C 665 de 2005

Sentencia C-665/05

MULTA EN PROCESO PENAL-No violación de la prohibición de
arresto o prisión por deudas

LIBERTAD CONDICIONAL-Concesión por pago de multa en sistema
penal acusatorio

DERECHO A LA IGUALDAD EN MULTA-Justificación de trato
diferenciado en la imposición

PRECEDENTE JUDICIAL-Aplicación

Referencia: expediente D-5441

Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 471, inciso 2º y 474, inciso 2º
(parciales) de la Ley 906 de 2004.

Demandante: Luis Eduardo Mariño Ochoa.

Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil cinco (2005).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

El ciudadano Luis Eduardo Mariño Ochoa, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 471, inciso 2º, y 474,
inciso 2º de la Ley 906 de Agosto 31 de 2004, “Por la cual se expide el
1

Código de Procedimiento Penal”.

Mediante Auto de veinte (20) de octubre de dos mil cuatro (2004), el
magistrado sustanciador en el asunto de la referencia admitió y ordenó
comunicarla al Presidente del Congreso de la Republica, al Fiscal General de
la Nación, al Defensor del Pueblo, al Director de la Corporación Excelencia de
la Justicia, al Director de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al
Director del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y a los Decanos de las
Facultades de Derecho de las Universidades Rosario y Nacional, para que
pronunciaran respecto de la exequibilidad o inexequibilidad de las
disposiciones acusadas.

Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución
Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la
demanda de la referencia

II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme
a su publicación en el Diario Oficial número 45.658 de 1º de septiembre de
2004. Se subrayan y resaltan los apartes demandados.

LEY 906 DE 2004
(Agosto 31)

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

El Congreso de la República

DECRETA

ARTÍCULO 471. SOLICITUD. El condenado que se hallare en
las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad
condicional, acompañando la resolución favorable del consejo
de disciplina, o en su defecto del director del respectivo
establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los
demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el
Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar
dentro de los tres (3) días siguientes.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.

(...)

ARTÍCULO 474. PROCEDENCIA. Para conceder la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo
dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro del
cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el
delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o
embargados, que garanticen íntegramente la indemnización.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución
condicional, salvo las excepciones de ley.

III. LA DEMANDA

El actor considera que las expresiones “su pago es requisito imprescindible
para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional”
contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de
2004 respectivamente, vulneran los artículos 13 y 28 de la Constitución
Política.

Para el actor resulta violatorio del inciso 3º del artículo 28 Superior que
prohíbe la privación de la libertad por deudas, el supeditar el otorgamiento de
la libertad condicional al pago de la pena accesoria de multa. Como quiera que
esta pena accesoria es realmente una deuda con el Estado, pues conforme al
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil la sentencia de condena sirve
como título ejecutivo en contra del condenado, resulta contrario a la
Constitución la prolongación ilegítima de la detención de un ciudadano por el
hecho de no cancelarle dicha deuda pecuniaria al Estado.

En cuanto a la violación del derecho a la igualdad por parte de las expresiones
acusadas, indicó que éstas son discriminatorias hacia las personas que no
cuentan con el dinero para pagar la multa impuesta.

IV. INTERVENCIONES
3

4.1. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.

El Director del Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia
intervino en el asunto de la referencia, con el fin de solicitar a la Corte
Constitucional que declare la exequibilidad de las disposiciones demandadas.
El interviniente resaltó que las disposiciones demandadas hacen parte
integral del sistema penal, por lo que en su aplicación deben tenerse en cuenta
las normas sobre amortización a plazos y la amortización mediante trabajo de
la multa, consagradas en los numerales 6 y 7 del artículo 39 del Código Penal.
Bajo la condición de pagar la multa en un plazo no superior a 24 meses y de
prestar servicios no remunerados en asuntos de interés social, las personas que
no cuentan con los recursos suficientes para cancelar la multa pueden gozar
del beneficio al igual que aquellos condenados con cierta capacidad
económica.

Así mismo, advirtió que la normatividad demandada se aplica por igual a
todos los condenados, debiendo el juez motivar su imposición según la
exigencia del artículo 59 del Código Penal.

Respecto al articulo 28 de la Constitución, el interviniente resaltó que en el
caso de la referencia, la multa es consecuencia de un comportamiento
delictivo, y no se origina en una relación de carácter civil, por lo que no se
encuentra cobijada bajo la prohibición constitucional resaltada por el actor.

4.2. Intervención de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación intervino en el presente proceso con el fin de
expresar las razones por las cuales considera debe declararse la exequibilidad
de las expresiones acusadas contenidas en los artículos 471 y 474 de la Ley
906 de 2004.

Para comenzar indicó que los artículos demandados no contrarían el artículo
28 Superior, pues en la sentencia C-628 de 1996 la Corte Constitucional aclaró
que “cuando la Constitución prohíbe la detención, prisión o arresto por
deudas, se refiere concreta y particularmente a aquellas originadas en
relaciones de origen civil, sin que en estas medien situaciones o hechos
punibles”. Como quiera que en el caso objeto de análisis constitucional la
privación de la libertad de la persona obedece al cumplimiento de una pena de
prisión, las disposiciones lo que pretenden es materializar el cumplimiento de

la sanción penal impuesta dentro del Estado Social de Derecho y no presionar
para obtener el pago de una deuda privada con el Estado. Por lo tanto, sostuvo
que la prohibición constitucional no tiene la virtualidad de viciar la condición
de pago para obtener la libertad condicional.

Finalmente resaltó que, en virtud del artículo 39 del Código Penal, el juez
penal tiene en consideración las condiciones económicas del condenado al
establecer la cuantía de la multa, por lo que tampoco es acertado que la
imposición de la misma sea discriminatoria por no discernir entre las
diferentes posibilidades de pago de los ciudadanos.

4.3. Intervención de la Defensoría del Pueblo.

La Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la
Defensoría del Pueblo, intervino en el asunto de la referencia solicitando la
acumulación de la presente demanda a los expedientes D-5390 y D-5439, pues
tratan también sobre el tema del pago de la multa para gozar del beneficio del
subrogado penal. De manera subsidiaria, le solicitó a esta Corporación que
declare la inexequibilidad de las disposiciones demandadas por vulnerar los
artículos 1, 2º, 12, 13, 17, 28 y 29 de la Constitución Política, así como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Retomando los argumentos que expuso en la demanda de inconstitucionalidad
radicada bajo el número D-5349, señaló que la condición de pagar la multa
impuesta como condición para gozar de los subrogados penales vulnera el
artículo 13 de la Carta porque establece una discriminación en contra de la
población de escasos recursos, impidiéndoles beneficiarse de esta figura a la
que fácilmente acceden los ciudadanos con capacidad económica. También
consideró inconstitucional que se avale permanecer en prisión en razón a una
deuda con el Estado, toda vez que el inciso tercero del articulo 28 Superior
prohíbe expresamente que ello ocurra.

4.4. Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

La Doctora Ángela María Buitrago Ruiz, miembro del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, intervino en el proceso de la referencia defendiendo la
exequibilidad de las expresiones demandadas. Para ello señaló que la Corte
Constitucional ya se ha manifestado sobre los cargos planteados en la
demanda de inconstitucionalidad de la referencia, como en la sentencia C-06
5

de 2003 en la que declaró la exequibilidad de los artículos 484 y 488 de la Ley
600 de 2000 argumentando que la indemnización de perjuicios como requisito
para obtener el beneficio de la condena de ejecución condicional no constituye
una condición inconstitucional.

Adicional a lo anterior, advirtió que sería interesante que la Corte
Constitucional se pronuncie sobre los temas de justicia restaurativa, derechos
de la víctima y necesidad de la pena que subyacen a las normas demandadas y
que han venido siendo discutidos a raíz del Acto Legislativo 03 de 2002 que
modifica el artículo 250 de la Constitución.

4.5. Intervención de la Universidad del Rosario.

El Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario intervino en el asunto de la referencia, solicitando se
declaren inexequibles las expresiones “su pago es requisito imprescindible
para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional”
contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de
2004.

Resaltó que la finalidad de los subrogados penales es permitirle al individuo
cumplir su condena fuera del establecimiento penitenciario, cuando hayan
cometido delitos cuyas penas sean de reducida duración (pues puede ser más
perjudicial para el condenado cumplirla dentro del establecimiento carcelario
que gozando de su libertad), y cuando se haya cumplido una parte de la
condena (pues siendo su objetivo resocializar al condenado, resulta necesario
verificar el cumplimiento de esta finalidad de la pena).

Atendiendo lo anterior, el interviniente consideró que exigir el cumplimiento
de una obligación dineraria como condición para gozar del derecho
fundamental a la libertad resulta desproporcionado, alejado de la finalidad de
recluir a un individuo basado en su peligrosidad, violatorio de la prohibición
constitucional de utilizar la prisión como mecanismo de recaudo de dinero y
discriminatorio hacia quienes no poseen los recursos pagar las multas
impuestas.

4.6. Intervención ciudadana.

El ciudadano Alexander Díaz Umaña intervino en el asunto de la referencia

con el fin de solicitar a esta Corporación la acumulación de los procesos D-
5441, D-5503, D-5349 y D-5644, por considerar que entre las mencionadas
demandas de inconstitucionalidad no solo existe coincidencia total de las
normas acusadas, sino que la materia objeto de pronunciamiento corresponde
al mismo análisis de constitucionalidad.

Mediante auto del 7 de marzo de 2005, el Magistrado sustanciador negó la
solicitud de acumulación aduciendo que, si bien existe una coincidencia
parcial entre el contenido normativo de las normas acusadas, la petición no
cumple con los demás requisitos exigidos por los artículos 5º del Decreto 2067
de 1991 y 47 del Acuerdo No. 05 de 1992 para proceder a su acumulación.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

La Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, en concepto No. 3745
recibido el 28 de enero de 2005, solicitó a la Corte Constitucional inhibirse de
conocer de fondo sobre el cargo por la vulneración del artículo 13 Superior y
declarar exequibles las expresiones “su pago es requisito imprescindible para
poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible
para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los
incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 por el cargo
relativo a la vulneración del artículo 28 de la Constitución.

Inicialmente, el Ministerio Público aclaró que no se pronunciaría sobre la
presunta vulneración del derecho a la igualdad por cuanto el demandante no
desarrolló dicho cargo, sino que simplemente lo enunció. En esta medida,
solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse al respecto.

Luego reiteró los argumentos expuestos previamente por el Ministerio Público
en los conceptos nos. 3679 y 3703 rendidos dentro de los procesos D-5349 y
D-5390, pues en ellos se analizaron los mismos problemas jurídicos sometidos
ahora a consideración.

Expuso que la pena privativa de la libertad que afecta al condenado no
deviene de la existencia de la deuda, sino del cumplimiento de la pena
principal de prisión impuesta en una sentencia judicial por haber cometido un
delito. La limitación al derecho a la libertad debe diferenciarse del
incumplimiento de la carga procesal de pagar la multa, como requisito
indispensable para obtener el subrogado penal. En esta medida, y atendiendo
la naturaleza sancionatoria de la imposición de la multa, resulta exequible la
7

exigencia de su pago previo el reconocimiento de la suspensión condicional de
la ejecución de la pena y la libertad condicional.

Finalmente, resaltó que la situación económica del condenado es un factor
que, según el numeral 2º del artículo 39 de la Ley 599 de 2000, debe tener en
consideración el juez al momento de determinar el valor de la multa, y no al
momento de exigir su cumplimiento como lo propone el accionante.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra unas disposiciones que forman parte de una
ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre
su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta
Fundamental.

2. Problemas Jurídicos.

De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad,
en esta oportunidad le corresponde a la Corte establecer si la condición de
haber pagado la multa como requisito indispensable para otorgar la libertad
condicional y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es
contraria a la prohibición constitucional contenida en el artículo 28 Superior
de privar la libertad por deudas. Así mismo, si resulta discriminatorio hacia las
personas de escasos recursos supeditar el otorgamiento de los subrogados
penales anteriores al pago de una multa.

Previamente la Corte debe precisar si las expresiones acusadas tienen un
contenido normativo igual a las frases comprendidas en los artículos 4º y 5º de
la Ley 890 de 2004 y que fueron declaradas exequibles por esta Corporación
en la sentencia C-194 de 2005, con el fin de establecer si debe reiterarse la
jurisprudencia sentada en dicha ocasión y, por ende, adoptar la misma decisión
de declararlas exequibles.

3. Reiteración de jurisprudencia en relación con los dos cargos invocados
en la demanda.

3.1. Es preciso señalar que esta Corporación se pronunció recientemente sobre
unas disposiciones contenidas en el Código Penal que tienen el mismo

contenido que el de las expresiones actualmente objeto de estudio. En efecto,
en la sentencia C-194 de 2005 la Corte declaró la exequibilidad de las frases
“Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso
su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en los
artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004. Dichas normas establecen que la
concesión de los subrogados penales de suspensión condicional de ejecución
de la pena y de libertad condicional está supeditada al pago de la multa.

Las normas ahora demandadas, aunque incluidas en un cuerpo normativo
diferente, el Código de Procedimiento Penal, y con una redacción distinta, son
expresión del mismo contenido normativo. En efecto, mientras que en la
sentencia C-194 de 2005 se demandaron las frases que supeditaban la
concesión de los subrogados penales contenidas en la Ley 890 de 2004 que
adicionó y modificó el Código Penal, en el presente proceso se demandaron
unas expresiones similares pero contenidas en el Código de Procedimiento
Penal. Confrontados los textos que han sido sometidos en el pasado al control
constitucional y los que lo son ahora en la demanda de la referencia, la Sala
Plena encuentra que regulan la misma situación jurídico-procesal, pues hacen
referencia a la exigencia de pagar la pena accesoria de multa impuesta por el
juez penal por la comisión de un delito como condición necesaria para el
otorgamiento de los subrogados penales de libertad condicional y suspensión
condicional de la ejecución de la pena.

3.2. En la sentencia C-194 de 2005 la Corte Constitucional se planteó los
siguientes problemas jurídicos que resultan relevantes para el análisis de la
presente demanda:

“a)¿Vulnera el principio constitucional de igualdad el hecho de
que, para conceder el beneficio de la suspensión condicional de
la ejecución de la pena, el legislador exija al condenado el pago
total de la multa? En el mismo sentido, ¿es constitucional que
se exija el pago total de la multa al condenado que solicita el
reconocimiento de la libertad condicional?
b)¿Constituye la exigencia del pago de la multa, como requisito
para acceder al beneficio de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, una manifestación de la prohibición
constitucional del artículo 28 de imponer prisión por deudas?”
(C-194 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)

Como se puede observar, los cargos analizados en dicha oportunidad
9

coinciden con los esgrimidos en la presente demanda de inconstitucionalidad,
pues en esta ocasión el accionante solicita el retiro del ordenamiento jurídico
de las normas demandadas exactamente por las mismas razones estudiadas
anteriormente por esta Corporación: i) la vulneración del inciso tercero del
artículo 28 Superior que prohíbe la prisión y el arresto por deudas, bajo el
entendido que la multa es una deuda que se tiene con el Estado y por ende la
concesión de los subrogados penales no puede supeditarse al pago de dicha
deuda, y ii) la vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo
13 de la Constitución, porque la norma prevé el mismo tratamiento para los
que tienen y para los que no tienen la capacidad económica para pagar la
multa impuesta.

3.3. En esta medida, la Corte reiterará la posición jurisprudencial establecida
en la sentencia C-194 de 2005 en la que declaró la exequibilidad del artículo
4º de la Ley 890 de 2004.

Destaca la Corte que el análisis sobre la constitucionalidad de los artículos 4º
y 5º de la Ley 890 de 2004 anteriormente señalados se realizó bajo el marco
del nuevo sistema penal acusatorio introducido en la Carta Política por el Acto
Legislativo 03 de 2002, y que el examen de constitucionalidad que ahora debe
hacer la Corte en relación con los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004
se desenvuelve en el mismo contexto constitucional, sin que, desde ese punto
de vista, exista circunstancia alguna que de lugar a una aproximación diferente
a la expresada por la Corte en la Sentencia C-194 de 2005, razón por la cual se
reiterará la posición jurídica allí contenida.

3.4. En relación con el cargo por la vulneración del artículo 28 Superior, la
Corporación señaló, por un lado, que como quiera que la imposición de una
multa dentro de un proceso penal obedece a una sanción por haber incurrido
en una conducta punible, la exigencia de pagarla como requisito para conceder
los beneficios de los subrogados penales no se encuentra comprendida dentro
la prohibición constitucional de castigar con prisión o arresto el no pago de
una deuda.

En dicha oportunidad se resaltó que, según lo ha venido sosteniendo
reiteradamente la jurisprudencial constitucional, el inciso 3º del artículo 28 de
la Constitución hace referencia exclusivamente a deudas de origen civil. 1
Siendo la multa una manifestación de la potestad punitiva del Estado, el hecho
1 Sentencias C-628 de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara y C-041 de 1994 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).

de que se refiera a una pena de índole pecuniaria a favor del tesoro público
cuyo medio liberatorio sea el dinero, no la convierte en una deuda de aquellas
comprendidas en la prohibición constitucional. Lo anterior es así porque “(...)
el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su
capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario,
sino la represión de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no
es una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño
provocado por el delito.”2

En su momento también se resaltaron las formas de modificar o extinguir las
obligaciones de carácter civil y que no pueden predicarse de las multas
atendiendo su naturaleza sancionatoria:

“En este contexto, la multa no es susceptible de conciliación, no
puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante
el fenómeno de la confusión. No está en poder del sujeto pasivo
la transacción del monto de la misma o la posibilidad de
negociar su imposición, así como no podría éste -pese a una
eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un
particular distinto, pues la finalidad de la multa es la de castigar
al infractor de la ley.”

Atendiendo las razones anteriores, esta Corporación concluyó que las
expresiones acusadas no violan la regla constitucional contenida en el inciso
3º del artículo 28 de la Constitución que prohíbe la prisión y el arresto por
deudas.

3.5. Respecto del cargo por la presunta vulneración del artículo 13 Superior, la
Corte analizó los criterios señalados en el Código Penal para imponer, graduar
el monto y determinar la clase de multa a imponer por la comisión de un
delito. Destacó que el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 599 de 2000
exige que la graduación de la multa sea motivada y de acuerdo a las unidades
de multa establecidas en el numeral segundo del mismo artículo, teniendo en
cuenta “(...) el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad,
el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la
situación económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos,
obligaciones y cargas familiares, y las demás circunstancias que indiquen su
posibilidad de pagar.”

2 Sentencia C-194 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
11

Se resaltó, también, que si bien en principio la multa debe pagarse de manera
inmediata, en los numerales 6º y 7º del mismo artículo mencionado el
legislador dispuso mecanismos sustitutivos para su pago. Así, cuando el
condenado acredite su incapacidad material para pagar la multa
inmediatamente, el juez puede amortizar el pago de la multa señalando plazos
para su pago o autorizando la realización de trabajos no remunerados “(...) en
asunto[s] de inequívoca naturaleza e interés estatal o social”. El juez, además,
puede convertir la multa en arrestos progresivos de fin de semana.

De todo lo anterior, la Corte concluyó que “(...) la capacidad o incapacidad de
pago del individuo no es irrelevante –por el contrario, es indispensable- para
determinar el monto de la multa, así como su forma de pago e, incluso, la
posibilidad de amortizarla mediante trabajo o, en casos extremos, de
convertirla en arresto de fin de semana.” 3 Por lo que declaró exequible las
expresiones acusadas, teniendo en consideración el hecho de que el juez penal
debe atender capacidad económica del condenado no sólo al momento de
determinar su valor, sino también al momento de efectuar su pago, pudiendo
acudir a diferentes alternativas ante la demostrada incapacidad económica del
condenado. En conclusión “(...) la Ley sí dispensa un trato diferenciado para
situaciones que realmente lo merecen, por lo que la norma no encarna
discriminación alguna.”4

Atendiendo las consideraciones anteriores, declaró exequibles las expresiones
"Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso
su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en los
artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004.

3.6. En consecuencia, no cabe duda que los criterios expuestos en la sentencia
antes citada resuelven plenamente los problemas jurídicos planteados en la
demanda que ahora estudia la Corte, por lo que la Sala Plena, respetando el
precedente en la materia, procede a reiterar su jurisprudencia y a declarar
exequibles las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder
otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible para
poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos
segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 respectivamente.

VII. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

R E S U E LVE

Primero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es
requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución
condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de
la Ley 906 de 2004.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente

JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado

ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado

JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado

ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado

13

CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General

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