2001 ley02

LEY No. 406
CCCOOODDDIIIGGGOOO PPPRRROOOCCCEEESSSAAALLL PPPEEENNNAAALLL
DDDEEE LLLAAA RRREEEPPPUUUBBBLLLIIICCCAAA DDDEEE NNNIIICCCAAARRRAAAGGGUUUAAA
PUBLICADO EN “LA GACETA”, DIARIO OFICIAL NOS. 243 Y 244 DE
LOS DÍAS 21 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2001 RESPECTIVAMENTE.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA
En uso de sus facultades
HA DECRETADO
El siguiente,
CCCOOODDDIIIGGGOOO PPPRRROOOCCCEEESSSAAALLL PPPEEENNNAAALLL
DDDEEE LLLAAA RRREEEPPPUUUBBBLLLIIICCCAAA DDDEEE NNNIIICCCAAARRRAAAGGGUUUAAA
TITULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS Y GARANTIAS PROCESALES
Art. 1 Principio de legalidad. Nadie podrá ser condenado a una pena o
sometido a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme,
dictada por un tribunal competente en un proceso conforme a los
derechos y garantías consagrados en la Constitución Política, a las
disposiciones de este Código y a los tratados, convenios y acuerdos
internacionales suscritos y ratificados por la República.

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Art. 2 Presunción de inocencia. Toda persona a quien se impute un delito se
presumirá inocente y como tal deberá ser tratada en todo momento del
proceso, mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia firme
dictada conforme la ley.
Hasta la declaratoria de culpabilidad, ningún funcionario o empleado
público podrá presentar a una persona como culpable ni brindar
información sobre ella en ese sentido.
En los casos del ausente y del rebelde se admitirá la publicación de los
datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.
Cuando exista duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, al
dictarse sentencia o veredicto, procederá su absolución.
Art. 3 Respeto a la dignidad humana. En el proceso penal toda persona debe
ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano,
con protección de los derechos que de ella derivan y en condiciones de
igualdad.
Art. 4 Derecho a la defensa. Todo imputado o acusado tiene derecho a la
defensa material y técnica. Al efecto el Estado, a través de la Dirección
de Defensores Públicos, garantiza la asesoría legal de un defensor público
a las personas que no tengan capacidad económica para sufragar los
gastos de un abogado particular.
Si el acusado no designare abogado defensor le será designado un
defensor público o de oficio, con arreglo al procedimiento establecido en
la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la misma forma se procederá en
los casos de abandono, revocatoria, muerte, renuncia o excusa del
defensor.
Toda autoridad que intervenga en el proceso deberá velar para que el
imputado conozca inmediatamente los derechos esenciales que le
confiere el ordenamiento jurídico.
Art. 5 Principio de proporcionalidad. Las potestades que este Código otorga
a la Policía Nacional, al Ministerio Público o a los Jueces de la República

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serán ejercidas racionalmente y dentro de los límites de la más estricta
proporcionalidad, para lo cual se atenderá a la necesidad e idoneidad de
su ejercicio y a los derechos individuales que puedan resultar afectados.
El control de proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del
Ministerio Público será ejercido por el juez, y los de éste por el tribunal
de apelaciones a través de los recursos.
Los actos de investigación que quebranten el principio de
proporcionalidad serán nulos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en
que pueda haber incurrido el funcionario público que los haya ordenado o
ejecutado.
Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción o privación
de la libertad tienen carácter cautelar y excepcional. Sólo podrán ser
interpretadas restrictivamente y su aplicación deberá ser proporcional a la
pena o medida de seguridad que pueda llegar a ser impuesta.
Art. 6 Unica persecución. Quien haya sido sobreseído, absuelto o condenado
por una resolución firme no podrá ser sometido a nueva persecución
penal por los mismos hechos.
A este efecto, las sentencias dictadas y ejecutadas en el extranjero serán
reconocidas en Nicaragua conforme a los tratados y convenios suscritos y
ratificados soberanamente por la República.
Art. 7 Finalidad del proceso penal. El proceso penal tiene por finalidad
solucionar los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica
y la convivencia social armónica, mediante el esclarecimiento de los
hechos y la determinación de la responsabilidad de los acusados, la
aplicación de las penas y medidas de seguridad que en justicia proceda y
de otras soluciones basadas en la disposición de la acción penal, la
mediación y acuerdos entre las partes en los casos autorizados por este
Código.
Art. 8 Principio de gratuidad y celeridad procesal. La justicia en Nicaragua
es gratuita. En sus actuaciones los jueces y el Ministerio Público harán
prevalecer, bajo su responsabilidad, la realización pronta, transparente y
efectiva de la justicia.

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Toda persona acusada en un proceso penal tiene derecho a obtener una
resolución en un plazo razonable, sin formalismos que perturben sus
garantías constitucionales.
Art. 9 Intervención de la víctima. De acuerdo con la Constitución Política de
la República, el ofendido o víctima de delito tiene el derecho a ser tenido
como parte en el proceso penal desde su inicio y en todas sus instancias,
derecho que está limitado por los derechos de los demás, por la seguridad
de todos y por las justas exigencias del bien común.
Art. 10 Principio acusatorio. El ejercicio de la acción penal es distinto del de la
función jurisdiccional. En consecuencia, los jueces no podrán proceder a
la investigación, persecución ni acusación de ilícitos penales.
No existirá proceso penal por delito sin acusación formulada por el
Ministerio Público, el acusador particular o el querellante en los casos y
en la forma prescritos en el presente Código.
Art. 11 Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los
designados conforme a ley anterior a los hechos por los que se le juzga.
En consecuencia, nadie puede ser sustraído de su juez competente
establecido por ley ni llevado a jurisdicción de excepción. Se prohíben
los tribunales especiales.
Art. 12 Jurado. Todo procesado tiene derecho en igualdad de condiciones a ser
sometido a juicio por jurados en los casos determinados por la ley.
Es deber de todo ciudadano participar en el proceso penal como miembro
de un jurado cuando sea requerido, de conformidad con las leyes.
Art. 13 Principio de oralidad. Bajo sanción de nulidad, las diferentes
comparecencias, audiencias y los juicios penales previstos por este
Código serán orales y públicos. La publicidad podrá ser limitada por las
causas previstas en la Constitución Política y las leyes.
La práctica de la prueba y los alegatos de la acusación y la defensa se
producirán ante el juez o jurado competente que ha de dictar la sentencia
o veredicto, sin perjuicio de lo dispuesto respecto a la prueba anticipada.

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El Juicio tendrá lugar de manera concentrada y continua, en presencia del
juez, el jurado, en su caso, y las partes.
Art. 14 Principio de oportunidad. En los casos previstos en el presente Código,
el Ministerio Público podrá ofrecer al acusado medidas alternativas a la
persecución penal o limitarla a alguna o algunas infracciones o personas
que participaron en el hecho punible.
Para la efectividad del acuerdo que se adopte se requerirá la aprobación
del juez competente.
Art. 15 Libertad probatoria. Cualquier hecho de interés para el objeto del
proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba lícito. La
prueba se valorará conforme el criterio racional observando las reglas de
la lógica.
Art. 16 Licitud de la prueba. La prueba sólo tendrá valor si ha sido obtenida
por un medio lícito e incorporada al proceso conforme a las disposiciones
de este Código. Ninguno de los actos que hayan tenido lugar con ocasión
del ejercicio del principio de oportunidad entre el Ministerio Público y
las partes, incluyendo el reconocimiento de culpabilidad, será admisible
como prueba durante el Juicio si no se obtiene acuerdo o es rechazado
por el juez competente.
Art. 17 Derecho a recurso. Todas las partes del proceso tienen derecho a
impugnar las resoluciones que le causen agravio adoptadas por los
órganos judiciales en los casos previstos en el presente Código. Igual
derecho tendrá el Ministerio Público en cumplimiento de sus
obligaciones.

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LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TITULO I
DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 18 Jurisdicción penal. La jurisdicción penal se ejerce con exclusividad por
los tribunales previstos en la ley, a quienes corresponde la potestad
pública de conocer y decidir los procesos que se instruyan por delitos y
faltas, así como de ejecutar las resoluciones emitidas. Los jueces y
tribunales penales deben resolver toda cuestión de la cual dependa su
decisión.
La jurisdicción penal es improrrogable e indelegable.
Art. 19 Extensión y límites. La jurisdicción penal se extiende a los delitos y
faltas cometidos total o parcialmente en el territorio nacional y a aquellos
cuyos efectos se producen en él, así como a los cometidos fuera del
territorio nacional conforme el principio de universalidad que establece el
Código Penal, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados o
convenios internacionales ratificados por Nicaragua. Se exceptúan los
límites de jurisdicción relativos a personas que gocen de inmunidad y a
los menores de edad.
Capítulo II
De la competencia
Art. 20 Competencia objetiva. Corresponde a los jueces locales el
conocimiento y resolución, en primera instancia, de las causas por faltas
penales y por delitos menos graves con penas de prisión y alternativas a
la de prisión, cualquiera que sea su naturaleza.

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Los jueces de distrito conocerán y resolverán en primera instancia las
causas por delitos graves, con o sin intervención de jurado según
determine la Ley.
Lo anterior es sin perjuicio de las competencias que la ley otorga a los
órganos jurisdiccionales militares y a los órganos de justicia penal del
adolescente.
Art. 21 Competencia funcional. Son tribunales de juicio:
1. Los jueces locales, en materias de delitos menos graves y faltas
penales;
2. Los jueces de distrito, en materia de delitos graves, y,
3. La Corte Suprema de Justicia, en los casos que la Constitución
Política indica.
El juez que tenga competencia objetiva para conocer de un delito o falta,
la tendrá para conocer de todas las incidencias que se produzcan en la
causa, incluidos los actos necesarios de la fase previa al Juicio.
Son tribunales de apelación:
1. Los jueces de distrito, en relación con los autos previstos en este
Código y sentencias dictados por los jueces locales, en materia de
delitos menos graves y faltas penales, y,
2. Las salas penales de los Tribunales de Apelación, en cuanto a los
autos previstos por este Código y sentencias dictados por los jueces de
distrito, en materia de delitos graves.
Es tribunal de casación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las sentencias por delitos graves conocidas y resueltas en
apelación por las salas penales de los tribunales de apelación.
Los jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del
régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y
legales de la pena y de las medidas de seguridad.
Son tribunales de revisión:

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1. Las salas penales de los tribunales de apelaciones, en las causas por
delitos menos graves, y,
2. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las causas por
delitos graves.
Art. 22 Competencia territorial. La competencia territorial de los tribunales se
determina así:
1. Cuando se trate de delito o falta consumado, por el lugar donde el
delito o falta se cometió.
2. Cuando se trate de tentativa de delito, por el lugar en que se ejecutó el
último acto dirigido a la comisión.
3. Cuando se trate de delito frustrado, por el lugar previsto para la
comisión del hecho.
4. En las causas por delito continuado o permanente, por el lugar en el
cual ha cesado la continuidad o permanencia, o se ha cometido el
último acto conocido del delito.
5. En las causas por tentativa, frustración o delito consumado cometidos
en parte dentro del territorio nacional, por el lugar donde se ha
realizado total o parcialmente la acción u omisión o se ha verificado el
resultado.
6. En los delitos por omisión, el lugar donde debía ejecutarse la acción
omitida.
Art. 23 Reglas supletorias. Si la competencia no se puede determinar de
acuerdo con las previsiones establecidas en los artículos anteriores, es
juez competente:
1. El juez del lugar en el cual se ha ejecutado la última parte de la acción
u omisión;
2. Si no es conocido el lugar indicado en el inciso anterior, la
competencia pertenece al juez de la residencia o del domicilio del
acusado;
3. Si no puede establecerse la competencia conforme a las reglas
descritas, ésta corresponde al juez del lugar donde tenga su sede la
oficina del Ministerio Público que ha procedido a la investigación y
persecución delictiva, y,

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4. En caso de extraterritorialidad de la ley penal, es competente el juez
de la capital de la República ante el cual el Ministerio Público plantee
el ejercicio de la acción penal.
Art. 24 Conexión. Se consideran delitos conexos:
1. Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas o
con cooperación entre ellas, o aquellos en que varias personas
mediante acciones independientes proceden de manera concertada
para la comisión del delito;
2. Los cometidos como medio para perpetrar o facilitar la ejecución de
otros delitos o faltas, o para procurar al autor o a otra persona su
provecho o la impunidad;
3. Si a una persona se le imputan varios delitos que tengan relación
análoga entre sí, y,
4. Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente.
El tratamiento conexo de los delitos respetará la continencia de la causa.
No procede la solicitud de acumulación de causas una vez dictado el auto
de remisión a Juicio cuando produzca un grave retardo en la tramitación
de alguna de ellas.
Art. 25 Competencia en causas conexas. Cuando se sustancian causas por
delitos conexos es competente:
1. El juez o tribunal al que le competa juzgar el hecho más grave;
2. El juez o tribunal del lugar en que se cometió el primer hecho, si todos
están sancionados con la misma pena, y,
3. El juez ante quien el Ministerio Público haya ejercido primero la
acción, si los delitos fueron simultáneos o no consta debidamente cuál
se cometió primero.
Si no pueden aplicarse las disposiciones señaladas en los incisos
anteriores, se procederá conforme las cuestiones de competencia
establecidas en el capítulo siguiente.
La acumulación de causas y los problemas de competencia no impiden la
investigación penal, por lo que ningún juez puede excusarse de intervenir
aduciendo la existencia de otros jueces o tribunales que puedan hacerlo.

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Art. 26 Audiencia especial. Cuando sea solicitada la acumulación de causas por
tratarse de delitos conexos, luego de mandar a oír a la otra parte en el
plazo de tres días, el juez, dentro de los cinco días siguientes, convocará a
audiencia oral especial en la que, luego de escuchar los alegatos de una y
otra parte, y de practicarse la prueba ofrecida si fuera pertinente,
resolverá declarando con o sin lugar la solicitud de acumulación.
Cuando se decrete la acumulación de dos o más procesos, las actuaciones
se compilarán por separado, excepto cuando resulte inconveniente para el
desarrollo normal del procedimiento, sin detrimento del conocimiento de
todos ellos por el mismo tribunal.
Art. 27 Separación de causas. Cuando tratándose de dos o más acusados resulte
evidente que la tramitación conjunta del proceso pueda ocasionar
perjuicio a alguna de las partes, el juez podrá ordenar, a solicitud de la
parte debidamente fundamentada, juicios separados respecto a uno o más
de los imputados o delitos, o adoptar otros mecanismos para evitar dicho
perjuicio.
Art. 28 Acumulación de juicios y unificación de penas. Si en los procesos
acumulados se acusan varios delitos, el juez podrá disponer que el juicio
oral se celebre, en forma ordenada, para cada uno de los hechos.
El juez fijará la pena correspondiente a todos los casos después de
celebrar la audiencia final. Si corresponde unificar las penas, lo hará al
dictar la última sentencia.
Capítulo III
De las cuestiones de competencia
Art. 29 Incompetencia. En cualquier estado del proceso antes de la
convocatoria a Juicio, el juez que de oficio reconozca su incompetencia
así lo declarará y remitirá las actuaciones dentro de las siguientes
veinticuatro horas al que considere competente, poniendo a su
disposición a los detenidos si existen, sin perjuicio de cualquier
intervención urgente que le solicite el Ministerio Público.

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Si el juez que recibe las actuaciones discrepa de ese criterio, las elevará,
dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas después de recibidas, al
superior jerárquico común quien, como órgano competente para resolver
el conflicto, dictará su resolución dentro de tercero día.
Art. 30 Devolución. Resuelta la cuestión de competencia, el superior jerárquico
devolverá en forma inmediata lo actuado al juez o tribunal declarado
competente.
Art. 31 Efectos. La inobservancia de las reglas sobre competencia sólo
producirá la ineficacia de los actos cumplidos después de que haya sido
declarada la incompetencia.
Capítulo IV
De la inhibición y la recusación
Art. 32 Motivos de inhibición y recusación. Los jueces y magistrados deben
inhibirse o podrán ser recusados por las siguientes causas:
1. Cuando en ejercicio de sus cargos previamente hayan dictado o
concurrido a dictar sentencia en el mismo proceso;
2. Cuando hayan intervenido en una fase anterior del mismo proceso
como fiscales, defensores, mandatarios, denunciantes o querellantes o
hayan actuado como expertos, peritos, intérpretes o testigos;
3. Si ha intervenido o interviene en la causa como juez o integrante de un
tribunal, su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o algún
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad;
4. Por haber dado consejos o haber emitido extrajudicialmente su
opinión sobre la causa, o haber intervenido o conocido previamente en
el desempeño de otro cargo público el asunto sometido a su
conocimiento;
5. Cuando sean cónyuges, compañero en unión de hecho estable o
tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con cualquiera de las partes, su representante o
abogado;
6. Por haber estado casados, o en unión de hecho estable con un pariente
de alguna de las partes dentro de los mismo grados del inciso anterior;

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7. Cuando tengan amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia de trato con cualquiera de las partes o intervinientes;
8. Cuando tengan enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos
conocidos con cualquiera de las partes o intervinientes;
9. Por haber sido, antes del inicio del proceso, denunciante o acusador de
alguno de los interesados o haber sido denunciado o acusado por
alguno de ellos;
10.Si tienen ellos, sus cónyuges o compañeros en unión de hecho estable
o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, interés en los resultados del proceso;
11.Cuando ellos, sus cónyuges o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan proceso
pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con
alguno de los interesados;
12.Por haber recibido de alguno de los interesados o por cuenta de ellos
beneficios de importancia, donaciones, obsequios o asignaciones
testamentarias a su favor o de su cónyuge o compañero en unión de
hecho estable o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad; o por haber recibido ellos, después de iniciado
el proceso, presentes o dádivas aunque sean de poco valor, y,
13.Si ellos o cualquiera de las otras personas mencionadas en el inciso
anterior son acreedores, deudores o fiadores de algunos de los
interesados; o son ellos o han sido tutores o han estado bajo tutela de
alguno de aquéllos.
Para los fines de este artículo, se consideran interesados el acusado o el
querellado, la víctima, el damnificado y el eventual responsable civil,
aunque estos últimos no se hayan constituido en parte. Son también
interesados sus representantes, defensores o mandatarios.
Art. 33 Prohibición de recusación. No puede ser recusado el juez o magistrado
que, en su condición de inmediato superior jerárquico o de integrante de
la sala respectiva, deba resolver la recusación.
Art. 34 Oportunidad para recusar. La recusación se interpondrá por escrito
ante el juez de la causa, ofreciendo las pruebas que la sustenten, en
cualquier momento del proceso hasta antes del auto de remisión a Juicio.
Se podrá recusar verbalmente en el Juicio sólo si la causal es
sobreviniente.

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La recusación a magistrados de las salas penales de los Tribunales de
Apelación y de la Corte Suprema de Justicia deberá interponerse en el
escrito en que se interponga la impugnación o, mediante escrito
independiente, dentro de tercero día a partir de la radicación de la
impugnación en la sede del tribunal respectivo.
Art. 35 Competencia. Para que la inhibición o la recusación produzca los
efectos previstos legalmente deberá ser resuelta por el órgano judicial
inmediato superior, que rechazará la solicitud o, admitiéndola, nombrará
al juez subrogante, que será:
1. El juez del ordinal siguiente en la misma materia o, en su defecto, el
de la otra materia, en las sedes judiciales con más jueces de igual
jerarquía;
2. El juez suplente del titular recusado, en las demás sedes judiciales, o,
3. En defecto o agotado lo anterior, el juez titular de igual jerarquía de la
comprensión territorial más cercana.
La parte dispondrá de un plazo de tres días para recusar al nuevo juez de
la causa una vez le sea notificada su designación.
Si quien se inhibe o es recusado es integrante de un tribunal colegiado,
resolverán los otros miembros de dicho tribunal. Si todos los integrantes
se inhiben o son recusados, conocerá otra sala de la misma jerarquía.
Art. 36 Trámite de la recusación. El juez recusado contestará los cargos en un
plazo de tres días en un informe que acompañará al escrito de recusación.
Recibidos el escrito de recusación y el informe del juez en la sede del
órgano competente, el incidente se deberá resolver en un plazo de cinco
días. Si se han ofrecido pruebas personales, este plazo se ampliará a diez
días, dentro del cual se convocará a una audiencia previa para la práctica
de la prueba.
Si estando pendiente un incidente de recusación el juez o magistrado se
inhibe, se suspenderá el trámite de la recusación en espera de lo que se
resuelva en cuanto a la inhibición. Si ésta se declara admisible, se
archivará el incidente de recusación.

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Art. 37 Efectos. El juez o magistrado recusado no pierde su competencia sino
hasta que el incidente de recusación haya sido declarado con lugar.
Art. 38 Irrecurribilidad. Contra la resolución del superior jerárquico que
resuelva la recusación no cabrá recurso alguno. No obstante, la parte que
se considere perjudicada por la resolución podrá hacer expresa reserva
del derecho de replantear la cuestión en el recurso que quepa contra la
sentencia.
Art. 39 Inhibición de fiscales. El fiscal tendrá obligación de inhibirse por
cualquiera de las causas mencionadas para los jueces, con la excepción
del hecho de haber sido fiscal. La víctima y las demás partes podrán
plantear ante el superior inmediato del fiscal una queja en este sentido.
Art. 40 Secretarios. Los secretarios de los tribunales se inhibirán y podrán ser
separados de la causa por los mismos motivos de inhibición y recusación
señalados para los jueces y magistrados e integrantes de tribunales.
Cuando en criterio del juez sea procedente, inmediatamente designará a
quien deba sustituirle en su función.
Capítulo V
Del jurado
Art. 41 Deber de ser jurado. El jurado es la institución mediante la cual el
pueblo interviene en la administración de justicia en materia penal. Está
integrado por personas legas en Derecho. Todo ciudadano que satisfaga
los requisitos establecidos en el presente capítulo, tiene el deber de
participar, como miembro de jurado, en el ejercicio de la administración
de la justicia penal.
Aquellos que, conforme a lo previsto en este Código, sean seleccionados
como miembros de un jurado tienen el deber constitucional de ocurrir,
ejercer y desempeñar la función para la cual han sido convocados.
Art. 42 Obligaciones. Los jurados tienen las obligaciones siguientes:
1. Atender a la convocatoria del juez en la fecha y hora indicadas;
2. Informar al tribunal en la audiencia de integración acerca de los

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impedimentos existentes para el ejercicio de su función;
3. Prestar promesa de ley;
4. Cumplir las instrucciones del juez acerca del ejercicio de sus
funciones;
5. No dar declaraciones ni hacer comentarios sobre el Juicio en el cual
participan;
6. Examinar y juzgar con imparcialidad y probidad, y,
7. Las demás establecidas en el presente Código.
Art. 43 Requisitos. Son requisitos para participar como jurado los siguientes:
1. Ser nicaragüense;
2. Saber leer y escribir;
3. Ser mayor de 25 años;
4. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
5. Estar domiciliado en el territorio del municipio en que se encuentra
ubicada la sede del distrito judicial donde se realiza el proceso, salvo
las excepciones legales;
6. No estar afectado por discapacidad física o psíquica que impida el
desempeño de la función, y,
7. No haber participado como jurado titular o suplente en el último año.
Art. 44 Prohibiciones. No pueden desempeñar la función de miembros del
jurado, quienes gocen de inmunidad, los estudiantes o egresados o
profesionales en Derecho, funcionarios judiciales, funcionarios de la
Dirección de Defensores Públicos, de la Fiscalía General de la República,
de la Procuraduría General de Justicia, de la Policía Nacional o de
instituciones penitenciarias, los miembros del Ejército Nacional y los
directivos nacionales de los partidos políticos.
Tampoco podrán desempeñar esta función quienes enfrenten proceso
penal o hayan sido condenados a pena de privación de libertad mediante
sentencia firme, sin haber obtenido la rehabilitación.
Art. 45 Causas de inhibición o recusación. Son impedimentos para el ejercicio
de la función de miembros del jurado, en lo aplicable, los previstos en
este Código como causales de inhibición y recusación para jueces y
magistrados, y el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o

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segundo de afinidad con el juez u otro jurado, escogido para actuar en el
mismo proceso.
Art. 46 Causales de excusa. Podrán excusarse para actuar como jurado:
1. Las mujeres en estado de embarazo, de lactancia materna o encargadas
del cuido de infantes;
2. Los que realicen trabajos de relevante interés general, cuya sustitución
originaría importantes perjuicios;
3. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que
les dificulte de forma grave el desempeño de la función;
4. Quienes sean mayores de 70 años, y,
5. Los que residan en el extranjero.
Art. 47 Listas de candidatos a jurado. En la primera quincena del mes de
noviembre de cada año, el Consejo Supremo Electoral entregará a la
Corte Suprema de Justicia los listados de ciudadanos hábiles para ser
candidatos a jurados correspondientes al año calendario inmediato
siguiente, radicados en el municipio en que se encuentra ubicada la sede
del distrito judicial de que se trate. Estos listados contendrán sus
respectivos nombres, fecha de nacimiento, profesión u oficio y dirección,
y en ellos se deberán incluir los ciudadanos que, durante el año inmediato
siguiente, cumplirán la edad requerida.
A más tardar el 15 de enero de cada año, la Corte Suprema de Justicia
remitirá a cada juez de distrito los listados de ciudadanos del municipio
respectivo.
Art. 48 Asignación de candidatos. Anualmente se asignará un número a cada
uno de los candidatos a miembros de jurado del distrito judicial
respectivo, con el propósito de organizar su posible selección en forma
aleatoria para el caso concreto en que pueda intervenir.
Art. 49 Derechos y deberes laborales. Sin perjuicio de lo dispuesto como
causales de excusa para actuar como jurado en caso de trabajo de
relevante interés general o de obstaculización grave del desempeño de
una función, los empleadores están obligados a permitir a sus
trabajadores el desempeño de la función de jurado, sin menoscabo de su
salario.

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El desempeño de la función del miembro de jurado tendrá, a los efectos
del ordenamiento laboral y funcionarial, la consideración de
cumplimiento de un deber de carácter público y personal.
Por el desempeño de la función de jurado, el Estado pagará al miembro
una dieta en la forma prevista en el presente Código.
Art. 50 Sanciones. Los empleadores que impidan el desempeño de la función de
jurado por un trabajador o lo despidan por haberla ejercido incurrirán en
responsabilidad penal, sin detrimento de las responsabilidades en materia
civil o laboral.
El candidato a miembro de jurado que, habiendo sido debidamente
citado, injustificadamente no atienda la convocatoria o presente una
excusa falsa, será sancionado con multa equivalente al doble de la dieta
que habría de percibir por el cabal desempeño de su función, multa que
incrementará los fondos del Poder Judicial.
En caso de reincidencia, el juez le impondrá el doble de la multa señalada
en el párrafo anterior.
Las sanciones administrativas a los jurados serán impuestas sin mayor
trámite por el juez que lo convocó, y serán apelables.
TITULO II
DE LAS ACCIONES PROCESALES
Capítulo I
Del ejercicio de la acción penal
Art. 51 Titularidad. La acción penal se ejercerá:
1. Por el Ministerio Público, de oficio, en los delitos de acción pública;
2. Por el Ministerio Público, previa denuncia de la víctima, en los delitos
de acción pública a instancia particular;

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3. Por la víctima, constituida en acusador particular o querellante, según
el caso, y,
4. Por cualquier persona, natural o jurídica, en los delitos de acción
pública.
En el caso de las faltas penales, el ejercicio de la acción penal se ejercerá,
según el caso, por la víctima, la autoridad administrativa afectada o la
Policía Nacional.
La acción civil por los daños y perjuicios provocados por el hecho que
motiva el proceso penal se ejercerá ante la misma sede penal, una vez
firme la resolución respectiva, en los casos y en la forma prevista en el
presente Código.
Art. 52 Obstáculos. Si el ejercicio de la acción penal depende de una condición
de procedibilidad o de la resolución de un antejuicio, se suspenderá su
ejercicio hasta que desaparezca el obstáculo.
En los casos en que el acusado sea un funcionario que goce de
inmunidad, previo al inicio del proceso, el juez procederá conforme lo
establezca la ley de la materia.
Art. 53 Clasificación. Son delitos de acción privada, los delitos de calumnia e
injurias graves.
Son delitos de acción pública a instancia particular, los delitos de
violación cuando la víctima sea mayor de dieciocho años, estupro y acoso
sexual.
Los delitos no incluidos en los dos párrafos anteriores, son delitos de
acción pública.
Art. 54 Intervención de oficio. En los delitos de acción pública a instancia
particular, si la víctima es menor de dieciocho años de edad, incapaz o
carece de representante legal, el Ministerio Público podrá intervenir de
oficio cuando:

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1. El delito sea cometido por uno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por su representante
legal, o,
2. Exista conflicto de intereses de éstos con la víctima.
En estos casos, el Ministerio Público podrá posteriormente ejercer la
acción civil en favor de la víctima u ofendido.
Capítulo II
De las condiciones legales del ejercicio del Principio de Oportunidad
Art. 55 Manifestaciones. Son manifestaciones del principio de oportunidad las
siguientes:
1. La mediación;
2. La prescindencia de la acción;
3. El acuerdo, y,
4. La suspensión condicional de la persecución.
No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de delitos
contra el Estado o cometidos con ocasión del ejercicio de sus funciones
por funcionarios nombrados por el Presidente de la República o la
Asamblea Nacional o por los que hayan sido electos popularmente o sean
funcionarios de confianza.
En todo caso, la aplicación del principio de oportunidad dejará a salvo el
derecho al ejercicio de la acción civil en sede penal o civil ordinaria.
Art. 56 Mediación. La mediación procederá en:
1. Las faltas;
2. Los delitos imprudentes o culposos;
3. Los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar
violencia o intimidación, y,
4. Los delitos sancionados con penas menos graves.
Art. 57 Mediación previa. En los casos en que la mediación proceda, de previo a
la presentación de la acusación o querella, la víctima o el imputado

20
podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante un abogado o
notario debidamente autorizado, o ante la Defensoría Pública o un
facilitador de justicia en zonas rurales, acreditados por la Corte Suprema
de Justicia para mediar.
La Corte Suprema de Justicia organizará el funcionamiento de los
facilitadores de justicia en zonas rurales.
De lograrse acuerdo total, se deberá hacer constar en un acta que las
partes someterán a la consideración del Ministerio Público, el que dentro
del plazo de cinco días deberá pronunciarse sobre su procedencia y
validez. Si transcurrido este plazo no ha recaído pronunciamiento del
Ministerio Público, se tendrá por aprobado el acuerdo reparatorio.
Cuando en criterio del Ministerio Público el acuerdo sea procedente y
válido, el fiscal o cualquier interesado si éste no se ha pronunciado, lo
presentará al juez competente solicitándole ordenar su inscripción en el
Libro de Mediación del juzgado, y con ello la suspensión de la
persecución penal en contra del imputado por el plazo requerido para el
cumplimiento del acuerdo reparatorio, durante el cual no correrá la
prescripción de la acción penal.
Si el imputado cumple con los compromisos contraídos en el acuerdo
reparatorio se extinguirá la acción penal y el juez a solicitud de parte
dictará auto motivado declarándolo así. En caso contrario, a instancia de
parte el Ministerio Público reanudará la persecución penal.
Si se lograra acuerdo parcial, al igual que en el caso anterior, el acta se
anotará en el Libro de Mediación del juzgado y la acusación versará
únicamente sobre los hechos en los que no hubo avenimiento.
Art. 58 Mediación durante el proceso. Una vez iniciado el proceso penal y
siempre que se trate de los casos en que el presente Código autoriza la
mediación, el acusado y la víctima podrán solicitar al Ministerio Público la
celebración de un trámite de mediación. De lograrse acuerdo parcial o total,
el fiscal presentará el acta correspondiente ante el juez de la causa y se
procederá en la forma prevista en el artículo anterior. Estos acuerdos
pueden tomar lugar en cualquier etapa del proceso hasta antes de la

21
sentencia o del veredicto en su caso. Cumplido el acuerdo reparatorio, el
juez a instancia de parte decretará el sobreseimiento correspondiente.
Art. 59 Prescindencia de la acción penal. El Ministerio Público deberá ejercer
la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, con
arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante el representante del
Ministerio Público podrá prescindir total o parcialmente de la
persecución penal, limitarla a alguna o algunas infracciones o personas
que participaron en el hecho, cuando:
1. La participación en el delito objeto del principio de oportunidad sea
menor que aquella cuya persecución facilita o el delito conexo que se
deja de perseguir sea más leve que aquel cuya persecución facilita o
cuya continuación o perpetración evita, y el acusado colabore
eficazmente con la investigación, brinde información esencial para
evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el
hecho investigado u otros conexos;
2. El acusado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o
moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena, o
cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está
autorizado para prescindir de la pena, o,
3. La pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la
infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia
en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la
que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones, o la que se
le impuso o se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero.
En estos últimos casos podrá prescindirse de la extradición activa y
concederse la pasiva.
Art. 60 Procedimiento. La decisión de prescindir de la persecución penal en los
casos del numeral 1 del artículo anterior es potestad exclusiva e indelegable
del Fiscal General de la República. En los demás casos la decisión
corresponderá a los fiscales auxiliares.
En todos los casos la decisión se hará constar en resolución fundamentada
dictada por el fiscal competente, la que deberá ser presentada

22
inmediatamente ante el juez que corresponda a fin de que éste ejerza el
respectivo control de legalidad.
Una vez que el juez haya establecido la procedencia causal de la medida
adoptada, se entregará copia de la decisión del Ministerio Público al
beneficiado.
Art. 61 Acuerdo. Iniciado el proceso, siempre que el acusado admita su
responsabilidad en los hechos que se le imputan, en su beneficio y por
economía procesal, el Ministerio Público y la defensa, previa autorización
expresa del acusado, pueden entablar conversaciones en búsqueda de un
acuerdo que anticipadamente pueda ponerle fin al proceso. Mediante el
acuerdo se podrá prescindir parcialmente de la persecución penal, o
limitarla a alguna o algunas infracciones o personas participantes en el
hecho, y disminuir el grado de participación y la sanción penal. Estas
conversaciones pueden tomar lugar en cualquier etapa del proceso hasta
antes de la sentencia o del veredicto, en su caso.
Si no se logra acuerdo, nada de lo que tomó lugar durante las
conversaciones puede ser objeto de prueba o usado en contra del acusado
en ese proceso o en cualquier otro.
De lograrse acuerdo, éste será sometido a la consideración del juez
competente para su aprobación o rechazo. En este caso el juez se
asegurará de que la aceptación de los hechos por el acusado sea
voluntaria y veraz, y le informará que ella implica el abandono de su
derecho a un juicio oral y público.
Antes de aprobar el acuerdo, el juez se asegurará de que la víctima ha
sido notificada y le brindará la oportunidad para que opine al respecto. Si
el juez lo aprueba, dictará sentencia inmediatamente bajo los términos
acordados.
Cuando el Ministerio Público solicite mantener el acuerdo bajo reserva,
justificando tal solicitud en el propósito de no afectar otra investigación
en curso, el juez podrá así ordenarlo fijando el plazo de la reserva o la
condición que haya de cumplirse, conforme los términos establecidos en
el acuerdo.

23
Si el juez rechaza los resultados del acuerdo, informará a las partes de su
decisión y permitirá al acusado que retire su aceptación de
responsabilidad penal. De persistir el acusado en aceptar los hechos
imputados, el juez le reiterará las implicaciones de su decisión.
El rechazo del acuerdo por el juez no será causa de recusación.
Art. 62 Acuerdo condicionado. El acuerdo alcanzado mediante cualquiera de
los procedimientos establecidos en los dos artículos anteriores podrá estar
supeditado a una condición suspensiva, de cuyo cumplimiento dependerá
su validez.
Cuando el compromiso asumido por el acusado en el acuerdo sea la
declaración en carácter de testigo contra otro, ésta deberá ser veraz. En
caso de incumplimiento o de falsedad de la declaración ofrecida, se
producirá la ruptura del acuerdo en relación con la pena por imponer y el
juez deberá sentenciar imponiendo la pena que estime adecuada a la
aceptación de los hechos por el acusado y a los medios probatorios
aportados.
Capítulo III
De la suspensión condicional de la persecución penal
Art. 63 Procedencia. Por una sola vez, en delitos imprudentes o menos graves,
si el acusado sin condena previa por sentencia firme, manifiesta
conformidad con los términos de la acusación antes de la convocatoria a
Juicio y admite la veracidad de los hechos que se le imputan, el fiscal
podrá proponer al juez la suspensión condicional de la persecución penal.
El juez, con base en la solicitud descrita, podrá disponer mediante auto la
suspensión condicional de la persecución penal si, en su criterio, el
acusado ha reparado el daño correspondiente, conforme la evaluación del
Ministerio Público, o garantiza suficientemente la reparación, incluso por
acuerdos con la víctima. En caso de falta de acuerdo respecto a la
cuantificación de las responsabilidades civiles, la suspensión podrá
otorgarse dejando abierta a la parte afectada la acción civil en sede penal
establecida en el presente Código.

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Si la suspensión es decretada, el nombre del acusado será inscrito en un
registro nacional de personas beneficiadas con la suspensión condicional
de la persecución penal, a cargo del Ministerio Público. Este registro
será de uso exclusivo de esta institución y para el solo efecto de velar por
el estricto cumplimiento de esta norma.
Art. 64 Régimen de prueba. El juez dispondrá que durante la suspensión de la
persecución penal el acusado sea sometido a un régimen de prueba, que
se determinará en cada caso y que tendrá por fin mejorar su condición
educacional, técnica y social, bajo control de los tribunales o de las
entidades de servicio público a las que se les solicite colaboración.
La suspensión condicional de la persecución penal no será inferior de tres
meses ni superior a dos años, y no impedirá el ejercicio de la acción civil
en sede penal establecida en el presente Código.
Art. 65 Reglas del régimen de prueba. Las reglas de conductas y abstenciones
para suspender la persecución penal sólo pueden imponerse si se aceptan
voluntariamente por el acusado y pueden ser alguna o algunas de las
siguientes:
1. Comenzar o finalizar la escolaridad primaria;
2. Aprender una profesión u oficio, o seguir cursos de capacitación en la
institución que determine el juez;
3. Adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o
profesión o permanecer en un trabajo o empleo;
4. Realizar en períodos de cinco a diez horas semanales y fuera del
horario habitual de trabajo, trabajos no remunerados de utilidad
pública, a favor del Estado, sus instituciones, Regiones Autónomas,
Alcaldías o instituciones de beneficencia;
5. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si fuera necesario;
6. Participar en programas especiales de tratamiento para combatir el
alcoholismo o la drogadicción;
7. Abstenerse de residir en lugar determinado o someterse a la vigilancia
que determine el juez;
8. Abstenerse de visitar determinados lugares o personas;
9. Abstenerse de consumir o abusar de las bebidas alcohólicas o de
consumir drogas y sustancias psicotrópicas;
10.Abstenerse de portar de armas, y,

25
11.Abstenerse de conducir vehículos automotores.
Sólo a proposición del acusado podrán acordarse otras condiciones de
conducta análogas, cuando se estime que resultan convenientes.
En su resolución, el juez deberá fijar con precisión el o los medios para el
cumplimiento supervisado de las reglas de conducta decretadas,
especialmente a través de instituciones públicas, organismos
humanitarios, la colaboración de Facultades de Psicología y otras
entidades con servicios de proyección social.
Los funcionarios de seguimiento y control de cumplimiento de las reglas
de conducta y abstenciones impuestas, fungirán adscritos al Poder
Judicial y deberán informar oportunamente al Ministerio Público y al
juez, según el caso, de cualquier violación de aquéllas o acerca de su
cabal cumplimiento.
Art. 66 Efectos. Durante el plazo de suspensión del proceso a prueba no correrá
la prescripción de la acción penal. Si el acusado cumple las condiciones
impuestas al finalizar el plazo de prueba, el juez decretará sobreseimiento
por extinción de la acción penal.
Art. 67 Revocación. Si el acusado incumple en forma injustificada las
condiciones que se le impusieron o comete nuevo delito, el juez, luego de
oír al Ministerio Público y al acusado, decidirá acerca de la revocación de
la suspensión del proceso. En el primer caso, en vez de revocarla, el juez
puede ampliar el plazo de prueba por un año más. Si el Juez decide
revocar el auto de suspensión del proceso, convocará a nueva audiencia
para dictar la sentencia correspondiente.
Art. 68 Suspensión. El plazo de prueba se suspenderá mientras el acusado esté
privado de su libertad por otro proceso. Si se dicta sentencia absolutoria
se computará el tiempo de privación de libertad como cumplimiento de
las condiciones.
Cuando el acusado esté sometido a otro proceso y goce de libertad, el
plazo seguirá su curso, pero no podrá decretarse la extinción de la acción
penal sino cuando quede firme la resolución que lo exima de
responsabilidad por el nuevo hecho. La revocación de la suspensión del

26
proceso no impedirá la suspensión condicional de la pena, ni la concesión
de algunas de las medidas sustitutivas de la privación de libertad cuando
sean procedentes.
Capítulo IV
De las excepciones
Art. 69 Clases. El acusado, el querellado o sus abogados pueden oponer las
siguientes excepciones:
1. Falta de jurisdicción o competencia;
2. Falta de acción;
3. Extinción de la acción penal;
4. Falta de condición de procedibilidad, y,
5. Niñez o adolescencia del acusado.
Art. 70 Trámite. Al tener conocimiento de algún motivo que pueda fundar una
excepción, la defensa lo planteará al juez solicitándole convocar dentro
del plazo máximo de cinco días a audiencia pública para su conocimiento
y resolución, ofreciendo la prueba de los hechos que la fundamenten, so
pena de inadmisibilidad. De la convocatoria a la audiencia y del
contenido de la solicitud se deberá notificar al Ministerio Público y
demás partes interesadas.
En la audiencia pública, el juez admitirá la prueba pertinente y resolverá
sin dilación, mediante resolución fundada, la cual será apelable.
Art. 71 Efectos. En los casos de extinción de la acción penal, se dictará
sobreseimiento a favor del acusado respecto al cual haya operado la
extinción.
Cuando se declare con lugar la excepción por causa distinta a la extinción
de la responsabilidad penal, se remitirán los autos al órgano competente
o, de ser posible, se subsanará la falta de condición de procedibilidad por
el actor, según corresponda.

27
Capítulo V
De la extinción de la acción penal
Art. 72 Causas. La acción penal se extingue por:
1. La muerte del imputado o acusado;
2. La prescripción;
3. La cosa juzgada;
4. El desistimiento o el abandono de la acusación particular cuando no se
presentó acusación por el Ministerio Público, o de la querella en los
delitos de acción privada;
5. La aplicación de un criterio de oportunidad, en los supuestos y formas
previstos en este Código;
6. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios obtenidos a través de la
mediación;
7. El cumplimiento del plazo de suspensión condicional de la
persecución penal, sin que ésta sea revocada;
8. Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;
9. La renuncia o perdón de la víctima, cuando esté expresamente
autorizado, y,
10.La amnistía.
Art. 73 Interrupción de la prescripción. Durante el proceso, el cómputo del
plazo para la prescripción se interrumpe con la fuga del acusado o cuando
el tribunal declare la incapacidad del acusado por trastorno mental. En el
primero de los casos, una vez habido el acusado, el plazo comienza a
correr íntegramente; en el segundo, una vez declarado el
restablecimiento de la capacidad mental del acusado, el cómputo del
plazo se reanudará.
Art. 74 Efectos de la prescripción. La prescripción corre, se suspende o
interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes en el delito.
Art. 75 Desistimiento. El acusador particular podrá desistir de la acción por él
ejercida en cualquier momento del proceso. En este caso quedará

28
excluido definitivamente del proceso, asumirá las costas propias y
quedará sujeto a la decisión general que sobre costas adopte el tribunal en
la sentencia, salvo que las partes convengan lo contrario.
Cuando se trate de delitos de acción privada, el querellante igualmente
podrá desistir de la querella, en cuyo caso asumirá todas las costas salvo
convenio en contrario con el querellado.
Art. 76 Abandono. Se considerará abandonada la acción ejercida por el
acusador particular, y excluido del proceso en tal condición, cuando sin
justa causa:
1. Omita intercambiar información y elementos de prueba con la
defensa;
2. Se ausente al inicio del Juicio;
3. Omita realizar su alegato de apertura;
4. Se aleje de la sala de audiencias, o,
5. Omita realizar su alegato conclusivo.
En el caso de los delitos de acción privada, se entenderá abandonada la
querella cuando el querellante, sin justa causa, no comparezca a
cualquiera de las audiencias previas al Juicio o incurra en cualquiera de
las circunstancias señaladas como causal de abandono para el acusador
particular.
Capítulo VI
De la acusación y de la querella
Art. 77 Requisitos de la acusación. El escrito de acusación deberá contener:
1. Nombre del tribunal al que se dirige la acusación;
2. Nombre y cargo del fiscal;
3. El nombre y generales de ley del acusado, si se conocen, o los datos
que sirvan para identificación;

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4. Nombre y generales de ley o datos que sirvan para la identificación
del ofendido o víctima, si se conocen;
5. La relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho
punible, la participación del acusado en él, su posible calificación
legal, y los elementos de convicción que la sustentan disponibles en el
momento, y,
6. La solicitud de trámite.
Cuando el Ministerio Público, en razón de la exención de responsabilidad
criminal de una persona conforme lo establecido en el Código Penal,
estime que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad, así lo
solicitará.
Art. 78 Acusación particular. Cuando en los delitos de acción pública, la
víctima manifieste ante la autoridad judicial su intención de constituirse
en parte acusadora, lo podrá hacer:
1. Adhiriéndose a la acusación presentada por el Ministerio Público;
2. Interponiendo un escrito de acusación autónomo que cumpla los
requisitos del artículo anterior, formulando cargos y ofreciendo
elementos de convicción distintos de los presentados por aquel todo
sin detrimento del derecho del defensor de prepararse para enfrentar la
nueva acusación, o,
3. Acusando directamente cuando el fiscal decline hacerlo, en la forma y
en los términos previstos en este Código.
Art. 79 Requisitos de la querella. En los delitos de acción privada, la querella
será presentada por escrito, personalmente o por apoderado especial, y
deberá contener bajo pena de inadmisibilidad:
1. Nombre del tribunal al que se dirige la querella;
2. Nombre, generales de ley y número de cédula de identidad del
querellante y, en su caso, también los de su apoderado;
3. Nombre, generales de ley del querellado o, si se ignoran, cualquier
dato o descripción que sirva para identificarlo;
4. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho
punible, la participación del querellado en él y su posible calificación
legal, y,
5. La solicitud de trámite y demás peticiones.

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El escrito de querella deberá ir acompañado del listado de los medios de
prueba de que se dispone con indicación expresa de los extremos sobre
los que versará esa prueba; deberá acompañarse la prueba documental.
Art. 80 Lugar de presentación. La acusación o la querella debe ser presentada
ante el juez competente. Cuando la acusación particular se presente una
vez iniciado el proceso, lo deberá ser ante el juez de la causa.
En los complejos judiciales donde exista Oficina de Recepción y
Distribución de Causas, el fiscal o el querellante, según se trate,
presentará allí la acusación o querella. Dicha oficina designará la
autoridad competente para conocerla con fundamento en lo dispuesto en
la Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento.
Capítulo VII
Del ejercicio de la acción civil
Art. 81 Procedencia. Una vez firme la sentencia condenatoria, declarada la
exención de responsabilidad penal sin exención de la civil conforme el
Código Penal o decretada la suspensión condicional de la persecución
penal, quien conforme el presente Código se considere víctima u
ofendido, o la Procuraduría General de Justicia en su caso, podrá
formular ante el juez que dictó la sentencia penal, solicitud de restitución,
siempre que no lo hubiera ya ordenado en la sentencia condenatoria, y
tasación de daños y perjuicios, según proceda.
La solicitud deberá señalar la identidad del condenado y de toda aquella
persona que pueda aparecer como responsable civil con base en la ley o
en relación contractual.
Art. 82 Contenido. La solicitud se presentará en papel común y deberá
contener:
1. Nombre, generales de ley y número de documento de identidad del
solicitante y, en su caso, de su apoderado legal;
2. Nombre y generales de ley de la o las personas consideradas
civilmente responsables;

31
3. El fundamento de derecho que se invoca;
4. La expresión concreta de la pretensión de restitución, reparación del
daño o indemnización por perjuicios, determinando
individualizadamente la cuantía correspondiente a las distintas
partidas resarcitorias, y,
5. Las pruebas que se propone practicar para tasar los daños y perjuicios
alegados y su relación de causalidad con el hecho ilícito.
La solicitud deberá acompañarse de copia certificada de la sentencia
condenatoria.
Art. 83 Admisibilidad. El juez examinará la solicitud y, si falta alguno de los
requisitos señalados en el artículo anterior, la devolverá al solicitante para
que la corrija dentro del plazo de cinco días, transcurrido el cual, si no se
efectúan las correcciones, dictará auto rechazándola.
El auto que rechaza la solicitud podrá ser impugnado mediante los
recursos de reposición y apelación en su caso ante el respectivo órgano
competente, en los términos establecidos en el presente Código. Si el
recurso de apelación es desestimado, la parte solo podrá reproducir su
reclamación en la vía civil ordinaria.
Cuando se declare admisible la solicitud, el juez la pondrá en
conocimiento del o los presuntos responsables civiles a fin de que, en un
plazo de tres días, contesten lo que tengan a bien y ofrezcan sus propios
medios de prueba de descargo a la parte solicitante con copia al juez.
Con su contestación o sin ella, el juez convocará a las partes a una
audiencia de conciliación y prueba, la que deberá celebrarse dentro de los
diez días siguientes.
Art. 84 Audiencia. El día y hora señalados, el juez realizará la audiencia,
iniciando con la celebración de un trámite de conciliación.
De lograrse acuerdo su contenido se incorporará en la resolución
definitiva. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba
ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.

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La falta de comparecencia del solicitante en forma injustificada implicará
el abandono de la solicitud, su archivo y la condenatoria en costas.
Si injustificadamente no comparece alguno o algunos de los presuntos
responsables civiles, se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y,
con base en ella, se resolverá. El o los que no comparezcan quedarán
vinculados a las resultas de la sentencia.
Art. 85 Sentencia. Dentro de tercero día, contado a partir de la celebración de la
audiencia, el juez dictará la resolución definitiva sobre la solicitud de
restitución, tasación del daño o perjuicio, estimando o desestimando, total
o parcialmente, las pretensiones planteadas.
La resolución referida contendrá:
1. Nombre, generales de ley y número de documento de identidad del
solicitante y, en su caso, de su apoderado legal;
2. Nombre y generales de ley de la o las personas declaradas
responsables civiles;
3. La orden de restituir, reparar los daños o indemnizar los perjuicios,
con su descripción concreta y detallada, y su monto exacto, y,
4. La orden de embargar bienes suficientes para responder por la
restitución, reparación o indemnización, y las costas, o cualquier otra
medida cautelar de carácter real.
En lo no previsto en cuanto al aseguramiento de los bienes que
servirán de garantía de la responsabilidad civil derivada de la
infracción penal, se estará a lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Civil.
Esta resolución será apelable en ambos efectos.
Si la resolución no es recurrida o si habiéndolo sido es confirmada,
quedará firme y el juez, a solicitud de parte, ejecutará la decisión
siguiendo el procedimiento para la ejecución de sentencias establecido en
el Código de Procedimiento Civil.
Art. 86 Prescripción. La solicitud para deducir la responsabilidad civil por
medio de este procedimiento especial prescribe un año después de haber

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adquirido el carácter de firme la respectiva sentencia condenatoria, la de
exención de responsabilidad penal sin exención de la civil o el auto de
suspensión condicional de la persecución penal.
Prescrita esta acción, queda a salvo el derecho a ejercer la acción que
corresponda en la vía civil.
Art. 87 Repetición. Los terceros condenados civilmente quedan obligados a
cumplir con la resolución, sin perjuicio del derecho de repetir contra los
directamente obligados, en juicio ordinario civil posterior.
TITULO III
DE LAS PARTES Y SUS AUXILIARES
Capítulo I
Del Ministerio Público
Art. 88 Respeto a garantías. En el ejercicio de la acción penal pública, el
Ministerio Público deberá guardar el más absoluto respeto a los derechos
y garantías consagrados en la Constitución Política, los tratados y
convenios internacionales relativos a los derechos humanos ratificados
por Nicaragua y los establecidos en este Código.
Art. 89 Funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público promoverá y
ejercerá la acción penal pública cuando, por cualquier medio, tenga
noticia del delito; en el caso de los delitos que requieran de instancia
particular, será necesaria la denuncia de la víctima o su representante, sin
perjuicio de los casos en que está facultado para intervenir de oficio.
Sólo podrá prescindirse de la acción penal pública en los casos
expresamente previstos por la ley.
El ejercicio de la acción penal pública no está subordinado a la actuación
previa de ninguna autoridad u órgano del poder público, ni lo resuelto por
ellos vincula en forma alguna al Ministerio Público, salvo en los casos
establecidos en la Constitución Política.

34
Art. 90 Objetividad. El Ministerio Público, con el auxilio de la Policía
Nacional, tiene el deber de procurar el esclarecimiento de los hechos en
el proceso penal, cumpliendo estrictamente con los fines de la
persecución penal.
Para el éxito de la investigación y el ejercicio de la acción penal ambas
instituciones deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto, la Policía
Nacional podrá solicitar al Ministerio Público asesoramiento jurídico que
oriente su labor investigativa.
En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a
un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la
ley penal. Deberá formular los requerimientos e instancias conforme a
este criterio, aun a favor del imputado.
Capítulo II
Del acusador particular y del querellante
Art. 91 Definición. Acusador particular es la víctima que, con o sin exclusión
del Ministerio Público, ejerce la acción penal pública. Es querellante la
víctima que ejerce la acción penal en los procesos por delitos de acción
privada.
Uno y otro, en caso de no ser abogados, deberán actuar asesorados por
profesionales del Derecho.
Art. 92 Poder. El poder para representar al acusador particular o al querellante
en el proceso debe ser especial, y expresar la autoridad a quien se dirige,
la persona acusada o querellada y el hecho punible de que se trata. El
poder deberá ser otorgado con las formalidades de ley.
Sin perjuicio de lo anterior, la víctima u ofendido, al intervenir en
cualquier audiencia oral, podrá solicitar al juez de la causa ser
representada en el proceso por otra persona con plena capacidad para
hacerlo y, previa aceptación expresa de ésta, el juez así lo admitirá,
otorgándole ipso facto la correspondiente intervención de ley; todo lo
anterior se hará constar en el acta de la audiencia. De igual forma se
procederá en los casos de sustitución o revocación de tal representación.

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Art. 93 Sustitución por muerte. Fallecido el acusador particular, un familiar, en
el orden en que este Código considera víctima u ofendido a los
familiares, podrá sustituirlo tomando el proceso en el estado en que se
encuentra. Si no hubiere acusación por el Ministerio Público o se tratare
del querellante, el juez suspenderá el proceso en espera de que sea
retomada la acción.
Capítulo III
Del imputado y del acusado
Art. 94 Designación. Tiene la condición de imputado toda persona que ha sido
detenida por las autoridades o contra quien el titular de la acción penal
solicite al juez su detención como posible autor o partícipe de un delito o
falta o citación a Audiencia Inicial, según el caso.
Se denomina acusado la persona contra quien se presenta la acusación.
En el procedimiento por delitos de acción privada el acusado se
denomina querellado. La condición de acusado o querellado cesa en el
momento en que adquiere firmeza el sobreseimiento o la sentencia de
absolución o condena.
Art. 95 Derechos. El imputado o el acusado tendrán derecho a:
1. Presentarse espontáneamente en cualquier momento ante la Policía
Nacional, el Ministerio Público o el juez, acompañado de su defensor,
para que se le escuche sobre los hechos que se le imputan;
2. Ser informado en el momento de su comparecencia o de su detención
de manera clara, precisa, circunstanciada y específica acerca de los
hechos que se le imputan;
3. Comunicarse con un familiar o abogado de su elección o asociación
de asesoría jurídica, para informar sobre su detención, dentro de las
primeras tres horas. Cuando se trate de zonas rurales con dificultades
de comunicación, este plazo se podrá extender hasta doce horas;
4. Amamantar a infantes en edad de lactancia, cuando sea el caso;
5. No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes de su dignidad personal;

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6. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad,
incluso con su consentimiento;
7. Asistencia religiosa;
8. Ser examinado por el médico antes de ser llevado a presencia judicial;
9. Ser presentado ante una autoridad judicial competente dentro de las
cuarenta y ocho horas posteriores al inicio de su detención;
10.Ser asesorado por un defensor que designe él o sus parientes o, si lo
requiere, por un defensor público o de oficio, según corresponda
conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial y el presente Código;
11.Ser asistido gratuitamente por intérprete, si no comprende o no habla
el idioma empleado por el tribunal;
12.Abstenerse de declarar, y a no declararse culpable, y,
13.No ser juzgado en ausencia, excepto cuando se fugue una vez iniciado
el Juicio.
Se reconocen los derechos del imputado a toda persona llamada a
declarar por la Policía Nacional como posible autor o partícipe de la
comisión de un delito.
El imputado detenido, sin perjuicio de las medidas de vigilancia, deberá
ser conducido y tratado por la Policía Nacional con las debidas garantías
individuales, el respeto de su dignidad humana y la observancia del
principio de inocencia, razones por las que no podrá ser presentado a la
prensa en condiciones que menoscaben dichos derechos; sin perjuicio
del derecho a la libertad de información de los medios de comunicación.
Art. 96 Identificación personal. El error sobre los datos generales de
identificación atribuidos al acusado se corregirá por el juez o tribunal
competente en cualquier estado del proceso y no afectará su desarrollo, ni
la fase de ejecución de la sentencia.
Art. 97 Capacidad del acusado. En cualquier estado del proceso, cuando
existan elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de
los hechos, el acusado no tenía la edad establecida para responder
penalmente como adulto conforme a la ley, será puesto a la orden del
competente Juzgado Penal de Distrito de Adolescentes.
El estado sobreviniente de alteración psíquica, de perturbación o
alteración de la percepción del acusado, que impida su participación en el

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proceso provocará su suspensión hasta que desaparezca esa incapacidad.
Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho ni la continuación
del proceso respecto de otros acusados. La incapacidad sólo podrá ser
declarada con fundamento en dictamen de médico forense rendido en
audiencia pública ante el juez, con participación de las partes y, de ser el
caso, se decretará la medida cautelar que corresponda.
Art. 98 Rebeldía. Se considerará rebelde al imputado o al acusado que sin justa
causa no comparezca a la citación formulada por los jueces o tribunales,
se fugue del establecimiento o lugar en que se halle detenido, o se ausente
del lugar asignado para su residencia.
Al decretarse la rebeldía, el juez competente dispondrá su detención y al
efecto expedirá orden a las autoridades policiales.
Art. 99 Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá el
proceso, pero impedirá la celebración del Juicio no iniciado.
Si la rebeldía se produce una vez iniciado el Juicio, éste continuará hasta
su fenecimiento, y el acusado será representado por su defensor.
Capítulo IV
De los defensores
Art. 100 Ejercicio. Pueden ser defensores los abogados en el ejercicio libre de su
profesión y los Defensores Públicos.
En aquellos lugares en los que aún no exista el servicio de la Defensa
Pública o, existiendo, hubiere contraposición de intereses entre
imputados, el juez de la causa podrá designar Defensores de Oficio. Los
defensores de oficio se designarán rotativamente de entre los abogados en
ejercicio de la localidad; si en la localidad, no hay abogados, la
designación podrá recaer en egresados de las escuelas de Derecho y, en
su defecto, en estudiantes o entendidos en Derecho.
El servicio de Defensoría Pública es gratuito. Los honorarios
profesionales dejados de percibir por los Defensores de Oficio, a
propuesta de éstos y tomando como base el salario horario de un

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Defensor Público, serán tasados por el juez de la causa y establecidos en
la resolución judicial respectiva; a efectos del pago del Impuesto sobre la
Renta, estos honorarios se podrán acreditar como donaciones efectuadas
en beneficio del Estado y, en consecuencia, serán deducibles de la renta
bruta anual gravable en la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta
del año en que se establecieron o en los siguientes dos años.
Art. 101 Designación. El acusado tiene derecho a designar un abogado de su
elección como defensor desde el momento del inicio del proceso. La
designación del defensor será comunicada al juez.
Se permitirá la autodefensa de quienes sean profesionales en Derecho,
aunque no estén autorizados para el ejercicio profesional de la abogacía.
La intervención del defensor no menoscaba el derecho del acusado a
formular solicitudes y observaciones.
Art. 102 Admisión. La designación del defensor por parte del imputado estará
exenta de formalidades. La simple presencia del defensor en los
procedimientos, previa identificación que acredite su condición
profesional, valdrá como designación y obliga al Ministerio Público, al
juez o tribunal, a los funcionarios o agentes de policía u otros entes
ejecutivos o de gobierno a reconocerla. Luego de conocida, la
designación se hará constar en acta.
Cuando el imputado esté privado de su libertad, cualquier persona de su
confianza puede proponer, oralmente o por escrito, ante la autoridad
competente la designación del defensor, la que deberá ser comunicada al
imputado de inmediato.
Art. 103 Alcance del ejercicio de la defensa. A partir del momento de su
detención, toda persona tiene derecho a que se le brinden todas las
facilidades para la comunicación libre y privada, personal o por cualquier
otro medio, con su abogado defensor. Se prohíbe estrictamente, bajo
responsabilidad administrativa o penal, la interceptación o revisión previa
de las comunicaciones entre acusado y abogado, o entre éste y sus
auxiliares o asesores, así como el decomiso de cosas relacionadas con la
defensa.

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Los defensores tendrán, desde el momento de su designación, el derecho
de intervenir en todas las diligencias en las que se procure la prueba.
Art. 104 Obligatoriedad y renuncia. El ejercicio del cargo de defensor será
obligatorio para el abogado que lo acepte, salvo excusa fundada admitida
por el juez. El defensor podrá renunciar solo por justa causa al ejercicio
de la defensa; en este caso, el juez fijará un plazo de tres días para que el
acusado nombre a otro. Si no lo hace, será reemplazado por un defensor
público o de oficio, según corresponda.
El defensor renunciante no podrá abandonar la defensa mientras no
intervenga quien ha de sustituirle. No se podrá renunciar ni abandonar la
defensa durante las audiencias ni una vez notificado el señalamiento de
ellas.
Art. 105 Abandono. Si el defensor abandona la defensa y deja a su defendido sin
abogado, se procederá a su inmediata sustitución por un defensor público
o de oficio según corresponda, en la forma señalada en los artículos
anteriores, hasta que el acusado designe a quien haya de sustituirle.
Cuando se produzca abandono injustificado de la defensa, el juez remitirá
a la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia
un informe sobre los hechos para que ésta proceda de conformidad con la
materia propia de su competencia. Lo anterior es igualmente aplicable
para los casos de abandono por el defensor público o de oficio.
El abandono injustificado de la defensa hará acreedor al responsable de la
obligación civil, declarada por el mismo juez ante el cual se produzca la
falta consistente en el pago del costo de las audiencias que debieron
repetirse a causa del abandono.
Art. 106 Revocatoria. En cualquier estado del proceso, salvo durante las
audiencias, podrá el acusado revocar la designación de su defensor, en
cuyo caso deberá proceder a una nueva designación. Si el acusado no
designa defensor, se procederá a designarle un defensor público o de
oficio, según corresponda.
Art. 107 Defensor común. La defensa de varios acusados podrá ser confiada a un
defensor común, siempre que no existan entre ellos intereses

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contrapuestos. Si ello es advertido, de oficio se procederá a las
sustituciones que el caso amerite o, de ser el caso, a informar a la
Dirección de la Defensoría Pública para que se proceda a designar uno o
varios sustitutos según sea necesario.
Art. 108 Defensor sustituto. Con el consentimiento expreso del acusado, su
defensor podrá designar ante la autoridad judicial a un defensor sustituto
para que intervenga en la causa cuando el titular tenga algún
impedimento temporal y así lo haya informado previamente al juez o
tribunal. La intervención del defensor sustituto no modificará en forma
alguna el procedimiento.
Si el defensor titular abandona la defensa, el sustituto le reemplazará
definitivamente.
La Dirección de la Defensoría Pública podrá nombrar un sustituto del
defensor público asignado, para que asista a las diligencias para cuya
asistencia el titular tenga algún impedimento.
Capítulo V
De la víctima
Art. 109 Definición. Para efectos del presente Código, se considera víctima u
ofendido:
1. La persona directamente ofendida por el delito;
2. En los delitos cuyo resultado sea la muerte o la desaparición del
ofendido, cualquiera de los familiares, en el siguiente orden:
a) El cónyuge o el compañero o compañera en unión de hecho
estable;
b) Los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad;
c) Los ascendientes hasta el segundo grado de consanguinidad;
d) Los hermanos;
e) Los afines en primer grado, y,
f) El heredero legalmente declarado, cuando no esté comprendido en
algunos de los literales anteriores;

41
3. La Procuraduría General de Justicia, en representación del Estado o
sus instituciones, y en los demás casos previstos en el presente Código
y las leyes;
4. Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que
afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen,
administran o controlan, y,
5. Cualquier persona natural o jurídica podrá acusar ante los tribunales
de justicia un delito de acción pública, incluyendo los delitos
cometidos por funcionarios públicos.
Si las víctimas son varias podrán actuar por medio de una sola
representación.
Art. 110 Derechos de la víctima. La víctima, como parte en el proceso penal,
podrá ejercer los siguientes derechos que este Código le confiere:
1. Conocer oportunamente la propuesta de acuerdo mediante el cual el
Ministerio Público prescindirá total o parcialmente de la persecución
penal y hacer uso de sus derechos en los casos previstos en el presente
Código;
2. Ser oída e intervenir en las audiencias públicas del proceso, en las que
se haga presente y solicite su intervención;
3. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra
suya o de su familia;
4. Constituirse en el proceso como acusador particular o querellante,
según proceda;
5. Ofrecer medios o elementos de prueba;
6. Interponer los recursos previstos en el presente Código;
7. Ejercer la acción civil restitutoria o resarcitoria en la forma prevista
por el presente Código, y,
8. Los demás derechos que este Código le confiere.
Asimismo, al conocer de la denuncia y en los casos que proceda, el
Ministerio Público, por medio de su dependencia de atención a las
víctimas de delitos, en coordinación con la Policía Nacional y las
instituciones estatales de salud física y mental, con las entidades de

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servicio y proyección social de las universidades estatales y las
universidades y asociaciones privadas civiles o religiosas que lo deseen,
prestará la asistencia técnica y profesional inmediata que requieran las
víctimas, cuando se trate de personas naturales.
Art. 111 Asistencia especial. Por razones humanitarias, para asistir a las víctimas
de escasos recursos, las escuelas y facultades de Derecho y
organizaciones humanitarias, podrán proporcionar por medio de sus
abogados asistencia jurídica gratuita.
Capítulo VI
De la Policía Nacional
Art. 112 Respeto a garantías. En sus actuaciones, la Policía Nacional deberá
guardar el más absoluto respeto a los derechos y garantías individuales
consagrados en la Constitución Política, los tratados y convenios
internacionales relativos a los derechos humanos ratificados por
Nicaragua y los establecidos en este Código.
Art. 113 Funciones de la Policía Nacional. Sin detrimento de sus tareas de
prevención, la Policía Nacional por iniciativa propia, por denuncia, o por
orden del fiscal, deberá proceder a investigar cualquier hecho que pudiera
constituir delito o falta, a impedir que los hechos cometidos sean llevados
a consecuencias ulteriores, a individualizar y aprehender a los autores y
partícipes, y a reunir elementos de investigación útiles y demás elementos
de información necesarios para dar base al ejercicio de la acción por el
Ministerio Público.
En los delitos de acción pública dependiente de instancia particular,
procederá a la investigación cuando se trate de delito flagrante o exista
denuncia de la persona facultada para instar la acción; en estos casos
deberá actuar de oficio para interrumpir la comisión del delito, prestar
auxilio a la víctima, realizar actos urgentes de investigación o aprehender
en su caso.

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Capítulo VII
Del Instituto de Medicina Legal y los médicos forenses
Art. 114 Peritación médico legal. Cuando para esclarecer un delito o falta
cometido en cualquier parte del territorio nacional sea necesaria o
conveniente la práctica de exámenes, diagnósticos, dictámenes o
informes periciales médicos, tanto tanatológicos como clínicos y de
laboratorio, para conocer o apreciar un elemento de prueba, la Policía
Nacional, el Ministerio Público y la defensa a través del fiscal o del juez,
podrán solicitar, según proceda, la intervención del Instituto de Medicina
Legal o de cualquier miembro del Sistema Nacional Forense, para que
exprese su opinión sobre el punto en cuestión.
Art. 115 Funciones del Instituto. En su función auxiliar del sistema de
administración de justicia penal, el Instituto de Medicina Legal y el
Sistema Nacional Forense ejercerán las siguientes funciones:
1. Realizar evaluación facultativa de los privados de libertad o víctimas
en los supuestos y forma que determinan las leyes;
2. Elaborar los diagnósticos médicos legales que contribuyan al
esclarecimiento de los hechos y posibiliten una adecuada tipificación
del ilícito penal, basados en los indicios o rastros encontrados en el
lugar de los hechos;
3. Evaluar a las personas remitidas por orden policial, del Ministerio
Público o del juez competente y emitir el dictamen respectivo;
4. Participar en el estudio y análisis de casos médicos legales relevantes
en coordinación con autoridades judiciales, policiales y del Ministerio
Público;
5. Velar por la seguridad de las pruebas objeto de su estudio;
6. Garantizar el control de calidad en los análisis de laboratorio que se
realicen, cumpliendo con las normas técnicas de laboratorio;
7. Determinar la causa y hora de muerte y ayudar a establecer las
circunstancias en que ésta se produjo, en todos los casos en que
legalmente se requiera, así como ayudar en la identificación del
cadáver;
8. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la ley de la
materia, y,
9. Cualquier otra que establezca la ley.

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En sus funciones técnicas, el Instituto emitirá informes o dictámenes de
acuerdo con las reglas de la investigación científica pertinentes.
Art. 116 Comparecencia del médico forense. Las evaluaciones o diagnósticos
elaborados por el Instituto de Medicina Legal o los integrantes del
Sistema Nacional Forense de interés para la resolución de la causa, que
conste en informes o dictámenes redactados al efecto, se incorporarán al
Juicio a través de la declaración del profesional que directamente haya
realizado la evaluación, exámenes y demás prácticas periciales forenses
o, en su defecto, por quien los supervisó.
La intervención del médico o profesional de la ciencia forense se
desarrollará en la forma prevista para la intervención de los peritos.
Capítulo VIII
De otros auxiliares
Art. 117 Consultores técnicos. Si por la particularidad o complejidad del caso, el
Ministerio Público o alguno de los intervinientes considera necesaria la
asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, podrá proponerlo
al juez o tribunal, el que decidirá sobre su designación conforme las
reglas aplicables a los peritos, sin que por ello asuma tal carácter. Los
honorarios del Consultor Técnico correrán por cuenta de la parte que lo
propuso.
Art. 118 Asistentes. Las partes pueden designar asistentes para que colaboren en
sus tareas. En este caso, asumen la responsabilidad por su elección y
vigilancia.
Los asistentes sólo cumplen con tareas accesorias, sin que les esté permitido
sustituir a quienes ellos auxilian; pueden asistir a las audiencias sin
intervenir directamente en ellas.

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TITULO IV
DE LOS ACTOS PROCESALES
Capítulo I
Art. 119 Idioma oficial e intérprete. Los actos procesales deberán realizarse en
el idioma español, sin perjuicio de lo dispuesto legalmente sobre el uso
oficial de las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica.
Deberá proveerse de intérprete a las personas que no comprendan el
idioma del tribunal, así como a los mudos o sordomudos y a quienes
tengan cualquier otro impedimento para darse a entender. En estos
últimos casos, el intérprete será escogido con preferencia entre aquellas
personas habituadas a tratar al deponente.
Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español
deberán ser traducidos cuando sea necesario.
Art. 120 Saneamiento de defectos formales. El juez, tribunal o fiscal que
constate un defecto formal saneable en cualquier gestión, recurso o
instancia de constitución de los sujetos del proceso, lo comunicará al
interesado y otorgará un plazo para su corrección, el cual no será mayor
de cinco días. Si no se corrige en el plazo conferido, resolverá lo
correspondiente.
Art. 121 Lugar. Los tribunales actuarán en su propia sede; sin embargo, deberán
trasladarse para la práctica de aquellas diligencias que requieran su
presencia a cualquier lugar de su competencia territorial.
En casos de fuerza mayor o cuando, antes de la convocatoria a Juicio, el
defensor solicite el cambio de lugar en que éste debería celebrarse, por la
falta de condiciones para garantizar la independencia e imparcialidad del
jurado o el libre ejercicio de la defensa, y el juez lo autorice, el Juicio se
podrá celebrar en lugar distinto al de la sede del tribunal.
De ser necesario, a solicitud de cualquiera de las partes, el juez podrá
ordenar que el jurado sea integrado con ciudadanos del municipio al que
sea trasladada la celebración del juicio oral, seleccionando sus miembros

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de la lista que, al efecto, se solicitará de previo a la Delegación de
Cedulación competente.
Art. 122 Tiempo. Salvo que la ley contenga una disposición especial, los actos
podrán ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora. Cuando en este
Código se indique que una actividad debe hacerse inmediatamente, se
entenderá que deberá realizarse dentro de las siguientes veinticuatro
horas; si no existe plazo fijado para su realización, se deberá realizar
dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas.
Art. 123 Registros y controles. En todos los juzgados y tribunales del país se
llevarán los registros y controles que sean necesarios para la buena
gestión del despacho. La Corte Suprema de Justicia dictará las normas de
aplicación sobre esta materia.
Las sentencias dictadas por los órganos judiciales se archivarán y foliarán
cronológicamente, para luego encuadernarse anualmente.
Art. 124 Expediente. El juzgado llevará un expediente, cronológicamente
ordenado, en el que se registrarán y conservarán los escritos y
documentos presentados y las actas de las audiencias y demás
actuaciones judiciales que se realicen en la causa.
Por ningún motivo el expediente saldrá sin custodia de los despachos
judiciales. Las partes podrán obtener a su costa copias simples de las
actuaciones judiciales sin ningún trámite.
Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de
las resoluciones o de otros actos procesales necesarios, se repondrá con
las copias en poder de las partes o del tribunal.
Si no existe copia de los documentos, el juez o tribunal ordenará que se
reciban las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando
esto no sea posible dispondrá su reposición señalando el modo de hacerlo
en audiencia pública, con presencia de las partes.
Art. 125 Escritos y presentación. Para todo escrito en materia penal se usará papel
común. Para su validez, todo escrito y documento deberá ser presentado
exclusivamente en la sede del juzgado o tribunal, y de ellos y de las

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resoluciones dictadas por el juez o tribunal se deberá entregar copia a cada
una de las partes que intervengan en el proceso.
Art. 126 Actas. Las actas de anticipo jurisdiccional de prueba, de las audiencias
judiciales y otras que se requieran en el proceso deben ser hechas con la
indicación de lugar, año, mes, día y hora en que hayan sido redactadas,
las personas que han intervenido y una relación sucinta de los actos
realizados.
El acta será suscrita por los funcionarios y demás intervinientes. Si
alguno no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de ese hecho.
Art. 127 Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el juez o tribunal
podrá requerir la intervención de la Policía Nacional y disponer todas las
medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene.
Capítulo II
De los plazos
Art. 128 Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los
plazos establecidos. En los procesos penales son hábiles todas las horas y
días del año; en consecuencia, para la determinación de los plazos,
cuando la ley así lo disponga o cuando se trate de medidas cautelares, se
computarán los días corridos. No obstante, cuando en el presente Código
y demás leyes penales se establecen plazos a los jueces, el Ministerio
Público o las partes se computarán así:
1. Si son determinados por horas, comenzarán a correr inmediatamente
después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin
interrupción;
2. Si son determinados por días, comenzarán a correr al día siguiente de
practicada su notificación, y se tendrán en cuenta únicamente los días
de despacho judicial. En consecuencia, a efecto del cómputo del
plazo, no se tomarán en cuenta los días sábados y domingos, los días
feriados o de asueto ni los comprendidos en el período de vacaciones
judiciales, y,

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3. Si son determinados por meses, comenzarán a correr al día siguiente
de practicada su notificación, y se tendrán en cuenta todos los días del
mes, incluyendo los excluidos del numeral anterior.
Estos plazos se ampliarán en dos días cuando la distancia a la sede del
tribunal sea superior a doscientos cincuenta kilómetros y en otros dos
días cuando esa distancia supere los quinientos kilómetros.
Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última
notificación que se practique a los interesados.
Los plazos legales y judiciales vencerán una hora después de la apertura
del despacho judicial del día siguiente al último día señalado, sin
perjuicio de los casos en que la ley permita su prórroga o subordine su
vencimiento a determinada actividad o declaración de voluntad.
Cuando la finalización de un plazo determinado por horas, días o meses
sea sábado o domingo, feriado o de asueto, su término se entenderá
prorrogado a la audiencia de despacho judicial del día inmediato
siguiente.
Art. 129 Renuncia o abreviación. Las partes a cuyo favor se haya establecido un
plazo podrán renunciarlo o abreviarlo, en forma tácita o expresa.
Art. 130 Plazos para los funcionarios públicos. Los plazos que regulan la tarea
de los funcionarios públicos serán observados estrictamente. Su
inobservancia por causa injustificada implicará mal desempeño de sus
funciones y causará responsabilidad personal.
Art. 131 Plazos judiciales. Cuando la ley permita la fijación de un plazo judicial,
el juez lo establecerá conforme con la naturaleza del proceso, a la
importancia de la actividad que se deba cumplir y los derechos de las
partes.
Capítulo III
Del control de la duración del proceso

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Art. 132 Audiencias orales. Los jueces y tribunales celebrarán las audiencias
orales sin dilación y fijarán el tiempo absolutamente indispensable para
realizarlas.
Art. 133 Queja por retardo. Si los representantes del Ministerio Público o los
jueces no cumplen con los plazos establecidos para realizar sus
actuaciones y, en su caso, dictar resoluciones, el interesado podrá urgir
pronto despacho ante el funcionario omiso y si no lo obtiene dentro del
plazo de cuarenta y ocho horas, podrá interponer queja por retardo, según
corresponda, ante la Inspectoría General del Ministerio Público o la
Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 134 Duración del proceso. En todo juicio por delitos en el cual exista
acusado preso por la presunta comisión de un delito grave se deberá
pronunciar veredicto o sentencia en un plazo no mayor de tres meses
contados a partir de la primera audiencia. Si no hay reo detenido, este
plazo se elevará a seis meses. Cuando se trate de delitos menos graves,
estos plazos serán de uno y dos meses, respectivamente. En los juicios
por faltas deberá recaer resolución en un plazo máximo de diez días.
En cada caso, el tiempo de demora atribuible a la defensa, fuera de los
plazos legalmente establecidos, interrumpe el cómputo del plazo.
Igualmente lo interrumpirá el caso fortuito o la fuerza mayor.
Si transcurridos los plazos señalados para el proceso penal con acusado
detenido, no ha recaído veredicto o sentencia, el juez ordenará la
inmediata libertad del acusado y la continuación del proceso; si
transcurren los plazos señalados para el proceso penal sin acusado
detenido, sin que se hubiera pronunciado veredicto o sentencia, se
extinguirá la acción penal y el juez decretará el sobreseimiento de la
causa. El acusado puede renunciar a este derecho expresamente
solicitando una extensión de este plazo.
Art. 135 Asuntos de tramitación compleja. Cuando se trate de causas sobre
hechos relacionados con actividades terroristas, legitimación de capitales,
tráfico internacional de drogas, delitos bancarios o tráfico de órganos o
de personas, el juez, a solicitud fundada del Ministerio Público expresada
en el escrito de acusación, y previa audiencia al acusado, podrá declarar

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en forma motivada la tramitación compleja de la causa, que producirá los
siguientes efectos:
1. Los plazos para interponer y tramitar los recursos se duplicarán;
2. En la etapa de Juicio, los plazos establecidos en favor de las partes
para realizar alguna actuación y aquellos que establecen un
determinado tiempo para celebrar las audiencias, se duplicarán;
3. Cuando la duración del Juicio sea mayor de treinta días, el plazo
máximo de la deliberación se extenderá a cinco días y el de dictar la
sentencia a diez días, y,
4. El plazo ordinario de las medidas cautelares se podrá extender hasta
un máximo de doce meses y, una vez recaída sentencia condenatoria,
hasta un máximo de seis meses.
La resolución que disponga que el asunto es de tramitación compleja
deberá ser adoptada a más tardar en la Audiencia Inicial y será apelable
por el acusado. El recurso de apelación tendrá un trámite preferencial y
será resuelto dentro de tercero día, sin oír nuevas razones del Ministerio
Público.
La declaración de complejidad de la causa podrá ser revocada en
cualquier momento, de oficio o a petición de parte.
Capítulo IV
Del auxilio entre autoridades
Art. 136 Reglas generales. Cuando un acto procesal se deba ejecutar por
intermedio de otra autoridad, el juez o tribunal podrá, por escrito,
encomendarle su cumplimiento. No obstante, podrá utilizar otros medios
electrónicos que garanticen su autenticidad. La solicitud de auxilio
judicial no estará sujeta a ninguna formalidad, sólo indicará el pedido
concreto, el proceso de que se trate, la identificación del juez o tribunal y
el plazo en el que se necesita la respuesta.
Art. 137 Comunicación directa. El juez o los tribunales podrán de conformidad
con la ley dirigirse directamente entre sí o a cualquier autoridad o
funcionario de la República, quienes prestarán su colaboración y
expedirán los informes que le soliciten sin demora alguna.

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Art. 138 Suplicatorio a tribunales extranjeros. Respecto a los tribunales
extranjeros, se empleará la fórmula de suplicatorio. El juez o tribunal
interesado enviará el suplicatorio al Ministerio de Relaciones Exteriores,
por medio de la Corte Suprema de Justicia, para que lo tramite por la vía
diplomática.
No obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a
cualquier tribunal o autoridad extranjeros anticipando el requerimiento o
la contestación formal.
Art. 139 Retardo. Si el trámite de una solicitud o comisión es demorado, deberá
reiterarse. De no obtener respuesta en un plazo razonable, el juez o
tribunal solicitante comunicará al Ministerio Público para que proceda de
conformidad con la ley.
Art. 140 Comunicación de policías y fiscales. En las tareas propias de las
funciones que le atribuye este Código, los policías o fiscales se
comunicarán con las autoridades nacionales, jueces o entre sí de forma
directa y expedita.
Capítulo V
De las notificaciones, citaciones y audiencias
Art. 141 Regla general. Las resoluciones dictadas en la audiencia quedarán
notificadas con su pronunciamiento. Las dictadas fuera de audiencia se
notificarán a quienes corresponda dentro de las siguientes cuarenta y
ocho horas de dictadas, y no obligan sino a las personas debidamente
notificadas.
En los complejos judiciales donde haya Oficina de Notificaciones se
observará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y su
Reglamento.
Art. 142 Forma. Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar, lugar y
modo para oír notificaciones dentro del territorio en que se asienta el
juzgado o tribunal, bajo apercibimiento de ser notificadas en adelante
mediante la Tabla de Avisos por el transcurso de veinticuatro horas

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después de dictada la resolución, providencia o auto, si no lo hacen.
Cualquiera de los intervinientes podrá ser notificado personalmente en
secretaría del juzgado o tribunal.
Sin embargo, los defensores, fiscales y funcionarios públicos que
intervienen en el proceso serán notificados en sus respectivas oficinas,
siempre que éstas se encuentren dentro del asiento del juzgado o tribunal.
Cuando el interesado lo acepte expresamente, podrá notificársele por
medio de carta certificada, telegrama, telefax, correo electrónico o
cualquier otro medio electrónico de comunicación. De ser así, el plazo
correrá a partir del recibimiento de la comunicación, según lo acredite el
correo o la oficina de transmisión. También podrá notificarse mediante
otros sistemas autorizados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que
no causen indefensión.
Art. 143 Notificaciones a defensores y representantes. Si las partes tienen
defensor o representante, las notificaciones serán hechas solamente a
éstos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exija que también sea
notificado a las partes personalmente.
Art. 144 Práctica y contenido. Las notificaciones se practicarán entre las siete de
la mañana y las siete de la noche y serán realizadas por los funcionarios
de la Oficina de Notificaciones, los oficiales notificadores o secretarios
de los juzgados o tribunales.
Las notificaciones se practicarán personalmente. Cuando no se encuentre
en el lugar a la persona a quien va dirigida, el notificador así lo hará
constar y entregará la respectiva cédula a cualquier persona mayor de
dieciséis años de edad que habite en la casa del llamado a ser notificado.
La cédula de notificación contendrá:
1. Nombre del juzgado o tribunal y fecha de la resolución;
2. Nombre del notificado;
3. Nombre de la parte acusadora;
4. Nombre del o los acusados;
5. Causa de que se trata y número de expediente;

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6. Contenido íntegro de la resolución que se notifica;
7. De ser el caso, nombre de quien recibe la cédula;
8. Lugar, hora y fecha de notificación;
9. Nombre y firma del notificador, y,
10.Recurso a que tiene derecho y plazo de interposición.
Cuando la parte notificada o quien reciba la cédula se niegue a firmar, el
notificador así lo hará constar en la cédula y en la razón que se asentará
en el expediente.
Art. 145 Notificación por edictos. Cuando se ignore el lugar donde se encuentre
la persona por ser notificada, de oficio o a solicitud de parte, el juez
solicitará a la Oficina de Cedulación que corresponda, informe acerca del
domicilio que dicha persona tiene registrado. Asimismo y de ser
necesario se oficiará a la Dirección General de Migración para que
informe sobre su salida al exterior o presencia en el país. Con la
información obtenida, si es posible, se procederá a efectuar la
notificación.
Si a pesar de lo anterior no se logra obtener el domicilio de la persona
que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edictos
publicados en medios escritos de comunicación social de circulación
nacional, con cargo al presupuesto del Poder Judicial cuando se trate de
causas por delitos de acción pública.
Art. 146 Nulidad. La notificación será nula, por causar indefensión, en los
siguientes casos:
1. Cuando haya existido error sobre la identidad de la persona notificada;
2. Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta o entregada en
un lugar diferente del señalado;
3. Si no consta en la resolución que se notifica, cuya copia se acompaña,
la fecha de su emisión;
4. Cuando no se haga constar en la cédula o en la razón asentada en el
expediente la fecha de la notificación;
5. Cuando falte alguna de las firmas requeridas;
6. Si existe disconformidad entre el original y la copia;

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7. Cuando no pueda acreditarse la autenticidad del telegrama, telefax o
correo electrónico empleado, o no sea recibido en forma clara y
legible, y,
8. En general, cuando el incumplimiento de alguno de los requisitos
esenciales señalados en este capítulo cause agravio al llamado a ser
notificado.
Art. 147 Citación. El imputado o acusado, las víctimas, testigos, peritos e
intérpretes podrán ser citados por el Ministerio Público o los tribunales
cuando sea necesaria su presencia para llevar a cabo un acto de
investigación o procesal. Las personas a que se refiere este artículo
podrán presentarse a declarar espontáneamente ante la Policía Nacional o
el Ministerio Público.
Cuando sea de urgencia, podrán ser citados verbalmente, por teléfono,
por correo electrónico, telefax, telegrama o cualquier otro medio de
comunicación interpersonal, lo cual se hará constar.
Los empleadores están obligados a permitir la comparecencia de sus
trabajadores en carácter de víctima, perito, intérprete o testigo, cuando
sean debidamente citados, sin menoscabo de su salario y de su estabilidad
laboral.
De ser necesario por razones de urgencia, el testigo, perito o intérprete
citado legalmente, que omita sin legítimo impedimento comparecer en el
lugar, día y hora establecidos, podrá, por orden del juez, ser conducido
por la fuerza pública a su presencia, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones a que haya lugar según el Código Penal u otras leyes.
Si el testigo reside en un lugar lejano a la sede del tribunal y no dispone
de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para
asegurar su comparecencia.
Art. 148 Contenido de la citación. La citación deberá contener:
1. Autoridad ante la cual se debe comparecer;
2. Nombre y apellido del citado;
3. Motivo de la citación;
4. Lugar, fecha y hora de comparecencia, y,

55
5. Advertencia de que si la orden no se obedece, sin perjuicio de la
responsabilidad penal correspondiente, la persona podrá ser conducida
por la fuerza pública y pagar los gastos que ocasione, salvo justa
causa.
Art. 149 Citación a militares y policías. Los militares y policías, cuando sean
llamados como testigos o expertos, serán citados por conducto del
superior jerárquico respectivo, salvo disposición especial de la ley.
Art. 150 Constancia. El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las
citaciones y notificaciones se hará constar de manera sucinta por quien la
practicó.
Capítulo VI
De las resoluciones jurisdiccionales
Art. 151 Clases. Los tribunales dictarán sus resoluciones en forma de
providencias, autos y sentencias; deberán señalar el lugar, la fecha y la
hora en que se dictan. Dictarán sentencia para poner término al proceso;
providencias, cuando ordenen actos de mero trámite, y autos, para la
resoluciones interlocutorias y demás casos.
Art. 152 Plazo. Los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia oral serán
dictados inmediatamente después de su cierre, salvo que este Código
establezca un plazo distinto.
La inobservancia de los plazos aquí previstos no invalidará la resolución
dictada con posterioridad a ellos, pero hará responsables
disciplinariamente a los jueces o tribunales que injustificadamente dejen
de observarlos. Se exceptúa lo dispuesto para el plazo máximo para
dictar sentencia.
Art. 153 Fundamentación. Las sentencias y los autos contendrán una
fundamentación clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos
de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como del valor
otorgado a los medios de pruebas.

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En la sentencia se deberá consignar una breve y sucinta descripción del
contenido de la prueba oral, antes de proceder a su valoración. La simple
relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes
no reemplazará, en ningún supuesto, la fundamentación.
Cuando haya intervención de jurado, la fundamentación de la sentencia
será acorde con el veredicto.
Cuando la sentencia sea condenatoria, deberá fundamentar la pena o
medida de seguridad impuesta.
No existirá fundamentación válida cuando se hayan inobservado las
reglas del criterio racional con respecto a medios o elementos probatorios
de valor decisivo. Será insuficiente la fundamentación cuando se utilicen
formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, una simple
descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba.
Los autos y las sentencias sin fundamentación serán anulables.
Art. 154 Contenido de las sentencias. Toda sentencia se dictará en nombre de la
República de Nicaragua y deberá contener:
1. La mención del juzgado, la fecha y hora en que se dicta;
2. El nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para
determinar su identidad personal;
3. El nombre y apellido del fiscal, de la víctima y, de ser el caso, del
acusador particular o querellante, y su abogado;
4. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto
del proceso o Juicio;
5. La indicación sucinta del contenido de la prueba especificando su
valoración;
6. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el juez
estime probados;
7. La exposición de sus fundamentos de hecho y de derecho;
8. La decisión expresa sobre la culpabilidad o no culpabilidad del
acusado, especificándose con claridad las sanciones que se impongan;
9. Las penas o medidas de seguridad que correspondan con su debida
fundamentación y, de ser procedente, las obligaciones que deberá
cumplir el condenado. En las penas o medidas de seguridad fijará

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provisionalmente la fecha en que la condena finaliza y el centro
penitenciario al que será remitido;
10.De ser el caso, el plazo dentro del cual se deberá pagar la multa;
11.Las costas y la entrega de objetos ocupados a quien el tribunal
considera con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos
que correspondan ante los tribunales competentes;
12.La disposición sobre el comiso o destrucción de los objetos,
sustancias, productos y efectos secuestrados en la forma prevista en la
ley;
13.El acuerdo de prisión preventiva o su mantenimiento;
14.La referencia que deja a salvo el ejercicio de la acción por la
responsabilidad civil;
15.De ser el caso, el monto de los honorarios dejados de percibir por el
defensor de oficio, y,
16.La firma del juez y del secretario que autoriza.
Art. 155 Sobreseimiento. El sobreseimiento se dispondrá mediante sentencia.
Procederá siempre que se haya iniciado el proceso, cuando exista certeza
absoluta sobre alguna o algunas de las siguientes causales:
1. La inexistencia del hecho investigado;
2. La atipicidad del hecho;
3. La falta de participación del acusado en el hecho, o,
4. Que la acción penal se ha extinguido.
Art. 156 Efectos del sobreseimiento. Firme el sobreseimiento, cerrará
irrevocablemente el proceso en relación con el acusado a cuyo favor se
haya dictado, impedirá una nueva persecución de éste por el mismo
hecho y hará cesar todas las medidas cautelares que contra él hayan sido
dispuestas.
Art. 157 Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no podrá dar
por probados otros hechos que los de la acusación, descritos en el auto de
convocatoria a Juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación.
Pero el juez podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta, aun
cuando no haya sido advertida con anterioridad y aplicará la pena que
corresponda.

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Art. 158 Costas procesales. Las decisiones que pongan fin a la persecución
penal, la manden a archivar o resuelvan algún incidente se pronunciarán
condenando en costas procesales, sólo en los casos siguientes:
1. Cuando se advierta temeridad, malicia o falta grave de parte de los
acusadores particulares, abogados o apoderados que intervengan en el
proceso, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y de otro tipo
en que incurran, y,
2. A la parte vencida en causa por delito de acción privada, sin perjuicio
de acuerdo diferente alcanzado por las partes.
Las costas del proceso consisten en:
1. Las tasas judiciales;
2. Los gastos originados por la tramitación del proceso, y,
3. Los honorarios de los abogados, peritos, consultores técnicos e
intérpretes que hayan intervenido en el proceso.
En el caso de varios condenados o a quienes se imponga una medida de
seguridad en relación con un mismo hecho, el juez o tribunal establecerá
el porcentaje de las costas que corresponderá pagar a cada uno de los
responsables.
El secretario practicará la liquidación de las costas en el plazo de tres días
contados a partir de que la sentencia se encuentre firme. De la
liquidación, se puede solicitar revisión ante el juez o tribunal de
sentencia.
Art. 159 Decisión sobre el destino de las piezas de convicción. Concluido el
Juicio, la Policía Nacional continuará la custodia de las piezas de
convicción salvo que el juez haya ordenado su destrucción, devolución o
entrega total o parcial con anterioridad.
En la sentencia, el juez dispondrá su restitución a los legítimos
propietarios, cuando sea procedente; ordenará la destrucción cuando el
objeto sea de ilícita posesión, y si se trata de armas de fuego cuya
procedencia no haya sido suficientemente acreditada, serán entregadas en
propiedad a la Policía Nacional o al Ejército de Nicaragua, según su

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naturaleza. En los demás casos, cada seis meses el juez ordenará el
remate o venta al martillo.
Capítulo VII
De la actividad procesal defectuosa
Art. 160 Principio. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni
utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con
inobservancia de las formas esenciales y requisitos procesales básicos
previstos en este Código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no
se haya protestado oportunamente y no se trate de un defecto absoluto.
Art. 161 Remedios. En cualquier momento antes de la notificación de la
resolución y siempre que no implique una modificación esencial de lo
resuelto, el juez o tribunal, de oficio, podrá reponerla así:
1. Rectificar cualquier error u omisión material;
2. Aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén
redactadas las resoluciones, o,
3. Adicionar su contenido si se ha omitido resolver algún punto
controvertido en el proceso.
Si el tribunal no hace uso de esta potestad, las partes mediante recurso de
reposición podrán pedir rectificación, aclaración o adición dentro de los
tres días posteriores a la notificación. Esta solicitud suspenderá el plazo
para interponer los demás recursos que procedan.
Art. 162 Protesta. Salvo en los casos previstos en el artículo siguiente, el
interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él,
mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido,
cuando haya estado presente.
Si por las circunstancias ha sido imposible advertir oportunamente el
defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de
conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto,
individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que
corresponda.

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Durante el Juicio sólo podrá hacerse protesta de los defectos de los actos
de la audiencia.
Art. 163 Defectos absolutos. En cualquier estado del proceso, de oficio o a
petición de parte sin que se requiera de previa protesta, el juez decretará
la nulidad de los actos procesales cuando se constate la existencia de
cualquiera de los siguientes defectos absolutos concernientes:
1. A la inobservancia de derechos y garantías que causen indefensión
previstos por la Constitución Política, los tratados y convenios
internacionales ratificados por la República y establecidos en el
presente Código;
2. A la falta de intervención, asistencia y representación del acusado en
los casos y formas que la ley establece;
3. Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales en
contravención a lo dispuesto por este Código;
4. A la falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional;
5. A la obtención del veredicto o la sentencia mediante coacción,
cohecho o violencia, y,
6. Al defecto en la iniciativa del acusador, o del querellante en el
ejercicio de la acción penal y su participación en el proceso.
Art. 164 Incidente de nulidad. La nulidad de los actos procesales distintos de las
sentencias se tramitará mediante incidente.
En las audiencias orales, el incidente se deberá plantear directamente. El
tribunal oirá en el acto a la parte contraria y resolverá en la misma
audiencia.
Fuera de audiencia, la solicitud de nulidad de un acto procesal se deberá
plantear por escrito, solicitando la convocatoria de audiencia pública para
resolverla.
Art. 165 Subsanación. Los defectos, aun los absolutos, deberán ser subsanados,
siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o
cumpliendo el acto omitido, de oficio o a solicitud del interesado.

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Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o
cumplimiento del acto omitido no se podrá retrotraer el proceso a
períodos ya precluidos.
Al declarar la renovación o rectificación, el tribunal deberá establecer,
además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza su
declaración por conexión.
TITULO V
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Capítulo I
Art. 166 Finalidad y criterios. Las únicas medidas cautelares son las que este
Código autoriza. Su finalidad es asegurar la eficacia del proceso,
garantizando la presencia del acusado y la regular obtención de las
fuentes de prueba.
Al determinar las medidas cautelares el juez tendrá en cuenta la
idoneidad de cada una de ellas en relación con la pena que podría llegar a
imponerse, la naturaleza del delito, la magnitud del daño causado y el
peligro de evasión u obstaculización de la justicia.
En ningún caso las medidas cautelares podrán ser usadas como medio
para obtener la confesión del imputado o como sanción penal anticipada.
Art. 167 Tipos. El juez o tribunal podrá adoptar, por auto motivado, una o más de
las siguientes medidas cautelares personales o reales:
1. Son medidas cautelares personales:
a) La detención domiciliaria o su custodia por otra persona, sin
vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;
b) El impedimento de salida del país o el depósito de un menor;
c) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona
o institución determinada, la que informará regularmente al

62
tribunal;
d) La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que él
designe;
e) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en
la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;
f) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
g) La prohibición de comunicarse con personas determinadas,
siempre que no se afecte el derecho de defensa;
h) El abandono inmediato del hogar si se trata de violencia doméstica
o intrafamiliar, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva
con el acusado;
i) La prohibición de despedir, trasladar de cargo o adoptar cualquier
otra represalia en el centro de trabajo en contra de la denunciante
de delito de acoso sexual;
j) La suspensión en el desempeño de su cargo, cuando el hecho por el
cual se le acusa haya sido cometido prevaliéndose del cargo, y,
k) La prisión preventiva.
2. Son medidas cautelares reales:
a) La prestación de una caución económica adecuada, de no
imposible cumplimiento, por el propio acusado o por otra persona,
mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas
idóneas o garantías reales;
b) La anotación preventiva en el Registro Público, como garantía por
ulteriores responsabilidades;
c) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de
acciones y títulos valores;
d) El embargo o secuestro preventivo, y,
e) La intervención judicial de empresa.
Art. 168 Condiciones generales de aplicación. Nadie puede ser sometido a
medida cautelar si no es por orden del juez competente cuando existan
contra él indicios racionales de culpabilidad. Ninguna medida puede ser
aplicada si resulta evidente que con el hecho concurre una causa de
justificación o de no punibilidad o de extinción de la acción penal o de la
pena que se considere puede ser impuesta.

63
La privación de libertad sólo procederá cuando las demás medidas
cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso.
Art. 169 Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción
personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la
gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción
probable.
Art. 170 Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser
decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante
resolución judicial fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo
menos posible a los afectados.
Art. 171 Transgresión. Si se incumplen las condiciones impuestas en virtud de
una medida cautelar, el juez puede disponer la sustitución o la
acumulación con otra más grave, teniendo en cuenta la entidad, los
motivos y las circunstancias de la violación.
Art. 172 Revisión. El juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las
medidas cautelares mensualmente, y cuando lo estime prudente las
sustituirá por otras menos gravosas.
El acusado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida
judicial de privación preventiva de libertad, cuando hayan cambiado las
circunstancias que motivaron su adopción. Sin embargo, si en la
Audiencia Preliminar el acusado no dispuso de abogado defensor, éste
podrá solicitar por escrito al juez la sustitución de la medida cautelar
antes de la siguiente audiencia, quien resolverá mandando a oír
previamente al Ministerio Público.
Capítulo II
De la prisión preventiva
Art. 173 Procedencia. El juez, a solicitud de parte acusadora, podrá decretar la
prisión preventiva, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1. Existencia de un hecho punible grave que merezca pena privativa de
libertad y cuya acción penal no se encuentre prescrita;

64
2. Elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente,
que el imputado es, con probabilidad, autor de ese hecho punible o
partícipe en él, y,
3. Presunción razonable, por apreciación de las circunstancias
particulares, acerca de alguna de las tres siguientes situaciones:
a) Que el imputado no se someterá al proceso, porque ha evadido o
piensa evadir la justicia;
b) Que obstaculizará la averiguación de la verdad, intimidando
personas que deban declarar, ocultando elementos de convicción o
de cualquier otra manera afectando el curso de la investigación, y,
c) Cuando, por las específicas modalidades y circunstancias del hecho
y por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que
éste cometa graves delitos mediante el uso de armas u otros medios
de intimidación o violencia personal o dirigidos contra el orden
constitucional o delitos de criminalidad organizada o de la misma
clase de aquel por el que se proceda, o de que el imputado
continuará la actividad delictiva.
En todo caso el juez decretará la prisión preventiva, sin que pueda ser
sustituida por otra medida cautelar, cuando se trate de delitos graves
relacionados con el consumo o tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y
otras sustancias controladas o con lavado de dinero y activos
provenientes de actividades ilícitas.
Art. 174 Peligro de evasión. Para decidir acerca del peligro de evasión de la
justicia se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual,
asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para
abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad,
la falta de información o de actualización del domicilio del imputado
constituirá presunción de evasión de la justicia;
2. La pena que podría imponerse;
3. La magnitud del daño causado, y,
4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la
persecución penal.

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Art. 175 Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de
obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta,
especialmente, la probabilidad fundada de que el acusado:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba;
2. Influirá para que otros acusados, testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a
otros a realizar tales comportamientos, o,
3. Influirá en los miembros del jurado o en los funcionarios o empleados
del sistema de justicia.
El motivo sólo podrá fundar la prisión hasta la conclusión del Juicio.
Art. 176 Sustitución de prisión preventiva por domiciliaria. El juez puede
sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, entre otros casos,
cuando se trate de:
1. Mujeres en los tres últimos meses de embarazo;
2. Madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses
posteriores al nacimiento, o,
3. Personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase
terminal debidamente comprobada.
Art. 177 Auto de prisión preventiva. La prisión preventiva sólo podrá decretarse
por auto debidamente fundado, que deberá contener:
1. Descripción del hecho o hechos que se atribuyen al acusado;
2. Razones por las cuales el tribunal estima que concurren los
presupuestos establecidos en este Código, y,
3. Cita de las disposiciones legales aplicables.
Art. 178 Lugar de cumplimiento y tratamiento de acusado. Las personas
contra quienes se haya dictado prisión preventiva cumplirán ésta en los
centros penitenciarios del país, pero en lugares absolutamente separados
de los que ocupan quienes hayan sido condenados.
El acusado será tratado, en todo momento, como inocente y teniendo en
cuenta que se encuentra detenido para el solo efecto de asegurar su
comparecencia en el proceso o, en su caso, el cumplimiento de la pena.

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La prisión preventiva se cumplirá de tal manera que no adquiera las
características de una pena ni provoque al acusado más limitaciones que
las imprescindibles para evitar su fuga, la obstrucción de la investigación
o que continúe en la actividad delictiva.
La prisión preventiva sufrida se abonará a la pena de prisión que llegue a
imponerse.
Art. 179 Límite después de condena. La prisión preventiva nunca podrá exceder
el tiempo de la pena impuesta por la sentencia impugnada y, de ser el
caso, bajo responsabilidad, el tribunal que conoce del recurso, de oficio o
a petición de parte deberá dictar auto ordenando la libertad inmediata del
detenido.
Capítulo III
De las medidas cautelares sustitutivas
Art. 180 Procedencia. Siempre que los supuestos que motivan la prisión
preventiva puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de
otra u otras medidas personales menos gravosas para el acusado, el juez
competente, de oficio o a instancia de parte, deberá imponerlas en su
lugar, mediante resolución motivada.
Al decidir sobre la medida cautelar sustitutiva, el juez procurará que la
decisión adoptada, siempre que el caso lo permita, no perjudique o
perjudique lo menos posible la actividad económica o familiar del
acusado.
Art. 181 Cauciones. La sustitución de la prisión preventiva se concederá, según
proceda, bajo caución juratoria, personal o económica.
La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar que el acusado cumplirá
las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal y, en
su caso, que se someterá a la ejecución de la sentencia condenatoria. El
juez determinará la caución de modo que constituya un motivo para que
el acusado se abstenga de infringir sus obligaciones.

67
Las cauciones se extinguen cuando la sentencia esté firme o cuando el
juez, de oficio o a solicitud de parte, las considere innecesarias o
desproporcionadas.
Art. 182 Caución juratoria. El tribunal podrá eximir al acusado de la obligación
de prestar caución económica cuando su promesa de someterse al
proceso, de guardar buena conducta, de no obstaculizar la investigación y
de abstenerse de cometer delitos sea suficiente para eliminar el peligro de
evasión, obstaculización o reincidencia.
Art. 183 Caución personal. La caución personal consistirá en la obligación de
pagar que el imputado asuma junto con uno o más fiadores solidarios, en
caso de incomparecencia, la suma que el juez fije al conceder la
sustitución de la medida privativa de libertad.
1. Para la determinación del monto de la fianza el juez tendrá en
consideración los siguientes elementos:
a) La mayor o menor responsabilidad del acusado en los hechos
investigados;
b) La gravedad del hecho atribuido;
c) Su situación económica, y,
d) Su edad.
Queda absolutamente prohibido fijar una fianza de imposible
cumplimiento.
2. Los fiadores que presente el acusado deberán ser de reconocida buena
conducta, responsables, tener capacidad económica para atender las
obligaciones que contraen y estar domiciliados en el país. Los
fiadores se obligan a lo siguiente:
a) Que el acusado cumpla las restricciones impuestas por la medida
cautelar sustitutiva;
b) Presentarlo a la autoridad que designe el juez, cada vez que éste así
lo ordene, y,
c) Pagar la cantidad que se fije en el acta constitutiva de la fianza, si
no presenta al acusado dentro del plazo que al efecto se le señale.

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Art. 184 Caución económica. La caución económica se constituirá depositando
una suma de dinero o un cheque certificado, efectos públicos, bienes y
valores cotizables, u otorgando prendas o hipotecas por la cantidad que el
juez determine. Los fondos o valores depositados se efectuarán a la
orden del tribunal y quedarán sometidos a privilegio especial para el
cumplimiento de las obligaciones procedentes.
Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias del caso
surgiera la ineficacia de las modalidades de las dos cauciones
precedentemente establecidas y que, por la naturaleza económica del
delito atribuido, se conforme como la más adecuada.
Art. 185 Obligaciones del acusado. Siempre que se otorgue libertad bajo fianza,
el acusado se obligará, mediante acta firmada, a no ausentarse de la
jurisdicción del tribunal o de la que éste le fije, y a presentarse al tribunal
o ante la autoridad que el juez designe en las oportunidades que se le
señalen. A tal efecto señalará el lugar donde debe ser notificado y bastará
para ello que se le dirija allí la convocatoria.
Art. 186 Acta. Toda caución se otorgará en acta que será suscrita ante el juez y el
secretario. Cuando se trate de gravamen prendario o hipotecario, se
agregará además al proceso el documento en que conste, y el juez
ordenará por auto la inscripción de aquél en el registro público
correspondiente.
Art. 187 Incumplimiento. El acusado podrá ser objeto de una medida judicial de
privación preventiva de libertad cuando voluntariamente se traslade fuera
del lugar donde debe permanecer según lo ordenado por el juez, o cuando
aun permaneciendo en el mismo lugar no atienda, sin motivo justificado,
la citación del juez de la causa.
Si no puede ser aprehendido, la revocatoria de la medida sustitutiva podrá
dar lugar a la ejecución de la caución.
Art. 188 Imposición de las medidas. El tribunal ordenará lo necesario para
garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere este capítulo.
En ningún supuesto se utilizarán estas medidas desnaturalizando su
finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En
especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el

69
estado de pobreza o la carencia de medios del acusado impidan la
prestación.
Art. 189 Ejecución de las cauciones. Cuando se haya decretado la rebeldía del
acusado o cuando éste se sustraiga a la ejecución de la pena, y se trate de
caución económica, el juez ordenará la transferencia a favor del Poder
Judicial de los valores depositados en caución o la venta en remate
público de los bienes hipotecados o prendados.
Si se trata de fianza personal, el juez concederá un plazo de cinco días al
fiador para que presente al acusado, advirtiéndole que si no lo hace o no
justifica la incomparecencia, la caución se ejecutará. Vencido el plazo, el
juez dispondrá la ejecución de la fianza a favor del Poder Judicial.
Art. 190 Cancelación de las cauciones. La caución se cancelará y las garantías
serán restituidas:
1. Cuando el acusado sea detenido por haberse acordado de nuevo la
prisión preventiva;
2. Cuando se sobresea en la causa, se absuelva al acusado o, habiendo
sido condenado, se le beneficie con la suspensión de la ejecución de la
pena privativa de libertad, y,
3. Cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea
detenido dentro del plazo fijado.
TITULO VI
DE LA PRUEBA
Capítulo I
Art. 191 Fundamentación probatoria de la sentencia. Cuando se celebre juicio
oral y público la sentencia sólo podrá ser fundamentada en la prueba
lícita producida en éste o incorporada a él conforme a las disposiciones
de este Código.

70
Cuando se deba dictar sentencia antes del juicio la fundamentación
deberá ser la aceptación de responsabilidad por el acusado o el hecho que
evidencie una de las causales del sobreseimiento.
Art. 192 Objeto de prueba. Sólo serán objeto de prueba los hechos que consten
en la causa.
El tribunal podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar
un hecho cuando resulten manifiestamente repetitivos. Asimismo, podrá
prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho
notorio o cuando exista acuerdo en que determinados hechos o
circunstancias sean considerados como probados.
Art. 193 Valoración de la prueba. En los juicios sin jurados, los jueces
asignarán el valor correspondiente a cada uno de los elementos de
prueba, con aplicación estricta del criterio racional, observando las reglas
de la lógica. Deberán justificar y fundamentar adecuadamente las
razones por las cuales les otorgan determinado valor, con base en la
apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial.
Art. 194 Valoración de la prueba por el jurado. El tribunal de jurado oirá las
instrucciones generales del juez sobre las reglas de apreciación de la
prueba, según el criterio racional, observando las reglas de la lógica, pero
no está obligado a expresar las razones de su veredicto.
Art. 195 Protección de la prueba. La autoridad correspondiente deberá adoptar
las medidas necesarias de protección de testigos, peritos y demás
elementos de convicción cuando sea necesario.
Capítulo II
Del testimonio
Art. 196 Deber de rendir testimonio. Sin perjuicio de las excepciones previstas
en el presente Código, toda persona tendrá la obligación de concurrir al
llamamiento a Juicio y de declarar la verdad de cuanto conozca, sin
omitir ningún hecho relevante.

71
Cuando se cite a declarar a la víctima u ofendido, lo hará en condición de
testigo.
Ningún testigo estará obligado a declarar sobre hechos que le puedan
deparar responsabilidad penal a sí mismo.
Art. 197 Facultad de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge del
acusado o su compañero en unión de hecho estable y sus parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad, en línea recta o colateral. Deberá
informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención, antes
de que rindan testimonio.
Art. 198 Exención de obligación de declarar. Toda persona a cuyo
conocimiento, en razón de su propia profesión, hayan llegado hechos
confidenciales que, conforme la ley, constituyan secreto profesional
deberán abstenerse de declarar.
Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando por
escrito sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.
Si son citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones
de su abstención. Si el juez estima que el testigo invoca erróneamente la
facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración
mediante resolución fundada.
Art. 199 Citación y negativa a declarar. Los testigos serán citados por el juez en
la forma prevenida en este Código. Si después de comparecer, un testigo
se niega a declarar sin derecho a hacerlo, se le informará que podría
incurrir en responsabilidad penal. Si persiste en su negativa se pondrá
ese hecho en conocimiento del Ministerio Público.
Art. 200 Aprehensión inmediata. El tribunal podrá ordenar, mediante resolución
motivada, la aprehensión de un testigo cuando haya temor fundado de
que evada su responsabilidad. Esta medida no podrá exceder de
veinticuatro horas.
Art. 201 Forma de la declaración. Antes de comenzar la declaración, el testigo
deberá ser instruido acerca de sus deberes y de las responsabilidades en
que incurriría si falta a ellos, prestará promesa de ley y será interrogado

72
sobre su nombre, apellido, estado civil, oficio o profesión, domicilio,
vínculos de parentesco y de interés con las partes, y sobre cualquier otra
circunstancia útil para apreciar su veracidad.
Si el testigo teme por su integridad física o la de otra persona, podrá
autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota
reservada de él, pero el testigo no podrá ocultar su identidad ni se le
eximirá de comparecer en Juicio.
Art. 202 Anticipo de prueba personal. Cuando se enfrente inminente peligro de
muerte del testigo o si éste tiene la condición de no residente en el país e
imposibilitado de prolongar su permanencia hasta el momento del Juicio
o de concurrir al mismo, la parte interesada solicitará al juez recibirle
declaración en el lugar que se encuentre. Si aún no se ha iniciado
proceso, la Policía Nacional o el Ministerio Público pueden solicitar al
juez la práctica de esta diligencia.
El juez practicará la diligencia, si la considera admisible, citando a todas
las partes, si las hubiere, quienes tendrán derecho de participar con todas
las facultades y obligaciones previstas en este Código.
En casos de extrema urgencia, la solicitud podrá ser formulada
verbalmente y se podrá prescindir de la citación a las demás partes. Sin
embargo concluido el acto se les deberá informar de inmediato y si aún
fuere posible podrán éstas pedir la ampliación de la diligencia.
De igual forma se procederá cuando quien estuviere en inminente peligro
de muerte sea un perito que ya hubiere practicado el examen del objeto
de la pericia y éste fuere irreproducible.
Este tipo de prueba anticipada podrá ser introducida lícitamente en el
Juicio, solamente cuando el testigo o el perito estén imposibilitados de
comparecer al mismo.
Capítulo III
De los peritos

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Art. 203 Peritaje. Cuando sea necesario o conveniente poseer conocimientos
especiales en alguna ciencia, arte, técnica o materia para conocer o para
apreciar un elemento de prueba, el juez podrá admitir la intervención de
un perito en el Juicio, para que exprese su opinión sobre el punto en
cuestión.
Cuando la prueba pericial sea ordenada a propuesta del Ministerio
Público o del acusado que no tenga capacidad económica, los honorarios
de los peritos privados, determinados por el juez o tribunal, correrán a
cargo del Poder Judicial. Si la prueba pericial es propuesta por alguna
otra parte o por el acusado con capacidad económica, los honorarios
periciales correrán a su cargo.
En todos los casos señalados, los emolumentos a los peritos deberán ser
pagados por medio del juez o tribunal.
Art. 204 Idoneidad. Siempre que exista reglamentación de la ciencia, arte,
técnica o materia relativa al punto por dictaminar, quienes sean
propuestos como peritos deberán poseer título que certifique sus
conocimientos. Si no existe tal reglamentación o por obstáculo
insuperable no se pueda contar con persona titulada, las partes
propondrán a una persona que ellos consideren posee conocimientos
sobre los elementos de prueba por apreciar.
A petición de parte, toda persona propuesta como perito deberá demostrar
su idoneidad. Para tal efecto la parte que lo propone la interrogará ante el
juez; la contraparte también podrá interrogarla. Con base en el
desarrollo del interrogatorio el juez la admitirá o no como perito; lo
anterior no limita el derecho de las partes de cuestionar durante el juicio
la idoneidad del perito admitido con base en información adquirida con
posterioridad a este trámite.
Cuando por circunstancias excepcionales, la primera intervención de una
persona propuesta como perito vaya a producirse durante el Juicio, el
interrogatorio previo sobre su idoneidad se efectuará sin presencia del
jurado.
Art. 205 Peritación psiquiátrica del acusado. Si el acusado o su defensor pretende
alegar que en el momento del delito aquél se hallaba en un estado de

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alteración psíquica permanente, de perturbación o de alteración de la
percepción, circunstancias eximentes de la responsabilidad penal conforme
el Código Penal, hará saber su intención al Ministerio Público y a las otras
partes. Esta comunicación se hará durante el período de intercambio de
pruebas.
El juez ordenará la práctica de una evaluación psiquiátrica por el médico
forense designado por el Instituto de Medicina Legal. Ninguna
conversación entre el médico forense y el acusado podrá ser presentada
como prueba en el Juicio, excepto para establecer la existencia de la
eximente invocada.
Si este requisito de comunicación no se cumple o si el acusado rehúsa
someterse a la prueba requerida por el juez, el tribunal podrá excluir
cualquier prueba al respecto.
Si debido a su estado, el acusado no puede comportarse adecuadamente
durante el Juicio o pone en peligro la seguridad de los presentes, éste se
podrá realizar sin su presencia. En este caso será representado en todas
las diligencias del proceso, incluido el Juicio, por su defensor, sin
perjuicio de la representación que pueda ostentar su guardador.
Art. 206 Deber de reserva. El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca
con motivo de su actuación y sólo podrá dar opiniones técnicas durante y
dentro del proceso.
Art. 207 Testigo técnico. Es testigo y no perito quien declare sobre hechos o
circunstancias que hubiere conocido casualmente, aunque para informar
utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica o
materia. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.
Art. 208 Traductores e intérpretes. El juez admitirá un intérprete idóneo cuando
fuere necesario traducir documentos redactados o declaraciones por
producirse en idioma distinto del español, aun cuando lo conozca.
En todo lo relativo a los traductores e intérpretes regirán análogamente
las disposiciones para los peritos.

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Art. 209 Excusa por implicancia o recusación. Serán causas de excusa por
implicancia o recusación de los peritos las establecidas para los jueces,
excepto la circunstancia de haber intervenido como investigador técnico
o experto, perito o intérprete en la misma causa.
Capítulo IV
De otros medios probatorios
Art. 210 Prueba documental. En materia penal, la prueba documental se
practicará en el acto del Juicio, mediante la lectura pública de la parte
pertinente del escrito o la audición o visualización del material,
independientemente de que sirva de apoyo a otros medios de prueba.
Art. 211 Información financiera. El juez puede requerir a las autoridades
financieras competentes o a cualquier institución financiera, pública o
privada, que produzca información acerca de transacciones financieras
que estén en su poder.
La orden de información financiera solo procede a solicitud expresa y
fundada del Fiscal General de la República o el Director General de la
Policía Nacional y, una vez que el proceso ha iniciado por cualquiera de
las partes, quienes deben hacer constar que han valorado los antecedentes
y que la información se requiere en su criterio para fines de una
investigación penal específica.
No existirá deber de informar de la solicitud y orden a la persona
investigada, a menos que la información obtenida vaya a ser introducida
como prueba en un proceso penal.
Las normas del secreto bancario no impedirán la expedición de la orden
judicial.
Salvo su uso para los fines del proceso, todas las personas que tengan
acceso a esta información deberán guardar absoluta reserva de su
contenido. Los funcionarios públicos que violen esta disposición podrán
ser destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que correspondan.

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Art. 212 Información de Contraloría. Lo dispuesto en el artículo anterior es
extensivo, en lo aplicable, a la información patrimonial, auditorías y
demás informes en poder de la Contraloría General de la República.
Art. 213 Intervenciones telefónicas. Procederá la interceptación de
comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicaciones,
cuando se trate de:
1. Terrorismo;
2. Secuestro extorsivo;
3. Tráfico de órganos y de personas con propósitos sexuales;
4. Delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras
sustancias controladas;
5. Legitimación de capitales o lavado de dinero y activos, y,
6. Tráfico internacional de armas, explosivos y vehículos robados.
Es prohibida la interceptación de cualquier comunicación entre el
acusado y su defensor.
La interceptación de telecomunicaciones sólo procede a solicitud expresa
y fundada del Fiscal General de la República o del Director General de la
Policía Nacional, quienes deben hacer constar que han valorado los
antecedentes y que la intervención se justifica en su criterio, e indicarán
también la duración por la que solicita la medida, así como las personas
que tendrán acceso a las comunicaciones.
El juez determinará la procedencia de la medida, por resolución fundada,
y señalará en forma expresa la fecha en que debe cesar la interceptación,
la cual no puede durar más de treinta días, los que se podrán prorrogar
por una sola vez por un plazo igual.
Al proceso solo se introducirán las grabaciones de aquellas
conversaciones o parte de ellas, que, a solicitud del Fiscal, se estimen
útiles para el descubrimiento de la verdad. No obstante el acusado podrá
solicitar que se incluyan otras conversaciones u otras partes que han sido
excluidas, cuando lo considere apropiado para su defensa. El juez
ordenará la destrucción de las secciones no pertinentes al proceso.

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Salvo su uso para los fines del proceso, todas las personas que tengan
acceso a las conversaciones deberán guardar absoluta reserva de su
contenido. Los funcionarios públicos que violaren esta disposición
podrán ser destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan.
Art. 214 Interceptación de comunicaciones escritas, telegráficas y
electrónicas. Procederá la interceptación de comunicaciones escritas,
telegráficas y electrónicas, cuando se trate de los delitos a los que se
refiere el artículo anterior, previa solicitud ante juez competente con clara
indicación de las razones que la justifican y de la información que se
espera encontrar en ellas. La resolución judicial mediante la cual se
autoriza esta disposición deberá ser debidamente motivada.
La apertura de la comunicación será realizada por el juez y se incorporará
a la investigación aquellos contenidos relacionados con el delito.
Art. 215 Orden de secuestro. Las autoridades dispondrán que sean recogidos y
conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a decomiso
y aquellos que puedan servir como medios de prueba. Cuando sea
necesario, se requerirá al juez orden de secuestro. Los efectos
secuestrados serán identificados, inventariados y puestos bajo custodia
segura.
Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de los objetos
secuestrados cuando éstos puedan desaparecer o alterarse, sean de difícil
custodia o cuando convenga así para la investigación.
Art. 216 Identificación de objetos secuestrados u ocupados. Cuando sea
necesario para el esclarecimiento de los hechos, la Policía Nacional
procurará la identificación de los objetos o cosas ocupadas o secuestradas
como parte de su actividad investigativa.
Art. 217 Allanamiento y registro de morada. Cuando el registro deba efectuarse
en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el
allanamiento y registro será realizado con orden judicial, la cual deberá
solicitarse y decretarse fundadamente y por escrito.

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La diligencia de allanamiento deberá practicarse entre las seis de la
mañana y las seis de la tarde. Podrá procederse a cualquier hora cuando
el morador o su representante consienta o en los casos sumamente graves
y urgentes, en los que los jueces resolverán en un plazo máximo de una
hora las solicitudes planteadas por el fiscal o el jefe de la unidad policial
a cargo de la investigación. Deberá dejarse constancia de la situación de
urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento.
Art. 218 Solicitud. La solicitud de allanamiento, secuestro o detención contendrá
la indicación de las razones que la justifican, el lugar en que se realizará y
la indicación de los objetos, sustancias o personas que se espera encontrar
en dicho lugar.
Art. 219 Contenido de la resolución. La resolución judicial que autoriza el
allanamiento, secuestro o detención deberá contener:
1. El nombre del juez y la identificación de la investigación o, si
corresponde, del proceso;
2. La dirección exacta del inmueble y la determinación concreta del
lugar o los lugares que habrán de ser registrados;
3. El nombre de la autoridad que habrá de practicar el registro;
4. La hora y la fecha en que deba practicarse la diligencia;
5. El motivo del allanamiento, secuestro o detención, que será razonado
adecuadamente expresando con exactitud el objeto u objetos, o
personas que se pretende buscar o detener, y,
6. En su caso, del ingreso nocturno.
Si durante la búsqueda del objeto, sustancia o persona para la cual fue
autorizado el allanamiento, se encuentran, en lugares apropiados para la
búsqueda autorizada, otros objetos, sustancias o personas relacionados
con esa u otra actividad delictiva investigada, éstos podrán ser
secuestrados o detenidos según corresponda sin necesidad de ampliación
de la motivación de la autorización.
El secuestro de un objeto o sustancia o la detención o constatación de la
presencia de persona distintos de lo especificado en la autorización para
el allanamiento encontrados durante la búsqueda, en lugar no apropiado
para lo que originalmente se autorizó, es ilegal y en consecuencia no
podrá hacerse valer como prueba en Juicio.

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Art. 220 Formalidades para el allanamiento. Una copia de la resolución judicial
que autoriza el allanamiento y el secuestro será entregada a quien habite o
posea el lugar donde se efectúe o, cuando esté ausente, a su encargado, y,
a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar.
Se preferirá a los familiares del morador.
La diligencia se practicará procurando afectar lo menos posible la
intimidad de las personas.
De la diligencia de allanamiento se levantará un acta, para hacer constar
la observancia de las regulaciones legales. Cuando no se encuentre a
nadie, ello se hará constar en el acta. Practicado el registro, en el acta se
consignará el resultado.
El acta será firmada por los concurrentes; no obstante, si alguien no la
firma, así se hará constar.
Art. 221 Exhumación de cadáveres. Cuando en el curso de una investigación,
para esclarecer la identidad o la causa de la muerte de una persona sea
necesario proceder a la exhumación de su cadáver, la Policía Nacional o
el Ministerio Público, según el caso, solicitarán la autorización judicial
correspondiente y el apoyo del Instituto de Medicina Legal para su
realización.
Si el proceso penal ya ha iniciado, la solicitud podrá ser planteada por
cualquiera de las partes, quienes tendrán derecho a participar en la
exhumación solicitada.

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LIBRO SEGUNDO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
TITULO I
DE LOS ACTOS INICIALES COMUNES
Capítulo I
De la denuncia
Art. 222 Facultad de denunciar. Toda persona que tenga noticia de un delito de
acción pública podrá denunciarlo verbalmente o por escrito ante el
Ministerio Público o la Policía Nacional. El denunciante tendrá derecho
a que se le extienda copia de la denuncia.
Si se trata de delito que dependa de instancia particular, recibida la
denuncia, la Policía Nacional deberá de oficio, según proceda,
interrumpir la comisión del delito, prestar auxilio a la víctima, realizar
actos urgentes de investigación o aprehender en caso de flagrancia. Todo
sin detrimento de la facultad de la víctima de formalizar su denuncia ante
el Ministerio Público en los delitos de acción pública a instancia
particular.
Art. 223 Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos
de acción pública:
1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el
ejercicio de sus funciones;
2. Quienes presten servicios relacionados con la salud y conozcan esos
hechos al proporcionar los auxilios propios de su oficio o profesión,
salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté cubierto por el
secreto profesional, y,
3. Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o de un
acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el
cuidado o el control de bienes o intereses ajenos, siempre que
conozcan del hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

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La denuncia no será obligatoria si razonablemente pudiere considerarse
que existe riesgo de persecución penal contra sí mismo, contra su
cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o contra sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Art. 224 Desestimación de la denuncia. Si el hecho denunciado no constituye
delito o falta o es absurdo o manifiestamente falso, el Ministerio Público
desestimará la denuncia.
Art. 225 Solicitud de informe. Si transcurridos veinte días después de presentada
la denuncia la Fiscalía no ha interpuesto acusación, la víctima o el
denunciante pueden acudir ante el Ministerio Público solicitando su
informe o el de la Policía Nacional sobre el resultado de la investigación.
Si es necesario, el fiscal concederá a la policía un plazo de cinco días
para que rinda su informe acompañando las diligencias practicadas. Con
el informe de la policía, el fiscal dispondrá de un plazo de cinco días para
resolver en forma motivada sobre el ejercicio de la acción.
Cuando se trate de investigaciones muy complejas, el fiscal puede emitir
una resolución que declare que no ejercerá por ahora la acción penal,
fundada en la falta de elementos de sustento de la acusación, por un plazo
que no podrá exceder de tres meses; transcurrido este plazo, la víctima o
el denunciante podrán nuevamente solicitar el informe referido en el
párrafo anterior.
La resolución que declara la desestimación de la denuncia o la falta de
mérito para ejercer la acción penal dictada por el fiscal podrá ser
impugnada por la víctima o el denunciante ante el superior jerárquico
inmediato de aquél, dentro de un plazo de tres días contados a partir de su
notificación. El superior jerárquico deberá resolver en instancia
administrativa definitiva dentro de los cinco días siguientes contados a
partir de la interposición del recurso.
Art. 226 Ejercicio de la acción penal por la víctima. Si el superior jerárquico
del fiscal confirma la resolución de éste o transcurrido el plazo fijado no
se pronuncia sobre la impugnación, la víctima podrá ejercer directamente
la acción penal interponiendo la acusación ante el juez competente, salvo
que se trate de los casos en que se aplicó el principio de oportunidad.

82
Si es necesario, la víctima podrá solicitar auxilio judicial para que el
Ministerio Público, la Policía Nacional o cualquier otra entidad pública o
privada, facilite o apoye la obtención de determinado medio de prueba.
El Ministerio Público podrá intervenir en cualquier momento del proceso
para ejercer la acción penal pública, sin detrimento del derecho del
acusador particular de continuar ejerciendo la acción iniciada.
Capítulo II
De la actuación de la Policía Nacional
Art. 227 Criterios científicos. La investigación de delitos será efectuada y
registrada por la Policía Nacional conforme las reglas lógicas, técnicas y
métodos científicos propios de tal actividad, salvo las limitaciones
establecidas en la Constitución Política, los tratados y convenios
internacionales ratificados y la ley.
Queda prohibida la utilización de la tortura, procedimientos o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, y de cualquier otro medio de presión
atentatorio contra la dignidad humana en la práctica de la investigación
policial.
Art. 228 Investigación. La Policía Nacional realizará las actividades de
investigación necesarias para el descubrimiento y comprobación de
hechos presuntamente delictivos. El resultado de su investigación será
presentado como informe al Ministerio Público. El informe policial
deberá contener como mínimo lo siguiente:
1. Nombres, datos de identificación y ubicación de la persona
investigada o imputado, testigos, expertos o técnicos y víctimas;
2. Breve descripción de las piezas de convicción, su relación con los
hechos y su ubicación, si se conoce;
3. Relato sucinto, en orden lógico y cronológico, de las diligencias
realizadas y de sus resultados, y,

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4. Copia de cualquier diligencia o dictamen de criminalística,
entrevistas, croquis, fotografías u otros documentos que fundamenten
la investigación.
Art. 229 Retención. Si en el primer momento de la investigación de un hecho, no
fuere posible individualizar inmediatamente al presunto responsable o a
los testigos, y no pudiere dejarse de proceder sin menoscabo de la
investigación, la Policía Nacional podrá disponer que ninguno de los
presentes se aleje del lugar por un plazo no mayor de tres horas.
Art. 230 Atribuciones. Los miembros de la Policía Nacional tendrán las
siguientes atribuciones:
1. Velar porque se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y
que el estado de las cosas no se modifique hasta que quede
debidamente registrado. No obstante, tomará todas las medidas
necesarias para la atención y auxilio debido de las víctimas y proteger
a los testigos;
2. Buscar las personas que puedan informar sobre el hecho investigado;
3. Recibir de la persona en contra de la cual se adelantan las
indagaciones noticias e indicaciones útiles que voluntaria y
espontáneamente quiera dar para la inmediata continuación de la
investigación o interrogarla, sin quebranto de su derecho a no
declarar;
4. Preservar la escena del crimen por el tiempo que sea necesario;
5. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante los
exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones
técnicas aconsejables;
6. Disponer la separación de los sospechosos para evitar que puedan
ponerse de acuerdo entre sí o con terceras personas para entorpecer la
investigación;
7. Efectuar los exámenes y averiguaciones pertinentes que juzgue
oportunas para la buena marcha de la investigación conforme a lo
establecido en este Código;
8. Requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada
identificando el asunto en investigación;
9. Practicar estudios o análisis técnicos de toda naturaleza, para lo cual
podrá solicitar la colaboración de técnicos ajenos a la institución,
nacionales o extranjeros, cuando se requieran conocimientos

84
científicos especiales. Asimismo, podrá solicitar la asistencia de
intérpretes, cuando sea necesario;
10.Realizar los registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean
necesarios para la buena marcha de la investigación, con las
formalidades que prescribe este Código;
11.Solicitar al juez la autorización de actos de investigación que puedan
afectar derechos constitucionales, y,
12.Las demás que le otorgan las leyes y disposiciones vigentes.
Art. 231 Detención policial. Procederá la detención por la Policía Nacional, sin
necesidad de mandamiento judicial, cuando el autor del hecho punible
sea sorprendido en el momento de cometerlo, sea perseguido huyendo del
sitio del hecho o se le sorprenda en el mismo lugar o cerca de él con
armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan
presumir su participación inmediata en el hecho.
En los casos de flagrancia, previstos en el párrafo anterior, cualquier
particular podrá proceder a la detención, siempre que el delito amerite
pena privativa de libertad. Acto seguido deberá entregar al aprehendido a
la autoridad más cercana.
Los jefes de las delegaciones de la Policía Nacional, bajo su
responsabilidad personal, podrán emitir orden de detención, con
expresión de las razones que la hagan indispensable, contra quienes haya
probabilidad fundada de la comisión de un delito sancionado con pena
privativa de libertad, dentro de las doce horas de tener conocimiento del
hecho. Sin embargo, estos casos no serán considerados como de
persecución actual e inmediata de un delincuente para efecto de
allanamiento de domicilio.
En los demás casos, se requerirá de mandamiento judicial para proceder a
la detención.
Cuando se produzca la detención de una persona, los funcionarios
policiales deberán informar en un término no superior a las doce horas al
Ministerio Público de las diligencias efectuadas y presentar en el plazo
constitucional al imputado ante el juez competente.

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En el plazo de doce horas referido en el párrafo anterior no se incluirá el
tiempo necesario para establecer la comunicación con el Ministerio
Público.
Art. 232 Deberes. La Policía Nacional tendrá, además de otros deberes
establecidos en la ley, los siguientes:
1. Informar a la persona en el momento de detenerla:
a) De las causas de su detención en forma detallada y en idioma o
lengua que comprenda;
b) Que tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma, ni
contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, y,
c) Que tiene derecho a ser asesorada por un defensor de su elección, a
fin de que lo designe;
2. Informar a los parientes u otras personas relacionadas con el detenido
que así lo demanden, la unidad policial adonde fue conducido;
3. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un registro inalterable;
4. Informar de su detención y permitir al detenido informar él mismo a
su familia o a quien estime conveniente;
5. Posibilitar la comunicación del detenido con su abogado, y,
6. Solicitar la evaluación del detenido por parte del médico forense o
quien haga sus veces, previo a su presentación ante la autoridad
jurisdiccional o en caso de grave estado de salud.
El informe policial deberá dejar constancia de la práctica de todas estas
actuaciones y de haberse transmitido oportunamente la información
concerniente a la persona detenida.
Art. 233 Reconocimiento de personas. La Policía Nacional podrá practicar el
reconocimiento de una persona para identificarla o establecer que quien
la menciona efectivamente la conoce o la ha visto.
Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo será interrogado para que
describa a la persona de que se trata, diga si la conoce o si con
anterioridad la ha visto personalmente o en imagen. Además, deberá
manifestar si después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué
lugar y por qué motivo.

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Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a
reconocimiento a que escoja su colocación entre otras de aspecto físico
semejante y se solicitará a quien lleva a cabo el reconocimiento, con las
medidas de seguridad del caso, que diga si entre las personas presentes se
halla la que mencionó y, si responde afirmativamente, la señale con
precisión.
Art. 234 Pluralidad de reconocimientos. Cuando varias personas deban
reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin
que las personas se comuniquen entre sí. Si una persona debe reconocer
a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto.
Art. 235 Reconocimiento por fotografía. Cuando sea necesario reconocer a una
persona que no esté presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá
exhibirse a quien deba efectuar el reconocimiento, junto con otras
semejantes de distintas personas, observando en lo posible las reglas
precedentes.
Art. 236 Requisa. La Policía Nacional podrá realizar la requisa personal,
cuidando el pudor, siempre que haya motivos suficientes para presumir
que alguien en forma ilegal porta arma u oculta entre sus ropas
pertenencias u objetos relacionados con el delito o los lleva adheridos a
su cuerpo.
Las requisas de mujeres deben ser practicadas por otras mujeres.
Art. 237 Inspección corporal. Cuando sea estrictamente necesario por la
naturaleza del delito investigado, si hay probabilidad fundada de
comisión de un hecho delictivo, se procederá a la inspección corporal de
cualquier persona respetando su pudor e integridad. Cuando la
inspección afecte las partes íntimas deberá efectuarse por persona del
mismo género.
Art. 238 Investigación corporal. Siempre que sea razonable y no ponga en
peligro la salud, se podrá proceder, previa autorización judicial
debidamente motivada, a la investigación corporal, a practicar exámenes
de fluidos biológicos y otras intervenciones corporales, las que se
efectuarán siguiendo procedimientos técnicos o científicos por expertos

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del Instituto de Medicina Legal, del Sistema Nacional Forense o, en su
defecto, por personal paramédico. Sólo se procederá a practicar
exámenes de fluidos biológicos en la investigación de hechos delictivos
que hayan podido ser causados por el consumo de alcohol o cualquier
otra sustancia que pueda alterar el comportamiento humano y en la
investigación del delito de violación, de conformidad con el principio de
proporcionalidad.
Art. 239 Registro de vehículos, naves y aeronaves. La Policía Nacional podrá
registrar un vehículo, nave o aeronave sin que medie consentimiento de
su conductor, piloto o propietario, por razones previstas en la legislación
aplicable a la materia o probabilidad fundada de la comisión de un delito.
Art. 240 Levantamiento e identificación de cadáveres. Cuando se trate de
muerte violenta, se encuentre un cadáver y no se tenga certeza sobre la
causa de muerte o identificación, o se sospeche que una persona falleció a
consecuencia de un delito, la Policía Nacional deberá practicar la
inspección en el lugar de los hechos, disponer la diligencia de
levantamiento del cadáver y la peritación y el examen médico legal
correspondiente para establecer la causa de muerte y las diligencias
necesarias para su identificación.
La identificación del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico.
Si esto no es posible, por medio de testigos.
Si por los medios indicados no se obtiene la identificación y su estado lo
permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial en la
morgue del Instituto de Medicina Legal o de un centro hospitalario, a fin
de que quien posea datos que puedan contribuir al reconocimiento los
comunique.
Art. 241 Allanamiento sin orden. Podrá procederse al allanamiento sin previa
orden judicial cuando:
1. Los que habitan en una casa manifiesten que ahí se está cometiendo
un delito o de ella se pida auxilio;
2. Por incendio, inundación u otra causa semejante, que amenace la vida
de los habitantes o de la propiedad;

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3. Cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas en una
morada o introduciéndose en ella, con indicios manifiestos de ir a
cometer un delito;
4. En caso de persecución actual e inmediata de un delincuente, y,
5. Para rescatar a la persona que sufra secuestro.
Art. 242 Allanamiento de otros locales. El allanamiento de locales públicos,
establecimientos de reunión o recreo, mientras estén abiertos al público y
no estén destinados a habitación, no requerirá de autorización judicial.
Tampoco regirán las limitaciones horarias establecidas para el
allanamiento y registro de morada.
En estos casos, deberá avisarse a las personas encargadas de los locales,
salvo que sea perjudicial para la investigación.
Art. 243 Clausura de locales. Cuando para averiguar un hecho punible grave sea
indispensable clausurar un local o movilizar cosas muebles que, por su
naturaleza o dimensiones, no puedan ser mantenidas en depósito, se
procederá a asegurarlas, según las reglas del secuestro.
La Policía Nacional está autorizada a realizar la clausura de un local por
un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Cualquier clausura superior
a este plazo debe ser ordenada por un juez, el cual debe valorar la
solicitud y ordenar la clausura por resolución fundada, que en ningún
supuesto excederá de treinta días.
Art. 244 Devolución de objetos. Será obligación de las autoridades devolver a la
persona legitimada para poseerlos y en el mismo estado en que fueron
ocupados, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso,
restitución o embargo, inmediatamente después de realizadas las
diligencias para las cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse mediante acta, por la autoridad
encargada de la investigación, con la advertencia de que los objetos
deberán ser presentados en el momento en que fueren requeridos.
Art. 245 Piezas de convicción. Las piezas de convicción serán conservadas por la
Policía Nacional hasta su presentación en el Juicio a requerimiento de las
partes. Las partes tendrán derecho de examinarlas, cuando lo estimen

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oportuno, siguiendo los controles de preservación y custodia que
establezca la Policía Nacional.
Practicadas las diligencias de investigación por la Policía Nacional, si no
es necesaria la conservación de las piezas de convicción, las devolverá en
depósito mediante acta.
Capítulo III
De las diligencias de investigación
que requieren autorización judicial
Art. 246 Autorización judicial. Para efectuar actos de investigación que puedan
afectar derechos consagrados en la Constitución Política cuya limitación
sea permitida por ella misma, se requerirá autorización judicial
debidamente motivada por cualquier juez de Distrito de lo Penal con
competencia por razón del territorio. Una vez iniciado el proceso, es
competente para otorgar la autorización, el juez de la causa.
En caso de urgencia se practicará el acto sin previa autorización, pero su
validez quedará supeditada a la convalidación del juez, la que será
solicitada dentro de un plazo de veinticuatro horas. Si el juez apreciara
además que en la práctica del acto se ha incurrido en delito, pondrá el
hecho en conocimiento del Ministerio Público.
Si esta autorización es decretada luego de celebrada la Audiencia
Preliminar o la Inicial, según se trate, el defensor deberá ser notificado y
tendrá derecho a estar presente en la práctica del acto.
Art. 247 Forma de llevar al Juicio los resultados de los actos de investigación.
La información de interés para la resolución de la causa, que conste en
actas u otros documentos redactados para guardar memoria de los actos
de investigación, se incorporará al Juicio a través de la declaración
testimonial de quienes directamente la obtuvieron mediante percepción
personal.
Los expertos no oficiales que hayan intervenido en los actos de
investigación adquirirán la condición de peritos si son declarados idóneos
como tales por el juez.

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Capítulo IV
De la actuación del Ministerio Público
Art. 248 Colaboración y participación directa. El Ministerio Público, en su
condición de órgano acusador, podrá dar a la Policía Nacional directrices
jurídicas orientadoras de los actos de investigación encaminadas a dar
sustento al ejercicio de la acción penal en los casos concretos.
Cuando el Ministerio Público lo considere conveniente, podrá participar
en el desarrollo de las investigaciones y en el aseguramiento de los
elementos de convicción, sin que ello implique la realización de actos
que, por su naturaleza, correspondan a la Policía Nacional.
Art. 249 Registros. El Ministerio Público llevará los registros y resúmenes de
actividades que estime convenientes para el control de la investigación, y
no está obligado a notificar de las diligencias de investigación a las
personas investigadas aún no sometidas a proceso.
Art. 250 Llamamiento. Toda persona citada por el Ministerio Público deberá
atender el llamamiento, bajo apercibimiento de conducción forzosa para
la práctica de diligencias relativas al ejercicio de la acción penal en caso
concreto, y podrá hacerse acompañar por abogado.
Los funcionarios y empleados del Estado están obligados a proporcionar
al Ministerio Público toda información de la cual dispongan con ocasión
del desempeño de su cargo, cuando aquél la solicite.
Art. 251 Antejuicio. Cuando la acción penal dependa de un procedimiento previo
de privación de inmunidad, el Ministerio Público no podrá realizar actos
que impliquen una persecución penal. Sólo practicará los de
investigación necesarios para asegurar los elementos de prueba, cuya
pérdida sea de temer y los indispensables para fundamentar la petición de
dicho procedimiento. Concluida la investigación esencial, el Ministerio
Público presentará la acusación ante el juez competente y pedirá a éste
solicitar la tramitación de la desaforación ante la autoridad que
corresponda.

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Art. 252 Atribuciones relacionadas con el ejercicio de la acción. Para el
ejercicio o disposición de la acción penal, el Ministerio Público tendrá las
siguientes atribuciones:
1. Valorar el informe policial y ordenar por escrito a la Policía Nacional,
si es necesario, que profundice o complete la investigación e indicar
las diligencias que estime oportunas para tal efecto;
2. Citar a personas que puedan aportar datos relacionados con el hecho
que se investiga, y,
3. Realizar las actividades que considere necesarias para la búsqueda de
elementos de convicción, conforme a la ley.
TITULO II
DEL JUICIO POR DELITOS
Capítulo I
Art. 253 Aplicación. Las normas previstas en este título se aplicarán al
enjuiciamiento de los delitos, con las modificaciones de plazos y formas
que se establecen para los delitos menos graves.
Art. 254 Inicio del proceso. Si hay reo detenido, el proceso penal se inicia con la
realización de la Audiencia Preliminar. Cuando no lo hay, el proceso
iniciará con la Audiencia Inicial.
Capítulo II
De la Audiencia Preliminar
Art. 255 Finalidad. La finalidad de la Audiencia Preliminar es hacer del
conocimiento del detenido la acusación, resolver sobre la aplicación de
medidas cautelares y garantizar su derecho a la defensa.
Art. 256 Comparecencia. Dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención,
las autoridades correspondientes presentarán a la persona detenida ante el

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juez, para la realización de la Audiencia Preliminar, la cual se realizará
inmediatamente.
En esta audiencia el fiscal deberá presentar la acusación ante el juez
competente. Si este requisito no se cumple, el juez ordenará la libertad
del detenido. El fiscal entregará al acusado una copia de la acusación.
Art. 257 Admisibilidad de la acusación. El juez analizará la acusación y la
admitirá si reúne los requisitos establecidos en el presente Código. En
caso contrario, la rechazará.
El juez que se considere incompetente, remitirá la causa de forma
inmediata a quien corresponda, conforme a la ley.
Art. 258 Corrección de errores. La corrección de simples errores materiales o la
inclusión de algunas circunstancias que no modifican esencialmente la
acusación ni provocan indefensión se podrá realizar durante la audiencia,
sin que sea considerada una ampliación de la acusación.
Art. 259 Modificación de la acusación. Durante el curso del proceso, y hasta
antes del inicio del Juicio, el fiscal podrá ampliar la acusación, mediante
la inclusión de un nuevo hecho que modifique la calificación jurídica o la
pena o resulte conexo. En este caso se brindará al acusado un plazo
razonable, en criterio del juez, para preparar su defensa.
Art. 260 Derechos del acusado en la Audiencia Preliminar. Admitida la
acusación, el juez procederá a informarle al acusado en forma
comprensible sobre los hechos y su calificación jurídica.
El juez preguntará al acusado si tiene defensor privado. Si no lo ha
designado, le indicará que tiene la opción de nombrarlo. Si el acusado es
incapaz de afrontar los costos de un defensor privado o no quiere
contratarlo, se procederá a designarle un defensor público o de oficio, según
corresponda, en la forma prevista en el presente Código.
La inasistencia del defensor a esta audiencia no la invalida. En
consecuencia, la designación del defensor no será motivo para
suspenderla.

93
El juez informará al acusado sobre su derecho de mantener silencio.
Art. 261 Caución. El juez procederá a determinar, provisionalmente, si se debe
aplicar una medida cautelar al acusado, de acuerdo con las normas de este
Código. Si determina que es innecesaria, ordenará su libertad.
Art. 262 Intervención de la víctima. En su condición de parte, la víctima tiene
derecho de participar en esta audiencia, aun cuando no le haya sido
notificada, y podrá opinar respecto de la medida cautelar que se adopte en
contra del acusado, pero deberá señalar domicilio para futuras
notificaciones. Su inasistencia no suspenderá la audiencia ni la viciará de
nulidad.
Art. 263 Ejercicio de la acción. En los delitos de acción pública, en cualquier
momento del proceso, la víctima podrá constituirse como acusador
particular. Al efecto, si así lo requiere, el juez pondrá a su disposición los
resultados de la investigación. La parte podrá solicitar en un plazo de
diez días, y el juez en su caso autorizar, la práctica complementaria de
actos de investigación.
Art. 264 Fijación de Audiencia Inicial. Si el juez ordena la prisión preventiva
del acusado, procederá a fijar una fecha inferior a los diez días siguientes
para la realización de la Audiencia Inicial.
Capítulo III
De la Audiencia Inicial
Art. 265 Finalidad. La finalidad de la Audiencia Inicial es determinar si existe
causa para proceder a Juicio, iniciar el procedimiento para el intercambio
de información sobre pruebas, revisar las medidas cautelares que se
hayan aplicado y determinar los actos procesales que tomarán lugar de
previo al Juicio. Cuando no se haya realizado Audiencia Preliminar,
serán propósitos adicionales de la Audiencia Inicial la revisión de la
acusación y la garantía del derecho a la defensa.
El acusado, su defensor y el Ministerio Público deberán estar presentes
durante esta audiencia. Las otras partes pueden estar presentes y se les
notificará previamente acerca de la fecha y sitio de la audiencia.

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Si el acusado no se hace acompañar de su defensor a esta Audiencia, se
modificará la finalidad de ésta, adoptando la establecida para la
Audiencia Preliminar.
Art. 266 Solicitud de citación o detención. Cuando el imputado no esté detenido,
el Ministerio Público, con base en la investigación de la Policía Nacional
o la que haya recabado, presentará la acusación al juez y en ella solicitará
su citación o detención para la Audiencia Inicial.
Art. 267 Suspensión por incomparecencia del acusado. Si habiendo sido
debidamente citado, el acusado no comparece por causa justificada, el
juez fijará nueva fecha para la celebración de la audiencia. Si la falta de
comparecencia del acusado es injustificada, se suspenderá por un plazo
de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía.
Cuando la Audiencia Inicial se convoque luego de realizada la Audiencia
Preliminar, y se produzca la ausencia injustificada del defensor, se tendrá
por abandonada la defensa y se procederá a su sustitución. En este
último caso la audiencia no podrá celebrarse antes de veinticuatro horas
después de haber asumido el cargo el defensor sustituto.
Art. 268 Sustento de la acusación. El Ministerio Público y el acusador
particular, si lo hay, deberán presentar ante el juez elementos de pruebas
que establezcan indicios racionales suficientes para llevar a Juicio al
acusado.
Si en criterio del juez, los elementos de prueba aportados por la parte
acusadora son insuficientes para llevar a Juicio al acusado, así lo declarará y
suspenderá la audiencia por un plazo máximo de cinco días para que sean
aportados nuevos elementos probatorios. Si en esta nueva vista, los
elementos de prueba aportados continúan siendo insuficientes, el juez
archivará la causa por falta de mérito y ordenará la libertad.
El auto mediante el cual se ordena el archivo de la causa por falta de
mérito no pasa en autoridad de cosa juzgada ni suspende el cómputo del
plazo para la prescripción de la acción penal. No obstante, si transcurre
un año, contado a partir de la fecha en que se dictó dicho auto, sin que la
parte acusadora aporte nuevos elementos de prueba que permitan

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establecer los indicios racionales a que hace referencia el primer párrafo
de este artículo, el juez, de oficio o a petición de parte, dictará
sobreseimiento.
Art. 269 Inicio de intercambio de información y pruebas. El fiscal y el acusador
particular si lo hay, deberán presentar un documento que contenga la
siguiente información:
1. Un listado de aquellos hechos sobre los cuales en su criterio existe
acuerdo y no requieren de prueba en el Juicio;
2. Un listado de las pruebas por presentar en el Juicio y de las piezas de
convicción en poder de la Policía Nacional o del Ministerio Público;
3. Si se ofrecen testigos, debe indicarse el nombre, datos personales y
dirección de cada uno de ellos. Si la parte requiere que el tribunal emita
una citación a cualquier testigo, ésta se debe solicitar;
4. Cuando sea procedente, lista de personas que se proponen como peritos
e informes que han preparado, y,
5. Los elementos de convicción obtenidos por la Policía Nacional o el
Ministerio Público que puedan favorecer al acusado.
El Fiscal, bajo responsabilidad disciplinaria y, de ser el caso, el acusador
particular tendrán la obligación de presentar la anterior información
durante la Audiencia Inicial, con indicación general y sucinta de los
hechos o circunstancias que se pretenden demostrar con cada medio de
prueba. No se podrán practicar en Juicio medios de prueba distintos de
los ofrecidos e incluidos en la información intercambiada, salvo que tal
omisión se haya producido por causas no imputables a la parte afectada y
que se proceda a su intercambio en la forma prevista en este Código.
Art. 270 Declaración del acusado. El acusado no tiene ningún deber de declarar
en este acto. Si lo quiere hacer, el juez le informará sobre su derecho de
mantener silencio y las consecuencias de renunciar a ese derecho.
Art. 271 Admisión de hechos. Si el acusado espontáneamente admite los hechos de
la acusación, el juez se asegurará de que la declaración sea voluntaria y
veraz. También le informará que su declaración implica el abandono de su
derecho a un Juicio oral y público.

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Si lo estima necesario, ordenará la recepción de prueba en una audiencia
que deberá celebrarse en un plazo no mayor de cinco días. Si la prueba
recibida arroja dudas sobre la culpabilidad del acusado, rechazará la
declaración de culpabilidad y ordenará la continuación del proceso. De lo
contrario, señalará fecha y hora, dentro de los siguientes quince días durante
los cuales ambas partes podrán presentar pruebas y alegatos acerca de la
sentencia por imponer, la cual será impuesta al final de este plazo.
Art. 272 Auto de remisión a Juicio. Oídas las partes, el juez, si hay mérito para
ello, en la misma Audiencia Inicial dictará auto de remisión a Juicio, que
contendrá:
1. Relación del hecho admitido para el Juicio;
2. Calificación legal hecha por el Ministerio Público;
3. Fecha, hora y lugar del Juicio, y,
4. Términos en que se cumplirán las diligencias preparatorias del Juicio.
Capítulo IV
De la organización del Juicio
Art. 273 Exhibición de prueba. El encargado de la custodia de los documentos,
objetos y demás elementos de convicción deberá garantizar que éstos
estén disponibles para su examen por las partes, desde el momento en que
cada una de ellas los ofreció como elementos de prueba y hasta antes del
Juicio.
Los elementos de carácter reservado serán examinados privadamente por
el tribunal. Si son útiles para la averiguación de la verdad, los
incorporará al proceso resguardando la reserva sobre ellos, sin afectar el
derecho de las partes a conocerlos.
Art. 274 Intercambio de información. Cuando se trate de delitos graves, dentro de
los quince días siguientes a la Audiencia Inicial, la defensa debe presentar al
Ministerio Público y al acusador particular, si lo hay, un documento con
copia al juez, que contenga el mismo tipo de información presentada por
éstos durante dicha audiencia. En las causas por delitos menos graves este
plazo será de cinco días.

97
De la misma forma que se estableció para la parte acusadora, la falta de
inclusión de medios de prueba en esa información impedirá su práctica en el
Juicio, salvo que se haya producido por causas no imputables a la parte
afectada.
Si la estrategia de la defensa se limita exclusivamente a la refutación de
las pruebas de cargo, así lo deberá manifestar por escrito al Ministerio
Público y al acusador particular si lo hay, con copia al juez, dentro del
término señalado, bajo apercibimiento de declarar abandonada la defensa
si no lo hace. En este último caso se procederá a la sustitución del
defensor en la forma prevista en este Código, otorgándose un nuevo
plazo de igual duración, para la realización del intercambio.
Art. 275 Ampliación de la información. Si sobreviene o se descubre un nuevo
elemento probatorio, una vez intercambiada la información, a más tardar
diez días antes de la fecha de inicio del Juicio, las partes deberán ampliar
e intercambiar nuevamente la información suministrada conforme el
procedimiento establecido.
Art. 276 Controversia. Cualquier desavenencia de las partes sobre la
información intercambiada podrá ser comunicada por cualquiera de ellas
al juez, quien resolverá en la Audiencia Preparatoria del Juicio.
Art. 277 Inadmisibilidad de la prueba. Las partes podrán solicitar la
inadmisibilidad de la prueba por razones de ilegalidad, impertinencia,
inutilidad o repetitividad, lo que será resuelto por el juez en la Audiencia
Preparatoria del Juicio con práctica de prueba.
Si por circunstancias excepcionales la solicitud de inadmisibilidad es
planteada durante el Juicio, el juez sin presencia del jurado resolverá
luego de oír a las partes.
Art. 278 Práctica del examen pericial. Los exámenes de las cosas objeto del
dictamen pericial, propuestos por cualquiera de las partes, deberán ser
practicados al menos quince días antes del inicio del Juicio y sus
resultados remitidos inmediatamente al juez y a la contraparte.

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Cuando el dictamen sea irreproducible por peligro de desaparición o
alteración de la cosa sobre la que recae se deberá practicar con presencia de
la parte contraria, salvo que razones de urgencia lo impidan.
Art. 279 Audiencia Preparatoria del Juicio. A solicitud de cualquiera de las
partes, se celebrará Audiencia Preparatoria del Juicio, dentro de los cinco
días anteriores a la celebración del Juicio oral y público, para resolver:
1. Cuestiones relacionadas con las controversias surgidas en relación con
el intercambio de la información sobre los elementos de prueba;
2. La solicitud de exclusión de alguna prueba ofrecida;
3. Precisar si hay acuerdo sobre hechos que no requieran ser probados en
Juicio, y,
4. Ultimar detalles sobre organización del Juicio.
Art. 280 Diligencias de organización. Recibidos los informes, la secretaría del
tribunal citará a los testigos y peritos admitidos, solicitará los objetos y
documentos requeridos por las partes y dispondrá las medidas necesarias
para organizar y desarrollar el Juicio público.
Será obligación de las partes coadyuvar en la localización y
comparecencia de los testigos que hayan propuesto para el Juicio. El
tribunal les brindará el apoyo necesario por medio de la citación, sin
perjuicio del uso de la fuerza pública si fuera necesario.
Capítulo V
Del Juicio oral y público
Art. 281 Principios. El Juicio se realizará sobre la base de la acusación, en forma
oral, pública, contradictoria y concentrada.
Art. 282 Inmediación. El Juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del
juez, todos los miembros del jurado en su caso, la parte acusadora, el
acusado y su defensor; podrán participar adicionalmente las otras partes.
Sin autorización del juez ninguno de los participantes podrá abandonar la
sala de juicios.

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Cuando además del Ministerio Público haya acusador particular, la no
comparecencia de éste no suspenderá la celebración del Juicio.
Sólo podrá dictar sentencia el juez ante quien se han celebrado todos los
actos del Juicio oral. Asimismo, no podrá participar en la deliberación ni
concurrir a emitir veredicto el miembro del jurado que no haya estado
presente en forma ininterrumpida en el Juicio. Esta disposición rige
también para el miembro suplente del jurado.
El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si
rehúsa permanecer, será custodiado en una sala próxima y para todos los
efectos podrá ser representado por el defensor. Si la acusación es
ampliada, quien presida la audiencia lo hará comparecer para los fines de
la intimación que corresponda.
Si su presencia es necesaria para practicar algún reconocimiento u otro
acto, podrá ser compelido a comparecer a la audiencia por la fuerza
pública.
Si el defensor no comparece a la audiencia por causa injustificada, se
considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo
inmediato.
Art. 283 Grabación. El Juicio y, de ser el caso, la audiencia sobre la pena serán
grabados en su totalidad y la grabación se deberá conservar. Mediante la
grabación se podrá verificar la exactitud de lo establecido en la sentencia
sobre lo manifestado por los testigos y peritos, y cualquier incidencia
suscitada en el Juicio.
Art. 284 Limitaciones a la libertad del acusado. Si el acusado que se halla en
libertad no comparece injustificadamente al Juicio, el juez podrá ordenar,
para asegurar su presencia en él, su conducción por la fuerza pública e
incluso variar las condiciones por las cuales goza de libertad e imponer
algunas de las medidas cautelares previstas en este Código.
Art. 285 Publicidad. El Juicio será público. No obstante, el juez podrá restringir
el dibujo, la fotografía o la filmación de los miembros del jurado, de
algún testigo o perito, y regular los espacios utilizables para tales
propósitos.

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Excepcionalmente y con carácter restrictivo, el juez podrá resolver que se
limite el acceso del público y de los medios de comunicación al Juicio
por consideraciones de moral y orden público, cuando declare un menor
de edad u otros casos previstos por la ley. La resolución será fundada y
se hará constar en el acta del Juicio.
Desaparecida la causa de la restricción, se hará ingresar nuevamente al
público. El juez podrá imponer a las partes el deber de guardar secreto
sobre los hechos que presenciaron o conocieron, y así se hará constar en
el acta del Juicio.
Art. 286 Prohibiciones de acceso. Por razones de disciplina y capacidad de la
sala, el juez podrá ordenar el alejamiento de personas o limitar la
admisión a determinado número.
Art. 287 Oralidad. La audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo
relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes como a las
declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a
toda intervención de quienes participen en ella. Durante el Juicio, las
resoluciones serán fundadas y dictadas verbalmente en forma clara y
audible por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de
su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta del Juicio.
El principio de oralidad no excluye la posibilidad que durante el Juicio
puedan ser incorporados para su lectura:
1. Las pruebas que se hayan recibido mediante la diligencia de anticipo
jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal
exijan la comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea
posible;
2. La prueba documental, informes y certificaciones, y,
3. Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el Juicio fuera
de la sala de audiencias.
Art. 288 Concentración. El tribunal realizará el Juicio durante los días
consecutivos que sean necesarios hasta su conclusión. Se podrá
suspender cuantas veces sea necesario, por un plazo máximo total de diez
días, en los casos siguientes:

101
1. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, cuya
intervención sea indispensable, siempre que no pueda continuarse con
la recepción de otras pruebas hasta que el ausente comparezca o sea
conducido por la fuerza pública, y,
2. Cuando el juez, miembro del jurado, el acusado, su defensor, el
representante del Ministerio Público o el acusador particular se
enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el
Juicio.
Art. 289 Decisión sobre la suspensión. El juez decidirá la suspensión y
anunciará el día y hora en que continuará el Juicio. Dispondrá los
recesos que considere necesarios. Ello valdrá como citación para todos
los miembros del jurado y las partes.
Art. 290 Interrupción. Si el Juicio no se reanuda a más tardar diez días después
de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser iniciado de
nuevo, so pena de nulidad.
Art. 291 Dirección y disciplina. El juez presidirá y dirigirá el Juicio, ordenará la
práctica de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que
correspondan, moderará la discusión y resolverá los incidentes y demás
solicitudes de las partes. Impedirá que las alegaciones se desvíen hacia
aspectos inadmisibles o impertinentes, pero sin coartar el ejercicio de la
acusación ni el derecho a la defensa.
También podrá limitar el tiempo del uso de la palabra a quienes
intervengan durante el Juicio, fijando límites máximos igualitarios para
todas las partes o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente
abusivo de su derecho.
Del mismo modo ejercerá las potestades disciplinarias destinadas a
mantener el orden y decoro durante el Juicio y, en general, las necesarias
para garantizar su eficaz realización. Podrá corregir en el acto
imponiendo las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial
y su Reglamento, las que podrán ser recurridas ante el superior jerárquico
de la autoridad sancionadora en el término de tres días.

102
Art. 292 Delitos en audiencia. Si durante cualquier audiencia celebrada en el
proceso, incluyendo el Juicio, se comete un delito, el fiscal solicitará de
inmediato al juez ordenar el levantamiento de un acta con las
indicaciones pertinentes y la detención del autor, a fin de que el
Ministerio Público proceda a la investigación.
Capítulo VI
De la intervención de jurado
Art. 293 Derecho a Juicio por jurado. Todo acusado por la presunta comisión
de un delito grave tiene derecho a ser juzgado por un jurado, excepto en
las causas por delitos relacionados con el consumo o tráfico de
estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas o con lavado
de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas. En todos los
casos, los juicios en las causas por delitos menos graves se realizarán sin
Jurado.
El acusado con derecho a ser juzgado por jurado puede renunciar a dicho
derecho y ser juzgado por el juez de la causa. Al efecto, deberá
manifestar expresamente esta renuncia a más tardar diez días antes de la
fecha de inicio del Juicio.
Cuando no haya jurado, el juez tendrá la responsabilidad de resolver
acerca de la culpabilidad o inculpabilidad del acusado así como sobre la
pena y las medidas de seguridad que correspondan.
Art. 294 Selección aleatoria. En sesión pública, celebrada dentro de las
veinticuatro horas anteriores al inicio del Juicio que corresponda realizar,
el juez de distrito involucrado, siguiendo un procedimiento de selección
aleatoria, escogerá a un número suficiente de candidatos a miembros de
jurado para intervenir en la causa de que se trate, teniendo en cuenta el
número de partes en el proceso; este número en ningún caso deberá ser
menor de doce personas.
En los complejos judiciales con dos o más juzgados de distrito que
requieran efectuar la selección de candidatos para celebrar juicios, los
jueces involucrados la realizarán en forma coordinada a fin de evitar que

103
una misma persona sea seleccionada como candidato a miembro de
jurado en más de un tribunal.
Art. 295 Citación de los candidatos a jurados. El juez ordenará lo necesario
para la citación a candidatos de jurado a fin de que comparezcan el día
señalado para la vista de Juicio oral en el lugar en que se haya de
celebrar, con dos horas de anticipación.
La cédula de citación contendrá un cuestionario en el que se especificarán
las eventuales causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición que
los candidatos a jurados designados vienen obligados a manifestar así
como los supuestos de excusa que por aquéllos puedan alegarse.
Art. 296 Entrevista a candidatos y recusación. Al iniciar el Juicio oral, los
acusadores y defensores podrán realizar a cada uno de los candidatos a
miembro de jurado, las preguntas que considere conveniente. El juez
controlará su pertinencia.
Finalizadas las entrevistas, cada una de las partes podrá recusar hasta dos
jurados sin expresión de causa. Repuestos los recusados, sólo procederá
la recusación con expresión de una de las causales de recusación
señaladas para los jueces. Las partes plantearán y probarán las
recusaciones en la audiencia de integración.
Art. 297 Integración. Resueltas las excusas por implicancia o las recusaciones, el
juez designará a los candidatos que integrarán el Tribunal de Jurado, el
que estará compuesto por cinco miembros titulares y uno suplente.
Si por causa justificada no puede continuar en el Juicio uno de los
miembros del jurado, se incorporará al suplente siempre que haya estado
presente desde su inicio. De faltar otro, se podrá continuar con la
presencia de los otros cuatro de los miembros.
Art. 298 Función del juez en el juicio por jurado. El juez presidirá el Juicio y
resolverá todas las cuestiones legales que se susciten e instruirá al jurado,
al momento de su finalización, acerca de las normas por tener presentes
en sus deliberaciones.

104
Art. 299 Portavoz. Como acto inicial del Juicio, el juez tomará Promesa de Ley a
los miembros del jurado titulares y suplentes, quienes seguidamente
escogerán, por mayoría, un portavoz. Las funciones de éste serán las de
dirigir las deliberaciones, elaborar el acta y representar a los jurados en la
comunicación con el juez.
Art. 300 Advertencia. Al inicio del Juicio, el juez informará al jurado del deber
de no conversar entre ellos mismos ni con cualquier otra persona, acerca
de cualquier asunto relacionado con el Juicio. Asimismo les indicará que
no deben llegar a ninguna conclusión acerca de cualquier materia
relacionada con el Juicio hasta que éste finalice.
Art. 301 Funciones. Los miembros del jurado en el ejercicio de sus funciones
actuarán con arreglo a los principios de imparcialidad y sumisión a la ley.
El jurado se limitará a determinar la culpabilidad o no culpabilidad del
acusado. Se requerirán al menos cuatro votos coincidentes, manifestados
en forma secreta por medio de bolas blancas o negras, depositadas en una
urna preparada al efecto, para que haya veredicto de culpabilidad o no
culpabilidad del o los acusados.
Si el jurado no llegara a un veredicto en un plazo máximo de setenta y
dos horas será disuelto y se convocará a nuevo Juicio con nuevo jurado.
Si en este segundo Juicio, vencido el plazo tampoco se lograra veredicto,
el juez dictará sentencia absolutoria. El tiempo consumido en la
realización del primer Juicio no se abonará al cómputo del plazo máximo
de obtención de la sentencia.
Art. 302 Abandono de la sala. Cuando los miembros del jurado abandonen la
sala de audiencia, el juez puede ordenarles que se mantengan juntos bajo
custodia o les puede permitir que se separen. En este caso, les advertirá
de nuevo que no conversen con nadie acerca de este asunto, ni que visiten
el lugar donde sucedió el delito.
Concluida la audiencia de cada día, cada jurado se retirará a su
residencia, salvo que el juez estime imprescindible que se mantengan
juntos pero aislados del resto de la comunidad.

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Capítulo VII
Del desarrollo del Juicio
Art. 303 Apertura. En el día y hora fijados, el juez se constituirá en el lugar
señalado para el Juicio, verificará la presencia e identidad de las partes,
sus defensores y, si es el caso, de los miembros del jurado.
Luego de tomar la promesa de ley a los miembros del jurado, declarará
abierto el Juicio y ordenará al secretario dar lectura al escrito de
acusación formulado por el Ministerio Público y por el acusador
particular si lo hubiera. Seguidamente el juez explicará al acusado y al
público la importancia y significado del acto, advertirá a las partes que en
ningún momento se deberá hacer mención de la posible pena que se
pueda imponer al acusado y, si procede, informará al jurado acerca de los
hechos en los que las partes están de acuerdo y en consecuencia no
requerirán ser probados durante el Juicio.
A continuación se procederá, en forma sucinta, a la exposición en el
orden de las acusaciones por el fiscal y el acusador particular, si hay, y
seguidamente a la exposición por el defensor de los lineamientos de su
defensa.
Art. 304 Trámite de los incidentes. Si existen cuestiones incidentales sin
resolver aún, serán tratadas en un solo acto, a menos que el juez resuelva
hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del
Juicio.
El debate de las cuestiones incidentales se realizará sin presencia del
jurado.
Art. 305 Clausura anticipada del Juicio. En la etapa de Juicio con o sin jurado,
hasta antes de la clausura del Juicio el juez puede:
1. Decretar el sobreseimiento, si se acredita la existencia de una causa
extintiva de la acción penal y no es necesaria la celebración o
conclusión del Juicio para comprobarla;
2. Dictar sentencia cuando haya conformidad del acusado con los hechos
que se le atribuyen en la acusación, y,

106
3. Dictar sentencia absolutoria cuando se evidencie que la prueba de
cargo no demuestra los hechos acusados.
Art. 306 Práctica de pruebas. Después de las exposiciones de apertura, se
procederá, en el mismo orden en que ellas se efectuaron, a evacuar la
prueba, y en el orden que cada parte estime. Cuando se trate de dos o
más acusados, el juez determinará el orden en que cada defensor deberá
presentar sus alegatos y pruebas.
Si en el transcurso del Juicio llega a conocimiento de cualquiera de las
partes un nuevo elemento de prueba que no fue objeto del intercambio
celebrado en la preparación del Juicio, para poderla practicar la parte
interesada la pondrá en conocimiento de las otras partes a efecto de que
preparen su intervención y de ser necesario soliciten al juez la suspensión
del Juicio para prepararse y ofrecer nuevas pruebas. El juez valorará la
necesidad de la suspensión del Juicio y fijará el plazo por el cual éste se
suspenderá, si así lo decidió.
Art. 307 Testigos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí,
ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el
Juicio. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá
la declaración del testigo, pero el juez o el jurado, según el caso,
apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.
El juez moderará el interrogatorio y, a petición de parte o
excepcionalmente de oficio, evitará que el declarante conteste preguntas
capciosas, sugestivas o impertinentes; procurará que el interrogatorio se
conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las
personas.
Después de que el juez tome la promesa de ley al testigo, la parte que lo
propone lo interrogará directamente. A continuación la contraparte podrá
formular repreguntas al testigo y, terminadas éstas, la parte que lo
propuso podrá nuevamente formularle preguntas limitándose, en esta
oportunidad, a la aclaración de elementos nuevos que hayan surgido en el
contrainterrogatorio realizado por la contraparte.
Después de su declaración, se informará al testigo que queda a
disposición del tribunal hasta la finalización del Juicio, que puede

107
permanecer en la sala o retirarse y de ser necesario podrá ser llamado a
comparecer nuevamente a declarar cuando así lo requiera cualquiera de
las partes. Estas podrán solicitar que un testigo amplíe su declaración
cuando surjan elementos o circunstancias nuevos o contradictorios con
posterioridad a su declaración.
Art. 308 Peritos. Los peritos admitidos serán interrogados inicialmente por la
parte que los propuso sobre el objeto del dictamen pericial. La
contraparte también podrá interrogarlos.
Los peritos responderán directamente a las preguntas que les formulen las
partes. Podrán consultar notas y dictámenes, sin que pueda reemplazarse
su declaración por la lectura. Al igual que cuando se trata de los testigos
y por los mismos motivos, luego de su declaración el perito quedará a la
orden del tribunal y, a solicitud de parte, podrá ser llamado a ampliar su
declaración.
Art. 309 Actividad complementaria del peritaje. Si para efectuar las
operaciones periciales es necesario, a petición de parte, el juez podrá
ordenar la presentación o el secuestro de cosas o documentos y la
comparecencia de personas.
Art. 310 Inspección ocular. Si para conocer los hechos se hace necesaria una
inspección ocular, a solicitud de las partes, el juez podrá disponerlo así y
ordenará las medidas necesarias para llevarla a cabo en presencia del
jurado y las partes.
Art. 311 Declaración del acusado y derecho al silencio. El acusado tiene
derecho a no declarar. Si decide hacerlo, el juez previamente le advertirá
del derecho que le asiste de no declarar, de que de su silencio no podrá
derivarse ninguna consecuencia que le sea perjudicial, de que si declara
lo hará previa promesa de ley y en la forma prevista para la declaración
de los testigos y de que, en tal caso, su declaración se valorará como
cualquier medio de prueba.
Durante el Juicio, no deberá hacerse mención alguna al silencio del
acusado, bajo posible sanción de nulidad.

108
El acusado podrá en todo momento comunicarse con su defensor, sin que
por ello la audiencia se suspenda; para tal efecto se le ubicará a su lado.
No obstante, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de
responder a preguntas que se le formulen.
Art. 312 Nuevas circunstancias del hecho. Si durante la práctica de la prueba
surgieran circunstancias nuevas, no contempladas en la acusación, que
puedan modificar la calificación jurídica del hecho objeto del Juicio, el
fiscal podrá ampliar la acusación incorporando esas circunstancias.
De procederse así, el juez informará al defensor acerca del derecho que le
asiste de pedir la suspensión del Juicio para ofrecer nuevas pruebas o
preparar su intervención y, de ser así, fijará el plazo por el cual se
suspenderá el Juicio.
Art. 313 Objeción. Las partes, sus abogados y los fiscales podrán objetar
fundadamente las preguntas que se formulen, así como las decisiones que
el juez adopte en cuanto a ellas. Si es rechazada la objeción, el interesado
podrá pedir que se registre en el acta del Juicio.
Art. 314 Debate final. Terminada la práctica de las pruebas, el juez concederá
sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular si lo hay, y al
defensor, para que en ese orden expresen los alegatos finales, los que
deberán circunscribirse a los hechos acusados, su significación jurídica y
la prueba producida en el Juicio. No podrán leerse memoriales, sin
perjuicio de la utilización parcial de notas para ayudar la memoria.
Seguidamente, se otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar
y duplicar, para referirse sólo a los argumentos de la parte contraria.
En ningún supuesto los alegatos finales podrán hacer referencia alguna a
la posible pena o al silencio del acusado.
El acusado tendrá derecho a la última palabra al final del acto del juicio.
Art. 315 Uso de la palabra. El juez impedirá cualquier divagación, repetición o
interrupción en el uso de la palabra. En caso de manifiesto abuso de la
palabra por los abogados de las partes, el juez llamará la atención al
orador y, si éste persiste, podrá limitar prudentemente el tiempo del

109
alegato, para lo cual tendrá en cuenta la naturaleza de los hechos en
examen, las pruebas recibidas y el grado de dificultad de las cuestiones
por resolver. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones
de un modo concreto.
Capítulo VIII
Del veredicto, el fallo y la sentencia
Art. 316 Instrucciones al jurado. Las instrucciones al jurado constituyen un
conjunto de normas generales de Derecho necesarias para que éste pueda
rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos según los determine.
Se instruirá al jurado en los siguientes temas:
1. Valoración de la prueba sobre la base del estricto criterio racional;
2. Los elementos del tipo penal sobre el cual se basa la acusación,
expresados de acuerdo con los hechos sobre los que ha versado la
prueba;
3. La presunción de inocencia y el derecho de no declarar;
4. Culpabilidad, y,
5. Cualquier otro que, en criterio del juez, garantice que las
deliberaciones se realizarán dentro del marco constitucional y legal.
Además de lo anterior, el juez:
1. Indicará a los miembros del jurado los hechos y circunstancias sobre
los cuales deben decidir en relación con el acusado;
2. Informará que si tras la deliberación no les ha sido posible resolver las
dudas que tengan sobre la prueba deberán decidir en el sentido más
favorable al acusado;
3. Advertirá a los miembros del jurado que no aprecien aquellos medios
probatorios cuya ilicitud o invalidez haya sido declarada;
4. Se abstendrá de informar al jurado, so pena de nulidad del Juicio,
sobre la sanción que podría ser impuesta si recayera un veredicto de
culpabilidad, y,
5. Advertirá a los miembros del jurado que no deberán abstenerse de
votar.

110
Art. 317 Derecho a proponer instrucciones adicionales. En cualquier tiempo
antes de iniciar los alegatos conclusivos, las partes podrán formular por
escrito y presentar al juez propuestas de instrucciones adicionales al
jurado, con copia a la parte contraria. Si el juez deniega cualquier
instrucción propuesta por las partes, fundamentará su decisión
verbalmente y se dejará constancia de ello en el acta de Juicio.
Art. 318 Impartición de instrucciones. Finalizados los alegatos conclusivos, el
juez en público impartirá verbalmente las instrucciones al jurado, las que
se transcribirán en el acta del Juicio.
Art. 319 Deliberación y votación. Seguidamente el jurado se retirará a la sala
destinada a la deliberación.
La deliberación será secreta y continua, sin que ninguno de los miembros
del jurado, bajo responsabilidad, pueda revelar lo que en ella se ha
manifestado ni comunicarse con persona alguna hasta que hayan emitido
el veredicto. El juez deberá adoptar las medidas oportunas al efecto. Por
ningún motivo podrá el juez estar presente en la deliberación y votación.
El Portavoz asumirá la función de coordinador y moderador de los
debates durante la deliberación y votación. De estimarse necesario, el
jurado podrá suspender la deliberación para solicitar al juez aclaraciones
sobre aspectos técnico jurídicos, que serán realizadas por él en presencia
de las partes. Además, podrá solicitar al juez las piezas de convicción y
pruebas documentales que consideren necesarias para su análisis.
Cuando a instancia del Portavoz o de cualquiera de sus miembros, el
jurado considere suficientemente debatido el o los asuntos sometidos a su
conocimiento, se procederá a votar en forma secreta, depositando en la
urna correspondiente las bolas blancas o negras, pronunciándose sobre la
culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Si son varios los cargos o
varios los acusados, se votará en forma separada cada uno de ellos. Este
procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario hasta obtener el
veredicto. De lograrse acuerdos parciales, la deliberación continuará en
los aspectos pendientes pero, mientras no haya decisión sobre la totalidad
de los asuntos por resolver, no habrá veredicto.

111
Finalmente, el jurado acordará el veredicto y decidirá sobre la
culpabilidad o no culpabilidad del acusado.
Art. 320 Decisión. En los juicios con jurado, el acta de veredicto debe indicar
lugar, fecha y hora en que se produce y señalar si el o los acusados son o
no culpables de cada uno de los delitos por los que se les acusó. Debe ser
firmada por todos los jurados y leída por el Portavoz en la audiencia
pública.
En los juicios sin jurado, finalizados los alegatos de las partes, el juez
pronunciará su fallo, el que igualmente declarará la culpabilidad o no
culpabilidad del o los acusados en relación con cada uno de los delitos
por los que se les acusó. De ser necesario, el juez podrá retirarse a
reflexionar sobre su decisión por un plazo no mayor de tres horas.
Concluida la lectura del veredicto del jurado, el juez ordenará a sus
miembros retirarse del local de la audiencia. Previamente les advertirá
acerca de la obligación que tienen de abstenerse de comentar aspecto
alguno acerca de la deliberación, votación y veredicto, so pena de incurrir
en responsabilidad penal.
Al finalizar sus labores, cada uno de sus cinco miembros y el suplente
percibirán una compensación en concepto de dieta, equivalente a un día
del salario que corresponde a los jueces de distrito de lo penal.
Art. 321 Efectos del veredicto. El fallo o veredicto vincula al juez; el veredicto
es inimpugnable.
Si el fallo o veredicto es de no culpabilidad, el juez ordenará, salvo que
exista otra causa que lo impida, la inmediata libertad del acusado que esté
detenido, que se hará efectiva en la misma sala de audiencia, la
restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a
comiso y las inscripciones necesarias. Cuando el veredicto de no
culpabilidad se funde en alguna causal eximente de responsabilidad
penal, se deberá dejar constancia de ello en el acta de veredicto.
Cuando el fallo o veredicto sea de culpabilidad, el juez, deberá imponer
la medida cautelar que corresponda y señalará el momento de realización

112
de la audiencia sobre la pena e informará a la víctima del derecho que le
asiste de intervenir en dicha audiencia.
Art. 322 Debate sobre la pena. Conocido el fallo o veredicto de culpabilidad, el
juez procederá a calificar el hecho y, en la misma audiencia o en
audiencia convocada para el día inmediato siguiente, concederá
sucesivamente el uso de la palabra al fiscal, al acusador particular si lo
hubiere y al defensor para que debatan sobre la pena o medida de
seguridad por imponer. Seguidamente ofrecerá la palabra al condenado
por si desea hacer alguna manifestación. El juez podrá limitar razonable
y equitativamente el tiempo de las intervenciones. En este trámite se
aceptará la práctica de la prueba pertinente.
Art. 323 Plazo para sentencia. Dentro de tercero día contado a partir de la última
audiencia, bajo responsabilidad disciplinaria, y en nueva audiencia
convocada al efecto, el juez procederá a pronunciar la sentencia que
corresponda, según lo establecido en este Código.
La sentencia quedará notificada con la lectura integral que se hará de ella
en la audiencia que se señale al efecto. Las partes recibirán copia.
TITULO III
DEL JUICIO POR FALTAS
Art. 324 Ambito objetivo. Se seguirá el procedimiento descrito en el presente
título para conocer y resolver las faltas penales.
Art. 325 Acusación. La víctima, la autoridad administrativa afectada o la Policía
Nacional, según el caso, están facultados para interponer de forma verbal
o escrita la acusación ante el juez local competente. Cuando se
interponga verbalmente, se levantará acta de la misma.
La acusación por la comisión de una falta deberá contener como mínimo
lo siguiente:
1. Identificación del imputado, su domicilio o residencia o el lugar donde
sea hallado;

113
2. Descripción resumida del hecho con indicación de tiempo y lugar;
3. Indicación de los medios de prueba;
4. Disposición legal infringida, salvo que se trate de la víctima, y,
5. Identificación y firma.
Art. 326 Inadmisibilidad. La acusación será declarada inadmisible cuando:
1. El hecho no revista carácter penal;
2. La acción esté evidentemente prescrita;
3. Verse sobre hechos delictivos, o,
4. Falte un requisito de procedibilidad.
Si se declara inadmisible, el juez devolverá al acusador el escrito y las
copias acompañadas, incluyendo la decisión debidamente fundada. Si los
requisitos son subsanables, el juez dará al acusador un plazo de cinco días
para corregirlos. En caso contrario la archivará.
El acusador podrá proponer nuevamente la acusación, por una sola vez,
corrigiendo sus defectos si es posible, con mención de la desestimación
anterior.
Art. 327 Audiencia Inicial y mediación. Admitida la acusación, el juez citará a
las partes a la Audiencia Inicial. En el momento de recibir la acusación,
el juez interrogará a las partes sobre la previa celebración de trámite de
mediación y lo promoverá, si procede, en la forma prevista en el presente
Código.
Art. 328 Libertad del acusado. El acusado permanecerá en libertad, pero podrá
ser detenido por el tiempo estrictamente necesario para hacerlo
comparecer a audiencia, cuando injustificadamente no se haya presentado
en la Audiencia Inicial.
Art. 329 Defensa. Desde el inicio de este procedimiento, el acusado tiene derecho
a estar asesorado por un defensor, quien podrá ser abogado o, en su
defecto, egresado o estudiante de Derecho, o entendido en esta materia,
de reconocida honorabilidad y debidamente autorizados en la forma
prevista por la ley.

114
Art. 330 Convocatoria a Juicio. Fracasada la mediación, el juez local convocará
al Juicio y librará las órdenes necesarias para incorporar a éste los medios
de prueba en poder de la Policía Nacional u otra institución del Estado.
Art. 331 Juicio. Las partes comparecerán a la audiencia con todos los medios
probatorios que pretendan hacer valer.
El juez oirá brevemente a los comparecientes, apreciará conforme el
criterio racional los elementos de convicción presentados y absolverá o
condenará en el acto expresando claramente sus fundamentos. La
sentencia se hará constar en el acta del Juicio.
Si no se incorporan medios de prueba durante el Juicio, el juez decidirá
sobre la base de los elementos acompañados con la acusación.
Art. 332 Supletoriedad. En lo que sea compatible con la simplicidad y celeridad
del Juicio por Faltas se aplicará lo dispuesto para el Juicio por Delitos sin
jurado.
TITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Capítulo I
Del régimen jurídico
Art. 333 Supletoriedad. En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son
aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno
de ellos en este Libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a
ellas, se aplicarán las reglas del Juicio por Delitos.
Capítulo II
Del proceso penal en contra del
Presidente o del Vicepresidente de la República
Art. 334 Competencia. Conforme lo establece el párrafo quinto del artículo
ciento treinta de la Constitución Política, en las causas penales en contra

115
del Presidente o del Vicepresidente de la República, una vez privados de
su inmunidad, la Corte Suprema de Justicia en pleno es el órgano judicial
competente para procesarlos.
Sin detrimento de la facultad del Ministerio Público de llevar a cabo los
actos de preservación de aquellos elementos probatorios cuya pérdida sea
de temer y de realizar los actos de investigación indispensables para
fundamentar la petición, la Fiscalía General de la República o el acusador
particular presentará directamente ante la Asamblea Nacional la solicitud
de privación de inmunidad del funcionario de que se trate.
Art. 335 Plazo para presentar la acusación. Dentro de los cinco días posteriores
a la aprobación del decreto de privación de inmunidad por la Asamblea
Nacional o a la presentación ante su Secretaría de la renuncia voluntaria,
la Fiscalía General de la República o el acusador particular deberá
presentar la acusación respectiva ante la Corte Suprema de Justicia,
solicitando la celebración de la Audiencia Inicial y la respectiva
notificación del funcionario acusado.
Art. 336 Procedimiento. Para el procesamiento de estos funcionarios se seguirán
las normas del Juicio por Delitos sin jurado con las siguientes
particularidades:
1. Sólo cuando el presunto delito haya sido cometido en el ejercicio de
su cargo y no haya sido cometido en perjuicio del Estado, la defensa
del funcionario acusado podrá ser asumida por el Procurador General
de la República;
2. No procederá ninguna forma de aplicación del principio de
oportunidad por parte del Ministerio Público;
3. La duración máxima del proceso, independientemente de la detención
o libertad del acusado, será de noventa días, contados a partir de la
Audiencia Inicial;
4. El plazo para que la Corte Suprema de Justicia dicte la sentencia
correspondiente será de quince días, contados a partir del fallo
absolutorio o condenatorio, y,
5. Contra las resoluciones dictadas en este proceso sólo cabrá el recurso
de reposición.

116
Capítulo III
De la revisión de sentencia
Art. 337 Procedencia. La acción de revisión procederá contra las sentencias
firmes y en favor del condenado o de aquél a quien se haya impuesto una
medida de seguridad, en los siguientes casos:
1. Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten
inconciliables o excluyentes con los establecidos por otra sentencia
penal firme;
2. Cuando la sentencia condenatoria se haya fundado en prueba falsa o
en veredicto ostensiblemente injusto a la vista de las pruebas
practicadas;
3. Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de
prevaricato, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta o cualquier
otro delito cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme
salvo que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso
siguiente;
4. Cuando se demuestre que la sentencia es consecuencia directa de una
grave infracción a sus deberes cometida por un juez o jurado, aunque
sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente;
5. Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos
hechos o nuevos elementos de prueba que, solos o unidos a los ya
examinados en el proceso, evidencien que el hecho o una
circunstancia que agravó la pena no existió, que el condenado no lo
cometió o que el hecho cometido no es punible o encuadra en una
norma más favorable;
6. Cuando deba aplicarse retroactivamente una ley posterior más
favorable, o cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria haya
sido declarada inconstitucional, o,
7. Cuando se produzca un cambio jurisprudencial que favorezca al
condenado, en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o sus
Salas.
La revisión procederá aun cuando la pena o medida de seguridad haya
sido ejecutada o se encuentre extinguida.

117
Art. 338 Sujetos legitimados. Podrán promover la revisión:
1. El condenado o aquél a quien se le ha aplicado una medida de
seguridad; si es incapaz, sus representantes legales;
2. El cónyuge, el compañero en unión de hecho estable, los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, si el condenado ha
fallecido;
3. El Ministerio Público, y,
4. La Defensoría Pública.
La muerte de quien haya promovido la revisión, durante el curso de ésta,
no paralizará el desarrollo del proceso. En este caso, las personas
autorizadas para ejercer la acción impugnatoria podrán apersonarse a las
diligencias; en su defecto, se operará la sustitución procesal en la
persona del defensor.
Art. 339 Formalidades de interposición. La revisión será interpuesta, por
escrito, ante el tribunal competente. Contendrá, bajo pena de
inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se basa y las
disposiciones legales aplicables. Se acompañará, además, la prueba
documental que se invoca, indicando, si corresponde, el lugar o archivo
donde ella está.
Asimismo, deberán ofrecerse los elementos de prueba que acreditan la
causal de revisión que se invoca.
En el escrito inicial, deberá designarse a un abogado defensor. Si no lo
hace, el tribunal lo prevendrá, sin perjuicio de la designación de un
defensor público o de oficio, según corresponda, cuando sea necesario.
Art. 340 Declaración de inadmisibilidad. Cuando la acción haya sido presentada
fuera de las hipótesis que la autorizan o resultara manifiestamente
infundada, el tribunal, de oficio, declarará su inadmisibilidad, sin
perjuicio de la prevención correspondiente cuando se trate de errores
formales.
Art. 341 Efecto suspensivo. La interposición de la revisión no suspenderá la
ejecución de la sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del
trámite, el tribunal que conoce de la acción podrá suspender la ejecución

118
de la sentencia recurrida y disponer la libertad del sentenciado o sustituir
la prisión por otra medida cautelar.
Art. 342 Audiencia. Admitida la revisión, la Sala Penal del Tribunal de
Apelación o de la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, dará
audiencia dentro de los diez días siguientes al Ministerio Público y a las
partes que hayan intervenido en el proceso principal para que
comparezcan con los medios de prueba que funden la acción o se
opongan a ella. La diligencia se celebrará con la participación de los
intervinientes que se presenten, quienes expondrán oralmente sus
pretensiones.
Son aplicables en lo que corresponda las disposiciones sobre audiencia
oral en el Juicio por Delitos.
Art. 343 Sentencia. Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la
audiencia, el tribunal rechazará la revisión o anulará la sentencia. Si la
anula, remitirá a nuevo Juicio cuando sea procedente o pronunciará
directamente la sentencia que corresponda en derecho.
En la revisión, independientemente de las razones que la hicieron
admisible, no se absolverá, ni variará la calificación jurídica, ni la pena,
como consecuencia exclusiva de una nueva apreciación de los mismos
hechos conocidos en el proceso anterior o de una nueva valoración de la
prueba existente en el primer Juicio.
Art. 344 Reenvío. Si se efectúa una remisión a un nuevo Juicio, en éste no podrá
intervenir ninguno de los jueces o jurados que conocieron del anterior.
En el nuevo Juicio de reenvío regirán las disposiciones del artículo
anterior y no se podrá imponer una sanción más grave que la fijada en la
sentencia revisada, ni desconocer beneficios que ésta haya acordado.
Art. 345 Efectos de la sentencia. La sentencia ordenará, si es del caso:
1. La libertad del acusado;
2. La restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto
de multa. Cuando se ordene la devolución de la multa o su exceso,
deberá calcularse la desvalorización de la moneda;

119
3. La cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, de la
medida de seguridad, y,
4. La devolución de los efectos del comiso que no hayan sido destruidos.
Si corresponde, se fijará una nueva pena o se practicará un nuevo
cómputo.
La sentencia absolutoria ordenará cancelar la inscripción de la condena.
Art. 346 Publicación de la sentencia que acoge la acción de revisión. A
solicitud del interesado, el tribunal dispondrá la publicación de una
síntesis de la sentencia absolutoria en un medio de prensa escrito, sin
perjuicio de la publicación que por su cuenta realice el acusado.
Art. 347 Rechazo. El rechazo de una solicitud de revisión y la sentencia
confirmatoria de la anterior no perjudicarán la facultad de ejercer una
nueva acción, siempre y cuando se funde en razones diversas.
TITULO V
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRADICIÓN
Art. 348 Régimen jurídico aplicable. A falta de tratado o convenio suscrito y
ratificado soberanamente por Nicaragua, las condiciones, el
procedimiento y los efectos de la extradición estarán determinados por lo
dispuesto en el presente Código, que se aplicará también a los aspectos
que no hayan sido previstos por el tratado o convenio respectivo.
Art. 349 Alcance. La extradición es activa o pasiva y alcanza a procesados y
condenados como autores, cómplices o partícipes de delitos cometido
dentro o fuera del territorio nacional. Los nicaragüenses no podrán ser
objeto de extradición del territorio nacional.
Art. 350 Competencia. La facultad de conceder o denegar la extradición
corresponde a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero
las decisiones que ésta tome se pondrán en conocimiento del Estado
requirente o requerido por medio del Poder Ejecutivo. En este último
caso, se acompañarán los mismos documentos y se llenarán los mismos
trámites que exige esta Ley para todo país que los solicite.

120
Art. 351 Extradición activa. Cuando se tenga noticia de que se encuentra en otro
Estado una persona contra la cual el Ministerio Público haya presentado
acusación y el juez competente haya dictado una medida cautelar de
privación de libertad, o se trata de una persona que deba descontar una
pena privativa de libertad, la Fiscalía General de la República interpondrá
solicitud de extradición ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia con copia de las actuaciones en que se funda.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del plazo de
treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente,
declarará si es procedente o no solicitar la extradición y, en caso
afirmativo, remitirá lo actuado a la Fiscalía General, adjuntando toda la
documentación necesaria y exigida en el país requerido para tales efectos.
Art. 352 Solicitud de medidas cautelares y tramitación. El Poder Ejecutivo
podrá requerir al Estado donde se encuentra la persona solicitada su
detención preventiva y la retención de los objetos concernientes al delito,
con fundamento en la solicitud formulada por el Ministerio Público,
según lo establecido en el presente Código.
El Ministerio de Relaciones Exteriores certificará y hará las traducciones
cuando corresponda, y presentará la solicitud ante el Estado extranjero en
el plazo máximo de sesenta días.
Art. 353 Extradición pasiva. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de
alguna persona que se halle en territorio nicaragüense, la Fiscalía General
de la República remitirá la solicitud a la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia con la documentación recibida.
Art. 354 Concurso de solicitudes de extradición. Si dos o más Estados reclaman
a un mismo individuo en razón de distintas infracciones, se dará
preferencia al hecho más grave conforme a la ley nacional; si son de
igual gravedad, tendrán preferencia los Estados con los cuales exista
tratado o convenio de extradición.
Si las distintas reclamaciones se hacen por un mismo hecho, se preferirá
la del Estado donde se cometió éste y, en todo caso, la del país del que
sea súbdito o ciudadano el reo, sin perjuicio de la regla precedente
relativa a convenios.

121
Art. 355 Extradición informal urgente. La extradición se puede solicitar por
cualquier medio de comunicación, siempre que exista orden de detención
contra el acusado y la promesa del requirente de cumplir con los
requisitos señalados para el trámite.
En este caso los documentos de que habla el artículo siguiente se deberán
presentar ante la Embajada o Consulado de la República, a más tardar
dentro de los siguientes diez días contados a partir de la detención del
acusado. Se deberá dar cuenta de inmediato a la Sala de lo Penal de la
Corte Suprema de Justicia y remitirle la documentación a fin de que
conozca y resuelva.
Si no se cumple con lo aquí ordenado, el detenido será puesto en libertad
y no podrá solicitarse nuevamente su extradición por este procedimiento
sumario.
Art. 356 Trámite. Cuando la extradición sea solicitada, se observarán los
siguientes trámites:
1. El requerido será puesto a la orden de la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia, la que le designará defensor público o de oficio
al imputado si no lo tiene.
2. Mientras se tramita la extradición, el imputado podrá ser detenido
preventivamente hasta por el término de dos meses.
3. El Estado requirente deberá presentar:
a) Los datos de identificación del imputado o reo;
b) Documentos comprobatorios de un mandamiento o auto de
detención o prisión judicial o, en su caso, la sentencia condenatoria
firme pronunciada;
c) Copia auténtica de las actuaciones del proceso, que suministren
prueba o al menos indicios razonables de la culpabilidad de la
persona de que se trata, y,
d) Copia auténtica de las disposiciones legales sobre calificación del
hecho, participación atribuida al infractor, precisión de la pena
aplicable y sobre la prescripción.

122
Las copias auténticas a que hace referencia este artículo, deberán ser
presentadas con las formalidades exigidas por la legislación común.
Si la documentación es presentada sin observar estas formalidades o
está incompleta, el tribunal solicitará por la vía más rápida el o los
documentos que falten.
4. Terminado ese trámite, se dará audiencia al imputado, su defensor y el
Ministerio Público hasta por veinte días, de los cuales diez días serán
para proponer pruebas y los restantes para evacuarla.
5. Los incidentes que se promuevan durante la sustanciación de las
diligencias, serán decididos por la Sala, la que desechará de plano toda
gestión que no sea pertinente o que tienda, a su juicio, a entorpecer el
curso de los procedimientos.
6. Dictará resolución concediendo o negando la extradición dentro de los
diez días siguientes a los plazos indicados anteriormente y podrá
condicionarlo en la forma que considere oportuna. En todo caso,
deberá solicitar y obtener del país requirente, promesa formal de que
el extraditado no será juzgado por un hecho anterior diverso ni
sometido a sanciones distintas a las correspondientes al hecho o de las
impuestas en la condena respectiva, copia de la cual el país requirente
remitirá a nuestros tribunales.
7. De lo resuelto por la Sala de lo Penal cabe recurso de reposición
dentro del término de tres días que comenzarán a correr al día
siguiente de la notificación.
Art. 357 Forma de realizar la entrega. Cuando la extradición sea denegada, el
reo será puesto en libertad; si se concede, será puesto a la orden del
Ministerio Público y de la Policía Nacional, para su entrega. Esta deberá
hacerse conjuntamente con los objetos que se hayan encontrado en su
poder o sean producto del hecho imputado, lo mismo que de las piezas
que puedan servir para su prueba, siempre que ello no perjudique a
terceros.

123
Art. 358 Plazo para disponer del extraditado. Si el Estado requirente no
dispone del imputado o reo dentro de los dos meses siguientes de haber
quedado a sus órdenes, será puesto en libertad.
Art. 359 Cosa juzgada. Negada la extradición de una persona por el fondo, no se
puede volver a solicitar por el mismo delito.
Art. 360 Carga de costos. Los gastos de detención y entrega serán por cuenta del
Estado requirente.

124
LIBRO TERCERO
DE LOS RECURSOS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y RECURSO DE REPOSICION
Capítulo I
Art. 361 Principio de taxatividad. Las decisiones judiciales serán recurribles
sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.
Art. 362 Legitimación. Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las
partes que se consideren agraviadas y a quienes la ley reconozca
expresamente este derecho. Cuando la ley no distinga, tal derecho
corresponderá a todos.
Aun cuando haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso, el
acusado podrá impugnar una decisión judicial cuando se lesionen
disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia
y representación.
El defensor podrá recurrir autónomamente en relación con el acusado,
pero éste podrá desistir de los recursos interpuestos por aquél, previa
consulta con el defensor, quien dejará constancia de ello en el acto
respectivo.
Art. 363 Interposición. Para ser admisibles, los recursos se interpondrán en las
condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con
indicación específica de los puntos impugnados de la decisión. Si se
desea solicitar vista oral se deberá manifestar en esta oportunidad.
Durante las audiencias únicamente puede ser interpuesto y admitido el
recurso de reposición.

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Art. 364 Impugnación de declaración de inadmisibilidad. Contra el auto que
declare la inadmisibilidad de un recurso de apelación o de casación,
procede el recurso de reposición en el término de ley y, mientras éste se
tramita, se interrumpe el plazo legal establecido para recurrir de
apelación o de casación.
Art. 365 Recurso de hecho. De igual forma, contra el auto que declaró la
inadmisibilidad de un recurso de apelación o de casación o contra el que
lo confirma al resolver su reposición, cabe recurrir de hecho.
El recurso de hecho deberá ser interpuesto ante el órgano competente
para conocer del recurso de apelación o de casación según el caso, en el
término máximo de tres días, contados a partir de la notificación del auto
impugnado; se deberá acompañar copia del recurso declarado
inadmisible y del auto que así lo declaró o confirmó. En él se deberán
expresar los agravios ocasionados por el auto impugnado y los alegatos
de derecho que el recurrente estime pertinente.
El órgano competente resolverá el recurso de hecho dentro de los cinco
días siguientes a su recepción. Si estima que el recurso interpuesto fue
debidamente rechazado, así lo declarará en forma motivada y archivará
las diligencias. En caso contrario, lo admitirá y ordenará al juez de
instancia notificarlo a la parte recurrida para que conteste, continuando la
tramitación que corresponda.
Art. 366 Efecto extensivo. Cuando en un proceso haya varios acusados y uno de
ellos recurra, la decisión favorable será extensible a los demás, a menos
que se base en motivos exclusivamente personales.
Art. 367 Efecto suspensivo. La interposición de un recurso suspenderá la
ejecución de la decisión, salvo que expresamente la ley disponga lo
contrario.
Art. 368 Desistimiento. El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos en
escrito fundado. El defensor no podrá desistir del recurso sin
autorización expresa del acusado manifestada por escrito o de viva voz en
audiencia pública.

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Las otras partes, o sus representantes, también podrán desistir de los
recursos, sin perjudicar a los demás recurrentes; pero cargarán con las
costas que hayan ocasionado, salvo acuerdo en contrario. Si todos los
recurrentes desisten, la resolución impugnada quedará firme.
Art. 369 Objeto del recurso. El recurso atribuirá al órgano competente el
conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a
que se refieren los agravios, sin perjuicio de conocer y resolver sobre
aspectos constitucionales o violación de los derechos y garantías del
procesado.
Art. 370 Renuncia a vista oral. En los recursos de apelación y casación, una vez
recibidos los autos en la sede del tribunal de alzada y habiendo éste
proveído la radicación de los autos ante sí, no se requerirá convocar a
audiencia oral cuando no lo haya solicitado ninguna de las partes o
cuando no deba recibirse prueba oral, quedando el recurso en estos casos
en estado de fallo.
Art. 371 Prohibición de reforma en perjuicio. En los recursos de apelación y
casación, cuando la decisión haya sido impugnada únicamente por el
acusado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los
recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o
revocar la decisión en favor del acusado.
Art. 372 Rectificación. Los errores de derecho en la fundamentación de la
decisión impugnada que no hayan influido en la parte dispositiva, no la
invalidarán, pero serán corregidos; así como los errores materiales en la
denominación o el cómputo de las penas.
Capítulo II
Del Recurso de Reposición
Art. 373 Procedencia. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones
dictadas sin haber oído a las partes, a fin de que el mismo tribunal que las
dictó, examine nuevamente la cuestión y dicte, de inmediato, la decisión
que corresponda.

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Art. 374 Trámite. Salvo en las audiencias orales, en que se deberá plantear en el
acto, este recurso se presentará mediante escrito fundado, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución
impugnada.
Admitido el recurso, el juez convocará a audiencia pública en un plazo no
mayor de tres días, con el propósito de oír a las partes y resolver.
Cuando el recurso se interponga durante una audiencia oral, el tribunal
oirá en el acto a la parte contraria y resolverá de inmediato. La decisión
que recaiga se ejecutará en el acto.
TITULO II
DEL RECURSO DE APELACION
Capítulo I
De la competencia y la Apelación de Autos
Art. 375 Competencia. Serán competentes para conocer del recurso de apelación
contra autos y sentencias las salas penales de los tribunales de apelación y
los jueces de distrito, en los casos previstos en el presente Código.
Art. 376 Autos recurribles. Serán apelables los siguientes autos:
1. Los que resuelvan una excepción o un incidente que no implique
terminación del proceso;
2. Los que decreten una medida cautelar restrictiva de la libertad;
3. Los que recojan un acuerdo entre las demás partes sin haber oído a la
víctima previamente;
4. Los que pongan fin a la pena o a una medida de seguridad, imposibiliten
que ellas continúen, impidan el ejercicio de la acción, o denieguen la
extinción, conmutación o suspensión de la pena, y,
5. Los demás señalados expresamente por el presente Código o la ley.
Art. 377 Condiciones para recurrir. La parte agraviada interpondrá el recurso de
apelación por escrito fundado ante el juez que dictó la resolución recurrida

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en el plazo de tres días desde su notificación y en él deberá expresar los
motivos del agravio.
La apelación de autos no suspende el proceso.
Art. 378 Contestación. Admitido el recurso, se mandará a oír a la parte recurrida
por un plazo de tres días dentro del cual podrá presentar su oposición por
escrito. Una vez recibida la contestación, el juez remitirá las actuaciones al
órgano competente para conocer de la apelación, para su resolución.
Art. 379 Tramitación. Radicada la apelación ante el órgano competente, el
recurso se tramitará, en lo pertinente, en la forma prevista para la
apelación contra sentencias.
Capítulo II
De la Apelación de Sentencias
Art. 380 Sentencias apelables. El recurso de apelación cabrá contra todas las
sentencias dictadas en primera instancia por los jueces locales y de distrito.
Art. 381 Interposición. La parte agraviada interpondrá el recurso de apelación por
escrito fundado ante el juez que dictó la resolución recurrida y en él deberá
expresar los motivos del agravio. El plazo para la interposición será de tres
días para el caso de las sentencias dictadas por los jueces locales y de seis
días para las dictadas por los jueces de distrito, ambos contados desde su
notificación.
Art. 382 Contestación. Admitido el recurso, lo será en ambos efectos y se mandará
a oír a la parte recurrida por un plazo de tres días, en el caso de las
sentencias dictadas por los jueces locales, y seis días, para las dictadas por
los jueces de distrito; dentro de estos plazos se deberá presentar su
oposición por escrito.
No obstante si la parte recurrente solicita la realización de audiencia pública
o si la parte recurrida la estima necesaria, ésta podrá limitar su respuesta a
reservarse el derecho de contestar los agravios directamente en la audiencia
pública.

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Una vez recibida la contestación, el juez remitirá las actuaciones al órgano
competente para conocer de la apelación.
Art. 383 Emplazamiento y audiencia. Recibidos los autos, si fuera procedente, el
tribunal competente convocará, en un plazo no mayor de cinco días a partir
de la recepción, a audiencia oral para que las partes comparezcan y
fundamenten su recurso y su contestación mediante la expresión de los
argumentos que consideren oportunos.
La vista se desarrollará en lo no previsto expresamente en este capítulo, de
acuerdo con las normas del Juicio por Delitos sin jurado que resulten de
aplicación.
Art. 384 Prueba. Las partes podrán pedir la realización de actos de prueba para
fundar su recurso o contestación. Se admitirán únicamente la que pueda
practicarse en la audiencia.
Sólo se permitirá la práctica de prueba que no se haya practicado en la
primera instancia sin culpa del recurrente, la que se ignoraba en la instancia
por el apelante y la que fue indebidamente denegada al impugnante.
Art. 385 Resolución. El órgano competente dictará la resolución fundadamente en
el plazo de cinco días.
La resolución no podrá condenar por hecho distinto del contenido en el auto
de remisión a juicio o en la ampliación de la acusación, pero sí podrá
declarar la nulidad del juicio y ordenar la celebración de uno nuevo ante
diferentes juez y jurado si fuere el caso.
Las resoluciones recaídas en el recurso de apelación en causas por delito
grave son impugnables mediante el recurso de casación, excepto las que
confirmen sentencias absolutorias de primera instancia. Contra la
resolución que resuelva el recurso de apelación en causas por faltas penales
y delitos menos graves no cabrá ulterior recurso.

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TITULO III
DEL RECURSO DE CASACION
Capítulo I
De los requisitos
Art. 386 Impugnabilidad. Las partes podrán recurrir de casación contra las
sentencias dictadas por las salas de lo penal de los Tribunales de Apelación
en las causas por delitos graves, excepto las que confirmen sentencias
absolutorias de primera instancia.
Art. 387 Motivos de forma. El recurso de casación podrá interponerse con
fundamento en los siguientes motivos por quebrantamiento de las formas
esenciales:
1. Inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de
invalidez, inadmisibilidad o caducidad, si el interesado ha reclamado
oportunamente su saneamiento. No es necesario el reclamo previo de
saneamiento cuando se trate de defectos absolutos o de los producidos
después de clausurado el Juicio;
2. Falta de producción de una prueba decisiva, oportunamente ofrecida por
alguna de las partes;
3. Cuando se trate de sentencia en juicio sin jurado, falta de valoración de
una prueba decisiva, oportunamente ofrecida por alguna de las partes;
4. Si se trata de sentencia en juicio sin jurado, ausencia de la motivación o
quebrantamiento en ella del criterio racional;
5. Ilegitimidad de la decisión por fundarse en prueba inexistente, ilícita o
no incorporada legalmente al Juicio o por haber habido suplantación del
contenido de la prueba oral, comprobable con su grabación, y,
6. El haber dictado sentencia un juez, o concurrido a emitir el veredicto un
miembro del jurado en su caso, cuya recusación, hecha en tiempo y
forma y fundada en causa legal, haya sido injustificadamente rechazada.
Art. 388 Motivos de fondo. El recurso de casación podrá interponerse con
fundamento en los siguientes motivos por infracción de ley:

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1. Violación en la sentencia de las garantías establecidas en la Constitución
Política o en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados
por la República, y,
2. Inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva o de otra
norma jurídica que deba ser observada en la aplicación de la ley penal en
la sentencia.
Art. 389 Recurso único. Cuando la impugnación de la sentencia se funde en
motivos de forma y de fondo, todos ellos deberán ser incorporados en un
único recurso.
Capítulo II
Del procedimiento
Art. 390 Interposición. El recurso de casación será interpuesto por escrito ante la
Sala Penal del Tribunal de Apelación que conoció y resolvió el recurso de
apelación, en el plazo de diez días, a contar desde su notificación.
El escrito deberá citar concretamente las disposiciones legales que se
consideren violadas o erróneamente aplicadas y expresar con claridad la
pretensión. Deberá indicarse por separado cada motivo con sus
fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo. Se
deberá acompañar copia para cada una de las otras partes.
El recurso será tramitado en un expediente y resuelto en una sola sentencia.
Art. 391 Ofrecimiento de prueba. Cuando el recurso se fundamente en un defecto
de procedimiento o se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en
contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o registros del
Juicio o en la sentencia, en el mismo escrito de interposición se ofrecerá
prueba destinada a demostrar el vicio.
Art. 392 Inadmisibilidad. Cuando la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones
estime que el recurso no es admisible, así lo declarará fundadamente. El
recurso de casación será declarado inadmisible cuando:

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1. Presente defectos formales que impidan conocer con precisión el motivo
del reclamo;
2. Contra la resolución no quepa este medio de impugnación;
3. Se haya formulado fuera de plazo, y,
4. La parte no esté legitimada.
Si la razón de la inadmisibilidad obedece a defectos formales que sean
subsanables, el tribunal los especificará y concederá un plazo de cinco
días al interesado para su corrección. La omisión o el error en las citas de
artículos de la Ley no será motivo de inadmisibilidad del recurso, si de la
argumentación del recurrente se entiende con claridad a qué
disposiciones legales se refiere.
Si transcurre el plazo citado sin que se haya saneado el recurso o
habiendo contestado persista algún defecto, el tribunal declarará su
inadmisibilidad por resolución fundada, quedando firme la resolución
impugnada.
Los defectos formales en la exposición de alguno de los motivos del
recurso no impedirá la admisibilidad de éste en cuanto a los otros
motivos.
Art. 393 Contestación. Admitido el recurso, se mandará a oír a la parte recurrida
por un plazo de diez días dentro del cual deberá mediante escrito presentar
su contestación; no obstante, si la parte recurrente solicita la realización de
audiencia pública o si la parte recurrida la estima necesaria, ésta podrá
limitar su respuesta a reservarse el derecho de contestar los agravios
directamente en la audiencia pública.
Una vez recibida la contestación, la sala remitirá las actuaciones a la Sala de
lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, para su resolución.
Art. 394 Notificaciones. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema notificará sus
decisiones en las direcciones dentro del asiento del tribunal, que las partes
indiquen en el recurso, con al menos tres días de antelación a la realización
de la audiencia.

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Art. 395 Plazo para resolver. Recibido y radicado el recurso en la Sala de lo
Penal, se procederá a dictar sentencia en el plazo máximo de treinta días
siempre que no se requiera convocar a audiencia oral.
Art. 396 Audiencia oral. Si al interponer el recurso o al contestarlo, alguna de las
partes ha solicitado la celebración de audiencia oral o deba recibirse prueba
oral para la demostración del vicio señalado en el recurso, la Sala fijará
fecha para su realización dentro de los quince días siguientes a la recepción
del recurso a trámite.
La audiencia se celebrará en el día y hora fijados, con asistencia de los
miembros de la Sala y de las partes que concurran. La palabra será
concedida primero al abogado del recurrente y luego a las demás partes. Si
es necesaria, la prueba se practicará de la forma dispuesta en este Código.
Clausurada la audiencia o no celebrada por inasistencia de las partes, la Sala
pasará a deliberar y dictará sentencia, fundadamente, en el plazo máximo
de treinta días.
Capítulo III
De la decisión
Art. 397 Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Si la resolución
impugnada ha inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva, el
tribunal de casación, sobre la base de los hechos esenciales fijados por la
sentencia del juez, la casará y dictará a continuación otra de acuerdo con la
ley aplicable. No obstante, aun tratándose de una alegación sustantiva,
podrá proceder conforme al artículo siguiente, cuando la sentencia no
contenga una adecuada relación de hechos probados.
Art. 398 Invalidación total o parcial. Cuando haya que declarar con lugar el
recurso por un motivo distinto de la violación de la ley sustantiva, el
tribunal de casación invalidará la sentencia impugnada y, si no es posible
dictar una nueva sentencia ajustada a derecho, procederá a anular también el
Juicio en que ella se haya basado o los actos cumplidos de modo irregular y
remitirá el proceso al juez que dictó la resolución recurrida para que lleve a
cabo la sustanciación que determine el tribunal de casación.

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Cuando no anule todas las disposiciones de la resolución, el tribunal de
casación establecerá qué parte de ella queda firme por no depender ni estar
esencialmente conexa con la parte anulada.
Art. 399 Rectificación. Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia
impugnada, que no hayan influido en la parte resolutiva, no la anularán,
pero serán corregidos. También lo serán los errores materiales en la
designación y cómputo de las penas.
Art. 400 Prohibición de la reforma en perjuicio. Cuando el recurso haya sido
interpuesto sólo por el acusado, o en su favor, ni el tribunal de casación ni el
juez que dictó la resolución impugnada, en caso de un nuevo Juicio, podrán
imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia casada o
anulada, ni desconocer los beneficios que ésta haya acordado.
Art. 401 Libertad definitiva del acusado. Cuando por efecto de la sentencia de
casación deba cesar la prisión preventiva del acusado, la Sala ordenará
directamente la libertad.

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LIBRO CUARTO
TITULO I
DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA
Capítulo I
De la ejecución penal
Art. 402 Derechos. El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena,
los derechos y las facultades que le otorgan la Constitución Política, los
tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos
ratificados por Nicaragua, las leyes penales, penitenciarias y los
reglamentos, y planteará ante el tribunal que corresponda las
observaciones, recursos e incidencias que con fundamento en aquellas
reglas, estime convenientes.
Art. 403 Competencia. La sentencia será ejecutada por los Jueces de Ejecución
cuya competencia será establecida en el acuerdo de nombramiento
dictado por la Corte Suprema de Justicia.
El juez de la causa será competente para realizar la fijación de la pena o
las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su
cumplimiento.
Art. 404 Incidentes de ejecución. El Ministerio Público, el acusador particular, el
querellante, el condenado o su defensor podrán plantear ante el
competente Juez de Ejecución de la pena incidentes relativos a la
ejecución, sustitución, modificación o extinción de la pena o de las
medidas de seguridad.
Estos deberán ser resueltos dentro del plazo de cinco días, previa
audiencia a los demás intervinientes. Si fuera necesario incorporar
elementos de prueba, el Juez de Ejecución, aun de oficio, ordenará una
investigación sumaria, después de la cual decidirá.
Los incidentes relativos a la libertad anticipada y aquellos en los cuales,
por su importancia, el Juez de Ejecución de la pena lo estime necesario,

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serán resueltos en audiencia oral citando a los testigos y peritos que
deben informar durante el debate.
El Juez de Ejecución decidirá por auto fundado. Contra lo resuelto,
procede recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal de
Apelación en cuya competencia territorial ejerza sus funciones el Juez de
Ejecución correspondiente; la interposición del recurso de apelación no
suspenderá la ejecución de la pena.
Art. 405 Suspensión de medidas administrativas. Durante el trámite de los
incidentes, el Juez de Ejecución de la pena podrá ordenar la suspensión
provisional de las medidas de la administración penitenciaria que sean
impugnadas en el procedimiento.
Art. 406 Defensa. La labor del defensor culminará con la sentencia firme, sin
perjuicio de que continúe en el ejercicio de la defensa técnica durante la
ejecución de la pena. Asimismo, el condenado podrá designar un nuevo
defensor y, en su defecto, se le podrá designar un defensor público o de
oficio, en la forma prevista en el presente Código.
El ejercicio de la defensa durante la ejecución penal consistirá en el
asesoramiento al condenado, cuando se requiera, para la interposición de
las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos. No será deber de
la defensa vigilar el cumplimiento de la pena.
Art. 407 Atribuciones de los Jueces de Ejecución. Los Jueces de Ejecución
ejercerán las siguientes atribuciones:
1. Hacer comparecer ante sí a los condenados o a los funcionarios del
sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control;
2. Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar las penas y las medidas de
seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento;
3. Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez al mes, con el
fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y
penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que
estimen convenientes;
4. Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los
incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos

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formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en
cuanto afecten sus derechos;
5. Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los
internos sobre sanciones disciplinarias;
6. Aprobar las sanciones de ubicación en celdas de aislamiento por más
de cuarenta y ocho horas, y,
7. Dar seguimiento y controlar el cumplimiento de las penas no
privativas de libertad.
Art. 408 Unificación de penas. Cuando se hayan dictado varias sentencias de
condena contra una misma persona o cuando después de una condena
firme se deba juzgar a la misma persona por otro hecho anterior o
posterior a la condena, un solo juez unificará las penas, según
corresponda.
La unificación de penas será efectuada por el juez que impuso la última
de ellas observando lo dispuesto en la Constitución Política. De su
decisión deberá informar a los jueces que impusieron las condenas
previas y al Juez de Ejecución competente.
Capítulo II
De las penas y medidas de seguridad
Art. 409 Ejecutoriedad. La sentencia condenatoria deberá quedar firme para
originar su ejecución. Inmediatamente después de quedar firme, se
ordenarán las comunicaciones e inscripciones correspondientes. El
tribunal ordenará la realización de las medidas necesarias para que se
cumplan los efectos de la sentencia.
Art. 410 Cómputo definitivo. El juez de sentencia realizará el cómputo de la
pena, y descontará de ésta la prisión preventiva y el arresto domiciliario
cumplidos por el condenado, para determinar con precisión la fecha en la
que finalizará la condena.
El cómputo será siempre reformable, aun de oficio, si se comprueba un
error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario.

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Art. 411 Enfermedad del condenado. Si durante la ejecución de la pena
privativa de libertad, el condenado sufre alguna enfermedad que no pueda
ser atendida adecuadamente en la cárcel que ponga en grave riesgo su
salud o su vida, el juez de ejecución de la pena dispondrá, previo los
informes médicos forenses que sean necesarios, la internación del
enfermo en un establecimiento adecuado y ordenará las medidas
necesarias para evitar la fuga.
Si se trata de alteración psíquica, perturbación o alteración de la
percepción del condenado, el Juez de Ejecución, luego de los informes
médicos forenses que sean necesarios, dispondrá el traslado a un centro
especializado de atención.
Las autoridades del establecimiento penitenciario tendrán iguales
facultades, cuando se trate de casos urgentes; pero la medida deberá ser
comunicada de inmediato al juez de ejecución, quien podrá confirmarla o
revocarla. Estas reglas son aplicables a la prisión preventiva en relación
con el tribunal que conozca del proceso, y a las restantes penas en cuanto
sean susceptibles de ser suspendidas por enfermedad.
El tiempo de internación se computará a los fines de la pena siempre que
el condenado esté privado de libertad.
Art. 412 Ejecución diferida. El Juez de Ejecución de la pena podrá suspender el
cumplimiento de la pena privativa de libertad, en los siguientes casos:
1. Cuando deba cumplirla una mujer en estado de embarazo o con un
hijo menor de un año de edad, y,
2. Si el condenado se encuentra gravemente enfermo, o padece de
enfermedad crónica grave y la ejecución de la pena pone en peligro su
vida, según dictamen médico forense.
Cuando cesen estas condiciones, la sentencia continuará ejecutándose.
Art. 413 Medidas de seguridad. Las reglas establecidas en este capítulo regirán
para las medidas de seguridad en lo que sean aplicables.
El juez examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una
medida. Fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen,

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previo informe del establecimiento y de los peritos. La decisión versará
sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último supuesto,
podrá ordenar la modificación del tratamiento.
Cuando el juez tenga conocimiento, por informe fundado, de que
desaparecieron las causas que motivaron la internación, procederá a su
sustitución o cancelación.
Art. 414 Ejecución de penas no privativas de libertad. Las penas no privativas
de libertad y las accesorias se ejecutarán en la forma más adecuada para
sus fines, en colaboración con la autoridad competente.
TITULO II
Capítulo Unico
De la Coordinación Interinstitucional
Art. 415 Comisión Nacional. Créase la Comisión Nacional de Coordinación
Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la República, la que
estará integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el de
su Sala Penal, el Fiscal General de la República, el Presidente de la
Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el Procurador para la
Defensa de los Derechos Humanos, el Director de la Defensoría Pública,
el Director Nacional de la Policía Nacional, el Director de la Auditoría
Militar, el Director del Instituto de Medicina Legal y el Director del
Sistema Penitenciario Nacional. La Comisión elegirá anualmente de su
seno un Coordinador y un Secretario y se reunirá trimestralmente en
forma ordinaria y extraordinariamente cuando así lo considere.
Cuando lo estime necesario, la Comisión podrá invitar a participar en sus
sesiones, con voz pero sin voto, a representantes de las Asociaciones de
Abogados, Decanos de las Facultades de Derecho, representantes de
Comisiones de Derechos Humanos y otras entidades que puedan
contribuir con sus objetivos.
Art. 416 Atribuciones. En plena observancia y respeto a la independencia y
autonomía de cada una de sus instituciones integrantes, son atribuciones

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de la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema
de Justicia Penal de la República las siguientes:
1. Coordinar acciones institucionales encaminadas a garantizar la
implementación del proceso de reforma procesal penal, la efectiva
capacitación de los operadores del sistema y facilitar los medios para
el desempeño de sus respectivas funciones;
2. Intercambiar criterios acerca de propuestas de políticas institucionales
que demande la modernización del sistema de justicia penal y mejore
la eficiencia del servicio que prestan al país;
3. Evaluar periódicamente las acciones institucionales referidas en el
inciso primero e informar a la ciudadanía, en conjunto o por separado,
sobre los resultados obtenidos;
4. Formular recomendaciones en materia de política criminal, y,
5. Cualquier otra que contribuya con la realización efectiva de la justicia
penal.
Art. 417 Coordinación en otros niveles. A nivel departamental y municipal se
organizarán y funcionarán comisiones de coordinación interinstitucional
del Sistema de Justicia Penal integradas por los respectivos
representantes de las instituciones que forman parte de la Comisión
Nacional. Las comisiones departamentales y municipales elegirán
anualmente de su seno un coordinador y un secretario y se reunirán en
forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando así lo
determinen.
Las comisiones departamentales y municipales se constituirán en
instancias de coordinación, seguimiento y evaluación de la
implementación de las atribuciones señaladas en el artículo anterior en las
que participen sus instituciones integrantes, en los niveles de
circunscripción judicial, distrital y municipal, que contribuyan con la
implementación de la reforma procesal en cada nivel y la superación de
obstáculos o problemas que ésta enfrente.
TITULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

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Capítulo I
Disposiciones transitorias
Art. 418 Fortalecimiento Institucional. En los dos años siguientes a la entrada
en vigencia del presente Código, la Asamblea Nacional hará las
provisiones de fondos presupuestarios al Ministerio Público y al Poder
Judicial para fortalecer institucionalmente al Ministerio Público y a la
Dirección de Defensores Públicos, de forma tal que puedan incrementar
el número de fiscales y defensores públicos hasta satisfacer las
necesidades del servicio y extender su cobertura a la totalidad de
municipios del país.
Art. 419 Delitos graves y menos graves. Mientras no entre en vigencia el nuevo
Código Penal, a los efectos del presente Código Procesal se entenderá por
delitos graves aquellos a los que se puedan imponer penas más que
correccionales y delitos menos graves aquellos a los que se puedan
imponer penas correccionales.
Art. 420 Ejecución de penas. Mientras no sean nombrados los jueces de
ejecución a que hace referencia el presente Código, las funciones
asignadas a éstos serán desempeñadas por los correspondientes jueces de
sentencia.
Capítulo II
Disposiciones finales
Art. 421 Sustitución. En adelante, cuando la legislación haga referencia al
Código de Instrucción Criminal y a la sigla "In.", se entenderá se refiere
al presente Código Procesal Penal de la República de Nicaragua y a la
sigla "CPP".
Art. 422 Legislación penitenciaria. A más tardar a la fecha de entrada en
vigencia del presente Código, la Asamblea Nacional deberá haber
aprobado una nueva legislación en materia penitenciaria que armonice la
institucionalidad y el funcionamiento del actual Sistema Penitenciario
Nacional a las normas que en materia de ejecución de sentencia establece
el presente Código.

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Art. 423 Reforma. El presente Código Procesal Penal de la República de
Nicaragua reforma:
1. El numeral 1 del Arto. 48, el Arto. 56, el párrafo segundo del Arto. 94,
el Art. 169, el Arto. 218, deroga el numeral 4 del Arto. 48 y adiciona
un nuevo Arto. 51 (bis), y un nuevo capítulo V (bis) al Título VIII Del
Personal al Servicio de la Administración de Justicia, todos de la Ley
Nº 260 "Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de
Nicaragua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 de 23 de
julio de 1998, los que se leerán así:
“Competencia de los juzgados de distrito de lo penal
Arto. 48 Los juzgados de distrito de lo penal son competentes
para:
1. Conocer y resolver en primera instancia los procesos
por delitos que merezcan penas graves.”
"Los Jueces de Ejecución de Pena.
Arto. 51 (bis) Los Jueces de Ejecución de Pena controlarán que
las penas y de las medidas de seguridad se ejecuten
observando sus finalidades constitucionales y legales, y
tendrán las atribuciones que les señale la legislación
procesal penal."
“Competencia de los juzgados locales de lo penal
Arto. 56 Los juzgados locales de lo penal son competentes para:
1. Conocer y resolver en primera instancia los procesos
por delitos menos graves y faltas penales.
2. Las demás que la ley establezca.”
“Mediación previa
Art. 94 …
En materia penal, la mediación se llevará a efecto en la
forma establecida en el Código Procesal Penal.”

143
“Personal auxiliar”
Art. 169
Bajo la denominación de personal al servicio de la
Administración de Justicia están comprendidos los
Secretarios Judiciales, los Médicos Forenses,
Registradores Públicos, Peritos Judiciales, Facilitadores
Judiciales Rurales, así como los miembros de cuerpos
que se creen por ley para el auxilio y colaboración con
los jueces y tribunales.
Capítulo V (bis)
De los Facilitadores Judiciales Rurales
“Facilitadores Judiciales Rurales”
Art. 200 bis.
Los Facilitadores Judiciales Rurales constituyen un
cuerpo al servicio de la Administración de Justicia. La
Corte Suprema de Justicia mediante acuerdo regulará su
organización, funciones, calidades, requisitos y sistema
de ingreso, formación y perfeccionamiento.
“Defensa de oficio
Art. 218 La Defensa de Oficio es una función social que, en las
localidades donde no exista la Defensoría Pública, la
ejercerán los abogados litigantes; aquéllos que la
asuman tendrán derecho a deducir el monto de los
honorarios dejados de percibir en su declaración de
renta anual.
El cumplimiento del deber de asesoría jurídica y defensa
técnica de los imputados, se hará por rotación entre los
abogados de la localidad y en su defecto, entre los
egresados de las Escuelas de Derecho de universidades
autorizadas y sólo a falta de estos últimos, por
estudiantes o entendidos en derecho; en todo caso, el
ejercicio de este deber no podrá ser superior a cinco
oportunidades por cada año.

144
La Sala Penal del Tribunal de Apelación anualmente
autorizará el ejercicio de la Defensa de Oficio en las
localidades de su circunscripción que así lo requieran; a
tales efectos, la Secretaría de la misma llevará un
registro y control de los abogados y egresados de
Derecho, a cuya falta comprobada por ésta, en los casos
necesarios procederá a la autorización de pasantes o
entendidos en Derecho."
2. El Inco. 4 del Arto. 10 de la Ley Nº 346 "Ley Orgánica del Ministerio
Público" publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 196 de 17 de
octubre de 2000, el que se leerá así:
"4.Ejercer la acción penal en los delitos de acción pública y disponer
de ésta en los casos previstos por la ley."
Art. 424 Derogaciones. El presente Código Procesal Penal de la República de
Nicaragua deroga:
1. El Código de Instrucción Criminal de Nicaragua de 29 de marzo de
1879 y sus Reformas, incluyendo:
a) la Ley Nº 1647 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 159 de
17 de julio de 1971;
b) el Decreto Nº 129 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 46 de
1 de noviembre de 1979;
c) los Arts. 3 y 4 del Decreto Nº 644 publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, Nº 42 de 21 de febrero de 1981;
d) la Ley Nº 107 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 173 de 10
de septiembre de 1990;
e) la Ley Nº 124 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 de 25
de julio de 1991;
f) la Ley Nº 134 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 170 de 11
de septiembre de 1991;
g) la Ley Nº 164 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 235 de 13
de diciembre de 1993;
h) la Ley Nº 214 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 67 de 12
de abril de 1996; y

145
i) la Ley Nº 232 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 192 de 10
de octubre de 1996;
2. El Decreto Nº 225 "Ley de Recurso de Casación" publicada en La
Gaceta, Diario Oficial, Nº 203 de 23 de septiembre de 1942;
3. El Decreto Nº 1527 "Liquidación de Penas de los Reos", publicada en
La Gaceta, Diario Oficial, Nº 16 de 20 de enero de 1969;
4. El Decreto Nº 428 "Procedimientos Penales para la Extradición",
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 200 de 2 de septiembre de
1974;
5. El numeral 4 del Art. 27, los numerales 8 y 9 del Art. 33, los
numerales 5 y 6 del Art. 41, numeral 5 del Art. 48 y el Art. 217 de la
Ley Nº 260 "Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de
Nicaragua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 de 23 de
julio de 1998;
6. El Art. 4 del Decreto Nº 63-99 "Reglamento de la Ley Nº 260 « Ley
Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua»",
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 104 del 2 de junio de
1999,y,
7. Cualquier otra Ley o Decreto que se oponga o contradiga las
disposiciones del presente Código.
Art. 425 Régimen transitorio. El presente Código se aplicará en todas las causas
por delitos graves iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Los juicios y recursos por delitos y faltas iniciados con anterioridad, se
continuarán tramitando hasta su finalización conforme el procedimiento
con que fueron iniciados.
Por un período de dos años, contado a partir de la entrada en vigencia del
presente Código, se continuará aplicando a los juicios y recursos en
causas por delitos menos graves y faltas penales, el procedimiento
sumario regulado en el Código de Instrucción Criminal de Nicaragua de
29 de marzo de 1879 y sus Reformas, el cual se incorpora al presente

146
Capítulo. Durante este período, el trámite de mediación a que hace
referencia el presente Código se realizará ante el juez local competente.
De la misma forma, los juicios y recursos por delitos menos graves y
faltas que, con base en el párrafo anterior, se inicien y tramiten en los
juzgados locales durante el período señalado, se continuarán tramitando
hasta su finalización conforme el procedimiento con que fueron
iniciados.
Art. 426 Vigencia. El presente Código será publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, y entrará en vigencia doce meses después de su publicación, con
excepción de las normas contenidas en el Título II, Capítulo Unico "De la
Coordinación Interinstitucional", que entrará en vigor a partir de la
publicación antes citada.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los trece días del mes de
noviembre del dos mil uno.
OSCAR MONCADA REYES
Presidente de la Asamblea Nacional
PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON
Secretario de la Asamblea Nacional
Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese.
Managua, dieciocho de Diciembre del dos mil uno.
ARNOLDO ALEMAN LACAYO
Presidente de la República de Nicaragua.

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