Comision 5 anc

GACETA CONSTITUCIONAL NÚMERO 88
Bogotá, D.E., lunes 3 de junio de 1991 Edición de 16 Páginas
GACETA CONSTITUCIONAL NÚMERO 88.......................................1
Se Adopta el Censo de Población de 1985...............................................5
Exposición de Motivos.........................................................................5
Adición al Principio de Celeridad ............................................................7
Exposición de Motivos.........................................................................7
Consejo Superior de la Judicatura............................................................9
Articulado Sustitutivo ........................................................................12
Consejo Superior y Consejos Seccionales de la Judicatura................12
Tribunal Disciplinario ........................................................................15
Disposiciones de Carácter Transitorio Aprobadas por las Comisiones
Permanentes de la Asamblea Nacional Constituyente ...........................17
Actas de la Comisión V..........................................................................26
Acta Nº 10 ..........................................................................................27
Desarrollo...........................................................................................28
Acta N° 12..........................................................................................42
Desarrollo...........................................................................................42
Acta Nº 13 ..........................................................................................49
Desarrollo...........................................................................................49
Acta Nº 14 ..........................................................................................56
Desarrollo...........................................................................................56
1/67 Gaceta Constitucional Nº 88

El Deporte y la Recreación como Garantías Sociales ............................63
Introducción .......................................................................................63
Recreación En Una Sociedad Urbanizada..........................................63
Un Concepto del Deporte y la Recreación, con fundamentos............64


RELATORÍA
Acto Constituyente de Vigencia Inmediata Por el cual
Se Adopta el Censo de Población de 1985
Presentado por.
Orlando Fals Borda
(Página 2)
María Teresa Garcés Lloreda
Adición al Principio de Celeridad
Constituyente:
(Página 2)
Informe de Minoría - Proposición Sustitutiva
Consejo Superior de la Judicatura
Constituyente:
(Página 5)
Disposiciones de Carácter Transitorio
Aprobadas por las Comisiones Permanentes de la
Asamblea Nacional Constituyente
(Página 5)
Actas de la Comisión V
Nos. 10-12-13-14
Presidente: Rodrigo Lloreda Caicedo
Vicepresidente: Jaime Benítez Tobón
Secretario: Ricardo Peláez Duque
(Página 7)
Constancia


Deporte y la recreación
Armando Holguín Sarria
(Página 15)


Acto Constituyente de Vigencia Inmediata por el cual

Se Adopta el Censo de Población de 1985
Presentado por.
Orlando Fals Borda
La Asamblea Nacional Constituyente
en ejercicio de sus facultades
Decreta:
Artículo 1.- Para todos los efectos legales, adóptanse los resultados del
Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de
1985.
Artículo 2.- El presente acto constituyente rige a partir de su publicación.
Presentado por:
Orlando Fals Borda.
María Teresa Garcés Lloreda.
Exposición de Motivos
Colombia ha tenido una tradición de censos demográficos que parte de los
tiempos coloniales. En el siglo XIX también se realizaron seis censos de
población. A partir de la Cuarta Conferencia Internacional de Países
Americanos realizada en Buenos Aires en 1910, con refrendación en
Santiago de Chile en 1920, Colombia se comprometió a realizar censos
decenales, los cuales se han cumplido sólo irregularmente. El más com-
pleto fue el segundo de esta serie, el de 1938.
Uno de los propósitos de tales censos ha sido determinar las bases de
población para definir circunscripciones electorales. Esta disposición
legal no se ha cumplido estrictamente. En el momento actual rigen los
resultados del Censo de 1973, con cifras de población muy inferiores a los
del Censo de 1985, que es el último. Por lo mismo, las circunscripciones
electorales vigentes son más pequeñas o diferentes de lo que debieran ser

en estricta justicia. El Censo de 1985 no ha sido adoptado legalmente por
el Congreso Nacional sin que se conozca razón válida para ello. Sin
embargo, es obvio que tal decisión es conveniente para la buena marcha
de los negocios públicos y para asuntos que están a la consideración de
esta Asamblea.
Como la nueva Constitución debe sentar bases firmes y serias en lo que
tiene que ver con el funcionamiento y composición del Congreso Na-
cional, y otros temas como el del ordenamiento territorial, es indispen-
sable expedir un acto constituyente de vigencia inmediata relativo al
Censo de 1985, que lo reconozca para hacer los cómputos respectivos, y
así acercar tales decisiones a la realidad demográfica actual del país.
En consecuencia, muy respetuosamente nos permitimos recomendar la
consideración urgente y aprobación de los artículos adjuntos.
Constituyentes: Orlando Fals, Borda.
Maria Teresa Garcés Lloreda.
Mayo 30 de 1991.


Adición al Principio de Celeridad
Constituyente: María Teresa Garcés Lloreda
Parágrafo: Los agentes del Ministerio Público ante las corporaciones ju-
risdiccionales son los garantes de este principio. Para el efecto, informa-
rán al Tribunal Disciplinario sobre la forma como se cumplieron en cada
proceso los términos judiciales.
Exposición de Motivos
Es por todos sabido que uno de los mayores males que aquejan a la Ad-
ministración de Justicia es la morosidad en la prestación de este servicio
público. Procesos de índole penal, civil, laboral y contencioso adminis-
trativo demoran en los despachos respectivos un considerable tiempo
haciéndose nugatoria la administración de justicia y causándose con ello
gravísimas consecuencias de todo orden, a la convivencia social de los
ciudadanos.
Un avance de indiscutibles proyecciones traerá el principio de celeridad
en la nueva Constitución, pero, en verdad, su solo enunciado poco signi-
ficará ante el más grande mal de que adolece la Rama Jurisdiccional.
Con el proyecto de adición que se propone se busca fortalecer la institu-
cionalización de la mora como causal de mala conducta, para obligar al
fallador a cumplir estrictamente los términos judiciales y al agente del
Ministerio Público a informar, oportunamente, al respectivo órgano de
control. En esa forma no habrá ya necesidad de formular ni de tramitar
administrativamente quejas ante la Procuraduría por la demora de la de-
cisión judicial, sino que el mismo agente del Ministerio Público, a quien
se le notifica personalmente cada uno de los fallos, mantendrá informado
al organismo de control, sobre el cumplimiento riguroso de los términos
judiciales.
Y esa vigilancia no sólo será para el fallador, sino también para el mismo
agente o delegado. En la Procuraduría se tendrá así el control de las de-

cisiones del fallador y la oportunidad y el número de conceptos que emita
el agente del Ministerio Público, amén del dato sobre el cumplimiento
estricto del principio de celeridad en cada proceso en particular.
De otro lado, con la adición que se propone se evitará, como se dijo, el
trámite mismo de la queja y el procurador (o defensor del pueblo) la
despachará e inmediatamente diligenciará la irregularidad de la mora y, si
es del caso, promoverá la sanción correspondiente al fallador o al mismo
agente del Ministerio Público ante las autoridades respectivas.
Debe señalarse, finalmente, que las fiscalías, como actualmente se lla-
man, cumplirían así un papel vitalizador de la administración de justicia y
vigilarían, en cada uno de los procesos, la conducta del fallador.
Para todo lo anterior, es absolutamente indispensable dotar de la sufi-
ciente autonomía funcional a los agentes del Ministerio Público ante esas
corporaciones jurisdiccionales y conservarles, por lo tanto, las prerroga-
tivas y estabilidad de que gozan los funcionarios ante los cuales actúan.
María Teresa Garcés Lloreda, constituyente.


Informe de Minoría - Proposición Sustitutiva

Consejo Superior de la Judicatura
Constituyente: María Teresa Garcés Lloreda
La creación del Consejo Superior de la Judicatura constituye un impor-
tante avance en la consagración de la autonomía administrativa y finan-
ciera de la Rama Jurisdiccional.
No obstante, no parece aconsejable reunir en un solo organismo funciones
tan múltiples, diferentes y dispersas que puedan hacerlo inoperante. Por lo
anterior en relación con el proyecto mayoritario presentado por la Comi-
sión IV a la Plenaria presentamos algunas propuestas sustitutivas:
En primer término se defiere a la ley la determinación del número de
miembros del Consejo Superior de la Judicatura, y del método de elec-
ción. En relación con el primer Consejo se dispone que sus miembros
sean nombrados por el Presidente de la República, con el objeto de fa-
cilitar su Iniciación y funcionamiento en forma rápida.
Teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura va a ser un
organismo de la mayor importancia, se establecen calidades especiales
para acceder a él, tales como la edad y haber desempeñado los más altos
cargos dentro de la Rama Jurisdiccional.
El aspecto más importante de determinar son las atribuciones que tendrá
el Consejo Superior de la Judicatura. La mayoría dentro de la Comisión
IV, proponen asignarle todas las funciones, o sea, las disciplinarias, las de
administración de los recursos de la Rama Jurisdiccional y las de manejo
de la Carrera Judicial.
Nos parece que la función disciplinaria definitivamente debe permanecer
en cabeza del Tribunal Disciplinario y que, más bien, podrían adjudicár-
sele al Consejo Superior de la Judicatura aquellas relativas a la planea-


ción, elaboración del presupuesto y la tutela sobre la administración de los
fondos de la Rama y el manejo de la Carrera Judicial.
La jurisdicción disciplinaria que cumple esta función en forma indepen-
diente, ha tenido un proceso de evolución de casi cincuenta años, ha-
biendo sido creada por el artículo 217 de la Constitución Vigente (Actos
Legislativos número 1 de 1945 y 1 de 1988 y la Ley 20 de 1972, orgánica
del Tribunal Disciplinario).
En consecuencia se prevé, en primer término, como atribuciones del
Consejo Superior de la Judicatura las relativas al manejo de la Carrera
Judicial como la realización de concursos para ingreso y ascenso dentro
de ella, la calificación de magistrados, jueces y funcionarios, los nom-
bramientos y elaboración de listas para el nombramiento de los más altos
funcionarios.
Aunque se propone suprimir la función disciplinaria para este Consejo, se
le otorga la de velar porque se administre pronta y cumplida justicia y de
informar sobre las posibles irregularidades al Tribunal Disciplinario.
Así mismo, nos parece pertinente aprobar como lo propone la mayoría de
la Comisión IV la atribución relativa a la fijación de los límites de las
diferentes divisiones del territorio para efectos judiciales, así como la de
ubicar y redistribuir los Despachos Judiciales, fusionar y trasladar cargos
y determinar la estructura, funciones y planta de la Rama Jurisdiccional.
También se acoge la propuesta mayoritaria de conferir a este Consejo la
facultad de elaborar los proyectos de Ley, sobre la administración de
justicia y sobre códigos sustantivos y procedimentales.
Como nuevas propuestas se incluyen la de elaborar planes y programas de
desarrollo financiero, físico y de recursos humanos de la Rama, elaborar
su presupuesto anual, de acuerdo con el Departamento Nacional de Pla-
neación, el cual se incorporará al General de la Nación, sin modifica-
ciones.


Se debe tener en cuenta, que parte de estas funciones las ejercerán los
Consejos Seccionales establecidos por la Ley.
Como ya se dijo, lo que de todas formas se considera indispensable es la
separación de las funciones disciplinarias, conservando para su ejercicio
el Tribunal Disciplinario.
Así pues, como una garantía de la transparencia y honorabilidad de los
funcionarios judiciales y de los abogados, se propone mantener el Tribu-
nal Disciplinario, elegido por el Congreso de ternas que presente el Pre-
sidente de la República.
Se propone que sus calidades y funciones sean las que tiene hoy en día,
incluyendo la de resolver los conflictos de competencia que se susciten
entre distintas jurisdicciones.
Mezclar en un mismo organismo funciones tan disímiles como son las del
manejo de la Carrera Judicial, de los recursos presupuestales y la decisión
sobre las acusaciones por faltas disciplinarias a abogados, jueces y ma-
gistrados, implicaría que dicho organismo estuviera compuesto por per-
sonas al mismo tiempo economistas, administradoras, abogadas, expertas
en relaciones industriales o asuntos de personal, hecho que no se garantiza
al exigirles que reúnan los requisitos necesarios para ser elegidos Magis-
trados de la Corte, los cuales no persiguen estos objetivos.
Consideramos que para la eficiencia de la Rama Jurisdiccional, tan an-
siada por todos, para su correcto manejo administrativo y la eficacia en la
administración de sus recursos, es indispensable la separación de estas
funciones, desempeñadas por organismos expertos en la materia.
De la misma forma, si se quiere contar con funcionarios honestos y ca-
paces, que alcancen sus cargos estrictamente por sus méritos personales y
por sus conocimientos, se deberá disponer de un organismo integrado por
personas especializadas en esta rama del manejo de personal y en crear la
estructura necesaria para que la Carrera Judicial, que proporcionará al


país verdaderos jueces honestos y capaces, se desarrolle con claridad y
tecnicismo.
De otra parte y teniendo en cuenta la necesidad de crear los organismos
indispensables para la administración de los recursos de la Rama Juris-
diccional y para la preparación de los jueces y funcionarios de la misma,
se propone que la ley orgánica de la administración de justicia cree el
Fondo de Administración de Recursos de la Rema, la Escuela Nacional de
la Judicatura, el Organismo que preste los servicios de seguridad social y
otros que se juzguen necesarios. Los cuales formarán parte de la Rama y
operarán bajo la tutela del Consejo Superior de la Judicatura.
Atentamente,
María Teresa Garcés Llorera,
Articulado Sustitutivo
Tema: Consejo Superior de la Judicatura
Por: María Teresa Garcés Llorera
Consejo Superior y Consejos Seccionales de la Judicatura
Artículo 1º.-El Consejo Superior de la Judicatura tendrá el número de
miembros, elegidos para períodos individuales de nueve años, en la forma
que determine la ley y no podrán ser reelegidos.
Parágrafo Transitorio.- La primera elección de los miembros del Consejo
Superior de la Judicatura, la realizará el Presidente de la República.
Artículo 2º.- Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se
requiere: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, aboga-
do con experiencia administrativa, mayor de cuarenta años, haber sido
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación o haber ejercido
la profesión de abogado durante veinte años, con buen crédito.
Artículo 3º.- El Consejo Superior de la Judicatura, tendrá las siguientes
atribuciones:


I. De acuerdo con la Ley Orgánica, administrar la Carrera Judicial, en
desarrollo de la cual deberá:
1º. - Realizar los concursos para ingreso y ascenso dentro de la Carrera
Judicial.
2°.- Calificar el rendimiento de los Magistrados y empleados de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y de
los Magistrados de los Tribunales.
3°.- Nombrar de acuerdo con las normas de la Carrera Judicial a los Ma-
gistrados de los Tribunales.
4º.- Elaborar y enviar a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de
Justicia y al Consejo de Estado, de acuerdo con las normas de la carrera
judicial, las listas para proveer las vacantes que se presenten en dichas
Corporaciones, en el orden de elegibilidad resultante de los respectivos
concursos.
5°.- Las demás atribuciones que le fije la ley.
(Sustitutivo de los numerales 1 ° y 4°).
II. Velar porque se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual
examinará la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Ju-
risdiccional e informará sobre las posibles irregularidades al Tribunal
Disciplinario.
(Sustitutivo del numeral 2 º).
III. Fijar los límites de las diferentes divisiones del Territorio, para efectos
judiciales.
Ubicar y redistribuir los Despachos Judiciales, crear, suprimir, fusionar y
trasladar cargos en la Administración de Justicia y determinar su estruc-
tura, funciones y planta de personal.


IV. Elaborar los proyectos de Ley sobre la administración de justicia y los
Códigos sustantivos y procedimentales.
(Igual)
V. Elaborar los planes y programas de desarrollo financiero, físico y de
recursos humanos de la Rama Jurisdiccional.
(Adicional).
VI. Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual de la Rama Jurisdiccional,
de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación.
El Gobierno incorporará sin modificaciones, al Proyecto de Ley de
Apropiaciones, el que cada año elabora el Consejo Superior de la Judi-
catura.
VII. Nombrar el Presidente de la Corporación y un Director Ejecutivo.
Artículo 4º.- La ley establecerá Consejos Seccionales los cuales tendrán
las siguientes atribuciones:
1. Llevar a cabo los concursos para ingreso y ascenso dentro de la carrera
judicial, que determine el Consejo Superior.
2. Calificar el rendimiento de los Jueces y de los empleados de los Tri-
bunales y los Juzgados.
3. Nombrar de acuerdo con las normas de la Carrera Judicial a los Jueces.
4. Las demás que le asigne la ley.
(Adicional).
Artículo 5º.- Los miembros de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
serán nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura.
(Adicional).


Artículo 6º.- El reglamento del Consejo Superior y de los Consejos Sec-
cionales de la Judicatura será determinado por la ley.
(Adicional).
Artículo 7º.- La Ley Orgánica de la Administración de Justicia creará,
además de los Consejos Seccionales, el Fondo de Administración de
Recursos de la Rama Jurisdiccional, la Escuela Nacional de la Judicatura
y el organismo que preste los servicios de seguridad social a los funcio-
narios de dicha Rama y otras entidades descentralizadas que se juzguen
necesarias.
Estas entidades formarán parte de la Rama Jurisdiccional y operarán bajo
la tutela del Consejo Superior de la Judicatura.
Tribunal Disciplinario
Artículo 8º.- El Tribunal Disciplinario tendrá el número impar de Magis-
trados que determine la ley, los cuales serán elegidos por el Congreso, de
ternas presentadas por el Presidente de la República, para períodos de
nueve años y no podrán ser reelegidos.
Artículo 9º.- Para ser Magistrado del Tribunal Disciplinario se requiere:
ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, abogado titulado,
mayor de cuarenta años, haber sido magistrado de la Corte Constitucio-
nal, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o del Tribu-
nal. Procurador General de la Nación o haber ejercido la profesión de
abogado durante veinte años, con buen crédito.
Artículo 10.- El cargo de Magistrado del Tribunal Disciplinario es in-
compatible con cualquier otro destino público y con el ejercicio de la
abogacía.
Artículo 11.- Son atribuciones del Tribunal Disciplinario:
1°. Conocer en única instancia de los procesos por faltas disciplinarias
que se adelanten contra los miembros del Consejo Superior de la Judi-
catura, los Magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema


de Justicia, los Consejeros de Estado y los fiscales del mismo Consejo, el
Procurador General de la Nación, los Magistrados de los Tribunales y sus
respectivos Fiscales, lo mismo que las faltas en que incurran los Magis-
trados del Tribunal Disciplinario.
2º. Conocer en segunda instancia, por apelación o consulta, de los pro-
cesos que se adelanten contra los jueces por faltas disciplinarias o contra
los abogados por contravenciones a la ética o a sus deberes profesionales,
conforme al estatuto del ejercicio de la abogacía.
3°. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre distintas
jurisdicciones.
4º. Las demás que le atribuya la ley.
Artículo 12. El Tribunal Disciplinario se dará su propio reglamento.
María Teresa Garcés Lloreda.


Disposiciones de Carácter Transitorio Aprobadas por
las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional
Constituyente
Bogotá, mayo 30 de 1991:
Fernando Galvis Gaitán
Relator
Asamblea Nacional Constituyente
Ciudad
Señor Relator:
Junto con la presente y para facilitar a los constituyentes el estudio del
tema de las Normas Transitorias, me permito entregar a usted –en nombre
de la Comisión Codificadora– una relación de todas aquellas que fueron
aprobadas por las Comisiones y que están mezcladas con el articulado de
carácter permanente, tal como fue publicado en la Gaceta N° 80.
Atentamente,
Carlos Lleras de la Fuente, constituyente.
Disposiciones de carácter transitorio aprobadas por las Comisiones Per-
manentes de la Asamblea Nacional Constituyente
Comisión I
Artículo.- Aplicación Directa de los Derechos
Los derechos fundamentales garantizados en el capítulo de este título son
directamente aplicables, vinculan todos los poderes públicos y su ejerci-
cio podrá ser reo por la ley o en virtud de una ley sin r sus esencia. Los
demás requerirán desarrollo legal para ser exigibles ante las autoridades
competentes,
Artículo.- De los Derechos de Aplicación Inmediata
Son de aplicación inmediata los siguientes:


De la vida, de la igualdad, de la libertad, de las garantías procesales, del
debido proceso, de las razones de la detención, del Habeas Corpus, de la
intimidad, del derecho de reunión, del derecho de petición, de la libertad
de movimiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de religión y de
cultos, de los derechos políticos, de la personalidad jurídica, de la cultura,
de la autonomía personal, de la información y de la honra.
Artículo Relativo al Conflicto eventual entre las Normas de la Reforma
Constitucional y la Legislación actual en vigor
Las disposiciones de la presente reforma constitucional derogan todas las
normas contenidas en las leyes y decretos que le sean contrarias.
Artículo Transitorio
Esta Constitución no podrá ser reformada dentro de los ocho años si-
guientes a la fecha en que entre a regir.
Comisión II
Ordenamiento Territorial del Estado
Autonomía Regional y Local
Artículo 4º. Revisión de los límites de las Entidades Territoriales.
Parágrafo: El Gobierno organizará e integrará la Comisión Asesora del
ordenamiento Territorial encargada de realizar los estudios y formular
ante las autoridades competentes las recomendaciones que considera del
caso para acomodar la división Territorial del país a las disposiciones de
esta Constitución. La Comisión cumplirá sus funciones durante un pe-
ríodo de tres años. La ley podrá darle carácter permanente, en este caso
fijará la periodicidad con la cual cumplirá sus trabajos.
Artículo 11. Relativo a comunas.
Parágrafo Transitorio: Las junta locales conformadas a la fecha de vi-
gencia de la presente Constitución pasarán a ser juntas comuneras.


Artículo 13. Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo
anterior no obsta para que otras entidades impongan la contribución de
valorización.
Parágrafo Transitorio. A partir de la vigencia fiscal de 1992 el Gobierno
reducirá hasta su eliminación total en un término no mayor a tres años las
sobre tasas u otras formas de recargo al impuesto predial por Ley a favor
de las entidades nacionales, regionales y departamentales.
Las entidades territoriales que a la fecha de vigencia de esta Constitución
que tengan ignorados ingresos provenientes de sobretasas ordenadas por
la ley, las continuarán cobrando a término no mayor al del vencimiento
del respectivo contrato.
Artículo 14. Presúmese de derecho que son válidas las creaciones de
municipios hechas por las Asambleas Departamentales antes del 31 de
diciembre de 1990.
Erígense en municipios los corregimientos intendenciales y comisariales
constituidos antes del 31 de diciembre de 1990.
Artículo 22. (Transitorio)
Si durante los ciento veinte días (120) siguientes a la fecha de promul-
gación de esta Constitución, el Congreso no dictare la ley a que se refieren
los artículos anteriores, el gobierno por una sola vez expedirá las normas
correspondientes.
Artículo 23.- De los Distritos Metropolitanos
Parágrafo Transitorio: Las áreas metropolitanas organizadas actualmente
continuarán rigiéndose por las normas que regulan su funcionamiento. La
Ley, con estricta sujeción a lo dispuesto en este artículo, las erigirá en
Distritos Metropolitanos en el plazo improrrogable de un año.
Artículo 24. De las Provincias


Parágrafo Transitorio: En el término de tres años las asociaciones de
municipios existentes a la fecha de expedición de esta Constitución se
transformarán en provincias, y sus competencias y recursos serán asu-
midos por esta, de conformidad con las Leyes. Se exceptúan de lo anterior
las asociaciones relativas a territorios de los municipios que, de confor-
midad de esta Constitución, sean erigidos en Distritos Metropolitanos.
Artículo 32. Erígense en departamentos las intendencias de Arauca, Ca-
sanare y Putumayo y las Comisarías de Amazonas, Guaviare, Guainía,
Vaupés y Vichada. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de vigencia
de esta Constitución el Gobierno dictará las normas necesarias para la
organización y el funcionamiento de estos departamentos.
Artículo 33. El Gobierno Nacional, en concertación con representantes de
los Consejos elaborará un plan de reconstrucción económica y social de
los pueblos indígenas, cuya duración tendrá como mínimo veinte años y
destinará un presupuesto especial para su ejecución.
Artículo Transitorio. El Gobierno Nacional, en concertación con repre-
sentantes de los Consejos elaborará un plan de reconstrucción económica
y social de los pueblos indígenas, cuya duración tendrá como mínimo
veinte años y destinará un presupuesto especial para su ejecución.
Artículo 41. Para garantizar el cumplimiento de las funciones y ejecución
de planes, programas y proyectos que- las regiones determinen, la ley
establecerá un Fondo Nacional de Regalías provenientes de la explotación
de los recursos naturales no renovables, no cedidos a las entidades te-
rritoriales a la fecha de expedición de esta Constitución.
Artículo 44. Si durante los dos períodos Legislativos siguientes a la fecha
de promulgación de esta Constitución el Congreso de la República no
dictare la Ley a que se refieren los artículos anteriores, el gobierno ex-
pedirá los decretos con fuerza legislativa dentro de los seis meses si-
guientes a la expiración del plazo del Congreso, previa consulta a los
departamentos interesados en integrarse como región.


Artículo 46. De las atribuciones de la Cámara Regional.
Parágrafo: Los Consejos Regionales de Planificación (CORPES), segui-
rán cumplimiento con las funciones que actualmente poseen, hasta tanto
se constituya la respectiva Región.
Comisión III
Del Servidor Público
Artículo 15.- De la carrera administrativa
Parágrafo: Las normas legales que desarrollen los principios consignados
en este artículo serán expedidas por el órgano legislativo en un término de
un año. Si no incurriere, el presidente de la República queda facultado
para expedirlas en un término de tres meses.
A partir de la expedición de las normas legales que regulen la carrera, los
nominadores de los servidores públicos y la implantación en un término
de dos años.
Artículo Transitorio.- Como consecuencia del espíritu de paz y concordia
que inspira esta Constituyente y en desarrollo del artículo 48 de la actual
Constitución, el Gobierno dispondrá el recaudo de las armas de uso pri-
vativo de la Fuerza Pública y no contempladas en la ley, que están en
poder de los particulares.
En todo el territorio nacional queda proscrita toda clase de propaganda
bélica.
Comisión IV
De la Elección del Defensor del Pueblo
Artículo.- El Defensor del pueblo será elegido por la Asamblea Nacional
Constituyente.
Parágrafo Transitorio:
El primer Defensor del Pueblo será elegido por la Asamblea Nacional
Constituyente.


Del Consejo Superior de la Judicatura
Artículo. Habrá un Consejo Superior de la Judicatura integrado por...
Parágrafo Transitorio: Los primeros ocho o diez miembros del Consejo
Superior de la Judicatura serán nombrados a razón de dos por: la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional en caso de ser creada, el
Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Repú-
blica, se conformará así: cuatro o cinco de sus miembros serán designados
para un período de cuatro años y los cuatro o cinco restantes para un pe-
ríodo de ocho años.
Norma General de la Administración de Justicia
Artículo. A partir del 1 de enero de 1992 y durante los próximos 10 años,
el Gobierno Nacional invertirá no menos del 10% del presupuesto general
de gastos en la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público.
De la Jurisdicción Constitucional Origen de la Corte Constitucional
Artículo.- Sobre el origen de la primera Corte Constitucional.
3. Proposición: La primera Corte Constitucional estará conformada así:
Dos de la Corte Suprema de Justicia, dos del Consejo de Estado, dos de la
Presidencia de la República, dos de la Defensoría del Pueblo y uno de la
Academia Colombiana de la Jurisprudencia. (Armando Holguín).
4. La primera Corte Constitucional será designada para un período de
cuatro años por el presidente de la República. (Hernando Londoño).
Esta proposición no se votó, hará parte del informe de minorías.
Comisión V
Banca Central
Artículo Transitorio. Mientras se dictan las leyes correspondientes, la
nueva Junta del Banco Central que nombrará provisionalmente el presi-
dente de la República dentro del mes siguiente de la vigencia de esta
Constitución y con sujeción a sus normas, asumirá las funciones que ac-


tualmente corresponden a la Junta Monetaria, las cuales cumplirá con-
forme a lo aquí previsto.
La ley determinará las entidades a las cuales se trasladarán los fondos de
fomento que el Banco administra en la actualidad.
Dentro de tres meses siguientes a la vigencia de esta Constitución, el
Gobierno está obligado a presentar al órgano legislativo nacional los
proyectos de ley de que tratan estos artículos. Si en el término de un año,
este último no los aprobara, el Presidente de la República pondrá en vi-
gencia los proyectos mediante decreto con fuerza de ley.
De la Regulación Financiera, Crédito, Deuda Externa...
Artículo Transitorio.- Mientras se dictan las leyes correspondientes, el
Presidente de la República ejercerá, como atribución constitucional pro-
pia, la intervención en las actividades financiera, bursátil y aseguradora.
Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta Constitución, el
gobierno está obligado a presentar al órgano legislativo nacional los
proyectos de ley de que tratan estos artículos. Si al término de las dos
legislaturas ordinarias siguientes, este último no los expide, el Presidente
de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante decretos con
fuerza de ley.
Finalidad Social del Estado y Seguridad Social
Artículo 5 º.- Sobre la salud.
Parágrafo Transitorio. El Gobierno conformará una comisión integrada
por representantes del gobierno, los sindicatos, los gremios económicos,
los movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores
informales, la cual elaborará en un plazo de 180 días a partir de la vi-
gencia de esa Constitución, una propuesta para ser sometida al Gobierno.
El cual presentará un proyecto a consideración el órgano legislativo para
desarrollar el sistema de seguridad social integral.


Parágrafo Transitorio. En las zonas afectadas por aguda violencia se Im-
plementará un plan de emergencia de seguridad social integral por un
periodo de tres años el cual será organizado por la Ley.
Régimen Económico
Artículo.- Sobre el monopolio de licores.
Parágrafo Transitorio. Los departamentos mantendrán el monopolio de
las rentas de licores por un término máximo de cinco años.
Derechos de Familia
Artículo Transitorio: Las disposiciones contenidas en el Código Civil, la
Ley 1 de 1976, Código de Procedimiento Civil, decretos 2668 de 1968,
902 de 1988, 99 de 1988, 2458 de 1988, 2272 de 1989, 1900 de 1989, y
demás normas que los adicionen y reformen, relativas a los efectos civiles
del matrimonio, la separación de cuerpos y al divorcio del matrimonio
civil se aplicarán tanto a los matrimonios ya contraídos, como a los que se
celebren en lo sucesivo cualquiera que haya sido o llegara a ser la forma
de su celebración.
Planeación Integral
Artículo 8º.- El Gobierno diseñará, conjuntamente con las comunidades
indígenas, el plan de reconstrucción económica y social de los pueblos
indígenas; el cual será financiado con recursos públicos, y anualmente se
asignarán para el presupuesto general de la nación las partidas corres-
pondientes.
De los Servicios Públicos
Artículo. Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta Cons-
titución, el gobierno está obligado a presentar al Órgano Legislativo Na-
cional los proyectos de ley de que tratan estos artículos. Si al término de
las dos legislaturas ordinarias siguientes, este último no lo expide, el


Presidente de La República pondrá en vigencia los proyectos mediante
decretos con fuerza de ley.
Derechos Agrarios
Artículo. Dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta Consti-
tución, el Gobierno nacional otorgará el apoyo requerido por el agro,
poniendo en práctica las medidas a que hace referencia el articulo 5°, den-
tro de los cuales se contará con disposiciones tales como: ampliación de
plazos para la amortización de créditos y las demás medidas comple-
mentarias para el cumplimiento cabal de esta disposición constitucional.
De la Hacienda Pública
Artículo 1º.
Parágrafo: El situado fiscal aumentará de su nivel actual hasta llegar, en
1997, a un mínimo del 20% sobre el total de los ingresos corrientes de la
nación, las entidades territoriales que lo perciban asumirán en el mismo
plazo, la integridad de los servicios de educación primaria y secundaria y
salud básica.
Fíjese en un 10% el porcentaje del situado fiscal que será distribuido por
partes iguales entre los departamentos, el distrito y los distritos especiales
de Cartagena y Santa Marta.
Artículo 2º. De los municipios.
Parágrafo: La participación de los municipios en los ingresos corrientes
de la nación será del 13% en 1993 y aumentará un punto porcentual por
año hasta completar el 22% en el año 2002.


Actas de la Comisión V
Nos. 10 -12 - 13 -14
Secretario: Ricardo Peláez Duque
Edgar Moncayo Coordinador de la “Gaceta Constitucional”
Con el objeto de solicitar su publicación en la “Gaceta Constitucional”,
comedidamente me permito hacerle llegar los textos de las Actas distin-
guidas con los números 10, 12, 13 y 14, levantadas con motivo de las
sesiones que para las fechas enunciadas al cuerpo de las mismas, compiló
la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ricardo Peláez Duque
Secretario Comisión V.
Comisión V
Secretario: Ricardo Peláez Duque.


Acta Nº 10
(19 de Marzo de 1991)
En el Centro de Convenciones “Gonzalo Jiménez de Quesada”, de la
ciudad de Bogotá, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y
uno (19-III-91), se reunió la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional
Constituyente bajo la Presidencia del delegatario doctor Rodrigo Lloreda
Caicedo y la Vicepresidencia del delegatario doctor Jaime Benítez Tobón.
Se declaró abierta la sesión a las quince treinta horas y la Presidencia
ordenó a Secretaría llamar a lista, respondiendo a ella los siguientes se-
ñores constituyentes:
- Benítez Tobón Jaime
- Cala Hederich Álvaro
- Cuevas Romero Tulio
- Garzón Angelino
- Guerrero Figueroa Guillermo
- Herrán de Montoya Helena
- Hoyos Naranjo Oscar
- Lemos Simmonds Carlos
- Lloreda Caicedo Rodrigo
- Marulanda Gómez Iván
- Molina Giraldo Rafael Ignacio
- Ospina Hernández Mariano
- Ossa Escobar Carlos
- Pérez González-Rubio Jesús
- Perry Rubio Guillermo
- Rodado Noriega Carlos
-Rojas Niño Germán
- Yepes Parra Antonio.
La Secretaría informa que han respondido a lista dieciocho delegatarios,
existiendo quórum decisorio. La Presidencia solicita la lectura del Orden
del Día, así:
I. Llamada a lista, verificación del quórum.

II. Consideración y aprobación del Acta N° 9 del 12 de marzo de 1991.
III. Informe de la Presidencia.
IV. Exposición del señor ministro de Salud, doctor Camilo González
Posso.
V. Proposiciones y varios.
Desarrollo
Evacuado el primer punto del Orden del Día, el señor presidente mani-
fiesta que estando presente el señor ministro de Salud, es pertinente al-
terar el Orden del Día y proceder a escucharlo. La Comisión acoge la
proposición del delegatario presidente. Antes de otorgarle el uso de la
palabra al señor ministro, el presidente afirma que es querer de la Comi-
sión Quinta escuchar los planteamientos de los funcionarios del Gobierno
sobre los temas que son de su competencia y por ello le agradece la
aceptación de la invitación que se le formulara, de acuerdo con la petición
que en ese sentido hiciera el señor ministro de Gobierno. Sostuvo el pre-
sidente que la presencia del alto funcionario del Ejecutivo servía a la
Comisión para conocer los criterios del Gobierno sobre la salud de los
colombianos, los servicios públicos y la seguridad social. Manifestó que
por ello la charla era conveniente además de desprevenida y cordial, con
el ánimo de clarificar conceptos en esta materia. Señaló que primero se
haría la exposición global de parte del señor ministro y, posteriormente,
se cumpliría un ciclo de preguntas de los señores delegatarios. Al efecto,
la Secretaría repartió entre ellos el texto de la carta mediante la cual se
invitó al Titular de la Cartera de Salud a la Comisión. Recordó el presi-
dente que en materia de audiencias no se presentarían debates ni tampoco
polémicas porque el deseo esencial era el establecer el contacto directo
con la fuente para conocimiento de los puntos de vista sobre los hechos de
interés para la Comisión en los temas por abordar.
Luego la Presidencia otorgó la palabra al señor ministro, quien agradeció
la invitación y oportunidad que se le concedía para explicar las iniciativas
de su Despacho a la Comisión Quinta de la Asamblea.


Con la información de la Secretaría de que la intervención del señor mi-
nistro hará parte del Acta como anexa de acuerdo con la grabación, se
consignan en la presente, entre otras, las siguientes opiniones expuestas
por el doctor Camilo González Posso.
Son varios los asuntos generales que deben ser respondidos para des-
arrollar el sistema de salud y ponerlo a tono con la evolución general del
país.
Más de una tercera parte de la población del país carece de protección de
salud, incluida la atención básica. Los servicios no son universales, a
pesar de que la ley 10 declaró la salud como un servicio público.
Hay dispersión excesiva de los sistemas de salud que existen en el país.
Hay fragmentación de los servicios y costosas duplicidades y redundan-
cias de amparos.
Predomina en los principales sistemas el modelo de atención médica de
tipo, curativo y hospitalario; se presentan algunos problemas en términos
de la relación entre la financiación, la cobertura y el nivel de gastos en
cada uno de los sectores: El ISS y la Previsión Social benefician
aproximadamente al 24% de la población del país y cuentan con el 70%
del total de recursos disponibles para salud. Esto significa cerca de ocho
veces más recursos que el sistema oficial de salud, el cual tiene asignado
más del 70% de la población y cubre el 36% del total.
En el caso específico del sistema de salud oficial se cuenta con una tra-
dición de atención primaria que no logró superar la concepción de los
servicios mínimos proporcionados por personal de segunda línea.
Se presentan evidentes problemas de oportunidad, calidad, atención se-
gún niveles, la remisión de pacientes, la eficiencia y, en general, de ad-
ministración.
En el caso del ISS, es necesario indicar que su cobertura de la población
laboral es baja. Una abundante población, que hace parte de la economía
informal, de las empresas familiares y de las microempresas, no tiene

acceso por diferentes razones. Además el Instituto ha llegado a repre-
sentar preocupantes niveles de inequidad.
El sistema oficial de salud, el ISS y las Cajas tienen un manejo monopó-
lico sobre gran parte de la demanda. Ello impide introducir sanos criterios
de competitividad que, preservando la función social de los servicios de
salud, generan un nivel de rentabilidad social y calidad.
Mientras el sistema oficial de salud inició un vigoroso proceso de des-
centralización de los servicios, el ISS y la Caja Nacional de Previsión se
mantienen como estructuras centralizadas y jerarquizadas. En el futuro
esta tendencia creará tensiones con respecto a la municipalización de la
salud.
Se requieren aspectos que conduzcan a la protección universal de la po-
blación para hacerle frente a la problemática enunciada anteriormente.
Se impone la unificación de manera, progresiva de los sistemas de salud,
en especial los servicios oficiales, los del ISS y las Cajas.
Se requiere el establecimiento de una atención básica de calidad ade-
cuada, eficiente y oportuna que supere el enfoque curativo y hospitalario.
También es indispensable la creación de un sistema de aseguramiento que
permita redistribuir el gasto en salud con criterios de equidad y solidari-
dad. Abrir, además, espacios a la diversificación de la oferta de servicios
de salud y los esquemas de la medicina prepagada.
Seguidamente el señor ministro refirió argumentaciones sobre el asegu-
ramiento universal y la unificación de los sistemas de salud. Aludió a
sistemas que se practican en Costa Rica, Brasil, Argentina, México y
otros países.
Explicó la concepción del aseguramiento universal y la unificación de los
sistemas de salud. Señaló las pautas sobre las cuales debe cumplirse el
aspecto atinente a ese aseguramiento y para ello hizo hincapié sobre la
forma como la Nación asume el manejo y la regulación general de todo el


sistema unificado de salud y para ello hizo referencia a la necesidad que
exista un solo ente rector. También planteó su punto de vista sobre los
departamentos o seccionales y los municipios en torno a la adecuación de
las políticas, la definición de las mismas.
Planteó también su apreciación sobre la atención básica y aseveró que ella
consiste en un paquete de servicios de promoción, prevención, curación y
rehabilitación, destinado a satisfacer las necesidades esenciales de la po-
blación del país, así como las patologías más frecuentes.
Explicando el aspecto del modelo macroeconómico sostuvo que aten-
diendo a la propuesta de atención básica, se desarrollan las variables de un
modelo macroeconómico que permite establecer la viabilidad general del
sistema unificado y de la protección universal. Revela que en este modelo
el costo final de la atención de todos los niveles, que incluye el subsidio
del Estado y el aporte de los particulares, es de $112.232 familia/año,
mientras que la hospitalización resulta con un costo unitario de $141.480.
Dijo que ello indica una alta coherencia con el nivel actual de los precios
promedio de la atención de salud en el país.
También divulgó cifras sobre el financiamiento en el año de 1990 y
afirmó que en las instituciones públicas y privadas de salud, el gasto as-
cendió a 1.258 billones, o sea el 6.13 del Producto Interno Bruto.
Aseveró que este nivel permitiría proteger a la totalidad de la población
con atención de salud, si se reestructura y orienta el gasto. Abordó los
principios del sistema unificado y manifestó sobre ellos, que la salud es
un derecho fundamental del ser humano y un deber del Estado. Este úl-
timo, dijo, se expresa en la ejecución de políticas que reduzcan el riesgo
de enfermar y morir, y en el establecimiento de condiciones que aseguren
el acceso universal e igualitario a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud.
Reclamó por encima de todo, la solidaridad a través de la propia Consti-
tución y fue enfático en destacar que con la vigencia de un sistema inte-
grado de salud, se ganan muchos años y esa ganancia será mayor si ello se

plasma al cuerpo de la nueva Carta Política que debe aprobar la Asamblea
Nacional Constituyente. Es imperativo hacerlo y por ello recordó la plena
vigencia de la norma fundamental en el Brasil sobre el sistema único de la
salud.
Concluida la intervención general del señor ministro, el presidente la
agradece y en relación con el paso siguiente de las preguntas inquiere al
alto funcionario del gobierno si proyecta una respuesta individual o si
prefiere una ronda general de inquietudes para contestarlas al final.
El ministro se muestra de acuerdo con ese mecanismo. En consecuencia el
presidente concede el uso de la palabra al señor vicepresidente doctor
Jaime Benítez, quien hace referencia al cumplimiento que debe brindarse
al reglamento. Hace un reconocimiento a la disertación del señor ministro
y sostiene que va bien encaminado y ojalá las proyecciones se cumplan a
cabalidad. Hace un recuento de las diferentes acciones que se cumplieron
en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aludió que de todas
maneras Colombia también tiene qué mostrar en muchas áreas sociales,
pero que sin duda también necesita copiar otros sistemas para ejecutar los
aspectos benéficos.
Planteó como inquietud esencial la conveniencia que se haga un solo re-
caudo de los fondos que deben guiarse al sistema social para evitar robos
o el no aporte de las sumas causadas. También hizo una comparación
sobre las propuestas presentadas por el ministro y el delegatario Antonio
Yepes Parra, señalando que le gusta más este último porque tiene un
menor tiempo en la proyección de la ejecución. Pregonó entonces, por la
vigencia cuanto antes de las nuevas normas y dijo que ojalá prevalezca un
solo recaudo y que ello se pudiera cumplir sin temores a partir del año
1992.
Luego formularon sus preguntas al señor ministro los delegatarios Álvaro
Cala Hederich, Guillermo Perry Rubio, Tulio Cuevas Romero, Jesús
Pérez González-Rubio, Antonio Yepes Parra, Helena Herrán de Montoya,
Carlos Rodado Noriega, Oscar Hoyos Naranjo, Carlos Lemos Simmonds,


Iván Marulanda Gómez, Angelino Garzón y Rodrigo Lloreda Caicedo.
Sus interrogantes tuvieron qué ver con los siguientes aspectos:
El doctor Cala sobre la conveniencia real o no de la Rectoría Única, aludió
a la ineficiencia del Seguro Social y afirmó que de él puede hablar porque
lo utilizó, no así de las Cajas de Previsión.
El doctor Perry Rubio sobre la actuación de los entes territoriales; la des-
centralización de la competencia y acción de la Superintendencia de Sa-
lud; la participación comunitaria en la Administración del Sistema de
Salud; la distribución de los recursos a través del situado fiscal o social y
las diferencias que se aprecian en la iniciativa del Gobierno y las pro-
puestas propias del Ministerio de Salud.
El delegatario Tulio Cuevas sobre la necesidad de que haya una rees-
tructuración del funcionamiento de las facultades de Medicina y se aca-
ben las categorías que hoy se observan, partiendo de una primera, una
segunda, o una tercera escala superior.
El doctor Jesús Pérez González-Rubio, pidió aclaración a la interpreta-
ción que se quiere dar al término de la coordinación o injerencia del sector
privado. La conveniencia o no de sanas competencias para emular en el
servicio.
El doctor Antonio Yepes Parra solicitó una aclaración sobre las cifras
reveladas por el señor ministro en torno a los presupuestos invertidos;
conveniencia o no de la racionalización del gasto.
La doctora Helena Herrán de Montoya sobre la urgencia de que exista -
una real política en el campo del saneamiento ambiental y una política
real para el sector rural que carece, sin duda, de los más elementales re-
cursos.
El doctor Carlos Rodado Noriega, luego de una serie de consideraciones,
se refiere a que es indispensable una mayor acción en el campo preventivo
y no tanto en el curativo. Alude a la violencia que se registra con motivo
de la muerte anual de menores por enfermedades que no se previenen a

tiempo y dijo que ese índice es hasta mayor que el arrojado por otra clase
de violencias. Aboga por eficientes planes en favor de los 14 millones de
colombianos sin agua y los 16 millones sin servicio de alcantarillado.
El doctor Oscar Hoyos Naranjo revela que deben explorarse mecanismos
que permitan otorgar prioridad especial en relación con el suministro de
agua gratis para quienes pertenecen a lo que se denomina estrato uno.
Solicita una colaboración del Ministerio de Salud para cuantificar el valor
del suministro de esa agua potable para los vinculados al estrato número
uno.
El doctor Carlos Lemos Simmonds formula su inquietud en el sentido que
observa que en la propuesta no se hace referencia a nada en cuanto a
control o vigilancia y que ello puede conducir, entonces, a transferir el
virus de la corrupción de un lado a otro, en lugar de adecuadas soluciones.
Manifiesta que seria como cambiarte el nombre a la “cloaca” por otro. Se
refiere a su proyecto sobre los servicios públicos y los órganos de control,
calificándolo de modesto pero, ante todo, bien intencionado para velar por
los derechos de los usuarios.
Por su parte el doctor Iván Marulanda Gómez hace una invocación a una
reflexión sensata sobre la imperiosa necesidad de que se cree un marco
institucional perdurable. Que arroje una clara continuidad para que los
beneficios sean lógicos y reflejen la acción en favor de la comunidad en
general. Dijo que la Constitución debe sacarse del debate político y co-
locarla en el sitial que le corresponde para que ciertamente se llegue a la
práctica de una política metal que para ejecutarla hay que partir de la
vigencia de la política social.
Es indispensable el cambio de las normas porque todo cambia y evolu-
ciona, más en mecho de las realidades que hoy se observar.
El Constituyente Angelino Garzón interroga sobre la acción que se va a
desarrollar en cuanto a las Empresas públicas y colocó como ejemplo la
situación que se registra con las Empresas de Barranquilla.


El doctor Rodrigo Lloreda Caicedo al declararse identificado con la filo-
sofía general que marca las iniciativas esbozadas por el Señor Ministro de
Salud en su intervención general, manifestó que es lógica la concepción
que se anhela en torno a la prioridad misma y la orientación que sobre el
sistema de salud debe plasmarse al cuerpo de la Constitución Nacional.
Destacó los aportes del Ministro a la Comisión en cuanto a la claridad de
sus planteamientos y dijo que serán muy provechosas para quienes están
trabajando con tanta dedicación al área social, planteó su interrogante
central al ministro sobre al era va une posición oficial la viabilidad de
llamar a Ministerio de Salud, además de ello, el de la Seguridad Social,
agregando que el Ministro del Trabajo estará presente el día 20 de los
corrientes, y seguramente dará sus opiniones sobre ese mismo aspecto.
Concluida la ronda de preguntas, el Ministro González Posso fue con-
testando las mismas en el orden en que fueron hechas y al efecto, señaló:
Es benéfico el manejo unificado en el campo financiero y administrativo
porque además ello conduce a evitar las duplicidades, También es sus-
tancial la idea de que concurra un solo recaudo para que se obtenga una
acción directa.
Aseveró que en cuanto al tiempo para el logro de claros objetivos, entre
menor sea es mejor para el país mismo.
Se impone el reordenamiento institucional del ISS y las propias Cajas de
Previsión.
Sobre la administración y la misma delegación también pueden surgir
avances. Puede también existir un manejo independiente de los recursos
generados en el terreno de los seguros económicos. Hay vigente una ley
que obliga el paso de un porcentaje a la Aseguradora del Estado pero no se
cumple, se queda en la simple teoría. Se presentan tensiones e intereses
contrarios a la racionalidad.
Puede operarse el fenómeno de una administración financiera separada de
la atención y fundada en un criterio de empresa, sin abandonar el princi-


pio del ser vicio público que, Sin embargo permita una concurrencia en la
prestación de la atención por parte de instituciones privadas, fundamen-
talmente asociativas o comunitarias pero que generen una competencia
empresarial entre instituciones. Que no exista una relación enfeudada
entre el afiliado y e: servicio, para que en un determinado momento pueda
acudir en la búsqueda de atención a una institución diferente.
Hay iniciativas privadas importantes y colocó como ejemplo el servicio
de salud de Manizales, donde hay una integración de Entidades que llevó
a prestar el servicio en función complementaria.
Sobre la competencia en el campo territorial, es lógico un traslado de
índole legislativa a los departamentos para el control de la salud. La idea
es buena pensando en la región como ente administrativo pero en el marco
de un justo equilibrio. Las regiones grandes que permitan la solidaridad y
no la reproducción de la desigual dad regional, señaló el Ministro.
En torno a la definición de competencias entre Municipio, Departamento
y Nación, coincidió con el doctor Perry en su planteamiento. Aludió a los
controles que tiene la Superintendencia de la Salud y dije que son de ca-
rácter general.
Refirió a la competencia que concedió la Ley 10 a la Superintendencia.
También sobre la atención primaria por parte del municipio de confor-
midad con lo dispuesta por la mencionada ley.
Ya hay principios sobre definición de competencias pero puede buscarse
una mayor perfección. Sobre la participación comunitaria, manifestó que
de acuerdo con el texto que propone, se fila al mismo nivel de la univer-
salidad del servicio y de la integralidad para llegar al carácter preventivo.
Formuló su opinión sobre que en la Constitución debe estar lo atinente a
la democracia participativa pero no cimentada solamente en las que se
originan en las democracias directas como son el plebiscito, el referén-
dum, la iniciativa popular legislativa, sino que debe plasmarse en forma
de control y de poder. En la capacidad de decisión de las comunidades


representadas no sólo por los partidos sino también por organizaciones
sociales de carácter cívico dentro de las instituciones mismas como me-
canismos fundamentales de garantizar la idea de la cogestión social di-
ferente a la cogestión administrativa, puntualizó el alto funcionario del
Gobierno Nacional.
Dijo el Ministro que la participación comunitaria debe plasmarse en una
institución como la Veeduría para lograr el real objetivo.
En cuanto al situado fiscal o social afirmó que es partidario de la exis-
tencia de indicadores precisos que permitan la solidaridad y la equidad.
Un artículo sobre salud en la Constitución se justifica única y exclusi-
vamente si consagra la preservación del derecho, señaló el Ministro
González Posso.
Hizo referencia a que el humanismo constitucional no sólo formula el
Derecho sino que plantea la garantía de él. Aludió a lo que en materia de
salud dispone la Constitución Brasilera y al respecto manifestó que con-
sagra disposiciones que copan más de siete páginas de computador,
aclarando que por lo menos de acuerdo con la traducción que él hizo. En
nuestro caso, como lo tengo en esta propuesta, –sostuvo el Ministro–, se
puede consagrar en menos de una página.
Reveló que piensa que sí hay voluntad política del gobierno en la materia.
Añadió que en el Ministerio se han basado para efectuar la formulación en
documentos que han sido objeto de estudio no sólo por el Presidente
Gaviria sino por la administración anterior. Agregó que los Asesores del
Ministro de Trabajo en esta materia, han formulado los documentos más
interesantes. Se refirió concretamente a los preparados por el doctor Ul-
piano Ayala y por el doctor Iván Restrepo Lince sobre el problema de la
reestructuración del Seguro Social. El uno, economista estudioso y el
otro, uno de los más importantes actuarios. Coinciden ellos en la formu-
lación que se hace, aseveró el Ministro. Recalcó que lo que está haciendo
es sintetizar la situación para tratar de darle una forma constitucional a


algo sobre lo cual se ha trabajado técnicamente y que no tiene signo par-
tidista. Es una necesidad social.
El funcionario compartió el planteamiento del Constituyente Tulio Cue-
vas sobre la necesidad de reglamentar el aspecto curricular de las facul-
tades de Medicina, para que se pueda efectuar el tránsito a la concepción
preventiva sobre la cual hablaron los delegatarios Helena Herrán de
Montoya y Rodado Noriega. Aseveró que las facultades de Medicina
todavía se encuentran en el marco de una acción tremendamente hospi-
talaria y curativa, además de un alto proceso de super especialización, no
por razones de necesidad pública, sino de status.
Para responder al interrogante del constituyente Pérez González-Rubio,
reiteró sus apreciaciones en torno a la concurrencia del sector privado y
agregó que en el campo de los seguros de invalidez, vejez y muerte, se han
presentado insinuaciones sobre que las administraciones de ellos sean por
parte de empresas aseguradoras. Señaló que también hay la idea que ello
sea centralizado en una institución estatal. Son dos sistemas posibles pero
dijo que como idea suya, el conjunto de los seguros económicos debe
centralizarse en una empresa de carácter público y teniendo en cuenta una
evaluación cierta sobre su funcionamiento y su rentabilidad financiera
para que se puedan hacer las reservas y se llegue a un sistema mixto o
privatizado.
El Ministro le reconoció al delegatario Antonio Yepes Parra la validez de
las cifras por él expuestas en torno al gasto y los porcentajes sobre el
Producto Interno Bruto. Es, realmente, el conjunto del gasto de la salud, la
familia y el Estado. Aclaró que el 4 % a que hizo alusión en su exposición
general, es de los ingresos corrientes del Estado. Aceptó que es funda-
mental una integración orgánica, que no sólo sea funcional sino que sea
institucional y que no genere duplicidad de burocracia. Eso conduce a que
se requiera una modificación en el sistema del recaudo, manifestó el
funcionario del Ejecutivo.


Sobre el saneamiento básico expresó, para contestar las apreciaciones de
los Delegatarios Helena Herrán de Montoya, Carlos Rodado Noriega y
Antonio Yepes Parra que, efectivamente, el concepto de salud no es el de
no enfermedad, es el de la preservación de un bien. Dijo que es funda-
mental llegar al aspecto de la función preventiva.
Sostuvo que, ciertamente, es de importancia capital adelantar proyectos
que permitan la irrigación de programas de agua potable y saneamiento
básico a las comunidades que los reclaman insistentemente.
En cuanto a las causas de mortalidad sostuvo que en la violencia física o
de agresión inmediata el índice llega al 10%. A eso se suman los acci-
dentes y, entonces la cifra asciende a un 13.5%. En otro campo de en-
fermedades, el porcentaje es aproximado al 2% y ello representa menos
de la quinta parte de lo que son los factores de violencia y por eso la ne-
cesidad de salud pública en Colombia es la tolerancia y una nueva cultura
en el campo de la salud.
El Ministro aceptó la importancia que tiene el control. Ello hay que mi-
rarlo desde el punto de vista del campo institucional y la propia respon-
sabilidad del Estado. En cuanto a la comunidad, no hay que pensarlo de-
ntro del campo político sino dentro del control social y comunitario. Ello
es esencial porque es la vida cotidiana la que se aprecia y esto se ve desde
lo local.
Señaló que por eso la propuesta de un Ministerio de Salud y Seguridad
Social es coherente y consistente con el enunciado de la Seguridad Social.
Es una formulación conceptual y constitucional, buscando una dirección
única. Aclaró que no está proponiendo que se agregue el Instituto de
Seguros Sociales al Ministerio de Salud ni éste al Seguro Social, que
podría ser lo más correcto desde el punto de vista presupuestal. Se refirió
a que el Instituto de los Seguros Sociales para este año 1991 tiene un
presupuesto cercano a los quinientos mil millones de pesos y el Ministerio
de Salud no administra sino ciento cuarenta y siete mil millones de pesos.


Dijo que si el negocio fuera en plata blanca, habría que hacerlo a la in-
versa.
Precisó que, en todo caso, es menester superar esas cuestiones porque se
puede llegar a la presencia de celos institucionales, muy por debajo de las
necesidades históricas de esta Constituyente.
Manifestó el Ministro que esos aspectos los ha expuesto al señor Presi-
dente y al señor Ministro de Gobierno y sostuvo que hay interés de que se
ventilen algunas ideas con cierta flexibilidad y eso es lo que se ha venido
haciendo.
Reiteró que los principios sobre la Seguridad Social deben incorporarse a
nivel constitucional. En la parte final de su disertación, el alto funcionario
del Gobierno Central, hizo una serie de consideraciones alrededor de la
democracia participativa y aludió al imperativo que se debe tener al futuro
una Constitución solidaria para afrontar los cambios rápidos que se apre-
cian en el devenir, por cuanto en los próximos veinte años, se evolucio-
nará más que en lo ocurrido en los propios siglos XIX y XX. En ese as-
pecto jugará papel preponderante la informática y acciones que tiene que
ver con la propia revolución de los pueblos. Para concluir, el Ministro
leyó apartes de un pensamiento de Jefferson.
Después de la intervención del Ministro González Posso, hizo uso de la
palabra el Presidente de la Comisión, quien agradeció los planteamientos
formulados y señaló que los mismos constituyen interesante aporte a los
temas que se vienen tratando, además de contribuir positivamente a re-
solver inquietudes de los señores delegatarios.
Después de las seis de la tarde, la Presidencia levantó la reunión de la
Comisión y convocó a la misma para el día veinte de marzo a las nueve
horas para escuchar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor
Francisco Posada de la Peña, quien se hará presente para atender la invi-
tación que se le formulara.
El Presidente,


Rodrigo Lloreda Caicedo
El Vicepresidente,
Jaime Benítez Tobón
El Secretario,
Ricardo Peláez Duque


Acta N° 12
(9 de abril de 1991)
En la sede del Centro de Convenciones “Gonzalo Jiménez de Quesada”,
de la ciudad de Bogotá, a abril nueve de mil novecientos noventa y uno
(4-9-91), se reunió la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, bajo la Presidencia del doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, quien
declaró abierta la sesión a las 10:40 horas y sometió ante los presentes el
siguiente Orden del Día:
I. Llamado a lista y verificación del Quórum.
II. Consideración y aprobación del Acta N° 9 de marzo 12 de 1991.
III. Informe de la Presidencia.
IV. Proposiciones y Varios
Desarrollo
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
La Presidencia ordena a la Secretaría llamar a lista, respondiendo a ella
los siguientes Delegatarios: Benítez Tobón Jaime, Cala Hederich Álvaro,
Cuevas Romero Tulio, Garzón Angelino, Guerrero Figueroa Guillermo,
Herrón de Montoya Helena, Hoyos Naranjo Oscar, Lemos Simmonds
Carlos, Lloreda Caicedo Rodrigo, Marulanda Gómez Iván, Molina Gi-
raldo Ignacio, Ospina Hernández Mariano, Ossa Escobar Carlos, Pérez
González-Rubio Jesús, Perry Rubio Guillermo, Rojas Niño Germán y
Yepes Parra Miguel Antonio.
El Doctor Carlos Rodado Noriega, se excusa por quebrantos de salud. La
Secretaría comunica que contestaron a lista 17 Delegatarios, existiendo
quórum decisorio.
II. Consideración y aprobación del Acta N ° 9 de marzo 12 de 1991
Se procede a la lectura del Acta N° 9 de marzo 12 de 1991 para su con-
sideración y aprobación. No registrándose aclaraciones, modificaciones
ni constancias, la Presidencia pregunta a los asistentes si aprueban el Acta

leída, lo que se hace por unanimidad. Se anexa el texto de la mencionada
Acta.
III. Informe de la Presidencia
El Presidente, doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, toma la palabra y en
principio se refiere al intenso y organizado trabajo cumplido por las
Subcomisiones en las cuales dividió su tarea la Comisión Quinta. Esa
labor, dijo, se verá reflejada en la presentación de las ponencias lo mismo
que en el articulado nuevo, acatando así el Cronograma acordado como
método de acción. Ello, sin duda, permitirá centrar las discusiones en los
parámetros programados para así responder a las expectativas creadas
alrededor de la función de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ilustró a la Comisión sobre las acciones llevadas a cabo por la Subcomi-
sión Tercera de la cual hace parte y alrededor de las cuales ampliará sus
criterios el doctor Antonio Yepes Parra, quien actúa como coordinador de
ella. Hizo hincapié en el amplió intercambio de opiniones entre sus inte-
grantes para buscar el mejor entendimiento, el cual se obtuvo en la ma-
yoría de oportunidades.
También manifestó su complacencia por la coordinada tarea ejercida por
la Subcomisión Primera que evacuó el estudio de las iniciativas puestas a
su conocimiento en un espíritu de camaradería. Aludió a que la Subco-
misión había entregado ya sus informes y articulado sobre los proyectos y
propuestas que le tocó analizar. Hizo pública felicitación a sus miembros
por la importante misión llevada a cabo y anunció que había ordenado a la
Secretaría tramitar la publicación para darle cumplimiento al reglamento.
Culminada su información, concedió la palabra a la doctora Helena
Herrán de Montoya, quien como coordinadora en la Subcomisión Se-
gunda, esbozó lo realizado por ella en el campo de la Hacienda Pública, el
Presupuesto, los Órganos del Control Fiscal y la Planeación Económica.
Reveló que los conformantes de la Subcomisión celebrarían ese martes y
el miércoles nuevas reuniones para concluir sus discusiones y proceder a
la elaboración final de sus informes y articulado para presentarlos dentro

del esquema establecido previamente por la propia Comisión. Destacó
también el buen ánimo y acercamiento de opiniones entre sus miembros.
Intervino después el doctor Antonio Yepes Parra, quien coordinó la Sub-
comisión Tercera y explicó las diferentes actividades desplegadas en el
campo de la Banca Central, el Régimen Financiero, los Servicios Públi-
cos, la Emergencia Económica y la Función Social del Estado. Afirmó
que la Subcomisión trabajó en forma armónica con el fin de tener los
mejores resultados sin dispersar ni duplicar esfuerzos, escuchando para
ese fin a varios altos funcionarios, entre ellos al Jefe de Planeación Na-
cional, al Gerente de las Empresas Públicas de Medellín y la Directora del
Seguro Social.
El delegatario Tulio Cuevas Romero siguió en uso de la palabra y como
integrante de la Subcomisión Primera, informó que ésta entregó como
primera parte de su trabajo lo relativo a la Propiedad Privada, Régimen
Económico, Derechos Colectivos, Medio Ambiente, Familia, quedando
pendientes entre otros temas los de la Seguridad Social la Educación y la
Cultura, manifestó que en torno a la Seguridad Social, faltaban por des-
pejar algunas dudas que asistían a Miembros de la Subcomisión Tercera y
que para el efecto se adelantaría la acción de diálogo con ellos pero que de
manera alguna ello llevaría a crear dificultades para concluir en un
acuerdo sobre las divergencias.
Se convino, según lo anotó el delegatario Cuevas Romero, en adelantar el
acercamiento con el doctor Antonio Yepes Parra.
Luego intervino el Doctor Jaime Benítez Tobón, quien en su condición de
Vicepresidente de la Comisión, adelantó gestiones de acercamiento con
los Miembros de la Comisión Primera para allanar las posibles discre-
pancias generadas en el procedimiento de estudio de los temas similares
en el terreno de los Deberes y Derechos que deben consagrarse en la,
nueva Carta Política. El diálogo lo efectuó el doctor Benítez Tobón con el
presidente de la Comisión Primera doctor Jaime Ortiz Hurtado y estuvo
encaminado, ante todo, según sus propias palabras ante los miembros de


la Comisión, a la búsqueda de una conciliación definitiva en cuanto a las
cuestiones de trámite ya que en momento alguno se produjo respuesta que
diera una luz al planteamiento que se formulara el presidente de la Co-
misión, doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, cuando le remitió una comu-
nicación a su colega de la Comisión Primera para dirimir, cualquier pre-
sunto conflicto de competencia en materia de trámite a iniciativas lleva-
das a estudio de la Asamblea.
Expresó el doctor Benítez Tobón que tuvo la oportunidad de concurrir
aunque brevemente, a la sesión que hacia la Comisión Primera para sus-
tentar sus puntos de vista y que para el efecto se desató un pequeño debate
sobre la conveniencia o no de sesionar conjuntamente pero que a la hora
definitiva no habla surgido una solución positiva y que en ese orden de
ideas, cualquier resolución queda para ser definida en otra ocasión. Des-
tacó que también expuso como alternativa la de efectuar reuniones ple-
narias de las Subcomisiones que tuvieran asuntos afines, si era difícil las
de las comisiones en pleno pero que las conclusiones quedaban pos-
tergadas para días posteriores.
Intervino el Delegatario Guillermo Perry Rubio para sostener que nacen
dos niveles en el estudio de los proyectos y consecuente con ello también
dos clases de decisiones. Propuso que es prudente agilizar el trabajo para
ganar tiempo y agregó que por ello es mucho mejor el entendimiento al
interior de la propia Comisión Quinta para poder llegar a la plenaria de la
Asamblea con una línea de conducta unificada que permita defender los
acuerdos que se logren en la discusión inicial.
Explicó además los criterios que sirvieron de fundamento a la Subcomi-
sión Primera, para evaluar los Deberes y Derechos que deben consignarse
en la Constitución y reiteró que lo prudente es considerar y estudiar los
informes elaborados y en el evento que se juzguen necesarias las de-
liberaciones conjuntas, proceder a proyectarlas para observar –si es del
caso–, la lógica convocatoria de las mismas para que se llegue a la con-
vergencia de opiniones.


El doctor Iván Marulanda Gómez compartió los conceptos emitidos por el
doctor Perry Rubio y propuso que si la situación acaecida con la Comisión
Primera, no tenía un entendimiento a nivel interno, se ventilara a nivel de
la Comisión de la Mesa de la Asamblea, para que allí, a la luz de las
disposiciones reglamentarias se dirimiera el presunto conflicto de com-
petencia para eliminar equívocos y con mayor razón evitar los tropiezos
que a la hora final atentan contra el escaso tiempo de que cuenta la
Asamblea para pronunciarse sobre el alto número de iniciativas puestas a
su estudio.
Después de estas consideraciones generales se entró al estudio del método
a aplicar para la evacuación del trabajo teniendo en cuenta la ya presen-
tación de los informes y articulado de la Subcomisión primera. Hubo
opiniones varias como las de que las Subcomisiones culminaran sus un-
ciones en ese día y el miércoles para que el día jueves 11 de abril se
empezara en firme la discusión de las ponencias radicadas. Se propuso la
celebración de sesiones a mañana y tarde.
Como uno de los mecanismos por practicar, el doctor Guillermo Perry
Rubio esbozó la conveniencia de principiar por las materias de fácil trá-
mite y citó como ejemplo los asuntos sociales, tales como el Medio Am-
biente que siendo un asunto nuevo, sin duda, no seria punto de conflicto
sino de acercamiento.
Hechas las disquisiciones respectivas. Se definió como plan de acción
inmediato el deliberar a partir del día jueves once de abril en horas de la
mañana y la tarde. Quedó determinado como orden de actividades em-
pezar con el Medio Ambiente, luego con el Régimen Económico, después
con el tema Monetario, la gestión social y así sucesivamente con las de-
más materias.
El doctor Rodrigo Lloreda Caicedo aclaró los mecanismos a utilizar en el
evento que se presentaran posiciones antagónicas en la discusión de uno o
varios temas. Advirtió sin embargo, que abriga la firme esperanza de que
ello no acontezca y que, por el contrario, impere el consenso. Añadió que


si eso no es posible y permanecen las opciones contrarias sobre las mis-
mas, las decisiones irían a conocimiento de la plenaria de la Asamblea
como lo estatuye el reglamento interno. Afirmó que abrigaba la confianza
que se logre el consenso en todos los temas y que de no ser así, que se
obtenga la unanimidad en un alto porcentaje para que exista una mayor
consistencia en la defensa de las iniciativas al seno de la plenaria de la
Asamblea.
Concluyó con una plena autorización para la difusión de las ponencias y
articulado por parte de las distintas subcomisiones, aclarando que en estos
casos la responsabilidad por lo que se afirme es individual.
Definida la forma como ha de funcionar la Comisión, se dio por concluida
la discusión del tercer punto del Orden del Día y se autorizó pasar al si-
guiente, es decir, al de Proposiciones y Varios.
IV. Proposiciones y Varios
En este punto, el presidente abordó el tema de las invitaciones a altos
funcionarios y voceros de los gremios y representantes del sector privado
en otros frentes. Recordó que, por ejemplo, estaba pendiente la presenta-
ción del señor director del DANE, quien aceptó la invitación que se le for-
mulara pero que no había hablado por la prolongación de la audiencia con
el señor ministro de Hacienda y Crédito Público. Anunció que ha recibido
comunicaciones de voceros de los gremios solicitando ser escuchados y
mencionó la solicitud para la intervención de representantes del sector
sindical por parte del delegatario Angelino Garzón.
Expresó que el proceso de las invitaciones es conveniente pero también
hay que mirar el factor tiempo, ya que este conspira contra la efectividad
que debe mostrar la Comisión en estos momentos. Afirmó que dejaba a
manera de reflexión de los miembros de la Comisión la mejor decisión
sobre el tema porque, sin duda, los puntos de vista que expongan los in-
vitados son de singular importancia dentro del contexto de los distintos
proyectos.


El doctor Alvaro Cala Hederich resaltó que escuchar a los altos funcio-
narios y los representantes del sector privado es de suma importancia pero
en su contra está el factor tiempo que se convierte, ciertamente, en su
mayor enemigo para llevar a cabo las invitaciones proyectadas.
Por su parte los delegatarios Angelino Garzón y Germán Rojas Niño, tam-
bién hicieron sus apreciaciones, el primero para expresar que lo conve-
niente es facultar a la Presidencia de la Comisión para que decida lo que
sea pertinente en materia de invitaciones y el segundo para pedir que de
llevarse a cabo el ciclo de audiencias se tenga en cuenta para ello al señor
Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas para que
divulgue los programas que tenga para fortalecer la economía solidaria.
El Constituyente Angelino Garzón a manera de inquietud propuso que si
hay audiencias, se realicen en forma intercalada con el objeto de evitarle
tropiezos al normal desarrollo de las deliberaciones de la Comisión.
La Secretaría informa que de la presente hará parte, como anexos, las
Actas 8 y 9, originarias de la Subcomisión Segunda que tratan de asuntos
de Planeación y entes de Control Fiscal.
Agotado el Orden del Día previsto para la reunión y siendo las 12.15
horas, el Presidente la dio por terminada y convocó a la Comisión para
sesión plenaria el día jueves 11 de abril a partir de las nueve horas.
El presidente, Rodrigo Lloreda Caicedo.
El vicepresidente, Jaime Benítez Tobón
El Secretario General, Ricardo Peláez Duque


Acta Nº 13
(Abril 11 de 1991)
En su sede del Centro de Convenciones “Gonzalo Jiménez de Quesada”
de la ciudad de Bogotá, a los once días del mes de abril de mil novecientos
noventa y uno (4-11-91), sesionó la Comisión Quinta de la Asamblea
Nacional Constituyente, previa convocatoria de la Presidencia. El doctor
Rodrigo Lloreda Caicedo declaró abierta la sesión a las 9:50 horas y
sometió a consideración de los Delegatarios presentes el siguiente Orden
del Día:
I. Llamada a lista y verificación del Quórum.
II. Lectura del articulado y ponencia al proyecto de Acto Reformatorio-
de la Constitución sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
III. Proposiciones y Varios.
Desarrollo
I. Llamada a lista y verificación del quórum.
El Presidente ordenó a la Secretaría llamar a lista, respondiendo a ella los
Delegatarios siguientes: Benítez Tobón Jaime, Cala Hederich Álvaro,
Cuevas Romero Tulio, Garzón Angelino, Guerrero Figueroa Guillermo,
Herrán de Montoya Helena; Hoyos Naranjo Oscar, Lemos Simmonds
Carlos, Lloreda Caicedo Rodrigo, Marulanda Gómez Iván, Molina Gi-
raldo Rafael Ignacio, Ospina Hernández Mariano, Ossa Escobar Carlos,
Pérez González-Rubio Jesús, Perry Rubio Guillermo, Rodado Noriega;
Carlos, Rojas Niño Germán y Yepes Parra Antonio.
La Secretaría informa que han contestado a lista 18 Constituyentes. Hace
uso de' la palabra el Doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, quien se refiere al
trabajo realizado por las Subcomisiones alrededor de los articulados
preparados y las ponencias entregadas para sustentarlos. Destacó el ánimo
de comprensión que asiste a los Miembros de las Comisiones y afirmó
que, sin duda, con pocas excepciones las discusiones conducirán al en-
tendimiento para que en esa forma la labor de la Comisión se vea reflejada


con una uniformidad de criterios en los debates que se presenten en la
Plenaria de la Asamblea.
Formuló apreciaciones en torno al procedimiento de trabajo y aludió a un
pronto intercambio de opiniones con los integrantes de la Subcomisión
Segunda de la Comisión Primera, con el fin de allanar las posibles di-
vergencias en materia de competencia para la evacuación de las inicia-
tivas que en la actualidad se encuentran a conocimiento de las Comisiones
Primera y Quinta.
También se refirió al mecanismo de las Sesiones conjuntas de las comi-
siones y al respecto solicitó del Doctor Jaime Benítez Tobón, quien ha
sostenido el diálogo con los Miembros de la Comisión Primera, una in-
formación sobre el particular.
En principio el Doctor Benítez Tobón agradeció la presencia de los De-
legatarios Aída Abella y Germán Toro Zuluaga en la Comisión, desta-
cando que ello conduce a despejar caminos para acuerdos de índole pro-
cedimental.
Dejó en claro que de todas maneras las conversaciones se incrementarán
en la semana del 15 al 20 de abril para que estén superadas las dificultades
y el trabajo tenga la agilización anhelada.
Intervino el Delegatario Angelino Garzón para observar que las dificul-
tades no surgirán y que la amplia discusión de los temas sobre Derechos
Sociales al fin reflejarán aproximaciones importantes, sin demasiado
aferramiento a ciertas tesis.
Al retomar la palabra el Doctor Rodrigo Lloreda Caicedo recordó que las
sesiones de las Subcomisiones conllevan a la reducción de posibles pro-
blemas y con base en ellas lograr coincidencias.
La Delegataria Aída Abella por su parte, reveló que la subcomisión de la
cual hace parte dentro de la Comisión Primera, había preparado un arti-
culado bastante amplio pero que, sin duda, los problemas no eran alre-
dedor del número de ellos, sino sobre posibles divergencias en relación

con algunos temas y que por ello considera plausible obtener acuerdos
antes de que las discusiones deban llevarse a la Plenaria de la Asamblea.
El Presidente concedió la palabra al Delegatario Guillermo Perry Rubio,
quien en principio se refirió a la metodología para comenzar la discusión
del proyecto sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales. Propuso que
se diera lectura al articulado y luego la explicación de la ponencia por
parte de uno de los miembros de la subcomisión que realizó el informe de
ponencia. La propuesta del Doctor Perry Rubio se aceptó y la Presidencia
ordenó a la Secretaría la lectura del articulado del proyecto.
Cumplido dicho trámite, se abrió la discusión alrededor de los cinco ar-
tículos y se convino escuchar la explicación de parte del Doctor Perry
Rubio, quien dio los agradecimientos a los profesionales Augusto Ángel
Maya, Gustavo Wilches y Eduardo Uribe, por la valiosa colaboración
prestada a los integrantes de la Subcomisión en la evaluación del intere-
sante asunto del Medio Ambiente. Advirtió que el texto final que se acoja
en parte alguna compromete a los distinguidos colaboradores.
El Delegatario Perry Rubio realizó un pormenorizado informe sobre los
antecedentes y proyecciones en el campo del Medio Ambiente y los Re-
cursos Naturales. Explicó en detalle los alcances del contenido de los
cinco artículos del proyecto y resaltó ante todo la imperiosa necesidad de
que se establezcan claros principios rectores por cuanto en el momento no
se cuenta con una legislación cierta y precisa en ese terreno.
Aludió a la inmensa riqueza de Colombia en relación con la biodiversidad
y aseguró que es imperativo trazar claros objetivos en favor de las gene-
raciones presentes y futuras, lo atinente a la gran riqueza que constituye el
medio ambiente y los recursos naturales, tan seriamente amenazados en la
época actual.
Afirmó el Doctor Perry Rubio que hay algunas otras normas diferentes a
las del proyecto del Medio Ambiente que tratan el tema en ponencias de
otras materias como la Propiedad.


El Proyecto –dijo el Delegatario Perry Rubio– fue auscultado en todo su
contexto teniendo en cuenta las diferentes iniciativas que llegaron a co-
nocimiento de la Asamblea. Reveló que fueron evaluadas otras propues-
tas pero que muchas de las sugerencias no se acogieron no por no ser
importantes, sino que se consideró que no tenían el mérito suficiente para
ser elevadas a disposición de índole constitucional, pero sí deben tenerse
en cuenta en la estructura de la Ley.
Concluida la información del Doctor Perry Rubio, los Doctores Carlos
Lemos Simmonds, Ignacio Molina Giraldo, Mariano Ospina Hernández,
Carlos Rodado Noriega, Álvaro Cala Hederich, Aída Abella y Angelino
Garzón, formularon una serie de consideraciones para aludir al tema en
discusión y todos coincidieron en resaltar la exitosa tarea cumplida por el
doctor Perry y demás integrantes de la subcomisión que realizó el estudio
del tema que, aunque árido, es de capital importancia para el futuro en
razón de lo que representa para la humanidad la defensa del Medio Am-
biente y los Recursos Naturales.
El Doctor Lemos Simmonds se refirió a la necesidad de realizar una tarea
de peluquería y para ello formuló apreciaciones en tornó a diferentes in-
cisos de los distintos artículos, buscando con ello una mayor claridad en
los conceptos. Con especial vehemencia recalcó la importancia que tiene
la defensa del paisaje y acotó que hay lugares donde se vende es el paisaje
y por ende la necesidad de su defensa, sobre todo su conservación porque
hay sitios como San Andrés Islas –citándolo como ejemplo–, que si no se
conserva su paisaje puede perder su gran atractivo. Mostró su agradeci-
miento por el trato que recibió su iniciativa de Recursos Naturales llevada
a la Asamblea Nacional Constituyente.
El Doctor Ignacio Molina Giraldo por su parte señaló, que estando iden-
tificado con el articulado, observa confusiones en algunos términos que
aclarados no surgirían modificaciones y mucho menos alteraciones de la
propuesta en estudio.


Por su parte el Doctor Mariano Ospina Hernández anotó que, ciertamente
los Recursos Naturales deben manejarse en una forma racional y jurídica
y hasta con algo de más justicia. Ilustró su planteamiento con las cir-
cunstancias que se registraron en su tiempo con la explotación del caucho
en la selva amazónica y se refirió a la coyuntura especial que se vive en
Malasia donde concurre un control fuerte a la salida de la semilla de
palma que constituye la materia prima excelsa para la producción de
aceite de palma. Dijo que allí quien sorprendan tratando de sacarla, le
cortan las manos.
El punto de la biodiversidad y su consagración en el articulado fue
abordado por el delegatario Carlos Rodado Noriega, quien hizo plan-
teamientos sobre el contenido de varias normas llamando la atención so-
bre lo trascendente de ellas en cuanto a una mayor claridad para evitar
confusiones en su interpretación.
La clara definición del Medio Ambiente para evitar ambigüedades fue
requerida el doctor Álvaro Cala Hederich, quien sostuvo que la ausencia
de esa definición puede originar equívocos.
La delegataria Aída Abella integrante de la Comisión Primera, al inter-
venir en la Comisión Quinta anunció la realización de un censo de mate-
rias para allanar diferencias en la consideración de los importantes temas
que deben conocer las Comisiones Primera y Quinta en torno a deberes,
derechos y garantías mismas. Mostró su criterio sobre la necesidad de una
política no sólo encaminada a garantizar y conservar, sino enmarcada de
mecanismos que permitan la ejecución de esos planes y programas.
La idea de que el Medio Ambiente, su defensa y la de los Recursos Na-
turales fueran tema de estudio por parte de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, –recordó el Delegatario Angelino Garzón–, fue esbozada y
sustentada por el constituyente Misael Pastrana Borrero.
Insistió en que es urgente que el asunto del Medio Ambiente y los Re-
cursos Naturales se lleve a la Carta Constitucional, parte de la que las
lamentaciones no sean mayores en unos pocos años. Aceptó que el texto

entregado a la Comisión es para mejorarlo en su contenido con base en los
criterios que expongan los intervinientes en la discusión. Añadió que no
hay que temer a si se justifica o no la inclusión de un capitulo entero en la
Carta Política sobre Medio Ambiente los Recursos Naturales.
El Doctor Guillermo Perry Rubio después de escuchar las observaciones
y sugerencias manifestó que muchas de ellas eran lógicas y que por ello
no había inconveniente en recibirlas para buscar el perfeccionamiento de
la iniciativa. Hizo referencia, en detalle, a cada una de las acotaciones
formuladas. Sugirió la realización de un receso decretado por la Presi-
dencia para cotejar las diferentes observaciones expuestas por los Señores
Delegatarios con miras de evaluar con el ánimo de estructurar el mejor
texto posible.
El Presidente de la Comisión destacó el espíritu de entendimiento mos-
trado por sus integrantes en desarrollo de la intensa discusión y afirmó
que ella llevó a un intercambio de ideas que terminó convirtiendo el tema
en un patrimonio común. Destacó que no aparecían diferencias abismales
y que por el contrario, el acercamiento era un común denominador.
Se acordó entonces, la conformación de una comisión accidental para
buscar un acople en la redacción final del texto y al efecto se hizo con
participación de los doctores Ignacio Molina Giraldo, Carlos Lemos
Simmonds, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández, Carlos
Ossa Escobar y Oscar Hoyos Naranjo.
El Doctor Iván Marulanda Gómez agradeció en nombre de sus compa-
ñeros de la Subcomisión Primera las voces de estimulo recibidas de los
Miembros de la Comisión en relación con el trabajo cumplido.
Sobre las 12:15 horas la Presidencia determinó el receso y citó a la Co-
misión para continuar la sesión a las 15:30 horas.
Reanudación de la Plenaria de la Comisión


A las 17.00 horas se reanudó la Sesión Plenaria de la Comisión. Los
Miembros de la Comisión Accidental suministraron su informe a la Mesa
Directiva y dijeron que se había registrado un acuerdo total.
El Doctor Guillermo Perry comunicó el contenido del articulado, siendo
el mismo acogido por la Comisión.
Luego hubo intercambio de impresiones en torno al mecanismo que en
definitiva se iba a aplicar con la Comisión Primera para la evacuación de
iniciativas sobre las cuales ambas tienen su competencia establecida. El
doctor Jaime Benítez Tobón insinuó la conveniencia de llevar a cabo una
conversación en la propia tarde del jueves 11 de abril y sí lo decidió la
Comisión.
Con el anuncio de la Presidencia de que en la Sesión Plenaria de la ma-
ñana del viernes el tema por estudiar sería el de los Derechos Colectivos,
se dio por terminada la reunión a las 18:15 horas y se convocó a la Co-
misión para el viernes a las 9:30 horas.
El Presidente. Rodrigo Lloreda Caicedo.
El vicepresidente. Jaime Benítez Tobón;
El Secretario General. Ricardo Peláez Duque.


Acta Nº 14
(Abril 12 de 1991)
En la sede del Centro de Convenciones “Gonzalo Jiménez de Quesada”, a
doce de abril de mil novecientos noventa y uno (4-12-91). sesionó la
Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente.
Con la Presidencia del doctor Jaime Benítez Tobón, quien la asumió por
ausencia con excusa de su titular, doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, la
reunión se declaró abierta a las 10:30 y a los presentes les fue sometido el
siguiente orden del día:
I. Llamada a lista y verificación del Quórum.
II. Lectura del articulado sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales.
III. Discusión de la ponencia y articulado del proyecto sobre Derechos
Colectivos.
IV. Proposiciones y varios.
Desarrollo
I. Llamada a lista y verificación del quórum.
La Presidencia ordena llamar a lista y a ella responden los siguientes
Delegatarios: Benítez Tobón Jaime, Cala Hederich Álvaro, Cuevas Ro-
mero Tulio, Garzón Angelino, Guerrero Figueroa Guillermo, Herrán de
Montoya Helena, Hoyos Naranjo Oscar, Lemos Simmonds Carlos, Ma-
rulanda Gómez Iván, Molina Giraldo Ignacio, Ospina Hernández Ma-
riano, Ossa Escobar Carlos, Pérez González-Rubio Jesús, Rodado No-
riega Carlos, Rojas Niño Germán y Yepes Parra Miguel Antonio.
Con excusa deja de concurrir el doctor Rodrigo Lloreda Caicedo. La Se-
cretaría comunica que han contestado lista 17 Constituyentes y que, en
consecuencia, existe quórum decisorio.
Seguidamente la Presidencia concede la palabra al doctor Guillermo Pe-
rry Rubio, quien lee el proyecto de articulado de la propuesta sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales con base en lo convenido en la sesión

inmediatamente anterior. Realizado el mismo, los Delegatarios Antonio
Yepes Parra y Helena Herrán de Montoya, hacen precisiones en relación
con algunas frases de los incisos consagrados en el artículo Primero. A los
interrogantes responde el delegatario Perry Rubio con una serie de ex-
plicaciones sobre las razones de su inclusión y concretamente al vocablo
“especial” para señalar, de todas maneras, la conveniencia de su perma-
nencia en el inciso donde se encuentra consagrado. El doctor Perry Rubio
manifiesta que no ve obstáculo alguno en reabrir el debate para una nueva
discusión del articulado sobre el Medio Ambiente y los Recursos Natu-
rales, si ello es el sentir de la Comisión y añade que es bastante prove-
chosa cualquier insinuación encaminada a una mayor clarificación del
contenido del texto general.
El texto del articulado acogido por la Comisión en lo relativo al Medio
Ambiente y Recursos Naturales, es el siguiente:
Artículo 1º. Medio Ambiente
El Medio Ambiente es patrimonio común de la Nación, al servicio de las
generaciones presentes y futuras. Su manejo y protección son de utilidad
pública e interés social.
Todos los habitantes tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano.
La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
afecten su medio ambiente.
Es deber del Estado, la comunidad y las personas:
a) Preservar la diversidad e integridad del medio ambiente, protegiendo
de manera especial las áreas de particular importancia ecológica o cul-
tural;
b) Fomentar la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la
difusión de la información ambiental.
Articulo 2°. Aprovechamiento de los Recursos Naturales


Es deber del Estado promover la planificación, el manejo y el aprove-
chamiento racional de los recursos naturales y los ecosistemas, de manera
que mejore la calidad de vida de las generaciones presentes y mantenga la
potencialidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades y aspi-
raciones de las generaciones futuras.
El aprovechamiento económico de los recursos naturales debe orientarse
con prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y al desarrollo
de las comunidades de los municipios y regiones en donde se ubican.
Debe contribuir también al financiamiento de la gestión ambiental, al
enriquecimiento, conservación y restauración de los recursos pontencial-
mente renovables y al desarrollo de sustitutos de los no renovables.
Todo el que explote recursos naturales no renovables, pagará regalías al
Estado.
Artículo 3º. Ecosistemas Compartidos
Sin perjuicio de su soberanía y en interés de la conservación de toda
forma de vida en la tierra, Colombia cooperación las naciones vecinas en
la protección de los ecosistemas que comparte con ellas.
Artículo 4º. Prohibiciones
Queda prohibida la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares y su introducción y la de residuos nucleares al territorio na-
cional.
Los recursos genéticos no pueden ser exportados sino en condiciones que
garanticen el interés nacional y la conservación del patrimonio natural.
Artículo 5º. Espacio Publico
La protección del espacio público prevalece sobre el interés particular.
El Estado, la Comunidad y las personas, tienen el deber de enriquecer,
mantener y restablecer la integridad y calidad del espacio público.


III. Discusión de articulado y ponencia sobre Derechos Colectivos.
Luego se entra a la discusión del articulado y la ponencia del proyecto
sobre derechos colectivos. La Secretaría, previa autorización de la Pre-
sidente así lo hace. Seguidamente el doctor Guillermo Perry Rubio hace
las explicaciones sobre su contenido y las grandes expectativas creadas
alrededor del tema.
El doctor Guillermo Perry Rubio inició su exposición con un reconoci-
miento especial para el doctor Germán Sarmiento Palacio por su cola-
boración y amplia dedicación en el estudio del tema relacionado con los
derechos colectivos.
Después de ese agradecimiento pasó a ilustrar a la Comisión sobre las
razones tenidas en cuenta para la redacción del articulado al igual que los
elementos de juicio sobre los cuales se fundó la exposición de motivos.
Resaltó que siendo un tema nuevo siempre las inquietudes serán mayores
y además se requiere de un concurso general de opiniones para decantar
los conceptos y obtener los mejores resultados en favor de quienes hoy
reclaman un mayor grado de defensa en situación desventajosa cuando
ejercitan sus facultades de consumidores y usuarios.
Recordó que hay países como Argentina, Brasil, España y Portugal, entre
otros, donde ya se tienen en vigencia una serie de disposiciones que
conceden un valor trascendente a los derechos colectivos a favor de
quienes son titulares de los mismos.
Se refirió al estudio que se hizo de los proyectos que tratan el tema y entre
estos citó el defendido por el delegatario Gustavo Zafra, advirtiendo que
este propuso la consagración de una norma drástica que haga responsable
al representante legal de una empresa de las violaciones que se registren
contra los derechos colectivos.
Destacó el doctor Guillermo Perry Rubio que las herramientas de la ac-
ción popular es oportuno consagrarla en la Constitución y la misma po-
dría ser objeto de una regulación por parte de la ley.

Planteó el doctor Perry Rubio a la Comisión, la viabilidad de efectuar un
estudio profundo pero rápido sobre la posible consagración de un titulo
específico que recogiera los aspectos referentes al medio ambiente y re-
cursos naturales con los derechos colectivos para concederle una mayor
fuerza y consecuente con ello, una especial dinámica.
Luego de las explicaciones del delegatario Perry Rubio, el presidente
anunció la apertura del debate y otorgó el derecho a la palabra al doctor
Carlos Ossa Escobar, quien en un principio felicitó a la subcomisión por
el loable trabajo ejecutado, pero al mismo tiempo reclamó la necesidad de
que se haga una profunda revisión a la redacción del articulado porque lo
apreció confuso en su texto y anotó que debe, por el contrario, darle la
ocasión al ciudadano común, de entenderlo sin necesidad de tener que
acudir a intérpretes para poder comprenderlo.
El doctor Ignacio Molina Giraldo se identificó con la apreciación del
doctor Carlos Ossa Escobar, en el sentido de que se imponía una revisión
de la redacción. Igualmente aludió a la incongruencia apreciada por él en
torno a los sistemas de protección.
En cuanto a que, en cabeza de quién en un momento dado está dada la
responsabilidad por el surgimiento de un perjuicio colectivo, el delega-
tario Álvaro Cala Hederich inquirió un claro pronunciamiento sobre quien
la asume además de que se mostró partidario de una precisa, definición
alrededor de lo que es y constituye el derecho colectivo.
Hubo otras apreciaciones de los delegatarios Helena Herrán de Montoya,
Angelino Garzón, Iván Marulanda Gómez y Guillermo Perry, para buscar
una mayor clarificación del proyecto, al igual que para saber a ciencia
cierta cómo sería una enunciación de los derechos colectivos.
Sustentados unos puntos de vista, aclarados otros, se acordó por parte de
la Comisión no incluir en el articulado la propuesta inicial del doctor
Gustavo Zafra sobre responsabilidades, al igual que indicar en cabeza de
quién está la responsabilidad y cuáles son los procedimientos para aplicar
las sanciones.

Posteriormente intervinieron los señores constituyentes Antonio Yepes
Parra, Álvaro Cala Hederich, Jesús Pérez González-Rubio y Carlos
Simmonds, para realizar una serie de precisiones en torno al tema materia
de discusión por parte de la Comisión.
El doctor Yepes Parra centró su interrogante sobre el contexto del artículo
2° que trata sobre los consumidores y usuarios en forma general, además
de consagrar cuatro incisos con relación a la protección, el daño, el con-
trol de calidad y la garantía de intervención a las organizaciones en la
formulación de las políticas generales concernientes a ellas mismas.
El doctor Álvaro Cala Hederich pide una ampliación de la explicación del
control de calidad de bienes y servicios y la forma como este se ejercita-
ría.
El doctor Pérez González Rubio solicita una explicación más amplia so-
bre el mecanismo en el que se fundamentaría el efectivo control de cali-
dad.
Por su parte el doctor Carlos Lemos Simmonds también expuso su punto
de vista sobre la necesidad de efectuar una redacción más concreta, clara
y precisa, con el fin de evitar equívocos en relación con los derechos y
cuáles serían esos derechos.
El doctor Guillermo Perry Rubio; quien tuvo a su cargo la explicación del
articulado y ponencia, respondió las diversas dudas y acotó que muchas
de ellas eran válidas, circunstancia que llevaba a tener en cuenta las pro-
pias soluciones para darle mayor claridad al articulado del proyecto.
Reconoció el doctor Perry Rubio que el hecho de no conocer el lenguaje
jurídico con profundidad, pudo crear sombras además de haber sido muy
sintético en otros conceptos.
Seguidamente y al abordarse la discusión del artículo 3° del proyecto que
trataba sobre las acciones populares, el doctor Jesús Pérez Gonzá-
lez-Rubio esbozó una serie de argumentaciones para referirse al conte-
nido del articulo y con ello el que se ampliaran los conceptos para que las

dificultades que se pudieran derivar en el futuro por su aplicación, no sean
mayores.
Intervino el doctor Guillermo Perry Rubio para aclarar y responder los
interrogantes expuestos por el doctor Pérez González-Rubio. Sostuvo que
los planteamientos expuestos con tanta amplitud por quienes participaron
en la discusión, conllevan a que se haga un tratamiento similar al dado
para el proyecto del medio ambiente y recursos naturales para superar las
discrepancias y llegar a un texto que aúne conceptos y no que disperse.
La propuesta del doctor Perry Rubio fue aceptada y para darle desarrollo
se conformó una comisión accidental con los delegatarios Carlos Ossa
Escobar Ignacio Molina Giraldo, Jesús Pérez González Rubio, Iván Ma-
rulanda Gómez y Guillermo Perry Rubio.
La Presidencia otorgó un plazo hasta el día 16 de abril, para presentar el
nuevo articulado ante la Plenaria de la Comisión en razón a la convoca-
toria de la misma para ese día a partir de las 9:30 horas, para darle co-
mienzo al estudio del articulado y la ponencia del tema de la propiedad.
Con la autorización de la Comisión, Presidencia levantó la sesión a las
12:00 horas y reiteró la convocación a la reunión del martes 16 de abril de
1991.
El presidente, Jaime Benítez Tobón.
El secretario, Ricardo Peláez Duque.


Constancia

El Deporte y la Recreación como Garantías Sociales
Constituyente: Armando Holguín Sarria
Introducción
Un precepto constitucional sobre el deporte y la recreación, lo mismo que
sobre cualquier tema, debe ser breve y sólo será eficaz en la medida en
que los diferentes gobiernos tomen medidas para hacerlo realidad. Re-
quiere, igualmente, de un posterior desarrollo legal que le confiera vida
práctica y destinar los recursos financieros, suficientes, para su fomento y
protección.
Un artículo, de una constitución, es el fruto de consideraciones de dife-
rentes individuos y grupos ideológicos y, en ese sentido, manifestación de
un acuerdo de voluntades pactado en un momento dado del desenvolvi-
miento histórico de una sociedad. Como se trata de formular conceptos en
beneficio de nuestros compatriotas, quiero exponer la sustentación acerca
de lo que el deporte y la recreación pueden representar para los colom-
bianos, cuando las contradicciones, al interior, del cuerpo social, empie-
zan a resolverse por los mecanismos del diálogo y la concertación. Esta
propuesta, de corte liberal, acoge el criterio de personas conocedoras de
las actividades deportivas y recreativas, lo mismo que puntos de vista que
provienen de mi interés por las disciplinas físicas, en tanto que son el
soporte de los desarrollos espirituales y culturales de los componentes de
una colectividad.
Recreación en una Sociedad Urbanizada
El deporte y la recreación son aspectos ligados al hombre desde tiempos
remotos. Testimonios literarios sobre el deporte se encuentran en los
pequeños torneos de homenaje a los héroes que figuran en las páginas de
La Ilíada. Nuestra cultura hispánica nos revela el sentido de diversión que
campea en ciertos pasajes de El Quijote. Además de los antecedentes li-

terarios conviene mirar sobre nuestro tiempo, sobre el concepto que liga
el deporte a nociones tales como salud y vitalidad. El deporte es, así
mismo, un medio de aprestigiamiento de ciertos modelos económicos y
políticos y un vehículo que posibilita la actividad comercial.
Cuando el proceso de urbanización se hace intenso, los hombres sentimos
la nostalgia de la naturaleza y se evidencian las carencias de salud, en
parte porque a los seres humanos les falta el movimiento, la alegría y un
modo menos tensionado de vivir. Es, por lo tanto, muy claro el sentir
generalizado en favor del deporte y la recreación masivos. Los ejemplos
saltan a la vista: presidentes, intelectuales de diferentes partes del mundo,
artistas de cine, mujeres y hombres humildes -pero, por sobre todo, seres
humanos- se han dado cuenta de la necesidad de tener un buen estado fí-
sico para afrontar la competencia laboral, que tiene vínculos con el
enorme poblamiento del mundo, el mismo que se concentra cada vez más
en las ciudades.
El cuerpo sometido al autocastigo purgativo de los místicos, se refiere a
un ideario que reposa muy atrás de nuestra época, a una concepción de
relevación de lo externo en la cual las fuentes de placer y diversión eran
tenidas como actos pecaminosos y despreciables. Hoy no se habla sólo de
la vida, sino de la calidad que esta debe tener, de años vigorosos y felices
en el transcurrir por el mundo. El deporte y la recreación son también
respuesta a la industrialización y post-industrialización, que además de
confort, representa riesgos para los hombres, relacionados con enferme-
dades físicas, sico-somáticas y de desgaste del sistema nervioso.
Un Concepto del Deporte y la Recreación, con fundamentos
Las formulaciones que se hagan en torno al deporte y la recreación, tienen
que ser precedidas de análisis eficientes, del diálogo con los expertos en
estas materias: de acuerdo con conceptos respetables no puede tratarse un
tema tan trascendental sin hacer referencia a aspectos tales como:


a) La correspondencia de las políticas deportivas y recreativas con las
condiciones de vida de los colombianos en los aspectos económicos y
sociales.
b) La necesidad de una clara y bien elaborada filosofía acerca del deporte,
la recreación y la educación física.
c) La conveniencia de pensar en los beneficios de paz social y salud que
las políticas estatales de deporte y recreación pueden generar.
d) La utilidad de saber que no se puede funcionar sólo con base en los
modelos de los países desarrollados, en lo referente al deporte y la re-
creación, sino que se deben tener en cuenta nuestras particularidades so-
cio-económicas, dentro de la definición de tecnología apropiada.
e) El reconocimiento de una ética de la práctica deportiva.
La formulación de políticas deportivas implica retomar y ejecutar prin-
cipios de las Ciencias del Deporte, concernientes a la necesidad de fijar:
a) Un modelo generalizado que incluya no sólo el deporte olímpico de alta
competencia y el deporte profesional, sino modelos de esparcimiento
social que estén ligados a la interiorización de nuevas formas laudables de
vida y a la búsqueda de una mejor condición de salud de nuestros com-
patriotas.
b) Conviene trazar políticas audaces para que la inversión del Estado, en
este campo, se recupere por medio de espectáculos deportivos, de alquiler
de los grandes escenarios y definir qué aspectos del deporte y la recrea-
ción pueden ser financiados por el sector privado de la economía.
c) Las actividades del deporte y la recreación implican por lo demás una
más amplia política intersectorial: la gestión de empresas, sindicatos,
organizaciones religiosas, cooperativas, organismos de asistencia social,
asociaciones cívicas y grupos populares.


d) Es importante definir criterios en la inversión en escenarios deportivos
para lograr un rendimiento de beneficio social y por qué no, económico.
Esto permite pensar en dotaciones sencillas, estéticas y funcionales, para
que los colombianos tengan donde desarrollar acciones de ejercicio físico
y recreación.
e) Hay que llevar a cabo una prospección que tenga como base los indi-
cadores económicos y sociales; para conocer las posibilidades y las li-
mitaciones para el desarrollo de políticas deportivas y recreativas que
hagan viable el principio constitucional.
Terapia Social que se Fundamenta en nuestras Tradiciones
Los expertos del deporte y la recreación concluyen que estas actividades
pueden apuntar hacia la superación de la crisis de valores ético-sociales,
las frustraciones que produce el desamparo social, el tedio que es fruto del
marginamiento social y las incapacidades propias de los bajos ingresos.
El deporte y la recreación son elementos tranquilizantes en medio del
sobresalto social.
Estas actividades, físicas y recreativas, se fundamentan en opciones de
informalidad, ocasionalidad, participación voluntaria, con sentido de
auto-organización y ayuda. Buscan la integración del empleado, el des-
empleado, la persona sana, el limitado físico, los jóvenes, los ancianos,
los niños, los adultos, las mujeres, en fin se procurará una amplia cober-
tura.
Recuperación de lo Nuestro
El deporte como medio de educación no formal, de prevención, de reha-
bilitación, de pacificación y recreación implica, también, recuperar, es-
tudiar y estimular las formas de la cultura tradicional de movimiento, los
juegos deportivos, las formas constantes de diversión y la conservación de
valores de identidad cultural. Esto significa que a partir de un enunciado
constitucional, el Estado adquiere el compromiso de promocionar el es-
parcimiento físico generalizado, la competencia de alto nivel y un espíritu


de alegría que lógicamente redundará en beneficio de la población co-
lombiana para que sea más vital, de mejor aspecto externo, más tolerante
y comunicativa.
Ahora bien, si el deporte y la recreación son una aspiración planteada para
el hombre de las ciudades, el campesinado colombiano no puede estar al
margen de las acciones estatales orientadas en este sentido. El Estado
colombiano no dispone de un gran presupuesto para programas de deporte
y recreación masivos, pero un liderazgo capacitado y audaz podrá ejecutar
acciones que ganen el respaldo comunitario. Hay que gastar con orden
para lograr frutos concretos en lo que tiene que ver con el deporte olím-
pico de alta competencia. No se puede, de otra parte, olvidar que en la
actualidad hay profesionales del deporte y la recreación que pueden hacer
valiosos aportes al bienestar general.
Las instituciones de un país democrático no pueden temer los retos, pre-
sentes y futuros, de una población numerosa, porque de lo que se trata, en
esencia, es de que el Estado difunda un modelo de vida sano, para que
unos colombianos compitan en deportes, otros hagan un deporte de di-
versión para mejoramiento de la salud y los demás gusten el placer de
formas ligeras de recreación como serían caminan o dialogar en un par-
que.
Estos planteamientos refuerzan nuestra propuesta, que no ha recibido
ponencia, o e aún no es conocida en la plenaria, en el sentido de establecer
que: “en desarrollo de sus fines sociales, el Estado defenderá, fomentará y
protegerá el deporte, la recreación y la sana utilización del tiempo libre”.
Armando Holguín S. Constituyente


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