C 194 de 2005

Sentencia C-194/05

MULTA-Definición legal y jurisprudencial

MULTA-Finalidad

MULTA EN MATERIA PENAL-Naturaleza jurídica

MULTA EN MATERIA PENAL-No configura deuda en el sentido de
créditos civiles/MULTA EN PROCESO PENAL-Características/MULTA
EN MATERIA PENAL-Origen/MULTA EN MATERIA PENAL-
Finalidad

Atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la multa, la jurisprudencia ha
entendido que aquella no configura una “deuda” en el mismo sentido en que lo
son los créditos civiles. Y es que no existe razón alguna para considerar que,
como en ambos casos el medio liberatorio de la obligación es el dinero, la
naturaleza jurídica de los créditos sea la misma. Ciertamente, el origen de la
multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad
transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la
represión de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no es una
carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño
provocado por el delito. Como consecuencia de su índole sancionatoria, la multa
no es apta de modificarse o extinguirse por muchas de las formas en que lo
hacen los créditos civiles. En este contexto, la multa no es susceptible de
conciliación, no puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante
el fenómeno de la confusión. No está en poder del sujeto pasivo la transacción
del monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no
podría éste -pese a una eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un
particular distinto, pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de
la ley.

ARRESTO O PRISION POR DEUDAS-Su prohibición solo se refiere a
créditos civiles

CONVERSION DE MULTA EN ARRESTO-Razón por la cual se impone

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LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SANCION
PENAL-Determinación de la clase y monto

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Sustitución por multa garantiza
los principios de libertad e inmunidad personal

MULTA EN MATERIA PENAL-Cuantificación de acuerdo a la condición
económica y personal del condenado/MULTA EN MATERIA PENAL-
Prorroga para su pago/MULTA EN MATERIA PENAL-Conmutación por
obligación de hacer

Es posible concluir, en primer lugar, que el Estado ha dispuesto mecanismos
adecuados y pertinentes para calcular el monto de la multa de conformidad con
la condición económica y personal del condenado. En segundo término, la Corte
concluye que cuando la capacidad económica del condenado es mínima o
inexistente, el sistema jurídico ofrece una alternativa económica, consistente en
la posibilidad de prorrogar el pago mientras el obligado encuentra los medios
para cancelarla, y una alternativa no económica, que consiste en la posibilidad
de conmutar la obligación de dar por una obligación de hacer, consistente en el
desarrollo de actividades de naturaleza e interés sociales. Lo anterior implica
que la capacidad o incapacidad de pago del individuo no es irrelevante –por el
contrario, es indispensable- para determinar el monto de la multa, así como su
forma de pago e, incluso, la posibilidad de amortizarla mediante trabajo o, en
casos extremos, de convertirla en arresto de fin de semana. Lo anterior también
significa que el procedimiento de tasación de la multa no es irreflexivo, sino que,
por el contrario, requiere de una justificación suficiente que explique las razones
por las cuales, teniendo en cuenta las condiciones del procesado, se impone una
suma determinada de dinero y no otra.

MULTA EN MATERIA PENAL-Inmodificabilidad de la tasación y
modalidad de pago por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad

CAUCION PRENDARIA-Inexistencia de alternativa no
económica/DERECHO A LA IGUALDAD EN CAUCION
PRENDARIA-Principio de proporcionalidad

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DERECHO A LA IGUALDAD EN MULTA-Justificación de trato
diferenciado en la imposición

No resulta válido el argumento que presupone que quienes están en condiciones
de solicitar el reconocimiento de un subrogado penal se encuentran en las
mismas condiciones ante la imposición del pago de la multa, pues la ley ha
previsto que el monto de la misma debe estar acorde con la capacidad de pago
del individuo, lo cual descarta que exista un tratamiento igualitario para
situaciones fácticas disímiles. Así, el cargo por violación del artículo 13
constitucional, que el demandante formuló en contra del artículo 4º de la Ley 890
de 2004 y de la expresión “En todo caso su concesión estará supeditada al pago
total de la multa” del artículo 5º de la misma ley, carece por completo de
fundamento, pues la Ley sí dispensa un trato diferenciado para situaciones que
realmente lo merecen, por lo que la norma no encarna discriminación alguna.

MULTA EN PROCESO PENAL-No violación de la prohibición de arresto
o prisión por deudas/LIBERTAD CONDICIONAL-Concesión por pago de
multa

No es de recibo el cargo formulado contra las mismas preceptivas que denuncia
la violación de la regla constitucional que prohíbe la prisión y el arresto por
deudas –art. 28 C.P.-. Y la razón –fundamentalmente- es que la naturaleza de la
multa, aunque se manifieste en el mundo jurídico a la manera de una deuda, no
lo es en el sentido al que se refiere la prohibición constitucional, por lo que es
legítimo que el legislador haya supeditado al pago de la misma la concesión de
los subrogados de suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad
condicional. No siendo la multa una de las deudas a las que se refiere el artículo
28 superior, el legislador no quebranta la Carta al impedir que se conceda la
libertad a quien se abstiene de pagarla.

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Alcance según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Presupuestos para su operancia

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Inexistencia en la valoración de la
procedencia de la libertad condicional/LIBERTAD CONDICIONAL-

Finalidad del estudio que analiza su procedencia

Cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse
previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de
Ejecución de Penas y Medida de Seguridad quede autorizado para valorar la
gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario
deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y
valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento,
como criterio para conceder el subrogado penal. Adicionalmente, el juicio que
adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la
de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir
del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del
Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal
del condenado –resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de
conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el
mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de
reproche en la sentencia condenatoria, cuales son los ocurridos con
posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en
reclusión. Por ello, la pretendida triple coincidencia de elementos, que
configurarían una agresión al principio del non bis in idem, se rompe como
consecuencia de la ausencia de los dos últimos, pues la segunda valoración no se
hace con fundamento en el mismo juicio ni sobre la base de los mismos hechos.

LIBERTAD CONDICIONAL-Requisitos objetivos y subjetivos

LIBERTAD CONDICIONAL-Valoración por juez de naturaleza y
gravedad del delito/READAPTACION SOCIAL DEL DELINCUENTE-
Valoración del juez sobre la personalidad

PENA-Fines

LIBERTAD CONDICIONAL-Carácter facultativo

Sobre la base de que la libertad condicional no sólo está subordinada al
cumplimiento de ciertos requisitos objetivos sino, además, a la valoración de los
elementos subjetivos por parte del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, es notorio que la concesión del subrogado penal es facultativa y no

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obligatoria. Ello, por supuesto, dentro de motivados criterios de razonabilidad
que excluyen la arbitrariedad de la decisión y pueden ser controvertidos por
quien se considere perjudicado por la medida.

LIBERTAD CONDICIONAL-Motivación de la providencia que la
resuelve

Al estudiar el cumplimiento de las condiciones subjetivas requeridas para
conceder el beneficio de la libertad condicional, el Juez de Ejecución de Penas
está en la obligación de desplegar una argumentación jurídica completa,
justificativa de la decisión que ha de adoptarse. Así las cosas, en primer lugar, la
providencia por la cual se concede o se niega el beneficio de la libertad
condicional debe encontrarse suficientemente motivada. Ciertamente, el Juez de
Ejecución no está autorizado para negar o conceder el beneficio con el simple
aserto de que el reo cumple o no cumple con las exigencias subjetivas requeridas
para hacerse acreedor al subrogado penal. La motivación de la providencia es el
requisito que garantiza la posibilidad de impugnarla, por lo que la misma debe
contener las razones determinantes de la decisión.

LIBERTAD CONDICIONAL-Motivos aducidos por el juez en la
providencia que la resuelve deben haber sido demostrados

LIBERTAD CONDICIONAL-Razonabilidad de la decisión que la resuelve

El análisis de los motivos que conducen a negar o a conceder la libertad
provisional debe hacerse en consonancia con las condiciones particulares del
reo, de manera que la medida, en su caso, cumpla con el requisito de la
razonabilidad.

Referencia: expediente D-5349

Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 4º y 5º (parcial) de la Ley 890 de
2004

Actor: Luis Eduardo Mariño Ochoa

Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Doctores Jaime Araujo Rentería - quien la preside -, Alfredo Beltrán Sierra,
Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes,

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis
Eduardo Mariño Ochoa, actuando en nombre propio y haciendo uso de los
derechos consagrados en el artículo 40 numeral 6º y 95 numeral 7º de la
Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad de los artículos 4º y 5º
(parcial) de la Ley 890 de 2004.

II. NORMAS DEMANDADAS

Se transcriben los textos de los artículos acusados y se subrayan y resaltan las
expresiones demandadas:

LEY 890 DE 2004
por la cual se modifica y adiciona el Código Penal.

Artículo 4°. El artículo 63 del Código Penal tendrá un inciso penúltimo
del siguiente tenor:

"Su concesión estará supeditada al pago total de la multa".
Artículo 5°. El artículo 64 del Código Penal quedará así:

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Artículo 64. Libertad condicional. El juez podrá conceder la libertad
condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa
valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya
cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta
durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita
suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la
ejecución de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al
pago total de la multa y de la reparación a la víctima.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como
período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá
aumentarlo hasta en otro tanto.

Diario oficial 45.602

III. LA DEMANDA

Para el demandante, el artículo 4º de la Ley 890 de 2004 es inconstitucional
porque vulnera el artículo 13 de la Carta, ya que establece una discriminación en
contra de quienes no tienen dinero para pagar la multa a que hace referencia la
norma acusada. Así, dice el actor, en un país en donde el 75% de la población no
tiene para comprarse un pan o ayudar con el mínimo a la subsistencia de su
familia, la norma demandada obliga a quienes no tienen dinero para pagar la
multa a cumplir la totalidad de la pena privativa de la libertad impuesta. Dice que
el principio de igualdad, desarrollado por la jurisprudencia de la Corte, obliga a
dar un trato equitativo a quienes se encuentran en las mismas circunstancias
fácticas, como lo es el hecho de haber sido condenado por un ilícito y estar
purgando una pena en un centro de resocialización.

Igualmente, sostiene que la multa es una deuda que se tiene con el Estado y que la
Constitución prohíbe la prisión por deudas, lo cual significa que la norma es
inconstitucional por quebrantar el artículo 28 de la Carta.

Las mismas razones operan para sustentar la inconstitucionalidad del último

inciso del artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que advierte que la libertad
condicional está supeditada al pago total de la multa.

De otro lado, la expresión “podrá”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de
2004 es inconstitucional porque viola el artículo 29 de la Carta. Sostiene el
demandante que la norma “le permite al juez hacer una nueva valoración
subjetiva del condenado –“la mayoría de las veces a capricho del juez”- para
negar el sustituto de la condena, lo cual no será permitido en el nuevo sistema
oral, pues la tasación de la pena se ha hecho por el juez de conocimiento de la
Audiencia Pública, para cuyo efecto se han tenido en cuenta los principios de
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad previstos en el artículo 3º del C.
Penal, principios que son reproducción y/o complemento del artículo 29 de la
Carta, de donde nacen o surgen, pues para tal valoración, el juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad por obvias razones no la realizará en Audiencia
Pública y que en caso de ser negativa la decisión, va a implicar en esencia una
modificación de la sentencia, puesto que tiene la facultad para exigir otros
requisitos que no debe, porque la ley no los contempla, pero tampoco se lo
prohíbe o es cuando prevalece su capricho”.

A juicio del actor, con esta norma se ha retrocedido a la normativa de los Códigos
Penales de 1936 y 1980, en donde el capricho de los jueces prevalecía sobre los
principios de rehabilitación y resocialización de la pena, acotación que –dice-
comparte la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tribunal para el cual
la condena de ejecución condicional no es una gracia sino un derecho del
condenado.

Del mismo modo, precisa que es inconstitucional la expresión “previa valoración
de la gravedad de la conducta punible”, contenida en el artículo 5º de la Ley de la
referencia, pues la misma rompe con el principio del debido proceso habida
cuenta de que la pena se tasa en la audiencia oral pública por parte del juez penal,
lo cual le impide al juez de ejecución de penas y medida de seguridad adelantar
una nueva valoración de las circunstancias agravantes para conceder la libertad
condicional del condenado.

Para el demandante, la nueva valoración que está llamado a hacer el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad con el fin de conceder el beneficio de
la libertad condicional es inconstitucional porque implica la transgresión del

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principio del non bis in ídem, en tanto que la conducta termina siendo sometida a
un segundo juicio.

La misma es violatoria del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que consagra las garantías mínimas judiciales del acusado,
agrega. Sostiene que la conducta disciplinaria del acusado es el criterio para
conceder el sustituto penal y no la valoración del juez, como lo ha dicho la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, que inspiró muchas de las instituciones
del Código Penal, a excepción de las que son objeto de demanda, pues éstas
constituyen un retroceso en la protección de los derechos de los acusados.

Adición de la demanda

El actor, en memorial suscrito el 13 de septiembre de 2004, presentó demanda
adicional contra los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004, por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal, por considerar que los cargos
formulados contra los artículos 4º y 5º de la Ley 890 eran plenamente aplicables a
aquellas disposiciones.

No obstante, el memorial aditivo fue presentado extemporáneamente, es decir,
con posterioridad a la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda (31
de agosto), a la de fijación en lista de la demanda (7 de septiembre), a la de
comunicación del proceso (6 de septiembre) y a la fecha de traslado del proceso
al señor Procurador General de la Nación (6 de septiembre).

Por ello, dado que el proceso cuyo trámite se impartió por orden del auto
admisorio del 26 de agosto de 2004 fue el iniciado contra los artículos 4º y 5º de
la Ley 890 de 2004, la adición presentada el 13 de septiembre, que se refiere a
otras normas jurídicas, no será tenida en cuenta por la Sala.

IV. LAS INTERVENCIONES

1. Intervención de la Defensoría del Pueblo

En representación de la Defensoría del Pueblo, intervino en el proceso la
abogada Karin Irina Kuhfeldt Salazar, Defensora Delegada para Asuntos

Constitucionales y Legales.

En primer lugar, la Defensoría solicitó declarar la inexequibilidad del artículo 4º
de la Ley 890 de 2004 y la expresión “total de la multa y”, contenida en el
artículo 5º. Respecto de las demás expresiones demandadas, la interviniente
solicita la declaratoria de exequibilidad.

En cuanto al artículo 4º de la Ley 890, la Defensoría sostiene que el
condicionamiento del beneficio de la libertad condicional al pago de la multa es
inconstitucional por violentar la prohibición constitucional que impide imponer
prisión por deudas. Dice que la multa es una deuda del particular con el Estado,
por lo que el no pago de la misma no puede justificar la privación de la libertad.

Agrega que la norma es discriminatoria porque establece un tratamiento
igualitario en una sociedad donde impera la desigualdad. Dice que en Colombia
existe gente incapaz de pagar la multa que se le impone, por lo que la medida
favorece a los condenados de las clases alta y media.

Sostiene que la norma atenta contra los principios de dignidad humana, justicia,
equidad y prohibición de someter a las personas a tratos crueles e inhumanos pues
“condena a los pobres a permanecer en prisión en la medida en que no cuentan
con los recursos económicos para realizar el pago total de la multa y por el
contrario permite a las personas con capacidad económica recobrar su libertad,
simplemente, por contar con los recursos para sufragar dicha multa”.

Finalmente, dice que la norma violenta normas de derecho internacional sobre
derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aunque dichos
instrumentos admiten la imposición de ciertos trabajos forzados como pena
accesoria, no incluyen la sanción que se demanda en esta oportunidad.

Dado lo anterior, la Defensoría también solicita que se declare inexequible la
expresión “total de la multa”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004,
pues la misma reproduce el vicio inconstitucional que se encuentra en el artículo
4º.

En relación con la expresión “podrá” del artículo 5º de la Ley 890 de 2004, la

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interviniente afirma que, tal como ocurre con la totalidad del Código Penal, el
juez es el llamado a valorar las circunstancias en que se conceden los beneficios
penales, valoración que debe hacerse con prescindencia de la arbitrariedad. Por
ello, la descalificación de la norma no puede hacerse con fundamento en el temor
de la arbitrariedad del juez.

Adicionalmente, sostiene que no todas las actuaciones procesales deben hacerse
en la audiencia pública, pese a la implantación del sistema oral en el proceso
penal. Resalta que el nuevo Código de Procedimiento Penal prevé que la decisión
sobre la libertad del condenado deberá resolverse mediante auto y no en audiencia
pública, por lo que no es inconstitucional que dicho juez haga lo propio por
escrito. Con todo, el organismo estatal asegura que la expresión “podrá” carece
de sentido jurídico propio, por lo que retirarla del ordenamiento jurídico afectaría
la sintaxis de su norma continente.

2. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia

En representación del Ministerio de la referencia, intervino en el proceso el
abogado Fernando Gómez Mejía para solicitar a la Corte la declaración de
exequibilidad de las normas acusadas.

El Ministerio sostiene que la imposición de la multa como pena acompañante de
la pena de prisión está supeditada a criterios específicos que permiten graduarla
de acuerdo con las condiciones personales, materiales y económicas del
condenado, por lo que establecer el pago de la misma como condición para
conceder los subrogados penales no es atentatorio del principio de igualdad.
Advierte que es potestativo del legislador imponer la sanción acompañante de la
prisión y de subordinar el otorgamiento de subrogados penales al pago de la
misma. A lo anterior agrega que la multa no se impone como pena accesoria en
todos los delitos, sino en aquellos que tienen mayor repercusión social.

Agrega que la finalidad de la multa es garantizar el cumplimiento de los fallos
judiciales, evitando que los mismos se conviertan en rey de burlas por quienes sí
pueden pagar los montos señalados. Ello, especialmente, cuando una de las
herramientas con que cuenta el Estado para contrarrestar la criminalidad es atacar
sus finanzas, tal como se puso de manifiesto en la comisión redactora de la
reforma constitucional que modificó el sistema judicial penal en Colombia.

Precisa que una de las funciones de la pena es ser reparatoria, no sólo
socializadora, por lo que es legítimo aducir que la multa, en tanto consecuencia
de la comisión de un delito y estar destinada a repararlo, no es una deuda que se
adquiere con el Estado, luego respecto de ella no se predica la prohibición
constitucional del prisión por deudas.

En relación con la expresión “podrá” del artículo 64 del Código Penal, el
Ministerio asegura que hace parte de la libre configuración legislativa, en el
marco de una política criminal estatal, señalar que la concesión de conceder la
libertad condicional es discrecional, lo cual dista de avalar decisiones judiciales
arbitrarias. De hecho, otras normas del régimen penal autorizan al juez de
ejecución de penas y medida de seguridad para revocar los subrogados penales,
decisiones que son apelables para ante el juez de primera instancia, lo cual
descarta la violación al debido proceso a que alude el demandante.

Insiste en que la concesión de los subrogados penales no es arbitraria sino
discrecional, razón por la cual la decisión de concederlos o negarlos debe ir
acompañada de una justificación suficiente. En este sentido, no es una nueva
valoración de la conducta punible del condenado, sino de la verificación de los
requisitos para disfrutar del subrogado penal.

3. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Aunque por fuera del término de fijación en lista del proyecto, la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, por conducto del Miembro Correspondiente Juan
Carlos Prías Bernal, intervino en el mismo para solicitar a la Corte que se
declaren exequibles las normas demandadas.

A su juicio, la multa es la consecuencia pecuniaria de la comisión de un delito,
por lo que debe ser proporcional, razonable y necesaria respecto de la conducta
punible y de su ejecutante.

En lo que respecta a la concesión de los subrogados penales, el interviniente
reconoce que la misma es condicional al cumplimiento de requisitos señalados
por el legislador y que lo mismo resulta acorde con los fines para los cuales están
diseñadas las sanciones penales. El pago de la multa como condición para recibir

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el subrogado penal no es ilegítimo porque la multa ha sido impuesta según
parámetros que fija el legislador. Sobre el particular, señala que la imposición de
la multa consulta las condiciones personales del condenado, tal como se evidencia
a partir de la existencia de mínimos y máximos sancionatorios. Adicionalmente,
el condenado tiene opciones para pagar la sanción de multa, según los términos
del artículo 39 del Código Penal.

Agrega que la norma demandada no impone una restricción al derecho a la
libertad, puesto que la decisión de imponer la sanción penal de prisión ha sido
dispuesta previamente por el funcionario judicial, por lo que, de lo que debe
hablarse, es de una limitación a la concesión del beneficio de la libertad
condicional.

En relación con la acusación contra el artículo 64 del Código Penal, la Academia
considera que las consideraciones sobre la gravedad de la conducta, así como de
las circunstancias personales del condenado se discuten en el juicio que se le
sigue al imputado y se reflejan en la sentencia. Así, contrario a lo dicho por el
demandante, la responsabilidad penal del condenado no se debate ante el Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por lo que la evaluación que éste
realiza, respecto de la concesión del subrogado penal, se atiene a lo dicho por la
sentencia. Este Juez no toma ninguna decisión de fondo ni sustancial sobre el
caso.

Ahora bien, al momento de determinar la concesión de la libertad condicional, el
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad también se atiene a lo dicho
en la sentencia condenatoria y a las condiciones legales previstas para el
otorgamiento de dicho beneficio. En este sentido, la que realiza el Juez de
Ejecución no es una segunda valoración de la conducta punible.

En lo que tiene que ver con la expresión “previa valoración de la conducta
punible”, la Academia Colombiana sostiene que dicha valoración no se refiere a
la responsabilidad penal del condenado, que se verifica en la audiencia pública de
juzgamiento, sino en la verificación objetiva del cumplimiento de los requisitos
que se necesitan para disfrutar de la libertad condicional, por lo que la misma no
es la consagración del quebrantamiento del non bis in idem.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

El señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, solicitó a
la Corte declara exequibles las normas y expresiones acusadas. Inicialmente,
consideró que la norma que supedita la concesión de la suspensión condicional de
la pena al pago de la multa es exequible porque el monto de la misma, que es una
pena principal, se calcula de conformidad con las circunstancias del caso
concreto, incluyendo las condiciones económicas del sujeto sancionado, tal como
lo regula el artículo 39 del Código Penal.

En ese contexto, la Procuraduría asegura que las condiciones económicas del
condenado no pueden condicionar la ejecución de la sanción pecuniaria
procedente del delito, pues la sanción del mismo es una obligación irrenunciable
del Estado. Sobre dicho particular, agregó que las consideraciones relativas al
pago de la caución no son aplicables al de la multa, pues mientras la primera no
es una sanción penal, la multa es una pena principal e independiente, cuyo pago
bien puede amortizarse mediante mecanismos sustitutivos.

De otro lado, el Ministerio Público afirma que la privación de la libertad de que
es objeto el condenado no depende del no pago de la multa, sino del
cumplimiento de la pena principal de prisión, por lo que adjudicarle a la multa el
reproche de atentar contra el derecho a la libertad del condenado es equivocado;
como equivocado resulta confundir la multa con una deuda que por dicha
condición diera lugar a la pérdida de la libertad.

En cuanto al derecho que tiene el condenado a recibir el subrogado penal de la
libertad condicional, la Vista Fiscal advierte que la valoración del Juez de Penas y
Medidas de Seguridad que concede dicho beneficio no se refiere a la
responsabilidad penal del condenado sino a la gravedad del ilícito, pues este es un
factor que permite dilucidar la personalidad del condenado y la necesidad de
continuar con el tratamiento penitenciario.

Finalmente, en cuanto a los cargos contra la expresión “podrá” del artículo 5º de
la Ley 890 de 2004, la Procuraduría pide a la Corte declararse inhibida para fallar,
pues la acusación del actor no se desprende de la disposición demandada, en la
medida en que el contenido normativo de la misma no autoriza al Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para modificar la sentencia de

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instancia mediante una decisión “privada”, además de que aquella manifiesta una
incongruencia entre el actual sistema penal y el sistema oral que será implantado
prontamente en el país, lo cual no es un cargo de inconstitucionalidad.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad
de las expresiones y artículos acusados, ya que los mismos hacen parte de una ley
de la República.

2. Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que plantea la demanda son los siguientes:

a) ¿Vulnera el principio constitucional de igualdad el hecho de que, para
conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la
pena, el legislador exija al condenado el pago total de la multa? En el
mismo sentido, ¿es constitucional que se exija el pago total de la multa al
condenado que solicita el reconocimiento de la libertad condicional?
b) ¿Constituye la exigencia del pago de la multa, como requisito para acceder
al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, una
manifestación de la prohibición constitucional del artículo 28 de imponer
prisión por deudas?
c) ¿Quebranta el derecho al debido proceso del condenado el hecho de que la
libertad condicional no deba sino que “pueda” ser concedida por el Juez de
Ejecución de Penas “previa valoración de la gravedad de la conducta
punible”, en la medida en que dicha nueva valoración podría constituir un
nuevo análisis de la responsabilidad penal y, por ende, una contravención
de la prohibición del non bis in idem?
d) En este mismo sentido, ¿constituye tal valoración una nueva sentencia, que
no profiere el juez de la causa sino el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad? ¿Vulnera el debido proceso del condenado el hecho
de que tal decisión se adopte en un auto y no en la audiencia pública, según
las previsiones del sistema oral de procedimiento penal?

3. Naturaleza jurídica de la multa y criterios para fijar su cuantía

Para responder a los dos primeros cargos de la demanda, resulta necesario
precisar el concepto de multa y los criterios que deben tenerse en cuenta para su
imposición.

Dicha aclaración es necesaria en la medida en que el demandante sostiene que,
siendo la multa una deuda, la imposibilidad de recuperar la libertad como
consecuencia de no pagarla es violatoria de la prohibición del artículo 28 de la
Carta que proscribe la prisión por deudas. Igualmente, la precisión relativa a los
criterios para imposición de la multa es necesaria, porque el cargo de la demanda
parte de la base de que la ley discrimina a quienes no tienen la capacidad
económica de pagar la multa frente a quienes sí la tienen, como si la capacidad
económica no fuera un factor que tuviera que tenerse en cuenta para graduar el
monto de la misma.

En primer lugar, es indispensable indicar que, según las previsiones del artículo
35 del Código Penal, la multa es una sanción de categoría principal que consiste
en la imposición de una carga pecuniaria al responsable del delito. En otros
términos, es la imposición de una erogación dineraria al responsable del delito, a
favor del tesoro público.

De conformidad con la definición legal y con el tratamiento de la jurisprudencia,
la multa es una manifestación de la potestad punitiva del Estado que refleja el
monopolio del poder coercitivo y el reproche social de la conducta de quien
quebranta el orden público. La Corte ha dicho que la multa “constituye, por regla
general, una sanción pecuniaria impuesta al particular como consecuencia de
una conducta punible o por el incumplimiento de un deber y, como toda sanción,
sus elementos esenciales deben estar determinados en una ley previa a la
comisión del hecho de que se trate, incluyendo la cuantía y el respectivo
reajuste”1, lo cual demuestra que es el propio Estado, no los particulares, el que
define sus elementos estructurales, las condiciones para su imposición y la
cuantía de la misma.

La multa es, pues, una sanción cuyo monopolio impositivo está en manos del

1 Senetncia C-390 de 2002 M.P. Jaime Araújo Rentería

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Estado, que la aplica con el fin de “forzar, ante la intimidación de su aplicación,
al infractor a fin de que no vuelva a desobedecer las determinaciones legales”2.

Ahora bien, dado su carácter pecuniario, es apenas obvio que la multa se fije en
un monto líquido de dinero, con lo cual la misma se convierte en un verdadero
crédito a favor del Estado. De allí que en el lenguaje corriente la multa pueda
considerarse como una “deuda” que el condenado adquiere con el Estado.

Sin embargo, atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la multa, la
jurisprudencia ha entendido que aquella no configura una “deuda” en el mismo
sentido en que lo son los créditos civiles. Y es que no existe razón alguna para
considerar que, como en ambos casos el medio liberatorio de la obligación es el
dinero, la naturaleza jurídica de los créditos sea la misma. Ciertamente, el origen
de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad
transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión
de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no es una carga
pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el
delito. Como consecuencia de su índole sancionatoria, la multa no es apta de
modificarse o extinguirse por muchas de las formas en que lo hacen los créditos
civiles. En este contexto, la multa no es susceptible de conciliación, no puede
compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante el fenómeno de la
confusión. No está en poder del sujeto pasivo la transacción del monto de la
misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no podría éste -pese a
una eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un particular distinto,
pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la ley.

En fin, para la jurisprudencia ha sido claro que el carácter crediticio de la multa
no la convierte en una deuda.

Y tan cierto es que la multa no es una deuda que la Corte Constitucional, al
definir el alcance del artículo 28 de la Constitución Política, ha señalado que
cuando la Carta prescribe que “en ningún caso podrá haber detención, prisión ni
arresto por deudas”, aquella lo hace en relación con los créditos civiles y no con
los que dimanan de la conducta delictiva del individuo, por lo cual es
perfectamente posible que la multa se convierta en arresto o, lo que es lo mismo,
que el derecho a la libertad personal se vea condicionado por el cumplimiento de

2 Bandeira de Mello, Oswaldo A. Principios Gerais de Directo Administrativo, Vol II, Río 1974, P. 502

la obligación dineraria constitutiva de multa.

Así lo reconoció, por ejemplo, en la Sentencia C-628 de 1996, cuando declaró
exequible el artículo 49 del Código Penal de 1980 –Decreto Ley 100 de 1980-
que consagraba la conversión de la multa en arresto cuando el condenado se
hubiere abstenido de pagarla. Tal como se desprende de la cita que a continuación
se transcribe, a juicio de la Corte, el no pago de la multa no constituye
incumplimiento de una obligación contractual -o, se agregaría, de una obligación
civil extracontractual-, por lo que dicha circunstancia no se considera cobijada
por la prohibición del artículo 28 superior:

Al respecto es preciso advertir que cuando la Constitución prohibe en
el artículo 28 la detención, prisión o arresto por deudas, se refiere
concreta y particularmente a aquellas originadas en relaciones de
origen civil, sin que en estas medien situaciones o hechos punibles. En
el caso del precepto acusado, se reitera, la multa se impone -y se
convierte en arresto- no por el incumplimiento de obligaciones
contractuales que es lo que prohibe la norma superior, sino en razón
del resarcimiento por la lesión que se haya inferido al orden social al
no cumplirse con la pena principal impuesta -la multa-.

Así mismo, el artículo 35 de la ley 599 de 2000 consagra la multa
como pena principal, lo cual según ya se ha explicado a lo largo de
estas consideraciones no contraría la Constitución, pues se encuentra
dentro de la autonomía del legislador decidir la clase de sanción a
imponer y el monto de la misma, salvo obviamente, que se trate de
penas prohibidas por la Constitución. Adicionalmente, debe agregar la
Corte que la sustitución de penas privativas de la libertad por multas,
en lugar de infringir el ordenamiento supremo se adecua a el, pues es
ésta una forma de garantizar caros principios constitucionales como el
de la libertad e inmunidad personales (artículo 28 C.N.), así como de
los derechos consagrados en el artículo 29 superior. (Sentencia C-628
de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara)

Previamente, al revisar la exequibilidad del artículo 68 del Decreto 2737 de 1989,

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que consagraba la conversión de la multa en arresto en caso de incumplimiento
de obligaciones paterno filiales, la Corte había sentado su posición al respecto y
había dicho que la finalidad de dicha conversión era garantizar la efectiva
imposición de la sanción por la conducta punible, conducta que podría quedar
impune si el Estado no pudiera hacer efectivo el castigo contenido en la multa.
Dijo a este respecto la Corte:

“27. La Constitución prohíbe el arresto por deudas (CP art. 28). La
sanción pecuniaria que se convierte en arresto no tiene el carácter de
deuda. La fuente de la sanción pecuniaria, convertible en arresto, se
vincula al poder punitivo y correctivo del Estado, que persigue no el
enriquecimiento del erario sino el control y regulación de las conductas
de acuerdo con ciertos valores y la preservación de intereses superiores
que se consideran merecedores de tutela. La naturaleza de la sanción
pecuniaria, de otra parte, es puramente represiva y, precisamente, esa
finalidad es la que asume el arresto cuando se muestra incapaz de servir
ese cometido.

28. Si la pena pecuniaria no se cancela y la misma no se muta en arresto,
puede perder eficacia disuasiva la sanción. El juicio de reprochabilidad
de una específica conducta, corre el riesgo de tornarse en pauta no
obligatoria de conducta si a la conducta desviada y a la elusión de su
respectiva sanción no sigue consecuencia adversa alguna. No merece
glosa constitucional que el legislador busque asegurar, mediante el
arresto sustitutivo, la efectividad de su propio mandato sancionatorio”
(negrillas y subrayas fuera de texto). (Sentencia C-041 de 1994, MP. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz)

Habiendo quedado claro que la institución penal de la multa denota su naturaleza
punitiva y que la misma no es una de las deudas a las que se refiere el artículo 28
de la Constitución Política, es procedente analizar –para efectos de responder el
segundo de los cargos de la demanda- cuáles son los criterios legales que deben
tenerse en cuenta en el trámite de imposición de esta pena.

Los criterios señalados por el legislador para imponer, graduar el monto y

determinar la modalidad de multa por un ilícito están consignados en los artículos
39 y siguientes del Código Penal - Ley 599 de 2000-. La norma cataloga los tipos
de multa, que se clasifican según el monto de la misma, calculado de acuerdo con
las tablas de unidad de multa. Adicionalmente, la normativa regula la
determinación del monto, la acumulación de las multas, la forma de pago, la
amortización del pago y la posibilidad de convertirla en arresto.

Concretamente, el artículo 39 dispone que la multa puede aparecer como pena
acompañante de la pena de prisión o como unidad progresiva por unidad de
multa. La unidad de multa, según lo indica el numeral segundo de la norma,
puede ser de primero a tercer grado, y se calcula –por salarios mínimos- según el
promedio de ingresos percibidos en el último año por el condenado. Así, la
unidad de multa de primer grado equivale a un salario mínimo legal mensual, va
hasta los diez salarios mínimos legales mensuales y se impone a personas con
ingreso promedio percibido en el último año inferior a diez salarios mínimos
legales mensuales vigentes. De allí en adelante, las unidades de multa son
mayores y se imponen –como es obvio- a individuos con ingresos superiores.

El numeral 3º del artículo 39 indica igualmente que la graduación de la multa se
hará de manera motivada de conformidad con las tablas del numeral 2º, teniendo
en cuenta “el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el
valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la situación
económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y
cargas familiares, y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de
pagar”.

Acorde con el mismo principio, la multa debe pagarse de manera inmediata, pero
las circunstancias personales del condenado pueden hacer que la Administración
de Justicia permita la amortización del pago mediante los plazos señalados en el
numeral 6º del artículo o mediante trabajo de “inequívoca naturaleza e interés
estatal o social”. Finalmente, el artículo 403 prevé que el no pago de la multa
3 Artículo 40. Conversión de la multa en arrestos progresivos. Cuando el condenado no pagare o amortizare
voluntariamente, o incumpliere el sistema de plazos concedido, en el evento de la unidad multa, se convertirá ésta
en arresto de fin de semana. Cada unidad multa equivale a cinco (5) arresto de fin de semana.
La pena sustitutiva de arresto de fin de semana oscilará entre cinco (5) y cincuenta (50) arresto de fines de semana.
El arresto de fin de semana tendrá una duración equivalente a treinta y seis (36) horas y su ejecución se llevará a
cabo durante los días viernes, sábados o domingos en el establecimiento carcelario del domicilio del arrestado.
El incumplimiento injustificado, en una sola oportunidad, por parte del arrestado, dará lugar a que el Juez que
vigila la ejecución de la pena decida que el arresto se ejecute de manera ininterrumpida. Cada arresto de fin de

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dará lugar a arresto en fin de semana, con las equivalencias establecidas en los
incisos siguientes de la misma norma.

De la descripción de las normas citadas (arts. 39 y 40 C.P) es posible concluir, en
primer lugar, que el Estado ha dispuesto mecanismos adecuados y pertinentes
para calcular el monto de la multa de conformidad con la condición económica y
personal del condenado. En segundo término, la Corte concluye que cuando la
capacidad económica del condenado es mínima o inexistente, el sistema jurídico
ofrece una alternativa económica, consistente en la posibilidad de prorrogar el
pago mientras el obligado encuentra los medios para cancelarla, y una alternativa
no económica, que consiste en la posibilidad de conmutar la obligación de dar por
una obligación de hacer, consistente en el desarrollo de actividades de naturaleza
e interés sociales.

Lo anterior implica que la capacidad o incapacidad de pago del individuo no es
irrelevante –por el contrario, es indispensable- para determinar el monto de la
multa, así como su forma de pago e, incluso, la posibilidad de amortizarla
mediante trabajo o, en casos extremos, de convertirla en arresto de fin de semana.
Lo anterior también significa que el procedimiento de tasación de la multa no es
irreflexivo, sino que, por el contrario, requiere de una justificación suficiente que
explique las razones por las cuales, teniendo en cuenta las condiciones del
procesado, se impone una suma determinada de dinero y no otra.

Es más, como garantía de los derechos del condenado y respeto por el principio
de seguridad jurídica, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no
puede modificar la modalidad del pago de la multa ni tasar en suma distinta el
monto que haya definido el juez de conocimiento. Ello permite asegurar que,
incluso en la etapa siguiente al cumplimiento de la condena, el sancionado tiene
la seguridad de que sólo está obligado a cumplir, en las condiciones en que se lo
establece la sentencia condenatoria, la multa que le ha impuesto el juez de
conocimiento.

De lo anterior, la Corte no encuentra que el establecimiento de un monto mínimo

semana equival a tres (3) días de arresto ininterrumpido.
Las demás circunstancias de ejecución se establecerán conforme a las previsiones del Código Penitenciario, cuyas
normas se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en este Código.
El condenado sometido a responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de la multa, podrá hacer cesar
la privación de la libertad, en cualquier momento en que satisfaga el total o la parte de la multa pendiente de pago.

de la multa, señalado en un salario mínimo legal mensual vigente, sea
discriminatorio, es decir, afecte el principio de igualdad del artículo 13
constitucional, de la misma forma que el monto mínimo de la caución prendaria
lo hacía, según el artículo 369 de la ley 600 de 2000, y de acuerdo con la
declaratoria de inexequibilidad de la Corte, adoptada mediante Sentencia C-316
de 2002.

En efecto, en la Sentencia C-316/02, la Corte Constitucional declaró inexequible
el monto mínimo de la caución prendaria por considerar que el mismo desconocía
la realidad socioeconómica del país, pues una amplia franja de la población
colombiana carecía de recursos para sufragar un monto inferior a un salario
mínimo legal mensual como requisito para suscribir la caución. En aquella
ocasión, la Corte declaró inexequible la norma porque el sistema jurídico no
ofrecía una alternativa no económica frente a la imposibilidad de pagar el monto
mínimo de la caución prendaria.

La pregunta obvia que sigue a esta reflexión es, entonces, ¿por qué si se
consulta la capacidad económica de quienes pueden pagar desde uno a mil
salarios mínimos legales mensuales, no se hace lo propio con quienes sólo
pueden sufragar una cantidad menor? La forma en que ha sido planteado
este interrogante deja al descubierto la desigualdad que subyace a la
norma. A través suyo se llega a la paradoja de que para los más
necesitados no se aplica el principio de la proporcionalidad y de que por
esa vía, además, se desconoce también su derecho a la libertad personal,
pues, como quedó establecido en la primera parte de la providencia, la
ausencia de una alternativa no económica, como en el régimen anterior lo
era la caución juratoria, hace imposible conservar en condiciones de
igualdad los derechos procesales de los menos favorecidos. (Sentencia C-
316 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)

No obstante, en el caso de la multa -que ahora estudia la Corte- el sistema jurídico
sí ofrece alternativas no económicas para quienes no tienen la posibilidad de
pagar el monto mínimo de la sanción, razón por la cual la Corte estima que las
expresiones que condicionan la concesión de los subrogados penales al pago total
de la multa no desconocen esa realidad económica social con fundamento en la

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cual se declaró inexequible el monto mínimo de la caución prendaria.

Así las cosas, acudiendo a las conclusiones previas, esta Sala responde los dos
primeros cargos de la demanda. El demandante dice que se vulnera el principio
constitucional de igualdad porque para conceder el beneficio de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, el legislador exige al condenado el pago
total de la multa. Igualmente, dice que se desconoce dicho principio cuando se
exige el pago total de la multa al condenado que solicita el reconocimiento de la
libertad condicional.

La razón de ser de su oposición reside, no propiamente en que se exija el pago de
la multa para acceder a dichos beneficios, sino que quienes no tienen capacidad
económica para pagarla se encuentran en condiciones de inequidad frente a
quienes sí pueden hacerlo y, por tanto, pueden disfrutar de los mencionados
subrogados penales.

No obstante, el planteamiento del argumento del demandante demuestra a las
claras que el actor desconoce el contenido de la normatividad que regula el
método de imposición de la multa y los mecanismos dispuestos para facilitar el
pago. En efecto, las previsiones citadas del Código Penal demuestran que la
imposición de la multa, el monto de la misma y las alternativas ofrecidas al
condenado para el pago hacen parte de un esquema de sanción proporcional que
consulta la realidad fáctica del individuo e incluye, como factor determinante, su
capacidad económica.

Por lo anterior, no resulta válido el argumento que presupone que quienes están
en condiciones de solicitar el reconocimiento de un subrogado penal se
encuentran en las mismas condiciones ante la imposición del pago de la multa,
pues la ley ha previsto que el monto de la misma debe estar acorde con la
capacidad de pago del individuo, lo cual descarta que exista un tratamiento
igualitario para situaciones fácticas disímiles. Así entonces, el cargo por violación
del artículo 13 constitucional, que el demandante formuló en contra del artículo 4º
de la Ley 890 de 2004 y de la expresión “En todo caso su concesión estará
supeditada al pago total de la multa” del artículo 5º de la misma ley, carece por
completo de fundamento, pues la Ley sí dispensa un trato diferenciado para
situaciones que realmente lo merecen, por lo que la norma no encarna
discriminación alguna.

Así mismo, tampoco es de recibo el cargo formulado contra las mismas
preceptivas que denuncia la violación de la regla constitucional que prohíbe la
prisión y el arresto por deudas –art. 28 C.P.-. Y la razón –fundamentalmente- es
que la naturaleza de la multa, aunque se manifieste en el mundo jurídico a la
manera de una deuda, no lo es en el sentido al que se refiere la prohibición
constitucional, por lo que es legítimo que el legislador haya supeditado al pago de
la misma la concesión de los subrogados de suspensión condicional de la
ejecución de la pena y libertad condicional. No siendo la multa una de las deudas
a las que se refiere el artículo 28 superior, el legislador no quebranta la Carta al
impedir que se conceda la libertad a quien se abstiene de pagarla.

En tal sentido, por no violentar el artículo 28 de la Carta, las normas acusadas
tampoco son inexequibles.

4. Cargos por violación al debido proceso en la valoración del Juez de
Ejecución y Medidas de seguridad sobre las condiciones del condenado para
acceder al subrogado penal

Los cargos restantes de la demanda plantean la vulneración del derecho al debido
proceso del condenado, pues las normas acusadas permitirían al Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad hacer una nueva valoración de la
responsabilidad penal a fin de conceder o denegar el subrogado penal de la
libertad condicional.

En efecto, el demandante afirma que la responsabilidad penal se fija en la
audiencia de juzgamiento, oportunidad en la cual se determina la sanción
imponible, por lo que no es permitido al Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad valorar de nuevo la conducta del condenado a fin de determinar la
procedibilidad de la libertad condicional, como parece autorizarlo el artículo 64
demandado al advertir que el Juez podrá conceder la libertad condicional al
condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la
conducta. El actor sostiene que dicho inconveniente conlleva la violación del
nuevo sistema acusatorio oral, en donde tales decisiones deben adoptarse en la
audiencia pública, y del derecho al debido proceso, representado en el principio
del non bis in ídem, porque una nueva valoración implica un nuevo juzgamiento.

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En primer lugar, pasa la Corte a verificar si, como lo dice el demandante, la
norma acusada quebranta el principio del non bis in ídem.

Este principio procesal, amparado de manera directa por el artículo 29 de la
Constitución Política, impide que una persona sea condenada dos veces por la
misma conducta. La norma constitucional prescribe que “quien sea sindicado
tiene derecho (…) a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. La cobertura
del principio es amplia, en tanto que su garantía se extiende a todo lo ancho del
derecho sancionatorio. Según la Corte “este principio implica que el Estado se
halla legitimado para imponer, luego de los procedimientos legales respectivos,
sanciones penales o disciplinarias cuando demuestre la ocurrencia de delitos o
de faltas y concurra prueba que acredite la responsabilidad de quienes en ellos
intervinieron pero que una vez tomada una decisión definitiva sobre el hecho
constitutivo del delito o de la falta y sobre la responsabilidad o inocencia del
implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho para someterlo a una nueva
valoración y decisión”. A esto agrega el Tribunal:

En virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de
que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos
tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal
o disciplinaria, realizan la justicia en cada caso particular e impiden que
los mismos hechos puedan ser objeto de posteriores debates. Por ello
se dice que el principio non bis in ídem es una manifestación de la
seguridad jurídica y una afirmación de la justicia material.”4

Ahora bien, para garantizar la operancia del principio del non bis in ídem, es
requisito indispensable que se presente una identidad en el sujeto, en la causa y en
el juicio respecto de los cuales se erige la condena. Lo anterior quiere decir que
para que una segunda condena pueda calificarse como violatoria de la prohibición
constitucional, se requiere que se produzca por el mismo motivo que la primera,
contra el mismo sujeto y mediante el mismo juicio de reproche justificativo de
aquella. Dicha triple coincidencia es absolutamente necesaria pues, dado que el
4 Sentencia T-537 de 2002 (Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido, ver las sentencias
T-162 de 1998 y T-575 de 1993 (en ambos casos, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz). En la sentencia
T-537, la Corte decide que el doble juicio criminal a un sindicado por abandonar a un menor y por causarle la
muerte, no constituye una violación al principio del non bis in idem.

derecho despliega su protección en diferentes campos de la realidad jurídica, una
misma conducta puede ser reprochada desde las diferentes perspectivas de esa
realidad; como es el caso de quien, quebrantando una norma de naturaleza penal,
infringe simultáneamente, con la misma conducta, el régimen disciplinario de los
empleados públicos5.

Por esta razón, la Corte ha reconocido que no se presenta afrenta alguna contra la
prohibición constitucional del non bis in idem, si en el juicio de valor que hace la
autoridad sancionatoria no hay identidad de sujeto, conducta reprochada y
normativa aplicable. Así lo advirtió la Corporación la Sentencia T-162 de 19986
cuando señaló: “Como quiera que el significado primigenio de los principios de
non bis in idem y de cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas
debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos
por otro funcionario en un juicio posterior, esta Corporación ha considerado que
la relación que debe existir entre los hechos, el objeto y la causa de esos dos
procesos debe ser de identidad. En efecto, la jurisprudencia señala que debe
tratarse de motivos idénticos, de juicios idénticos, del mismo hecho, del mismo
asunto o de identidad de objeto y causa. Así, por ejemplo, la Corte ha estimado
que no se violan los principios constitucionales en comento cuando una misma
conducta es juzgada por dos jurisdicciones diferentes con base en normas de
categoría, contenido y alcance distintos”.

Ahora bien, en el caso de la norma sometida a juicio, el demandante considera
que la valoración que hace el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
para determinar la posible concesión de la libertad condicional es un nuevo juicio
de la responsabilidad penal del sindicado, por lo que la misma quebranta el
principio constitucional en cita. No obstante, establecidos los alcances de dicho
principio, resulta evidente que tal valoración carece de la triple coincidencia que
es requisito para su configuración.

En efecto, de acuerdo con la norma legal que se discute, pese a que el Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad somete a valoración al mismo sujeto
de la condena, aquella no se adelanta ni con fundamento exclusivo en el
5 “La prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas
investigaciones y sanciones, siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas
finalidades. Esta Corte ha precisado que el non bis in ídem veda es que exista una doble sanción, cuando hay
identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y finalidad y alcances de la sanción”. (Sentencia C-088 de
2002 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
6 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

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comportamiento que fue objeto de censura por parte del juez de la causa, ni desde
la misma óptica en que se produjo la condena del juicio penal.

En primer lugar, debe advertirse que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al
momento de evaluar la procedencia del subrogado penal. Esta sujeción al
contenido y juicio de la sentencia de condena garantiza que los parámetros dentro
de los cuales se adopta la providencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de seguridad sea restringido, es decir, no pueda versar sobre la responsabilidad
penal del condenado.

En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad
condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no
significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad quede
autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que
dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento
punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el
juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal.

Adicionalmente, el juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una
finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el
tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.
En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva
de la responsabilidad penal del condenado –resuelta ya en la instancia
correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir
una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos
distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuales
son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el
comportamiento del sentenciado en reclusión.

Por ello, la pretendida triple coincidencia de elementos, que configurarían una
agresión al principio del non bis in idem, se rompe como consecuencia de la
ausencia de los dos últimos, pues la segunda valoración no se hace con
fundamento en el mismo juicio ni sobre la base de los mismos hechos.

Así pues, para conceder el subrogado penal de la libertad condicional, el juez
debe verificar, tanto el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos por la

norma (haberse cumplido las dos terceras partes de la pena y haberse pagado la
multa, más la reparación a la víctima), como el cumplimiento de los requisitos
subjetivos que se derivan de la valoración de las condiciones particulares del
condenado, valoración que de ninguna manera implica una nueva condena por los
mismos hechos.

Esta posición ya había sido esbozada por la Corte en la Sentencia T-528 de 2000,
cuando la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional resolvió
una acción de tutela interpuesta por sujetos condenados penalmente a quienes se
les negó el beneficio de la libertad condicional. En esa oportunidad la Corte dijo:

En concepto de esta Sala, el análisis de la personalidad de quien solicita
una libertad condicional implica tener muy en cuenta y, de
consiguiente, valorar la naturaleza del delito cometido y su gravedad,
ya que estos factores, ciertamente, revelan aspectos esenciales de la
“personalidad” del reo y por ende, hacen parte de los " antecedentes
de todo orden", que el Juez de Penas y medidas de Seguridad debe
valorar positivamente, al efectuar su juicio acerca de si existen razones
fundadas que permitan concluir que se ha verificado su "readaptación
social".

Ciertamente, este ha sido el alcance dado en jurisprudencia decantada y
uniforme tanto de la Sala Plena de la Corte Constitucional, como de la
Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, al factor subjetivo que
prevé el artículo 72 del Código Penal, conforme a la cual es
indispensable la consideración tanto de la modalidad del delito
cometido como de su gravedad, en el juicio de valor, que debe ser
favorable sobre la readaptación social del sentenciado, para que pueda
concedérsele la libertad condicional.

(…)

Por lo demás tampoco considera la Sala de Revisión que los Juzgados
1º. y 2º de Penas y Medidas de Seguridad hayan incurrido en violación
de la garantía del debido proceso, pues, advierte que el estudio sobre la
personalidad de los peticionarios y de sus antecedentes de todo orden,

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aspecto que, como ya quedó expuesto, constitucionalmente sí conlleva
el de la modalidad del delito, su gravedad y forma de comisión, se hizo
de acuerdo con los medios de comprobación obrantes en el proceso,
valorados en su oportunidad en los fallos de instancia. (Sentencia T-528
de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz)

En esa oportunidad, la Sala reiteró lo dicho por depurada jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, Tribunal para el cual la valoración de las condiciones
necesarias para la concesión de la libertad condicional no implica un nuevo
enjuiciamiento de la conducta penal del sindicado y, por tanto, no constituye una
violación al principio del non bis in idem. Así, al citar la sentencia del 27 de enero
de 1999, con ponencia del H. Magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, la Corte
trajo la siguiente argumentación que, aunque no se refiere al Código Penal
vigente, sí conserva el mismo principio jurídico del actual:

De este modo, los "antecedentes de todo orden" que deben
contemplarse para efectos de la libertad condicional, como componente
y alternativa de la ejecución de la pena, no pueden ser distintos a lo que
realmente ocurrió con la potencia de provocar la iniciación de un
proceso penal y emitir una sentencia condenatoria (características del
delito, responsabilidad y personalidad); así como lo que aconteció en el
curso del proceso y ha sucedido durante el cumplimiento de las dos
terceras partes de la pena (contribución con la justicia; dedicación a la
enseñanza, trabajo o estudio; indolencia ante el perjuicio; intentos de
fuga; ocio injustificado; comisión de otros delitos, etc.).

Así pues, la gravedad del delito, por su aspecto objetivo y subjetivo
(valoración legal, modalidades y móviles), es un ingrediente importante
en el juicio de valor que constituye el pronóstico de readaptación social,
pues el fin de la ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación
del comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad,
como también a proteger a la comunidad de nuevas conductas
delictivas (prevención especial y general). Es que, a mayor gravedad
del delito e intensidad del grado de culpabilidad, sin olvidar el
propósito de resocialización de la ejecución punitiva, el Estado tiene

que ocuparse preferentemente de las necesidades preventivas generales
para la preservación del mínimo social.

Ahora bien, la mayor o menor gravedad del hecho punible es un
componente que con distinta proyección incide en la medición judicial
de la pena (C.P. art. 61), la suspensión de la condena (art. 68 idem) o la
libertad condicional (art. 72, ib), instituciones que corresponden a pasos
graduales en el desarrollo del proceso penal y por ende ningún
sacrificio representan para el principio del non bis in idem, pues,
verbigracia, cuando tal ingrediente se considera para negar la libertad
por su mayor desacatamiento frente a otros, no se propugna por la
revisión de la sanción o la imposición de otra más grave, sino que, por
el contrario, se declara la necesidad del cumplimiento cabal de la que se
había dispuesto en la sentencia porque el procesado no tiene derecho al
subrogado” (CSJ. Sala de Casación Penal. Auto 14536 enero 27 de
1999. M.P. Anibal Gómez Gallego)

De lo expuesto se deduce entonces que cuando el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad valora la conducta del condenado a efectos de determinar
la procedencia del subrogado penal de la libertad condicional, lo hace sin
quebrantar la prohibición constitucional del non bis in ídem, pues su calificación
no implica un nuevo juicio sobre la responsabilidad penal del condenado.

En este punto la Corte considera necesario precisar que, en efecto, el Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ejerce una función valorativa que
resulta determinante para el acto de concesión del subrogado penal. Para la Corte,
la función que ejercen los jueces de ejecución no es mecánica ni sujeta a
parámetros matemáticos. Ésta involucra la potestad de levantar un juicio sobre la
procedencia de la libertad condicional que ciertamente exige la aplicación del
criterio del funcionario judicial. Sin embargo, no por ello puede afirmarse que
dicha valoración recae sobre los mismos elementos que se ven involucrados en el
juicio penal propiamente dicho. Tal como quedó expuesto, la valoración en la
etapa posterior a la condena se somete enteramente a los parámetros de la
providencia condenatoria y tiene en cuenta elementos distintos, como son el
comportamiento del reo en prisión y la necesidad de continuar con el tratamiento
penitenciario. Tal valoración no vuelve a poner en entredicho la responsabilidad

30

penal, sino la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario. Y la prueba
está, como lo dice la Corte Suprema de Justicia, en que la decisión judicial que
deniega el subrogado penal no aumenta ni reduce el quantum de la pena, sino que
se limita a señalar que la misma debe cumplirse en su totalidad.

En atención a lo anterior, la Corte Constitucional declarará exequible la expresión
“previa valoración de la gravedad de la conducta punible”, contenida en el
artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el articulo 64 del Código Penal,
pero para garantizar su correcta aplicación, la condicionará a que se entienda que
la valoración que hace el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
debe estar acorde con los términos en que haya sido evaluada la gravedad de la
conducta en la sentencia condenatoria, por parte del juez de la causa.

Las mismas razones sirven, por demás, para descartar la procedencia del cargo
contra la expresión “podrá” del artículo 64 del Código Penal, modificado por el
artículo 5º de la Ley 890 de 2004, pues sobre la base de que la libertad
condicional no sólo está subordinada al cumplimiento de ciertos requisitos
objetivos sino, además, a la valoración de los elementos subjetivos por parte del
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, es notorio que la concesión
del subrogado penal es facultativa y no obligatoria. Ello, por supuesto, dentro de
motivados criterios de razonabilidad que excluyen la arbitrariedad de la decisión
y pueden ser controvertidos por quien se considere perjudicado por la medida.

Así lo ha reconocido también la Corte Suprema de Justicia al señalar que la
libertad condicional no es un beneficio al que se accede de manera automática
cuando se cumplen ciertos requisitos formales, sino que el mismo depende de la
valoración que haga el funcionario judicial encargado del cumplimiento de la
sanción. Sobre dicho particular dijo el Tribunal de casación:

... Los ya denominados por la doctrina y la jurisprudencia, como
aspectos subjetivos, cuya satisfacción es requisito indispensable para el
merecimiento de dicho subrogado no son excluyentes entre sí, sino
acumulativos, es decir, la valoración del juez respecto de todos esos
ellos debe confluir positivamente frente al procesado, pues tratándose
de una persona a la que de antemano no ha sido posible suspenderle
condicionalmente la ejecución de la condena, bien por no presentarse

todos los presupuestos del artículo 68 del C.P., o bien porque la
gravedad del delito cometido implicó una mayor severidad en la
sanción, no solo porque el legislador así lo ha dispuesto, sino porque al
momento de la individualización de la pena ésta superó los 36 meses,
no puede concluirse, que este subrogado, aplicable con posterioridad a
la sentencia y que desde luego implica previamente el cumplimiento de
gran parte de la pena, se constituya en una gracia automática para el
condenado, que habiendo descontado tiempo físico con la dedicación a
actividades autorizadas para la redención de pena, haya procurado un
buen comportamiento al interior de la cárcel, porque a tales
presupuestos no se limita la doble labor de diagnóstico y pronóstico
que la ley impone al Juez al momento de analizar la posible liberación
de un condenado sobre la base de que ha logrado el
reacondicionamiento social y por ende, está apto para reincorporarse al
seno de la sociedad a la cual ofendió cuando cometió el ilícito. Es la
concurrencia simultánea de todos y cada una tales exigencias, de las
cuales no puede descartarse o subestimarse las relacionadas con la
personalidad y los antecedentes de todo orden del condenado, aspectos
que solo pueden ser valorados a partir de la información que reporta la
actuación misma. (Sentencia del 28 de mayo de 1998 (Proceso 13287)
Sala Casación Penal M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote)”

Por lo anterior, la Sala se abstendrá de atender el cargo contra la expresión
“podrá” del artículo 5º demandado pues, -se repite- no es obligatorio, sino
potestativo del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con
fundamento en la valoración motivada y racional de las condiciones subjetivas
del condenado, conceder el beneficio de la libertad condicional.

Tal como ya se explicó, en este punto la Corte entiende que el Juez de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad no cumple un mero papel de verificador
matemático de las condiciones necesarias para conceder el beneficio de la libertad
condicional. Tal vez ello ocurra con los requisitos objetivos para conceder tal
beneficio –el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena y el pago de
la multa, más la reparación a la víctima- pero, en tratándose de los requisitos
subjetivos (confesiones; aceptación de los cargos; reparación del daño;
contribución con la justicia; dedicación a la enseñanza, trabajo o estudio; trabas a

32

la investigación; indolencia ante el perjuicio; intentos de fuga; ocio injustificado;
comisión de otros delitos, etc7), dicha potestad es claramente valorativa. Ello
significa que es el juicio del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
el que determina, en últimas, si el condenado tiene derecho a la libertad
condicional.

Sin embargo, como es natural y exigible, dicha potestad valorativa, aunque
restringida, debe ejercerse dentro del marco de la razonabilidad; lejos de
cualquier viso de arbitrariedad. Por ello, al estudiar el cumplimiento de las
condiciones subjetivas requeridas para conceder el beneficio de la libertad
condicional, el Juez de Ejecución de Penas está en la obligación de desplegar una
argumentación jurídica completa, justificativa de la decisión que ha de adoptarse.

Así las cosas, en primer lugar, la providencia por la cual se concede o se niega el
beneficio de la libertad condicional debe encontrarse suficientemente motivada.
Ciertamente, el Juez de Ejecución no está autorizado para negar o conceder el
beneficio con el simple aserto de que el reo cumple o no cumple con las
exigencias subjetivas requeridas para hacerse acreedor al subrogado penal. La
motivación de la providencia es el requisito que garantiza la posibilidad de
impugnarla, por lo que la misma debe contener las razones determinantes de la
decisión.

En segundo término, los motivos y razones aducidos por el juez en la providencia
deben estar plenamente probados. El hecho de que el cumplimiento o
incumplimiento de las exigencias requeridas para conceder el subrogado penal
deban estar demostradas es garantía de que el Juez de Ejecución de Penas ha
valorado realmente el comportamiento penitenciario del condenado, a partir de lo
cual ha decidido que éste merece continuar en custodia o disfrutar
responsablemente de su libertad.

Finalmente, esta Corte considera que el análisis de los motivos que conducen a
negar o a conceder la libertad provisional debe hacerse en consonancia con las
condiciones particulares del reo, de manera que la medida, en su caso, cumpla
con el requisito de la razonabilidad. Así las cosas, para poner un ejemplo, si el
centro de reclusión en el que se encuentra privado de la libertad no ofrece
oportunidades de trabajo, no permite el desarrollo de un oficio o una actividad

7 CSJ. Sala de Casación Penal. Auto 14536 enero 27 de 1999. M.P. Anibal Gómez Gallego

productiva, no podrá negarse el beneficio de la libertad condicional con el
argumento de que el condenado ha dedicado su tiempo de reclusión al ocio. En
estos términos la Corte pretende enfatizar la necesidad de que la privación
efectiva de la libertad únicamente ocurra cuando existan motivos realmente
determinantes para negar el subrogado penal.

En síntesis, la Corte considera que la providencia por la cual se niega o se
concede el beneficio de la libertad condicional i) debe estar suficientemente
motivada, ii) los motivos aducidos deben haberse demostrado, y iii) la motivación
justificativa de la decisión debe cumplir con el requisito de razonabilidad, el cual
se verificará de acuerdo con las condiciones de reclusión del condenado.

Estos requisitos garantizan la preservación, tanto de la potestad de valoración que
asiste al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad como la integridad
derecho a la libertad del condenado, dentro de los límites al que lo confina la
comisión del delito.

Finalmente, habiendo quedado establecido que la valoración hecha por el Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no es un nuevo juicio a la
responsabilidad penal del condenado, el último cargo de la demanda, relativo a la
posible vulneración del principio de oralidad en el nuevo procedimiento penal,
resulta sustancialmente inepto. La primera razón es su insuficiencia. En la medida
en que el actor no logra demostrar que la valoración del Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad es un nuevo juicio penal, su argumentación carece
de la fundamentación mínima necesaria para afirmar que la decisión de dicho juez
debe adoptarse en audiencia pública. Ciertamente, pese a que el proceso penal es
oral a partir de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, el
actor no explica con razones suficientes por qué una decisión que no compromete
la responsabilidad penal del sindicado también debe adoptarse en audiencia
pública. En últimas, el actor no aporta elemento de juicio alguno para indicar que,
en este caso, la decisión del legislador ha sido irrazonable. La segunda deficiencia
es la impertinencia sustancial del cargo, pues el demandante pretende ilustrar la
inconstitucionalidad del artículo a partir de su incompatibilidad con las normas
legales de la Ley 906 de 2004 que desarrollan el principio de oralidad en el
proceso penal. Así, respecto de dicho reproche, el impugnante no hace el cotejo
entre la norma legal demandada y la norma constitucional supuestamente
violentada. En estos términos, el cargo resulta sustancialmente inepto y la Corte

34

no entrará a hacer estudio alguno.

VII. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

R E S U E LVE

PRIMERO.- Por los cargos analizados en esta providencia, declarar
EXEQUIBLE el artículo 4º de la Ley 890 de 2004, por el cual se adiciona el
artículo 63 del Código Penal.

SEGUNDO.- Por los cargos analizados en esta providencia, declarar
EXEQUIBLE la expresión “podrá”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de
2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, en los términos
correspondientes de la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- Por los cargos analizados en esta providencia, declarar
EXEQUIBLE la expresión “previa valoración de la gravedad de la conducta
punible” contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el
artículo 64 del Código Penal, en el entendido de que dicha valoración deberá
atenerse a los términos en que fue evaluada la gravedad de la conducta en la
sentencia condenatoria por parte del juez de la causa.

CUARTO. Por los cargos analizados en esta providencia, declarar EXEQUIBLE
la expresión y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la
multa”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el
artículo 64 del Código Penal, en los términos del artículo 39 del Código Penal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

JAIME ARAUJO RENTERÍA
Presidente

ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado

HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado

ALVARO TAFUR GÁLVIS
Magistrado

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

36

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

HACE CONSTAR:

Que el H. Magistrado doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, no firma la presente
sentencia por encontrarse en comisión de servicios debidamente autorizada por la
Sala Plena.

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL

C 194 de 2005

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