04 06-12
- 1. “DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”
- 2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444 Y DECRETO LEGISLATIVO 1029 DR. PEDRO PATRON BEDOYA
- 3. ESCENARIOS EN LA LEY N° 27444 DOCTRINARIO PROC. ESPECIALES •PRINCIPIOS •TRILATERAL •FUENTES •SANCIONADOR RESPONSABILIDAD ACTO Y •DE LA ADMINISTRACION PROCEDIMIENTO •DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO REVISION DE ACTOS TECNOLOGICO •DE OFICIO •ROGATORIA
- 4. AMBITO DE APLICACION La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Entendiéndose por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados El Poder Legislativo El Poder Judicial Los Gobiernos Regionales Los Gobiernos Locales
- 5. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa.
- 6. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Principio de legalidad Principio del debido procedimiento Principio de impulso de oficio Principio de razonabilidad Principio de imparcialidad Principio de informalismo Principio de presunción de veracidad Principio de conducta procedimental
- 7. Principio de celeridad Principio de eficacia Principio de verdad material Principio de participación Principio de simplicidad Principio de uniformidad Principio de predictibilidad Principio de privilegio de controles posteriores
- 8. Fuentes del Procedimiento Administrativo Son fuentes del procedimiento administrativo: 2.1 Las disposiciones constitucionales. 2.2 Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional, 2.3 Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. 2.4 Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. 2.5 Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. 2.6 Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.
- 9. 2.7 La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas. 2.8 Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. 2.9 Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultades expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas. 2.10 Los principios generales del derecho administrativo.
- 10. REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
- 11. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.
- 12. No son actos administrativos: Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Los comportamientos y actividades materiales de las entidades.
- 13. REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Competencia Objeto o contenido Finalidad Pública Motivación Procedimiento regular
- 14. NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Causales de nulidad: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto.
- 15. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
- 16. Instancia competente para declarar la nulidad Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos por medio de los recursos administrativos. La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto y además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.
- 17. Efectos de la declaración de nulidad Tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa.
- 18. Conservación del acto Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
- 19. El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento. Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.
- 20. EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.
- 21. La autoridad podrá disponer en el mismo acto que tenga eficacia anticipada, sólo si fuera más favorable a los administrados y no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.
- 22. MODALIDADES DE NOTIFICACION CON LA LEY 27444 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico. Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.
- 23. Plazo Cinco (5) días, a partir de la expedición del acto. Contenido El texto íntegro, incluyendo su motivación. La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección.
- 24. La fecha de vigencia del acto notificado y con la mención de si agota la vía administrativa. Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos.
- 25. Concordado con el DL 1029: Régimen de Notificación Personal: 1-Ya no se exige que para la notificación por correo electrónico se requiera acuse de recibo. Basta que el administrado interesado haya autorizado la notificación por ese medio, de manera expresa. Art. 20.1 Art. 20.4 - Art. 123.3 2- Si el administrado no ha indicado domicilio, o éste es inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado. Art. 21.2 3- Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega firmar o a recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, entendiéndose bien realizada la notificación, sin embargo, se deberá dejará constancia de las características del lugar donde se ha realizado la notificado. Art.21.3 4- Si no se encuentra al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador debe dejar constancia de ello en el acta y coloca un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación; si tampoco pudiera realizar la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente. Art.21.5. Surtirá efectos todas las notificaciones Art.133
- 27. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.
- 28. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO Administrados: La persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados
- 29. Derechos de los administrados La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes y a obtener copias.
- 30. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos.
- 31. Al cumplimiento de los plazos determinados. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad que tramitan los procedimientos de su interés. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio.
- 32. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. Los demás reconocidos por la Constitución o las leyes.
- 33. Deberes de los administrados Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.
- 34. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
- 35. Autoridad administrativa: El agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos.
- 36. Competencia administrativa La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas. Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.
- 37. Conflicto con la función jurisdiccional Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.
- 38. Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente podrá determinar su inhibición. La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico. Si es confirmada será comunicada al Procurador Público.
- 39. Delegación de competencia Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Son indelegables las atribuciones esenciales, para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación.
- 40. Avocación de competencia Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación de conocimiento, por parte de los superiores, en razón de la materia, o de la particular estructura de cada entidad. La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.
- 41. Encargo de gestión La realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por razones de eficacia, o cuando esta posea los medios idóneos para su desempeño. El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y con la responsabilidad por ella.
- 42. Delegación de firma Los titulares de los órganos pueden delegar la firma de actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos, o en titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de procedimientos sancionadores o aquellos que agoten la vía. En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo resuelto por aquél.
- 43. Suplencia El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquéllos. El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen.
- 44. Desconcentración La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución. A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones.
- 45. Conflictos de competencia El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente. El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar las medidas cautelares necesarias.
- 46. Conflicto negativo de competencia En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato superior para que resuelva el conflicto. Conflicto positivo de competencia El órgano que se considere competente requiere de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad requiriente para que continúe el trámite.
- 47. Causales de abstención La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse en los siguientes casos: Si es pariente dentro del 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad, con los administrados, representantes, mandatarios, administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.
- 48. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto.
- 49. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes.
- 50. La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias antes señaladas, dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.
- 51. El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales. En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto. Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión.
- 52. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado.
- 53. Derecho a formular denuncias Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento. Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante.
- 54. Derecho de petición administrativa Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento ante todas las entidades, ejerciendo el derecho de petición. Este derecho comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular y general, contradecir actos administrativos, las facultades de pedir información, formular consultas y presentar solicitudes de gracia.
- 55. PLAZOS Y TERMINOS Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna. Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.
- 56. Plazos máximos Para recepción y derivación de un escrito: dentro del mismo día de su presentación. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días. Para actos de cargo del administrado: dentro de los diez días de solicitados.
- 57. El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última. El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.
- 58. Régimen para días inhábiles El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles. Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida su funcionamiento, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.
- 59. Plazo máximo del procedimiento administrativo No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.
- 60. ORDENACION DEL PROCEDIMIENTO Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales.
- 61. La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.
- 62. Medidas cautelares Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.
- 63. Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte. Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.
- 64. Queja por defectos de tramitación En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva.
- 65. La queja se presenta ante el superior jerárquico, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado. En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.
- 66. INSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias.
- 67. Alegaciones Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver. En los procedimientos sancionadores, o en caso de actos de gravamen, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de 5 días para presentar sus alegatos o pruebas de descargo.
- 68. Actuación probatoria Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, fijando un período que no será menor de 3 días ni mayor de 15, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios.
- 69. PARTICIPACION DE LOS ADMINISTRADOS Audiencia pública Las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública, como formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas.
- 70. En la audiencia pública cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación especial está habilitado para presentar información verificada, para requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar su opinión. La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto administrativo final que se dicte.
- 71. Período de información pública Cuando sea materia de decisión de la autoridad, cualquier aspecto de interés general distinto a los previstos en el artículo anterior donde se aprecie objetivamente que la participación de terceros no determinados pueda coadyuvar a la comprobación de cualquier estado, información o de alguna exigencia legal no evidenciada en el expediente, el instructor abre un período no menor de 3 ni mayor de 5 días hábiles para recibir sus manifestaciones sobre el asunto.
- 72. El período de información pública corresponde ser convocado particularmente antes de aprobar normas administrativas que afecten derechos e intereses ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés general, y para designar funcionarios en cargos principales de las entidades, o incluso tratándose de cualquier cargo cuando se exija como condición expresa poseer conducta intachable o cualquier circunstancia análoga.
- 73. FIN DEL PROCEDIMIENTO Pondrán fin al procedimiento: Las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto El silencio administrativo positivo y negativo El desistimiento La declaración de abandono Los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial La prestación efectiva de lo pedido en caso de petición graciable. La resolución que así lo declare por causas sobrevenidas.
- 74. EJECUCION DE RESOLUCIONES Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.
- 75. Pérdida de ejecutoriedad Por suspensión provisional conforme a ley. Cuando transcurridos cinco años de adquirido firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos. Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a ley.
- 76. Ejecución forzosa Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias: Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro.
- 77. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con ésta. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo correspondiente. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución.
- 78. Medios de ejecución forzosa La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad, por los siguientes medios: a) Ejecución coactiva b) Ejecución subsidiaria c) Multa coercitiva d) Compulsión sobre las personas
- 79. REVISION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
- 80. REVISION DE OFICIO Rectificación de errores Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.
- 81. Nulidad de oficio En cualquiera de las causales de nulidad antes citadas, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida.
- 82. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo.
- 83. Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, solo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio Consejo o Tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros.
- 84. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un (01) año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado.
- 85. También procede que el titular de la entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso-administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el Consejo o Tribunal.
- 86. Revocación Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.
- 87. Excepcionalmente cabe la revocación en cualquiera de los siguientes casos: Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por Ley. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas para la emisión del acto. Cuando por elementos de juicio sobrevinientes se favorezca a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.
- 88. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Recurso de reconsideración El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.
- 89. Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
- 90. Recurso de revisión Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
- 91. Agotamiento de la vía administrativa Son actos que agotan la vía administrativa: El acto respecto del cual no proceda impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración. El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación.
- 92. El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de revisión. El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos. Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales.
- 94. PROCEDIMIENTO TRILATERAL El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración. La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación será designada como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será designado como “reclamado”.
- 95. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Principios de la potestad sancionadora Art. 230 Legalidad Debido procedimiento Razonabilidad Tipicidad Irretroactividad Concurso de Infracciones Continuación de Infracciones Causalidad Presunción de licitud Non bis in idem
- 96. En materia del procedimiento administrativo sancionador según DL 1029: 1- Precisa que en los procedimientos de leyes especiales se deberán observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, 2- Asimismo, dispone que los procedimientos especiales no pueden imponer a los administrados condiciones menos favorables, que las previstas en el capitulo la Ley sobre procedimiento administrativo sancionador . 3- Se reduce el plazo de prescripción de la facultad de la autoridad para determinar la existencia de facultad prescribe a los 4 años en lugar de los 5 años que era antes. 4- Se insertan de manera expresa atenuantes de responsabilidad respecto de la comisión de infracciones (la subsanación voluntaria y el error inducido por la administración o la legislación confusa o ilegal) .
- 97. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar.
- 98. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, para que presente sus descargos en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias.
- 99. Concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.
- 100. Incorporación a la Ley 27444 “Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa, las siguientes: 1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235. 2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal.”
- 101. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DEL PERSONAL A SU SERVICIO
- 102. Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado.
- 103. Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.
- 104. LEY N° 28187 DENUNCIA POR DELITO DE OMISIÓN O RETARDO DE FUCNIÓN El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones: a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido. b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.”
- 105. Es decir: Las impugnaciones de la mayoría de procedimientos; que son los sujetos a silencio negativo. También se ocupa el DL 1029 de precisar que procederá el silencio negativo en el recurso presentado contra actos administrativos emanados de un procedimiento sancionador; es decir, también excluye a estos procedimientos impugnativos de la aplicación del silencio positivo
- 106. Segunda y última disposición del DL 1029 objeto de comentario: De acuerdo a la Ley 27444 (art. 188º) y a la Ley 29060 (art.2º) el plazo de treinta días para que opere el silencio administrativo, incluía el de notificación. (ahora es 30 días más, el plazo de 5 días para la notificación de todo acto administrativo Una vez más, nos ubicamos en un escenario de desafío a las entidades públicas para optimizar su sistema de notificaciones. Ventajas para el ciudadano: plazo cierto.
- 107. A partir del DL 1029 el plazo en que operaba el silencio, se le suma el de notificación; es decir, ya no hay un plazo cierto para el ciudadano. No puede, en nombre de la simplificación administrativa darse una norma semejante. Menos otras perlas que acompañan ésta, que permiten “suspender” los plazos cuando se solicita información adicional o se utilizan los mecanismos de colaboración entre entidades. La regla de simplificación administrativa de la Ley del Procedimiento Administrativo General según la cual el expediente se completa en la unidad de trámite documentario y hay un plazo fijo para subsanaciones, quedó sin efecto por esta lamentable disposición