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DECRETO 2-89
El Congreso de la República de Guatemala
CONSIDERANDO:
Que el artículo 10 de las Disposiciones Transitorias y Finales de la
Constitución Política de la República de Guatemala, imponían a la Corte Suprema
de Justicia, la obligación de que en ejercicio del derecho de Iniciativa de Ley que
le corresponde, presentará a consideración del Congreso un proyecto de Ley del
Organismo Judicial, presupuesto que ha sido cumplido a cabalidad por ese Alto
Organismo;
CONSIDERANDO:
Que es conveniente emitir la Ley del Organismo Judicial propuesta, ya que
la misma armoniza las disposiciones fundamentales de organización y
funcionamiento del Organismo Judicial con el ordenamiento constitucional vigente,
dando mayor eficacia y funcionalidad a la administración de justicia, constituyendo
un cuerpo legal técnico al que se han introducido importantes modificaciones,
POR TANTO;
En ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso a) de la
Constitución Política de la República de Guatemala,
DECRETA:
La siguiente:
LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL
TITULO I

NORMAS GENERALES
CAPITULO I
PRECEPTOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 1. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son
las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento
jurídico guatemalteco.
ARTICULO 2. Fuentes del derecho. (Reformado por Decreto 11-93 del
Congreso de la República). La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La
jurisprudencia, la complementará.
La costumbre regirá sólo en defecto de ley aplicable o por delegación de la
ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte
probada.
ARTICULO 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede
alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.
ARTICULO 4. Actos nulos. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de la
República). Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas
expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto
distinto para el caso de contravención.
Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que
se hubiere tratado de eludir.

ARTICULO 5. Ambito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a
toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las
disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a
todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona
marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el
espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional.
ARTICULO 6. Vigencia de la ley. La ley empieza a regir ocho días después de su
publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja
dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días.
ARTICULO 7. Irretroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica
derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo.
Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley
determine.
ARTICULO 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes
posteriores:
a) Por declaración expresa de las nuevas leyes;
b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes
nuevas con las precedentes;
c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia considerada
por la ley anterior;
d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en
sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad.
Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta
hubiere derogado.
ARTICULO 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa.
(Reformado por Decreto 11-93 del Congreso de la República). Los Tribunales

observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la
Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los
tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el
derecho interno.
Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de
jerarquía superior.
ARTICULO 10. Interpretación de la Ley. (Reformado por Decreto 75-90 y 59-
2005 del Congreso de la República). Las normas se interpretarán conforme a su
texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su
tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu.
El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes,
pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente:
a) A la finalidad y al espíritu de la misma;
b) A la historia fidedigna de su institución;
c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas;
d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios
generales del derecho.
ARTICULO 11. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de
la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española,
en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido
expresamente.
Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el Diccionario de la
Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región
de que se trate.
Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte,
se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se
han usado en sentido distinto.

ARTICULO 12. Integridad de las disposiciones especiales. La ley que tenga
por objeto aclarar o interpretar otra ley, no produce efectos respecto a actos
ejecutados, ni respecto a la cosa juzgada.
ARTICULO 13. Primacía de las disposiciones especiales. (Reformado por
Decreto 59-2005 del Congreso de la República) Las disposiciones especiales
de las leyes, prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras
leyes.
ARTICULO 14. Equidad. ( Derogado por Decreto 75-90 del Congreso de la
República).
ARTICULO 15. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender,
retardar ni denegar la administración de la justicia, sin incurrir en responsabilidad.
En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán
de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley, y luego
pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de
que, si es el caso, ejercite su Iniciativa de Ley.
ARTICULO 16. Debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus
derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales.
Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído
y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y
preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del
mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en
virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos.
ARTICULO 17. Buena fe. Los derechos deben ejercitarse conforme a las
exigencias de la buena fe.
ARTICULO 18. Abuso de derecho. ( Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). El exceso y mala fe en ejercicio de un derecho, o la
abstención del mismo, que cause daños o perjuicios a las personas o
propiedades, obliga al titular a indemnizarlos.

ARTICULO 19. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos
otorgados por la ley, siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al
orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes.
ARTICULO 20. (Reformado por Decreto 78-2005 del Congreso de la
República). Sistema Internacional de Unidades. El sistema internacional de
unidades (SI) es el sistema oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional.
ARTICULO 21. Reglas de parentesco. La Ley reconoce el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado,
y el civil, que surge de la adopción conforme a la Ley. Los cónyuges son parientes,
pero no forman grado.
ARTICULO 22. Primacía del interés social. El interés social prevalece sobre el
interés particular.
ARTICULO 23. Supletoriedad. (Reformado por los Decretos 75-90 y 11-93 del
Congreso de la República). Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo
preceptuado en ésta.
CAPITULO II
NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
ARTICULO 24. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las
relaciones de familia, se rigen por las leyes de su domicilio.

ARTICULO 25. Calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o
relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue.
ARTICULO 26. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona
individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal, será reconocido en
Guatemala si no se opone al orden público.
ARTICULO 27. Situación de los bienes. (Lex rei sitae). Los bienes se rigen de
acuerdo a la ley del lugar de su ubicación.
ARTICULO 28. Formalidades externas de los actos. (Locus regit actum). Las
formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo
a la ley del lugar de su celebración.
ARTICULO 29. Forma de validez de los actos. (Lex loci celebrationis). Las
formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos, se regulan de acuerdo
a la ley del lugar de su celebración.
ARTICULO 30. Lugar de cumplimiento de los actos. (Lex loci excecutionis). Si
el acto o negocio jurídico, debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se
celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento, se rige de acuerdo a la ley del
lugar de ejecución.
ARTICULO 31. Pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la
ley a que las partes se hubieren sometido, salvo que dicho sometimiento sea
contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público.
ARTICULO 32. Sometimiento voluntario. En los casos que el acto o negocio
jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de
Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades
extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales.

ARTICULO 33. De lo procesal. La competencia jurisdiccional de los tribunales
nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso
y las medidas cautelares, se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite
la acción.
ARTICULO 34. De la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son
competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se
encuentren fuera del país, en los siguientes casos:
a) Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos
realizados en Guatemala;
b) Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en
Guatemala;
c) Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que
las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala.
ARTICULO 35. Del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán
de oficio, cuando proceda, las leyes de otros Estados. La parte que invoque la
aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique,
justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en
ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse
debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el tribunal nacional puede indagar
tales hechos, de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros
medios reconocidos por el derecho internacional.
CAPITULO III
APLICACION DE LAS LEYES EN EL TIEMPO

ARTICULO 36. Ambito temporal de validez de la ley. Los conflictos que
resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con
arreglo a las disposiciones siguientes:
a) El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución,
subsistirá, aunque ésta pierda su vigencia; pero los derechos y obligaciones
anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que esta constituya nuevos
derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos.
b) Los derechos de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del
hijo, y que hubiesen sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en
cuanto a su ejercicio y duración, a las reglas dictadas por una ley posterior.
c) El menor que bajo el imperio de una ley hubiere adquirido el derecho de
administrar sus bienes, no lo perderá bajo el de otra, aunque la última exija
nuevas condiciones para adquirirlos; pero en el ejercicio de este derecho se
sujetará a las reglas establecidas por la ley posterior.
d) Si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar
ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse
inmediatamente a todas las personas que comprende.
e) Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste
bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a
su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley.
f) La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio
de otra posterior.
g) Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el
imperio de una ley anterior se sujetarán en su ejercicio y conservación a las
reglas que establezca otra nueva ley.

h) Las solemnidades externas de los testamentos y de las donaciones por causa
de muerte, se regirán por la ley coetánea a su otorgamiento; pero las
disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley vigente en la
época de la muerte del testador.
i) En las sucesiones intestadas, el derecho de representación de los llamados a
ellas, se regirá por la ley vigente en la fecha de la muerte del causante.
j) En la adjudicación y partición de una herencia o legado, se observará la regla
anterior.
k) En todo acto o contrato, se entenderán incorporadas las leyes vigentes al
tiempo de su celebración, exceptuándose las concernientes al modo de
reclamar en juicio los derechos que resultaren de ellos.
l) Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley, podrán
probarse bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía para su
justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a
la ley vigente al tiempo en que se rindiere.
m) Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de las actuaciones
judiciales prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben
empezar a regir, pero los plazos que hubiesen empezado a correr y las
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de
su iniciación.
CAPITULO IV
DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

ARTICULO 37. Requisitos de documentos extranjeros. Para que sean
admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en
Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si los documentos están redactados en idioma extranjero deben ser
vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República; de no
haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos
personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus
firmas.
ARTICULO 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo
anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir
en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades
actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en
papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo
ha sido pagado en el documento original.
Al revisar los protocolos notariales el director del archivo general de
protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados
se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan
sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales
consiguientes.
ARTICULO 39. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no
previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado,
pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean
presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que, a juicio de la
autoridad correspondiente, no hayan sido determinantes para resolver, lo que hará
constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate y se dejará copia
certificada en los autos.
Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias
voluntarias en trámite, mediante razón circunstanciada, pero en tal caso, el
expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el
documento en debida forma o el testimonio de su protocolización.
En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad.

ARTICULO 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al
archivo general de protocolos, dentro del plazo de diez días , de cada
protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en
que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y
nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de
los impuestos que hubieren sido pagados en el acto de protocolización. El archivo
extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de
los otorgantes.
La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de
veinticinco quetzales (Q.25.00) que impondrá el director del archivo general de
protocolos e ingresará a los fondos judiciales.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al
testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá
contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado.
ARTICULO 41. Impuesto de papel sellado y timbres. Antes de la
protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando
sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto
de papel sellado y timbres que corresponde.
ARTICULO 42. Régimen especial. Lo preceptuado en este capítulo no es
aplicable a documentos regidos por normas especiales, de orden interno o
internacional, en todo aquello que se oponga a su naturaleza, finalidad o régimen
particular.
ARTICULO 43. Actuación notarial en el extranjero. (Reformado por Decreto
64-90 del Congreso de la República.) Los funcionarios diplomáticos y consulares
guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos
que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el
extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo podrán
autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo
sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren
protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que
establece el artículo 38 de esta ley.

ARTICULO 44. Hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto
alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de
otros países así como los documentos o disposiciones particulares provenientes
del extranjero si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución
Política de la República o contravienen el orden público.
CAPITULO V
PLAZOS
ARTICULO 45. Cómputo de tiempo. (Reformado por Decreto 64-90 y 59-2005
del Congreso de la República). En el cómputo de los plazos legales, en toda
clase de procesos, se observarán las reglas siguientes:
a) El día es de veinticuatro horas, que empezará a contarse desde la media
noche, cero horas.
b) Para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre las
dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguiente.
c) Los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde
según el calendario gregoriano.
d) Terminarán los años y los meses, la víspera de la fecha en que han principiado
a contarse.
e) En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son
inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los
sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada
semanal de trabajo no menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de
descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido
cerrado en el curso de todas las horas laborales.
f) Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación,
salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como lo establece el
Artículo 46 de esta ley.

En materia impositiva el cómputo se hará en la forma que determinen las
leyes de la materia.
ARTICULO 46. Horas. El plazo establecido o fijado por horas, se computará
tomando en cuenta las veinticuatro horas del día a partir del momento de la última
notificación o del fijado para su inicio.
Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir
del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato
siguiente.
ARTICULO 47. Actuaciones de urgencia. Cuando hubiere que practicarse
alguna diligencia urgente, el juez, de oficio o a solicitud de parte, debe actuar en
los días y horas inhábiles, expresando en ella el motivo de la urgencia y
haciéndolo saber a las partes.
ARTICULO 48. Plazo de distancia. El plazo por razón de la distancia es
imperativo, y la autoridad lo fijará según los casos y circunstancias.
ARTICULO 49. Facultad de señalar plazo. El juez debe señalar plazo cuando la
ley no lo disponga expresamente.
ARTICULO 50. Impedimento. Los plazos no corren por legítimo impedimento,
calificado o notorio, que haya sobrevenido al juez o a la parte. El plazo para
alegarlo y probarlo cuando afecte a las partes es de tres días computados a partir
del momento en que se dió el impedimento.
TITULO II
FUNCIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 51. Organismo Judicial. El Organismo Judicial, en ejercicio de la
soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución
Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país.
ARTICULO 52. Funciones del Organismo Judicial. (Reformado por Decreto
11-93 del Congreso de la República). Para cumplir sus objetivos, el Organismo
Judicial no está sujeto a subordinación alguna, de ningún organismo o autoridad,
sólo a la Constitución Política de la República y las leyes. Tiene funciones
jurisdiccionales y administrativas, las que deberán desempeñarse con total
independencia de cualquier otra autoridad. Las funciones jurisdiccionales del
Organismo Judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de
Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las
reglas de competencia por razón del grado. Las funciones administrativas del
Organismo Judicial corresponden a la Presidencia de dicho Organismo y a las
direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha Presidencia.
Los órganos que integran el Organismo Judicial tendrán las funciones que le
confiere la Constitución Política de la República, las leyes y los reglamentos, así
como las que le asignen otras leyes.
CAPITULO II
FUNCION ADMINISTRATIVA
ARTICULO 53. Administración. El Organismo Judicial será administrado por la
Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Organismo Judicial, conforme a sus
respectivas atribuciones.

ARTICULO 54. Corte Suprema de Justicia. (Reformado por los Decretos 11-
93 y 112-97 ambos del Congresos de la República). Son atribuciones
administrativas de la Corte Suprema de Justicia:
a) Ser el órgano superior de la administración del Organismo Judicial.
b) Informar al Congreso de la República, con suficiente anticipación de la fecha en
que vence el período para el que fueron electos los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, así como de las vacantes
que se produzcan, para la convocatoria de la Comisión de Postulación a que se
refiere la Constitución Política de la República.
c) Tomar protesta de administrar pronta y cumplida justicia a los Magistrados y
Jueces, previamente a desempeñar sus funciones.
d) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y
remover a los Jueces; así como a los Secretarios y personal auxiliar de los
tribunales que le corresponda. La remoción de un Juez procede: cuando se
observe conducta incompatible con la dignidad aneja a la judicatura; cuando la
Corte Suprema por votación acordada en mayoría absoluta del total de sus
miembros, estime que la permanencia del Juez en el ejercicio de su cargo es
inconveniente para la administración de justicia; y en los casos de delito
flagrante.
La Suspensión de los jueces será acordada por períodos no mayores de treinta
días, para proceder a investigar una conducta del Juez de que se trate cuando
tal conducta sea sospechosa de negligencia, ilegalidad, salvo el caso de
antejuicio.
e) Solicitar al Congreso de la República, la remoción de los Magistrados de la
Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados, por los mismos casos,
forma y condiciones en los que procede la remoción de los Jueces. El Congreso
de la República decidirá en sesión ordinaria, sobre la remoción que le hubiere
sido solicitada, en la misma forma y procedimiento de cuando se elige.

f) Emitir los reglamentos, acuerdos y órdenes ejecutivas que le corresponden
conforme a la ley, en materia de las funciones jurisdiccionales confiadas al
Organismo Judicial, así como en cuanto al desarrollo de las actividades que le
confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y esta Ley. Los
reglamentos y acuerdos deben ser publicados en el diario oficial.
g) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial, treinta
días antes del inicio de su vigencia, debiendo informar de ello al Congreso de la
República, será anual, coincidiendo con el año fiscal. Podrá modificar el
Presupuesto originalmente aprobado por razones de conveniencia al servicio de
administración de justicia, a que está obligado prestar. Podrá establecer
mecanismos que permitan la agilización de la ejecución presupuestaria, para la
pronta y cumplida administración de justicia.
h) Cuidar que la conducta de los Jueces y Magistrados sea la que corresponde a
las funciones que desempeñan y con ese objeto dictar medidas o resoluciones
disciplinarias.
i) Conceder licencia al Presidente hasta por dos meses; a los Magistrados del
mismo Tribunal cuando exceda de quince días; y asimismo a los demás
Magistrados cuando exceda de treinta días. En casos especiales podrá
prorrogarse ese tiempo a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Las licencias
por períodos menores deberán ser concedidas por el Presidente.
j) Ejercer la iniciativa de ley, formulando los proyectos.
k) Asignar a cada Sala de la Corte de Apelaciones los Tribunales de Primera
Instancia cuyos asuntos judiciales debe conocer.
l) Distribuir los cargos de los Magistrados que deban integrar cada tribunal
colegiado, al ser electos.

m) Cuando lo considere conveniente o a solicitud de parte interesada, pedir
informe sobre la marcha de la administración de justicia y si procediere, dictar
medidas disciplinarias o de otra naturaleza que sean pertinentes.
n) Establecer tasas y tarifas de los servicios administrativos que se prestaren.
ñ) Establecer sistemas dinámicos de notificación en los ramos y
territorios que señale el acuerdo respectivo, a efecto de agilizar
procedimientos y efectuar las notificaciones en el plazo señalado
en la ley.
o) Organizar sistemas de recepción de demandas para los ramos y territorios que
se señalen en el acuerdo correspondiente, con el objeto de garantizar una
equitativa distribución de trabajo entre los tribunales respectivos. La distribución
deberá hacerse dentro de las 24 horas de recibida la demanda.
p) Las demás que le asignen otras leyes.
ARTICULO 55. Presidente del Organismo Judicial. (Reformado por el Decreto
11-93 del Congreso de la República). Son atribuciones del Presidente del
Organismo Judicial:
a) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y
destituir a los funcionarios y empleados administrativos que le corresponda.

b) Emitir acuerdos, circulares, instructivos y órdenes. Toda disposición de
observancia general del Organismo Judicial deberá ser publicada en el diario
oficial.
c) Solicitar informes sobre la marcha de la administración de justicia.
d) Autenticar las firmas de los funcionarios del Organismo Judicial y de los notarios
cuando así proceda.
e) Ser el órgano de ejecución del presupuesto del Organismo Judicial; cuidar de la
adecuada programación y realización de la inversión de sus recursos
financieros; aprobar todo contrato civil, mercantil o administrativo,
independientemente de su cuantía o duración, podrá firmar o designar al
funcionario que ha de firmar el o los contratos respectivos.
f) Firmar los documentos de egresos que afecten partidas del presupuesto del
Organismo Judicial, lo cual deberá hacerse sin demora.
g) Tramitar y resolver la liquidación de conmutas cuando sea procedente, así
como hacer la relajación de las penas cuando concurran los requisitos que
exige el Código Penal u otras leyes.
h) Ejercer, otorgar o delegar la representación del Organismo Judicial en las
compras y contrataciones en que éste participe, de acuerdo con las
formalidades que para tales negociaciones establece la ley.
i) Imponer sanciones.
j) Acordar la organización administrativa para la adecuada y eficaz administración
del Organismo Judicial.

k) Ser el órgano de comunicación con los otros Organismos del Estado.
l) Librar la orden de libertad de los reos que hayan cumplido sus condenas de
privación de libertad.
m) Ordenar el traslado y distribución de los reos condenados a penas privativas de
libertad.
n) Ejercer la dirección superior del personal del Organismo Judicial.
ñ) Celebrar por sí o por medio del empleado o funcionario que designe, los
contratos relacionados con el servicio de la administración de justicia.
o) Cualesquiera otras necesarias o convenientes a una buena y eficaz
administración, aunque no estén especificadas en ésta u otras leyes.
p) Bajo su supervisión, delegar parcialmente y/o en forma específica en uno o
varios Magistrados o funcionarios del Organismo Judicial sus atribuciones
administrativas, revocar dichas delegaciones. Tales delegaciones no implican
que el Presidente quede impedido de ejercer directamente las atribuciones
delegadas si lo estima conveniente.
q) Crear las dependencias administrativas que demande la prestación del servicio
de administración de justicia, de igual manera podrá disponer la estructura
organizativa de la administración del Organismo.

ARTICULO 56. Supervisión de Tribunales. (Reformado por Decreto 11-93 del
Congreso de la República y la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad
de 19 de julio de 1995, Expediente 261-93).
Supervisar los Tribunales de la República es función de la Presidencia del
Organismo Judicial y también la ejercerá cada Tribunal con respecto a los de
grado inferior que le están directamente subordinados. En el ejercicio de esta
función de supervisión el Presidente del Organismo Judicial puede designar, por
nombramiento público o privado, el personal necesario para ejercerla. También
puede comisionar a un Magistrado o Juez para inspeccionar determinado tribunal
o expediente.
Para realizar esta función de supervisar los Tribunales, el Presidente del
Organismo Judicial tendrá como dependencia específica a la Supervisión General
de Tribunales, confiada a un Supervisor General y al demás personal que a juicio
de la Presidencia sea necesario, adicionalmente a lo cual podrá requerir la
colaboración de abogados litigantes.
La supervisión se realizará mediante visitas de inspección que deberán ser
practicadas a todos los Tribunales, periódicamente, para obtener información
directa sobre el curso de los negocios, lo relativo a la pronta y cumplida
administración de justicia, la forma en que los Tribunales sean atendidos por los
titulares y empleados y la conducta que observen, para lo cual los funcionarios o
empleados que ejerzan la supervisión podrán oír directamente a los Jueces,
Secretarios y Auxiliares de la administración de justicia, así como a abogados y
particulares.
Además, la supervisión se realizará sobre expedientes en trámite y sobre
expedientes fenecidos, para determinar la recta y cumplida administración de
justicia, la capacidad y prontitud de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus
funciones, la imparcialidad con que son tratados los negocios judiciales que ante
ellos se tramitan, y la observancia de los plazos y formalidades esenciales del
proceso.
Cuando se trate de expedientes fenecidos, la Presidencia del Organismo Judicial
puede integrar comisiones de Abogados de reconocido prestigio para dictaminar
sobre los mismos, pudiendo para el efecto requerir la colaboración del colegio de
Abogados y Notarios, en la formación de comisiones de calificación.
El funcionario o empleado que realice actividades de supervisión levantará las
actas y formulará las recomendaciones del caso. Cuando tales recomendaciones
sean para sancionar al funcionario o empleado supervisado, las actas se enviarán,
en copia certificada, a la Presidencia del Organismo Judicial, para que ésta, según
sea el caso, sancione directamente la falta, requiera de la Corte Suprema de
Justicia la emisión del acuerdo de suspensión o remoción respectivo, o promueva
la solicitud al Congreso de la República de remoción del Magistrado cuando fuere
el caso.

En el ejercicio de sus funciones, la Supervisión General de Tribunales tendrá las
más amplias facultades de investigación. Si como resultado de la misma se
presumiera la comisión de un hecho delictivo, se hará la denuncia correspondiente
a los Tribunales competentes.
El Presidente del Organismo Judicial podrá dictar las resoluciones y disposiciones
de administración y disciplina que fueren necesarias: y, además, reglamentará, por
medio de acuerdo, todo lo relacionado con la Supervisión de Tribunales.
Si se presentaren quejas por la forma en que se tramita un expediente, o por la
conducta de los miembros de un tribunal, la Supervisión General de Tribunales
deberá investigar directamente la denuncia, sin limitar su actuación a pedir que se
le traslade el expediente o que se le informe.
TITULO III
FUNCION JURISDICCIONAL
CAPITULO I
LA JURISDICCION EN GENERAL
ARTICULO 57. Justicia. (Reformado por Decreto 59-2005 del Congreso de la
República). La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la
Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los
cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas
judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los
tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad
con la ley.

ARTICULO 58. Jurisdicción. (Reformado por los Decretos 11-93, 41-96 y 59-
2005 del Congreso de la República). La jurisdicción es única. Para su ejercicio
se distribuye en los siguientes órganos:
a) Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras.
b) Corte de apelaciones.
c) Sala de la Niñez y Adolescencia.
d) Tribunal de lo contencioso-administrativo.
e) Tribunal de segunda instancia de cuentas.
f) Juzgados de primera instancia.
g) Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la
Ley Penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas.
h) Juzgados de paz, o menores.
i) Los demás que establezca la ley.
En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan
comprendidos todos los funcionarios del Organismo Judicial que ejercen
jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría.
ARTICULO 59. Instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias.
ARTICULO 60. Garantías. Los jueces y magistrados que se consideren
inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento de la
Corte Suprema de Justicia, dando cuenta de los hechos al tribunal competente
para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las
diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y
restaurar el orden jurídico.

ARTICULO 61. No interferencia. Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento
de causas o negocios pendientes ante otro tribunal a menos que la ley confiera
expresamente esta facultad.
ARTICULO 62. Competencia. Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en
los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo
cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que
hayan de llevarse a efecto en otro territorio.
ARTICULO 63. Publicidad. (Reformado por el Decreto 64-90 del Congreso de
la República).
Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por
mandato legal, por razones de moral, o de seguridad pública, deban mantenerse
en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy
especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso los sujetos procesales
y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos
de que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan y en general
enterarse de su contenido.
ARTICULO 64. Derecho de alegar. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). En todas las vistas de los tribunales, las partes y sus
abogados podrán alegar de palabra. Además podrán presentar alegatos escritos.
ARTICULO 65. Insobornabilidad. Se prohíbe a los funcionarios y empleados del
Organismo Judicial recibir emolumento, propina o dádiva alguna, directa o
indirectamente de los interesados o de cualquier otra persona.
ARTICULO 66. Facultades generales. (Reformado por los Decretos 64-90,
112-97 y 59-2005 del Congreso la República). Los Jueces tienen facultad:
a) De compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que
esté a derecho.

b) Para devolver sin providencia alguna y con sólo la razón circunstanciada del
secretario, los escritos contrarios a la decencia, a la respetabilidad de las leyes
y de las autoridades o que contengan palabras o frases injuriosas, aunque
aparezcan tachadas, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurre, tanto
el litigante como al abogado que auxilia.
También serán devueltos en la misma forma los escritos en los que figuren
mandatarios o abogados cuya intervención sea motivo de que el juez o la
mayoría de magistrados que integran un tribunal colegiado, tengan que
excusarse o puedan ser recusados, salvo que el juez o magistrado entre a
conocer del negocio cuando ya estuviere actuando en él, el abogado o
mandatario, caso en que la excusa o recusación serán tramitados como
corresponde. Contra esa devolución el interesado podrá acudir en queja al
tribunal inmediato superior dentro del tercer día, acompañando el escrito de
mérito.
c) Para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o
incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos
y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o
hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, será apelable
y si el tribunal superior confirma lo resuelto, impondrá al abogado auxiliante una
multa entre quinientos a mil quetzales. En estos casos la apelación no tendrá
efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre
en estado de resolver en definitiva, momento en el que se esperará la
resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base
en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría respectiva.
En los procesos de ejecución, tendrán facultad para tramitar y aprobar nuevas
liquidaciones por capital, intereses, gastos y costas, si han transcurrido seis
meses o más desde que se presentó la anterior liquidación y esta no ha
quedado firme por incidentes, nulidades o recursos presentados por los
demandados que han impedido o demorado la aprobación de la liquidación
anterior, con el propósito de que las nuevas liquidaciones abarquen los
intereses, gastos y costas ocasionados por las demoras.
d) Para mantener el orden y la disciplina de sus subalternos, distribuyendo dentro
de ellos el trabajo en la forma más eficiente; así como para imponerles las
sanciones que establezca la ley.
e) Para procurar de oficio o a petición de parte, dentro del proceso o antes de que
se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas

ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que
correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte
Suprema de Justicia. En ningún caso, lo actuado por los jueces en su función
conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará
a lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de
conciliación levantadas ante un juez, constituirán título ejecutivo para las partes
signatarias, en lo que a cada quien le corresponda.
ARTICULO 67. Enmienda del procedimiento. (Reformado por los Decretos
75-90 y 112-97 del Congreso de la República). Los jueces tendrán facultad para
enmendar el procedimiento, en cualquier estado del proceso, cuando se haya
cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes.
Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial, cuando se
violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales
del proceso. La enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones:
a) El juez deberá precisar razonadamente el error.
b) El auto deberá señalar, en forma concreta, las resoluciones y diligencias que
sean afectadas por la enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas;
para hacer constar que han quedado sin validez.
c) No afectará a las pruebas válidamente recibidas.
d) No afectará las actuaciones independientes o que no tengan relación con el
acto o resolución que motivó la enmienda. El auto que disponga la enmienda
del procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido dictado por un
Tribunal Colegiado, en toda clase de juicios, pero la apelación no tendrá efectos
suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado
de resolver en definitiva momento en que se esperará la resolución de la
apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las
actuaciones certificadas por la Secretaría respectiva.
El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable en toda clase de
juicios.

ARTICULO 68. Obligaciones personales de los jueces.(Reformado por
Decreto 64-90 del Congreso de la República). Los jueces recibirán por sí todas
las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. El Secretario u Oficial
que los practiquen será solidariamente responsable con el Juez o Magistrado del
contenido de los mismos a cuyo efecto en el acta deberá consignarse su nombre.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá delegar esta función en uno
de los magistrados del tribunal, de preferencia que pertenezca a la cámara que
conozca del asunto.
Los jueces están obligados a leer y estudiar las actuaciones por sí mismos y son
responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia.
ARTICULO 69. Peticiones verbales. En los procesos escritos no se admitirán
peticiones verbales, sino cuando expresamente estuviere prevenido en la ley o en
resolución judicial.
ARTICULO 70. Prohibiciones. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de
la República). Es prohibido a los jueces y magistrados:
a) Aceptar o desempeñar cargos de albaceas, tutores, protutores o guardadores,
salvo que se trate del cónyuge, conviviente cuya unión de hecho estuviere
inscrita en el Registro Civil respectivo o parientes dentro de los grados de ley; y
ser depositarios judiciales;
b) Ser árbitros, expertos, liquidadores o partidores;
c) Dar opinión sobre asuntos que conozcan o deban conocer;
d) Garantizar en cualquier forma, obligaciones de personas que no sean sus
parientes, bajo pena de nulidad de la garantía y de destitución del funcionario;

e) Celebrar contratos de cualquier clase con las personas que
ante ellos litiguen, bajo pena de nulidad y de destitución del funcionario;
f) Promover de oficio cuestiones judiciales sobre intereses privados;
g) Ejercer las profesiones de abogado y notario, o ser mandatarios judiciales,
salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado, en asuntos propios,
de su cónyuge, conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el
Registro Civil respectivo o de sus hijos menores de edad;
h) Tener negocios o ejercer oficios que sean incompatibles con el decoro de su
profesión.
ARTICULO 71. Abandono de funciones. Ningún magistrado o juez, propietario o
suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial,
dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su
servicio sino hasta que se presente su sucesor.
ARTICULO 72. Derecho de proponer. Los jueces colegiados pueden hacer
proposiciones por escrito instando a los tribunales a que pertenezcan para que
dicten providencias sobre asuntos de sus atribuciones, y estos proveerán lo que
corresponda.
ARTICULO 73. Declaraciones. Los magistrados y jueces no pueden declarar
como testigos a menos que sea necesario, lo que calificará el tribunal superior o el
colegiado a que pertenezca tal magistrado o juez.
CAPITULO II

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ARTICULO 74. Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en
toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de
conformidad con la Ley . Es el tribunal de superior jerarquía de la República.
ARTICULO 75. Integración. (Reformado por los Decretos 64-90 y 112-97 del
Congreso de la República). La Corte Suprema de Justicia se integra con trece
magistrados, en la forma siguiente:
a) Un Presidente, que lo es también del Organismo Judicial.
b) Doce magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número
que les corresponda en el orden de su elección. Este servirá para la sustitución
temporal del Presidente y para el efecto de votaciones. Los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia serán electos en la forma y para el período
establecido en la Constitución Política de la República.
ARTICULO 76. Organización. (Reformado por los Decretos 11-93 y 112-97 del
Congreso de la República). La Corte Suprema de Justicia se organizará en las
Cámaras que la misma determine. Cada Cámara contará con un Presidente y el
número de Vocales que se considere conveniente y conocerá de los asuntos que
la propia Corte disponga.
Los asuntos sometidos al conocimiento de una Cámara serán substanciados por
el Presidente de ella y resueltos por mayoría de votos de sus integrantes. En caso
de empate, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se integrará a la cámara
correspondiente.
ARTICULO 77. Suplencias. (Reformado por Decretos 11-93 y 112-97 del
Congreso de la República). En caso de impedimento, excusa, recusación o
ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
cuando ésta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los Presidentes
de las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar categoría, principiando con los
establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en su defecto, los
vocales de dichos tribunales y, por último, a los suplentes de éstos.

Si la ausencia fuere absoluta, se procederá de la misma manera mientras el
Congreso de la República hace una nueva elección.
ARTICULO 78. Integración Total. (Reformado por Decreto 11-93 del Congreso
de la República) Cuando por cualquier causa deban los Magistrados suplentes
integrar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus cámaras,
elegirán entre ellos a quien deba presidirla en sus funciones específicas, quien no
tendrá la calidad de Presidente del Organismo Judicial, ni más funciones
administrativas que las derivadas del caso concreto a cuyo conocimiento se
circunscribe su actuación.
ARTICULO 79. Atribuciones. (Reformado por Decretos 64-90 y 11-93 del
Congreso de la República.). Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia o
de la Cámara respectiva:
a) Conocer de los recursos de casación en los casos que procedan, según la ley.
b) Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que establezca la ley.
c) Conocer de los antejuicios contra los magistrados y jueces, tesorero general de
la nación y viceministros de Estado cuando no estén encargados de la cartera.
Para el efecto tendrá la facultad de nombrar juez pesquisidor, que podrá ser uno
de los magistrados de la propia Corte Suprema, de la corte de apelaciones o el
juez de primera instancia más inmediato. Si el pesquisidor se constituye en la
jurisdicción del funcionario residenciado o la corte misma así lo dispone, dicho
funcionario deberá entregar el mando o empleo en quien corresponda durante el
tiempo que tarde la indagación y la Corte Suprema de Justicia o la cámara
respectiva resuelve lo conveniente. Una vez declarado que ha lugar a formación
de causa el funcionario queda suspenso en el ejercicio de su cargo y se pasarán
las diligencias al tribunal que corresponda, para su prosecusión y fenecimiento.
Los antejuicios de que conozca la Corte Suprema de Justicia terminarán sin
ulterior recurso.

d) Velar porque la justicia sea pronta y cumplidamente administrada y dictar
providencias para remover los obstáculos que se opongan.
ARTICULO 80. Concurrencia. Para que la Corte Suprema de Justicia, cualquiera
de sus cámaras u otro tribunal colegiado puedan desempeñar las funciones que
les corresponde, se requiere la concurrencia de todos sus miembros.
ARTICULO 81. Votos. Toda resolución o acuerdo de la Corte Suprema de Justicia
o de sus cámaras o de cualquier otro Tribunal colegiado, se dictará por mayoría de
votos; pero cuando no la haya se llamará a mayor número de Magistrados, y en
este caso, la mayoría deberá ser absoluta.
ARTICULO 82. Vacante del Presidente. Si la ausencia definitiva fuere del
Presidente, la Corte Suprema de Justicia al quedar nuevamente integrada con
nueve (*) miembros con el Magistrado electo por el Congreso, procederá a elegir
entre sus miembros al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del
Organismo Judicial, quien fungirá hasta la conclusión del período.
* (ver artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
ARTICULO 83. Votos contrarios. En las sentencias y en los autos que dicten los
tribunales colegiados se expresarán, al margen de la resolución, los nombres de
los magistrados que hubieren votado en contra.
ARTICULO 84. Libro de votos. En la Corte Suprema de Justicia y en los demás
tribunales colegiados, habrá un libro denominado de votos, en el cual los
magistrados que no opinaren como la mayoría, deberán, dentro del tercer día de
firmada la resolución o acuerdo, exponer y fundamentar su voto particular en los
asuntos en que hubiere conocido el tribunal, en el entendido que si no lo hacen, la
resolución o acuerdo se considera votado en el mismo sentido que la mayoría, sin
la necesidad de ningún pronunciamiento al respecto. Este libro estará a cargo de
la secretaría del respectivo tribunal, y podrá ser consultado por cualquier persona,
que tenga interés en ello.
Los votos, se publicarán en la Gaceta de los Tribunales, a continuación de la
sentencia que los motive.

ARTICULO 85. Petición de suspensión. Si alguno de los que forman el tribunal
expresare que necesita estudiar con más detenimiento el asunto que se va a fallar,
y pidiere que se suspenda la discusión, el presidente lo acordará así y señalará un
plazo que no exceda de tres días para que continúe el debate y se dicte
oportunamente el fallo.
CAPITULO III
CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES
COLEGIADOS
ARTICULO 86. Salas. La Corte de apelaciones se integra con el número de salas
que determine la Corte Suprema de Justicia, la cual fijará también la sede,
materias de que conocerán y competencia territorial de cada una de las salas.
ARTICULO 87. Integración. Cada sala se compone de tres magistrados
propietarios, y dos suplentes para los casos que sean necesarios, y será presidida
por el magistrado que designe la Corte Suprema de Justicia.
También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar el número de magistrados
de cada sala cuando así lo exijan las circunstancias.
Las disposiciones de esta sección comprenden, en lo aplicable, a los tribunales
colegiados en general.
ARTICULO 88. Atribuciones. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de
la República) Corresponde a las salas de la corte de apelaciones:
a) Conocer en primera instancia, previa declaratoria del Congreso de haber lugar a
juicio, en las causas de responsabilidad contra los funcionarios a que se refiere
el inciso h) del artículo 165 de la Constitución Política de la República.

b) Conocer en segunda instancia de los procesos establecidos en la ley.
c) Conocer de los antejuicios cuyo conocimiento no esté atribuido por esta Ley o
por la Constitución Política de la República a otro órgano.
d) Cuidar que los jueces de primera instancia, jueces menores o cualesquiera
otras personas cumplan sus funciones y los plazos con apego a la ley y
evacuen las diligencias que por despacho o en otra forma se les encargue.
Deberán sancionarlos, en caso de incumplimiento, con multa de veinticinco
quetzales (Q.25.00), salvo en casos debidamente justificados.
e) Mantener la disciplina de los tribunales en todo el distrito de su jurisdicción,
velando por la conducta oficial de los Jueces de Primera Instancia, y
haciéndoles cumplir todos los deberes que las leyes les imponen.
f) Vigilar la conducta oficial de sus secretarios y empleados subalternos, a quienes
así como a los jueces, podrán corregir aplicando las sanciones determinadas
por la ley, poniendo el caso en conocimiento del Presidente del Organismo
Judicial.
g) En casos urgentes, conceder licencia a los secretarios y demás empleados,
para que se ausenten de su trabajo por no más de ocho días, pero si fuere
necesario el nombramiento de sustituto, el caso se pondrá en conocimiento del
Presidente del Organismo Judicial.
h) Llamar al suplente que corresponda en caso que por cualquier motivo quedare
desintegrada.
i) Conocer en consulta de los procesos cuando legalmente proceda confirmando,
modificando o revocando la resolución recibida en grado.

j) En los casos determinados por la ley, conocer en recurso de reposición de los
autos originarios de la misma sala.
k) Ejercer las demás atribuciones y funciones que fijen otras leyes, los
reglamentos y acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 89. Presidentes. Los presidentes de salas y tribunales colegiados son
la autoridad superior del tribunal; supervisarán el trámite de todos los asuntos,
sustanciándolos hasta dejarlos en estado de resolverlos.
Los presidentes mantendrán el orden en el tribunal y cuando se celebre vista o
audiencia pública dictará las disposiciones que crean convenientes, debiendo
proceder contra cualquier persona que desobedezca o las perturbe.
ARTICULO 90. Impedimentos. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso
de la República). Por ausencia temporal de un Magistrado Propietario se llamará
a uno de los suplentes. En caso de muerte o impedimento absoluto o de renuncia
del Magistrado Propietario, el Congreso de la República elegirá a la persona que
deba sustituirlo para completar el periodo constitucional, conforme el
procedimiento establecido en el Artículo 217 de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
ARTICULO 91. Sustitución del presidente. En ausencia o por impedimento del
presidente de un tribunal colegiado, hará sus veces el magistrado que le siga en
orden numérico.
ARTICULO 92. Residencia. Los magistrados tienen la obligación de residir en el
lugar donde tenga su sede el tribunal al cual pertenezcan y de donde no podrán
ausentarse los días hábiles, sin previo permiso del Presidente del Organismo
Judicial, salvo por razones de servicio. El incumplimiento de este artículo será
considerado falta grave.

ARTICULO 93. Supervisión de tribunales y prisiones. Los tribunales colegiados
en vista de los estados mensuales que deben pasarles los jueces de primera
instancia y los tribunales militares, dictarán las medidas necesarias para que los
asuntos no sufran demora y para que el personal llene cumplidamente sus
obligaciones.
Las salas que tengan competencia en materia penal, dictarán las providencias
necesarias para corregir los abusos o faltas que se cometan en los lugares de
prisión. En todo caso grave o de responsabilidad, darán cuenta inmediata a la
Corte Suprema de Justicia.
CAPITULO IV
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
ARTICULO 94. Competencia. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede
y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere
más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del
territorio.
ARTICULO 95. Atribuciones. Son atribuciones de los jueces de primera
instancia:
a) Conocer de los asuntos de su competencia, de conformidad con la ley;
b) Conocer en las causas de responsabilidad cuando esta atribución no
corresponda a la corte de apelaciones;
c) Los que tienen competencia en materia penal están obligados a visitar, por lo
menos una vez al mes los centros de detención y las cárceles de su distrito;

d) Visitar en inspección, cada tres meses, el Registro de la Propiedad; cuando lo
hubiere en su jurisdicción. Para la ciudad capital, el Presidente del Organismo
Judicial fijará a que juzgados corresponde la inspección;
e) Las demás que establezcan otras leyes, los reglamentos y acuerdos de la Corte
Suprema de Justicia.
ARTICULO 96. Residencia. Los jueces de primera instancia tienen la obligación
de residir en la población sede del juzgado en el que prestan sus servicios; y sin
licencia, no pueden ausentarse de su departamento en días hábiles. El
incumplimiento de este artículo será considerado falta grave.
ARTICULO 97. Despachos. No obstante la división jurisdiccional de los jueces de
primera instancia, éstos deben cumplimentar inmediatamente los despachos y
órdenes que reciban de la Corte Suprema de Justicia y de cualquiera de los
tribunales colegiados.
ARTICULO 98. Impedimentos. En los casos de impedimento, excusa, recusación
o falta temporal o absoluta de los jueces de primera instancia, se procederá de la
manera siguiente:
a) Si el impedimento, la excusa o la recusación, fueren declarados procedentes, el
asunto pasará a otro juez de primera instancia, si lo hubiere en el
departamento. En los departamentos donde hubiere más de dos jueces, el
asunto pasará al que le siguiere en orden numérico, y al primero si fuere el
último el de la causal. Si no lo hubiere, conocerá el juez menor de la cabecera si
tuviere título de abogado; y si no otro juez menor del mismo departamento que
lo tenga. Si tampoco lo hay, el asunto pasará al conocimiento del juez de
primera instancia más accesible. El Presidente del Organismo Judicial
determinará en forma general lo pertinente por medio de acuerdo.
b) Si la falta fuere temporal, el Presidente del Organismo Judicial designará al juez
suplente que deba sustituirlo. Si fuere absoluta, se procederá en la misma
forma mientras la Corte Suprema de Justicia hace el nuevo nombramiento.

ARTICULO 99. Actos fuera del Tribunal. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Cuando los jueces de primera instancia tengan que
practicar diligencias fuera del tribunal y dentro del perímetro de la población en
que residan, deben hacerlo personalmente y no por medio de despacho cometido
a los jueces menores.
ARTICULO 100. Visitas. Por lo menos cada seis meses, los jueces de primera
instancia, deberán bajo su más estricta responsabilidad, visitar todos los juzgados
jurisdiccionales. Estas visitas tendrán por objeto:
a) Los que tienen competencia en materia penal, inspeccionar los centros de
detención y cárceles, oyendo las quejas que contra los jueces menores y
alcaides u otros encargados interpusieren los detenidos y dictarán respecto a
cada falta o abuso que se note, la providencia que corresponda.
b) Oír las quejas de los vecinos relacionadas con la administración de justicia.
c) Examinar los libros, procesos y demás expedientes que lleven los jueces
jurisdiccionales y observar si en ellos se han guardado las formalidades de ley,
así como darles las instrucciones necesarias para que administren justicia
pronta y cumplidamente.
d) Prevenir de manera especial a los jueces y demás personal de los juzgados
jurisdiccionales para que vigilen a fin de impedir toda exacción ilegal.
Los jueces levantarán actas de las visitas que practiquen y enviarán copias
certificadas a la presidencia del Organismo Judicial, con copia simple a la sala
jurisdiccional y propondrán la manera de remover los inconvenientes que no sean
de su competencia o que exijan la intervención superior.

CAPITULO V
JUZGADOS MENORES
ARTICULO 101. Juzgados de paz. Los juzgados menores se denominan
juzgados de paz, a menos que por su especial naturaleza la ley o la Corte
Suprema de Justicia les dé distinta denominación.
La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados menores en el número y
en los lugares que considere convenientes a la buena administración de la justicia.
ARTICULO 102. Sede. En cada cabecera departamental debe haber por lo menos
un juzgado de paz. En lo que respecta a los municipios, la Corte Suprema de
Justicia cuando lo considere conveniente, puede, atendiendo a la distancia y al
número de habitantes, extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz a
más de un municipio.
La Corte Suprema de Justicia podrá fijar sedes y distritos con independencia de la
circunscripción municipal.
ARTICULO 103. Jueces itinerantes. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Cuando la Corte Suprema de Justicia lo considere
necesario, puede acordar que los jueces de paz ejerzan sus atribuciones en forma
itinerante en determinada circunscripción territorial.
ARTICULO 104. Facultades. Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro
de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados; su competencia por
razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia;
y sus atribuciones en el orden disciplinario, son las mismas respecto a sus
subalternos, que las otorgadas en el propio caso a los jueces de primera instancia.
ARTICULO 105. Impedimentos. En caso de impedimento, excusa, o recusación
declarados procedentes, o de falta temporal del juez de paz, será sustituido por
otro de igual categoría, si lo hubiere en el municipio, y si no, por el juez de paz

cuya sede sea más asequible. En caso de falta absoluta, se procederá de la
misma manera, mientras la Corte Suprema de Justicia nombra al sustituto.
ARTICULO 106. Residencia. Los jueces menores tienen la obligación de residir
en el municipio de su jurisdicción; y si ésta se extendiera a dos o más municipios,
en la sede que haya fijado la Corte Suprema de Justicia. Los jueces no pueden
ausentarse de su jurisdicción sin el permiso correspondiente. El incumplimiento de
éste artículo será considerado falta grave.
ARTICULO 107. Turnos. En donde haya más de un juez de paz, deben estos
funcionarios permanecer en su despacho por turnos fuera de las horas de
audiencia, a efecto de que haya un juez expedito para la práctica de diligencias
que urgentemente demanden su intervención y para las sanciones económicas de
los que sean detenidos por faltas, después de las horas ordinarias de audiencia.
Los turnos serán distribuidos por el Presidente del Organismo Judicial.
El juez de paz que sin causa justificada no cumpliera con lo dispuesto en
este artículo, sufrirá una multa de diez (Q.10.00) a cien ( Q.100.00) quetzales que
en cada caso impondrá de plano el Juez de Primera Instancia jurisdiccional. La
causa justificada deberá probarse dentro de veinticuatro horas.
CAPITULO VI
SECRETARIOS DE LOS TRIBUNALES
ARTICULO 108. Secretarios. En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un
secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se
practiquen; y además, el personal que requiera el servicio.
Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los
tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con dos testigos
de asistencia.

ARTICULO 109. Requisitos. Para ser secretario de la presidencia del Organismo
Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y de los demás
tribunales, se necesita ser guatemalteco, estar en el ejercicio de todos sus
derechos, tener el título de abogado y notario y ser colegiado activo; pero en los
últimos, a falta de abogado y notario, puede nombrarse a una persona idónea.
ARTICULO 110. Atribuciones. (Reformado por el Decreto 64-90 del Congreso
de la República). El Secretario es el Jefe Administrativo del Tribunal y el órgano
de comunicación con el público, y sus funciones las cumplirá subordinadas al
Presidente del Tribunal o al juez, según el caso.
ARTICULO 111. Comunicaciones. Los secretarios de la presidencia del
Organismo Judicial, Corte Suprema de Justicia y de los tribunales colegiados, son
los órganos de comunicación con los funcionarios judiciales o administrativos de
igual o inferior categoría.
El secretario de la Corte Suprema de Justicia, será sustituido en caso
necesario y temporalmente por el secretario de la presidencia del Organismo
Judicial o por el secretario que designe el Presidente de la Corte.
ARTICULO 112. Otras Obligaciones. Las demás obligaciones de los secretarios
y del personal auxiliar de los tribunales, se especificarán en las leyes, reglamentos
y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia.
TITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS PROCESOS
CAPITULO I

JURISDICCION Y COMPETENCIA
ARTICULO 113. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede
delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los
asuntos de su potestad.
ARTICULO 114. Comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para
diligencias determinadas a otros de la misma o inferior categoría, prefiriéndose al
de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por
exhorto; a los inferiores, por despacho; y, a los superiores o a los de otros
Estados, por suplicatorio o carta rogativa.
ARTICULO 115. Suplicatorios. Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán,
los tribunales por medio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando
otras leyes o tratados vigentes no dispongan diferente trámite.
ARTICULO 116. Declinatoria. Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez
que tenga competencia para conocer de ella; y siempre que de la exposición de
los hechos, el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más
trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso, a
solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia
competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la
prórroga de la competencia.
ARTICULO 117. Trámite de la declinatoria. El que fuere demandado, procesado
o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente,
podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez
que corresponda.
La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los tres días
de ser notificado, indagado o citado; y se tramitará como incidente. La resolución
que se dicte será apelable y el tribunal que conozca el recurso al resolverlo
remitirá los autos al juez que corresponda, con noticia de las partes.

ARTICULO 118. Suspensión del proceso. No podrá continuar el trámite del
asunto principal, mientras no esté resuelta la competencia.
Las disposiciones de este artículo y del anterior, se aplicarán únicamente en
los casos que no estén normados por leyes especiales.
ARTICULO 119. Competencia dudosa. Si surgiere alguna duda o conflicto
acerca de cual juez debe conocer de un asunto, los autos se remitirán a la Corte
Suprema de Justicia para que la cámara del ramo que proceda resuelva y remita
el asunto al tribunal que deba conocer.
ARTICULO 120. Prohibición de prorrogar. No pueden prorrogar competencia el
Ministerio Público, ni los que ejercitan derechos ajenos, salvo los mandatarios y
representantes que estuvieren legalmente facultados para hacerlo.
ARTICULO 121. Conocimiento de oficio. Es obligación de los tribunales conocer
de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo pena de nulidad de
lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la
competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia
territorial.
CAPITULO II
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES
ARTICULO 122. Impedimentos. ( Reformado el inciso f por Decreto 11-93 del
Congreso de la República ). Son impedimentos para que un juez conozca un
asunto determinado:
a) Ser parte en el asunto.
b) Haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el
asunto.

c) Tener el juez o alguno de sus parientes, interés directo o indirecto en el asunto.
d) Tener el juez parentesco con alguna de las partes.
e) Ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquél.
f) Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes, herencia, legado o donación
de alguna de las partes.
g) Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes.
h) Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto.
ARTICULO 123. Excusas. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes:
a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a
juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la
imparcialidad del juzgador.
b) Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna
de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas.
c) Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose
el caso de hoteles o pensiones.
d) Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio.
e) Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores,
mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes,
cónyuges o hermanos.
f) Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado
herencia, legado o donación de alguna de las partes.
g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o éste de
aquéllas.
h) Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes, o hermanos y alguna
de las partes, hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación
jurídica que aproveche o dañe al juez, o a cualquiera de sus parientes
mencionados.
i) Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos, tengan juicio pendiente
con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes.

j) Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión, en el asunto que se
ventila.
k) Cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez,
su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos.
l) Cuando el juez, su esposa, o alguno de sus parientes consanguíneos tengan
enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad
grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o éste a
cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes
de unos y otros mencionados en este inciso.
En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de
excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los
magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los
cuales se hubiere iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar
a formación de causa.
ARTICULO 124. Otras personas. Las causales expresadas en el artículo anterior
comprenden también a los abogados y representantes de las partes.
ARTICULO 125. Recusación. ( Reformado por el Decreto 112-97 del Congreso
de la República ). Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y
de las excusas.
La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su
trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva. Si se
tratare de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el
debate. Pero, si la recusación se declarare procedente, serán nulas las diligencias
practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la recusación se
declara improcedente se impondrá al recusante una multa de quinientos a mil
quetzales. Por no corresponderles conocer del fondo del asunto, no podrán ser
recusados los miembros del tribunal que conozca de una recusación.
ARTICULO 126. Trámite de la excusa. El juez que tenga causa de excusa, lo
hará saber a las partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de veinticuatro
horas, manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo sin que se
hubiere hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará
los autos al tribunal superior, para el solo efecto que se designe el tribunal que

deba seguir conociendo; de la misma manera se procederá en el caso de que las
partes acepten expresamente la causal.
Si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa invocada y la
otra no, se elevarán los autos al tribunal superior, para que dentro de cuarenta y
ocho horas, resuelva acerca de su procedencia, y si la declarare con lugar,
remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo.
En el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá
conociendo; pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa.
ARTICULO 127. Trámite en tribunales colegiados. Si la excusa fuere de un
miembro de un tribunal colegiado, la hará constar inmediatamente en las
actuaciones, y el presidente del tribunal o el que haga sus veces, mandará que se
haga saber a las partes para los
efectos indicados en el artículo anterior. El tribunal, después de integrado como
corresponde, resolverá lo que proceda dentro de cuarenta y ocho horas. De la
misma manera se procederá en caso de impedimento, pero sin noticia de las
partes.
ARTICULO 128. Derechos de las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a
los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa, en cualquier
estado del proceso antes que se haya dictado sentencia. Si el juez acepta como
cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las
actuaciones al tribunal superior para que dentro de cuarenta y ocho horas resuelva
lo procedente. En caso de declararla con lugar, remitirá las actuaciones al que
debe seguir conociendo.
ARTICULO 129. Trámite de la recusación. Si el juez estima que no es cierta la
causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución
motivada, y en el primer caso seguirá conociendo sin más trámite, pero en el de
recusación remitirá las actuaciones al tribunal superior, el que la tramitará y
resolverá como incidente.
ARTICULO 130. Trámite de impedimentos. En caso de impedimento el juez se
inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al tribunal superior, para que resuelva y
las remita al juez que deba seguir conociendo.

ARTICULO 131. Recusación en tribunales colegiados. Cuando se recuse a
miembros de tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente en
los autos si reconoce o niega la causal de la recusación. El tribunal integrado
como corresponde, le dará el trámite de los incidentes. Contra lo resuelto así como
en el caso previsto en el artículo 127 no cabe recurso alguno.
ARTICULO 132. Suplentes. Por impedimento, excusa o recusación legalmente
declarada de alguno de los magistrados de cualquier tribunal colegiado, se llamará
a los respectivos suplentes, si aún así no se integrare el tribunal, se llamará a los
suplentes de otros tribunales. Pero si por algún motivo no previsto no se pudiere
integrar el tribunal, el asunto se remitirá a la presidencia del Organismo Judicial,
para que en el plazo de tres días designe al que deba seguir conociendo.
ARTICULO 133. Arbitros y expertos. Por las mismas causales señaladas para
los jueces, deben inhibirse o excusarse los árbitros y los expertos; y también
pueden ser recusados por las partes siempre que las causas alegadas
sobrevinieren o las supiere el recusante después de firmada la escritura de
compromiso. En estos casos se observará el mismo trámite que cuando se trate
de jueces.
ARTICULO 134. Secretarios y personal auxiliar. Las partes podrán recusar en
un mismo asunto, hasta dos secretarios, oficiales auxiliares de justicia y
notificadores, sin expresión de causa, y la recusación se resolverá de plano. Las
recusaciones de estos empleados que fueren con expresión de causa, se
tramitarán en forma de incidente verbal o escrito, según la clase de juicio en que
se promueven.
CAPITULO III
INCIDENTES

ARTICULO 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se
promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley
procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren
completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de
oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo
promovió sin razón, salvo evidente buena fe.
ARTICULO 136. Suspensión de proceso. Los incidentes que pongan obstáculos
al curso del asunto, se sustanciarán en la misma pieza de autos quedando éstos,
mientras tanto, en suspenso.
Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es
absolutamente imposible de hecho o de derecho, continuar sustanciándolo. En
todo caso el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite.
ARTICULO 137. Pieza separada. Los que no pongan obstáculo a la prosecusión
del asunto, se sustanciarán en pieza separada que se formará con los escritos y
documentos que señala el juez; y cuando éstos no deban desglosarse, se
certificarán en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido.
ARTICULO 138. Trámite. ( Reformado por el Decreto 112-97 del Congreso de
la República ). Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados,
si los hubiere, por el plazo de dos días.
Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal
lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su
responsabilidad.
ARTICULO 139. Prueba. (Reformado por Decretos 112-97 y 59-2005 del
Congreso de la República). Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y
cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o el juez lo considerare
necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de ocho días. Las partes
deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar
la audiencia.

ARTICULO 140. Resolución. ( Reformado por Decretos 112-97 y 59-2005 del
Congreso de la República ). El Juez resolverá el incidente sin más trámite,
dentro de tres días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiere abierto
a prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido el de
prueba. La resolución será apelable, salvo los casos en que las leyes que regulan
materias especiales excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por
tribunales colegiados. El plazo para resolver el recurso, cuando proceda su
interposición, será de tres días. La apelación tendrá efectos suspensivos en los
incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto principal. En los otros casos
no tendrá dichos efectos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se
halle en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo hará
con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría
correspondiente. Se exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo
caso se suspenderá el trámite.
CAPITULO IV
LAS RESOLUCIONES EN GENERAL
ARTICULO 141. Clasificación. ( Reformado por Decreto 64-90 del Congreso
de la República ). Las resoluciones judiciales son:
a) Decretos, que son determinaciones de trámite.
b) Autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven
incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán
razonarse debidamente.
c) Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites
del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como
tales por la ley.
ARTICULO 142. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse
a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes; los autos dentro de
tres días; las sentencias dentro de los quince días después de la vista, y ésta se
verificará dentro de los quince días después de que se termine la tramitación del

asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo
caso se estará a lo dicho en esas leyes.
La infracción de éste artículo se castigará con una multa de veinticinco
(Q.25.00) a cien (Q.100.00) quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de
los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa
justificada a juicio del tribunal superior. Esta causa se hará constar en autos, para
el efecto de su calificación.
ARTICULO 142. Bis. Plazo para notificar. (Adicionado por Decreto 59-2005
del Congreso de la República.) Las providencias o decretos serán notificadas
dentro de un plazo máximo de los dos días siguientes de haberse dictado por el
tribunal competente; los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo
de cinco días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente.
Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de quince días de
haberse proferido por el tribunal competente.
La infracción de este artículo hará incurrir en responsabilidad administrativa a los
que resultaren responsables y se sujetarán a las sanciones que les podrá imponer
la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 143. Requisitos. Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el
nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y
las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y
del secretario, o sólo la de éste cuando esté legalmente autorizado para dictar
providencias o decretos de puro trámite.
ARTICULO 144. Irrevocabilidad de autos. Las sentencias y los autos no pueden
ser revocados por el tribunal que los dictó. Se exceptúan:
a) Los autos originarios de los tribunales colegiados;
b) Las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia, que infrinjan el
procedimiento, cuando no se haya dictado sentencia.

En estos casos procede la reposición.
ARTICULO 145. Reposición de autos. La reposición de autos se pedirá
dentro de los dos días siguientes a la última notificación. De la solicitud se dará
audiencia por dos días a la otra parte, y con su contestación o sin ella, el tribunal
resolverá dentro de los tres días siguientes.
ARTICULO 146. Revocatoria de decretos. ( Reformado por el Decreto 64-90
del Congreso de la República ). Los decretos son revocables por el tribunal que
los dictó; y tanto la solicitud como su tramitación se sujetarán a lo dispuesto por el
artículo que antecede.
Si el proceso fuere verbal, el pedimento se hará en comparecencia, y el
tribunal resolverá dentro de veinticuatro horas.
Contra las resoluciones que se dicten en estos y en los casos del artículo
anterior, no cabrá recurso alguno.
CAPITULO V
LAS SENTENCIAS Y SU EJECUCION
ARTICULO 147. Redacción. ( Reformados los incisos c, d, y e por el Decreto
64-90 del Congreso de la República). Las sentencias se redactarán expresando:
a) Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes; en
su caso, de las personas que los hubiesen representado; y el nombre de los
abogados de cada parte.
b) Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó, en relación a los hechos.

c) Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de
demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los
hechos que se hubieren sujetado a prueba.
d) Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas
rendidas y de cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados; se
expondrán, asimismo, las doctrinas fundamentales de derecho y principios que
sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los
razonamientos en que descanse la sentencia.
e) La parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes
con el objeto del proceso.
ARTICULO 148. Segunda Instancia. Las sentencias de segunda instancia
contendrán un resumen de la sentencia recurrida rectificándose los hechos que
hayan sido relacionados con inexactitud; los puntos que hayan sido objeto del
proceso o respecto a los cuales hubiere controversia, el extracto de las pruebas
aportadas y de las alegaciones de las partes contendientes; la relación precisa de
los extremos impugnados en la sentencia recurrida con las consideraciones de
derecho invocadas en la impugnación; el estudio hecho por el tribunal de todas las
leyes invocadas, haciendo el análisis de las conclusiones en las que fundamenta
su resolución, señalando cuanto confirma, modifica, o revoca de la sentencia
recurrida.
ARTICULO 149. Casación. Las sentencias de casación contendrán un resumen
de la sentencia recurrida; la exposición concreta de los motivos y submotivos
alegados y las consideraciones acerca de cada uno de los motivos o submotivos
invocados por las partes recurrentes juntamente con el análisis del tribunal relativo
a las leyes o doctrinas legales que estimó aplicables al caso y sobre tal
fundamentación, la resolución que en ley y en doctrina proceda.
ARTICULO 150. Condena genérica. ( Reformado por el Decreto 64-90 del
Congreso de la República ). Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños
o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida.

De no ser posible se establecerá, por lo menos, según hubiere sido pedido, las
bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación en incidente, o bien se
fijará su importe, por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el
Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos.
ARTICULO 151. Varias pretensiones. La sentencia dictada para resolver la
pretensión acerca de una cosa o un derecho, no impide ejercitar una pretensión
diversa respecto de la misma cosa o derecho.
ARTICULO 152. Inafectabilidad de terceros inauditos. La sentencia dada
contra una parte, no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser
oído y de defenderse en el proceso.
ARTICULO 153. Sentencias ejecutoriadas. Se tendrán por sentencias
ejecutoriadas:
a) Las sentencias consentidas expresamente por las partes;
b) Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado
por la ley.
c) Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado
improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono;
d) Las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación;
e) Las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado o
declarado improcedente;

f) Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación;
g) Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no
admiten más recurso que el de responsabilidad;
h) Los laudos, o decisiones de los árbitros, cuando en la escritura de compromiso
se hayan renunciado los recursos y no se hubiere interpuesto el de casación .
Las disposiciones de este artículo, rigen para los autos.
ARTICULO 154. Interposición de recursos. Los plazos para interponer un
recurso se contarán a partir del día siguiente a la última notificación de la totalidad
de la sentencia o del auto en que se resuelva la aclaración o la ampliación, según
el caso.
ARTICULO 155. Cosa Juzgada. ( Reformado por el Decreto 11-93 del
Congreso de la República). Hay cosa juzgada cuando la sentencia es
ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa
o razón de pedir.
ARTICULO 156. Ejecución. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en
primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que preceptúa la ley respectiva.
ARTICULO 157. Transacciones y laudos. Las transacciones y los laudos o
sentencias de árbitros que tengan fuerza ejecutiva se ejecutarán por el juez que
debiera haber conocido el asunto.
ARTICULO 158. Convenio en juicio. Los convenios celebrados en juicio serán
ejecutados por el juez que conozca del asunto. Si se celebraran en segunda
instancia se ejecutarán por el juez que conoció en la primera.

TITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPITULO I
ACTUACIONES JUDICIALES
ARTICULO 159. Redacción. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso de
la República). En toda clase de actuaciones judiciales, se prohibe hacer uso de
abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre
palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura.
Antes de suscribirse las actuaciones, se salvará los testados y los entrelineados,
bajo sanción de tenerse como no hechos.
ARTICULO 160. Entrega de expedientes. Por ningún motivo se entregarán los
expedientes en confianza.
ARTICULO 161. Reposición de actuaciones. Los expedientes que se perdieren
serán repuestos a costa del que fuere responsable de la pérdida, quien además
pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto a las disposiciones del Código
Penal, cuando el acto fuere punible.
La reposición de tales expedientes se tramitarán en forma de incidente. El auto
que lo resuelva, determinará:
a) La procedencia de la reposición;

b) Las actuaciones y documentos que se consideren repuestos;
c) El estado procesal en que deben continuarse las actuaciones;
d) La determinación de diligencias practicadas, que no fue posible reponer, así
como la fijación de un plazo que no exceda de quince días para practicarlas, de
conformidad con las leyes procesales correspondientes, salvo que tratándose
de documentos provenientes del extranjero, el juez dispusiera fijar uno mayor.
ARTICULO 162. Devolución de Documentos. Para sacar cualquier documento
de los archivos y protocolos se requiere providencia judicial, que no se dictará sin
conocimiento de causa y con citación de las partes.
ARTICULO 163. Parientes. Ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en ningún otro
tribunal colegiado pueden ser simultáneamente jueces, en un mismo tribunal, los
parientes, ni conocer en diferentes instancias en el mismo asunto.
ARTICULO 164. (Suprimido por Decreto 64-90 del Congreso de la República).
ARTICULO 165. Forma de actuaciones. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Los actos procesales para los cuales la ley no
prescribe una forma determinada, los realizarán los jueces de tal manera que
logren su finalidad.
ARTICULO 166. Identificación. Para que las autoridades judiciales sean
reconocidas en todos los casos en que sea necesaria su intervención, y además,
para que se les guarden las consideraciones debidas, usarán el distintivo que
acuerde la Corte Suprema de Justicia o bien se identificarán con la credencial
extendida por el Presidente del Organismo Judicial.

ARTICULO 167. (Suprimido por Decreto 64-90 del Congreso de la República).
CAPITULO II
RELACIONES ENTRE LOS TRIBUNALES
ARTICULO 168. Solidaridad judicial. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la
práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y se ordenaren en la
substanciación de los asuntos judiciales.
ARTICULO 169. Auxilio de autoridades. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Para ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer
práctica las resoluciones que dicten, los tribunales podrán requerir de las demás
autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, y los otros
medios de acción conducentes de que dispongan.
ARTICULO 170. Comisiones. Los magistrados, podrán cometer a los jueces
de primera instancia y éstos a los jueces menores, la práctica de las diligencias
expresadas en el artículo 68 cuando deban tener cumplimiento en el lugar que no
sea el de su respectiva residencia.
No podrá cometerse la práctica de estas diligencias a los secretarios ni a persona
alguna que no ejerza jurisdicción, salvo lo expresado en la Ley Constitucional de
Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.
CAPITULO III
CERTIFICACIONES

ARTICULO 171. Certificaciones. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso
de la República). Los expedientes de las actuaciones que practiquen los
tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten,
fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos
fenecidos que, con fines docentes, soliciten las Facultades de Ciencias Jurídicas y
Sociales y los demás casos que las leyes determinen. Cuando se trate de
certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, será obligatoria la
notificación de la parte contraria, si la hubiere, teniendo ésta derecho a que a su
costa se complete la certificación o fotocopia solicitada con los pasajes que
señale. De no hacer el depósito dentro del plazo de veinticuatro horas a partir del
momento de entrega al tribunal de su solicitud, se emitirá la copia en los términos
originariamente solicitados.
ARTICULO 172. Copia certificada. Se comprende bajo la denominación de copia
certificada o certificación la que se extienda a mano, a máquina o utilizando
cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya
autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas
o certificaciones se consignará el valor del papel empleado o de los timbres
fiscales y de los honorarios que causen.
ARTICULO 173. Copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario,
podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual
sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario, bajo su
responsabilidad, dejando razón en los autos.
ARTICULO 174. Recursos pendientes. En toda certificación de resoluciones que
se extienda, se hará constar si existe o no recurso pendiente.
ARTICULO 175. Razón en los autos. En los expedientes o actuaciones pondrá el
secretario, bajo su responsabilidad, razón de la fecha en que se diere la copia,
haciendo una relación suscinta de ella.
ARTICULO 176. Trámite de devolución. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Cuando las partes necesiten sacar de las
actuaciones en curso, los testimonios o documentos que hubieren presentado, se
les mandará devolver dejándolos certificados en las actuaciones o mediante la

presentación por parte del solicitante de copia certificada o legalizada por notario.
Cuando se trate de originales únicos, documentos simples legalizados o
reconocidos, correspondencia epistolar, y demás que no sea posible obtener
reposición idéntica, no podrán devolverse, salvo los documentos que sirvan de
título ejecutivo y los títulos de crédito. En este caso, se devolverán debidamente
razonados previa notificación a las partes y dejando fotocopia certificada en autos.
ARTICULO 177. Otras oficinas. Las disposiciones de este capítulo son aplicables
a las certificaciones que se extiendan en cualquier otra dependencia u oficina del
Estado, así como a constancias de actos o hechos, o a la existencia o no de
documentos, razones o actuaciones en los expedientes.
CAPITULO IV
APREMIOS Y MULTAS
ARTICULO 178. Apremios. (Reformado por Decreto 11-93 del Congreso de la
República). Los apremios son: apercibimiento, multa o conducción personal, que
se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra
cosa.
ARTICULO 179. Aplicación. (Reformado por Decreto 11-93 del Congreso de
la República). Las medidas coercitivas se impondrán por los Tribunales para que
sean obedecidas sus resoluciones, a las personas que han rehusado cumplirlas
en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá
desde la primera resolución que establezca el mandato del Juez.
ARTICULO 180. Sujeto. Los apremios son aplicables a los abogados, a los
representantes de las partes y a los funcionarios o empleados que dependan del
tribunal, en los mismos casos que a los litigantes.

ARTICULO 181. Plazo de aplicación. Las partes no pueden pedir apremio, ni al
juez ordenarlo, antes de vencerse el plazo señalado para cumplir el mandato
judicial, salvo lo referente al diligenciamiento de pruebas en las que sea necesaria
la colaboración de la contraparte, las cuales se exigirán bajo apercibimiento.
ARTICULO 182. Reconsideración de apremio. Contra cualquier providencia de
apremio el interesado podrá pedir la reconsideración dentro de los dos días
siguientes a ser notificado. La resolución del tribunal, que dictará también dentro
de dos días, será apelable, si fuere dictada por un juez menor o de primera
instancia. La resolución de un tribunal colegiado admitirá la reposición en el mismo
plazo.
ARTICULO 183. Apremio ilegal. En el caso de haberse pedido y ordenado
ilegalmente el apremio, quedarán obligados solidariamente el juez y la parte que lo
pidió, a la reparación de los daños y perjuicios causados por el apremio.
El apremio que imponga el tribunal indebidamente o sin que conste el haberse
desobedecido su resolución, se considerará como abuso de autoridad.
ARTICULO 184. Comparecencia obligada. Salvo disposiciones especiales de la
ley, la persona que estando en el lugar se resista a comparecer ante el juez para
alguna diligencia judicial, podrá ser conducida por la policía nacional. Este apremio
no se aplicará para las diligencias de las notificaciones.
ARTICULO 185. Multas. Los tribunales tienen la obligación de imponer las multas
establecidas en la Ley; y si no lo hicieren sus titulares quedarán responsables por
su valor. Las partes tienen derecho de gestionar la efectividad de estas sanciones
y también debe hacerlo el Ministerio Público.
ARTICULO 186. Cuantía de las multas. En los casos no precisados por la Ley, la
multa no bajará de cinco (Q.5.00) ni excederá de cien (Q.100.00) quetzales. Quien
no cubriere la multa en el plazo que se le fije incurrirá en el delito de
desobediencia, sin perjuicio del pago de la multa.

ARTICULO 187. Ingreso de las multas. Todas las multas o conmutas que
provengan de la administración de justicia ingresarán a la Tesorería del
Organismo Judicial, por ser fondos privativos de este Organismo.
TITULO VI
MANDATARIOS JUDICIALES Y ABOGADOS
CAPITULO I
MANDATARIOS JUDICIALES
ARTICULO 188. Mandatarios judiciales. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Las personas hábiles para gestionar ante los
tribunales, que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo
personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus
presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatarios
judiciales, a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto
del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus
representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un
Abogado, para comparecer a juicio, si no tiene esa profesión.
ARTICULO 189. Forma de los mandatos. Reformado por Decreto 11-93 del
Congreso de la República). El mandato debe conferirse en escritura pública para
los asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su testimonio deberá registrarse
en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en
los registros que proceda conforme a la Ley.
ARTICULO 190. Facultades. (Reformado por Decretos 64-90 y 11-93 del
Congreso de la República). Los mandatarios judiciales por el solo hecho de su
nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos
procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para:

a) Prestar confesión y declaración de parte.
b) Reconocer y desconocer parientes.
c) Reconocer firmas.
d) Someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos.
e) Denunciar delitos y acusar criminalmente.
f) Iniciar o aceptar la separación o el divorcio, para asistir a las juntas de
reconciliación y resolver lo más favorable a su poderdante; y para intervenir en
juicio de nulidad de matrimonio.
g) Prorrogar competencia.
h) Allanarse y desistir del juicio, de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones
y de las recusaciones, así como para renunciarlos.
i) Celebrar transacciones y convenios con relación a litigio.
j) Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas.
k) Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago.

l) Otorgar perdón en los delitos privados.
m) Aprobar liquidaciones y cuentas.
n) Sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio y
otorgar los mandatos especiales para los que estuviere facultado.
ñ) Los demás casos establecidos en las demás leyes.
ARTICULO 191. Obligaciones de los mandatarios judiciales. Son obligaciones
de los mandatarios judiciales:
a) Acreditar su representación.
b) No desamparar el asunto en que hubiesen gestionado mientras no hayan sido
reemplazados en su ejercicio.
c) Satisfacer los gastos necesarios que les corresponda para el curso del asunto.
d) Cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general y las que les
impongan otras leyes y los reglamentos respectivos.
ARTICULO 192. Prohibiciones y responsabilidades. Los mandatarios están
sujetos a las prohibiciones de los abogados e incurren en igual responsabilidad
que ellos.

ARTICULO 193. Impedimentos. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso
de la República).
No pueden ser mandatarios judiciales:
a) Los que por si mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales.
b) Los que tengan auto de prisión o condena pendiente, por cualquier delito, por el
tiempo fijado en la sentencia.
c) Quienes no sean Abogados salvo cuando se trate de la representación del
cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el
Registro Civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley o
cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y
únicamente en asuntos que no excedan de quinientos (Q.500.00) quetzales o
ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de tres abogados.
d) Los magistrados, jueces, funcionarios y empleados del Organismo Judicial y los
pasantes y meritorios de los tribunales.
e) Los funcionarios y empleados remunerados del Organismo Ejecutivo, con
excepción de los que ejercen la docencia o desempeñen cualquier cargo que
no sea de tiempo completo.
ARTICULO 194. Revocatoria de mandato. La revocatoria de un mandato no
surtirá efecto en un asunto en que estuviere actuando el mandatario, mientras el
mandante no manifieste en forma legal al juez, que se apersona en el asunto y
que fija para recibir notificaciones una casa en la población donde el Tribunal tiene
su asiento o mientras otra persona no compruebe en el proceso que ha subrogado
al mandatario y fije la residencia a que se refiere este artículo.

Si el mandatario cuyo mandato ha sido revocado quedare inhabilitado, se
ordenará la inmediata presentación del sustituto, con el apercibimiento de nombrar
defensor judicial, si no se verifica.
ARTICULO 195. Supletoriedad. Las disposiciones de este capítulo son aplicables
a cualesquiera otros representantes de las partes.
CAPITULO II
ABOGADOS
ARTICULO 196. Calidad de Abogado. (Reformado por Decreto 64-90 del
Congreso de la República). Para ejercer la profesión de abogado, se requiere el
título correspondiente; ser colegiado activo; estar inscrito en el Registro de
Abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia; estar en el goce de
derechos ciudadanos; y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna
autoridad judicial, administrativa o de otra índole, puede limitar el ejercicio de la
profesión de Abogado, salvo que esté fundada en ley.
ARTICULO 197. Actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y
memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados
con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a
ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los
escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado
en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones
del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional; y en los
demás casos previstos por otras leyes.
ARTICULO 198. Derechos de los abogados. (Reformado por Decreto 64-90
del Congreso de la República). Los tribunales y jueces dejarán a los abogados
en la justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los
derechos de sus clientes. Los abogados deben proceder con arreglo a las leyes y
con el respecto debido a los tribunales y autoridades; serán citados por éstas con
el decoro correspondiente y no se les interrumpirá ni desconcertará cuando hablen

en estrados, ni se coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su alta
investidura e igual trato deberán darles las autoridades, funcionarios y empleados
de la Administración Pública de cualquier jerarquía. Los tribunales darán a los
abogados el trato respetuoso inherente a su investidura.
ARTICULO 199. Impedimentos. (Reformado por Decretos 64-90; 75-90 y 112-
97 del Congreso de la República). No podrán actuar como abogados:
a) Los incapacitados.
b) Quienes tengan auto de prisión o condena pendiente por el tiempo fijado en la
sentencia respectiva y quienes estando comprendidos en los casos anteriores,
gozaren de libertad con base en las facultades, que para otorgarla tiene el Juez.
c) Quienes no puedan ser mandatarios judiciales, salvo el caso de que actúen en
caso propio, de su cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviere
inscrita en el Registro Civil respectivo, o de sus hijos menores de edad.
d) Quienes hubieren sido declarados inhábiles de conformidad con la Ley.
e) Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Legislativo; con
excepción de los que ejercen docencia o desempeñen cualquier cargo que no
sea de tiempo completo. Los Diputados al Congreso de la República, no están
comprendidos en esta prohibición.
f) Los funcionarios y empleados públicos que laboren a tiempo completo que han
sido nombrados precisamente para actuar como abogados, sólo podrán hacerlo
para la dependencia en la que presten sus servicios.
ARTICULO 200. Obligaciones. Son obligaciones de los abogados:

a) Guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal. Comportarse en su conducta
pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada
debe ser compatible con tales calificaciones.
b) Alegar por escrito o de palabra, sin faltar a la verdad de los hechos, ni contra las
disposiciones legales.
c) Defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que no
nombren defensor. Los jueces cuidarán de distribuir equitativamente, entre los
abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres, y tienen facultad para
imponer a aquellos, multas de cinco (Q. 5.00) a veinticinco (Q. 25.00)
quetzales, cuando sin justa causa no cumplan su deber.
ARTICULO 201. Prohibiciones. (Reformado por Decreto 64-90 del Congreso
de la República). Es prohibido a los abogados:
a) Actuar en los juicios en que el juez tuviere que excusarse o pudiera ser
recusado a causa de la intervención del profesional.
b) Invocar leyes supuestas o truncadas.
c) Revelar el secreto de su cliente.
d) Abandonar, sin justa causa, los asuntos que hubiere comenzado a defender.
e) Interrumpir el discurso o declaración de la parte contraria o de su abogado.

f) Exigir a su cliente honorarios mayores que los concertados o los que fijan los
aranceles.
g) Defender a una parte después de haber principiado la defensa de la otra en el
mismo asunto.
h) (Suprimido por el Decreto 64-90 del Congreso de la República).
i) Faltar al cumplimiento de las demás obligaciones que prescriben las leyes y
reglamentos.
Los tribunales están obligados a proceder conforme a esta Ley, en los casos de
infracción de éste artículo.
ARTICULO 202. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños
y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido,
negligencia o mala fe comprobadas.
ARTICULO 203. Sanciones. (Reformado por Decreto 59-2005 del Congreso de
la República). Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que
evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos, y por la presentación de
escritos injuriosos o con evidente malicia, será sancionado el abogado, las dos
primeras veces con multa de doscientos a mil quetzales y la tercera, con
separación de la dirección y procuración del asunto, sin perjuicio de otras
sanciones que pudiere imponer el Colegio de Abogados y Notarios, en aras de la
adecuada disciplina y prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta multas
o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratare de tribunales
colegiados, sólo cabe la reposición, garantizando en todo caso al presunto
responsable el derecho de defensa y el debido proceso. Tal recurso no
interrumpirá el curso del asunto en trámite. Esta cuestión será tramitada en
incidente y en cuerda separada.

ARTICULO 204. Consecuencias de las sanciones. Todas las inhabilitaciones se
decretarán por el tribunal que conozca del asunto, haciéndose saber a la Corte
Suprema de Justicia; ésta lo comunicará a su vez a los demás tribunales y al
Colegio de Abogados, ordenando que se haga la correspondiente anotación en el
Registro de Abogados y que se publique en el Diario Oficial y en la Gaceta de los
Tribunales.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 205. Interpretación de plazos. Los términos y plazos que hubiesen
empezado a correr y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la
ley vigente al tiempo de su iniciación.
ARTICULO 206. Términos. En las disposiciones en las que se utilice la palabra
término o se expresa únicamente número de días, se entenderá que se trata de
plazo y se estará a lo dispuesto en la presente ley.
ARTICULO 207. Epígrafes. Los epígrafes que encabezan los artículos de esta
Ley no tienen más valor ni función que el de facilitar la consulta y carecen de
carácter legal.
ARTICULO 208. Derogatorias. (Reformado por Decreto 112-97 del Congreso
de la República). Se derogan la Ley del Organismo Judicial, contenida en el
Decreto número 1762 del Congreso de la República y las leyes que la modificaron:
Decretos números 74-70 y 78-72 del Congreso de la República, y Decreto Ley 56-
83, salvo en lo relativo a las dependencias de la Presidencia del Organismo
Judicial, hasta que sean emitidos los nuevos reglamentos.

(El último párrafo de este artículo se suprimió por Decreto 59-2005 del
Congreso de la República).
ARTICULO 209. Vigencia. (Reformado por Decretos 27-89 y 29-90 del
Congreso de la República). La presente ley entrará en vigencia el día 31 de
diciembre de 1990.
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y
CUMPLIMIENTO.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, A DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE.
ALFONSO ALONSO BARILLAS,
Presidente.
LEONEL BROLO CAMPOS, GUILLERMO VILLAR ANLE
Secretario. Secretario.
PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintiocho de marzo de mil novecientos
ochenta y nueve.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE. CEREZO AREVALO.
El Secretario General de la Presidencia de la República,
LUIS FELIPE POLO LEMUS.

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