El documento argumenta a favor del uso de software libre por parte del estado, enfatizando que la información pública es patrimonio digital y debe ser accesible para todos. Se destacan los beneficios del software libre, como la independencia tecnológica y la reducción del gasto público en licencias de software privativo, sugiriendo que estos fondos podrían destinarse a necesidades más urgentes. Además, se menciona que muchas administraciones públicas ya están adoptando esta filosofía, promoviendo un cambio de paradigma hacia un uso de tecnologías más abiertas y colaborativas.