Un monopsonio saludable.
- 1. UN MONOPSONIO SALUDABLE Hemos asistido durante estas dos últimas semanas a un nuevo desencuentro en el que seguro no será el último episodio que tendrá como principales protagonistas a una CCAA y al ejecutivo central. En este caso, el objeto del problema lo constituyen dos voluntades loables, dos fines que pueden definirse como buenos en sí mismos y que inevitablemente forman parte de las reivindicaciones tradicionales que los ciudadanos esperamos de los poderes públicos. Por un lado, la decisión de la Comunidad Autónoma de Galicia de racionalizar el gasto en la prestación farmacéutica. A tal efecto, el Servizo Galego de Salude (Sergas), en pro de la sostenibilidad del que es sin duda uno de los pilares esenciales del Estado del Bienestar, ha apostado por la creación de un catálogo de fármacos genéricos, en virtud del cual, el Sergas no financia todos y cada uno de los medicamentos que establece el Nomenclator oficial de productos farmacéuticos financiados por el Sistema Nacional de Salud, sino que de estos, en 34 casos, solo costea los más baratos para la Administración gallega. Por el otro, el firme compromiso del Gobierno de España de recurrir ante el denostado Tribunal Constitucional la Ley de Galicia 12/2010 de 22 de diciembre, que recoge el mencionado catálogo de fármacos genéricos, para garantizar que en la aplicación práctica de la susodicha ley no se produzca una ruptura en la equidad del sistema, y por ende, se garantice que todos y cada uno de los ciudadanos del Estado español gocen de las mismas prestaciones sanitarias independientemente del servicio de salud en el que sea asistido. Frente a lo que los medios de comunicación nos han presentado como dos medidas antagónicas e imposibles de compatibilizar, existe una solución económica capaz de conjugar ambas voluntades, el monopsonio, y que a pesar de ser catalogada por la teoría económica como un fallo de mercado, pasa por ser una de las principales medidas que se deben adoptar si se quiere preservar la calidad del actual sistema sanitario así como su viabilidad en el tiempo. De lo dispuesto en los diversos estudios y análisis existentes en relación a los productos sanitarios, como el desarrollado por la Comisión Europea durante el año 2008 en su informe de investigación sectorial sobre el sector farmacéutico, se desprende que todos ellos tienen en mayor o menor medida un alto grado de monopolio, es decir, que las empresas que se dedican a la comercialización de los mismos son escasas y en muchos casos únicas. Por ello, parece lógico pensar que una solución eficaz para abaratar el coste del gasto farmacéutico llevado a cabo por las distintas administraciones públicas competentes, consistiría en la creación de un gran monopolio de compra o monopsonio, es decir, en la confección de una central de compra única que abasteciese a los 17 sistemas sanitarios existentes en la actualidad en España.
- 2. En este nuevo escenario, no nos encontraríamos, como en la actualidad, con 17 servicios sanitarios compitiendo entre sí frente a las grandes farmacéuticas, lo cual, cabe recordar, ha permitido a estas últimas iniciar una escalada en los precios de los medicamentos, sino con un único comprador que al haber aumentado su poder de negociación , podrá obtener una rebaja sustancial en los precios de los medicamentos adquiridos ya que las farmacéuticas tendrán obligatoriamente desde ese momento que adaptarse de alguna forma a las exigencias del comprador en materia de precio y cantidad. Como corolario de todo lo anterior podemos afirmar que es factible defender los intereses de los ciudadanos y más en un ámbito tan sensible como el que tiene que ver con su salud si los distintos poderes públicos con capacidad para ello aúnan inteligencia y esfuerzo a tal efecto. Así pues la manera de defender dichos intereses pasa desde una óptica social, económica y política, por equilibrar la capacidad económica y negociadora de las partes y frente a los oligopolios o monopolios dominantes en la comercialización de los medicamentos constituir un monopsonio, régimen económico existente en otros ámbitos de la acción pública, que permita reducir el gasto farmacéutico garantizando la equidad del sistema. Tomás Guerrero Blanco. Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.