Yo no orquesté el golpe en Honduras
16 Jul 2009

No es común que un embajador acuse públicamente a un ciudadano estadounidense de
ser el “arquitecto” de un golpe de Estado en otro país. Pero eso pasó hace poco, cuando
el embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chadderton, me acusó de orquestar el
derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya. ¿Qué llevaría a un diplomático
a expresar esas falsedades?.

Primero, debemos recordar que Chadderton es el enviado del gobernante venezolano
Hugo Chávez, un teniente coronel que en una ocasión intentó entrar a tiro limpio en el
Palacio Presidencial, y que luego llegó al poder disimulando sus intenciones y ahora lo
mantiene mediante la intimidación y el engaño.

Segundo, Chadderton no sólo representa a Chávez. Al hablar en una sesión de
emergencia del Consejo Permanente de la OEA, Chadderton representó a un grupo de
las naciones menos democráticas y, por lo tanto, menos exitosas de América. Es un
grupo inventado en La Habana, financiado con el petróleo venezolano, que se
conoce como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) al que Zelaya se
había unido recientemente y entre cuyos miembros están déspotas
antinorteamericanos como los hermanos Castro, Chávez, Daniel Ortega, Evo
Morales y otros.

El gobierno venezolano lleva años diciendo que yo fui responsable del “golpe” contra
Chávez en el 2002, aun cuando una investigación del inspector general del
Departamento de Estado, que duró tres meses, demostró claramente que no hubo
participación de Estados Unidos. Chávez no ha presentado ninguna prueba en contra.

Chadderton me atacó porque he estado diciendo que Zelaya alienta la corrupción
en Honduras. En abril, Zelaya anunció que me estaba demandando por
“difamación”. Zelaya tomó el control de todas las estaciones de radio y televisión y
proclamó que estaba enviando a un equipo de ministros y a los asesores jurídicos
del presidente a Estados Unidos para “demandar a Otto Reich”.

Los emisarios de Zelaya aterrizaron en Miami con mucho ruido y anunciaron que
estaban buscando un bufete dispuesto a ponerme una demanda. Después de un gran
gasto de los escasos fondos de Honduras, el equipo anunció que la búsqueda había
concluido con éxito.

Todavía no he recibido notificación de una demanda, ni espero recibirla. No
porque Zelaya ya no esté en el poder, sino porque la pregonada demanda fue una
farsa, una artimaña para presentarlo como la víctima inocente.

Quizá cuando Zelaya se enteró de que para demandar a un ciudadano de Estados
Unidos debía renunciar a su inmunidad diplomática y testificar bajo juramento en
un tribunal estadounidense --un tribunal que no podría comprar ni intimidar--
perdió el interés.

En el tribunal, a Zelaya le habrían preguntado por qué nombró a su sobrino,
Marcelo Chimirri, gerente de la telefónica estatal, Hondutel. Unos $100 millones
“desaparecieron” de la compañía tras la llegada de Chimirri. Aunque Zelaya lo
protegió, un fiscal independiente nombrado por el Congreso hondureño acusó a
Chimirri de malversación. Tras el derrocamiento de Zelaya, Chimirri fue
arrestado.

Zelaya podría afrontar cargos mucho más serios que robo de mayor cuantía y
abuso de poder. Su delito más reciente fue socavar la Constitución y desobedecer
las leyes que juró defender. Con el consejo y el apoyo de Chávez, trató, sin éxito, de
subvertir el proceso electoral para permanecer indefinidamente en la presidencia.

Si de verdad yo hubiera sido el “arquitecto” de la destitución de Zelaya, habría
recomendado que lo acusaran de los casi 20 delitos de los que ahora el poder judicial de
Honduras lo ha acusado, y que lo arrestaran autoridades civiles. Habría pedido que se
siguiera el proceso constitucional: el ascenso a la presidencia del segundo en la línea de
mando, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y la continuación del proceso
electoral, culminando en unas elecciones en noviembre. Por último, el Congreso habría
votado abrumadoramente, como hizo con una votación de 125 a 3, por ratificar la
destitución de Zelaya.

Sin mi participación, se dieron esos pasos. Por lo tanto, bajo las leyes hondureñas, el
nuevo gobierno es legal y constitucional. Estados Unidos no debe traicionar nuestros
valores uniéndose a los esfuerzos de algunos de los líderes más represivos y
antidemocráticos de este hemisferio por lograr que se restaure al infractor Mel Zelaya.

Otto J. Reich

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  • 2. Marcelo Chimirri, gerente de la telefónica estatal, Hondutel. Unos $100 millones “desaparecieron” de la compañía tras la llegada de Chimirri. Aunque Zelaya lo protegió, un fiscal independiente nombrado por el Congreso hondureño acusó a Chimirri de malversación. Tras el derrocamiento de Zelaya, Chimirri fue arrestado. Zelaya podría afrontar cargos mucho más serios que robo de mayor cuantía y abuso de poder. Su delito más reciente fue socavar la Constitución y desobedecer las leyes que juró defender. Con el consejo y el apoyo de Chávez, trató, sin éxito, de subvertir el proceso electoral para permanecer indefinidamente en la presidencia. Si de verdad yo hubiera sido el “arquitecto” de la destitución de Zelaya, habría recomendado que lo acusaran de los casi 20 delitos de los que ahora el poder judicial de Honduras lo ha acusado, y que lo arrestaran autoridades civiles. Habría pedido que se siguiera el proceso constitucional: el ascenso a la presidencia del segundo en la línea de mando, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y la continuación del proceso electoral, culminando en unas elecciones en noviembre. Por último, el Congreso habría votado abrumadoramente, como hizo con una votación de 125 a 3, por ratificar la destitución de Zelaya. Sin mi participación, se dieron esos pasos. Por lo tanto, bajo las leyes hondureñas, el nuevo gobierno es legal y constitucional. Estados Unidos no debe traicionar nuestros valores uniéndose a los esfuerzos de algunos de los líderes más represivos y antidemocráticos de este hemisferio por lograr que se restaure al infractor Mel Zelaya. Otto J. Reich