Boe 20 4-2012

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 96 Sábado 21 de abril de 2012 Sec. I. Pág. 30977

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
5337 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

En la actual coyuntura económica se hace necesario mejorar la eficiencia de las
Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la
consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco
constitucional y de la Unión Europea.
En materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las
Administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los
irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del
gasto público y en la oferta de empleo público.
Las medidas propuestas afectan a todos los niveles educativos (universitarios y no
universitarios) y combinan medidas de carácter excepcional, cuya aplicación se justifica
por la actual coyuntura económica, con otras de carácter estructural que introducen
novedades que contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente la eficiencia
del sistema educativo español.
Así, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, se fija con carácter mínimo el
horario lectivo que deberá impartir el profesorado en los centros docentes públicos en
garantía del cumplimiento de los objetivos, competencias básicas y contenidos de las
distintas enseñanzas, concretados en los currículos; se posibilita un grado razonable de
flexibilidad en el número de alumnos por aula, en tanto subsistan en la normativa básica
en materia de oferta de empleo público las medidas limitativas de incorporación de
personal de nuevo ingreso; se vincula el nombramiento de personal interino y sustituto a
ausencias de duración superior a los diez días, por considerar que las ausencias cortas
pueden y deben ser cubiertas con los recursos ordinarios del propio centro docente, y se
aplaza la aplicación de todas las disposiciones contempladas en el Real Decreto 1147/2011,
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo, a excepción de la disposición adicional séptima, al curso 2014-2015.
Además, se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato
en cada centro docente, a fin de ampliar los márgenes para que las Comunidades
Autónomas puedan programar una oferta educativa ajustada a sus necesidades.
Por su parte, en el ámbito de las Universidades se determina la actividad docente a
desarrollar por el personal docente e investigador de las Universidades, que se gradúa en
atención a la intensidad y excelencia de su actividad investigadora; se prevé la
racionalización del mapa universitario y de la oferta de titulaciones, de acuerdo con los
requisitos mínimos que se fijen reglamentariamente, al tiempo que se facilita la
cooperación interuniversitaria para la impartición conjunta de titulaciones; se adecua el
régimen económico y financiero de las Universidades públicas al principio de estabilidad
presupuestaria; se fijan umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su
cuantía a los costes de prestación del servicio, tomando asimismo en consideración el
esfuerzo académico; y se somete expresamente la incorporación de personal de nuevo
ingreso a la normativa básica en materia de oferta de empleo público, dado que las
mismas se incluyen en el artículo 22.Uno.a) de la Ley 39/2010, de Presupuestos
cve: BOE-A-2012-5337

Generales del Estado para el año 2011 (o artículo equivalente en las sucesivas leyes de
presupuestos) así como en el artículo 23 de la misma ley.
Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia
en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público
indispensable. Y se hace a través de medidas encaminadas a la consecución del equilibrio


presupuestario, lo que guarda relación con su naturaleza básica, y que legitiman la
intervención del Estado como titular de la competencia exclusiva para sentar las bases y
coordinar la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13.ª de la
Constitución), según consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, competencia en
este caso convergente con los títulos competenciales recogidos en las reglas 1.ª, 18.ª
y 30.ª del mismo artículo 149.1 de la Constitución, en cuanto constituyen bases del
régimen estatutario de los funcionarios públicos o disposiciones básicas que garantizan la
igualdad en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en el artículo 27 de la Constitución.
Las medidas que se adoptan en este real decreto-ley resultan imprescindibles para
cumplir con la senda de consolidación fiscal fijada y con el compromiso de reducción de
déficit de la Unión Europea, por lo que concurren las circunstancias de extraordinaria y
urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa
para recurrir a este instrumento jurídico. Por otra parte, se respetan los límites
constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo y,
singularmente, se ha salvaguardado el contenido esencial del derecho a la educación
regulado en el artículo 27 de la Constitución; de hecho, no se acomete la modificación de
ningún precepto legal que se encuentre expresamente calificado como orgánico por la
disposición final séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o por la
disposición final cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución
Española, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de abril de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este Real Decreto-ley es adoptar medidas urgentes para la racionalización
del gasto público en el ámbito de la educación, de conformidad con los principios de
eficiencia y austeridad que deben presidir el funcionamiento de los servicios públicos.

TÍTULO I

Educación no universitaria

Artículo 2. Ratios de alumnos por aula.

Cuando, por razones de limitación del gasto público, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado no autorice la incorporación de personal de nuevo ingreso mediante
Oferta de Empleo Público o establezca, con carácter básico, una tasa de reposición de
efectivos inferior al 50 por 100, las Administraciones educativas podrán ampliar hasta un 20
por 100 el número máximo de alumnos establecido en el artículo 157.1.a) de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la educación primaria y secundaria
obligatoria.
Este porcentaje de ampliación resultará asimismo aplicable a los límites máximos de
número de alumnos fijados mediante norma reglamentaria para las restantes enseñanzas
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Lo dispuesto en este artículo resulta de aplicación tanto a los centros docentes
públicos como a los privados sostenidos con fondos públicos.
cve: BOE-A-2012-5337

Artículo 3. Jornada lectiva.

1. La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros
públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo, de 25 horas en


educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de
las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente.
2. El régimen de compensación con horas complementarias será como máximo de
una hora complementaria por cada período lectivo, y únicamente podrá computarse a
partir de los mínimos a los que se refiere el apartado anterior.

Artículo 4. Sustitución de profesores.

En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por
sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan
transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El
período de diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser
atendido con los recursos del propio centro docente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará asimismo de aplicación a las sustituciones
de profesorado en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.

Artículo 5. Implantación de enseñanzas de formación profesional.

Todas las disposiciones contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, a excepción de la disposición adicional séptima, serán de aplicación en el
curso 2014-2015.
Los ciclos formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera
prevista para el curso escolar 2012-2013 se implantarán en el curso escolar 2014-2015.
Las Administraciones educativas podrán anticipar la implantación de las medidas que
consideren necesarias en los cursos anteriores.

TÍTULO II

Enseñanza universitaria

Artículo 6. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en los
términos que se exponen a continuación:

Uno. Se añade un nuevo párrafo 2 al artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

«El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria
y del Consejo de Universidades, determinará con carácter general los requisitos
básicos para la creación y, en su caso, mantenimiento de estos centros y
estructuras.»

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. La creación, modificación y supresión de dichos centros, así como la
implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de
cve: BOE-A-2012-5337

conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 35, serán acordadas por la
Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad, mediante
propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable
del Consejo Social.»


Tres. Se modifica el artículo 30 bis de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, que queda redactado en los siguientes términos:

«Las Universidades, para el mejor cumplimiento de sus funciones al servicio de
la sociedad, podrán cooperar entre ellas, con Organismos Públicos de Investigación,
con empresas y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación o pertenecientes a otros países, mediante la creación de alianzas
estratégicas que permitan desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional o programas y proyectos de excelencia internacional.»

Cuatro. Se da una nueva redacción al artículo 68 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 68. Régimen de dedicación.

1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones
preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo
parcial. La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de trabajos
científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83.
La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito
necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno que, en
ningún caso, podrán ejercerse simultáneamente.
2. Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las
Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad
docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24
créditos ECTS.

No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar
en función de la actividad investigadora reconocida de conformidad con el Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado
universitario, y que haya dado lugar a la percepción del complemento de productividad
previsto en el artículo 2.4 del mismo, y atendiendo a las siguientes reglas:

a) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para
impartir en cada curso un total de 16 créditos ECTS quien se encuentre en alguna
de las siguientes situaciones:

– Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias o Catedráticos de Escuela Universitaria con tres o más evaluaciones
positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis
años.
– Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas
consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.
– En todo caso, cuando se hayan superado favorablemente cinco evaluaciones.

b) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para
impartir en cada curso un total de 32 créditos ECTS, quien se encuentre en alguna
de las siguientes situaciones:

– Que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de
actividad investigadora o que haya obtenido una evaluación negativa de dicho
cve: BOE-A-2012-5337

período.
– Que hayan transcurrido más de seis años desde la última evaluación positiva.

3. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas y del Consejo
de Universidades, regulará las bases del régimen general de dedicación del
personal docente e investigador funcionario.»


Cinco. Se modifica el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en los términos que se recoge a continuación:

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 81, que queda redactado en los siguientes
términos:

«2. El presupuesto será público, único y equilibrado, y comprenderá la
totalidad de sus ingresos y gastos. Para garantizar un mejor cumplimiento de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las
universidades deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

a) Aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá
rebasarse.
b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al
cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.»

2. Se modifica el párrafo primero del apartado b) del artículo 81.3, que queda
redactado en los siguientes términos:

«b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás
derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a
la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los
límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que
estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes
términos:

1.º Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y
el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100
de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los
costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a
partir de la cuarta matrícula.
2.º Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15
por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y
el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75
por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100
de los costes a partir de la cuarta matrícula.
3.º Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios
públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera
matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda
matrícula.

Los precios públicos podrán cubrir hasta el 100 por 100 de los costes de las
enseñanzas universitarias de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes
extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes,
excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquéllos a
quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de
reciprocidad.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de
cve: BOE-A-2012-5337

Universidades, podrá adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación
de este sistema, así como modificar excepcionalmente las horquillas establecidas
atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado de
experimentalidad y el porcentaje del coste cubierto por los precios públicos de los
últimos cursos académicos.»


3. Se modifica el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 81, que queda
redactado en los siguientes términos:

«Al estado de gastos corrientes, se acompañará la relación de puestos de
trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad especificando la
totalidad de los costes de la misma e incluyendo un anexo en el que figuren los
puestos de nuevo ingreso que se proponen. Los costes del personal docente e
investigador, así como de administración y servicios, deberán ser autorizados por
la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa básica sobre Oferta de
Empleo Público. Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la
contratación de personal laboral temporal por las universidades deberá respetar la
normativa básica estatal en la materia.»

4. Se modifica el apartado 5 del artículo 81, que queda redactado en los siguientes
términos:

«5. Las Universidades están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante
el órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de
las competencias del Tribunal de Cuentas.
El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de
derechos y el pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural
correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería universitaria todos los ingresos
y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.
Las Universidades deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes
del primero de marzo del ejercicio siguiente.
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el
Consejo Social deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de
gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada
reducción solo podrá revocarse por acuerdo de dicho órgano, a propuesta del
Rector, previo informe del interventor y autorización del órgano correspondiente de
la Comunidad Autónoma, cuando la disponibilidad presupuestaria y la situación de
tesorería lo permitiesen.
Las transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma,
a favor, directa o indirectamente, de las Universidades requerirán la aprobación y
puesta en marcha de la reducción de gastos.
Las Universidades remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos y el
resto de documentos que constituyan sus cuentas anuales a la Comunidad
Autónoma en el plazo establecido por las normas aplicables de la Comunidad
Autónoma.
La falta de remisión de la liquidación del presupuesto, o la falta de adopción de
medidas en caso de liquidación con remanente negativo, facultará a la Comunidad
Autónoma para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias
para garantizar la estabilidad presupuestaria de la Universidad.»

Articulo 7. Financiación de las becas y ayudas al estudio.

1. El coste del componente individual de las becas y ayudas al estudio destinado a
financiar los gastos derivados de la matrícula de alumnos de estudios universitarios será
financiado conforme a las siguientes reglas:
cve: BOE-A-2012-5337

a) Los Presupuestos Generales del Estado financiarán la cantidad que corresponda
al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza.
b) Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente con cargo a sus
presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo que
corresponda a cada enseñanza.


2. Hasta que todas las universidades implanten sistemas de contabilidad analítica y,
como máximo, hasta el curso universitario 2015/2016, la parte del componente de
matrícula que se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado será el
precio público vigente para cada titulación en el momento de entrada en vigor de este
Real Decreto-ley. Estas cantidades se actualizarán cada curso mediante la aplicación del
coeficiente que determine la Conferencia General de Política Universitaria.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados los apartados 3 y 4 del artículo 13 del Real Decreto 132/2010, de
12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria.

Disposición final primera. Fundamento competencial.

Este real Decreto-ley tiene carácter de legislación básica y se dicta al amparo de las
competencias que los apartados 1.ª, 13.ª, 18.ª y 30.ª del artículo 149.1 de la Constitución
reservan al Estado en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales, de planificación general de la actividad económica, de
régimen estatutario de los funcionarios públicos, y de desarrollo del artículo 27 de la
Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia.

Disposición final segunda. Modificaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades.

Primero.–Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los
años 2012 y 2013, se modifica el artículo 1. Primero. Cuatro del Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del déficit público, que queda redactado de la siguiente forma:

«Cuatro. El importe de los pagos fraccionados establecidos en el apartado 3
del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para los
sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios en los doce meses
anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012
ó 2013 sea al menos veinte millones de euros, no podrá ser inferior, en ningún caso, al
8 por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de
los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural o, para sujetos pasivos
cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde
el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso
del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás
normativa contable de desarrollo, minorado en las bases imponibles negativas
pendientes de compensar por los sujetos pasivos, teniendo en cuenta los límites que
correspondan de acuerdo con lo establecido en el artículo 9. Primero. Dos del Real
Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y
cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de
elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.
No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo anterior será del 4 por
ciento para aquellas entidades allí referidas, en las que al menos del 85 por ciento
de los ingresos de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural o,
para sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida con el año
cve: BOE-A-2012-5337

natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día
anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, correspondan a
rentas a las que resulte de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21
y 22 o la deducción prevista en el artículo 30.2, del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.


En cualquier caso, el porcentaje establecido en el primer párrafo de este
apartado sería del 4 por ciento, y el establecido en el segundo párrafo de este
apartado será del 2 por ciento para el pago fraccionado cuyo plazo de declaración
vence el 20 de abril de 2012. Adicionalmente, no resultará de aplicación a dicho
pago fraccionado lo establecido en el artículo 20 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada al mismo por el Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo.»

Segundo.–Con efectos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del déficit público, se modifican los apartados 1 y 2 de la
disposición adicional decimoquinta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda
redactado de la siguiente forma:

«1. Los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes
en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en las letras a) y c) del
apartado 1 del artículo 21 de esta Ley, que se devenguen hasta 30 de noviembre
de 2012, podrán no integrarse en la base imponible de este Impuesto, mediante la
opción del sujeto pasivo por la sujeción al mismo a través de un gravamen especial.
El requisito establecido en la letra c) se podrá determinar para cada entidad, directa
o indirectamente participada, por el conjunto de todos los ingresos obtenidos
durante el período de tenencia de la participación.
La base imponible del gravamen especial estará constituida por el importe
íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios devengados, sin que
resulte fiscalmente deducible la pérdida por deterioro del valor de la participación
que pudiera derivarse de la distribución de los beneficios que sean objeto de este
gravamen especial.
2. Las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los
fondos propios de entidades no residentes en territorio español que cumplan el requisito
establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley el día en que se
produzca la transmisión, y el requisito establecido en la letra c) del mismo apartado del
citado artículo durante todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación,
cuya transmisión se realice hasta 30 de noviembre de 2012, podrán no integrarse en la
base imponible de este Impuesto, mediante la opción del sujeto pasivo por la sujeción
al mismo a través del gravamen especial previsto en el apartado anterior.
En este caso, la base imponible estará constituida por la renta obtenida en la
transmisión, así como por la reversión de cualquier corrección de valor sobre la
participación transmitida, que hubiera tenido la consideración de fiscalmente
deducible durante el tiempo de tenencia de la participación.»

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución
de lo establecido en este real Decreto-ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 20 de abril de 2012.
cve: BOE-A-2012-5337

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

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