06 06-12

Colegio de Abogados de Lima
Dirección Académica y de Promoción Cultural

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”

TEMA :

I. EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
II. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
III. LOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO

EXPOSITOR:
Mg. JORGE G. GUTIÉRREZ TUDELA
Profesor Principal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política
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de la UNMSM

EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

- El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación
legalmente realizada produce sus efectos.
- El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende
eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del
mismo acto.

EFICACIA ANTICIPADA:
a) Puede disponerse en el mismo acto administrativo que tenga
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los
administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y exista
justificación para ello.
b) También tiene eficacia anticipada la declaración de nulidad y los
actos que se dicten en enmienda.

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OBLIGACIÓNDE NOTIFICAR:
a) Será practicado de oficio y por la entidad que dictó.
b) La notificación personal podrá ser efectuada a través de la
propia entidad, por servicios de mensajería especialmente
contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas,
podrá disponerse se practique por intermedio de las
autoridades políticas del ámbito local del administrado.

DISPENSA DE NOTIFICACIÓN
1. La autoridad queda dispensada de notificar formalmente a
los administrados cualquier acto que haya sido emitido en
su presencia, siempre que exista acta de esta actuación
procedimental donde conste la asistencia del
administrado.
2. También queda dispensada de notificar si el administrado
tomara conocimiento del acto respectivo mediante 3 su

MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN
1. Notificación Personal al administrado en su domicilio
2. Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier
otro medio que permita comprobar fehacientemente su
acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de
cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado
expresamente por el administrado.
3. Por publicación en el DIARIO OFICIAL y en uno de los
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN en el territorio
nacional, salvo disposición distinta de la ley.
4. El administrado interesado o afectado por el acto que
hubiera consignado en su escrito alguna dirección
electrónica que conste en el expediente podrá ser notificado
a través de ese medio siempre que haya dado su
autorización expresa para ello. Para este caso no es de
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 4

RÉGIMEN DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL

1. Se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último
domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia
entidad dentro del último año.
2. En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste
sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en
el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que
la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el
Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las
circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23 (Cuando
resulta impracticable otra modalidad de notificación o sea infructuosa)
de la LPAG, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.
3. En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto
notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el
nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si
ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará
constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la
notificación dejará constancia de las características del lugar donde se
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ha notificado.

4. La notificación personal, se entenderá con la persona que
deba ser notificada o su representante legal, pero de no
hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de
entregar la notificación, podrá entenderse con la persona
que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia
de su nombre, documento de identidad y de su relación
con el administrado.
5. En el caso de no encontrar al administrado u otra persona
en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador
deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un
aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que
se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco
pudiera entregar directamente la notificación en la nueva
fecha, se dejará debajo de la puerta un acta
conjuntamente con la notificación, copia de los cuales
serán incorporados en el expediente.
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PLAZO Y CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de
cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique.
La notificación deberá contener:
1. El texto íntegro del acto administrativo.
2. La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado.
3. La autoridad e institución del cual procede el acto y su dirección
4.La fecha de vigencia del acto notificado y con la mención si se
agotare la vía administrativa.
5.Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará
además otra información que sea importante para proteger sus
intereses y derechos.
6. La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el
cual debe presentarse y el plazo.

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VIGENCIA DE LAS NOTIFICACIONES
Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas:
1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas.
2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y
análogos: el día que conste haber sido recibidas.
3. Las notificaciones por publicaciones: a partir del día de la última
publicación en el Diario Oficial.
4. Cuando por disposición legal expresa, un acto administrativo deba ser a
la vez notificado personalmente al administrado y publicado para
resguardar derechos o intereses legítimos de terceros no apersonados
o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última
notificación.
Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las
normas establecidas en el artículo 133 de la LPAG (el plazo fijado en
días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en se practique
la notificación o la publicación; y se fija en meses o años, es contado a
partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto) con
excepción de la notificación de medidas cautelares o precautorias, en
cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo
Precedente. 8

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, define en
el artículo 29 de la siguiente manera:
“Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos
diligencia tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados”
Es una secuencia de pasos ordenados y tramitados por diversas entidades del
Estado y que concluyen en una decisión denominada acto administrativo
(contenida generalmente en una resolución administrativa) sobre
deberes, obligaciones, intereses y derechos.
 Decisiones constituye sólo cosa decidida
 Objetivo: búsqueda de la verdad material
 Medios probotorios de acuerdo a su naturaleza
 Decisiones sujetas al control jurisdiccional a través del proc. Contencioso
administrativo.

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CLASES DE PROCEDIMIENTOS
El maestro Gustavo Bacorzo clasifica en:
a) Procedimiento técnico o de gestión (Preparación de leyes, reglamentos,
proyección de obras o servicios públicos; etc.).
b) Procedimiento administrativo sensu stricto (Derechos y obligaciones
ente el Estado y sus trabajadores, entre el {Estado y los particulares o entre
particulares ante el Estado).
c) Procedimiento disciplinario: Se investiga y sanciona infracciones de
orden administrativo, (tanto al interior, a sus trabajadores; sea al exterior, a
los administrados en general).
En la Ley 27444 podemos encontrar las siguientes clases de procedimientos:
Procedimiento administrativo general:
a) De aprobación automática
b) De Evaluación previa:
- Con silencio administrativo positivo
- Con silencio administrativo negativo
Procedimientos especiales:
a) Procedimiento Trilateral
b) Procedimiento sancionador

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PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN AUTOMÁTICA
1. En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud
es considerada aprobada desde el mismo momento de su
presentación ante la entidad competente para conocerla,
siempre que cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la
entidad.
2. En este procedimiento, las entidades no emiten ningún
pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación
automática, debiendo sólo realizar la fiscalización
posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de
aprobación automática se requiera necesariamente de la
expedición de un documento sin el cual el usuario no
puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su
expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de
aquellos plazos mayores fijados por leyes
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 11

3. Como constancia de la aprobación automática de la
solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del
formato presentado conteniendo el sello oficial de
recepción, sin observaciones e indicando el número de
registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente
receptor.
4. Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a
la presunción de veracidad, aquellos conducentes a la
obtención de licencias, autorizaciones, constancias y
copias certificadas o similares que habiliten para el
ejercicio continuado de actividades profesionales,
sociales, económicas o laborales en el ámbito privado,
siempre que no afecten derechos de terceros y sin
perjuicio de la fiscalización posterior que realice la
administración.

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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PREVIA

Procedimientos de evaluación previa con silencio
positivo:
Están regulados por la Ley N 29060 Ley del Silencio
Administrativo. Los procedimientos administrativos,
sujetos a silencio administrativo positivo, se
considerarán automáticamente aprobados si, vencido
el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera
emitido el pronunciamiento correspondiente, no
siendo necesario expedirse pronunciamiento o
documento alguno para que el administrado pueda
hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del
funcionario o servidor público que lo requiera.

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Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio
positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos
preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que
requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se
encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley 29060.
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud
o actos administrativos anteriores, siempre que no se encuentren
contemplados en la Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final.
c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no
pueda repercutir directamente en administrados distintos del
peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus
intereses o derechos legítimos.

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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PREVIA CON SILENCIO
NEGATIVO
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en
aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés
público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos
naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros,
el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el
patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos
trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado; y
autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas
tragamonedas.
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los
cuales se transfiera facultades de la administración pública, y en
aquellos procedimientos de inscripción registral.
En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por
sus leyes y normas especiales. Tratándose de procedimientos
administrativos que tengan incidencia en la determinación de la
obligación tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del
artículo 163º del Código Tributario
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LOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO

1. ADMINISTRADOS: Son:
- Quienes promueban como titulares de derecho o
intereses legítimos individuales o colectivos
- Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento
posean derechos o intereses legítimos que puedan
resultar afectados por la decisión a adoptarse.
CLASES:
a) Persona natural
b) Persona jurídica
2. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA: Agente de las
entidades bajo cualquier régimen jurídico y
ejerciendo potestades públicas participan en la
gestión de los procediientos administrativos.

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DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS

1. La procedencia en la atención del servicio público
requerido, guardando riguroso orden de ingreso.
2. Ser tratados con respeto y consideración por el
personal de las entidades, en condiciones de
igualdad con los demás administrados.
3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa
y sin limitación alguna a la información contenida en
los expedientes de los procedimientos
administrativos en que sean partes y a obtener
copias de los documentos contenidos en el mismo
sufragando el costo que suponga su pedido, salvo
las excepciones expresamente previstas por ley.

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4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las
entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a
la colectividad, incluyendo sus fines, competencias,
funciones, organigramas, ubicación de dependencias, A
ser informados en los procedimientos de oficio sobres
su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo
estimado de su duración, así como de sus derechos y
obligaciones en el curso de tal actuación.
5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobres
su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo
estimado de su duración, así como de sus derechos y
obligaciones en el curso de tal actuación.
6. Participar responsable y progresivamente en la
prestación y control de los servicios públicos,
asegurando su eficiencia y oportunidad.
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7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cuada servicio o
actuación y exigirlo así a las autoridades.
8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus
obligaciones
9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la
entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos
de su interés.
10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas
a cabo en la forma menos gravosa posible.
11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a
cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades.
12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su
servicio, cuando así corresponda legalmente, y
13. Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes.

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DEBERES GENERALES DE LOS ADMINISTRADOS EN
EL PROCEDIMIENTO
1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones
ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no
confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar
actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro
modo afectar el principio de conducta procedimental.
2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento
de los hechos.
3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida
a identificar a otros administrados no comparecientes con
interés legitimo en el procedimiento.
4. Comprobar previamente a su presentación ante la
entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y
de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad. 20

TERCEROS ADMINISTRADOS

1. Si durante la tramitación de un procedimiento se advertida la
existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos
derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la
resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les
deben ser comunicados mediante citación al domicilio que
resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.
2. Respecto de terceros administrados no determinados, la citación
es realizada mediante publicación o, cuando corresponda,
mediante la realización del trámite de información pública o
audiencia pública, conforme a esta Ley.
3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del
procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de
los participantes en él.

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