la obligación de analizar la procedibilidad de la acción de tutela
en arreglo a las condiciones fácticas y normativas del caso concreto, la Corte
Constitucional ha adoptado posiciones jurisprudenciales diferenciales en
relación con las reglas formales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que buscan en última instancia el amparo de derechos
de naturaleza pensional.
160. De este modo, en múltiples casos la Corte ha flexibilizado
ostensiblemente el análisis de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.
Lo anterior por cuanto, como se ha dicho, este colectivo ha tenido que asumir
cargas que se advierten profundamente desproporcionadas para quienes,
paradójicamente, la Constitución ordena una especial protección.
161. Realizadas las anteriores precisiones, pasa la Sala Novena de Revisión a
efectuar el estudio formal de procedibilidad.
Relevancia Constitucional
162. El asunto planteado a esta Sala de Revisión posee relevancia
constitucional en tanto hace referencia a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del
solicitante.
El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
163. El apoderado judicial del demandante sostuvo que el peticionario se
abstuvo de acudir al trámite de casación porque (i) las dificultades en la
sustentación, o la eventual denegación de este, aparejan sanciones importantes
que desestimularon su empleo; (ii) luego de efectuar el análisis de
procedibilidad el demandante concluyó que no se cumplía la cuantía necesaria
para recurrir y; (iii) tomando en consideración que el Tribunal Superior de
Bogotá apoyó su decisión en un precedente de la Corte Suprema de Justicia,
se advertía la posibilidad de que el recurso no prosperara, y por tanto de que
se aplicaran las consecuencias onerosas dispuestas en la ley procesal laboral.
164. La Sala encuentra razonables los argumentos expuestos por el apoderado
del actor para no recurrir en casación, y por ende entiende cumplido el
requisito de subsidiaridad.

64
El principio de inmediatez
165. Se satisface el requisito de inmediatez ya que el actor formuló la acción
de tutela transcurridos menos de dos meses de proferida la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá atacada en el presente trámite.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
166. Este requisito no es aplicable al caso concreto pues la irregularidad que
se alega es de carácter sustancial.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible.
167. Como se expuso en los antecedentes de esta sentencia y en el
planteamiento del problema jurídico, el accionante logró estructura dos cargos
constitucionales contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que
revocó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda. De este modo se encuentra satisfecho el requisito.
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela.
168. Al respecto, basta señalar que la sentencia judicial que se considera
vulneratoria de los derechos fundamentales se produjo en el escenario del
proceso ordinario laboral.
Del estudio de fondo de la acción de tutela contra la sentencia acusada en
el proceso de la referencia.
169. La Sala encuentra que los argumentos que debe emplear para solucionar
los problemas jurídicos formulados en esta oportunidad contienen elementos
que permiten su empleo concurrente. Por esa razón analizará de forma
conjunta los reproches por desconocimiento del precedente constitucional y
falta de motivación de la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso ordinario laboral de
Raúl Alberto Tovar Pulido contra la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia.
170. Vistos los problemas jurídicos planteados y las pruebas aportadas al
proceso de tutela la Sala encuentra que los cargos formulados están llamados a
prosperar parcialmente, por las siguientes razones:
171. No obstante que el precedente constitucional sobre acumulación de
tiempos laborados ante empleadores particulares que antes de la ley 100 de
1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación

65
no se encuentra consolidado en virtud de las posiciones enfrentadas que han
sostenido las Salas de la Corte Constitucional cuando el vínculo laboral se
extinguió con anterioridad a la entrada en vigor del sistema general de
pensiones, es criterio de esta Sala de Revisión que el Tribunal Superior de
Bogotá incurrió en los defectos endilgados pues era su obligación identificar
las posiciones constitucionales existentes frente a la materia y exponer las
razones por las que acogía o se apartaba de ellas.
172. En esa dirección en los fundamentos normativos de esta providencia la
Corte hizo énfasis en que “respetar el precedente constitucional para quienes
administran justicia no es una opción más dentro de nuestro complejo sistema
jurídico, sino un deber, especialmente porque es a través del ejercicio de esta
actividad que se asegura de manera definitiva la eficacia de los derechos
constitucionales. Los precedentes constitucionales deben tener un lugar
privilegiado en el análisis de casos por parte de los operadores jurídicos, so
pena de quebrantar principios constitucionales como la igualdad y la
supremacía de la Constitución. En consecuencia, los jueces están obligados a
acoger los precedentes constitucionales en la medida en que deben interpretar
el derecho en compatibilidad con la Carta. Este deber de interpretar en forma
tal que se garantice la efectividad de los principios y derechos que ella
contiene, es entonces un límite, si no el más relevante, a la autonomía
judicial” (Supra 25).
173. Adicionalmente la Sala señaló que “puede suceder que sobre un mismo
problema jurídico pesen posturas constitucionales contradictorias por parte
del Tribunal Constitucional, esto es, que el operador jurídico no se encuentre
frente a un precedente constitucional consolidado. Esta hipótesis no habilita a
la autoridad judicial a ignorar dichos pronunciamientos, pues la carga de
argumentación transparente de sus decisiones lo obliga a (i) identificar las
sentencias contradictorias y; (ii) exponer las razones que lo llevan a escoger
una de las posturas existentes, o a optar por una solución distinta” (Supra
31).
174. Bajo tal marco la Corte evidencia que la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá en su sentencia mayoritaria no hizo referencia al
contenido de la ratio decidendi de la providencia T-784 de 2010 de la Corte
Constitucional, pese a que esta había sido el sustento principal de la decisión
del a quo que ordenó el traslado de los aportes pensionales correspondientes al
tiempo que el trabajador laboró en la Federación Nacional de Cafeteros con
anterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones.
175. En ese sentido, si bien el Tribunal de segundo grado podía decidir en
sentido adverso a la ratio decidendi consagrada en la sentencia T-784 de 2010
en atención a la carencia de precedente constitucional consolidado sobre el
asunto, tenía la carga de identificar las providencias enfrentadas y exponer las
razones por las que acogía una u otra tesis en armonía con las obligaciones de

66
respeto a la interpretación constitucional y de motivación suficiente de las
decisiones judiciales.
176. Con esta conducta la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
de desconocimiento del precedente constitucional y ausencia de motivación,
por lo que la Sala Novena de Revisión tutelará los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social del señor Raúl Alberto Tovar Pulido.
177. En consecuencia dejará sin valor y efecto la sentencia de segunda
instancia proferida el 28 de septiembre de 2011 por el Tribunal Superior de
Bogotá en el proceso ordinario laboral seguido por el actor contra la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y le ordenará a la accionada
que dentro del mes siguiente a la comunicación de esta decisión dicte una
nueva sentencia en la que tome en consideración los precedentes
constitucionales sobre acumulación de tiempos servidos ante empleadores
particulares referidos en esta providencia (Supra 38 a 153), señalando las
razones por las que los acoge o se aparta de ellos (Supra 14 a 37).
178. Finalmente, las razones anotadas son suficientes para que esta Sala de
Revisión se aparte de lo dispuesto por la Sala Primera de Revisión en la
sentencia T-240 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) en la que en un
caso semejante se negó la prosperidad del cargo formulado por el presunto
desconocimiento del precedente constitucional contenido en la providencia T-
784 de 2010, al estimar que la ausencia de posición unificada sobre la materia
impedía la configuración de este defecto constitucional. En opinión de la Sala
Novena de Revisión, este defecto no se origina por la falta de obedecimiento
mecánico al criterio pacífico asumido por la Corte Constitucional sobre un
determinado punto de derecho, sino por la inobservancia de las reglas de
seguimiento y apartamiento del precedente superior, en tanto el juez de la
causa concreta cuenta con ambas posibilidades de actuación (Supra 14 a 33).
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución
RESUELVE:
Primero.- Levantar la suspensión de términos ordenada en el proceso de la
referencia.
Segundo.- Revocar las sentencias denegatorias de tutela proferidas en el
asunto de la referencia en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, el 24 de enero de 2012, y por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de octubre de 2011 en

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primera instancia, y en su lugar, conceder la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de Raúl Alberto Tovar
Pulido.
Tercero.- Dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá el 28 de septiembre de 2011, dentro del proceso
ordinario laboral promovido por Raúl Alberto Tovar Pulido contra la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, radicado bajo el número 24
2011 00360 01 de ese Tribunal.
Cuarto.- Ordenar a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que
dentro del mes siguiente a la comunicación de esta providencia, profiera una
nueva sentencia, dentro del proceso ordinario laboral identificado en el
numeral tercero de la parte resolutiva de esta sentencia, en la que tome en
cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia.
En ese sentido, al proferir su decisión el Tribunal deberá referirse a los
precedentes constitucionales sobre acumulación de tiempos servidos ante
empleadores particulares que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
tenían a su cargo el reconocimiento de una pensión referidos en los
fundamentos 38 a 153 de la parte motiva de esta providencia, señalando las
razones por las que los acoge o se aparta de ellos.
Quinto.- Ordenar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional
y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente

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MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

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