El documento aborda la Ley Nacional de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, resaltando sus características operativas y la falsa información comúnmente difundida sobre su aplicación. Se detallan las facultades del ciudadano para solicitar información, las posibles negaciones y las sanciones contra funcionarios públicos por obstrucción o falta de respuesta. La ley es autónoma y no requiere reglamentaciones adicionales para su implementación.