Tolerarintolerable
- 1. DE TOLERAR LO INTOLERABLE EN EDUCACIÓN La exigencia de tolerancia aparece en relación a las antiguas guerras de religión, momento en que estaba amenazada la libertad de creencias y modos de vida; la sociedad despreciaba esas diferencias, las perseguía y condenaba por peligrosas. Hoy en nuestras sociedades asistimos a una intolerancia de cuño diferente, a in- justicias de tipo social y económico que ponen en cuestión nuestras democracias. Lo que hoy merece atención y ante lo que debemos estar prevenidos es del abuso de la tolerancia, de aquella que es capaz de tolerar lo intolerable, degenerando en vicio ampliamente extendido. Esa tolerancia degradada confunde los valores con las creencias de índole reli- giosa, como si los valores mismos fueran patrimonio de las confesiones y órdenes religiosas; con ello dispone a la ciudadanía en la distancia y la confrontación, nos instala más en la co-existencia que en la con-vivencia. En el caso de la educación, la libertad de elección de centro, para que cada familia escoja la educación mo- ral-religiosa-católica que quiere para sus hijos, se predica como firme y único va- lor supremo, al que quedan supeditados todos los demás, incluido el de la justicia, único valor capaz de impedir que la exclusión, la discriminación y la desigualdad se instalen en el sistema educativo y en el seno mismo de la sociedad. Las concesiones de los dirigentes políticos, también de los denominados “progre- sistas”, mediante los conciertos educativos con entidades religiosas han consen- tido el privilegio tradicional de la Iglesia en la esfera educativa y han contribuido a acrecentar esta injusticia intolerable. Dichas concesiones van dando sus frutos reaccionarios: devolver la educación a las manos del clero, como si nunca hubie- ran debido salir de ellas. •1•
- 2. Debemos retomar hoy el esfuerzo histórico por sustraer la educación pública, y toda financiación pública, a las órdenes religiosas y mantener así la independencia respecto a las confesiones. Es pre- ciso eliminar del currículo la materia de religión, por estar orientada al interés de una determinada confesión religiosa, en este caso la católica; ello supone un agravio comparativo a la igualdad legal y jurídica de la que gozan el resto de confesiones en nuestra sociedad, aunque sean minoritarias. Los derechos de las minorías son derechos, y ninguna mayoría tiene legitimidad moral para violar- los. En este sentido defendemos que la escuela no debe responder a intereses confesionales, sean de la confesión que sean, sino a intereses culturales, científicos, artísticos y humanísticos. Esta supresión de la religión dentro de los contenidos educativos tampoco desemboca en la defensa del ateísmo como doctrina educativa dominante, pues se trataría de una opción ideológica más entre las convicciones y creencias de nuestra sociedad. La religión en educación, en tanto aspecto histó- rico, cultural, sociológico o espiritual humano, puede abordarse dentro de los contenidos de otras materias ya existentes, como Historia o Filosofía, entre otras. Nuestra denuncia sobrepasa el ámbito gremial que reclama la legítima igual- dad de condiciones entre docentes de la educación pública, dado el agravio comparativo que supone impartir una asignatura como religión sin haber te- nido que pasar un proceso selectivo de oposición como el resto de compañeros y compañeras de profesión. Más bien nuestra queja se orienta a la posibilidad misma de una educación confesional y exige la supresión del adoctrinamien- to religioso en las escuelas públicas, y su financiación pública, así como una clara apuesta por una institución educativa laica. Respetamos el derecho que asiste a toda persona a mantener sus creencias religiosas pero rechazamos con rotundidad una educación confesional, o que los fondos públicos puedan destinarse a financiar proyectos educativos confesionales, precisamente por el respeto a la diversidad de creencias y convicciones presentes en nuestra sociedad. Una educación laica es la úni- ca que puede garantizar la libertad de conciencia y la única que permite la convivencia en la diversidad, al no imponer al alumnado normas o prácticas particulares de ninguna religión. •2•
- 3. El laicismo en las escuelas no daña las creencias, ni la católica ni cualesquiera otras; a lo que se opone es a la presencia privi- legiada, excluyente, dogmática y omnipresente de la Iglesia en la educación. Urge de nuevo limitar la religión al ámbito priva- do, si es que aspiramos a una sociedad de la convivencia en la diversidad (más allá de los eslóganes publicitarios que adornen discursos y murales de nuestra ciudad). Una sociedad democrá- tica sólo puede basarse en una educación laica, auténticamente tolerante y abierta. Hay una especie de acuerdo perverso no explícito en aquellos que nos han gobernado declarán- dose demócratas, e incluso de izquierdas, pues han consentido y favorecido que la educación religiosa se imponga con fuerza en nuestros días. Han dejado que se vulneren principios cons- titucionales bajo una especie de arreglo consistente en la no provocación, en la búsqueda del agrado y la complacencia más generalizada con los poderes eclesiásticos; nuestros políticos de izquierdas han intentado demostrar lo “buenos” que son al no meterse con nadie. Y han dado vía libre y favorecido estas actuaciones educacionales de cuño religioso, por inconstitucionales y arcaicas que resulten. Como si hablar de lo intolerable de la educación confesional estuviera vetado. Lo que se discute aquí no es el derecho a la libertad religiosa sino su legitimidad en el ámbito educativo público y su financiación con el dinero de todos y todas. Este asunto merece un debate racional y una rectificación en los hechos, y no un mero relegar el asunto al terreno de las adhesiones familiares inquebrantables, bajo la consigna de respeto a los sentimientos religiosos. •3•
- 4. Nuestro respeto se dirige precisamente a la pluralidad de creencias y convicciones. Basándonos en ese derecho a la libertad de conciencia de las personas debemos organizar con justicia la tarea educativa. Que tradicional y legalmente se pretenda dejar este asunto fuera de discusión y sospecha, que sea posible la educación religiosa católica en los centros públicos, o se financien mediante conciertos entidades educativas confesionales, no es sinónimo de que ello sea moralmente justo; pues no todo lo que de facto es legal resulta legítimo en educa- ción, según nuestra propia constitución y los derechos fundamentales que ella ha de promover. Tal justificación moral y democrática es la que venimos poniendo de manifiesto. Defendemos la libertad de creencias y su legítima igualdad, por ello no podemos transigir con los dogmas y ritos en la escuela, sean los que sean. Esto no conlleva educar en el relativismo, sino conquistar la plena autonomía e independencia de la educación pública respecto a las instituciones religiosas, como conquista ilustrada que vino a sacarnos de la servidumbre, la autoridad de la mera tradición, el prejuicio y la superstición. Tampoco cedemos ante el desvío de fondos públicos a centros educativos religiosos; rechazamos esta toleran- cia adulterada y perniciosa que atenta contra la igualdad de derechos fundamentales, pues sitúa a la religión católica en una posición privilegiada respecto a otras, al tiempo que obliga a la ciudadanía en general a financiar y promover desde la escuela esta determinada confesión, obviando la existencia de familias y alumnado que profesa otras creencias religiosas igualmente respetables, o que mantie- ne convicciones dignas también de consideración como aquellas de agnósticos y ateos, o de quienes simplemente consideran que el espacio para la educación ideológica no es la escuela sino los diversos templos o asociaciones y el ámbito familiar. •4•
- 5. Se quiere justificar esta injerencia dominadora de la religión católica en el sistema educativo público, y la transferencia de dinero público a la educación confesional concertada, aludiendo a que “mayoritariamente” es demandada por la población. Así, lo intolerable se hace norma, opinión pública, y se exhibe como el más alto grado de excelencia, degradando y menospre- ciando todo esfuerzo educativo no ligado a dogma y confesión, a pesar de la profesionalidad demostrada de los docentes en la escuela pública. Normalizar esta intolerable situación de la educación contribuye a favorecer un determinado gregarismo a la búsqueda del éxito y una lu- cha por el reconocimiento social, que sólo a los elegidos se otorga, y a la que se acaba cediendo masivamente por miedo a que nuestros hijos e hijas pierdan oportunidades en dicha contienda o queden excluidos de ella -y de esa promesa de promoción a escala “terrenal” como recompensa-. Que en España haya un buen número de católicos (muchos de ellos ni siquiera practicantes) no quiere decir que la escuela tenga que ser católica, basta que sea una buena escuela: una escuela del conocimiento y la creatividad, de la propia superación y el desarrollo personal, del respeto, la convivencia y la solidaridad. En ello ponemos a diario los profesionales de la educación públi- ca todo nuestro empeño y esfuerzos; a pesar de ello se sustrae dinero de las arcas públicas, que bien podría destinarse a evitar los recortes y la reducción de las plantillas que padecemos en los centros, en lugar de a satisfacer las expectativas del clero. Nuestro tiempo está despertando para sanar su dolencia, que es precisamente la indiferencia ante el saqueo de los servicios pú- blicos que sucede a nuestro alrededor, la flaqueza en el compro- miso con la defensa de un modelo de sociedad que garantice los derechos fundamentales de todos y para todas. En muchos rin- cones estamos enfrentándonos a esta transigencia generalizada con lo intolerable que parece dejadez, comodidad o cobardía. Las cosas así sólo han ido y van a peor. Pero estamos empezando a cuestionar lo intolerable. Y todo es posible cuando defende- mos lo que es justo. •5•