![Caracterización de población con discapacidad
visual, auditiva, de habla y motora para su
vinculacióna programas de pregrado a distancia de
una universidad de Colombia
Introducción
“La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que
podrían estar en riesgo de marginalización,exclusión,o fracaso escolar” (Echeita
y Ainscow 2011, p. 34). Lo anterior implica que los grupos que están en condición
de vulnerabilidad engrosan las estadísticas, por lo que deben ser supervisados y
tomar las medidas necesarias para garantizar su presencia, su participación y su
éxito en el sistema educativo.
Las estadísticas muestran que más de mil millones de personas en todo el mundo
padecen alguna discapacidad física o cognitiva, lo que equivale a cerca del 15% de
la población mundial. De este total, existen en América Latina y el Caribe cerca
de 85 millones de personas en situación de discapacidad, con el agravante de que
estas cifras van en aumento en muchos de los países de la región debido,
primordialmente, al envejecimiento de la población, al incremento de las
enfermedades crónicas y a las incidencias de los fenómenos de violencia que se
presentan en diversas partes del mundo (Gómez, 2010; Organización Mundial de
la Salud [OMS] y Banco mundial [BM], 2011).
A nivel internacional, de acuerdo con datos estadísticos del Banco
Interamericano de Desarrollo (Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas, DANE, 2006), Colombia es el segundo país con mayor prevalencia
de discapacidad cuyo porcentaje es del 6.4%, después de Brasil (14.5%), seguido
de Costa Rica (5.4%), Barbados (4.6%), Trinidad y Tobago (4.5%) y Venezuela
(4.1%).
A partir de la precisión sobre el número de personas en Colombia con por lo
menos una limitación física o cognitiva, el Censo general de población realizado
por el (DANE, 2006) estableció para el país una prevalencia de discapacidad del
6,4% que equivale a 2.632.255 personas, teniendo en cuenta que para ese año la
población total del país era de 41.242.948. De este total, el Censo identificó el
número de personas y porcentaje de prevalencia de la respectiva situación de
discapacidad en el país: personas con limitaciones para ver 43,2% (1.143.992), con
limitaciones para caminar 29,5% (770.128), para oír 17,4% (454.822), para usar
brazos y manos 14,9% (387.598), para hablar 13,2% (340.430), para entender y](https://image.slidesharecdn.com/articyulo3-191213195941/85/Articyulo-3-1-320.jpg)
Articyulo 3
- 1. Caracterización de población con discapacidad visual, auditiva, de habla y motora para su vinculacióna programas de pregrado a distancia de una universidad de Colombia Introducción “La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización,exclusión,o fracaso escolar” (Echeita y Ainscow 2011, p. 34). Lo anterior implica que los grupos que están en condición de vulnerabilidad engrosan las estadísticas, por lo que deben ser supervisados y tomar las medidas necesarias para garantizar su presencia, su participación y su éxito en el sistema educativo. Las estadísticas muestran que más de mil millones de personas en todo el mundo padecen alguna discapacidad física o cognitiva, lo que equivale a cerca del 15% de la población mundial. De este total, existen en América Latina y el Caribe cerca de 85 millones de personas en situación de discapacidad, con el agravante de que estas cifras van en aumento en muchos de los países de la región debido, primordialmente, al envejecimiento de la población, al incremento de las enfermedades crónicas y a las incidencias de los fenómenos de violencia que se presentan en diversas partes del mundo (Gómez, 2010; Organización Mundial de la Salud [OMS] y Banco mundial [BM], 2011). A nivel internacional, de acuerdo con datos estadísticos del Banco Interamericano de Desarrollo (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2006), Colombia es el segundo país con mayor prevalencia de discapacidad cuyo porcentaje es del 6.4%, después de Brasil (14.5%), seguido de Costa Rica (5.4%), Barbados (4.6%), Trinidad y Tobago (4.5%) y Venezuela (4.1%). A partir de la precisión sobre el número de personas en Colombia con por lo menos una limitación física o cognitiva, el Censo general de población realizado por el (DANE, 2006) estableció para el país una prevalencia de discapacidad del 6,4% que equivale a 2.632.255 personas, teniendo en cuenta que para ese año la población total del país era de 41.242.948. De este total, el Censo identificó el número de personas y porcentaje de prevalencia de la respectiva situación de discapacidad en el país: personas con limitaciones para ver 43,2% (1.143.992), con limitaciones para caminar 29,5% (770.128), para oír 17,4% (454.822), para usar brazos y manos 14,9% (387.598), para hablar 13,2% (340.430), para entender y
- 2. aprender 12,3% (315.601), para relacionarse con las demás 10,1% (257.573), para su autocuidado 9,8% (247.113), otra limitación 18,8% (494.683). Hay en la anterior relación un número considerable de personas que no pueden oír ni hablar, que complementa las cuatro categorías de población en situación de discapacidad a las que va dirigido el estudio: visual, auditiva, de habla y motora. Esta situación presenta importantes diferencias regionales, debido a que, mientras en el promedio nacional por cada 100 personas colombianas 6,4 presentan limitaciones permanentes, hay siete departamentos en los que este promedio es más alto, fluctuando entre 9.5% en el Cauca y 7.8% en el Tolima (DANE, 2006). Si se mantiene el promedio porcentual de prevalencia de la discapacidad establecido por el DANE (2006), en el último censo general de población adelantado en 1098 municipios y 20 corregimientos departamentales, al proyectar las estadísticas a la actual población de Colombia, calculada en cerca de 48 millones de habitantes, nos da una cifra cercana a los 3 millones de personas en situación de discapacidad. Pero si tenemos en cuenta el promedio del 15% calculado a nivel internacional por la OMS y BM (2011), la cifra de personas en situación de discapacidad en Colombia asciende a más de 7 millones. Para los efectos de este estudio, conviene resaltar que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, del total de personas en situación de discapacidad, el mayor porcentaje corresponde a la población adulta en términos generales, cuyo total se comparte en proporciones iguales entre menores de 62 años y a mayores de 62 años en adelante. Al evaluar por sexo la anterior situación, la discapacidad es mayor en hombres (6.6%) que en mujeres (6.1%), excepto en el grupo de 85 años y más. Así, en el grupo de 50 a 54 años, el 10,6% de hombres y el 10,1% de mujeres presentan limitaciones permanentes, mientras que, en el grupo de 80 a 84 años, es el 38,3% de hombres y el 37,6% de mujeres quienes presentan esta condición (DANE, 2006). Según Gómez (2010), uno de cada tres individuos colombianos en condición de discapacidad no cuenta con afiliación al sistema general de seguridad social en salud, el 34% de la población con discapacidad se encuentra excluida de su derecho a la educación y refieren su condición de discapacidad como causa de su exclusión. El 94.4% se encuentra en edad de trabajar, pero el 80% no trabaja. En esta dirección avanzan las acciones estratégicas que buscan alcanzar la meta que, al respecto, se trazó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, en el que se considera la discapacidad como una situación socialmente problemática y multidimensional, con fuertes implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales y educativas en general; pero en la educación superior, de manera
- 3. específica, se inscribe la investigación adelantada y la correspondiente propuesta de formación profesional (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2010). Así mismo, el acceso a la educación superior es bajo a nivel mundial. Durante la primera década del siglo XXI, se prendieron las alarmas en Colombia en relación con la garantía de educación para las personas en situación de discapacidad, cuestionada por varios estudios sobre su carácter inequitativo y excluyente. En uno de estos estudios se resalta que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad tienen menos posibilidades de ingresar a los planteles educativos de preescolar, educación básica y media, de permanecer en ellos y de avanzar en su proceso de formación. Esta decreciente participación en el sistema educativo se ve reflejada en el acceso a la educación superior de la población con discapacidad que en Colombia se estima es solo del 5.4% (Sarmiento, 2011). Gómez (2010) establece que existen diferencias en el nivel educativo alcanzado por las personas registradas: a mayor exclusión en capital humano, mayor proporción de personas con ningún nivel educativo, al igual que con primaria incompleta; mientras que la primaria completa, secundaria y grados superiores presentan una mayor proporción de población en los departamentos de menor exclusión. Los datos muestran una escasa oportunidad de formación en todos los niveles de exclusión en capital humano, lo que conlleva a una baja cualificación laboral. La investigación adelantada por Molina (2010) da cuenta del bajo nivel de estudiantes en condición de discapacidad que se han vinculado a programas de universidades públicas y privadas colombianas; pero también deja en manifiesto que el Ministerio de Educación realiza esfuerzos para promover la política de acceso, permanencia y culminación de los estudios en educación superior de la población con discapacidad, en condiciones de equidad en cumplimiento de convenios internacionales. En esta misma línea, la investigación adelantada por Serrano y Camargo (2011), muestra que acudientes de las personas discapacitadas expresaron que hay aspectos que imponen barreras como los altos costos de matrícula y pensiones (70,6%), la ubicación alejada de las instituciones educativas (64,7%) y las dificultades en la disponibilidad de transporte (55,9%), lo cual puede tener relación con el nivel de ingreso económico, puesto que la mayoría son de estratos 1 y 2, lo que conlleva a “una pobre oportunidad de formación y un rango estrecho de cualificación laboral” (p. 296). La marcada ausencia del servicio educativo de jóvenes y personas adultas de esta población vulnerable y el consiguiente impacto socioeconómico de esta situación constituyen el punto focal del presente estudio. De otro lado, en el documento de política pública para la educación superior presentado en 2014 por el Consejo
- 4. Nacional de Educación Superior, CESU, denominado Acuerdo por lo Superior 2034, se plantean los grandes cursos de acción prioritaria que debe asumir Colombia en esta materia durante las próximas dos décadas (Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, 2014). Dentro de los diez temas esenciales propuestos en la agenda para alcanzar el objetivo común de una educación superior de calidad para toda la población colombiana aparece, en primer término, la educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación. La exigencia de pensar la educación superior como un derecho se centra ahora de manera prioritaria en los cinco grupos que mayores dificultades tienen de disfrutar los beneficios de este nivel educativo por circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas, de acuerdo con el estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (2007, citado en CESU, 2014), con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional: Personas en situación de discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales. Grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y Rom. Población víctima, según lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 1448 de 2011. Población desmovilizada en proceso de reintegración. Población habitante de frontera. (p. 94) Allí se expresa que el sistema de educación superior colombiano es uno de los principales ejes de la transformación y de la movilidad social, base del desarrollo humano sostenible, social, académico, científico, económico, ambiental y cultural de nuestro país. Y es clara su visión: “para el año 2034 el sistema de educación superior será uno de los pilares sobre los cuales los colombianos habremos construido una sociedad en paz (justa, culta, democrática, solidaria, próspera, competitiva e incluyente), en la que convivan digna y pacíficamente ciudadanos libres, éticos, responsables y productivos” (CESU, 2014). Se trata entonces de que se pueda educar con éxito a la diversidad de su alumnado, y aportar en la reducción de la desigualdad e injusticia sociales, especialmente en las instituciones universitarias donde hasta ahora empieza a transitarse el camino hacia la inclusión educativa, la multiculturalidad y a reconocer allí la diversidad en todas sus expresiones. (Parra, 2011 p. 149) Por lo expuesto hasta aquí, se colige que las cifras de la población que se encuentra en condición de discapacidad al margen de acceder, permanecer y concluir su proceso formativo en igualdad de oportunidades y condiciones en
- 5. instituciones de educación en Colombia es preocupante en los niveles de preescolar, básica y media; y, más aún, en el de educación superior, lo cual, sin duda, limita su actuación en espacios laborarles y el goce pleno de sus derechos. Aunado a lo anterior, el desconocimiento de las características y condiciones biopsicosociales de la población con discapacidad que puede beneficiarse de una oferta académica en educación superior, y las reducidas condiciones culturales, curriculares, financieras (costos de matrículas), administrativas, técnicas y de talento humano de estas instituciones limitan procesos eficaces de inclusión.