El documento establece el marco legislativo para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Las leyes regulan medidas de acción positiva y la accesibilidad en ámbitos como relaciones con administraciones, telecomunicaciones, transporte, edificios y espacios públicos. Asimismo, determina requisitos para centros residenciales y de día, como su ubicación, habitaciones, zonas comunes e instalaciones, con el fin de facilitar la autonomía e integración de las personas con discapacidad