El documento propone separar las funciones del sistema de salud mexicano, asignando a la Secretaría de Salud la rectoría y regulación, la financiación a través de un fondo único sustentado por impuestos, y la prestación de servicios de manera plural a proveedores públicos y privados. Actualmente el sistema continúa fragmentado y la Secretaría tiene dificultades para ejercer su papel rector.