C 185 de 2011

Sentencia C-185/11

EXIGENCIA DE PAGO DE MULTA PARA CUMPLIR PENA
PRIVATIVA MEDIANTE EL SISTEMA SUSTITUTIVO DE
VIGILANCIA ELECTRÓNICA-Resulta discriminatoria respecto de los
condenados que no cuentan con recursos económicos

Resulta discriminatorio, luego contrario al principio constitucional de igualdad
(art. 13 C.N) que un condenado que cumpla con los requisitos objetivos y
subjetivos para acceder al mecanismo de la vigilancia electrónica, no pueda salir
del establecimiento carcelario por no contar con los recursos económicos para
ello. Las razones que sustentan esta conclusión son las siguientes: (i) la pena
privativa de la libertad en una cárcel es el castigo más gravoso en materia penal,
por lo cual las alternativas de su cumplimiento fuera del establecimiento
carcelario cobran gran importancia en el contexto de la garantía de una gran
variedad de derechos que se restringen por el hecho de estar en una cárcel. (ii)
Por lo anterior la consagración legal de la posibilidad de salir de la cárcel y
cumplir la pena privativa de libertad fuera de ella, debe brindarse en igualdad de
condiciones, y no puede depender de exigencias ajenas a las que interesan de
manera especial a la legislación penal. (iii) Por ello, cuando el acceso a la
mencionada posibilidad depende de los medios económicos del condenado, las
desigualdades de hecho se convierten en desigualdades jurídicas, y sin
justificación constitucional alguna sólo quienes tienen recursos económicos
ostentan realmente la alternativa. (iv) Las mencionadas desigualdades, no
resultan matizadas en el caso concreto por los criterios desarrollados por la Corte
en los casos de la exigencia de la multa para acceder a la libertad condicional y a
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. (v) Además de que la
exigencia de la multa en el caso de la vigilancia electrónica no encuentra sustento
alguno en la consecución de un fin constitucionalmente relevante, como para
afirmar que su exigencia busca garantizar un valor constitucional superior al
contenido en el principio de igualdad.

EXIGENCIA DE PAGO DE MULTA PARA CUMPLIR PENA

PRIVATIVA MEDIANTE EL SISTEMA SUSTITUTIVO DE
VIGILANCIA ELECTRÓNICA-Exequibilidad condicionada

La formula de reparación de la discriminación hallada no es la declaratoria de
inexequibilidad del contenido normativo acusado, sino la exclusión de la hipótesis
concreta descrita. Para lo cual resulta adecuado declarar la exequibilidad
condicionada a la ocurrencia de aquello en lo que se configura la desigualdad; es
decir, el evento en que un recluso logra demostrar al Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad su insolvencia económica, junto con el cumplimiento de los
demás requisitos.

SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA-Alcance/SISTEMA DE
VIGILANCIA ELECTRONICA-Autoridades competentes para su adopción
y condiciones para su implementación

JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-
Facultad de ordenar la utilización de sistema de vigilancia electrónica durante
la ejecución de la pena, como sustituto de la prisión

ANTINOMIA JURIDICA-Definición/LEX POSTERIOR-
Definición/FENOMENO DE LA DEROGACION DE LAS NORMAS-
Definición

SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA-Modalidades

El legislador se encargó de regular la forma en que debía funcionar la vigilancia
electrónica, para lo cual desarrolló tres modalidades de vigilancia electrónica, las
cuales deben ser asignadas por la autoridad judicial competente de acuerdo con
la disponibilidad de las mismas y las fases previstas para ser implementadas. i. El
seguimiento pasivo RF. Es el sistema de vigilancia electrónica a través del cual se
instala un dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del
condenado, sindicado, imputado o acusado, el cual trasmite a una unidad
receptora, la que a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica
convencional. ii. El seguimiento activo – GPS. Es el sistema de vigilancia
electrónica a través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o

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Expediente D-8198

tobillera en el cuerpo del sindicado, imputado o acusado, el cual llevará
incorporada una unidad GPS (Sistema de posicionamiento global), la cual
transmitirá la ubicación del beneficiario, indicando si ha llegado a zonas de
exclusión. La norma establece que cuando el beneficiario del dispositivo llegue al
lugar establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la
información que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo vía
telefónica o móvil, sin que durante el transcurso del día se haya perdido la
transmisión inherente al sistema de vigilancia electrónica. iii. El reconocimiento
de voz. Es el sistema de vigilancia electrónica a través del cual se lleva a cabo una
llamada al lugar de residencia del condenado o sindicado, y autentica su
identidad comparando su voz contra una impresión de voz previa tomada durante
el proceso de registro.

SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA-Financiación

SUBROGADOS DE LA VIGILANCIA ELECTRONICA Y LA PRISION
DOMICILIARIA-Comparación

PRISION DOMICILIARIA Y VIGILANCIA ELECTRONICA-Exigencia
de pago de la multa

La hipótesis que interesa a la Corte, es aquella en que un condenado pretende
acceder al mecanismo de vigilancia electrónica como subrogado independiente, y
no cumple con los requisitos de la prisión domiciliaria (art. 38 C. Penal), por lo
cual se le exige el pago de la multa. Es en este caso en que la exigencia de la
multa en cuestión resulta relacionada de manera directa con la posibilidad de
acceso a la posibilidad de cumplimiento de la pena de prisión fuera del
establecimiento carcelario. Ahora bien, la hipótesis en que el condenado cumple
con los requisitos para beneficiarse del subrogado de la prisión domiciliaria, y se
le pretenda monitorear con los mecanismos de vigilancia electrónica, no resulta
constitucionalmente relevante para el estudio del cargo de inconstitucionalidad,
por cuanto como se vio en este caso no se exige el pago de la multa, y porque ello
supone que el condenado ya goza del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir

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se encuentra purgando la pena de prisión fuera de la cárcel. En este orden,
respecto de quienes pretenden acceder a la vigilancia electrónica como subrogado
independiente, porque no cumplen con los requisitos de la prisión domiciliaria,
sigue siendo relevante el planteamiento del cargo, porque es frente a ellos que se
puede afirmar que la imposibilidad de purgar la pena de prisión fuera de la
cárcel, puede depender en últimas de su condición económica. A partir de esta
aclaración se desarrollarán las siguientes líneas jurisprudenciales.

MULTA COMO SANCION PENAL Y COMO REQUISITO PARA LOS
SUBROGADOS DE LA PENA DE PRISION-Sentido y alcance

MULTA COMO SANCION PENAL-Sentido y alcance/MULTA-Clases

EXIGENCIA DE MULTA PARA ACCEDER A SUBROGADOS
PENALES-Alcance de la jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Dimensiones

La Corte ha determinado que la protección jurídica de los intereses de las
personas atiende a dos criterios principales. Uno de ellos es el principio general
de igualdad de la Constitución Política (art. 13), según el cual en nuestro
ordenamiento imperan, para su plena satisfacción, tres obligaciones claras: la
primera, de trato igual frente a la ley, que para el caso concreto es el deber de
aplicar por igual la protección general que brinda la ley (obligación para la
autoridad que aplica la ley). La segunda, consistente en la igualdad de trato o
igualdad en la ley, que para el caso, es que la ley debe procurar una protección
igualitaria (obligación para el legislador) y toda diferenciación que se haga en
ella debe atender a fines razonables y constitucionales. Y la tercera es la
prohibición constitucional de discriminación cuando el criterio diferenciador para
adjudicar la protección sea sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica (C.P., art. 13).

IGUALDAD DE TRATO O IGUALDAD EN LA LEY-Fundamento

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Expediente D-8198

Su fundamento se da en razón a la interpretación que esta Corporación ha dado a
los incisos segundo y tercero del artículo 13 constitucional, en el sentido de
determinar que en ellos se establece, en primer lugar un deber especial del Estado
de otorgar un trato preferente a grupos discriminados o marginados y en segundo
lugar un deber de protección especial a grupos determinados, en atención a
específicos mandatos constitucionales que en conjunción con el mencionado
artículo 13, así lo determinan. En lo que se refiere al presente análisis, habría que
tener en cuenta que dentro de los mencionados grupos se ha incluido a las
personas con condiciones económicas precarias, por lo que existe entonces frente
a ellas el deber de trato preferente, en ciertas circunstancias, como expresión del
principio de solidaridad.

PRISION DOMICILIARIA Y VIGILANCIA ELECTRONICA-
Identificación de dos grupos de condenados

La Corte identificó dos grupos de condenados: (i) aquellos que cumplen con los
requisitos para acceder a la prisión domiciliaria, y a quienes eventualmente, por
decisión del INPEC, se les puede someter a vigilancia electrónica como forma de
control de cumplimiento de la pena en la modalidad de casa por cárcel. Y (ii)
aquellos que no cumplen con los requisitos para la prisión domiciliaria pero sí
con los exigidos para la vigilancia electrónica.

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Afectación y restricción de
derechos constitucionales del interno

Entre los derechos afectados por el régimen jurídico de ejecución de la pena de
prisión cabe destacar: a) la libertad de locomoción (art. 24 CP), que se ve
imposibilitada durante el tiempo de permanencia en la cárcel; b) el libre
desarrollo de la personalidad (art. 16 CP), en su manifestación como facultad
para disponer del propio tiempo durante la estancia en prisión, es sustraída al
interno, quien está obligado a cumplir con los horarios y la distribución del
tiempo programados en cada establecimiento; c) la intimidad personal y familiar
(art. 15 CP), sustancialmente limitada por la autorización para la práctica

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rutinaria de cacheos a los internos, incluido el desnudo integral, así como de
registros a sus pertenencias, por la obligación de compartir celda con otros
reclusos cuando sea necesario, al igual que por las limitaciones impuestas a la
comunicación con sus familiares y allegados en cuanto a la frecuencia, duración y
circunstancias en que se lleva a cabo, y la autorización para su eventual
suspensión e intervención; d) la inviolabilidad de la correspondencia privada (art.
15 CP), cuyo envío y recepción se somete a especiales condiciones, autorizándose
su intervención sin previa orden judicial por parte de las autoridades
penitenciarias; e) el derecho a la información (art. 20 CP), debido a la
posibilidad de restringir la circulación y disposición de libros, revistas, periódicos
y aparatos de radio y televisión; f) el derecho de propiedad (art. 58 CP), que
comprende el derecho a usar las propias pertinencias, cuya limitación se autoriza
cuando se trata de dinero, alhajas y otros objetos de valor no autorizados, o que
se consideren peligrosos o de ilícita procedencia; g) los derechos de reunión y
asociación (art. 38 CP), así como la libertad de expresión (art. 20 CP), son
sometidos a duras restricciones como consecuencia del régimen disciplinario de la
prisión.

POSIBILIDAD LEGAL DE SALIR DE LA CARCEL Y CUMPLIR LA
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD FUERA DE ELLA-Debe brindarse
en igualdad de condiciones

POSIBILIDAD LEGAL DE SALIR DE LA CARCEL Y CUMPLIR LA
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD FUERA DE ELLA-Cuando depende
de los medios económicos del condenado, las desigualdades de hecho se
convierten en desigualdades jurídicas

Referencia: expediente D- 8198

Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1142 de
2007.

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Expediente D-8198

Demandante: Julián Arturo Polo Echeverry.

Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, el ciudadano Julián Arturo Polo Echeverry, interpuso acción pública de
inconstitucionalidad en contra del numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1142 de
2007.

II. NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada y se subrayan los
apartes demandados.

LEY 1142 DE 2007
(junio 28)
Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y600 de
2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial
impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.

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ARTÍCULO 50. El Código Penal tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:
Artículo.- Sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión. El Juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de
vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión, siempre
que concurran los siguientes presupuestos:
1. Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de prisión, excepto si se
trata de delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición
forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de
personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para
delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y administración
de recursos relacionados con actividades terroristas y delitos relacionados con el tráfico de
estupefacientes.
2. Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los
cinco (5) años anteriores.
3. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado permita al Juez deducir
seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el
cumplimiento de la pena.
4. Que se realice el pago total de la multa.
5. Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del término que fije el Juez.
6. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones, las cuales
deberán constar en un acta de compromiso:
a) Observar buena conducta;
b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la pena;
c) Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida;
d) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena cuando fuere
requerido para ello.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta de compromiso dará lugar a la
revocatoria de la medida sustitutiva por parte del Juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad.

PARÁGRAFO. Los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión se
implementarán gradualmente, dentro de los límites de la respectiva apropiación presupuestal.

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Expediente D-8198

La gradualidad en la implementación de los sistemas de vigilancia electrónica será establecida
por el Ministerio del Interior y de Justicia.

III. LA DEMANDA
El demandante considera que la exigencia legal contenida en el artículo 38 de
Código Penal, consistente en exigir el pago total de la multa como requisito para
acceder a la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución
de la pena como sustitutivos de la prisión, vulnera el principio de igualdad
contenido en el artículo 13 de la Constitución, por lo cual debe ser declarado
inexequible. El fundamento general de la acusación radica en que resultan
injustificadamente perjudicados aquellos internos que cumpliendo con los demás
requisitos para esta modalidad alternativa de cumplimiento de la pena privativa de
la libertad, no cuentan con recursos económicos suficientes para realizar el pago en
mención.

Agrega que la incidencia de lo anterior en el derecho a la igualdad real de algunos
ciudadanos, viene dada porque existe de hecho una desigualdad en las condiciones
económicas de quienes son condenados a pena privativa de libertad, lo cual
necesariamente implica que aquellos condenados con solvencia económica tendrán
preferencia para acceder al beneficio, por el sólo hecho de contar con recursos para
ello. Y, teniendo en cuenta que se trata del acceso a alternativas de cumplimiento
de penas, la consecuencia discriminatoria es de gran relevancia. Aduce que la
evolución de la teoría de los derechos en materia del principio de igualdad, ha
desarrollado razones jurídicas suficientes para concluir que las desigualdades de
hecho pueden “legítimamente traducirse en desigualdades en el tratamiento
jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia”.

El acceso al beneficio en mención tiene también consecuencias de marcada
importancia -continua-, como son el despliegue efectivo de la vida familiar y la
posibilidad de alcanzar fuentes de trabajo, entre otras, con la respectiva incidencia
de ello en la oportunidad de reincorporarse “a la vida en sociedad”. Esto cobra
más importancia aún, pues “no puede desconocerse que la posición económica de
quienes se encuentran pagando una condena; esto es, recluidos esperando la

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concesión de un beneficio como el creado por la ley demandada, se encuentra en
una posición de inferioridad económica.”

Afirma que la imposibilidad de pagar las multas genera hacinamiento en las
cárceles, y que en casos como el de la libertad condicional, se ha venido utilizando
la figura del amparo de pobreza, para que los reclusos puedan acceder a ello, pese a
su precaria situación económica.

De otro lado, explica que la jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado sobre un
tema parecido pero no igual, cual es el de la exigencia del pago de la multa para
acceder al beneficio de libertad condicional (C-194 de 2005), que encontró
ajustada al principio de igualdad constitucional, porque la misma legislación penal
establecía facilidades de pago la amortización a plazos y la amortización mediante
trabajo (art.39 Código Penal). Pero, añade, las facilidades en mención solo son
aplicables a la clase de multa denominada “unidad de multa”, y no al caso en el
que la multa aparece como acompañante de la pena de prisión. Por lo que concluye
que el precedente jurisprudencial referido no resulta aplicable al presente caso.

También aduce, que si se considera el beneficio de la Prisión Domiciliaria, se
encuentra que para éste no se exige pago alguno de multa, y respecto de la
reparación de los daños ocasionados a la víctima, la norma lo establece como
obligación, salvo que se demuestre que el condenado está en incapacidad material
de sufragarlo. De ahí, que la norma demandada en efecto, haya pasado por alto
salvedades como la descrita que el legislador penal ha establecido con el claro fin
de lograr igualdad material en el acceso a las alternativas al cumplimiento de penas
privativas de libertad, fuera de las cárceles.

Por lo expuesto, solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de numeral 4
del artículo 38 A del Código Penal.

IV. INTERVENCIONES
Intervención de la Defensoría del Pueblo
Mediante escrito allegado a esta Corporación, el Defensor de Pueblo solicita la

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Expediente D-8198

declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada, numeral 4 del artículo 38A
del Código Penal. Explica en primer término que la jurisprudencia se ha
pronunciado en varias oportunidades sobre la constitucionalidad de la exigencia
del requisito del pago de la multa para acceder a subrogados penales, y ha
concluido en cada caso (C-194/05, C-239/05, C-665/05, C-783/05 y C-823/05) que
resulta conforme al orden constitucional, principalmente porque (i) la finalidad de
la multa es castigar al infractor de la ley penal, por lo cual no puede valorarse en
principio desde el punto de vista del poder adquisitivo del multado, y por ello la
libertad personal puede depender del cumplimiento de dicho castigo. Y (ii) pese a
lo anterior es razón suficiente, el mismo artículo que regula las multas en materia
penal (art 39 del Código Penal) dispone que la determinación de su monto se hará
bajo la consideración de la situación económica del condenado. En conclusión, la
exigencia de su pago para ser beneficiario de subrogados penales no resulta
inequitativo ni contrario al principio de igualdad.

La Defensoría afirma que a pesar de los pronunciamientos anteriores en el mismo
sentido, la jurisprudencia no ha abordado el análisis en los términos propuestos por
el actual demandante, lo cual pondría en duda la aplicación al presente caso de los
criterios esbozados en los precedentes. El punto de partida es que se debe tener en
cuenta –continúa- la existencia de dos clases de multa: la que se decreta como
acompañante de una pena de prisión (es decir como pena accesoria), y la que se
dispone como pena principal.

A partir de lo anterior surgen tres reparos a las razones esgrimidas por la
jurisprudencia que permiten llegar a una conclusión distinta a la presentada. En
primer lugar, la posibilidad de tasar el monto de la multa de acuerdo a la situación
económica del condenado, sólo es posible para el caso de la multa como pena
principal. Esto porque el numeral segundo del artículo 39 del Código Penal
establece fórmulas para ello sólo en ese caso, que atienden al promedio de ingresos
del condenado; pero, en el caso de la multa como pena accesoria las mismas
normas que consagran la pena de prisión y la multa establecen el promedio según
la falta y no según la capacidad económica del penado. Esto hace imposible que el
juez atienda la situación adquisitiva del condenado para efectos de tasar el monto

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de la multa.

En segundo lugar, otras prerrogativas que procuran dar cuenta de la situación
particular del ciudadano a la hora de imponerle una multa con base en la comisión
de un delito, contenidas en el mismo artículo 39 del Código Penal, sólo son
aplicables según el texto normativo en mención, a la multa como pena principal.
Estas prerrogativas son la “amortización a plazos” y la “amortización mediante
trabajo”. Sobre la primera posibilidad (amortización a plazos) indica la
Defensoría que a partir de una interpretación sistemática del artículo 39 en
mención, junto con el artículo 41 del mismo Código Penal, se puede concluir la
posibilidad de que el condenado pague a plazos la multa como pena accesoria. Esto
porque el artículo 41 referido establece que cuando la multa concurra con una de
privativa de la libertad y el penado se sustrajere a su cancelación integral o a
plazos, se dará traslado a los jueces de ejecuciones fiscales. Para el interviniente la
alusión que se hace en este artículo a la posibilidad del pago a plazos permite
derivar el alcance de dicha prorrogativa, también al pago de la multa como pena
accesoria.

Sobre la prerrogativa consistente en amortizar el pago de la multa como pena
accesoria mediante trabajo, se afirma en esta intervención que resulta aplicable
únicamente al evento en que la multa obra como pena principal. Por lo cual habría
un tratamiento legal desigual e injustificado pues los condenados a multa como
pena accesoria no pueden hacer uso de dicha alternativa.

En tercer lugar, explica la Defensoría que en el caso del subrogado penal de Prisión
Domiciliaria, regulado en el artículo 38 del Código Penal, no se exige el pago de la
multa como requisito para su otorgamiento. Además de que para el acceso a la
mencionada Prisión Domiciliaria se exige la reparación de los daños derivados de
la comisión del delito, salvo que se demuestre la imposibilidad material del
condenado para hacerlo.

Intervención de la Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General envió con destino del expediente respectivo y por intermedio

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Expediente D-8198

de la Secretaría General, escrito de intervención en el que solicitó a la Corte
Constitucional que declare exequible la disposición demandada.

Para la Fiscalía la demanda carece de argumentos que sustenten el presunto
problema de igualdad propuesto. Explica que la afirmación del actor en el sentido
de que al existir condenados con baja capacidad adquisitiva y al exigir el
subrogado de la vigilancia electrónica el pago de la multa como requisito, se debe
concluir entonces que se vulnera el principio de igualdad, resulta ser una
conclusión que necesita exceder la descripción de una situación desigual. Asevera
textualmente “en la demanda deben exponerse los argumentos que expliquen por
qué el tratamiento desigual resulta constitucionalmente injustificado,
desproporcionado o irrazonable.”

Con base en lo explicado, la distinción encontrada por el actor, entre condenados
que cuentan con los medios económicos para cumplir con el requisito exigido para
acceder al subrogado de la vigilancia electrónica y aquellos que no, en sí misma no
configura una inconstitucionalidad. “El grado de protección que requieren grupos
de personas comparables ha sido confiada al legislador democráticamente
elegido. Por eso al analizar si un grupo está menos protegido que otro, no le
corresponde al juez constitucional sustituir la apreciación del legislador ni
imponer niveles de protección máximos o ideales.”

A partir de estas reflexiones sobre el alcance del principio de igualdad y el amplio
margen de discreción del legislador para establecer distinciones, encuentra el
interviniente respecto del caso concreto, que “las exigencias pecuniarias
requeridas para acceder al mecanismo del brazalete electrónico, resultan
proporcionadas constitucionalmente, dado que el juez de conocimiento goza de un
margen estricto de discrecionalidad para imponer según sea el caso, y atendiendo
la entidad del delito, las multas que considere convenientes. En tanto que, no a
todas las personas condenadas por determinados delitos, es posible imponerles
multas por cuanto su capacidad de pago es restringida.”

Agrega por último que la ley ha previsto que el monto de la multa debe estar

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acorde con la capacidad de pago del individuo, tal como también lo ha hecho notar
la jurisprudencia constitucional, lo cual impide afirmar que el Código Penal ha
dispuesto un tratamiento igualitario para situaciones de hecho distintas, derivadas
de la situación económica de cada condenado. Por lo que solicita la declaratoria de
exequibilidad de la norma demandada.

Ministerio del Interior y de Justicia
A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, el Ministerio del
Interior y de Justicia, allega al presente proceso escrito en el que solicita que
declare exequible la norma acusada.

Para concluir lo anterior presenta dos razones principales. La primera consiste en
que en sentencia C-194 de 2005, la Corte estudió un problema constitucional
similar, alrededor de la exigencia del pago de la multa para acceder a los
subrogados penales de la ejecución condicional de la pena y de la prisión
domiciliaria. Explica el Ministerio que en la mencionada sentencia se sostuvo que
tal exigencia no vulneraba el principio de igualdad, en tanto todos los condenados
podían acceder a los subrogados, mediante el cumplimiento del pago de la multa
porque las normas al respecto regulaban formas de cancelarla tales como los pagos
a plazos y la amortización mediante trabajo.

Considera el interviniente que la anterior argumentación resulta aplicable al caso
objeto de análisis, por cuanto el cargo esgrimido por el actor, consiste en que la
exigencia del pago de la multa discrimina a los condenados de bajos recursos
económicos, luego les impide el acceso al subrogado de la vigilancia electrónica.
Esto, porque la regulación sobre la imposición de la multa y sus modalidades de
pago es la misma.

En segundo lugar, el Ministerio encuentra que el paralelo entre los subrogados de
la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica, resulta impertinente, en tanto “la
prisión domiciliaria no es comparable con la posibilidad de libre circulación que
se obtiene con el beneficio de la manilla electrónica, por lo cual no cabe en este
caso un juicio de igualdad porque no se trata de situaciones iguales o similares.”

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Expediente D-8198

Intervenciones ciudadanas
El ciudadano Jefferson David Montoya García, en representación de la Sociedad
Montoya y García Grupo Empresarial S.A.S allegó al despacho escrito de
intervención en el que solicitó a esta Corte que declare la ineptitud sustantiva de la
demanda por cuanto “el cargo formulado por el accionante no ostenta relevancia
constitucional; más bien constituye una inconformidad del actor ante la fijación
que puede realizar el operador judicial sobre el monto de una multa para
conceder un subrogado penal como es la vigilancia electrónica en un caso
concreto.”

Además, con base en lo anterior trae a colación la sentencia C-854 de 2009, en la
que la Corte se declaró inhibida para decidir sobre la constitucionalidad de la
norma demandada en el presente caso, por ineptitud sustantiva de la demanda, y
como en el caso actual la demanda tampoco contiene la carga argumentativa
suficiente ni pertinente, entonces solicita que esta Corporación declare la
configuración de Cosa Juzgada Constitucional.

De otro lado, explica que los argumentos sobre los que el demandante pretende
sustentar un cargo de igualdad, son apreciaciones personales que no pueden ser
tomadas como razones de inexequibilidad. Y por demás, dichas apreciaciones no
controvierten lo sostenido por la Corte en sentencia C-194 de 2005, en la cual se
explicó que la exigencia de la multa para el acceso al subrogado penal de la
libertad condicional, encontraba razones constitucionales suficientes para estar
vigente en Colombia, máxime cuando a su aplicación (la exigencia de la multa)
debe mediar, según la regulación vigente, la consideración de la situación
particular del condenado antes de fijar el monto o su forma de pago. En virtud de
ello, el ciudadano Montoya García solita que se declare la exequibilidad de la
disposición acusada, en caso de que la Sala Plena no considere viables la
inhibición o la cosa juzgada como desenlace de la presente demanda.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

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De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, el Procurador
General de la Nación rinde concepto de constitucionalidad número 5030, en el cual
solicita a la Corte Constitucional que declare exequible la norma acusada.

El Procurador explica que en el proceso que culminó con la sentencia C-194 de
2005, rindió concepto y solicitó la exequibilidad de la norma que se estudiaba en
aquel entonces, que exigía el pago de la multa para beneficiarse de los subrogados
de la ejecución condicional de la pena y la libertad condicional; por lo cual en el
presente caso reiterará dichos argumentos.

Para la Vista Fiscal resultó claro en aquél estudio de constitucionalidad que la
exigencia del pago de la multa como requisito para acceder a subrogados penales,
no vulnera el principio de igualdad, ni genera discriminación respecto de los
condenados con escasas posibilidades económicas, en tanto la regulación de la
multa y su cancelación en el Código Penal (Artículo 39) indica que su imposición
se hará bajo la consideración de la situación económica particular del condenado,
justamente con el fin de que aquellos con menos posibilidades económicas accedan
en igualdad de condiciones a los distintos subrogados.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en
virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta.

Problema jurídico
2.- El actor demanda el numeral 4 del artículo 38A del Código Penal, que fue
adicionado por el artículo 50 de la Ley 1127 de 2007, el cual dispone que para
acceder al sistema de vigilancia electrónica como sustituto de prisión se requerirá
además de otros requisitos, el pago total de la multa. Para el demandante el anterior
contenido normativo vulnera el principio constitucional de igualdad, luego el
artículo 13 de la Constitución, en dos sentidos: (i) discrimina injustificadamente a
aquellos condenados que no cuentan con recursos económicos para cumplir con el
requisito del pago de la multa, impidiéndoles acceder al sistema de vigilancia

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Expediente D-8198

electrónica como sustitutivo de prisión. Y (ii) discrimina injustificadamente a
quienes no cumplen con los requisitos para el subrogado de la prisión domiciliaria,
que en esencia es lo mismo que el subrogado de la vigilancia electrónica, pues para
acceder a la prisión domiciliaria no se exige el pago de la multa.

Algunos intervinientes, así como el Ministerio Público, consideran que la norma
debe ser declarada exequible, porque el asunto relativo a si la exigencia del pago
de la multa para acceder a subrogados penales resulta discriminatoria, ya ha sido
estudiado por la Corte en sentencias C-194 de 2005, C-665 de 2005, C-783 de
2005 y C-823 de 2005. Y, ha sostenido la jurisprudencia constitucional al respecto,
que el mencionado requisito no vulnera el principio de igualdad, pues a la
imposición y pago de la multa debe mediar el análisis por parte de juez de la
situación económica particular de quien la solicita, así como la posibilidad de
amortizar su pago a plazos o mediante trabajo, según la regulación vigente. Por
ello, se ha concluido que todos los reclusos, incluidos aquellos con menos
posibilidades económicas, tienen opción real de acceder a los subrogados penales
que exigen el pago de multa, siempre que cumplan con los demás requisitos.

De otro lado, agregan que en materia penal la multa debe ser entendida como una
sanción dispuesta por el legislador dentro de su amplio margen de configuración
regulativo referente a las sanciones penales. Esto es, que el sentido de la
imposición de una multa sustentada en una condena penal se refiere a la
adjudicación de un castigo por lo cual su exigencia no puede entenderse como
injusta o inequitativa, pues ella responde a la declaración de responsabilidad penal
y no a la valoración del poder adquisitivo del condenado.

Así, proponen aplicar al presente caso estos criterios jurisprudenciales varias veces
reiterados, pues se trata del mismo asunto de debate, sólo que a propósito de un
subrogado diferente, el de la vigilancia electrónica.

Por su lado el Defensor del Pueblo, considera que la norma demandada es
inconstitucional, por cuanto hace depender el acceso a un subrogado de la pena de
prisión de un criterio meramente económico, frente al cual se ven discriminados

17

los reclusos que no tienen recursos económicos. Sostiene que el demandante tiene
razón cuando afirma que la jurisprudencia constitucional sobre los efectos
discriminatorios de la exigencia del pago de la multa, no ha considerado que la
sanción de multa frente a la cual proceden todas las alternativas de análisis de la
situación particular del condenado antes de su imposición, se refiere al caso de la
multa como pena principal y no como pena acompañante de la de prisión. Y,
justamente, la multa como requisito para acceder a los subrogados penales de
prisión, implica que ésta se ha impuesto como pena acompañante a la de privación
de la libertad.

En este orden, la jurisprudencia constitucional no ha hecho un estudio de fondo
sobre las implicaciones en el principio constitucional de igualdad de la exigencia
del pago de la multa según la perspectiva anterior, por cual los referidos criterios
constitucionales, no son en estricto sentido aplicables al presente caso.

3.- Así pues, corresponde a la Sala Plena determinar en general si la exigencia del
pago de la multa para acceder al mecanismo sustitutivo de prisión de vigilancia
electrónica, vulnera el principio constitucional de igualdad (art. 13 CN). Para
resolver este interrogante, el asunto constitucionalmente relevante se concentra en
las dos hipótesis puntuales presentadas por el demandante, las cuales son: (i)
presunta discriminación injustificada de los condenados que no cuentan con
recursos para cancelar la multa, pero cumplen con los demás requisitos exigidos en
el artículo 38A del Código Penal; y (ii) presunta discriminación injustificada
respecto de quienes cumplen con los requisitos para acceder a la prisión
domiciliaria, porque a ellos no se les exige pago de multa, cuando en esencia tanto
la prisión domiciliaria como la vigilancia electrónica implican el cumplimiento de
la pena de privación de la libertad, por fuera del establecimiento carcelario.

Ahora bien, de acuerdo a los términos en que el demandante y los intervinientes
han abordado la discusión constitucional objeto de la presente sentencia, antes de
resolver los planteamientos de la acusación, la Corte hará: A) la descripción del
funcionamiento de los sistemas de vigilancia electrónica; B) la comparación entre
los subrogados de la vigilancia electrónica y la prisión domiciliaria; C) la

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Expediente D-8198

reconstrucción de las líneas jurisprudenciales sobre el sentido y alcance de la multa
como sanción penal y como requisito para los subrogados de la pena de prisión; D)
la reconstrucción de las líneas jurisprudenciales sobre el principio constitucional de
igualdad y E) análisis del cargo de inconstitucionalidad.

A.- Sistemas de vigilancia electrónica. Alcance, autoridades competentes,
requisitos, modalidades y financiación.
Alcance
4.- Los sistemas de vigilancia electrónica han sido definidos por la Ley 1142 de
2007 con dos alcances: como mecanismo de control del cumplimiento de la pena
sustitutiva consistente en prisión domiciliaria, y como sustituto de la pena de
prisión. Esto es, como herramienta que ayuda al INPEC a verificar el
cumplimiento de otro subrogado (prisión domiciliaria) y como subrogado
independiente cuyo otorgamiento corresponde a los jueces.

El primero, regulado en el artículo 31 de la ley 1142 de 2007 en mención, y que
como se dijo corresponde a la consagración de los sistemas de vigilancia
electrónica como mecanismos que sirven para verificar y vigilar el cumplimiento
de la pena de quienes se encuentran bajo la medida sustitutiva de prisión
domiciliaria.

ARTÍCULO 31. El inciso 2o del artículo 38 de la Ley 599 de 2000 quedará así:

“El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal que conozca
del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará mecanismos de vigilancia
electrónica o de visitas periódicas a la residencia del penado, entre otros, para verificar
el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo”.

El segundo, regulado en el artículo 50 de la misma ley, indica que los sistemas de
vigilancia electrónica son medidas independientes sustitutivas de la prisión que
podrán ser ordenadas por el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en
los eventos en que se verifiquen los requisitos previstos en la ley en cuestión (art.
38A C.Penal).

19

Autoridades competentes
5.- Como puede verse, la Ley 1142 de 2007 dispuso un doble alcance a los
sistemas de vigilancia electrónica, lo cual resulta determinante a la hora de definir
cuál es la autoridad encargada de adoptar u otorgar el sistema de vigilancia
electrónica, y cuáles las condiciones para su implementación. En un caso, cuando
la vigilancia electrónica pretende ayudar a la verificación del cumplimiento de la
pena de prisión domiciliaria, la autoridad competente para adoptarlo es el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), según el artículo 31 de la Ley 1142
transcrito más arriba, en el aparte en que se afirma: “organismo {el INPEC} que
adoptará mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la
residencia del penado, entre otros, para verificar el cumplimiento de la pena, de lo
cual informará al despacho judicial respectivo.” Y según el artículo 1º de la
Resolución 02642 del 26 de marzo de 20091, que establece en cabeza del INPEC la
posibilidad de “Adoptar, según el caso, como medida adicional de control a la
prisión domiciliaria, las modalidades de vigilancia electrónica normadas”.

En el segundo caso, cuando los sistemas de vigilancia electrónica pretenden
otorgarse como medidas independientes sustitutivas de la prisión el artículo 50 de
la Ley 1142 de 2007 estableció que es el Juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad quien tiene la facultad de ordenar la utilización de sistemas de vigilancia
electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión.

Así mismo lo han establecido los Decretos 177 de 2008 y 1316 de 2009 que
reglamentaron el artículo 50 referido, además de disponer también que será el
mismo juez quien determine la necesidad de someter a los sistemas de vigilancia
electrónica a la población condenada que se encuentre en modalidad distinta a la
reclusión en centro penitenciario.2

De igual manera el artículo 2º del Decreto 177 de 2008, consagró la posibilidad de
que el Juez de Control de Garantías dispusiera la utilización de los sistemas de
vigilancia electrónica respecto de quienes encontrándose en detención preventiva
en establecimiento carcelario, le haya sido sustituida ésta por la del lugar de
1 Expedida por la Dirección del INPEC.
2 Artículo 1 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el Parágrafo del artículo 1 del Decreto 177 de 2008)

20

Expediente D-8198

residencia, previo cumplimiento de los presupuestos señalados en el artículo 314
de la Ley 906 de 2004.3

6.- En este orden, se debe también señalar que cuando la vigilancia electrónica se
adopta por parte del INPEC como una medida de control y verificación del
cumplimiento del de la prisión domiciliaria4, entonces no parece razonable que el
Instituto Nacional Penitenciario exija los requisitos contenidos en el artículo 38A
del Código Penal. Esto es, aquellos requisitos (incluido el pago de la multa) que se
exigen para el caso en que se analiza el otorgamiento de la vigilancia electrónica
como subrogado independiente por parte del Juez.

Se debe entender pues que en el primer caso se trata de una medida administrativa
adoptada por el INPEC, amparada en las normas vigentes (inc. segundo num. 5 art.
38 C. Penal, y art. 1º Res 02642 del 26 de marzo de 2009), y que como se ha
explicado consiste en monitorear mediante los sistemas de vigilancia electrónica a
quienes ya gozan de subrogados penales que implican cumplir la pena de prisión
fuera de la cárcel.

Esto significa que cuando el INPEC decide adoptar dicho mecanismo de
verificación y control, previamente el Juez ha analizado el cumplimiento de los
requisitos para otorgar el otro subrogado, distinto al de la vigilancia electrónica,
por lo cual no resulta razonable – además de que no es de su competencia - que el
INPEC exija los requisitos del artículo 38A referido, como si fuera a otorgar el
subrogado de la vigilancia electrónica, cuando en realidad lo que sucede es que
adopta una medida administrativa de control.

Requisitos (Derogatoria tácita del artículo 29B de la Ley 65 de 1993 -
Código Nacional Penitenciario y Carcelario).
3 El artículo 2 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el Par. del artículo 2 del Decreto 177 de 2008)
estableció que también podrán ser destinatarios de los sistemas de vigilancia electrónica quienes se encuentren en
detención preventiva bajo la Ley 600 de 2000, previo cumplimiento de los supuestos establecidos en el artículo 314
de la Ley 906 de 2004.
4 La Corte no hace referencia a la posibilidad de utilizar el mecanismo de la vigilancia electrónica en el caso de la
detención preventiva, hipótesis en la cual también está regulado según se ha visto, debido a que en estos casos no
hay condena, luego los requisitos -incluida la multa- del artículo 38A del C. Penal, de manera clara no resultan
exigibles.

21

7.- De otro lado, la utilización de los sistemas de vigilancia electrónica se
encuentra supeditada a que concurran ciertos presupuestos, especificados en los
artículos 50 de la Ley 1142 de 2007 y 1º del Decreto 177 de 2009. Sobre esto es
preciso advertir que antes de la expedición de la Ley 1142 de 2007, el sistema de
seguridad electrónica como pena sustitutiva de prisión se encontraba regulada por
el artículo 29B de la Ley 65 de 1993 (Código Nacional Penitenciario y Carcelario)
el cual establecía requisitos distintos a los contemplados actualmente. Para ilustrar
la distinción aludida la Sala presenta el siguiente cuadro:

ARTÍCULO 29-B. LEY 65 DE 1993 ARTÍCULO 50. LEY 1142 DE 2007El
SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMO PENA Código Penal tendrá un artículo nuevo
SUSTITUTIVA DE PRISIÓN. <Artículo
adicionado por el artículo 9 del Decreto 2636 de
del siguiente tenor:
2004. El nuevo texto es el siguiente:> En los Artículo 38A. Sistemas de vigilancia
delitos cuya pena impuesta no supere los cuatro electrónica como sustitutivos de la
años de prisión, respecto de los que no proceda la prisión. El Juez de ejecución de penas
prisión domiciliaria; el juez de ejecución de y medidas de seguridad podrá ordenar
penas, podrá sustituir la pena de prisión por la de
vigilancia a través de mecanismos de seguridad
la utilización de sistemas de vigilancia
electrónica, previa solicitud del condenado, si se electrónica durante la ejecución de la
cumplen adicionalmente los siguientes requisitos: pena, como sustitutivos de la prisión,
1. Que el condenado no tenga otros antecedentes siempre que concurran los siguientes
penales, salvo que se trate de delitos culposos o presupuestos:
con pena no privativa de la libertad.
2. Que el condenado suscriba un acta de
1. Que la pena impuesta en la
compromiso, prestando una caución que sentencia no supere los ocho (8) años
garantice el cumplimiento de las restricciones a la de prisión, excepto si se trata de delitos
libertad de locomoción que implique la medida. de genocidio, contra el Derecho
3. Que el condenado repare los perjuicios Internacional Humanitario,
ocasionados a la víctima de la conducta punible,
desaparición forzada, secuestro
cuando estos hayan sido tasados en la respectiva
sentencia condenatoria, salvo que se demuestre la extorsivo, tortura, desplazamiento
incapacidad material de hacerlo. forzado, tráfico de migrantes, trata de
4. El incumplimiento de las obligaciones personas, delitos contra la libertad,
impuestas en el acta de compromiso dará lugar a integridad y formación sexuales,
la revocatoria de la medida por parte del Juez de
extorsión, concierto para delinquir
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de una agravado, lavado de activos,
conducta punible que admita la extinción de la terrorismo, financiación del terrorismo
acción penal por indemnización integral, y administración de recursos
conciliación o desistimiento y se repare relacionados con actividades
integralmente el daño con posterioridad a la terroristas y delitos relacionados con el
condena, no procederá el mecanismo de
seguridad electrónica sino la libertad inmediata. tráfico de estupefacientes.
PARÁGRAFO 2o. La duración de la medida no 2. Que la persona no haya sido
podrá superar el término de la pena privativa de

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Expediente D-8198

la libertad impuesto en la sentencia, o el que falte condenada por delito doloso o
para su cumplimiento. preterintencional dentro de los cinco
Cuando el condenado no pueda sufragar el costo
del mecanismo de seguridad electrónica que le
(5) años anteriores.
sustituirá la pena privativa de la libertad, el 3. Que el desempeño personal, laboral,
Estado dentro de sus límites presupuestales lo familiar o social del condenado
hará. permita al Juez deducir seria, fundada
El mecanismo de seguridad electrónica se y motivadamente que no colocará en
aplicará de manera gradual en los Distritos
Judiciales conforme a lo dispuesto en el artículo
peligro a la comunidad y que no
530 del Código de Procedimiento Penal dentro de evadirá el cumplimiento de la pena.
los límites de las respectivas apropiaciones 4. Que se realice el pago total de la
presupuestales. multa.
PARÁGRAFO 3o. El mecanismo de seguridad 5. Que sean reparados los daños
electrónica previsto en este artículo no se aplicará
respecto de las conductas punibles que atenten
ocasionados con el delito dentro del
contra la libertad, integridad y formación término que fije el Juez.
sexuales, eficaz y recta impartición de justicia y 6. Que se garantice mediante caución
libertad individual. el cumplimiento de las siguientes
ARTICULO 38. Código Penal LA obligaciones, las cuales deberán
PRISION DOMICILIARIA COMO constar en un acta de compromiso:
SUSTITUTIVA DE LA PRISION. a) Observar buena conducta;
b) No incurrir en delito o
contravención mientras dure la
La ejecución de la pena privativa de la ejecución de la pena;
libertad se cumplirá en el lugar de c) Cumplir con las restricciones a la
residencia o morada del sentenciado, o en libertad de locomoción que implique la
su defecto en el que el Juez determine, medida;
excepto en los casos en que el d) Comparecer ante quien vigile el
sentenciado pertenezca al grupo familiar cumplimiento de la ejecución de la
de la víctima, siempre que concurran los pena cuando fuere requerido para ello.
siguientes presupuestos:
El incumplimiento de las obligaciones
1. Que la sentencia se imponga por impuestas en el acta de compromiso
conducta punible cuya pena mínima dará lugar a la revocatoria de la
prevista en la ley sea de cinco (5) años de medida sustitutiva por parte del Juez
prisión o menos. de ejecución de penas y medidas de
seguridad.
2. Que el desempeño personal, laboral,
familiar o social del sentenciado permita PARÁGRAFO. Los sistemas de
al Juez deducir seria, fundada y vigilancia electrónica como
motivadamente que no colocará en sustitutivos de la prisión se
peligro a la comunidad y que no evadirá implementarán gradualmente, dentro
el cumplimiento de la pena. de los límites de la respectiva
apropiación presupuestal. La
3. Que se garantice mediante caución el gradualidad en la implementación de
cumplimiento de las siguientes los sistemas de vigilancia electrónica

23

obligaciones: será establecida por el Ministerio del
1) Cuando sea del caso, solicitar al Interior y de Justicia.
funcionario judicial autorización para
cambiar de residencia. Este artículo será reglamentado por el
2) Observar buena conducta. Gobierno Nacional para garantizar las
3) Reparar los daños ocasionados con el apropiaciones del gasto que se
delito, salvo cuando se demuestre que requieran para la implementación del
está en incapacidad material de hacerlo. citado sistema de vigilancia electrónica
dentro de los 60 días siguientes a su
4) Comparecer personalmente ante la sanción.
autoridad judicial que vigile el
cumplimiento de la pena cuando fuere De lo anterior se deriva que estas
requerido para ello. normas regulan la misma situación de
manera distinta, por lo que se
5) Permitir la entrada a la residencia a presenta una antinomia jurídica,
los servidores públicos encargados de cuya definición en el ámbito de la
realizar la vigilancia del cumplimiento de teoría jurídica puede describirse
la reclusión y cumplir las demás como aquella situación en la que en
condiciones de seguridad impuestas en la un sistema jurídico dos normas
sentencia, por el funcionario judicial establecen consecuencias jurídicas
encargado de la vigilancia de la pena y la distintas para el mismo supuesto de
reglamentación del INPEC. hecho.

<Inciso modificado por el artículo 31 de 8.- Entre los criterios que el derecho
la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el brinda para solucionar antinomias5,
siguiente:> El control sobre esta medida se cuestiona en primera instancia la
sustitutiva será ejercido por el juez o vigencia temporal de las normas,
tribunal que conozca del asunto o vigile estableciéndose que frente a una
la ejecución de la sentencia, con apoyo antinomia jurídica el operador del
del Instituto Nacional Penitenciario y derecho debe aplicar el criterio
Carcelario, organismo que adoptará denominado lex posterior, según el
mecanismos de vigilancia electrónica o de cual, la norma posterior en el tiempo
visitas periódicas a la residencia del tiene como efecto jurídico, que la
penado, entre otros, para verificar el norma anterior que regulaba el
cumplimiento de la pena, de lo cual mismo supuesto pierde vigencia.
informará al despacho judicial respectivo. Quiere decir que se presenta el
fenómeno de la derogación o
Cuando se incumplan las obligaciones derogatoria.6
contraídas, se evada o incumpla la
reclusión, o fundadamente aparezca que El fenómeno de la derogación de las
5 Sentencia C-318 de 2007. “Dentro de los criterios para solucionar antinomias, los principios generales del
derecho han establecido los análisis de: lex posterior, lex superior, lex especial, favorabilidad (principalmente en
materia penal, laboral y en normas de orden público como las de familia, entre otras), aplicación de principios
generales, entre otros.”
6 Sentencia C-318 de 2007.

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Expediente D-8198

7 SANTAMARÍA PASTOR Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo I. Ed. Centro de Estudios
Ramón Areces, S.A.. Madrid 1991. Pág 415.
8 CÓDIGO CIVIL. Articulo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.
9 Artículo 7 del Decreto 177 de 2008.
10 Artículo 3 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el artículo 4 del Decreto 177 de 2008).
11 Artículo 4 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el artículo 5 del Decreto 177 de 2008)
16 Parágrafo, Articulo 50 de la Ley 1142 de 2007.
17 Artículo 9 del Decreto 177 de 2008
“Implementación. Los sistemas de vigilancia electrónica se implementarán gradualmente, de conformidad con las
siguientes fases:
1. Primera Fase. Distritos Judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Iniciará su implementación a más
tardar el día primero (1°) de julio de 2008.
2. Segunda Fase. Distritos Judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y
Tunja. Iniciará su implementación a más tardar el día primero (1°) de julio de 2009.
3. Tercera Fase. Distritos Judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y
Villavicencio. Iniciará su implementación a más tardar el día primero (1°) de julio de 2010.
4. Cuarta Fase. Distritos Judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha,
Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar los sistemas de vigilancia
electrónica a más tardar el día treinta y uno (31) de diciembre de 2010.”
Artículo 9 del Decreto 3336 de 2008 “Implementación. Los sistemas de vigilancia electrónica se implementarán en
el Distrito Judicial de Bogotá, iniciando con un plan piloto que se desarrollará entre el 1° de diciembre de 2008 y el
31 de diciembre de 2010.
El Ministerio del Interior y de Justicia evaluará los resultados del plan piloto y definirá la continuidad del sistema
en los demás Distritos Judiciales, previa viabilidad técnica y presupuestal del Gobierno Nacional".
Artículo 6 del Decreto 1316 de 2009. (Por el cual se modificó el artículo 9 del Decreto 3336 de 2008) el cual
quedará así: “Artículo 9 Implementación. Los sistemas de vigilancia electrónica se implementarán iniciando con un
plan piloto que se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2010 en los Distritos Judiciales de Antioquia, Armenia,
Bogotá, Buga, Cali, Cundinamarca, Manizales, Medellín, Pereira, Santa Rosa de Viterbo y Tunja.”
Artículo 1 del Decreto 4940 de 2009. “A partir de la vigencia del presente decreto, los sistemas de vigilancia
electrónica se implementarán en todos los Distritos Judiciales del país, dentro de los límites de la respectiva
apropiación presupuestal.”

25

18 En estas conclusiones la Corte considera que no debe incluir al grupo de sindicados a quienes se les da la
posibilidad de estar por fuera del establecimiento penitenciario pese a ser sujetos de la medida de detención
preventiva, quienes - según se vio- también pueden ser monitoreados mediante mecanismos de vigilancia
electrónica. Y no se incluyen –se insiste- porque la Sala pretende concentrar estas conclusiones en los aspectos
relativos a la exigencia de la multa, por lo que es claro que no existe condena de multa en los casos de los sindicados
con medida de detención preventiva a quienes se les pretende monitorear mediante la vigilancia electrónica, pues el
proceso está en curso.
19 C-194 de 2005
20 C-390 de 2002
21 {Cita de la sentencia C-194 de 2005} Bandeira de Mello, Oswaldo A. Principios Gerais de Directo
Administrativo, Vol II, Río 1974, P. 502
22 C-194 de 2005
23 Ibídem.
24 Al respecto la sentencia C-194 de 2005: “Así lo reconoció, por ejemplo, en la Sentencia C-628 de 1996, cuando declaró exequible
el artículo 49 del Código Penal de 1980 –Decreto Ley 100 de 1980- que consagraba la conversión de la multa en arresto cuando el condenado
se hubiere abstenido de pagarla. Tal como se desprende de la cita que a continuación se transcribe, a juicio de la Corte, el no pago de la multa
no constituye incumplimiento de una obligación contractual -o, se agregaría, de una obligación civil extracontractual-, por lo que dicha
circunstancia no se considera cobijada por la prohibición del artículo 28 superior:
<Al respecto es preciso advertir que cuando la Constitución prohíbe en el artículo 28 la detención, prisión o arresto por deudas, se refiere
concreta y particularmente a aquellas originadas en relaciones de origen civil, sin que en estas medien situaciones o hechos punibles. En el caso
del precepto acusado, se reitera, la multa se impone -y se convierte en arresto- no por el incumplimiento de obligaciones contractuales que es lo
que prohíbe la norma superior, sino en razón del resarcimiento por la lesión que se haya inferido al orden social al no cumplirse con la pena
principal impuesta -la multa-.
Así mismo, el artículo 35 de la ley 599 de 2000 consagra la multa como pena principal, lo cual según ya se ha explicado a lo largo de estas
consideraciones no contraría la Constitución, pues se encuentra dentro de la autonomía del legislador decidir la clase de sanción a imponer y el
monto de la misma, salvo obviamente, que se trate de penas prohibidas por la Constitución. Adicionalmente, debe agregar la Corte que la
sustitución de penas privativas de la libertad por multas, en lugar de infringir el ordenamiento supremo se adecua a él, pues es ésta una forma
de garantizar caros principios constitucionales como el de la libertad e inmunidad personales (artículo 28 C.N.), así como de los derechos
consagrados en el artículo 29 superior. (Sentencia C-628 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara)>
Previamente, al revisar la exequibilidad del artículo 68 del Decreto 2737 de 1989, que consagraba la conversión de la multa en arresto en caso
de incumplimiento de obligaciones paterno filiales, la Corte había sentado su posición al respecto y había dicho que la finalidad de dicha
conversión era garantizar la efectiva imposición de la sanción por la conducta punible, conducta que podría quedar impune si el Estado no
pudiera hacer efectivo el castigo contenido en la multa. Dijo a este respecto la Corte:
<27. La Constitución prohíbe el arresto por deudas (CP art. 28). La sanción pecuniaria que se convierte en arresto no tiene el carácter de
deuda. La fuente de la sanción pecuniaria, convertible en arresto, se vincula al poder punitivo y correctivo del Estado, que persigue no el
enriquecimiento del erario sino el control y regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y la preservación de intereses superiores
que se consideran merecedores de tutela. La naturaleza de la sanción pecuniaria, de otra parte, es puramente represiva y, precisamente, esa
finalidad es la que asume el arresto cuando se muestra incapaz de servir ese cometido.
28. Si la pena pecuniaria no se cancela y la misma no se muta en arresto, puede perder eficacia disuasiva la sanción. El juicio de
reprochabilidad de una específica conducta, corre el riesgo de tornarse en pauta no obligatoria de conducta si a la conducta desviada y a la
elusión de su respectiva sanción no sigue consecuencia adversa alguna. No merece glosa constitucional que el legislador busque asegurar,
mediante el arresto sustitutivo, la efectividad de su propio mandato sancionatorio> (negrillas y subrayas fuera de texto). (Sentencia C-041 de
1994, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)”
25 CÓDIGO PENAL. Artículo 35. PENAS PRINCIPALES. Son penas principales la privativa de la libertad de
prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte

26

Expediente D-8198

especial.
26 CÓDIGO PENAL. Artículo 39. LA MULTA. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas.
1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo
penal consagrará su monto, que nunca será superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa, caso en el cual el respectivo tipo
penal sólo hará mención a ella.
27 CODIGO PENAL: ARTICULO 39. LA MULTA. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas.
1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo
penal consagrará su monto, que nunca será superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa, caso en el cual el respectivo tipo
penal sólo hará mención a ella.
2. Unidad multa. La unidad multa será de:
1) Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1) salario mínimo legal mensual. La multa oscilará entre una y
diez (10) unidades multa.
En el primer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, hasta diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2) Segundo grado. Una unidad multa equivale a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará
entre una y diez (10) unidades multa.
En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, superiores a
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cincuenta (50).
3) Tercer grado. Una unidad multa equivale a cien (100) salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará
En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, superiores a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Determinación. La cuantía de la multa será fijada en forma motivada por el Juez teniendo en cuenta el daño
causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado
por el mismo, la situación económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas
familiares, y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar.
4. Acumulación. En caso de concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a
cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en este Artículo para
cada clase de multa.
5. Pago. La unidad multa deberá pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia haya
quedado en firme, a menos que se acuda a alguno de los mecanismos sustitutivos que a continuación se
contemplan.
6. Amortización a plazos. Al imponer la multa, o posteriormente, podrá el Juez, previa demostración por parte del
penado de su incapacidad material para sufragar la pena en un único e inmediato acto, señalar plazos para el
pago, o autorizarlo por cuotas dentro de un término no superior a dos (2) años. La multa podrá fraccionarse en
cuotas cuyo número no podrá exceder de veinticuatro (24), con períodos de pago no inferiores a un mes.
7. Amortización mediante trabajo. Acreditada la imposibilidad de pago podrá también el Juez autorizar, previa
conformidad del penado, la amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en asunto

27

de inequívoca naturaleza e interés estatal o social.
Una unidad multa equivale a quince (15) días de trabajo.
Los trabajos le obligan a prestar su contribución no remunerada en determinadas actividades de utilidad pública o
social.
Estos trabajos no podrán imponerse sin el consentimiento del penado y su ejecución se ceñirá a las siguientes
condiciones:
1) Su duración diaria no podrá exceder de ocho (8) horas.
2) Se preservará en su ejecución la dignidad del penado.
3) Se podrán prestar a la Administración, a entidades públicas, o asociaciones de interés social. Para facilitar su
prestación la Administración podrá establecer convenios con entidades que desarrollen objetivos de claro interés
social o comunitario. Se preferirá el trabajo a realizar en establecimientos penitenciarios.
4) Su ejecución se desarrollará bajo el control del juez o tribunal sentenciador, o del juez de ejecución de penas en
su caso, despachos que para el efecto podrán requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la administración
o a la entidad o asociación en que se presten los servicios.
5) Gozará de la protección dispensada a los sentenciados por la legislación penitenciaria en materia de seguridad
social.
6) Su prestación no se podrá supeditar al logro de intereses económicos.
Las disposiciones de la Ley Penitenciaria se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en este Código.
En los eventos donde se admita la amortización de la multa por los sistemas de plazos o trabajo, el condenado
suscribirá acta de compromiso donde se detallen las condiciones impuestas por el Juez.
28 Para mayor ilustración, la Corte encontró al revisar el Libro II del Código Penal Colombiano, que pocos tipos
penales contemplan una pena de multa como pena acompañante de la de prisión en un monto inferior a los cinco (5)
S.M.L.M.V.; estos son: maltrato mediante restricción a la libertad física (art.230), malversación y dilapidación de
bienes de familiares (art. 236), falsedad marcaria (art. 285), falsa denuncia (art.435), falsa denuncia contra persona
determinada (art. 436) y falsa autoacusación (art. 437). Otros tipos penales contemplan como pena accesoria una
multa de cinco (5) salarios S.M.L.M.V. como mínimo, estos son: incapacidad para trabajar o enfermedad derivada
de lesiones personales (art. 112), perturbación de la posesión sobre inmueble (art. 264) y daño en bien ajeno
(art.265). A su vez, se observa que el tipo de estafa (art.246) establece multa de hasta diez (10) S.M.L.M.V. De un
monto de diez (10) S.M.M.L.V. como mínimo, se encuentran los tipos de alteración, desfiguración y suplantación
de marcas de ganado (art.243), deformidad derivada de lesiones personales (art.113) y perturbación funcional
derivada de lesiones personales (art. 114). Con multas de veinte (20) o más SM.L.M.V., se hallan los tipos de
deformidad derivada de las lesiones personales en presencia de algunos agravantes (art.113), perturbación
funcional derivada de las lesiones personales en presencia de algunos agravantes (art. 114), la perturbación
psíquica (art. 115), inasistencia alimentaria contra menor (art. 233) y homicidio culposo (art.109), entre otros.
29 CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 39 (…)
2. Unidad multa. La unidad multa será de:
1) Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1) salario mínimo legal mensual. La multa oscilará entre una y
diez (10) unidades multa.
En el primer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, hasta diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Expediente D-8198

2) Segundo grado. Una unidad multa equivale a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará
En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, superiores a
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cincuenta (50).
3) Tercer grado. Una unidad multa equivale a cien (100) salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará
En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, superiores a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
30 {Cita del aparte transcrito} A saber, las expresiones “su concesión estará supeditada al pago total de la multa”
contenidas artículo 63 del Código Penal tal como quedó modificado por el 4º de la Ley 890 de 2004; “En todo
caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en el artículo 64 del Código Penal tal
como quedó modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004; “si se ha impuesto pena accesoria de multa, su
pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” contenidas en el segundo inciso del
artículo 471 de la Ley 906 de 2004; y “Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley” contenidas
en el segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004.
31 En varios pronunciamientos esta Corporación ha resaltado que el principio de igualdad se estructura en tres
dimensiones. Siguiendo lo establecido en la C-673 de 2001, en la C-507 de 2004 se dijo: “[s]e trata pues de tres
dimensiones diferentes del principio de igualdad. La primera de ellas es la igualdad ante la ley, en virtud la cual la
ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas. Este derecho se desconoce cuando una ley se aplica
de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas. Esta dimensión del principio de
igualdad garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas las personas.
Para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato. (...) Ahora bien, ni la igualdad ante la ley ni la
igualdad de trato garantizan que ésta proteja por igual a todas las personas. Una ley, que no imponga diferencias
en el trato y se aplique por igual a todos, puede sin embargo proteger de forma diferente a las personas. (...) No
basta con saber si el derecho se aplicó de forma diferente en dos casos en los que se ha debido aplicar igual o si el
derecho en sí mismo establece diferencias no razonables, se requiere determinar si la protección brindada por las
leyes es igual para quienes necesitan la misma protección.
32 Constitución Nacional, “artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley…”
33 Ibíd. “Todas las personas (…), recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de las mismos
derechos y oportunidades…”. En la sentencia C-673 de 2001 esta Sala presentó la obligación de la igualdad de trato
como en el derecho comparado se ha desarrollado. En algunos casos se ha establecido como “el principio de
igualdad de trato”. En dicha sentencia se recordó que: “[e]n efecto, en los Estados Unidos desde el año 1920 se
menciona explícitamente el test leve aplicable al examen de una medida legislativa para determinar si vulnera el
principio de igualdad de trato. (…) La Corte [Europea de Derechos Humanos] adoptó esta metodología por
considerar que debía seguir los principios que pueden ser extraídos de la práctica jurídica de un amplio número de
estados democráticos según la cual el principio de igualdad de trato es violado si la distinción carece de una
justificación objetiva y razonable…” (énfasis fuera de texto). De esta evolución de la obligación de trato igual,
como principio de igualdad de trato contenido en el principio general de igualdad, ha hecho parte también esta
Corte. Entre otras, en la citada C-504 de 2004: “[en] la segunda dimensión, la igualdad de trato (...) se garantiza a

29

todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situación de personas que deberían
ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas
diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables”.
34 Parte de la doctrina ha definido la obligación de igualdad de trato contenida en el principio general de igualdad
como uno de los subprincipios de éste. Lo ha denominado principio de igualdad en la ley en contraposición con el
tradicional principio de igualdad ante la ley. Pues la consideración doctrinaria general es que al segundo (igualdad
ante la ley) vino el primero (igualdad en la ley) en la evolución del Estado Social de Derecho. “Con la crisis del
Estado Liberal de Derecho se produce una ruptura de la identificación entre igualdad y ley, y se va a ampliar el
juicio de igualdad de la aplicación a la misma creación de la norma, esto es, a la razonabilidad de su contenido”.
(Rey Martínez Fernando. El Derecho Fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. Ed. McGraw-Hill.
Madrid. 1995. Pág 44).
35 Artículo 13.- (...) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las
medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta (...). (Énfasis fuera de texto)
36 Rey Martínez Fernando. Op. Cit. Pág. 64.
37 La Corte ha hecho manifiesta esta interpretación en numerosos
pronunciamientos. Por ejemplo la Sala ha establecido la necesidad de variar el
grado de intensidad del test de igualdad dependiendo de si la desigualdad
objeto de estudio de constitucionalidad se refiere a estos grupos discriminados
o marginados. Así, en sentencias como la C- 180 de 2005 que sigue lo estipulado
en la C-091 de 2003, se dijo: “[c]uando se trata de medidas de promoción de
los desfavorecidos la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se deben
aplicar escrutinios intermedios de constitucionalidad. Se reconoce en
consecuencia un margen relativamente amplio de configuración por parte del
legislador para implementar los mecanismos que hagan efectiva la igualdad
material en favor de los grupos marginados”. (Énfasis fuera de texto). En otra
ocasión, en la C-426 de 1997, la Corte estableció que en la asignación de
bienes escasos en la sociedad colombiana a los ciudadanos, existía no sólo la
permisión sino también el deber de las autoridades de privilegiar a los menos
favorecidos, y ello se presentó como un criterio objetivo: “[p]or eso se ha
considerado que la exigencia que se deriva del principio de igualdad para estos estados de cosas se restringe a que
todas las personas interesadas tengan iguales posibilidades de acceder al proceso de selección de los beneficiarios
y puedan tener la certeza de que la distribución de los bienes se hará acatando los procedimientos establecidos.
Estos criterios de distribución no pueden ser generales, aplicables a todos los casos, sino que han de ser
determinados de acuerdo con las características propias de los bienes o medios por repartir y de las necesidades o

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Expediente D-8198

aspiraciones que éstos satisfacen.”
38 Lopera Mesa Gloria Patricia. “Principio de Proporcionalidad y la Ley Penal”. Ed Centro de Estudios
Constitucionales. Madrid 2006. Pág. 300, 301
39 Ferrajoli Luigi. “Derecho y Razón”. Ed. Trotta. Madrid 1995. Pág. 412
40 Esta idea de análisis está contenida en: Lopera Mesa Gloria Patricia. “Principio de Proporcionalidad… Ob. Cit
Pág. 303
41 C-194, C-665 y C-823 de 2005
44 Código Penal: “ARTICULO 41. EJECUCION COACTIVA. Cuando la pena de multa concurra con una privativa
de la libertad y el penado se sustrajere a su cancelación integral o a plazos, se dará traslado del asunto a los
Jueces de Ejecuciones Fiscales para efectos de que desarrollen el procedimiento de ejecución coactiva de la multa.
Igual procedimiento se seguirá cuando en una misma sentencia se impongan las diferentes modalidades de multa.”
45 Esta fórmula fue utilizada por la Corte en un análisis semejante, en sentencia C-823 de 2005, en cuyo numeral
Octavo de la parte resolutiva se declaró EXEQUIBLE la expresión “y de la reparación a la víctima” contenidas en
el primer inciso del artículo 64 del Código Penal, en el entendido que en caso de demostrarse ante el juez de
ejecución de penas -previa posibilidad de contradicción por la víctima y el Ministerio Público- la insolvencia
actual del condenado, el no pago previo de la reparación a la víctima no impedirá la concesión excepcional del
subrogado de libertad condicional.
46 Corte Constitucional, sentencia C-185 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV María Victoria Calle
Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
47 Al respecto dice la sentencia: “[…] sobre la alternativa del pago a plazos habría que agregar que nada permite
pensar que un condenado que carezca de recursos para pagar el monto integral de la multa, sí los tenga para pagar la
misma en cuotas. Por el contrario, el hecho mismo de la reclusión hace pensar que la verdadera alternativa no es
diferir el pago en cuotas, sino que el recluso acceda a alguna posibilidad laboral. Lo cual a su vez parece ser en
extremo complicado en el entretanto de su condición de interno.” Corte Constitucional, sentencia C-185 de 2011.

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C 185 de 2011

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