Tragaderas
- 1. DE LAS AMPLIAS TRAGADERAS A LA INDIGNACIÓN Estamos tolerando y financiando con fondos públicos prácticas educativas ex- cluyentes como la de aquellos centros educativos religiosos que seleccionan a su alumnado por sus creencias o convicciones, y que no pueden admitir al diferente excepto si no las practica o está dispuesto a renunciar a ellas. Promover este tipo de educación confesional ahonda de nuevo en el privilegio de la iglesia católica y en la desigualdad respecto de otras creencias y convicciones en nuestra sociedad, pues se favorece económicamente a una determinada confesión, algo incompa- tible con la neutralidad de un Estado que proclama constitucionalmente que nin- guna confesión tendrá carácter estatal. Apoyados en valores universales, racio- nalmente transmisibles, como la libertad, la igualdad y la justicia, aceptamos mal esta tradición escolar que ofende dichos valores tratando de segregar a los individuos por sus diferencias ideológi- cas, asfixiando la libertad de conciencia en la escuela y sesgando el proceso educativo conforme a dogmas de fe establecidos e in- cuestionables. Este tipo de educación discriminatoria genera un enorme daño en la formación de los propios niños y jóvenes, pues socializa en un proyecto contrario a la integración ciudadana por encima de las creencias perso- nales. No se atiende aquí al “interés superior de menor”, sino a intereses ideoló- gicos particulares. No podemos consentir financiar con dinero público escuelas de idearios particulares y segregadoras. Se admite sin cuestión, con amplias tragaderas, esta profunda injusticia que vulnera derechos humanos fundamentales incluso en el interior de la escuela pública, pues dentro de ese espacio y del horario lectivo se separa al alumnado en función de sus creencias o de las que profesan - o dicen profesar - sus pa- dres. Un estado democrático debería garantizar que a nuestros hijos no se les imponga ningún tipo de adoctrinamiento en la escuela. El ámbito de la Escuela pública es el de la igualdad de trato y la integración social, no el de la separa- ción o discriminación por ideas o creencias. •1•
- 2. Podemos hablar de presencia privilegiada de la iglesia católica en la enseñanza española, tanto por los benefi- cios económicos de los que goza mediante conciertos educativos, como por la existencia de la materia de reli- gión católica en los centros públicos de enseñanza y la enorme presencia simbólica en conmemoraciones vincu- ladas a la liturgia católica. Pero abrimos el debate con nuestro pronunciamiento de denuncia e indignación para poder llegar a ser la escuela que debemos ser, conforme a los derechos humanos que nos asisten. Los poderes públicos han de proteger la libertad religiosa y de culto como derecho de los individuos a la libre conciencia, pero no favorecer privilegios de las confesiones religiosas como tales, sean las que sean. La iglesia católica disfruta en nuestro país de privilegios fiscales, simbólicos, jurídicos, políticos, etc. Este trato privilegiado por parte del Estado, consecuencia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, y de otros favores políticos, vulnera principios constitucionales básicos. Esta condescendencia a nivel político no hace invisible o anula el agravio que supone una educación confesional católica -o de cualquiera otra confesión-financiada con fondos públicos, es de- cir, a costa del esfuerzo económico de toda la ciudadanía. Con- tamos con razones suficientemente fundamentadas para comba- tir este escándalo en tanto que utilización del espacio educativo como adoctrinamiento en una determinada moral particular. Que los partidos de este país que se dicen demócratas no den un giro radical a este hecho consumado en nuestra sociedad es un signo de su debilidad e impotencia para defender lo justo y legítimo, una dejación de sus responsabilidades, pues consiente un daño a los menores y acrecienta injustos privilegios que abren profundas brechas sociales. Exigimos de nuestros representantes políticos un compromiso claro y declarado con la auténtica tolerancia, respetuosa con el pluralismo ideológico individual y confor- me a los principios de igualdad y justicia entre las diferentes creencias y conviccio- nes. Esta apuesta democrática sólo es posible en una institución educativa pública y laica. Supone no identificar a la institución educativa con ningún planteamiento ideológico particular y dar todo el protagonismo a la búsqueda del conocimiento y a la investigación, en todas sus facetas. Y todo aquel que se dice demócrata ha de adherirse a este compromiso sin dobleces ni condición alguna… Todo lo demás son palabras, mientras los hechos caminan siempre de otro lado. •2•
- 3. La supresión de toda seña de confesionalidad en la escuela pública, como la materia de religión católica (o de cualquier otra confesión) o la financiación pública de escuelas religiosas, es tarea y compromiso de todo el que se proclama demócrata, pero se han de poner medidas concretas que garanticen su efectiva supresión. Las palabras no bastan. Los derechos fundamentales se ha de defender y preservar en la práctica, no sólo clamando a los cuatro vientos. Hay un deber de intervención, de actuación en la situación de facto abusiva. Acabar con la financiación pública que promueve la invasión confesional del terreno educativo, en tanto se vulneran derechos fun- damentales, es actuar para preservar la libertad misma de todos y todas. Rechazamos renunciar a los asuntos públicos que nos conciernen como ciudadanía activa y responsable, aunque a los hasta ahora favorecidos no les guste que se cuestionen estos temas. La ciudadanía tiene que posicionarse con coherencia y la esfera política no puede renunciar a su responsabilidad de salvaguardar la conquista de unos servicios públicos que impiden la completa dislocación social y reducen las crecientes cotas de división y desigualdad social. Hay que posicionarse de “palabra y obra” respecto a la financiación pública de proyectos educativos religiosos. La ambivalencia entre discurso y acción que ha protagonizado nuestra clase política ha con- tribuido a agravar la situación, largamente consentida. Esta cuestión incumbe a la democracia misma, y por ello para los que se dicen de- mócratas la elección ha de ser clara, salvo que hayamos renunciado a vivir los discursos, y la mera palabra vana, vacía de contenido, sea lo que valga… y hasta la democracia resuene huera y acabe convertida en una completa farsa. •3•