C 581 de 2001

Sentencia C-581/01
DERECHOS FUNDAMENTALES-Aplicación inmediata

DERECHOS FUNDAMENTALES-Límite/PENA-Implicaciones respecto de
derechos

CODIGO-Vigencia respecto de inmediatez de derechos

LEY-Vigencia

DERECHOS FUNDAMENTALES-Eficacia directa/LEY PENAL-Vigencia
respecto a inmediatez de derechos

Los valores, principios y derechos constitucionales deben ser garantizados por el
legislador al ejercer su función de hacer las leyes y, concretamente, al regular temas
atinentes a la política criminal del Estado, los cuales jamás pueden ser desconocidos.
En consecuencia, si el constituyente dispuso la eficacia directa de los derechos
fundamentales la ley no podría establecer cosa distinta. La aplicación inmediata de
los derechos fundamentales no excluye ni coarta la potestad atribuida al legislador de
hacer las leyes y, por ende, de señalar la vigencia de las mismas.

LEGISLADOR EN IUS PUNIENDI-Límites en restricción de derechos

Si bien el legislador, quien actúa en representación del Estado en cuya cabeza está
radicado el ius puniendi, puede señalar, de acuerdo con una política criminal
preestablecida, como punibles determinados comportamientos que considera nocivos
para la vida social y fijar las sanciones o consecuencias jurídicas que de su incursión
se derivan, esa potestad no es absoluta pues encuentra límites en los principios,
valores y demás normas constitucionales que está obligado a respetar. la Corte
también ha sostenido que cuando el legislador en desarrollo del ius puniendi restringe
un derecho fundamental, en principio, tal restricción no viola la Constitución, pues el
legislador está plenamente facultado para hacerlo, salvo que la restricción misma
resulte lesiva del ordenamiento superior.

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-
Límites constitucionales

LEGISLADOR EN DERECHO A LA LIBERTAD-Restricción excepcional

El derecho a la libertad puede ser objeto de restricción por parte del legislador, en
casos excepcionales y con la observancia de los requisitos y formalidades
establecidos en la misma Constitución.

LIBERTAD-Alcance

1

La libertad comprende "la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones
dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los
derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios y la proscripción de todo
acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona
sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente. En otras
palabras, todo individuo puede optar autónomamente por el comportamiento que
considere conveniente en su relación con los demás, siempre y cuando no lesione los
derechos de los demás ni el orden jurídico.

DERECHO A LA LIBERTAD-Límites

El Constituyente no concibió la libertad individual como un derecho absoluto y, por
consiguiente, intangible; por el contrario, autoriza su limitación en ciertos casos que
sólo puede ser impuesta por el legislador, pues en esta materia existe una estricta
reserva legal. La restricción debe estar plenamente justificada en el cumplimiento de
fines necesarios para la protección de derechos o bienes constitucionales y, además,
ser notoriamente útil y manifiestamente indispensable para el logro de tales objetivos.
De otro lado, se requiere que el efecto negativo sobre la libertad que se restringe, sea
notablemente mitigado con el beneficio constitucional que se alcanza a raíz de su
restricción. Todo lo anterior, siempre que no se afecte el núcleo esencial del citado
derecho.

DERECHOS FUNDAMENTALES-Límites por regulaciones punitivas

DERECHOS FUNDAMENTALES-Límites y suspensión

DERECHOS FUNDAMENTALES-Penas restrictivas y vigencia

DERECHOS FUNDAMENTALES-No son absolutos

Es copiosa la jurisprudencia de esta corporación, especialmente en procesos de
tutela, en los que se ha rebatido dicho argumento, la Corte ha dejado sentado que: a)
Los derechos fundamentales pueden sufrir restricciones por parte del legislador,
siempre y cuando no vulneren su núcleo esencial. b) El legislador puede reglamentar
el ejercicio de los derechos por razones de interés general o para proteger otros
derechos o libertades de igual o superior entidad, pero esas regulaciones no pueden
llegar hasta el punto de hacer desaparecer el derecho. c)Los derechos fundamentales
necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores
protegidos por la Carta pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización,
la convivencia social y la vida institucional no serían posibles. d) Las pretensiones
respecto de un determinado derecho no pueden ser ilimitadas, sino que deben
ajustarse al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los
derechos y libertades de los demás.

LEY-Promulgación

LEY-Promulgación y vigencia
2

La promulgación es distinta de la vigencia de la ley, pues mediante la primera se
informa o comunica a todos los ciudadanos el contenido de las leyes; y por la
segunda se señala el momento a partir del cual empiezan a surtir efectos.

LEY-Vigencia/LEY-Competencia para determinación de vigencia

En nuestro ordenamiento superior no existe precepto alguno que regule la fecha en la
que debe entrar en vigencia la ley; labor que corresponde entonces cumplir al
legislador, en desarrollo de la potestad a el asignada, de "hacer las leyes" y en
ejercicio de la denominada cláusula general de competencia legislativa. Dicha
determinación puede hacerse constar en el mismo texto de la ley o en una ley
especial en la que se regule en forma específica y completa la materia.

LEY-Vigencia diferida

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA LEGAL-Vigencia diferida

La Corte no puede valorar tal estimación del legislador que es eminentemente política
y discrecional, por cuanto desbordaría los estrictos límites que debe respetar en el
ejercicio de sus funciones, consagradas en el artículo 241 de la Constitución, lo cual
no quiere decir, que no puedan existir casos en los que en la fijación de la vigencia de
las leyes se vulneren normas superiores.

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Competencia para aplicación

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación inmediata/PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación sujeta a vigencia de norma

Que el principio de favorabilidad como parte integrante del debido proceso, es de
aplicación inmediata, significa solamente que puede exigirse o solicitarse su
aplicación en cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley más
favorable se encuentre rigiendo. La decisión de si procede o no la aplicación de tal
derecho es un asunto que corresponde determinar al juez competente para conocer
del proceso respectivo, lo cual no quiere decir que aquella deba ser siempre en favor
de quien lo invoca.

PENA-Clasificación

PENA DE PRISION-Sanción accesoria

DERECHOS POLITICOS-No son absolutos

DERECHO AL SUFRAGIO-Condición

CIUDADANIA-Suspensión

3

CIUDADANIA EN ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Suspensión por sentencia condenatoria

DERECHO AL SUFRAGIO-Restricción en personas condenadas

DERECHO AL SUFRAGIO-Restricción por inhabilitación para ejercer derechos y
funciones públicas

Referencia: expediente D-3154

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
36, 38 inciso primero, 39-7, 43-1, 44 y 476 de la ley
599 de 2000, y 357-1 y 536 inciso primero de la ley
600 de 2000

Actor: Pedro Bermúdez Vega

Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil uno (2001)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Pedro
Bermúdez Vega demandó los artículos, 36, 38 inciso primero, 39-7, 43-1, 44 y 476 de
la ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal" y 357-1 y el primer inciso
del artículo 536 de la ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda
en referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS

A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a
su publicación en el Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000:

4

“Ley 599 de 2000
(julio 24)
por la cual se expide el Código Penal

Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva
de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en
arresto ininterrumpido es sustitutivo de la multa.

Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La
ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de
residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez
determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al
grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes
presupuestos:
(...)

Artículo 39. La multa. La pena de multa se sujetará a las siguientes
reglas.
(...)
7. Amortización mediante trabajo. Acreditada la imposibilidad de pago
podrá también el Juez autorizar, previa conformidad del penado, la
amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no
remunerados en asunto de inequívoca naturaleza e interés estatal o
social.
(...)

Artículo 43. Las penas privativas de otros derechos. Son penas
privativas de otros derechos:

1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
(...)

Artículo 44. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas. La pena de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y
ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función
pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales.

Artículo 476. Vigencia. Este Código entrará a regir un (1) año después
de su promulgación."
"Ley 600 de 2000
(julio 24)
por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

Artículo 357. Procedencia. La medida de aseguramiento procede en
los siguientes eventos:

5

1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o
exceda de cuatro (4) años.
(...)
Artículo 536. Vigencia. Este Código entrará en vigencia un año
después de su promulgación..
(...)”

III. LA DEMANDA

Considera el demandante que los artículos 476 y 536 de la ley 599 y 600 de 2000
respectivamente, al decretar que la vigencia de los códigos sólo se producirá un año
después de su promulgación, hacen nugatorios todos los derechos fundamentales allí
contenidos que son de aplicación inmediata, de conformidad con el artículo 85
superior. Retardar en el tiempo su aplicación favorable contraviene expresamente la
inmediatez ordenada por el constituyente para proteger esos derechos
fundamentales.

Luego agrega que si para hacer valer estos derechos mediante la acción de tutela no
se requiere ni el transcurso del tiempo ni su reglamentación por ley u otra norma de
ese género, es inconstitucional postergar la aplicación de beneficios y derechos a
favor de quienes tienen restringida su libertad ya sea como condenados o sindicados,
por violar el citado artículo 85 y demás normas que protegen derechos esenciales.

Finalmente señala que los artículos 43-1 y 44 de la ley 599 de 2000 violan el derecho
fundamental consagrado en el artículo 40 superior, pues la pena accesoria de
inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, impide ejercer el derecho a
elegir y ser elegido, derecho fundamental de aplicación inmediata; además, una
disposición de menor rango que la Constitución no puede limitar derechos, aún frente
a personas condenadas penalmente. Según él, "tal como están normados los
derechos fundamentales en nuestro país, que se reitera son de aplicación inmediata,
ninguna norma, que no sea de orden constitucional, expresa, clara precisa y referida a
los condenados, puede válidamente y sin contravenir la Carta Política cercenar esos
derechos políticos."

IV. INTERVENCIONES

Intervención de la Fiscalía General de la Nación

El Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, intervino en este proceso
solicitando a la Corte la declaración de constitucionalidad de las normas acusadas,
por las razones que a continuación se resumen.

Los artículos 476 del Código Penal y 536 del Código de Procedimiento Penal no
violan el principio de aplicación inmediata de los derechos fundamentales previsto en
el artículo 85 de la Carta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley
4ª de 1913, el legislador está facultado para señalar la vigencia de las leyes. Las
normas acusadas imponen “un plazo racional para su adecuado conocimiento y
6

aplicación, en ese ámbito y como un propósito vinculado con la seguridad jurídica, se
determinó dilatar el término de su entrada en vigencia."
A su juicio, el principio de favorabilidad es predicable o se remite a normas vigentes,
por lo que no se puede pretender aplicar con anticipación los efectos favorables de las
mencionadas leyes, en las que por las razones enunciadas se determinó legal e
inequívocamente la oportunidad en que entrarían a regir, esto es, un año después de
su promulgación.

Así mismo, considera que los artículos 43 y 44 del nuevo Código Penal no vulneran el
artículo 40 de la Constitución, pues la pena, “como figura jurídica cuya esencia es la
restricción o limitación de los derechos fundamentales, encuentra sustento en el
artículo 98 de la Constitución Política, en el que de manera expresa se incluye como
tal la pérdida de la ciudadanía. El artículo 99 de la Carta enseña que la calidad de
ciudadano en ejercicio es condición indispensable para elegir y ser elegido, y para
desempeñar cargos públicos; de manera que las penas privativas de otros derechos
previstas en los artículos 43 y 44 del nuevo Código Penal, están en todo acordes con
el anterior contexto fijado por la disposición superior. En el marco del derecho penal,
esa restricción o limitación a los derechos fundamentales es legítima, y por lo tanto
constitucional, cuando es consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad
penal.”

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El señor Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en concepto No.
2424 recibido el 26 de enero de 2001, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
de las normas acusadas, con fundamento en las siguientes consideraciones.

El constituyente, al consagrar la aplicación inmediata de los derechos fundamentales
enunciados en el artículo 85 de la Constitución, hizo alusión únicamente a algunos de
los fundamentales y no a otros derechos que, en desarrollo de su potestad legislativa
consagre el legislador al regular los procedimientos judiciales, pues éstos, aunque se
refieran a principios superiores señalados en la Carta, no comparten su condición de
derechos fundamentales y tampoco son de aplicación inmediata. Las normas
acusadas consagran derechos o prerrogativas que no son inherentes a la persona
humana, no son esenciales y además, no han sido establecidos por la Constitución ni
como forma de derechos naturales, sino que derivan su existencia, inevitablemente,
de la voluntad del legislador, lo cual no sólo excluye su naturaleza de derechos
fundamentales, sino además, la de su aplicación inmediata.

La prisión domiciliaria, el arresto y los trabajos no remunerados creados por el
legislador como mecanismos alternativos de la pena de prisión y de multa, contenida
en los artículos 36, 38 y 39-7 de la ley 599 de 2000, no violan la Constitución pues ello
corresponde al “ejercicio de la potestad del legislador para elaborar la política criminal,
y aunque indirectamente se relacionan con el derecho a la libertad, no comparten su
calidad de derecho fundamental reconocido por la Carta Política y por tanto no es
deber del legislador disponer su vigencia y adopción inmediata”. Lo mismo sucede
con el artículo 357 de la ley 600 de 2000, que no consagra ningún derecho.
7

En relación con el principio de favorabilidad, considera que "éste opera ante el
fenómeno de la sucesión de leyes en el tiempo, es decir, se requiere que la nueva ley
entre a regir para invocar su aplicación en el caso concreto por parte del funcionario;
por ello no cabe en este caso invocar su aplicación en sede constitucional, sino que
será el funcionario judicial quien en cada caso concreto estudie su viabilidad, claro
está, una vez entren a regir los nuevos Códigos Penal y de Procedimiento Penal."

Tampoco las normas acusadas violan el artículo 40 superior, pues la inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas es una manifestación del poder que
la Constitución otorga al legislador para suspender el ejercicio de la ciudadanía, es
decir, de los derechos políticos inherentes a la calidad de ciudadano.

VI. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política,
por cuanto las normas acusadas hacen parte de leyes de la República.

2. Problema jurídico planteado

El primer cargo de la demanda se dirige contra los artículos 476 de la ley 599/2000 -
Código Penal- y el inciso primero del artículo 536 de la ley 600 de 2000 -Código de
Procedimiento Penal-, preceptos que, a juicio del actor, deben ser declarados
inexequibles porque al establecer que dichos estatutos entrarán en vigencia un año
después de su promulgación, viola el artículo 85 de la Constitución, por cuanto hace
nugatoria la aplicación inmediata de los derechos fundamentales, específicamente, de
los que se regulan en los artículos 36, 38 inciso primero, 39-7, 43-1 y 44 del Código
Penal y 357-1 del Código de Procedimiento Penal, ya que la postergación de la
aplicación de beneficios y derechos en favor de quienes tienen restringida la libertad
es inconstitucional.

El segundo cargo se refiere únicamente a los artículos 43-1 y 44 de la ley 599 de
2000, por infringir el artículo 40 superior, pues considera el demandante que la pena
de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impide el derecho
a elegir y ser elegido, derecho fundamental de aplicación inmediata que no puede ser
restringido por el legislador, ni siquiera respecto de personas condenadas.

En este mismo orden procede la Corte a resolver tales impugnaciones, no sin antes
aclarar que dada la acusación del demandante el pronunciamiento de esta
corporación será relativo, esto es, limitado a los cargos enunciados, permitiendo así
que posteriormente, se puedan presentar nuevas acusaciones contra las mismas
disposiciones, por razones distintas a las aquí estudiadas.

3. Primer cargo: La aplicación inmediata de los derechos fundamentales
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y la entrada en vigencia de las leyes

En el artículo 85 del Estatuto Supremo, disposición que el demandante considera
violada por las normas acusadas, se consagra lo siguiente:

"Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37
y 40."

¿Pero qué significa que un derecho sea de aplicación inmediata? La Corte ya resolvió
este interrogante, al analizar el citado artículo constitucional.

"Este artículo (85 CP) enumera los derechos que no requieren de previo
desarrollo legislativo o de algún tipo de reglamentación legal o administrativa
para su eficacia directa y que no contemplan condiciones para su ejercicio en
el tiempo, de modo que son exigibles en forma directa e inmediata. En
realidad la especificidad de estos derechos es un fenómeno de tiempo: el
hombre llega a ellos de manera directa, sin necesidad de la mediación de
un desarrollo legislativo. Es pues, un criterio residual para los efectos que
nos ocupan. Para que el artículo 85 de la Constitución no sea inocuo debe
leerse como una norma que no condiciona a la mediatización de una ley, la
aplicación de los derechos allí enumerados. Igualmente, ha dejado clarificado
que la enunciación de algunos derechos como de aplicación inmediata "no
debe ser entendida como un criterio taxativo y excluyente."

Para la Corte es claro que el demandante parte de un presupuesto equivocado puesto
que en las normas acusadas no se regulan ni reconocen derechos fundamentales. El
señalamiento de penas privativas de la libertad, pecuniarias y de otros derechos, que
es lo que allí se regula, a las cuales se hacen acreedores quienes incurran en la
comisión de hechos punibles previamente descritos como tales por el legislador en el
Código Penal, constituyen restricciones o limitaciones de derechos.

En efecto: toda pena implica necesariamente la limitación de un derecho, así por
ejemplo, la pena de prisión afecta inevitablemente el derecho a la libertad y otros
derechos cuyo presupuesto es ella misma (libertad de circulación). La interdicción de
derechos y funciones públicas limita el derecho de acceso a cargos públicos y el de
elegir y ser elegido, la prohibición de ejercer una determinada profesión u oficio limita
el derecho a ejercer profesión y oficio, y así podrían señalarse muchos más.

Así las cosas, no le asiste razón al actor pues el señalamiento por parte del legislador
del momento a partir del cual comienzan a regir los códigos Penal y de Procedimiento
Penal, no impide de ninguna manera, la protección, operancia o efectividad de los
derechos fundamentales instituidos en la Constitución en favor de los procesados
penalmente como de los demás derechos predicables de todos los individuos y, por
consiguiente, no se infringe el artículo 85 superior. Tampoco obstaculiza el ejercicio
de las acciones establecidas en la Carta y en la ley para garantizar tales derechos en
caso de vulneración o amenaza, entre ellas, la acción de tutela.
9

Si los derechos fundamentales deben ser aplicados y protegidos por las autoridades
competentes, en todo momento y lugar, sin necesidad de ley que así lo disponga ni
del ejercicio por parte del peticionario de acto distinto al de su invocación, pues su
eficacia se deriva de la misma Constitución, cómo aceptar que las normas acusadas,
que como ya se ha anotado, consagran algunas penas, puedan vulnerar la aplicación
inmediata de los mismos. Caso distinto sería que en las normas impugnadas el
legislador hubiera decidido restarle eficacia a la Constitución impidiendo la aplicación
directa e inmediata de tales derechos, pues ello además de exceder sus
competencias vulneraría abiertamente el ordenamiento supremo.

En este orden de ideas, habría que señalar que los valores, principios y derechos
constitucionales deben ser garantizados por el legislador al ejercer su función de
hacer las leyes y, concretamente, al regular temas atinentes a la política criminal del
Estado, los cuales jamás pueden ser desconocidos. En consecuencia, si el
constituyente dispuso la eficacia directa de los derechos fundamentales la ley no
podría establecer cosa distinta, situación que en el presente caso no ha tenido
ocurrencia.

Finalmente, es pertinente anotar que la aplicación inmediata de los derechos
fundamentales no excluye ni coarta la potestad atribuida al legislador de hacer las
leyes y, por ende, de señalar la vigencia de las mismas, punto al que se referirá la
Corte más adelante.

1. La facultad del legislador para restringir derechos, en desarrollo del ius
puniendi, no es ilimitada

Si bien el legislador, quien actúa en representación del Estado en cuya cabeza está
radicado el ius puniendi, puede señalar, de acuerdo con una política criminal
preestablecida, como punibles determinados comportamientos que considera nocivos
para la vida social y fijar las sanciones o consecuencias jurídicas que de su incursión
se derivan, esa potestad no es absoluta pues encuentra límites en los principios,
valores y demás normas constitucionales que está obligado a respetar. Este tema fue
ampliamente expuesto por la Corte en la sentencia C-609/9

"Tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos
y enuncia valores y postulados -particularmente en el campo de los derechos
fundamentales- que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la
vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el legislador
no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los
procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de
las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo
del Estado. Pero lo anterior no implica que la Constitución haya definido de una
vez por todas el derecho penal, puesto que el legislador, obviamente, dentro de
los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente
autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos y
finalidades propios, pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a
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través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado
tipifica las conductas prohibidas y fija las condignas sanciones (principio
de legalidad de la pena) e igualmente modifica el procedimiento y en este
quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas,
que pueden ser más o menos drásticas, según el propio legislador lo considere
políticamente necesario y conveniente, por lo cual, dentro de ciertos límites son
posibles entonces diferentes desarrollos de la política criminal del proceso
penal."

De la misma manera, se ha afirmado que "la vigencia de un orden jurídico justo
mediante la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución impone a las autoridades el deber de respetar el mínimo de justicia
material necesario para que los preceptos constitucionales no sean letra muerta. En
este caso, el mínimo de justicia material se concreta en el derecho a una decisión
suficientemente fundamentada que justifique el sacrificio o la restricción a un derecho
fundamental."

Por otra parte, la Corte también ha sostenido que cuando el legislador en desarrollo
del ius puniendirestringe un derecho fundamental, en principio, tal restricción no viola
la Constitución, pues el legislador está plenamente facultado para hacerlo, salvo que
la restricción misma resulte lesiva del ordenamiento superior.

"La legislación penal es manifestación concreta de la política criminal del
Estado. La decisión política que determina los objetivos del sistema penal y la
adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y
alcanzar los mejores resultados, se plasma en el texto de la ley penal. En este
sentido, la norma penal, una vez promulgada, se independiza de la decisión
política que le da origen, conservando la finalidad buscada por su redactor en
el elemento teleológico de la norma.
(...)

"Límites constitucionales de la libertad legislativa en materia penal

"9. El problema de la concepción política respecto del infractor, del delito y de
la pena adquiere relevancia constitucional cuando la doctrina penal traspasa
el umbral de la ley y se materializa en una decisión política con fuerza
vinculante. Una vez la decisión política que opta por una determinada
orientación filosófica se convierte en ley, puede ser objeto de la acción pública
de inconstitucionalidad, entre otras razones por la necesidad de evitar
inconsistencias o contradicciones entre los preceptos legales y los principios,
valores y garantías consagrados en la Constitución. La naturaleza
controvertible de las normas jurídicas no anula la libertad legislativa en
materia de adopción de una determinada concepción filosófica o política. En
este orden de ideas, el examen de constitucionalidad se limita a examinar el
precepto normativo según los parámetros de una decisión política originaria -
la Constitución Política -, de manera que no se pretermitan los procedimientos

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democráticos establecidos para su expedición ni se contraríen los contenidos
mínimos de justicia material recogidos en el texto fundamental (CP art. 4).

"En materia de política criminal, son manifiestos los límites materiales que la
Constitución fija a la autonomía legislativa. Sería inconstitucional la decisión
política de imponer la pena de muerte (CP art. 11), la tortura o los tratos
crueles, inhumanos o degradantes (CP art. 12), la esclavitud (CP art. 17), el
destierro, la prisión perpetua o la confiscación (CP art. 34), como
consecuencia de la comisión de un delito. Tampoco sería jurídicamente
aceptable que el Estado, mediante la simple invocación de razones de
defensa social, pretermita, obvie, suspenda o restrinja las garantías jurídico
procesales hasta el extremo de desconocer el núcleo esencial de los
derechos fundamentales consagrados en los artículos 28 a 31 de la Carta.
(...)
"La expedición de una ley, particularmente de un código penal, representa
una limitante, en principio legítima, al pluralismo, a la libertad y al ejercicio de
los derechos individuales.

Y en pronunciamiento posterior, expres:

"De la ausencia literal de restricciones aplicables a un enunciado
constitucional, no se sigue siempre que la limitación de orden legal sea en
todo caso inconstitucional, puesto que la misma puede resultar imperiosa a
partir de una interpretación sistemática de la Constitución. En el campo de los
derechos fundamentales, las restricciones o limitaciones que se originen en la
ley, en principio no se rechazan, sino que su validez se hace depender de que
las mismas no afecten su núcleo esencial y que, además, sean razonables y
proporcionadas. De otra parte, existen reglas o prohibiciones constitucionales
que no admiten restricción alguna por parte del legislador, como es el caso,
entre otras, de la interdicción de la pena de muerte y la censura."

El derecho a la libertad, que es el tema de interés en este proceso, puede ser objeto
de restricción por parte del legislador, en casos excepcionales y con la observancia de
los requisitos y formalidades establecidos en la misma Constitución.

En el marco del ordenamiento constitucional colombiano la libertad es principio
fundante y valor axial de nuestro Estado de derecho. Así en el preámbulo de la Carta
se consagra aquella como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes
de la Nación; en el artículo 2o. se establece como fin esencial del Estado el de
garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la
Constitución, asignando a las autoridades el deber de protegerlos, y en el artículo 28
se consagra expresamente que "Toda persona es libre", es ésta la declaración más
amplia y categórica del principio de libertad.

La libertad comprende "la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones
dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los
derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios (…) y la proscripción de todo
12

acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona
sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente. En otras
palabras, todo individuo puede optar autónomamente por el comportamiento que
considere conveniente en su relación con los demás, siempre y cuando no lesione los
derechos de los demás ni el orden jurídico.

El artículo 28 del estatuto superior, prescribe: "Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente,
con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley."

Como se deduce de este precepto superior, el Constituyente no concibió la libertad
individual como un derecho absoluto y, por consiguiente, intangible; por el contrario,
autoriza su limitación en ciertos casos, como sería por ejemplo la comisión de hechos
delictivos, con la única exigencia que se observen los requisitos o presupuestos
señalados en dicha disposición constitucional, limitación que sólo puede ser impuesta
por el legislador, pues en esta materia existe una estricta reserva legal.

La restricción del derecho a la libertad debe estar entonces, plenamente justificada en
el cumplimiento de fines necesarios para la protección de derechos o bienes
constitucionales y, además, ser notoriamente útil y manifiestamente indispensable
para el logro de tales objetivos. De otro lado, se requiere que el efecto negativo sobre
la libertad que se restringe, sea notablemente mitigado con el beneficio constitucional
que se alcanza a raíz de su restricción. Todo lo anterior, por supuesto, siempre que
no se afecte el núcleo esencial del citado derecho.

"Una primera acepción del núcleo esencial equivale a la 'naturaleza jurídica de
cada derecho', esto es, el modo de concebirlo o configurarlo. en ocasiones, el
'nomen' y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que
tal derecho resulta regulado por un legislador concreto. El tipo abstracto del
derecho persiste conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se
puede hablar de una 'recognoscibilidad de este tipo abstracto en la regulación
concreta'. Desde esta óptica, constituyen el contenido esencial de un derecho
subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para
que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito, sin las
cuales el derecho se desnaturalizaría".
"... La segunda acepción corresponde a 'los intereses jurídicamente
protegidos como núcleo y médula del derecho'. Se puede entonces hablar de
una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella
parte del contenido del mismo que es absolutamente necesaria para que los
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real,
concreta y efectivamente protegidos. De ese modo, se rebasa o se desconoce
el 'contenido esencial' cuando el derecho queda sometido a limitaciones que
lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de
la necesaria protección"

13

Si la Constitución le otorga al Congreso la facultad de restringir el ejercicio de algunos
derechos fundamentales, fundamentado en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, por medio de regulaciones punitivas, con las limitaciones a las que
está sujeta la actividad legislativa en esa materi, se sobreentiende que dicha potestad
cobija la posibilidad de determinar el momento en que éstas comienzan a regir.

No sobra agregar que la restricción de los derechos fundamentales es distinta de la
suspensión de los mismos, actividad ésta expresamente prohibida por el
constituyente, aún en períodos de excepción (art. 214-2 C.P.)
"Las normas de la Carta que fijan un límite a la limitación de los derechos
fundamentales bajo el régimen de excepción señalan: que, ni siquiera en
aquéllos cuya restricción está permitida, se vulnere su núcleo esencial. Porque
aún en situaciones de emergencia, el Estado de derecho tiene que dejarse
discernir del Estado autoritario y tiene que orientar su acción política hacia la
consecución de los fines que lo signan y de los que no puede abdicar bajo
ninguna circunstancia, so pena de desnaturalizarse.
"Si bien es cierto que durante los estados de excepción, el legislador
extraordinario está facultado para restringir o limitar determinados derechos o
libertades fundamentales, no lo es menos que el constituyente le ha negado, en
todo caso, la posibilidad de suspenderlos; pues las garantías constitucionales
en los periodos excepcionales no se extinguen, a pesar de que algunas de
ellas sean objeto de restricciones o limitaciones(..)

"(los derechos) pueden en consecuencia ser canalizados en sus diferentes
expresiones, sin ser desconocidos de plano; ellos pueden ser moldeados pero
no pueden ser objeto de desnaturalización.
"Ahora bien, cuando para el ejercicio de un derecho se establezcan requisitos
mínimos razonables, que apuntan a hacer más viable el derecho mismo y que
no desconocen su núcleo esencial, no puede aducirse que se está violando de
plano tal derecho.
"En este orden de ideas, la Constitución es clara en afirmar que los
derechos humanos durante los estados de excepción constitucional -como
es el caso de la Conmoción Interior que nos ocupa-, no podrán suspenderse,
pero no dice que no podrán restringirse. De hecho la no suspensión es una
advertencia del constituyente para salvaguardar el núcleo esencial de los
derechos, pero tácitamente se está reconociendo que justamente la crisis
institucional implicará ciertamente un menor goce de los derechos.

En la sentencia C-045 de 199, esta corporación explicó la diferencia entre limitar un
derecho y suspenderlo, afirmando que lo primero es legítimo y permitido por la
Constitución, mientras que lo segundo está proscrito en nuestro ordenamiento
supremo.

"Limitar" no es sinónimo de la acción de "suspender", pues los verbos rectores
implican diversos movimientos. En efecto, mientras limitar supone el acto de
definir el campo de acción de una realidad vigente, suspender, en cambio,
denota el cese de acción, es decir, se enerva temporalmente su vigencia.
14

Como los derechos fundamentales son inherentes a la personas, en razón de
su dignidad ontológica, no pueden suspenderse, pero sí limitarse, pues de no
ser así, no podrían ni siquiera conceptualizarse, ya que todo concepto es
definido, es decir, tiene que ser finito, y por ende tener límites."

Por todo lo anterior, la Corte no encuentra que la Constitución impida al legislador,
encargado de determinar la política criminal del Estado, señalar penas restrictivas de
derechos fundamentales, las cuales deben ser razonables y proporcionadas en
relación con la gravedad de los hechos o los bienes jurídicos tutelados, por medio de
la expedición de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal; la adecuación de cada
una de tales penas a la Constitución será objeto de estudio por parte de esta
corporación, cuando contra ellas se ejerza la acción pública de inconstitucionalidad,
pues en el presente proceso, como se expresó al inicio de estas consideraciones, el
demandante no cuestiona en sí las penas contenidas en las normas que acusa, sino
solamente la vigencia de tales estatutos al no permitir aplicar en forma inmediata
derechos fundamentales.

3.2 Los derechos fundamentales no son absolutos

Si bien no se afirma expresamente, los argumentos del actor llevan a concluir que
ellos se sustentan en una premisa que la Corte ha considerado errada en reiteradas
oportunidades: que los derechos fundamentales son absolutos.

Es copiosa la jurisprudencia de esta corporación, especialmente en procesos de
tutela, en los que se ha rebatido dicho argumento, dejando sentado la Corte que:

a. Los derechos fundamentales pueden sufrir restricciones por parte del
legislador, siempre y cuando no vulneren su núcleo esencial.

a. El legislador puede reglamentar el ejercicio de los derechos por razones de
interés general o para proteger otros derechos o libertades de igual o superior
entidad, pero esas regulaciones no pueden llegar hasta el punto de hacer
desaparecer el derecho.

a. Los derechos fundamentales necesariamente deben armonizarse entre sí y con
los demás bienes y valores protegidos por la Carta pues, de lo contrario,
ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida
institucional no serían posibles.

a. Las pretensiones respecto de un determinado derecho no pueden ser
ilimitadas, sino que deben ajustarse al orden público y jamás podrán
sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y libertades de los demás.

"El absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juricidad,
y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en
un antiderecho, pues ese sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del
atropello de los derechos de los otros y a los de la misma sociedad
15

En el mismo sentido, en la sentencia C-475 de 1997 citada, señaló la Corte:

“En efecto, en los términos de la demanda, considerar que un determinado
derecho fundamental tiene carácter ilimitado, implica, necesariamente,
aceptar que se trata de un derecho que no puede ser restringido y que, por lo
tanto, prevalece sobre cualquiera otro en los eventuales conflictos que
pudieren presentarse. Pero su supremacía no se manifestaría sólo frente a los
restantes derechos fundamentales. Un derecho absoluto o ilimitado no admite
restricción alguna en nombre de objetivos colectivos o generales o de
intereses constitucionalmente protegidos.
Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería
necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí,
pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de
jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los
poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los
derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería
reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el
derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de
derecho legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no
estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes,
derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta última
consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las
disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos” tuviesen un
alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la
premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el
operador del derecho.
(...)
En estas condiciones, la tarea del legislador es la de armonizar los distintos
derechos y cuando ello no resulte posible, la de definir las condiciones de
precedencia de un derecho sobre otro. Así por ejemplo, las reglas del
procedimiento penal surgen como resultado de la ponderación de todos los
derechos e intereses inmersos en la cuestión criminal: la garantía de los
derechos que pueden verse afectados por una acción delictiva, la defensa del
inocente, la búsqueda de la verdad, etc."

Otro punto que ha sido tema de análisis por esta corporación es el de la inviolabilidad
de los derechos fundamentales, pues si bien todo derecho de esa índole es inviolable,
ello no significa que sea absoluto.

"Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el
núcleo esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su
racionalidad, es inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no
implica de suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, pues
lo razonable es pensar que son adecuables a las circunstancias. Es por esa
flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza permite que, al
amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De ahí que
16

puede decirse que tales derechos, dentro de su límites, son inalterables, es
decir, que su núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala
que ni aún en los estados de excepción se "suspenden" los derechos
humanos y que, en todo caso, siempre se estará de conformidad con los
principios del derecho internacional humanitario. Se deduce que cuando se
afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental, éste queda o violado o
suspendido.

3.3 Potestad del legislador para determinar la entrada en vigencia de las leyes

El constituyente después de señalar los requisitos que debe cumplir todo proyecto de
ley para convertirse en Ley de la Repúblic (art. 157) consagró en el artículo 165 lo
siguiente: "Aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras, pasará al Gobierno para
su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo
objetare, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen", y en el artículo 166 dispuso:
"(…) Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el
proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo". Por otra
parte, en el numeral 10 del artículo 189 superior, se le asigna al Presidente de la
República la función de "promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto
cumplimiento."

La promulgación, aparece definida en la ley 4 de 1913, artículo 52, así:

"La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se
entiende consumada, en la fecha del número en que termine la inserción."

La promulgación se relaciona entonces con la publicidad o divulgación de la ley, y su
finalidad es ponerla en conocimiento de todas las personas para poder exigir
posteriormente su cumplimiento. De ahí que se hayan establecido como principios
generales de derecho que "la ley no obliga sino en virtud de su promulgación" y que
"nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la
publicidad)".

La promulgación es distinta de la vigencia de la ley, pues mediante la primera se
informa o comunica a todos los ciudadanos el contenido de las leyes; y por la
segunda se señala el momento a partir del cual empiezan a surtir efectos. Una ley
puede haber sido publicada en una fecha determinada y entrar a regir en otra, lo cual
no es inconstitucional, siempre y cuando se respeten los derechos y demás garantías
constitucionales, vr. gr. el principio de favorabilidad, los derechos adquiridos, entre
otros.

En nuestro ordenamiento superior no existe precepto alguno que regule la fecha en la
que debe entrar en vigencia la ley; labor que corresponde entonces cumplir al
legislador, en desarrollo de la potestad a el asignada, de "hacer las leyes" y en
ejercicio de la denominada cláusula general de competencia legislativa. Dicha
determinación puede hacerse constar en el mismo texto de la ley o en una ley
especial en la que se regule en forma específica y completa la materia, como sucedió
17

por ejemplo con la expedición de la ley 4 de 1913, que aún rige parcialmente, y de la
57 de 1985.

Sobre este tema es ilustrativa la sentencia C-084 de 199, en la cual se analizó in
extenso este asunto. Dijo la Corte:

"Como segundo problema jurídico se había planteado el de establecer la
autoridad competente para decidir el momento en el que la ley debe entrar a
regir, puesto que la Constitución no señala expresamente a quién corresponde
esta función.
La solución al problema lleva necesariamente a la conclusión de que esa tarea
le corresponde ejercerla al legislador, por ser éste quien cuenta con la potestad
exclusiva de "hacer las leyes", según lo ordena el artículo 150 del
ordenamiento superior. La función legislativa de "hacer las leyes" incluye de
manera concreta dos prerrogativas: por un lado, implica determinar el
contenido de la ley y, por el otro, legislar sobre cualquier tema que parezca
relevante dentro de lo jurídico. Esta segunda función constituiría lo que se ha
llamado la "cláusula general de competencia legislativa."
Ahora bien: si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta
obvio que dentro de la valoración política que debe hacer sobre la conveniencia
del específico control que ella propone, se incluya la relativa al señalamiento
del momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, pues
sólo a el compete valorar la realidad social, política, económica, etc, para poder
determinar la fecha en que han de entrar a regir las disposiciones que
expide.
“Dentro del segundo caso se puede citar, por ejemplo, la ley 4 de 1913 -Código
de Régimen Político y Municipal-, en cuyos artículos 52 y 53 se consagra la
reglamentación supletiva sobre la fecha de entrada en vigencia de las leyes,
aplicable a falta de disposición expresa del legislador dentro de la nueva ley
que expide. Veamos:
“En el artículo 52 se establece, como regla general, que la ley obliga en virtud
de su promulgación y su observancia comienza dos (2) meses después de
promulgada. Estos dos meses, en criterio de la Corte, constituyen un período
de vacancia que se presume suficiente para que los asociados conozcan la ley,
lo que se ha denominado “sistema sincrónico”
“Y en el artículo 53 se consagran algunas excepciones a esta regla general,
esto es, que dicho principio no se aplica en los siguientes casos:
“1. Cuando la ley misma establece el momento de su entrada en vigencia;
“2. Cuando el Congreso autorice al Gobierno para establecer dicha fecha; y
“3. Cuando por causa de guerra u otra similar se encuentre interrumpido el
servicio de correo entre la capital y los municipios, caso en el cual los dos
meses deben contarse desde el momento en el que se restablezcan las
comunicaciones.
“La potestad con que cuenta el legislador para determinar la fecha de entrada
en vigencia de la ley, se encuentra limitada únicamente por los requerimientos
del principio de publicidad, al que se hizo alusión en párrafos anteriores, cuya
finalidad es evitar las denominadas leyes “privadas” o “secretas”, muy comunes
18

en Colombia en alguna época. El deber de señalar la vigencia de la ley
después de su publicación, es un mandato que obliga tanto al Congreso como
al Presidente de la República, cuando ha sido facultado por el legislador para
cumplir esta tarea.
“Finalmente, debe la Corte aclarar al demandante y al coadyuvante que no es
posible sostener válidamente que la ley "necesariamente" empieza a regir
"inmediatamente" después de su promulgación, punto en el cual el actor incurre
en confusión, debido tal vez a que los dos fenómenos, en muchas ocasiones,
pueden coincidir. La promulgación, como ya se expresó, consiste en la
publicación oficial de la ley; la entrada en vigencia es la indicación del momento
a partir del cual ésta se vuelve obligatoria para los asociados, esto es, sus
disposiciones surten efectos. Por tanto, bien puede suceder que una ley se
promulgue y sólo produzca efectos meses después; o también es de frecuente
ocurrencia que el legislador disponga la vigencia de la ley "a partir de su
promulgación", en cuyo caso una vez cumplida ésta, las disposiciones
respectivas comienzan a regir, es decir, a ser obligatorias.
“De lo hasta aquí expuesto, se derivan dos conclusiones: primero, que la
competencia para fijar la entrada en vigencia de la ley no ha sido asignada al
Gobierno y no puede colegirse de las funciones que se le atribuyen para
objetar, sancionar y promulgar la ley; y segundo, que la entrada en vigencia de
las normas se produce únicamente como resultado de una decisión tomada
discrecionalmente por quien tiene la competencia para hacerlas, esto es, el
mismo legislador."

En el caso que hoy se debate, el legislador decidió establecer por medio de las
disposiciones acusadas (arts. 476 ley 599/00 y 536 ley 600/00), que los códigos Penal
y de Procedimiento Penal, respectivamente, entrarán en vigencia un año (1) después
de su promulgación, esto es, el 24 de julio de 2001, pues su publicación se produjo el
24 de julio de 2000 en el Diario Oficial No. 44097, lo cual no infringe el ordenamiento
superior, pues ello es ejercicio de una potestad que sólo a el compete ejercer, de
acuerdo con la política criminal por el establecida y las conveniencias públicas del
momento, con el único limitante de no vulnerar los preceptos constitucionales.

A pesar de no ser éste un argumento de constitucionalidad, dicho plazo parece
razonable, pues debido al gran número de artículos que conforman uno y otro estatuto
(476 y 536), es necesario que tanto las autoridades como los ciudadanos en general,
los conozcan previamente, los analicen y estudien, y de esta manera puedan
aplicarlos y respetarlos; es indudable que la mejor comprensión por parte de las
autoridades de aquellos textos normativos repercutirá benéficamente en la pronta y
acertada definición de los procesos penales, la seguridad jurídica y la eficiencia y
eficacia de la justicia material.

En este orden de ideas, la Corte no puede entonces, valorar tal estimación del
legislador que es eminentemente política y discrecional, por cuanto desbordaría los
estrictos límites que debe respetar en el ejercicio de sus funciones, consagradas en el
artículo 241 de la Constitución, lo cual no quiere decir, que no puedan existir casos en

19

los que en la fijación de la vigencia de las leyes se vulneren normas superiores, lo que
en el presente evento no ha sucedido.

No sobra agregar que frente a idéntica disposición del Código Penal Militar, esta
corporación expresó:

“En cuanto hace a este artículo, la Corte encuentra que es exequible la
primera parte del mismo que dice: "Vigencia. Salvo lo dispuesto en el artículo
anterior, la presente ley regirá un (1) año después de su expedición..."; y esto,
por cuanto definir cuándo empieza a regir una ley, es en principio una
atribución del legislador, que bien puede no establecer una fecha cierta y
dejar el asunto a lo ya dispuesto de manera general, o determinar una fecha
distinta a la de la expedición, como lo hizo en esa parte inicial.

En síntesis, no vulnera la Constitución que la entrada en vigencia de los códigos
Penal y de Procedimiento Penal comience en un año (1) después de su promulgación,
como lo determinó el legislador en las normas acusadas. Circunstancia que no impide
la aplicación inmediata de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 85
superior, los cuales tienen operancia y pueden hacerse efectivos por parte de los
interesados, cuando así lo consideren.

3.4 El principio de favorabilidad en materia penal

El actor señala que las normas acusadas son favorables para la persona procesada y
como la favorabilidad en materia penal es de aplicación inmediata (C.P. Art. 85), el
legislador no podía válidamente diferir su aplicación en el tiempo. En consecuencia,
sostiene que la entrada en vigencia de los códigos en un año contado a partir de su
promulgación, hace nugatoria la aplicación inmediata del principio de favorabilidad y,
por ende, viola la Constitución.

Según el actor, los artículos 36, 38 inciso primero y 39-7 del nuevo Código Penal y el
artículo 357-1 del nuevo Código de Procedimiento Penal, son normas que contemplan
una circunstancia ventajosa y favorable para los procesados, por lo siguiente:

a. El artículo 36 de la ley 599 de 2000, por cuanto consagra las llamadas “penas
sustitutivas”, señalando que la prisión domiciliaria sustituye a la pena de prisión
y que el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido
sustituye a la multa.

a. En concordancia con dicha norma, considera que el artículo 38 inciso primero
es favorable por cuanto establece dónde se debe cumplir la pena consistente
en prisión domiciliaria, señalando que “la ejecución de la pena privativa de la
libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en
su defecto en el que el juez determine, excepto en los casos en que el
sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima”, siempre que se
cumplan los presupuestos estipulados en esa misma disposición.

20

a. El artículo 39-7 es igualmente favorable, ya que establece una de las reglas a
las que está sujeta la pena de multa, consistente en la amortización mediante
trabajo. Señala esta disposición que “acreditada la imposibilidad de pago podrá
también el juez autorizar, previa conformidad del penado, la amortización total
o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en asunto de
inequívoca naturaleza e interés estatal o social.”

a. Por su parte, en el artículo 357-1 de la ley 600 de 2000 se estipula que la
medida de aseguramiento procede “cuando el delito tenga prevista pena de
prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro años.” Es una norma favorable
por cuanto en la normatividad actual se contempla como requisito una pena
inferior (dos años).

El principio de favorabilidad es un principio rector del derecho punitivo que aparece
consagrado en la Constitución, como parte esencial del debido proceso (C.P. Art. 29
inciso 3º) y, derecho fundamental de los procesados; como tal, se encuentra entre los
derechos que, según el artículo 85, son de aplicación inmediata.

Dice así el inciso tercero del artículo 29 superior:

"En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

Dicho principio que constituye una excepción a la regla general según la cual las leyes
rigen hacia el futuro, surge de la máxima "favoralia amplianda sunt, odiosa
restringenda" (lo favorable debe ampliarse y lo odioso restringirse), y solamente tiene
operancia cuando existe sucesión de leyes.

"Frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el principio favor libertatis, que en
materia penal está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la
alternativa normativa más favorable a la libertad del imputado o inculpado. La
importancia de este derecho se pone de presente a la luz del artículo 4o de la
Ley 137 de 1994, que lo comprendió entre los derechos intangibles, esto es,
inafectables durante los estados de excepción.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ley 74 de
1968, se refiere a el en estos términos:

"Artículo 15. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento
de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."

En el artículo 9° de la Convención Americana sobre derechos Humanos, Pacto de
San José, aprobado por la ley 16 de 1972, se consagra de manera casi idéntica a la
contenida en el anterior instrumento internacional.
21

En concordancia con la norma constitucional citada, los artículos 6º del actual Código
Penal y 10º del Código de Procedimiento Penal lo consagran como norma rectora de
uno y otro ordenamiento.

El legislador en ejercicio del ius puniendi y de acuerdo con la política criminal que
considere más apropiada y acorde con las conveniencias políticas y sociales del
momento, bien puede establecer un régimen penal más o menos restrictivo que el
anterior. Hecho que por sí sólo, no comporta ningún reproche de constitucionalidad,
salvo que al analizarse cada una de las disposiciones en las que aquel se concreta,
se viole algún precepto superior.

Para rebatir el cargo de la demanda debe resaltarse que la aplicación del principio de
favorabilidad corresponde al juez del conocimiento en cada caso particular y concreto,
pues sólo el debe determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al
procesado. Esto significa que el referido principio no es predicable frente a normas
generales, impersonales y abstractas, como ya ha tenido oportunidad la Corte de
señalarlo.

"En principio, el carácter más o menos restrictivo de una disposición penal,
por sí misma, no quebranta la Constitución. El principio de favorabilidad,
plasmado en el tercer inciso del artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y
supone la existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto
a normas restrictivas o desfavorables. La aplicación preferente de la norma
favorable no significa la inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de
aplicar, tacha que solo puede deducirse de su autónomo escrutinio frente a la
Constitución."
(…)
"El juez al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones
penales, igualmente especiales, está positivamente vinculado, como todo
hermeneuta en materia penal, por la norma que obliga a optar de manera
preferente por la ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior
en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la anterior
(C.P. art. 29).

Que el principio de favorabilidad como parte integrante del debido proceso, es de
aplicación inmediata (art. 85 CP), significa solamente que puede exigirse o solicitarse
su aplicación en cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley más
favorable se encuentre rigiendo. La decisión de si procede o no la aplicación de tal
derecho es un asunto que corresponde determinar al juez competente para conocer
del proceso respectivo, lo cual no quiere decir que aquella deba ser siempre en favor
de quien lo invoca.

“El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de
un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción
punitiva del Estado no resulte arbitraria. Como acaba de ser explicado,
algunas de las reglas constitucionales que configuran este derecho son de
22

aplicación inmediata y anulan cualquier norma que las limite o restrinja. Así
por ejemplo, el derecho a la legalidad del delito y de la pena no admite
restricción ninguna, como tampoco el principio de la no reformatio in pejus, o
el principio de favorabilidad (C.P. art. 29).”

En el presente caso el legislador al señalar la vigencia de los Códigos Penal y de
Procedimiento Penal no obstaculizó ni restringió la aplicación inmediata del principio
de favorabilidad, el cual debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a
quien se le ha asignado competencia para resolver el proceso penal respectivo, a
partir del momento en que aquellos comiencen a regir.

Finalmente, cabe agregar que el actor redactó el texto que ha debido adoptar el
legislador, tal vez con la intención de que la Corte reforme en ese sentido las leyes
promulgadas, actividad que no puede realizar la Corte, pues incurriría en
extralimitación de funciones, al vulnerar abiertamente sus competencias como
guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución y asumir una función que
le ha sido atribuida al Congreso de la República como titular de la facultad de hacer
las leyes. Esta propuesta, si bien respetable como manifestación de la libertad de
expresión, no es de recibo en esta clase de procesos.

4. Segundo cargo: La restricción del derecho al sufragio y otros derechos
políticos para personas condenadas en un proceso penal

En el Código Penal -ley 599/00- el legislador, atendiendo criterios de política criminal,
estableció las consecuencias jurídicas que se derivan de las conductas punibles en el
tipificadas, esto es, las sanciones a que se hacen acreedores quien incurran en ellas,
clasificando las penas en principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros
derechos cuando no obren como accesorias (art. 34 ). Son principales la prisión, la
multa y las demás privativas de otros derechos que como tales se consagren en la
parte especial del Código (art. 35); son sustitutivas la prisión domiciliaria que sustituye
a la de prisión, y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido que
sustituye a la multa (art. 36); son accesorias las penas privativas de otros derechos,
que pueden imponerse como principales (enunciadas en el artículo 43). En todo caso,
se consagra que la pena de prisión siempre conllevará la accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En el artículo 43, como ya se ha expresado, se consagran las penas privativas de
otros derechos, así:

"1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
2. La pérdida del empleo o cargo publico.
3. La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria y
comercio.
4. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría.
5. La privación del derecho a conducir vehículos automotores o motocicletas.
6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

23

7. La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a
ellos.
8. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas."

Y en el artículo 44 se consagra:

"La pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier
otro derecho político, función pública, dignididades y honores que confieren
las entidades oficiales."

El demandante impugna el numeral 1 del artículo 43 y el artículo 44, al considerar que
viola el artículo 40 superior, por restringir el derecho a elegir y ser elegido. Procede la
Corte a analizar si dicha limitación se ajusta a la Constitución Política.

El artículo 40 superior dispone lo siguiente:

"Art. 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, puede:

1. Elegir y ser elegido
(...)

Son derechos políticos el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos
públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y
plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los
nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la
ciudadanía. Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó
anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano,
la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y
edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no
haya sido suspendida.

En este sentido, no es de recibo la interpretación hecha por el actor, pues el artículo
40 superior debe armonizarse con los artículos 98 y 99 del mismo Estatuto, que
señalan:

“Artículo 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la
nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial
en los casos que determine la ley.
Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán
solicitar su rehabilitación.
Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a
partir de los dieciocho años.”

24

“Artículo 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición indispensable
para ejercer el derecho al sufragio, para ser elegido y para desempeñar
cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.”

De conformidad con la segunda norma citada, el derecho político al sufragio no se
concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo la condición indispensable de
hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien está afectado con la suspensión de
la ciudadanía, ya sea de hecho, por no cumplir los requisitos exigidos, o en virtud de
decisión judicial en los casos que determine la ley (C.P. Art. 98), está excluido de la
posibilidad de elegir y ser elegido y de ejercer los derechos políticos allí consignados.

“La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio de los
derechos políticos y éstos, a su vez, se traducen en la facultad de los
nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos,
referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandatos,
constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos
libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones de
inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía de la
Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.P. arts. 40, 99,
103, 107, 241).

La Constitución permite que la ciudadanía se suspenda en virtud de decisión judicial
“en los casos que determine la ley”, como es por ejemplo, el presente caso, en que
ella se produce a título de pena por la comisión de un delito, por medio de sentencia
debidamente ejecutoriada. En consecuencia, no encuentra fundamento el cargo de la
demanda, pues las normas de rango legal objeto de censura simplemente son
concreción de aquella norma constitucional.

No se olvide que la calidad de ciudadano también es requisito indispensable para
ejercer los demás derechos contenidos en el artículo 40 del Estatuto supremo, entre
ellos, para ejercer acciones de inconstitucionalidad, de ahí que la Corte ante
demandas presentadas por personas condenadas mediante sentencias ejecutoriadas,
y cuya ciudadanía estaba suspendida, las haya rechazado por que los accionantes no
contaban con ese presupuesto esencial para interponerlas (ver, entre otras, sents.
536/98 y 592/98.

Vale la pena recalcar que las personas que se encuentran detenidas, es decir, que
aún no han sido condenadas, merecen todas las garantías y la protección del Estado
para ejercer el derecho al sufragio, el cual es fundamental y de aplicación inmediata,
siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas por la Constitución y la ley para tal
efecto.

Al analizar la Corte el artículo 57 de la ley 65/93, que permite a los detenidos, no a los
condenados, ejercer el derecho al voto, se dijo en la sentencia C-394/9:

"El artículo 57, referente al derecho al voto de los detenidos, es de claridad
manifiesta: Si el detenido reúne los requisitos que exige la ley, podrá ejercer
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el derecho al sufragio en su respectivo centro de reclusión. El punto más
controvertido por el actor es el de prohibir el proselitismo político al interior de
las cárceles y penitenciarías, tanto de extraños como de los mismos internos.
El proselitismo político es una manifestación de normalidad, no de excepción.
Lo anterior no impide que pueda expresar el detenido, a otros, sus creencias
íntimas acerca del devenir de la política. Lo que se prohibe es el activismo
proselitista público, es decir, la arenga, el tumulto, el debate propio de la plaza
pública al interior de las cárceles y penitenciarías, porque riñe con la
disciplina. Se repite que lo anterior no afecta el derecho que asiste a un
recluso de profesar una ideología política o de militar en un partido o
movimiento, ni tampoco la prudente transmisión de un contenido filosófico o
doctrinario. Lo que se entiende aquí por proselitismo, es el convertir a las
cárceles en un foro abierto y beligerante que pueda llevar al desorden. Los
derechos políticos se tienen siempre, pero su ejercicio puede estar limitado y
restringido en casos especiales por la Constitución y la ley, como es el de las
cárceles. En otras palabras, la cárcel no es propicio para la agitación política,
sino para la reflexión. Por tanto, en la norma acusada no se afectan ni la
libertad de pensamiento ni la comunicabilidad natural de los hombres;
simplemente se prohiben ciertas manifestaciones exteriores, en aras de la
disciplina. Por ello será declarada exequible."

Igualmente, en la sentencia T-324 de 199 se afirmó:

"El núcleo esencial del derecho al sufragio comprende tres elementos. El
primero de ellos hace alusión a la libertad política de escoger un candidato. El
segundo se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a obtener del Estado
los medios logísticos e informativos para que la elección pueda llevarse a
término de manera adecuada y libre. Finalmente, el tercer elemento hace
relación al aspecto deontológico del derecho, esto es, al deber ciudadano de
contribuir con su voto a la configuración democrática y pluralista de las
instituciones estatales."
La cárcel no es un sitio ajeno al derecho. Las personas recluidas en un
establecimiento penitenciario no han sido eliminados de la sociedad. La
relación especial de sometimiento que mantienen con el Estado no les quita
su calidad de sujetos activos de derechos, en vista del comportamiento
antisocial.
Los detenidos que aún no han sido condenados, son beneficiarios de la
presunción de inocencia y, por lo tanto, para efectos políticos deben ser
considerados como ciudadanos titulares de plenos derechos, que merecen un
trato preferencial por el hecho de encontrarse en una situación de
inferioridad."

Por último, debe agregarse que quienes hayan sido sancionados con la pena de
interdicción de derechos y funciones públicas pueden solicitar la rehabilitación, de
conformidad con el artículo 98 superior. En este sentido, el artículo 92 del Código
Penal actual (Decreto Ley 100 de 1980), declarado exequible por esta Corte mediante
sentencia C-087 del 26 de febrero de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), dispone que las
26

penas accesorias como ésta pueden cesar por rehabilitación, y agrega que "si tales
penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podrá pedirse la
rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y
después de transcurridos dos años a partir del día en que se haya cumplido la pena",
disposición que aparece reproducida en el artículo 92 del nuevo Código penal (ley
599/00).

Por todo lo anterior, el segundo cargo de la demanda no prospera, toda vez que los
artículos 43-1 y 44 no violan la Constitución, pues la pena consistente en
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como consecuencia
de la comisión de un hecho punible, es una restricción legítima al derecho al sufragio
y, por ende, al de elegir y ser elegido.

En razón de lo expuesto, la Corte Constitucional procederá a declarar exequibles los
preceptos acusados por no vulnerar el artículo 85 superior, decisión que sólo produce
efectos de cosa juzgada relativa.

VII. DECISION

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,

R E S U E L V E:

PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES los artículos 36, 38 inciso primero, 39-7, 43-1, 44
y 476 de la ley 599 de 2000, solamente por los cargos analizados en esta
sentencia.

SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLES el artículo 357-1 y el inciso primero del artículo
536 de la ley 600 de 2000, solamente por los cargos analizados en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.

ALFREDO BELTRAN SIERRA
Presidente

JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
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JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado

EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado

ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General

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