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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009)
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
En nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder
constituyente originario otorgado por éste mediante referendo aprobado democráticamente el
veinticinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, para transformar el Estado y crear un
nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y
participativa, y en concordancia con el Artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento de la
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE;
CONSIDERANDO
que el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve el pueblo de Venezuela,
mediante referendo constituyente, aprobó la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la cual fue proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente el día veinte de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve,
DECRETA
la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El primer Título de la Constitución, referido a los principios fundamentales, consagra la
condición libre e independiente de la República Bolivariana de Venezuela; condición
permanente e irrenunciable que fundamenta en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador, su
patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional.
De esta manera se rescata el legado histórico de la generación emancipadora, que en la gesta
heroica de la independencia de Venezuela luchó para forjarnos una patria libre, soberana e
independiente de toda potencia extranjera. Al mencionar la figura paradigmática de esa
revolución inicial, el Libertador Simón Bolívar, se recoge el sentimiento popular que lo distingue
como símbolo de unidad nacional y de lucha incesante y abnegada por la libertad, la justicia, la
moral pública y el bienestar del pueblo, en virtud de lo cual se establece que la Nación
venezolana, organizada en Estado, se denomina República Bolivariana de Venezuela.
Se define la organización juridicopolítica que adopta la Nación venezolana como un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el
bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y
espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan
desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y
buscar su felicidad.
Los principios de la solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese
Estado social, sometido al imperio de la Constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en
un Estado de Derecho. Estado social de Derecho que se nutre de la voluntad de los
ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para
conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de Derecho comprometido con
el progreso integral que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita una

calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de Justicia.
Se corresponde esta definición con una de las principales motivaciones expresadas en el
Preámbulo, es decir, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad
democrática. Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad.
Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por
los principios democráticos y someterse a ellos.
Se establece que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar los
fines del Estado. De esta manera, los ciudadanos y las organizaciones sociales tienen el deber
y el derecho de concurrir a la instauración y preservación de esas condiciones mínimas y de
esa igualdad de oportunidades, aportando su propio esfuerzo, vigilando y controlando las
actividades estatales, concienciando a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación
recíproca, promoviendo la participación individual y comunitaria en el orden social y estatal,
censurando la pasividad, la indiferencia y la falta de solidaridad. Las personas y los grupos
sociales han de empeñarse en la realización y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción de tales fines.
Por todo ello se incorporan al texto constitucional como valores superiores del ordenamiento
jurídico del Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos,
la ética pública y el pluralismo político.
En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el diseño constitucional consagra un Estado
Federal que se define como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar el
anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que
requiere nuestra realidad. En todo caso, el régimen federal venezolano se regirá por los
principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad
que son característicos de un modelo federal cooperativo, en el que las comunidades y
autoridades de los distintos niveles politicoterritoriales participan en la formación de las políticas
públicas comunes a la Nación, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el
ejercicio de las competencias en que concurren. De esta manera, la acción de gobierno de los
municipios, de los estados y del Poder Nacional se armoniza y coordina, para garantizar los
fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad.
Se modificó el artículo tradicional sobre el idioma oficial al declarar que el idioma oficial de
Venezuela es el castellano, pero se reconocen los idiomas de los pueblos indígenas como
oficiales en las comunidades donde son lenguas maternas, pudiendo usarse al igual que el
castellano.
En las disposiciones fundamentales se consagran los principios de supremacía y fuerza
normativa de la Constitución, según los cuales ella es la norma de mayor jerarquía y alcanza su
vigencia a través de esa fuerza normativa o su capacidad de operar en la vida histórica de
forma determinante o reguladora. Dichos principios constituyen el fundamento de todos los
sistemas constitucionales del mundo y representan la piedra angular de la democracia, de la
protección de los derechos fundamentales y de la justicia constitucional.
Con base en lo anterior, todos los órganos que ejercen el Poder Público, sin excepción, están
sometidos a los principios y disposiciones consagrados en la Constitución, y por tanto, todos
sus actos pueden ser objeto del control jurisdiccional de la constitucionalidad.
TÍTULO II
DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y DE LA DIVISIÓN POLÍTICA

Capítulo I
Del Territorio y demás Espacios Geográficos
Se realizaron cambios importantes en la definición del espacio geográfico venezolano. En este
sentido, se adoptó la expresión más amplia de espacio geográfico para sustituir la de territorio.
En efecto, espacio geográfico alude a los espacios continentales, insulares y marítimos,
quedando el territorio como componente del primero de los citados. Sin embargo, no se altera
la determinación del espacio geográfico nacional al reiterar la versión tradicional de la
Constitución del año 1830 y que se repite hasta la de 1961, es decir, el que correspondía a la
Capitanía General de Venezuela para el 19 de abril de 1810.
No obstante, se agregó la frase con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos
arbitrales no viciados de nulidad. Con ello se corrige la omisión del Congreso Constituyente de
1961 con relación a los laudos y arbitrajes determinantes de nuestras fronteras actuales, como
son los de los años 1865, 1891, 1899 y 1922; y se establece de una manera categórica que
Venezuela no reconoce los laudos viciados de nulidad, como es el caso del Laudo de París de
1899 que despojó a Venezuela del espacio situado en la margen occidental del Río Esequibo.
Por otra parte, se deslinda conceptualmente el espacio insular como parte de la organización
político territorial de Venezuela y como espacio sujeto a la soberanía venezolana. Por tal razón
se menciona las islas por sus nombres y se extiende en ámbito de la soberanía hasta las
demás islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que
cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.
Como una consecuencia de los valores fundamentales que inspiran a la República Bolivariana
de Venezuela, se declara expresamente al espacio geográfico venezolano como zona de paz,
en virtud de lo cual se prohíbe establecer en él bases militares extranjeras o cualquier
instalación de potencia o coalición de potencias que tengan propósitos militares.
Capítulo II
De la División Política
Con el fin de organizar políticamente la República se divide el territorio nacional en el de los
Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales,
mientras que el territorio se organiza en Municipios. En este sentido, la Constitución prevé que
mediante una ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización político
administrativa, se regule la división político territorial de la República.
Por otra parte, se establece la ciudad de Caracas como la capital de la República y asiento de
los órganos del Poder Nacional, lo cual no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros
lugares de la República.
Destaca en este Capítulo que mediante ley especial se establecerá la unidad político territorial
de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los
Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. En todo caso, dicha
ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para
alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad, garantizando el carácter democrático y
participativo de su gobierno.

TÍTULO III
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en
los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente
el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado
garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos.
Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los
tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes
que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos
derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta
materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en
que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las
contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e
inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público.
Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela
reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que
la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en
forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
Se reconocen los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la igualdad. En
relación con éste último, se refuerza y amplía la protección constitucional al prohibir no sólo las
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo o la condición social, sino además, aquellas que,
en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Lo anterior
obedece a que en la práctica la dinámica social suele presentar situaciones de discriminación
que deben su origen a razones distintas de la raza, el sexo o la condición social.
Por otra parte, la Constitución amplía conceptualmente la protección de los derechos humanos
con una marcada influencia ius naturalista, al disponer que la enunciación de los derechos y
garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no
figuren expresamente en ellos. Por tal motivo se establece que la falta de ley reglamentaria de
esos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Además, a fin de incluir dentro de tal
protección a los derechos inherentes a las personas jurídicas, se elimina la distinción que hacía
la Constitución de 1961 y que abarcaba únicamente a los derechos inherentes a la persona
humana.
Se consagra la garantía de no retroactividad de las leyes y de las disposiciones normativas y
se amplía su alcance a fin de que en caso de dudas sobre su vigencia temporal, se aplique la
norma que beneficie al reo. Se mantiene la garantía según la cual todo acto dictado en ejercicio
del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley
es nulo; y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad
penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
La Constitución incluye dentro del supuesto de esta garantía, los derechos humanos
garantizados por la Constitución, así como los reconocidos por las leyes, en atención al
sistema de fuentes que en esta materia consagra el texto constitucional, y con el objeto de
ampliar y reforzar la protección de los derechos humanos.
Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en virtud de los
cuales toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener la
tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos. A tal

efecto, los referidos órganos están representados por las cortes y tribunales que forman parte
del Poder Judicial, así como por los demás órganos del sistema de justicia previsto en la
Constitución, entre los cuales se encuentran los ciudadanos que participan en la administración
de justicia o que ejercen la función jurisdiccional de conformidad con la ley.
Como una de las implicaciones del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en
que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución, y con el fin de erradicar uno de los
principales problemas de la Nación venezolana, en virtud del cual el Poder Judicial se
caracterizó por su corrupción, lentitud e ineficacia y, especialmente, por restringir el acceso de
la población de escasos recursos a la justicia; la Constitución exige al Estado garantizar una
justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones
inútiles.
De esta forma se consagra la justicia gratuita como un derecho humano que encuentra su
principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que reconoce la
Constitución y que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justicia, sin
discriminación alguna. Como una de las consecuencias del referido derecho, la Constitución
establece en su Título V Capítulo III, que el Poder Judicial no está facultado para establecer
tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios, al tiempo que prevé el servicio de
defensa pública.
El amparo se reconoce como una garantía derecho constitucional, cuya finalidad es la tutela
judicial reforzada de los derechos humanos, aun de aquellos inherentes a la persona humana
que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos. Al respecto, se dispone que el procedimiento que deberá establecer la ley
correspondiente en materia de amparo constitucional, será oral, público, breve, gratuito y no
sujeto a formalidad, todo ello con el objeto de garantizar su eficacia.
En lo que se refiere al hábeas corpus o amparo a la libertad o seguridad personal, se establece
una acción popular y se prevé que el detenido sea puesto bajo custodia del tribunal
correspondiente de manera inmediata.
Se reconoce por vez primera en el constitucionalismo venezolano, el hábeas data o el derecho
de las personas de acceso a la información que sobre sí mismas o sobre sus bienes conste en
registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley. El hábeas data incluye
el derecho de las personas de conocer el uso que se haga de tales registros y su finalidad, y de
solicitar ante el tribunal competente su actualización, rectificación o destrucción, si fuesen
erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.
Por otra parte, como una conquista de la lucha por la protección integral de los derechos
humanos, la Constitución impone al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente
los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que
establece, sin excepción, que las violaciones de tales derechos y los delitos de lesa humanidad
serán investigados y juzgados por tribunales ordinarios, a fin de excluir tribunales militares o de
excepción de cualquier investigación al respecto.
Igualmente, se impone al Estado la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de
violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes,
incluido el pago de daños y perjuicios, todo lo cual constituye una consecuencia del principio de
la responsabilidad patrimonial del Estado reconocido por la Constitución.

Capítulo II
De la Nacionalidad y de la Ciudadanía
Sección Primera
De la Nacionalidad
Se mantienen los criterios atributivos de la nacionalidad originaria propios de la tendencia
constitucional venezolana, marcada por la presencia del ius soli absoluto y del ius sanguinis.
En esta materia destaca que siendo la nacionalidad venezolana por nacimiento un derecho
inherente a la persona humana, no podrá privarse de ella a quienes, conforme a la
Constitución, cumplieren los requisitos para obtenerla.
En cuanto a la nacionalidad derivada o por naturalización, en aras de garantizar el vínculo y
compromiso efectivo de los venezolanos por naturalización con la Nación venezolana, con su
pueblo, sus costumbres y su destino, se exige que las personas que opten a la carta de
naturaleza, posean domicilio con residencia interrumpida en el territorio de Venezuela de, por lo
menos, diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. Esta
exigencia se rebaja a cinco años, en el caso de aquellas personas que tuvieren la nacionalidad
originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe.
En todo caso, la expresión residencia interrumpida a que se refiere el texto constitucional, debe
interpretarse en el sentido de que la persona interesada no se haya ausentado del territorio
nacional con el ánimo de establecerse permanente y definitivamente en el extranjero. Ello no
impide, por tanto, que dicha persona se ausente temporalmente del territorio nacional por
razones de turismo, trabajo, estudios u otros de similar naturaleza, siempre que tengan
carácter temporal.
Se consagra sin discriminación alguna el derecho del cónyuge extranjero casado con
venezolano o venezolana por nacimiento, de obtener la nacionalidad venezolana por
naturalización, transcurridos por lo menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio.
Por otra parte, siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales
contemporáneos, se admite la doble nacionalidad y el carácter renunciable de la nacionalidad
venezolana, todo ello con el objeto de facilitar a la República la suscripción de tratados
internacionales en la materia.
Finalmente, con el objeto de completar y darle eficacia a la regulación constitucional se
promueve la suscripción de tratados internacionales en materia de nacionalidad con los
Estados o países fronterizos y, especialmente, con España, Portugal, Italia, países
latinoamericanos y del Caribe.
Sección Segunda
De la Ciudadanía
Esta Sección, al referirse a la ciudadanía, expresa la condición jurídica o vínculo de una
persona con el Estado, que le permite el ejercicio de los derechos políticos. Dicha condición en
principio pertenece a los venezolanos y venezolanas no sujetos a interdicción civil ni a
inhabilitación política, en las condiciones de edad que establezca la Constitución para el
ejercicio de los derechos políticos. No obstante, se otorga potestad electoral activa a los
extranjeros que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia
en el país y no estén sometidos a interdicción civil o inhabilitación política, para votar en las
elecciones parroquiales, municipales y estadales.
En esta materia destaca, además, la ampliación de los derechos políticos de los venezolanos

por naturalización con el objeto de integrarlos más estrechamente a la vida y destino del país.
Por ello, se les permite el desempeño de cargos públicos hasta ahora reservados
constitucionalmente a los venezolanos por nacimiento. Así, los venezolanos por naturalización,
si tienen domicilio con residencia ininterrumpida en el país no menor de quince años, podrán
desempeñarse como diputados a la Asamblea Nacional, aunque no podrán ejercer la
Presidencia o Vicepresidencia de dicho cuerpo; como Ministros, menos en los cargos
relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas y educación; o como
Gobernadores o Alcaldes, excepción hecha de los Estados fronterizos.
Además, se reconoce a los venezolanos por naturalización que hubieren ingresado al país
antes de cumplir siete años de edad y hayan residido permanentemente en él, la posibilidad de
gozar los mismos derechos de los venezolanos por nacimiento, en virtud de lo cual podrán
acceder a todos los cargos públicos. En todo caso, la residencia permanente a que se refiere el
texto constitucional en esta materia, debe interpretarse en el sentido de que la persona
interesada no se haya ausentado del territorio nacional con el ánimo de establecerse
permanente y definitivamente en el extranjero. Ello no impide, por tanto, que dicha persona se
ausente temporalmente del territorio nacional por razones de turismo, trabajo, estudios u otros
de similar naturaleza, siempre que tengan carácter temporal.
Capítulo III
De los Derechos Civiles
En el Capítulo III se recogen y amplían los derechos civiles de las personas, con base en una
regulación progresiva que establece normas y principios contenidos en tratados internacionales
suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.
Se reafirma el derecho a la vida como derecho fundamental, base para disfrutar y ejercer los
demás derechos, comprometiendo al Estado a proteger la vida de las personas que se
encuentren privadas de su libertad, como procesados o condenados, cualquiera fuere el
motivo, así como la de aquellas personas que estén prestando servicio militar o civil, o
sometidos a su autoridad en cualquier otra forma.
Se prohíbe en forma absoluta y sin excepciones, aun en estado de emergencia o de excepción
o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. Se
establecen mayores garantías para proteger el derecho de las personas a su integridad física,
psíquica y moral, así como el debido proceso, el cual se aplicará a todo tipo de actuaciones
judiciales y administrativas.
En el marco de la protección a las personas, se prevén los principios que orientará la
organización y funciones de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales deberán adecuar
su actuación al respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos, en razón de lo
cual el uso de armas y sustancias tóxicas estará sujeto a los principios de necesidad,
conveniencia, oportunidad y proporcionalidad.
Se garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna. Por ser consustancial
con ese derecho, quien lo ejerza asume la plena responsabilidad por todo lo expresado. Así
mismo, se reconoce el derecho a una información veraz, oportuna, imparcial y sin censura.
Esta regulación responde a la necesidad de elevar a rango constitucional los parámetros éticos
indispensables para el ejercicio del derecho a la información, con el objeto de que los medios
de comunicación como parte de su actividad y de la responsabilidad que ella genera,
establezcan mecanismos de auto evaluación informativa a los que tenga acceso toda persona,
natural o jurídica, pública o privada, que se considere perjudicada por informaciones emitidas
por los medios de comunicación y que tengan relación con ella, a fin de que se revise la
veracidad y oportunidad de la información.
El derecho a la información veraz, oportuna, imparcial y sin censura, acogiendo una tendencia
presente en derecho comparado, versa sobre hechos que constituyan información y que sean

transmitidos por los medios de comunicación, no sobre las opiniones o juicios de valor que los
medios de comunicación o periodistas ofrezcan sobre tales hechos.
De igual manera, se garantiza el derecho de los niños y adolescentes a recibir una información
adecuada para su desarrollo integral, en virtud de lo cual los medios de comunicación deberán
ajustar su actividad y programación a tales fines, con el objeto de permitir un sano y normal
desarrollo del proceso educativo y de formación de las futuras generaciones.
Capítulo IV
De los Derechos Políticos y del Referendo Popular
Sección Primera
De los Derechos Políticos
En materia de Derechos Políticos se incluyen modificaciones sustanciales en relación con la
Democracia Representativa y de Partidos establecida en la Constitución anterior.
Se inicia el Capítulo con la consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos
públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera directa, semidirecta o
indirecta. Este derecho no queda circunscrito al derecho al sufragio, ya que es entendido en un
sentido amplio, abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución y control de la
gestión pública. Como contrapartida el Estado y la sociedad deben facilitar la apertura de estos
espacios para que la participación ciudadana, así concebida, se pueda materializar.
Esta regulación responde a una sentida aspiración de la sociedad civil organizada que pugna
por cambiar la cultura política generada por tantas décadas de paternalismo estatal y del
dominio de las cúpulas partidistas que mediatizaron el desarrollo de los valores democráticos.
De esta manera, la participación no queda limitada a los procesos electorales, ya que se
reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, formulación
y ejecución de las políticas públicas, lo cual redundaría en la superación de los déficit de
gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de sintonía entre
el Estado y la sociedad.
Concebir la gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunicación fluida
entre gobernantes y pueblo, implica modificar la orientación de las relaciones entre el Estado y
la sociedad, para devolverle a esta última su legítimo protagonismo. Es precisamente este
principio consagrado como derecho, el que orienta este Capítulo referido a los derechos
políticos.
Se reconoce el sufragio como un derecho, mas no como un deber, a diferencia de la
Constitución de 1961. Se establece el ejercicio del mismo mediante votaciones libres,
universales, directas y secretas. La consagración de la personalización del sufragio debe
conciliarse con el principio de la representación proporcional, requerido para obtener órganos
conformados de manera plural, en representación de las diferentes preferencias electorales del
pueblo.
En cuanto a la definición de los electores se da ese carácter a los venezolanos y venezolanas
que hayan cumplido dieciocho años de edad, ampliándose este derecho a los extranjeros que
hayan cumplido dicha edad, pero limitado a las elecciones parroquiales, municipales y
estadales, exigiéndose en todo caso como condición el que tengan más de diez años de
residencia en el país.
En cuanto a las diferentes etapas de los procesos electorales se otorga a los ciudadanos
amplias posibilidades de participación superando las restricciones del sistema partidocrático
que nos rigió. En este sentido, tanto en la fase de la postulación de candidatos como en el
ejercicio de la supervisión y vigilancia del proceso electoral se consagra constitucionalmente la

participación por iniciativa propia, de partidos políticos o de otras asociaciones con fines
políticos.
El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se les otorga
de manera igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas, que sepan leer y escribir, con
las solas restricciones derivadas del propio texto constitucional o de las condiciones de aptitud
exigidas por las leyes, para determinados cargos.
Como una respuesta a las demandas de los venezolanos ante las graves desviaciones del
sistema político y a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición de optar a cargos de
elección popular a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos
durante el tiempo en que ejercieron las funciones públicas, así como otros delitos que afecten
el patrimonio público.
En el mismo contexto de la anterior disposición, se consagra el derecho al control por parte del
pueblo de los representantes electos, el cual abarca la rendición de cuentas públicas,
transparentes y periódicas. Tal derecho obliga al representante a cumplir a cabalidad con el
programa de gobierno presentado al electorado, así como a mantener una comunicación
permanente con el pueblo que lo eligió.
En este capítulo se produce la ruptura con el sistema partidocrático que ocupó un largo espacio
en nuestra historia política reciente, al eliminarse la sumisión de la participación democrática a
la organización en estructuras partidistas, como único vehículo a utilizar. Por el contrario, se
consagra el derecho de asociación con fines políticos con amplitud, garantizando la aplicación
de principios democráticos en la constitución, organización, funcionamiento e igualdad ante la
ley, dado el interés público de las actividades que cumplen las organizaciones con fines
políticos. De esta manera, se establece con rango constitucional limitaciones importantes a la
conformación de cúpulas partidistas y a la estructuración vertical de organización política que
lejos de fomentar y desarrollar la cultura y los valores propios de la democracia han
obstaculizado su profundización.
Se prevé igualmente el control del financiamiento de estas organizaciones, así como los límites
de gastos en campañas electorales, y el establecimiento de mecanismos de control para
garantizar la licitud de las contribuciones y el manejo pulcro de las mismas.
La Constitución consagra como un derecho político consustancial con la vida democrática, el
de la manifestación pacífica y sin armas. Dadas las trágicas y dramáticas experiencias vividas
por los venezolanos en el ejercicio de este derecho a expresar su descontento con el ejercicio
de las funciones de gobierno, se incluyen prohibiciones que persiguen limitar la acción
represiva de los cuerpos policiales y de seguridad. En este sentido, se consagra la prohibición
del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para enfrentar manifestaciones pacíficas.
Igualmente se reconocen y garantizan los derechos de asilo y refugio, como principios
reconocidos universalmente.
Sección Segunda
Del Referendo Popular
En relación con los medios de participación en los cuales se concretizan los derechos de los
ciudadanos a ejercer su soberanía, se consagran las diversas formas de referendo popular a la
que se dedica una sección en particular que regula el referendo consultivo, revocatorio,
aprobatorio y abrogatorio.

Capítulo V
De los Derechos Sociales y de las Familias
Los derechos sociales contenidos en la Constitución consolidan las demandas sociales,
jurídicas, políticas, económicas y culturales de la sociedad en un momento histórico en que los
venezolanos y venezolanas se redescubren como actores de la construcción de un nuevo país,
inspirado en los saberes populares que le dan una nueva significación al conocimiento
sociopolítico y jurídico del nuevo tiempo.
La corresponsabilidad entre sociedad y Estado, el sentido de progresividad de los derechos, la
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos constituyen una herramienta
doctrinaria que define una nueva relación de derechos y obligaciones entre sujetos que
participan solidariamente en la construcción de una sociedad democrática, participativa,
autogestionaria y protagónica. La equidad de género que transversaliza todo el texto
constitucional define la nueva relación que en lo jurídico, en lo familiar, en lo político, en lo
socioeconómico y cultural, caracteriza a la nueva sociedad, en el uso y disfrute de las
oportunidades. Queda evidenciado a lo largo de todo el texto constitucional el uso del género
femenino, expresamente indicado de acuerdo con las recomendaciones de la Organización
para la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y de diversas
organizaciones no gubernamentales, todo lo cual se inscribe dentro del principio de igualdad y
no discriminación reconocido por el texto constitucional, con el objeto de evitar dudas o
equívocas interpretaciones de la Constitución.
La participación directa de la gente en la toma de decisiones para la solución de sus problemas
y los de su comunidad, crea una nueva relación ciudadana que en el ámbito de los derechos
sociales, desarrolla la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado, lo que coloca al
legislador y a los órganos que integran el sistema de justicia, en un nuevo espacio de
interpretación de la democracia social y del Estado de Derecho y de Justicia.
La pluralidad de las familias, el rescate de la tradición oral de los ancianos y de las ancianas,
como patrimonio familiar para una educación cotidiana; la garantía de la autonomía funcional
de los seres humanos con discapacidad o necesidades especiales; la ciudadanía progresiva de
los niños y de las niñas definidos como prioridad absoluta del Estado; los adolescentes y
jóvenes entendidos como sujetos estratégicos para el desarrollo sustentable; el significado del
trabajo productivo del ama de casa; el consumo protegido y la seguridad alimentaria; la
vivienda como hábitat que humaniza las relaciones familiares y comunitarias; la información
como mecanismo que coadyuva a la formación de la cultura ciudadana, son nuevos elementos
elevados a rango constitucional que requieren una interpretación acorde con su finalidad, no
sujeta a formalismos jurídicos alejados de la realidad social.
Se garantiza para todos la seguridad social, la cual debe responder a los conceptos de
solidaridad, universalidad, integralidad, unicidad, participación y eficiencia. La salud, asociada
indisolublemente a la calidad de vida y al desarrollo humano, constituye un derecho social
fundamental que el Estado garantiza a partir de un sistema sanitario de servicios gratuitos,
definido como único, universal, descentralizado y participativo. Asimismo, consecuente con el
principio de corresponsabilidad, la Constitución promueve la participación ciudadana en la
formulación y ejecución de las políticas y planes de salud, a fin de lograr un ambiente sano y
saludable.
En el campo laboral se reconocen los derechos individuales al trabajo, a la estabilidad y a las
vacaciones, así como los derechos colectivos de sindicalización, contratación colectiva y
derecho a la huelga por parte de los trabajadores y de las trabajadoras.
Todos estos derechos constituyen la base fundamental del nuevo ordenamiento jurídico en el
que la vida, la ética, la moral, la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el
compromiso, los deberes ciudadanos y la seguridad jurídica, son valores que concurren en la
acción transformadora del Estado, la Nación, el gobierno y la sociedad, en un propósito de

realización compartida para producir la gobernabilidad corresponsable, la estabilidad política y
la legitimidad jurídica necesarias para el funcionamiento de la sociedad democrática.
Capítulo VI
De los Derechos Culturales y Educativos
A través de artículos específicos transversalizados axiológicamente, en la Constitución quedan
expresados los criterios y ejes fundamentales que reconocen y sintetizan los derechos
culturales y educativos.
En las primeras disposiciones de este capítulo se garantiza la absoluta libertad en la creación
cultural, tanto para la inversión en ella como para su producción y divulgación. Conforme a esta
libertad el Estado reconoce el derecho a la propiedad intelectual de la obra creada. Se otorga
rango constitucional a la protección, preservación, conservación y restauración del patrimonio
cultural venezolano y, con ello, a la memoria histórica de la Nación, lo cual obliga crear una
legislación que consagre la autonomía de la administración cultural. Esa legislación debe
estimular a quienes puedan y quieran enriquecer dicho patrimonio, y también debe establecer
sanciones o penas a las personas naturales o jurídicas que le infieran daños o perjuicios.
Adicionalmente, se enfatiza el principio de igualdad de las culturas y el de la interculturalidad, y
se destaca la promoción de las expresiones populares que conforman y modelan cada
naturaleza autóctona regional, para luego constituir una entrecruzada sumatoria de creaciones
que configuren el conjunto definitorio de la Nación.
Para lograr esos objetivos constitucionales, la legislación correspondiente deberá establecer
incentivos y estímulos para quienes promuevan, apoyen, desarrollen o financien, actividades
relacionadas con la cultura, tanto en el país como en el exterior.
Se garantiza a los trabajadores culturales su incorporación a un sistema de seguridad social; y
se prevé a través de una legislación perentoria la figura del mecenazgo.
El articulado garantiza igualmente, la obligatoriedad de la información cultural, con el objeto de
corregir la desigualdad comunicacional que frente a nuestra propia cultura exhiben los medios
de comunicación. Por ello se establece el deber de dichos medios de coadyuvar a la difusión
de los valores y aportes de los creadores venezolanos.
Las disposiciones siguientes están dedicadas a derechos y definiciones de carácter educativo.
Es innecesario, por reiterativo, exponer motivaciones para justificar el carácter
insoslayablemente fundamental y prioritario que tiene la educación para cualquier sociedad.
Por consiguiente se proclama la educación como un derecho humano y como un deber
constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, y se la declara gratuita y obligatoria, y la
asume el Estado como función indeclinable y de servicio público.
De acuerdo con la Constitución, la Educación es plural en su apertura a todas las corrientes del
pensamiento universal, como instrumento del conocimiento científico, humanístico y
tecnológico. Debe estar orientada al desarrollo pleno de la personalidad para el disfrute de una
existencia digna, que transcurra con una valoración ética del trabajo y con una conciencia de
participación ciudadana. El propósito es que cada venezolano se sienta parte de una sociedad
democrática, de la cual sea activamente solidario en su transformación hacia un país con una
firme identidad geohistórica nacional y, al mismo tiempo, con vocación latinoamericana y
universal.
A tales fines, la educación debe ser integral de calidad, permanente, en igualdad de
condiciones y oportunidades para acceder a ella; igualdad que incluye a quienes califiquen en
condiciones especiales, o estén discapacitados, o que se encuentren privados de su libertad.

Se incluye en el proceso educativo formal el nivel maternal, y se establece con carácter
obligatorio hasta el nivel medio diversificado. En las instituciones del Estado se consagra la
gratuidad de la educación en todos los niveles hasta el pregrado universitario.
En todo caso, la inversión presupuestaria que para estos fines realice el Estado tendrá carácter
prioritario y estará en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO en esta área.
Se reconoce el derecho de las personas naturales y jurídicas de fundar y mantener
instituciones educativas privadas, previa aceptación del Estado y bajo su estricta inspección y
vigilancia. Esa exigencia constitucional responde al hecho de que si bien existen centros de
educación privada que con probidad, eficiencia académica y honestidad, han aportado y
aportan una invalorable contribución a la formación de venezolanos, lamentablemente, también
es verdad que a lo largo del tiempo han proliferado, sin control alguno, deplorables centros
educativos cuyo único objetivo es el lucro desmedido, el cual ha generado la violación de la
normativa legal y el irrespeto a la dignidad humana, a través de comportamientos ajenos a los
nobles propósitos del apostolado educativo y con actuaciones que han defraudado la más
hermosa fe y confianza de gran cantidad de estudiantes.
La legislación debe garantizar la dignificación del docente, tanto del que ejerce en las
instituciones públicas como en las privadas, consagrando un régimen de remuneración,
prestaciones y seguridad sociales que le garanticen niveles de vida acordes con su elevada
misión. A los efectos, de su ingreso, ascenso y permanencia en el sistema educativo, los
docentes deberán someterse a una rigurosa evaluación que responda a criterios de méritos
éticos y académicos, con prescindencia de cualquier injerencia partidista.
Para ser incluidas en los diseños curriculares, se les dio rango constitucional a las materias
relativas al ambiente, a lo lingüístico y a lo geohistórico. En efecto, la formación ambiental debe
estar presente en todos los niveles del sistema educativo, aun en la educación no formal. La
enseñanza de la lengua castellana es obligatoria hasta el ciclo diversificado, tanto en las
instituciones públicas como privadas. Esta misma obligatoriedad se establece para las materias
patrias, la historia de Venezuela y la geografía de Venezuela, rescatando así su categoría de
materias autónomas, ante la imperiosa necesidad de afianzar la identidad nacional.
Coadyuvará a lograr este objetivo la enseñanza del ideario bolivariano, igualmente establecida
como obligatoria en el artículo 107 de la Constitución.
Se enfatiza la necesidad de incorporar al sistema educativo el manejo de las innovaciones
tecnológicas y el desarrollo de servicios públicos de radios, televisión, redes bibliotecarias e
informáticas, con el objeto además, de permitir el acceso universal a la información.
La Constitución delega en la ley la determinación de las profesiones que requieren título y las
condiciones que debe cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. Al respecto, la
Disposición Transitoria Decimoquinta dispone que hasta tanto se apruebe la legislación en esa
materia, se mantendrá en vigencia el ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de la
Constitución.
Por otra parte, la ley deberá garantizar que en las asociaciones gremiales y colegios
profesionales se establezcan estructuras organizativas que permitan afiliaciones, gerencias
académicas y gestiones electorales más adecuadas a la calidad profesional de sus integrantes
y directivos.
Además, por ser inherente a la naturaleza de la universidad, se reconoce la autonomía
universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes y egresados
de su comunidad, dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación
científica, humanística y tecnológica, para el beneficio espiritual y material de la Nación. Esa
autonomía universitaria implica, en especial, la libertad para planificar, organizar, elaborar y
actualizar los programas de investigación, docencia y extensión, así como la inviolabilidad del
recinto universitario. En todo caso, la autonomía universitaria debe garantizar una permanente

adecuación de la institución al incesante desarrollo del conocimiento.
Como consecuencia de lo anterior, también se dispone que las universidades autónomas se
darán sus propias normas de gobierno, funcionamiento y administración, bajo el control y
vigilancia que establezca la ley. Por su parte, las universidades nacionales experimentales para
alcanzar su autonomía deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley.
La ciencia, la tecnología, el conocimiento en general, la innovación y sus aplicaciones y los
servicios de información, se declaran de interés público, por ser instrumentos fundamentales
para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía
nacional. A tales fines, el Estado creará un sistema nacional de ciencia y tecnología que
agrupe, coordine y fomente el desarrollo de la investigación en el país, al cual destinará
recursos suficientes. La empresa privada también deberá contribuir con sus recursos al
desarrollo de esta actividad. Uno de los mandatos más significativos de la Constitución en esta
materia, es el que obliga al Estado a garantizar el cumplimiento de los principios éticos y
legales, en las actividades relacionadas con la investigación científica, humanística y
tecnológica, todo lo cual será regulado por la ley.
Siendo el deporte, la educación física y la recreación actividades indispensables de toda
persona para su integral desenvolvimiento corporal y espiritual, así como para su incorporación
al desarrollo del país, con el objeto de formar una población sana y apta para el estudio y el
trabajo, se reconocen tales actividades como un derecho humano, cuyo libre ejercicio beneficia
la calidad de vida individual y colectiva. En consecuencia, su enseñanza y práctica se inscriben
dentro del proceso educativo y son materia obligatoria en instituciones públicas y privadas
hasta el ciclo diversificado. Los recursos para su promoción y desarrollo estarán garantizados
por el Estado como parte de una política de educación y salud pública.
Lo anterior responde, además, a que concibe la recreación no solo como ocio, sino como una
actividad individual y colectiva que permite el desarrollo espiritual y la gestación de elevadas
formas de conciencia sociocultural.
Finalmente, en esta materia, el Estado garantizará la atención integral de los deportistas sin
discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia. Además, con el
objeto de garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, el Estado promoverá la
evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del sector privado,
conforme a los mecanismos que prevea la ley, la cual también establecerá incentivos y
estímulos a las personas y comunidades que promuevan a los atletas y desarrollen o financien
planes, programas y actividades deportivas en el país.
Capítulo VII
De los Derechos Económicos
En este Capítulo referido a los derechos económicos se establece el derecho que tienen los
consumidores a disponer de bienes y servicios de calidad y a un tratamiento digno y no
discriminatorio. En consecuencia, el Estado se obliga a tomar las medidas necesarias para
combatir toda práctica que afecte la libre formación de precios, sea ella originada en la
morfología del mercado, como los monopolios, o en el abuso de posición dominante.
El derecho de propiedad se garantiza sin ambigüedades, sin obviar las consideraciones de
utilidad pública e interés general, en tanto que la acción del Estado, considerada como esencial
en la definición de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienestar, está
sometida al imperio de la ley.

Capítulo VIII
De los Derechos de los Pueblos Indígenas
Actualmente habitan en Venezuela, al igual que en el resto del continente americano, pueblos
cuya existencia antecede a la llegada de los primeros europeos, así como a la formación de los
estados nacionales, razón por la cual se les denomina pueblos indígenas. Sus antepasados
ocuparon durante miles de años estas tierras, desarrollando formas de organización social,
política y económica, culturas, idiomas y tecnologías muy diferentes entre sí y respecto a las
conocidas por los europeos de entonces. Ante la invasión, conquista y colonización europea,
los indígenas defendieron heroicamente sus tierras y vidas. Durante más de quinientos años
han mantenido su resistencia y lucha por el reconocimiento pleno de su existencia como
pueblos, así como del derecho sobre sus tierras, lo cual hoy se materializa con la refundación
de la República.
De la misma manera, como consecuencia de esta lucha y de sus particulares condiciones de
vulnerabilidad, los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos internacionalmente
como derechos específicos y originarios.
Este mismo reconocimiento en la Constitución implica un profundo cambio de perspectiva
política y cultural que reorienta la conducción del Estado venezolano, al reconocer su carácter
multiétnico, pluricultural y multilingüe.
En el seno de los diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se han realizado
notables esfuerzos en el avance, reconocimiento y profundización de los derechos de los
pueblos indígenas, tanto en el ámbito legislativo como en el constitucional. En este sentido, es
importante destacar que la mayoría de las constituciones latinoamericanas actuales establecen
principios claros sobre los derechos de los pueblos indígenas, como un reconocimiento a la
diversidad cultural de América Latina.
En Venezuela también se ha dado un progresivo reconocimiento jurídico de la realidad de la
diversidad cultural nacional representada por los pueblos indígenas venezolanos, tanto legal
como jurisdiccionalmente. Así, el Estado venezolano recoge una situación de hecho
preexistente, que al mantenerse históricamente, fortalece el sentido de pertenencia nacional, al
valorarse el aporte de la indianidad en la formación de la venezolanidad y de sus instituciones
sociales básicas.
En este sentido, en el ordenamiento jurídico venezolano existen muchas referencias
normativas distintas relativas a la realidad indígena, las cuales incluyen leyes aprobatorias de
tratados internacionales en materia de derechos indígenas, así como diferentes leyes
orgánicas, ordinarias y especiales así como decretos, resoluciones ministeriales y reglamentos,
que regulan diferentes áreas vinculadas a su realidad en el contexto nacional. Igualmente,
dentro de las instituciones del Estado existen dependencias específicas para atender los
diversos aspectos de la realidad de los pueblos indígenas, dentro de su complejidad. Por su
parte, en tiempos recientes, la jurisprudencia venezolana ha desarrollado también el contenido
de los derechos humanos de los indígenas, en diferentes sentencias para casos específicos.
Sobre esta base el Capítulo referido a los derechos indígenas reconoce ampliamente la
existencia de los pueblos indígenas, sus formas de organización, culturas e idiomas propios,
así como sus hábitat y los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y
tradicionalmente ocupan y que son indispensables para garantizar su continuidad biológica y
sociocultural, las cuales además son asiento de sus referentes sagrados e históricos. Todo ello
implica un profundo cambio en la perspectiva política y jurídica del país.
Se establece que las tierras indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e
intransferibles y que corresponde al Estado conjuntamente con los pueblos indígenas la
demarcación de dichas tierras. Una ley especial desarrollará lo específico de tal demarcación a
fin de asegurar la propiedad colectiva de las tierras a los pueblos y comunidades indígenas que

las habitan.
Se garantiza la integridad de los hábitat indígenas y se consagra el aprovechamiento racional
de los recursos naturales allí existentes. Se reconoce el derecho de las comunidades indígenas
a recibir información previa y a ser consultadas sobre actividades de aprovechamiento de los
recursos naturales. Los beneficios que corresponden a los pueblos indígenas por concepto de
este aprovechamiento por parte del Estado serán de carácter colectivo.
En oposición a las políticas indigenistas que hasta ahora imperaron en el país y que han
significado la destrucción y desaparición de sus culturas, se consagra el derecho de cada
pueblo indígena a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores,
espiritualidad y preservar sus lugares sagrados y de culto. La valoración del patrimonio cultural
y lingüístico de los pueblos indígenas concierne a todos los venezolanos; en consecuencia, el
Estado velará por el mantenimiento, continuidad, enriquecimiento y reproducción del mismo.
Dado que toda sociedad posee su propio sistema y procesos de socialización y de
endoculturación mediante los cuales educan a sus miembros según sus costumbres y
tradiciones, el Estado reconoce y respeta los sistemas educativos de los indígenas y garantiza
la atención educativa, mediante la modalidad de un régimen de educación intercultural bilingüe,
que combina la educación formal con los sistemas educativos tradicionales indígenas e implica
igualmente el uso de las lenguas maternas y el castellano.
Como parte de la valoración del patrimonio cultural indígena, el Estado reconoce las prácticas
médicas tradicionales de los pueblos indígenas, las cuales hasta el presente han sido
desconocidas y descalificadas. El Estado garantizará a los pueblos indígenas, mediante una
perspectiva intercultural que permita la combinación de los dos saberes, la salud integral
adaptando los servicios de salud a las especificidades y necesidades culturales de cada uno de
los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y promover sus prácticas económicas,
por lo que no se les podrá imponer planes y proyectos de desarrollo ajenos a sus intereses y
necesidades. El Estado asegurará dentro de una perspectiva de desarrollo sustentable, con
identidad y en articulación con la economía nacional, los recursos financieros, la capacitación y
la asistencia técnica requerida, así como la participación en la economía del país.
Con el fin de salvaguardar los conocimientos, saberes, prácticas e innovaciones intelectuales y
recursos genéticos de los pueblos indígenas, de la apropiación ilegal y el aprovechamiento
comercial por parte de personas naturales y jurídicas, el Estado garantiza y protege la
propiedad colectiva de los mismos prohibiendo su patentabilidad.
Al garantizarse la participación política de los pueblos indígenas con una representación en la
Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con
población indígena se consagra una de las principales aspiraciones de los pueblos indígenas,
tal como se expresa en las disposiciones transitorias. Ello les permitirá estar presentes en la
elaboración de las distintas leyes y reglamentos del país, además de garantizarles su
participación directa en las instancias de toma de decisiones de los poderes públicos que
integran el Estado.
Los pueblos indígenas forman parte de la sociedad nacional y del pueblo venezolano que se
reconoce como único, soberano e indivisible. El uso del término pueblo, tal como lo expresa
claramente el texto constitucional, significa el reconocimiento de su identidad específica, de las
características sociales, culturales y económicas que les son propias y que los diferencian del
resto de la sociedad, por tanto el uso de dicho término no podrá interpretarse en el sentido que
se le da en el derecho internacional.
Pero aunado a este Capítulo dedicado a los derechos indígenas, la Constitución consagra otras
disposiciones en la materia.

Así, la Constitución establece que las lenguas indígenas tienen un valor primordial en sí
mismas por ser el máximo instrumento intelectual de los pueblos que las usan, el más completo
inventario de su cultura y la mejor imagen de su vida inmaterial y espiritual.
Por constituir un derecho de los pueblos indígenas y un patrimonio cultural de la Nación y de la
humanidad, además del castellano, los idiomas indígenas también son de uso oficial para los
pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República. En tal virtud, los
idiomas indígenas se emplearán en todos los procesos administrativos y judiciales en que sea
necesario.
Por otra parte, se prevé que la legislación municipal establezca la organización del régimen de
gobierno y administración local que corresponderá a los municipios con población indígena,
tomando en cuenta la organización social y cultural específica de cada municipio indígena, sus
autoridades tradicionales, así como el tipo de economía que estas comunidades practiquen, a
fin de establecer una administración municipal que reconozca la capacidad de participación
indígena en su hábitat y en el marco de su desarrollo sociocultural. Asimismo, se excluyen las
tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas de la calidad de ejidos.
Por último, la Constitución se refiere al derecho que tienen los pueblos indígenas de seguir
practicando sus sistemas normativos internos, para la regulación, sanción y restauración de la
paz social. Este derecho a la justicia es un mecanismo de protección a los indígenas
venezolanos, que históricamente han vivido en una sociedad que los excluyó y discriminó; en
este caso no se trata de códigos o leyes escritas, sino de formas de justicia que han permitido
a estos pueblos regularse internamente, enfrentar los conflictos y seguir manteniendo la
cohesión colectiva mediante la aplicación de un sistema normativo reparatorio.
Capítulo IX
De los Derechos Ambientales
En lo que se refiere a los derechos ambientales, la Constitución, además de establecer por vez
primera en nuestra historia constitucional un Capítulo especialmente dedicado a los mismos,
supera, con una visión sistemática o de totalidad, la concepción del conservacionismo clásico
que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes
económicos.
En efecto, anteriormente la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una
regulación parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. Ahora,
impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen
que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se
inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental,
todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente
sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no
comprometa el patrimonio de las futuras.
La Constitución en su preámbulo señala entre los fines que debe promover nuestra sociedad,
la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio
común e irrenunciable de la humanidad. Consecuente con ello, el texto constitucional se
caracteriza por desarrollar con la amplitud necesaria, los derechos y deberes ambientales de
cada generación, y por reconocer el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro,
sano y ecológicamente equilibrado. Destaca, en este sentido, la necesidad de mantener un
eficaz desarrollo de la seguridad ambiental en las fábricas y complejos industriales.
Así, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente
sustentable, protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos
ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial
importancia ecológica; al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación, en
donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas,

gocen de especial protección. De igual manera, el Estado desarrollará una política de
ordenación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo sustentable, la cual deberá
contar con la participación ciudadana.
Por otra parte, como una garantía insoslayable para la protección del ambiente se dispone que
en todos los contratos que la República celebre, o en los permisos que se otorguen, que
afecten recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la
obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la
transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente
a su estado natural si éste resultare alterado, todo ello en los términos que determine la ley.
Aunado a ello, los principios contenidos en este Capítulo encuentran su transversalización
axiológica en el texto constitucional, a través de otras disposiciones y principios que tienen
como finalidad el desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable de la Nación. Así,
encuentra fundamento constitucional la obligatoriedad de la educación ambiental, las
limitaciones a la libertad económica por razones de protección del ambiente, el carácter de
bienes de dominio público que se le atribuye a las aguas, la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo rural integral, la protección del hábitat de los pueblos indígenas, entre
otros.
Capítulo X
De los Deberes
En este Capítulo, retomando principios de nuestra historia constitucional se consagran los
deberes de los venezolanos. El origen de los deberes es la Declaración de los Derechos del
Pueblo de 1811, publicada en la Gaceta de Caracas el 23 de julio de ese mismo año, en la cual
se desarrollaron los derechos y deberes del hombre en sociedad. Luego, en la Constitución
Federal de Venezuela de 1811 publicada en la Gaceta de Caracas el 27 de diciembre de ese
mismo año, en su parte final se consagraron los deberes del hombre en sociedad
conjuntamente con los deberes del cuerpo social, con fundamento en la figura romana del buen
padre de familia.
Se consagra el deber de honrar y defender la Patria, independientemente de cualquier tipo de
corriente ideológica, como una obligación consustancial con la nacionalidad. Este deber implica
no sólo resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad y nuestra integridad territorial, sino
además, defender y promover la autodeterminación política, territorial, cultural y social de la
Nación. Además, rescatando nuestra historia republicana se extiende ese deber a la promoción
y defensa de todo lo que identifica nuestra Nación, como los símbolos patrios y valores
culturales.
Como consecuencia del principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, así
como del principio de legalidad, se consagra el deber de toda persona de cumplir y acatar el
Texto Fundamental, las leyes y demás actos que en ejercicio de sus funciones legítimas dicten
los órganos que ejercen el Poder Público.
Promoviendo una sociedad plural, armónica, solidaria, abierta, integrada y comprometida en
todos sus ámbitos, se consagra el deber de toda persona de cumplir los requerimientos
sociales y participar en la vida política, civil y comunitaria del país. En la búsqueda de estos
propósitos se resalta la obligación de promover y defender los derechos humanos siempre con
fundamento en la convivencia democrática y en la paz social.
En virtud del principio de solidaridad social, se consagra el deber de toda persona de
coadyuvar, en la medida de sus posibilidades, a los gastos públicos.
En armonía con los principios de participación y solidaridad social se consagra el deber de toda
persona de prestar servicio civil, militar y electoral, cuando sea necesario para la defensa,
preservación y desarrollo de la Nación, o bien para hacer frente a situaciones de calamidad

pública.
No obstante, las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Constitución y a la ley, se
consagra el deber de toda persona de coadyuvar según su capacidad y aptitud, al
cumplimiento de los fines que impone el bienestar social general, con base en los principios de
solidaridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria. Por ello, quienes aspiren al
ejercicio de cualquier profesión deberán prestar servicio a la comunidad durante el tiempo,
lugar y condiciones que determine la ley.
TÍTULO IV
DEL PODER PÚBLICO
Capítulo I
De las Disposiciones Fundamentales
Sección Primera
El presente título referente al Poder Público adquiere especial significación dado que se
propone rescatar la legitimidad del Estado y de sus instituciones, recuperando la moral pública
y la eficiencia y eficacia de la función administrativa del Estado, características
complementarias e indispensables para superar la crisis de credibilidad y de gobernabilidad
que se ha instaurado en el país en los últimos tiempos.
En las Disposiciones Generales, en primer lugar se consagra la conocida distribución vertical
del Poder Público: Poder Municipal, Estadal y Nacional; colocados en este orden según su
cercanía con el ciudadano, sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa.
En lo que respecta a la distribución horizontal del Poder Público Nacional se incorporan,
además de las funciones tradicionales, la innovación de los denominados Poder Electoral y
Poder Ciudadano. La razón de esta novedosa inclusión se entiende en un contexto social y
político en el cual se deben dar signos claros del respeto a la independencia y autonomía
funcional de la que deben gozar los órganos encargados de desarrollar las funciones
respectivas, para facilitar la recuperación de la legitimidad perdida en terrenos tan delicados
como el de los procesos electorales; así como el de la función contralora y la defensa de los
derechos humanos.
Se consagra, igualmente, una división de las funciones que corresponden a cada rama del
Poder Público, tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si bien se acepta la especialidad
de la tarea asignada a cada una de ellas, se establece un régimen de colaboración entre los
órganos que van a desarrollarlas para la mejor consecución de los fines generales del Estado.
Se establece el principio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos que ejercen el
Poder Público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente
consagradas por la Constitución y la ley.
La usurpación de autoridad, consistente en la invasión del Poder Público por parte de personas
que no gocen de la investidura pública, se considera ineficaz y los actos dictados se consideran
nulos.
En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejercicio del Poder Público, se
abarca tanto el abuso de poder, la desviación de poder, así como la violación de la Constitución
y la Ley. Esta disposición es una de las que ha adolecido de ineficacia, por lo cual su
consagración en esta Constitución implica generar los mecanismos legales para su aplicación
efectiva.

Finalmente, en las disposiciones generales, se establece bajo una perspectiva de derecho
público moderna la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños
que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera
actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de los
entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones.
Sección Segunda
De la Administración Pública
Por definición, la función ejercida por la Administración Pública está sujeta al servicio público o
interés general, por ende debe estar al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de distinciones,
de privilegios o discriminaciones. En este contexto la aplicación de este contenido implica el
cambio de una cultura y de unos hábitos organizacionales que han enturbiado y obstaculizado
el ejercicio de esta función del Estado, desviándola hacia la satisfacción de intereses
subalternos, con lo cual se ha facilitado la corrupción y la ineficacia e ineficiencia. Es por ello
que se precisan los principios que deben fundamentar a la Administración Pública, los cuales
no requieren de mayor explicación: honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Principios que expresan con claridad el
nuevo camino que deben seguir los funcionarios que ejerzan el Poder Público. Además de
estos principios rectores se reitera el sometimiento a la ley y al derecho, es decir, el principio de
la legalidad de la actividad administrativa.
Los institutos autónomos son materia de reserva legal. Asimismo están sometidos,
conjuntamente con los intereses públicos en entidades, al control estatal según sea
desarrollado en la ley.
Se consagra en favor de ciudadanos y ciudadanas, el derecho a la información oportuna y
veraz por parte de la Administración Pública. Este derecho adquiere suficiente amplitud y
precisión, ya que abarca lo relativo a las actuaciones de las cuales sean parte interesada, así
como al conocimiento de las resoluciones definitivas que se dictaren, y acceso a los archivos y
registros administrativos, salvo las excepciones legales. Como complemento a esta disposición
se establece la prohibición absoluta de la censura a los funcionarios públicos en relación con
su deber correlativo al derecho a la información consagrado en esta disposición.
Sección Tercera
De la Función Pública
Como introducción a la regulación establecida en esta Sección conviene resaltar la importancia
y significación que la nueva Constitución le otorga a la función, pública, en la medida en que la
honestidad, la eficiencia y la eficacia de su ejercicio constituyen prioridades indiscutibles dentro
de las exigencias que la sociedad venezolana ha manifestado con mensajes precisos y
contundentes. Los vicios más enraizados en el sistema político, como el clientelismo, que tanto
daño ha causado al pueblo venezolano, están relacionados íntimamente con la falta de líneas
claras en torno a lo que debe ser la función pública y a la creación de una política de recursos
humanos cónsona con los ideales de la gerencia pública moderna. La gobernabilidad,
entendida como la satisfacción plena de las demandas sociales, sólo puede alcanzarse en la
medida que se adopten políticas orientadas en este sentido.
Se consagra la creación del Estatuto de la función pública mediante ley, en la cual se regulará
lo relativo a la política de recursos humanos aplicable a los funcionarios de la Administración
Pública. Se deberá regular el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro y, así mismo, la
incorporación de los mismos a la seguridad social. Igualmente se consagrará por vía legal las
funciones y requisitos para el ejercicio de los cargos respectivos. Es precisamente en el marco
de estas normativas donde deberán ser desarrolladas por la ley, el espacio en el cual se debe

garantizar los niveles de idoneidad tanto profesional como ético de las personas que ingresen
en la Administración Pública. El principal freno a las conductas contrarias a la legalidad y a la
moral pública depende, en buena parte, de las políticas de ingreso, permanencia y ascenso en
la carrera administrativa.
Contrario a los hábitos organizacionales generados por el clientelismo político, se establece el
deber de los funcionarios o funcionarias públicas de servir al Estado, y por ende al ciudadano, y
no a parcialidad alguna. Como complemento se establece que el nombramiento y remoción no
podrán vincularse a la afiliación política. Tal aspecto se convierte en punto fundamental de este
proceso de refundación del Estado, ya que el mismo depende de una voluntad política firme
que convierta en realidad lo que hasta ahora ha sido una fantasía irrealizable. Evidentemente
por vía legal y reglamentaria se deben afinar los mecanismos para garantizar el fiel
cumplimiento de esta norma. Igualmente se prohíbe a quienes estén al servicio de los
municipios, estados, República o demás personas jurídicas estatales de derecho público o
privado la celebración de contratos con estas entidades, por si mismos o por interpósita
persona, salvo las excepciones legales.
Se establece como principio general que los cargos de la Administración Pública son de
carrera, salvo los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
contratados y los obreros, así como otros tipos que indique la Ley. Este aspecto del
establecimiento de la carrera administrativa, constituye un pilar necesario para poder sustentar
el edificio de una Administración Pública moderna, dinámica y eficiente. La depuración de la
función pública, el rescate de la imagen del Estado, requiere de un compromiso ineludible con
la satisfacción de esta exigencia que la sociedad ha expresado reiteradamente.
En este mismo contexto el ingreso a la carrera administrativa será exclusivamente por concurso
público que garantice la selección de los mejores, tanto en el aspecto ético como en el de la
preparación técnica y profesional. Por ello dicho concurso se sujeta a los principios de
honestidad, idoneidad y eficiencia. En adelante, no se podrá acceder a la carrera administrativa
por designaciones o contrataciones que obvien este mecanismo de selección objetivo, ni se
podrá adquirir estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejercicio de algún cargo de carrera.
Sólo el concurso público dará acceso a la carrera administrativa y a la consecuente estabilidad
del funcionario.
Igualmente, para el ascenso se someterá a un sistema de evaluación que reporte una
calificación de méritos de los funcionarios públicos en forma periódica. Ello implica una
evaluación objetiva de la gestión personal de los funcionarios y un programa de formación y
capacitación al cual se deberán someter. De esta forma el ascenso debe encontrarse vinculado
a la eficiencia, disciplina y desarrollo de los conocimientos, destrezas y habilidades del
funcionario.
De otra parte, la permanencia del funcionario en la carrera administrativa tiene que estar
relacionada con un resultado positivo de la evaluación de su desempeño. Esta evaluación debe
ser objetiva y periódica. De esta forma se potencia el esfuerzo del funcionario por mejorar su
gestión, y en ese sentido gozará de estabilidad, ascenderá y obtendrá mayores beneficios
laborales. Por el contrario, si el resultado de la evaluación del desempeño del funcionario es
negativa, el funcionario será removido de la función pública.
Tales principios deben ser desarrollados por vía legal de manera de restringir la
discrecionalidad en la toma de decisiones relacionadas con estos aspectos, estableciendo las
exigencias para poder optar a dichos concursos y así poder ascender en la carrera
administrativa. Correlativo a ello deberá avanzarse hacia la conformación de instancias
estatales que contribuyan a la formación y actualización permanente del funcionario público.
La ocupación de cargos públicos remunerados requiere como exigencia indispensable la
previsión presupuestaria respectiva. Por vía reglamentaria y según la ley, se establecerán las
escalas de salarios, pudiendo establecerse los límites razonables a las remuneraciones en las
diferentes ramas del Poder Público municipal, estadal o nacional. Igualmente, por ley nacional

se establecerá el régimen de jubilaciones y prestaciones a todos los niveles. El objetivo de esta
norma es mantener dentro de los parámetros razonables y en el contexto de la situación
económica del país los niveles de las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Para evitar las irregularidades que se han cometido continuamente en desmedro de la
eficiencia y de la eficacia de la Administración Pública, se prohíbe expresamente desempeñar
más de un destino público remunerado, salvo las excepciones de cargos académicos,
accidentales, asistenciales o docentes según la ley. Para darle eficacia a este dispositivo se
requiere la existencia de archivos confiables y actualizados que impidan la recurrencia en este
vicio que constituye un verdadero fraude al interés colectivo. Igualmente se consagra la
prohibición del disfrute de más de una jubilación o pensión, salvo las excepciones legales.
Como exigencia indispensable para la aceptación de cargos, honores o recompensas de
gobiernos extranjeros se requiere la autorización de la Asamblea Nacional.
Sección Cuarta
De los Contratos de Interés Público
En materia de contratos de interés público se mantiene, en general, la regulación constitucional
existente, aunque se mejora su redacción. Se prevé, así, como regla general que los contratos
de interés público nacional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional en los casos que
determine la ley. No obstante, se establece con carácter preceptivo esta aprobación en los
supuestos de contratos de interés público nacional, estadal o municipal si los mismos
pretenden celebrarse con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no
domiciliadas en Venezuela.
Por otra parte, se conserva como regla general el sometimiento de dichos contratos a las leyes
y a la jurisdicción venezolana. Sin embargo, por vía de excepción, en los casos en que la
naturaleza del negocio así lo permita, determinadas controversias del contrato podrán
someterse a otra
Jurisdicción.
Sección Quinta
De las Relaciones Internacionales
En la Constitución las relaciones internacionales de la República responden a los fines del
Estado en el ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. En esta sección se
establecen los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no
intervención, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los
derechos humanos, solidaridad entre los pueblos. Además de la defensa de estos principios, la
Constitución impone a la República la práctica democrática en la participación y toma de
decisiones en el seno de organismos e instituciones internacionales.
Se promueve la integración latinoamericana y caribeña, la cual adquiere carácter constitucional
en la búsqueda de la creación de una Comunidad de Naciones. A tales fines; se permite la
suscripción y ratificación de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, en el marco de
procesos de integración que tengan carácter supranacional. Como consecuencia de ello, las
decisiones que adopten los órganos supranacionales que surjan de los procesos de
integración, son de aplicación directa e inmediata en Venezuela.
En todo caso, el reconocimiento y fortalecimiento que la Constitución ofrece a los procesos de
integración con carácter supranacional, ha tenido entre otros objetivos, darle un marco
constitucional sólido a los procesos de integración de los cuales Venezuela es parte, así como
reconocer la validez de todos los tratados que han sido suscritos y ratificados por Venezuela en
dicho proceso, y de todas las decisiones o directivas dictadas hasta la entrada en vigencia de
la nueva Constitución, por los órganos supranacionales de la Comunidad Andina.

Capítulo II
De la Competencia del Poder Público Nacional
En esta Constitución se actualizan las competencias del Poder Nacional, incorporando
materias nuevas tales como la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos
estadales o municipales; la creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios
rurales, así como transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponderá a los
municipios; la administración del espectro electromagnético; el régimen general de los servicios
públicos domiciliarios; el manejo de la política de fronteras; la legislación en materia de pueblos
indígenas y territorios por ellos ocupados; así como la organización y funcionamiento de los
órganos del poder Público Nacional y demás órganos e instituciones del Estado.
A continuación se incluye una declaración general sobre la valoración del concepto de
descentralización, como lineamiento estratégico de la política de desarrollo, no sólo a los fines
de la democratización de lo público sino también como elemento decisivo para promover la
efectividad y eficiencia de los cometidos estatales.
Capítulo III
Del Poder Público Estadal
Comienza con la caracterización de los estados como entidades autónomas e iguales en lo
político, con el atributo de personalidad jurídica plena, haciendo mención expresa del
compromiso de mantener la integridad nacional y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes de la República, que es la esencia del pacto federal.
Se definen los órganos superiores de las entidades estadales, a saber, el gobernador y el
Consejo Legislativo, con las funciones de gobierno y administración el primero, y de legislación
y de deliberación política el segundo. Se señalan los requisitos del cargo y el período de
duración del mandato del gobernador, además de la obligación de rendición de cuenta ante el
Contralor del Estado y la presentación de un informe del mismo ante el Consejo Legislativo y el
Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
En el caso de la rama legislativa y deliberante de los estados, se define su órgano que es el
Consejo Legislativo, su conformación, sus atribuciones y los requisitos para ser integrante del
Consejo Legislativo.
Se establece la existencia en cada Estado de una Contraloría que gozará de autonomía
orgánica y funcional.
En la distribución de competencias que corresponden a la Constitución se definen en este
capítulo la competencia exclusiva de los estados, manteniéndose y ampliándose las previstas
en la Ley Orgánica de Descentralización. En cuanto a las competencias concurrentes se
adopta la experiencia del Derecho Comparado en materia de descentralización y se asume que
las leyes nacionales tienen la naturaleza de leyes bases, en la que se establecen conceptos
generales, básicos y orientadores; y las leyes estadales son leyes de desarrollo de esos
principios básicos, lo que permitirá mejores condiciones para la delimitación de competencias.
Se prevé la creación en cada estado de un Consejo de Planificación y Coordinación de
Políticas Públicas, dejando su organización y funcionamiento a lo que determine la ley.
Se definen los ingresos de los estados dentro de una visión integral de la materia hacendística
pública, con especial atención al problema del financiamiento de las autonomías territoriales.
Todo ello en un esfuerzo de armonización de las distintas potestades fiscales, para el
desarrollo de estados y municipios.

Capítulo IV
Del Poder Público Municipal
Se inicia con una norma de caracterización del Municipio, en la cual se incluye el
reconocimiento expreso de la autonomía municipal con la definición del contenido mínimo que
corresponde a esa cualidad esencial, así como la garantía, jurisdiccional de la misma. Se
incorpora una declaración general sobre la participación como elemento consustancial con la
naturaleza del gobierno y la administración municipal.
Se estableció la remisión a la legislación, de la materia correspondiente al desarrollo de los
principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales, imponiéndose
a tal efecto, la necesidad de partir de la diversidad municipal de modo imperativo y no como
una simple orientación al legislador, abarcando no sólo la organización municipal propiamente
tal, sino también en lo que respecta a sus competencias y recursos. Se enfatiza la necesidad
de que dicha legislación establecerá opciones para la organización de gobierno y
administración de los municipios indígenas.
Se ha previsto la posibilidad de que los municipios se asocien en mancomunidades, así como
la creación de modalidades asociativas intergubernamentales.
Se prevé la organización de los municipios en distritos metropolitanos mediante ley, lo que
permite el diseño de un régimen más auténtico para la organización distrital que no debe
quedar constreñido a una forzada reproducción a escala de la organización municipal.
Se propone una habilitación general al legislador para crear condiciones de elegibilidad,
prohibiciones y causales de inhibición para la postulación y ejercicio de las funciones de
alcaldes y concejales.
Respecto a los ingresos, se consagran y caracterizan en la Constitución los ramos de ingresos,
incluyendo aquéllos de naturaleza tributaria que corresponden al municipio de manera
irrestricta, dejando abierta la posibilidad de que por vía del desarrollo legislativo puedan ser
creados otros impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Además del enunciado del sistema de ingresos se consagra que la potestad tributaria de los
municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución a las
leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal. Asimismo, se establecen que las inmunidades
frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes politicoterritoriales,
se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios
ni a otros contratistas.
Se ha incluido una norma que establece la presunción del carácter de ejidos de los terrenos
ubicados en el área urbana de los Municipios, sin menoscabo de legítimos y menores títulos de
terceras personas, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras
baldías ubicadas en el área urbana, dejándoles la excepción para las tierras correspondientes
a las comunidades y pueblos indígenas.
Se ha incorporado la creación del Consejo Local de Planificación Pública que tiene por objeto
la planificación, coordinación y cooperación en la definición y ejecución de las políticas
públicas.
Se incluye una norma que consagra la creación mediante ley, de los mecanismos necesarios
para que los estados y municipios formalicen el compromiso de descentralización hacia las
comunidades y grupos vecinales, organizando los servicios que éstos gestionen previa
demostración de su capacidad.

Capítulo V
Del Consejo Federal de Gobierno
Como órgano constitucional de carácter interterritorial se crea el Consejo Federal de Gobierno,
reflejo en el plano de la organización del Estado de los principios de integridad territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y responsabilidad, sancionados en el Título I de la
Constitución relativo a los Principios Fundamentales. Es, pues, un órgano producto de la fase
más avanzada del federalismo, el federalismo cooperativo, superación histórica de lo que ha
sido denominado federalismo dual que entendía al Estado como producto de un pacto entre los
distintos entes politicoterritoriales los cuales tendrían una esfera de soberanía no delegada a la
Unión y, en principio, intangible a la acción del Poder Federal.
Las funciones de este Consejo Federal de Gobierno serán básicamente las de planificar y
coordinar horizontalmente las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de
descentralización y la administración del Fondo de Compensación Interterritorial destinado al
financiamiento de inversiones públicas con el fin de promover el desarrollo equilibrado de las
regiones de menor desarrollo relativo.
En fin, es clara la superación que representa esta figura organizativa con respecto a la
Convención de Gobernadores, único mecanismo cooperativo previsto en la Constitución
precedente de 1961.
TÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL
Capítulo I
Del Poder Legislativo Nacional
Sección Primera
El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una Asamblea Nacional cuya estructura
unicameral responde al propósito de simplificar el procedimiento de formación de las leyes;
reducir los costos de funcionamiento del parlamento, erradicar la duplicación de órganos de
administración y control y la duplicación de comisiones permanentes, entre otras cosas.
Los diputados que integran la Asamblea Nacional son elegidos, en cada entidad federal, según
una base poblacional de uno coma uno por ciento de la población total del país; además,
corresponderán tres diputados por cada entidad federal y habrá tres diputados en
representación de los pueblos indígenas. El período de duración del mandato es de cinco años,
pudiendo ser reelegidos hasta por dos periodos consecutivos como máximo. De acuerdo con lo
expuesto, el número de diputados de la Asamblea Nacional sólo aumentará o disminuirá en la
misma medida en que aumente o disminuya la población, en una o varias entidades federales.
Con esta forma de integración y con la estructura unicameral del órgano legislativo nacional
desaparecen los llamados diputados adicionales; además, en virtud de la eliminación del
Senado, desaparece la figura del senador vitalicio.
La representación parlamentaria, de acuerdo con el artículo 186 del texto constitucional reviste
un doble carácter. El diputado es, al mismo tiempo, representante de la entidad federal y
representante popular, lo cual reafirma el artículo 201 al expresar que los diputados son
representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto.
Ese doble carácter de la representación parlamentaria exige de los candidatos haber residido
en la entidad federal en la cual aspiran ser elegidos, por lo menos, durante los cuatro años
anteriores a la fecha de la elección. Este requisito de elegibilidad unido a la obligación de la

Asamblea Nacional de consultar a los Estados cuando ella trate de materias relativas a los
mismos, al derecho de palabra a los Estados en el proceso de formación de las leyes relativas
a ellos y la iniciativa legislativa por parte de los Consejos Legislativos de los Estados, son
complementos tanto del carácter federal de la representación parlamentaria como del
contenido federal del Estado venezolano.
Por otra parte, el texto constitucional consagra los principios de la personalización de las
elecciones y el de la representación proporcional, dejando a la ley la tarea de garantizar la
presencia de estos principios que constituyen parte sustancial del sistema democrático.
Respecto a las condiciones de inelegibilidad de los diputados, se obliga a la separación
absoluta de sus cargos a los aspirantes, por lo menos tres meses antes de las elecciones, en
los casos expresamente señalados, sin perjuicio de los que por ley puedan establecerse.
Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano legislativo en un
sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario, como el nuestro. Destacan la
función legislativa, la función de control político sobre la Administración Pública Nacional y
sobre el Gobierno, las autorizaciones y, en particular, los mecanismos de control del órgano
legislativo sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al Vicepresidente y a los
Ministros, cuyo procedimiento es especial y requiere de votación calificada. Otros mecanismos
de control son las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las
aprobaciones. La Asamblea Nacional podrá declarar la responsabilidad política de los
funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones para hacerla
efectiva. Los funcionarios públicos están obligados a asistir a las comisiones y a suministrar las
informaciones y documentos que éstas requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta
obligación incumbe también a los particulares, sin perjuicio de los derechos y garantías que la
Constitución consagra. El valor probatorio de los resultados obtenidos en ejercicio de esta
función será establecido de conformidad con la ley.
El voto de censura, dado por las tres quintas partes de los diputados, da lugar a la remoción del
Vicepresidente o de los Ministros, según sea el caso. En el caso de la remoción del
Vicepresidente, en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, la
Constitución faculta al Presidente de la República, como un mecanismo de equilibrio
democrático, para disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas dentro
de los sesenta días siguientes a la disolución para elegir una nueva legislatura, todo lo cual se
hará mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros. No podrá disolverse la Asamblea
Nacional en el último año de su período constitucional.
La Asamblea promoverá la organización y la participación ciudadana en los asuntos de su
competencia y tendrá iniciativa en materia de leyes, enmienda, reforma y Asamblea
Constituyente.
En lo relativo a la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, el número de
comisiones queda limitado a quince, aun cuando mediante votación calificada de las dos
terceras partes de los diputados se pueda disminuir o aumentar su número. Igualmente se
definen las figuras del Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario y un Subsecretario de la
Asamblea Nacional, remitiéndose al reglamento las formas de resolver las faltas temporales y
absolutas de estos cargos.
La Comisión Delegada se integra con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los
Presidentes de las Comisiones Permanentes atendiéndose al criterio del conocimiento en una
determinada materia que corresponde a sus integrantes.
En cuanto al control sobre los diputados, se busca el ejercicio efectivo y eficiente de la función
parlamentaria, al tiempo que obliga a la vinculación con las entidades federales y el pueblo. El
Estado requiere un desarrollo legislativo acorde con los cambios del país y un eficiente control
sobre la Administración Pública y el Gobierno. De allí que el ejercicio de la función
parlamentaria sea a dedicación exclusiva, salvo las excepciones establecidas. Los diputados

están obligados a mantener vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus
opiniones y sugerencias, informándolos acerca de su gestión y la de la Asamblea; que rindan
cuenta anualmente de la gestión y que estén sometidos al referendo revocatorio del mandato,
con la consecuencia inmediata, en caso de producirse, de no poder ejercer cargos de elección
popular dentro del período siguiente.
Un elemento imprescindible para el logro de lo señalado es asegurarle al diputado una
retribución económica que asegure su independencia, sin que su condición de parlamentario
implique privilegios personales ni abuso de las prerrogativas garantizadas por la Constitución ni
la percepción de beneficios económicos indebidos.
Se consagra la inmunidad parlamentaria como una garantía del ejercicio autónomo de las
funciones legislativas respecto de los otros poderes y como garantía para el mejor y efectivo
cumplimiento de la función parlamentaria. Sin embargo, la inmunidad sólo está referida al
ejercicio de las funciones parlamentarias desde el momento de la proclamación por parte del
órgano electoral competente hasta la conclusión del mandato. Su desconocimiento por parte de
los funcionarios públicos ocasiona sanciones de naturaleza penal que el legislador deberá
establecer en la ley correspondiente.
En cuanto a los presuntos delitos cometidos por los diputados, conocerá el Tribunal Supremo
de Justicia en forma privativa, siendo la única autoridad que, previa autorización de la
Asamblea Nacional, podrá ordenar la detención o continuar el enjuiciamiento, según sea el
caso. En caso de delito flagrante cometido por algún diputado, la autoridad competente pondrá
a éste bajo custodia en su residencia y comunicará de manera inmediata el hecho al Tribunal
Supremo de Justicia.
El texto constitucional incorpora un conjunto de cambios en cuanto a la definición de la ley y en
cuanto a las leyes orgánicas. La ley es todo acto sancionado por la Asamblea Nacional como
cuerpo legislador, entendiéndose que para ello deberá seguirse el procedimiento que el propio
texto constitucional establece.
Por otra parte, la Constitución establece cinco tipos de leyes orgánicas: las que ella misma
denomina como tales, las que se dicten para organizar los poderes públicos, las que se dicten
para desarrollar derechos constitucionales, las que sirvan de marco normativo a otras leyes y
las que hayan sido calificadas como tales por la Asamblea Nacional, en cuyo caso éstas
habrán de ser remitidas a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, para que se pronuncie
acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, esto con el propósito de evitar el uso
indiscriminado de tal denominación.
En cuanto a la iniciativa legislativa se incorporan al texto constitucional tres nuevos elementos
de iniciativa, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Consejo Legislativo Estadal, cuando
se trate de leyes relativas a los Estados. Se destaca la obligatoriedad de la Asamblea Nacional
de discutir los proyectos de ley presentados por iniciativa ciudadana y el sometimiento de
dichos proyectos a referendo aprobatorio, cuando no fuere discutido por la Asamblea.
En la etapa de discusión y aprobación de los proyectos de ley, se introduce la obligación de
abrir procesos de consulta a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad
organizada. Cada proyecto de ley recibirá dos discusiones en el seno de la Asamblea, en días
diferentes, no consecutivos. La primera discusión versará sobre la exposición de motivos y la
pertinencia del proyecto de ley, leyéndose el articulado en conjunto, mientras que la segunda
se realizará artículo por artículo.
Capítulo II
Del poder Ejecutivo Nacional
La Constitución eleva el periodo presidencial a seis años debido a la modificación del sistema

de controles político sociales sobre el Ejecutivo Nacional. Y, como una innovación
estructuralmente importante, desde el punto de vista de la legitimidad y responsabilidad del
Presidente en el ejercicio del Ejecutivo Nacional, se permite su reelección inmediata por una
sola vez para un nuevo período.
Esta nueva regulación constitucional evita la irresponsabilidad política de los Presidentes que
caracterizó el período republicano que culmina con la aprobación de la nueva Constitución. De
esta manera, quién sea titular de la Presidencia puede ser evaluado políticamente por su
gestión en dos oportunidades: la primera, cumplida más de la mitad del período presidencial de
seis años, por la solicitud del veinte por ciento o más de los electores para efectuar un
referendo revocatorio del mandato; y la segunda, por la postulación del Presidente a la
reelección popular para un segundo mandato. En ambos casos, el pueblo determina la suerte
del Presidente, confirmando su confianza para que se mantenga en el cargo, o retirándole su
apoyo, con la consecuencia de su retiro forzado. En realidad, es un medio de profundización de
la democracia mediante dos mecanismos de control social sobre la gestión del Estado que se
particularizan en la sujeción del Presidente a la voluntad popular.
Una de las innovaciones más importantes del texto constitucional consiste en la sustancial
modificación del sistema de gobierno, al incorporar un diseño de sistema semipresidencial que
se puede calificar como flexible.
Este nuevo arreglo institucional se sustenta en dos importantes orientaciones: la primera, la
distinción y separación orgánica flexible entre las funciones de jefatura de Estado y de jefatura
de gobierno; y la segunda, el establecimiento de una nueva relación entre el Poder Legislativo
y el Poder Ejecutivo a manera de sistema de controles y equilibrios de poder.
La ingeniería constitucional del nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible se
sustenta en la creación de la figura del Vicepresidente Ejecutivo. Esta nueva institución, a
pesar de su denominación de Vicepresidente, es mucho más que la tradicional figura
vicepresidencial que acostumbran los sistemas de gobierno americanos. En propiedad, el
Vicepresidente que contempla la Constitución no es el típico cargo que tiene la función de
resolver la sucesión presidencial por la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la
República. Más que ello, el Vicepresidente es una institución que comparte con el Presidente el
ejercicio de su jefatura de gobierno y responde políticamente por la gestión general del
gobierno frente al Parlamento.
Las funciones otorgadas por la Constitución al Vicepresidente de la República son esenciales
para el normal desenvolvimiento del Ejecutivo Nacional y de las relaciones entre éste y la
Asamblea Nacional. La primera de ellas se refiere a la colaboración con el Presidente en la
dirección de la acción del Gobierno y, como competencia que le es propia, la coordinación de la
Administración Pública Nacional con las instrucciones que le imparta el Presidente. Esta
función consagra a la Vicepresidencia en el medio fundamental de apoyo del Presidente y la
convierte en una instancia de dirección y coordinación sobre la Administración Pública Nacional
que supone, con la competencia de proponer el nombramiento y remoción de los Ministros, una
jerarquía directa sobre estos y sobre las demás autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En
tal sentido, la Vicepresidencia es el órgano natural de rectoría del sistema de registro,
seguimiento y control de las decisiones presidenciales, se produzcan éstas por cuentas
ministeriales o en Consejo de Ministros, y de los sistemas de seguimiento, evaluación y control
de las políticas públicas sectoriales.
La segunda función del Vicepresidente corresponde a sus facultades para dirigir y coordinar el
proceso descentralizador; para armonizar los intereses nacionales, estadales y municipales; y,
para garantizar el debido equilibrio en el desarrollo económico social de las regiones. Estas
facultades las ejerce el Vicepresidente de la República a través de la Presidencia del Consejo
Federal de Gobierno, al cual se adscribe el Fondo de Compensación Interterritorial. La creación
de este Fondo conlleva a la transformación del actual Fondo Intergubernamental para la
Descentralización. De esta manera, el Vicepresidente es un doble instrumento o instancia para
la coordinación, una coordinación horizontal del Gobierno Nacional y otra vertical entre los

gobiernos territoriales.
La tercera función consiste en la asesoría que requiere el Presidente de la República como
Jefe de Estado, para la formación de las políticas de Estado de largo alcance en el tiempo.
Esta función la ejerce el Vicepresidente al presidir el Consejo de Estado que crea la
Constitución. Este Consejo se encuentra, además, integrado por representantes de la
Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y de los gobernadores de los estados,
convirtiéndolo en una instancia de confluencia de Poderes para el acuerdo de políticas de
Estado.
La cuarta función del Vicepresidente es la que lo encarga de las relaciones entre el Ejecutivo
Nacional y la Asamblea Nacional. Función que convierte al Vicepresidente en el natural vocero
del Gobierno ante la Asamblea Nacional.
Son estas funciones, más las atribuciones que el Presidente le puede delegar, las que
convierten al Vicepresidente en un órgano fundamental para el funcionamiento del Estado, con
poder suficiente para la coordinación interna del Poder Ejecutivo Nacional y la coordinación con
los otros Poderes del Estado venezolano. El calificar el sistema presidencial como flexible se
debe a que las atribuciones del Vicepresidente serán aún mayores en tanto el Presidente de la
República le delegue sus propias atribuciones.
Por esta particular suma de funciones el Vicepresidente, como ejecutor de atribuciones de la
jefatura de gobierno, es sujetado por el control político de la Asamblea Nacional, como
corresponde a un sistema de gobierno semipresidencial. Esta relación entre la Asamblea
Nacional y el Vicepresidente se ha consagrado para permitir un clima de mayor comunicación
entre el Legislativo y el Ejecutivo, que posibilite el acuerdo consensuado de políticas públicas y
la colaboración general de los Poderes en el cumplimiento de los fines y propósitos del Estado.
Una acción de gobierno que no cuente con cierto aval del Legislativo conllevaría, en algún
momento, a la posibilidad de que la Asamblea Nacional aprobara un voto de censura sobre el
Vicepresidente con el cual quedaría automáticamente removido de su cargo. Pero, como
equilibrio de este poder de control político de la Asamblea Nacional y para que la remoción
constante de Vicepresidentes no se convierta en una práctica obstruccionista, la Constitución
sabiamente consagra la facultad del Presidente de convocar a elecciones anticipadas de la
Asamblea Nacional cuando ésta remueva por tercera vez un Vicepresidente dentro de un
período presidencial de seis años. Esta facultad es de ejercicio discrecional por el Presidente.
Este doble control entre el Legislativo y el Ejecutivo constituye un sistema de equilibrio del
poder que permite, además, las salidas institucionales a las crisis políticas o crisis de gobierno,
incrementando el nivel de gobernabilidad de la democracia. Así se posibilita un rango de
estabilidad político institucional para la democracia y se evitan las salidas extrainstitucionales.
En cuanto se refiere a la protección de los derechos de la persona humana, la Constitución
regula adecuadamente el principio de responsabilidad en el ejercicio del Poder Público, al
establecer que la declaración de los estados de excepción no eximen de responsabilidad al
Presidente de la República, al Vicepresidente Ejecutivo o a los Ministros.
La sección primera de este Capítulo II es nítida en lo referente a las faltas absolutas o
temporales del Presidente de la República. En este sentido, adquiere un rol de particular
importancia el Vicepresidente Ejecutivo de la República, al ser el suplente formal del Presidente
de la República en las diferentes hipótesis de faltas tanto absolutas como temporales que
contempla el texto constitucional.
La Sección Segunda detalla las competencias del Presidente de la República. En este sentido
hay aspectos a resaltar que significan una mayor flexibilidad en el manejo de los asuntos
públicos y una conducción más operativa de la Administración Pública por parte del Presidente
de la República. Así, y siguiendo la tendencia del derecho comparado, se le permite al
Presidente fijar el número, denominación, competencia y organización de los ministerios y otros

organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y
funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por
la correspondiente ley orgánica. Con esto se permite agilizar los trámites para hacer efectivas
las exigencias de adaptabilidad de las estructuras administrativas, convirtiéndose el Presidente
en el verdadero rector de la Administración Pública Nacional.
Finaliza el Capítulo del Poder Ejecutivo Nacional creando la institución del Consejo de Estado
que, en el derecho comparado, como nos lo demuestran las experiencias francesa y
colombiana, ha marcado, con estructura y funciones análogas, pauta en la profesionalización
del ejercicio del Poder Público. En Venezuela será un órgano superior de consulta del Gobierno
y la Administración Pública Nacional que recomendará políticas de interés nacional en aquellos
asuntos que el Presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran su
opinión.
Queda así estructurado un Poder Ejecutivo Nacional moderno, dinámico, profesional, sujeto a
controles políticos y al mismo tiempo generador de dinámicas políticas novedosas. Se trata de
un capítulo que abre a Venezuela las puertas de una modificación profunda de sus
instituciones políticas.
Capítulo III
Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia
El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por la Constitución, al
implicar fundamentalmente, división de los poderes del Estado, imperio de la Constitución y las
leyes como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva, de los derechos
humanos y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que,
institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan la potestad constitucional que
les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular,
someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlar la
legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituyen el Poder Judicial y el Sistema
de Justicia que se consagra en el Capítulo III del Título V de la Constitución, configurándolo
como uno de los poderes del Estado.
En el referido Capítulo, la Constitución, con fundamento en el principio de soberanía, declara
que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la
República y por autoridad de la ley.
Sobre esta base, el texto constitucional constituye el sistema de justicia integrado por el
Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público,
la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de
justicia, el sistema penitenciario y los abogados autorizados para el ejercicio.
Por otra parte, se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para la resolución
de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto
de que el Estado los fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido
puedan desarrollar las academias, universidades; cámaras de comercio y la sociedad civil en
general.
Asimismo, siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado
aunque sólo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, la ejecución
forzosa de las sentencias, la Constitución incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos que
participan en el ejercicio de la función jurisdiccional integrando jurados o cualquier otro
mecanismo que la ley prevea.

Además, como consecuencia del principio y derecho a la justicia gratuita consagrado en el
texto constitucional, se establece que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas,
aranceles, ni para exigir pago alguno por sus servicios.
El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces será por concursos de oposición
públicos, que aseguren la idoneidad, capacidad y probidad de los jueces designados. En tal
virtud, todos los cargos de jueces o magistrados de tribunales o cortes, unipersonales o
colegiados, distintos al Tribunal Supremo de Justicia, deberán ser designados mediante
concurso público de oposición.
Se prevé que la ley regule lo referente a la capacitación y especialización de los jueces con la
participación de las universidades, las cuales deberán organizar estudios universitarios al nivel
de postgrado en el área de derecho, dirigidas a la especialización en la rama judicial.
La jurisdicción penal militar será integrante del Poder Judicial y sus jueces serán seleccionados
por concurso. La competencia de los tribunales militares se limita a la materia estrictamente
militar. En todo caso, los delitos comunes, violaciones de los derechos humanos o crímenes de
lesa humanidad, serán procesados y juzgados por los tribunales ordinarios, sin excepción
alguna.
Se constituye el Tribunal Supremo de Justicia como el máximo tribunal de la República y rector
del Poder Judicial, el cual estará integrado por las Salas Constitucional, Político administrativa,
Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social.
Los Magistrados del Tribunal Supremo durarán en ejercicio de sus funciones doce años, no
pudiendo ser reelectos. A los efectos de su elección se prevé la postulación correspondiente
ante el Comité de Postulaciones Judiciales y un procedimiento especial que tiene por objeto
una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos. Será en
definitiva la Asamblea Nacional la encargada de elegir a los Magistrados.
Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia; a través de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, el Gobierno y Administración del Poder Judicial, así como todo lo relacionado con
la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y la elaboración y ejecución del
presupuesto del Poder Judicial.
Capítulo IV
Del Poder Ciudadano
Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador Simón Bolívar, la Constitución
rompe con la clásica división de los poderes públicos y crea los Poderes Ciudadano y Electoral.
El primero de ellos se inspira, en parte, en el Poder Moral propuesto por el Libertador en su
Proyecto de Constitución presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. El
Poder Electoral por su parte, encuentra su inspiración en el Proyecto de Constitución que el
Libertador redactó para Bolivia en 1826.
El Libertador concibió el Poder Moral como la institución que tendría a su cargo la conciencia
nacional, velando por la formación de ciudadanos a fin de que pudiera purificarse “lo que se
haya corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la
patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos”. Con ello Simón Bolívar quería fundar una
República con base en un pueblo que amara a la patria, a las leyes, a los magistrados, porque
esas "son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano".
El Poder Moral del Libertador tenía entre sus misiones velar por la educación de los
ciudadanos en cuyo proceso se debía sembrar el respeto y el amor a la Constitución; a las
instituciones republicanas, sobre la base de que "si no hay un respeto sagrado por la patria, por
las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo".

Inspirada en esas ideas y adaptándolas a nuestro tiempo, la Constitución crea el Poder
Ciudadano, el cual se ejercerá por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del
Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República.
El Poder Ciudadano es independiente de los demás poderes públicos y sus órganos gozan de
autonomía funcional, financiera y administrativa. Para lo cual se les asignará una partida anual
variable dentro del presupuesto general del Estado.
En general, los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo la prevención,
investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral
administrativa. Además, deben velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del
patrimonio público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la
actividad administrativa del Estado. De igual forma, deben promover en el ámbito de sus
competencias, la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la
libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo, todo ello conforme a lo
establecido en la Constitución y en las leyes.
Recogiendo una institución que nace en los países escandinavos y que ha tenido auge en
Europa y en gran parte en América Latina, se crea la Defensoría del Pueblo como órgano del
Consejo Moral Republicano que tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre
derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo representa la institución del Poder Público mas vinculada y cercana a
los ciudadanos, cuyas funciones son esenciales para controlar los excesos del poder y
garantizar que el sistema democrático no sólo sea una proyección constitucional, sino una
forma de vida en sociedad con eficacia y realidad concreta, donde los derechos e intereses de
los ciudadanos sean respetados.
Se atribuyen al Defensor del Pueblo las más amplias funciones y competencias en las materias
antes señaladas, tales como velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos
consagrados en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales
sobre derechos humanos ratificados por la República.
Al Ministerio Público se le atribuyen todas aquellas funciones necesarias para el cumplimiento
de los fines que debe gestionar ante la Administración de justicia, tales como garantizar en los
procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, garantizar la
celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
La Contraloría General de la República, por su parte, será el órgano de control, vigilancia y
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a
los mismos, para lo cual le otorga las más amplias competencias. Se prevé un sistema nacional
de control fiscal, el cual será desarrollado por la ley.
Capítulo V
Del Poder Electoral
Como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a
una democracia participativa y protagónica, se crea una nueva rama del Poder Público, el
Poder Electoral, ejercido por órgano del Consejo Nacional Electoral que tiene por objeto regular
el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento del
nuevo ideal u objetivo democrático. Una nueva cultura electoral cimentada sobre la
participación ciudadana.
Para dimensionar su contenido es necesario integrar las disposiciones en este Capítulo V del
Título V con las establecidas en el Capítulo IV de los Derechos Políticos y del Referendo
Popular perteneciente al Título III del nuevo texto constitucional.

El nuevo esquema conlleva una modificación sustancial en la práctica electoral sobre la cual se
edificó el anterior modelo, desde la concepción del sufragio como derecho, hasta la
consagración de nuevas formas de participación que trascienden con creces a la simple
formulación de propuestas comiciales. Se expresa esta nueva concepción a través de la
implementación de instituciones políticas como la elección de cargos públicos, el referendo, la
consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y
constituyente; el cabildo abierto y las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas, cuyas
decisiones revisten el carácter de vinculante, entre otros. Son éstos, entonces, los novedosos
medios que le garantizan al pueblo la participación y protagonismo en el ejercicio de su
soberanía.
En tal sentido, resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede participar en la
formación, ejecución y control de la gestión pública, pues ella no se limita a la intermediación
de los partidos políticos, sino que puede hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al
concepto de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto
constitucional.
En general, se atribuye al Poder Electoral la facultad atinente a la constitución, renovación y
cancelación de asociaciones con fines políticos, lo que viene relacionado con el origen o
nacimiento de dichas organizaciones al mismo tiempo que con su funcionamiento y desarrollo,
el cual se sujeta al estricto respeto de los mecanismos de consulta democrática y participativa
consagrados en la Constitución, a los cuales deben igualmente sujetarse los estatutos que
regulen la vida de estas instituciones.
Como principios que debe desarrollar y garantizar la legislación en materia electoral se
encuentran la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos
electorales, así como la aplicación de la personalización y la representación proporcional en las
elecciones. Estos principios constituyen atributos o cualidades que deben conformar los nuevos
sistemas electorales que se adopten y, en tal sentido deben ser asumidos como elementos
diferenciadores de los que constituyen las bases de integración de los distintos cargos de
elección popular, la que referida fundamentalmente a la Asamblea Nacional está integrada por
tres condicionantes a saber: la base poblacional, la representación federativa de cada entidad y
la representación de las minorías, en nuestro caso los pueblos indígenas. Se adopta de esta
manera un criterio de integración cerrado conformado por un número fijo de representantes
cuya modificación sólo vendría dada por el incremento de la base poblacional; tal es la
interpretación que se deriva de la disposición contenida en el artículo 186, propia de la
concepción unicameral que para el Poder Legislativo Nacional preceptúa el texto constitucional,
convertido en virtud de la disposición en un claustro legislativo.
Especial mención, en la consagración de este nuevo poder, merece por su novedad la
integración del Registro Civil y Electoral, cuya organización, dirección y supervisión se atribuye
al Poder Electoral; busca esta fórmula la posibilidad de explotar el desarrollo de mecanismo
armónicos que permitan la conformación y depuración automática de un registro nacional como
base fundamental para garantizar la transparencia de dicha institución.
Así, como rama del Poder Público, el Poder Electoral se rige por los principios de
independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los
organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la
administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinio, para lo cual
se crea un Comité de Postulaciones Electorales integrado por representantes de diferentes
sectores de la sociedad, organismo que tendrá a su cargo hacer viables las elecciones de los
miembros del Consejo Nacional Electoral, que en un número de cinco, provienen tres de la
sociedad civil, uno de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades
Nacionales y uno del Poder Ciudadano.
Asimismo, el Poder Electoral asume no sólo las funciones que eran ejercidas por el anterior
Consejo Nacional Electoral, extendidas o ampliadas a la organización y realización de los actos
electorales destinados a la elección de cargos públicos, sino también las atinentes al régimen

refrendario, elecciones de sindicatos, gremios profesionales y asociaciones con fines políticos,
cuya regulación se remite a la Ley. Igualmente se establece la posibilidad de que el Poder
Electoral participe en la organización de procesos electorales de otras organizaciones de la
sociedad civil, previa solicitud de éstas con miras al desarrollo de vías o mecanismos de
autofinanciamiento.
En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos, omisiones, vías de
hecho emanados del Poder Electoral, a propósito de los procesos comiciales referidos, a su
funcionamiento, el nuevo texto constitucional creó la Jurisdicción Contencioso Electoral,
ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
TÍTULO VI
DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO
Capítulo I
Del Régimen Socioeconómico y de la Función del Estado en la Economía
El Título VI de la Constitución se refiere al sistema socioeconómico. El régimen
socioeconómico no se define de forma rígida, no obstante se consagran principios de justicia
social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente,
productividad y solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya
superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado, evitando una visión extrema y
excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de
una economía de respeto a la acción individual.
El Estado no está ausente, tiene un papel fundamental como regulador de la economía para
asegurar el desarrollo humano integral, defender el ambiente, promover la creación de valor
agregado nacional y de fuentes de trabajo, garantizando la seguridad jurídica para fomentar,
junto con la iniciativa privada, el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa
distribución de la riqueza. En suma, se plantea un equilibrio entre Estado y mercado en razón
de que el problema no es más Estado o menos Estado, sino un mejor Estado y el mercado no
es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; ese equilibrio
debe prevalecer entre productividad y solidaridad, entre eficiencia económica y justicia social,
dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés del colectivo.
El Estado debe orientar las políticas macroeconómicas y sectoriales para promover el
crecimiento y el bienestar. Se reconoce como esencial la acción reguladora del Estado para
establecer un marco normativo estable que brinde seguridad jurídica a la actividad económica,
postulando una economía abierta a las inversiones extranjeras y garantizando que éstas
estarán sujetas a las mismas condiciones de la inversión nacional.
Por conveniencia nacional el Estado queda facultado para reservarse determinadas actividades
económicas, de manera particular en el sector minero y petrolero. De forma transparente se
reconoce que el dominio sobre esas áreas puede hacerse de acuerdo con el sector privado,
dejando claramente establecido que el Estado puede entrar en convenios de asociación con el
sector privado para el desarrollo y la explotación de esas actividades. Se le otorga rango
constitucional a la nacionalización petrolera, pero al mismo tiempo establece la posibilidad de
continuar en convenios de asociación con el sector privado siempre y cuando sean de interés
para el país, y no desnaturalice el espíritu, propósito y razón de la nacionalización petrolera.
El Estado se compromete a ejercer acciones prioritarias en algunos sectores económicos para
darle dinamismo, sustentabilidad y equidad al desarrollo económico, tales como la actividad
agropecuaria, la pequeña y mediana industria, el turismo, el sector de cooperativas y demás
formas de la economía popular. La actividad de producción de alimentos queda establecida
como esencial para el país, consagrándose el principio de la seguridad alimentaria en función
del acceso oportuno y permanente de alimentos por parte de los consumidores.

Capítulo II
Del Régimen Fiscal y Monetario
Otra importante innovación del Texto Fundamental es la introducción de principios
constitucionales dirigidos a establecer como una obligación del Estado velar por la estabilidad
macroeconómica, promoviendo un ambiente propicio para el crecimiento y la generación de
bienestar para los ciudadanos.
La estabilidad macroeconómica se establece con base en tres principios fundamentales, a
saber: equilibrio fiscal y un nivel prudente de deuda pública; autonomía del Banco Central en el
cumplimiento de sus funciones, con un claro mecanismo de rendición de cuentas y
coordinación transparente de las políticas macroeconómicas.
Sección Primera
Del Régimen Presupuestario
El principio de equilibrio fiscal obliga que las finanzas públicas estén en orden, y en un plazo
razonable de tiempo los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios;
ese plazo razonable de tiempo estará definido de acuerdo con la ley, en el plazo del marco
plurianual del presupuesto. El equilibrio fiscal además debe ser consistente con un nivel
prudente de deuda, aspectos sobre los cuales deberá hacerse legislación específica.
Se establece un límite al endeudamiento de acuerdo con la ley. El Estado debe mantener un
nivel prudente de deuda pública acorde con el tamaño de la economía, la inversión productiva y
la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda.
Al establecer una regla de equilibrio presupuestario sostenible se dota a la política económica
de un efectivo antídoto contra el endeudamiento público descontrolado. En el marco plurianual
del presupuesto, que se fijará por ley, los ingresos ordinarios tienen que ser suficientes para
cubrir los gastos ordinarios, es decir el Estado no puede endeudarse para cubrir el servicio de
intereses de la deuda. Esta noción de equilibrio en el marco plurianual implica que es posible
tener déficit en uno o dos años y luego corregir el desequilibrio, de forma de compensar déficit
o superávit fiscales en el tiempo.
Se definen los plazos, reglas y facultades del Parlamento en la aprobación del presupuesto. En
cuanto a los créditos adicionales, se restringe la opción de tal mecanismo a la existencia
efectiva de recursos en tesorería, así se logra una disposición sana en el manejo
presupuestario para enfrentar situaciones imprevistas, sin introducir perturbaciones en la
disciplina fiscal, gracias a la presencia de una regla efectiva de equilibrio presupuestario, la
cual es una de las innovaciones más importantes de la Constitución.
Sección Segunda
Del Sistema Tributario
Se mantiene que en la Constitución sólo deben estar los principios básicos que definan y
regulen el sistema tributario. Este criterio de brevedad y sencillez coincide con recientes
Constituciones de América Latina.
El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad
económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como a la protección
de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población, y deberá sustentarse
para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Se establece que la
evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada
penalmente.

Como disposición transitoria se prevé que dentro de los dos años siguientes a la entrada en
vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional dicte una reforma del Código Orgánico
Tributario que contribuya a modernizar la administración tributaria, ampliando las facultades de
regulación, control y penalización del fraude fiscal.
Sección Tercera
Del Sistema Monetario Nacional
Se le da rango constitucional a la autonomía del Banco Central de Venezuela en el ejercicio de
sus funciones para alcanzar un objetivo único y exclusivo. Este se precisa como el de
estabilizar el nivel de precios para preservar el valor de la moneda. La autonomía del Banco
Central implica que la autoridad monetaria debe ser independiente del Gobierno y se prohíbe
constitucionalmente toda práctica que obligue al Banco Central a financiar o convalidar políticas
fiscales deficitarias. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no podrá
emitir dinero sin respaldo.
La autonomía también implica asumir responsabilidades ante la sociedad y exige establecer un
mecanismo de rendición de cuentas ante el Poder Nacional, en particular ante la Asamblea
Nacional como representación de la voluntad popular. Se establece que el incumplimiento del
objetivo, sin causa justificada, dará lugar a la remoción del directorio de acuerdo con la ley. Es
decir, todo lo relativo a las causas específicas y mecanismo preciso de remoción, se deja a la
legislación correspondiente.
Esto se complementa con la vigilancia y supervisión que deben establecer los organismos e
instancias competentes sobre la gestión del Banco Central de Venezuela, como la Contraloría
General de la República y el organismo público de supervisión bancaria. La labor de la
Contraloría se ceñirá al control posterior y tan sólo de la gestión administrativa, evaluando la
legalidad, eficiencia y oportunidad del gasto, referida ésta a la correcta ejecución temporal del
mismo en cada ejercicio.
El presupuesto de gastos de operación del Banco Central requerirá la aprobación de la
Asamblea Nacional. Este presupuesto está sólo referido a los gastos operativos, tanto
corrientes como de capital, así como a los gastos por acuñación y emisión de especies
monetarias, proyectos de inversión y otros gastos administrativos especiales. No se considera
sujeto al Parlamento lo relativo al presupuesto de política monetaria y a las inversiones
financieras del Banco Central.
En cuanto a la designación de las autoridades la Constitución remite el mecanismo a la ley, el
cual deberá contemplar un procedimiento público de evaluación de los méritos y credenciales
de los postulados a dichos cargos. La ley que regule el Banco Central de Venezuela deberá
atribuir al Poder Ejecutivo la designación del presidente del Banco Central de Venezuela y, al
menos, de la mitad de sus directores, y establecerá los términos de participación del Poder
Legislativo en la ratificación de estas autoridades. Se deja también a la ley, mediante
disposición transitoria expresa, los detalles de las funciones, organización, así como algo muy
importante: un régimen de incompatibilidades para sus altos funcionarios, para evitar los
conflictos de intereses y el manejo de información privilegiada.
Sección Cuarta
De la Coordinación Macroeconómica
Dada la relevancia que tienen en Venezuela los efectos monetarios de la gestión fiscal, se
plantea la necesidad de establecer adecuadas reglas que garanticen la coordinación de política
macroeconómica, que fijen el marco institucional en que se deben desarrollar políticas
específicas.

El principio de coordinación requiere que el Banco Central de Venezuela y el Ministerio
encargado de las Finanzas coordinen sus políticas y a través de un programa o acuerdo que
defina un curso anunciado con anticipación, consistente con el logro de determinados objetivos.
Se establece un mecanismo para la resolución de conflictos entre un Banco Central de
Venezuela autónomo y el Fisco, en función de evitar las tradicionales contradicciones entre la
política monetaria y la fiscal.
Se plantea un conjunto de reglas básicas de transparencia y coordinación en el cual se
desarrollen de manera armónica las políticas fiscal, cambiaria y monetaria, estableciendo que
los objetivos y acciones deben ser anunciadas, el compromiso de coordinación entre el Banco
Central de Venezuela y el Fisco Nacional y que los responsables de esas políticas deben rendir
cuentas de sus actuaciones, en los términos que fije la ley. Esto no es otra cosa que la
introducción de reglas claras para el desarrollo de la actividad económica, como premisa
básica para generar y mantener la confianza.
Finalmente, se le otorga rango constitucional al Fondo de Estabilización Macroeconómica para
garantizar la estabilidad del presupuesto y conservar, más allá de las contingencias por
cambios de gobierno y de las leyes, un dispositivo que permita amortiguar las fluctuaciones de
los ingresos fiscales.
TÍTULO VII
DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Capítulo I
En el Título VII de la Constitución se definen los principios que rigen la seguridad de la Nación,
la cual es responsabilidad no sólo del Estado, sino de todos los venezolanos, así como de las
personas naturales o jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional.
Se crea un Consejo de Defensa de la Nación con el objeto de que sea el máximo órgano
administrativo de consulta, para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los
asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su
espacio geográfico, sin perjuicio de las atribuciones que tengan los diferentes órganos del
Estado conforme a esta Constitución y las leyes. En tal sentido le corresponde establecer la
dirección estratégica de la Nación, para prevenir o minimizar cualquier amenaza. Dicho
Consejo estará integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República,
el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el
Presidente del Consejo Moral Republicano, y los ministros de los sectores de defensa, la
seguridad interior, relaciones exteriores y de planificación.
Se reserva al Estado la posesión y uso de armas de guerra. La Fuerza Armada Nacional, por
órgano del Presidente de la República, quien actuará en su carácter de Comandante en jefe,
reglamentará y controlará, de acuerdo con la ley, todo lo referente a otras armas, municiones y
explosivos.
Se faculta al Ejecutivo Nacional para clasificar y divulgar aquellos asuntos que guarden relación
directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la
Nación, en los términos que la ley establezca, siempre que ello no signifique una violación del
libre ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Esta facultad, en
todo caso, debe estar sometida a la revisión judicial y no podrá ser un obstáculo de la función
que ejercen los tribunales de la República.
Capítulo II
De los Principios de Seguridad de la Nación
En el Capítulo II de este Título se establecen los principios de seguridad de la Nación, la cual

se fundamentará en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar
cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia,
solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así
como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los
venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena
cobertura para la comunidad nacional.
Con el objeto de promover el desarrollo de las zonas fronterizas venezolanas, dichas áreas se
declaran de atención prioritaria. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras
que será regulada por la ley, que permitirá establecer su amplitud, regímenes especiales
económicos y sociales, para promover el desarrollo de sus actividades productivas y mejorar
las condiciones de vida de sus pobladores, protegiendo de manera expresa los parques
nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de
administración especial.
Capítulo III
De la Fuerza Armada Nacional
Para la mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados por la Constitución,
se unifica a las Fuerzas Armadas Nacionales en un cuerpo militar uniforme denominado la
Fuerza Armada Nacional, pero manteniendo cada uno de los cuatro componentes integrantes
de la institución, sus características y especificidad como Fuerza; siendo esta institución
esencialmente profesional, sin militancia política alguna, subordinada a la autoridad civil,
organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar
la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el
mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo
con esta Constitución y la ley.
En el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de
la Nación y de la Constitución, en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus
pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación conforme a lo
establecido en la Constitución y las leyes.
La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia
Nacional, que funcionarán de manera integral dentro del marco de su competencia para el
cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo
establezca su respectiva ley orgánica.
Se establece como responsabilidad de los órganos que integran la Fuerza Armada Nacional, la
planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la
defensa de la Nación. En todo caso, la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas
operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas
para el mantenimiento del orden interno del país, considerado éste como el estado en el cual
se administra la justicia, se consolidan los valores de libertad, democracia, independencia, paz,
solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia e imperio de la Constitución y la ley.
Todo ello armonizado en un escenario donde predominan y se practican los principios
constitucionales y preceptos bolivarianos, en un clima de absoluta participación democrática.
Finalmente, siguiendo una tendencia en derecho comparado con el objeto de no establecer
discriminaciones entre los ciudadanos, se permite que los integrantes de la Fuerza Armada
Nacional en situación de actividad ejerzan el derecho al sufragio de conformidad con la ley. No
obstante, se les mantiene la prohibición de optar a cargo de elección popular, o participar en
actos de propaganda, militancia o proselitismo político.
En materia de ascensos militares, se establecen criterios para lograr la transparencia y
objetividad, a través de la publicación del escalafón de méritos periódicamente y la
determinación de las plazas vacantes, eliminándose el factor de corrección por ser muy
subjetivo. Este nuevo proceso permite ascender cualquier día del año y que el personal

conozca su ubicación en el escalafón de méritos. El ascenso será un derecho, si se han
cumplido los requisitos necesarios, acabando con la discrecionalidad de las juntas de
evaluación, las cuales se limitarán a respetar los resultados de las calificaciones de mérito.
Capítulo IV
De los Órganos de Seguridad Ciudadana
Con el objeto de mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, hogares y
familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute
de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución, se le impone al Ejecutivo Nacional
la obligación de organizar, de conformidad con la ley, un cuerpo uniformado de policía nacional,
un cuerpo de investigaciones científicas, penales y administrativas, un cuerpo de bomberos y
de administración de emergencias de carácter civil y una organización de protección civil y
administración de desastres.
TÍTULO VIII
DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN
Capítulo I
De la Garantía de esta Constitución
Siguiendo una tendencia presente en España, Francia, Italia, Portugal, Rumania y en algunos
países latinoamericanos, cuyas constituciones regulan la justicia constitucional en un título o
capítulo distinto del que se refiere al Poder Judicial, la Constitución incluye en el Título VIII un
Capítulo denominado De la Garantía de esta Constitución, que contiene las disposiciones
fundamentales sobre la justicia constitucional y consagra las principales competencias que
corresponden a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho Capítulo da
eficacia a los postulados contenidos en el artículo 7 del Título I, que consagra los principios de
supremacía y fuerza normativa de la Constitución, base sobre la cual descansa la justicia
constitucional en el mundo.
En el mencionado Capítulo se describe el sistema venezolano de justicia constitucional y al
efecto se indica que todos los jueces de la República están en la obligación de asegurar la
integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en su
texto y en las leyes, reafirmándose de esta manera, que la justicia constitucional en Venezuela
la ejercen todos los tribunales de la República, no sólo mediante el control difuso de la
constitucionalidad, sino además, por otros medios, acciones o recursos previstos en la
Constitución y en las leyes, como la acción de amparo constitucional, destinada a ofrecer una
tutela judicial reforzada de los derechos humanos reconocidos y garantizados expresa o
implícitamente en la Constitución.
Como consecuencia de ello, se eleva a rango constitucional una norma presente en nuestra
legislación desde 1887, característica de nuestro sistema de justicia constitucional y según la
cual, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, serán
aplicables en todo caso las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en
cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente. En otras palabras, se consagra el control
difuso de la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones normativas.
Al mismo tiempo, se consagra el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de
los demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e
inmediata de la Constitución, el cual corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se trasladaron a la Sala Constitucional las
competencias que en esta materia tenía la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, con el
objeto de especializar el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional y descongestionar de
atribuciones a la nueva Sala Plena, para que sólo ejerza las competencias que le son
asignadas en el artículo 266, numerales 2 y 3 del texto constitucional, no teniendo en

consecuencia, competencia ni atribución alguna en materia constitucional.
La exclusividad de la Sala Constitucional en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, implica
que sólo a dicho órgano le corresponde ejercer el control concentrado de la constitucionalidad
de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución
directa e inmediata de la Constitución, pero no impide que la propia Constitución o las leyes, le
atribuyan otras competencias en materia constitucional.
De esta forma, se esboza el sistema venezolano de justicia constitucional, reafirmándose la
coexistencia de los métodos de control concentrado, difuso y extraordinario de la
constitucionalidad, los cuales se ejercen a través de la acción popular de inconstitucionalidad,
la aplicación preferente de la Constitución respecto a leyes o normas inconstitucionales en un
caso concreto, y la acción de amparo.
Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron algunas propuestas con el objeto de
crear una Corte o Tribunal Federal Constitucional, en lugar de una Sala Constitucional en el
Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, prevaleció por consenso esta última tesis. Sin
embargo, la Constitución en el Capítulo referido a la Garantía de esta Constitución, dota a la
Sala Constitucional del carácter y de las competencias que tiene en derecho comparado
cualquier Corte o Tribunal Constitucional. Por ello se indica que el Tribunal Supremo de Justicia
garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el
máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y
aplicación, cualidad y potestades que únicamente posee en Sala Constitucional dado que ésta
ejerce con exclusividad el control concentrado de la constitucionalidad.
En efecto, las facultades interpretativas que en tal sentido se otorgan al Tribunal Supremo de
Justicia, en consonancia con las características básicas de la justicia constitucional en derecho
comparado, sólo pueden ser ejercidas por órgano de la Sala Constitucional, pues a ella le
corresponde exclusivamente el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Además, con
fundamento en el principio de división de poderes, tales facultades no pueden ejercerse de
oficio o mediante acuerdos, sino con motivo de una acción popular de inconstitucionalidad,
acción de amparo, recurso de interpretación de leyes u otro caso concreto de carácter
jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a la Sala Constitucional.
En esta materia, se consagra una herramienta indispensable para que la Sala Constitucional
pueda garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales. Así, se indica que
las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las
normas y principios constitucionales serán vinculantes para las demás Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, todo ello con el objeto de garantizar la
uniforme interpretación y aplicación de tales normas y principios.
En todo caso, la ley orgánica respectiva establecerá los correctivos y las sanciones necesarias
para aquellas Salas del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de la República que violen la
Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios establezca la Sala
Constitucional. Del mismo modo, la ley orgánica deberá consagrar un mecanismo de carácter
extraordinario mediante el cual la Sala Constitucional pueda revisar los actos o sentencias de
las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen la Constitución o las
interpretaciones que sobre sus normas o principios haya previamente fijado la Sala
Constitucional, a fin de dar eficacia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la
Constitución consagrados en el artículo 7, conforme a los cuales todos los órganos que ejercen
el poder público, sin excepción, están sujetos a la Constitución.
En definitiva, el carácter vinculante de las interpretaciones de las normas y principios
constitucionales será el principal instrumento de la Sala Constitucional para fortalecer la justicia
constitucional, darle eficacia al Texto Fundamental y brindar mayor seguridad jurídica a los
ciudadanos.
En lo que atañe a las competencias de la Sala Constitucional, el fundamento de aquéllas que le

atribuye la Constitución y de las que se le asignarán mediante ley, está representado por los
principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución consagrados en el artículo 7 y
en virtud de los cuales, todo acto del Poder Público, sin excepción, debe estar sometido al
control constitucional. Por tal razón, a la Sala Constitucional se le atribuye competencia para
controlar la constitucionalidad de todos los actos de los órganos que ejercen el Poder Público
dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. En todo
caso, la ley orgánica respectiva garantizará que ningún órgano del Poder Público quede fuera
del control constitucional, estableciendo entre otros aspectos, la competencia de la Sala
Constitucional para controlar la constitucionalidad de las actuaciones de las demás Salas del
Tribunal Supremo de Justicia, mediante el mecanismo extraordinario que considere más
adecuado.
Con base en lo anterior, se atribuye a la Sala Constitucional competencias en ejercicio del
control represivo de la constitucionalidad, para declarar la nulidad total o parcial de las leyes
nacionales, Constituciones y leyes estadales, ordenanzas municipales y demás actos dictados
por cualesquiera de los órganos que ejercen el Poder Público, en ejecución directa e inmediata
de la Constitución.
En materia de control preventivo, se atribuye a la Sala Constitucional la potestad de verificar la
constitucionalidad de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su
ratificación.
En derecho comparado, una de las principales funciones de la justicia constitucional es el
control de la constitucionalidad de los acuerdos y tratados internacionales, a través de un
control preventivo que se ejerce antes de su ratificación y entrada en vigencia. Particularmente
en las constituciones europeas, así como en varias constituciones de países de América
Latina, se prevé ese mecanismo con el objeto de que las relaciones entre el derecho
internacional público o el derecho comunitario, por una parte, y el derecho interno de cada
Estado, por la otra, se presenten con la mayor armonía y uniformidad posible
Se consideró necesario el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados
internacionales dado que luego del proceso de conclusión de un tratado internacional, es decir,
de su ratificación y entrada en vigencia por las vías previstas en el derecho constitucional y en
el derecho internacional público, la eventual y posterior declaración de inconstitucionalidad del
mismo o de alguna de sus disposiciones por parte de la Sala Constitucional no podría, en
principio, ser opuesta como una justificación para incumplir dicho tratado sin que se
comprometa la responsabilidad internacional de la República.
En todo caso, el objetivo de ese mecanismo de control preventivo, no sólo es que se verifique
la constitucionalidad de un acuerdo o tratado internacional sin que se comprometa la
responsabilidad internacional de la República, sino además que, en el caso de que alguna de
sus disposiciones resulte inconstitucional, se ratifique con la debida reserva, siempre que se
desee su ratificación, o si el mismo no admite reservas, se evalúe la necesidad y conveniencia
de ratificarlo luego de una enmienda o reforma de la Constitución, en los aspectos que sean
necesarios, para lograr así la mayor armonía posible en las relaciones entre el derecho
internacional o comunitario y el derecho interno venezolano.
La potestad de activar el control preventivo de los tratados internacionales corresponderá al
Presidente de la República o a la Asamblea Nacional, siendo facultativo su ejercicio. Se
descartó así la posibilidad de un control preventivo con carácter obligatorio, dado que podría
traducirse en un obstáculo para la fluidez y la buena marcha de las relaciones internacionales
de la República.
Otra competencia de la Sala Constitucional en materia de control preventivo será la de verificar
la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación, conforme al procedimiento
establecido en el Título V Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución, para el caso del reparo
presidencial fundamentado en razones de inconstitucionalidad. En esta materia, la Asamblea
Nacional Constituyente consideró inconveniente extender la legitimación para activar el

mecanismo de control preventivo a otras personas con determinado interés u órganos del
Poder Público distintos al Presidente de la República. Al respecto, se tuvo en cuenta que con
posterioridad a la promulgación de una ley, todas las personas tienen a su alcance la acción
popular clásica del sistema de justicia constitucional venezolano y, además, la Sala
Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho
comparado, en virtud del cual puede dictar cualquier medida que fuere necesaria para proteger
los derechos humanos y garantizar la integridad de la Constitución.
Finalmente, en esta materia, conforme al Título V Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución,
la Sala Constitucional ejercerá el control preventivo de la constitucionalidad del carácter
orgánico de una ley que haya sido calificada como tal por la Asamblea Nacional.
Aunado a ello e inspirada nuevamente en una tendencia presente en derecho comparado, la
Constitución atribuye a la Sala Constitucional la potestad para decidir sobre la
inconstitucionalidad de las omisiones legislativas, mecanismo que ha tenido un auge creciente
en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Hungría y, especialmente, Portugal.
La inconstitucionalidad por omisión se produce por la falta de desarrollo por parte del Poder
Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de
obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que impida su eficaz aplicación. Con este
mecanismo se persigue evitar situaciones como las que se originaron en el caso del artículo 49
de la Constitución de 1961 y la falta de una legislación sobre amparo constitucional, durante
casi treinta años.
En lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, la Sala Constitucional tendrá
importantes funciones. En primer lugar, con el objeto de reforzar la protección de los derechos
humanos reconocidos y garantizados expresa o implícitamente en la Constitución, se acoge un
mecanismo consagrado en alguna Constitución de América Latina, en virtud del cual la Sala
Constitucional debe, en todos los casos y aun de oficio, controlar la constitucionalidad de los
decretos que declaren estado de excepción. Ésta será la única competencia que podrá ejercer
de oficio la Sala Constitucional y ello por tratarse de la protección de los derechos humanos,
razón por la cual se ha previsto expresamente en el texto constitucional.
Además, con motivo de su creación, de la entrada en vigencia de la Constitución y de la
naturaleza esencialmente constitucional de los derechos humanos y de la acción de amparo, la
Sala Constitucional podrá asumir las competencias que en materia de amparo constitucional
tenían las diferentes Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, en los casos de amparo
autónomo contra altas autoridades de rango constitucional, amparo contra decisiones judiciales
y apelaciones o consultas en amparo, dado que la Sala Constitucional pasa a ser la Sala del
Tribunal Supremo de Justicia con la competencia afín para conocer y decidir tales asuntos.
Por su parte, como consecuencia de lo anterior y dado que sólo la Sala Constitucional será
competente para resolver las acciones de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, la ley
orgánica respectiva deberá eliminar la acción cautelar de amparo que se ejerce conjuntamente
con el recurso contencioso administrativo de nulidad y que permite a las Salas
Politicoadministrativa y Electoral, suspender los efectos de los actos administrativos cuya
nulidad les corresponde conocer y decidir. Para ello, la legislación deberá dotar al juez
contencioso administrativo de todo el poder cautelar necesario para decretar de oficio o a
instancia de parte, cualquier tipo de medida cautelar que fuere necesaria para garantizar la
tutela judicial efectiva de los administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas
infringidas mientras dure el proceso de que se trate, bien sea a través de la suspensión de los
efectos del acto administrativo correspondiente, o a través de órdenes de hacer o no hacer,
incluyendo el pago de sumas de dinero, que se impongan a la administración dependiendo del
caso concreto.
De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los administrados y
garantizar su derecho de libre acceso a la justicia, la ley orgánica deberá eliminar la carga que
tienen los administrados de agotar la vía administrativa antes de interponer el recurso

contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe quedar como una opción a elección del
interesado, pero no como un requisito de cumplimiento obligatorio. Aunado a ello, la legislación
deberá establecer expresamente que en caso de que un acto administrativo estuviere viciado
de inconstitucionalidad o de algún vicio que acarree su nulidad absoluta, no operará en modo
alguno, el plazo de caducidad para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de
nulidad. Lo anterior tiene por objeto ofrecer al administrado una protección de sus derechos
humanos acorde con el principio de progresividad consagrado en la Constitución, una vez
eliminada la acción de amparo cautelar contra actos administrativos.
Por otra parte, consecuente con lo antes expuesto, la ley orgánica respectiva eliminará la
acción de amparo cautelar que se ejerce conjuntamente con la acción popular de
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas, teniendo en cuenta que en este
sentido la Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal
Constitucional en derecho comparado en virtud del cual puede decretar cualquier medida
cautelar que fuere necesaria para proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de
la Constitución, incluyendo la suspensión de los efectos de la norma cuya nulidad se solicite,
únicamente para la situación concreta de los accionantes, partes o terceros que intervinieren
en el proceso y mientras dure el juicio de nulidad correspondiente.
La Constitución establece como competencia de la Sala Constitucional resolver las
controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos que ejercen el
Poder Público. Al respecto, destacan, dos elementos esenciales; en primer lugar, que se trata
de controversias entre cualesquiera de los órganos que la Constitución prevé en la distribución
horizontal o vertical del Poder Público y, en segundo lugar, que deben tratarse de controversias
constitucionales, es decir, de aquéllas cuya decisión depende del examen, interpretación y
aplicación de normas constitucionales, tales como las que se refieren al reparto competencial
entre los diferentes órganos del Estado, especialmente, las que distribuyen el poder en los
niveles nacional, estadal y municipal.
De esta forma, todas aquellas controversias constitucionales entre la República y alguno de los
estados o municipios, es decir, entre el poder central y el descentralizado territorialmente,
serán resueltas por la Sala Constitucional dentro del procedimiento que se establecerá en la ley
orgánica respectiva. En todo caso, esta atribución tiene por objeto que la Sala Constitucional
como garante y máximo defensor de los principios consagrados en el Texto Fundamental
ajuste la actuación de los órganos que ejercen el Poder Público, al cauce constitucional.
Finalmente y al margen de su competencia para conocer de acciones de amparo, se atribuye a
la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes
dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso
de la constitucionalidad, a través de un mecanismo extraordinario que deberá establecer la ley
orgánica que regule la jurisdicción constitucional, sólo con el objeto de garantizar la uniformidad
en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia del Texto
Fundamental y la seguridad jurídica.
Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debe entenderse
como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la
Constitución, sino, según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya
finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios
constitucionales.
Por ello, no siendo un derecho y teniendo en cuenta que el legislador puede ensayar y errar en
forma evolutiva en la búsqueda del mecanismo extraordinario más adecuado, la Asamblea
Nacional Constituyente decidió dejar a la ley orgánica respectiva su desarrollo concreto. Siendo
así, la ley orgánica podrá establecer, por ejemplo, un mecanismo extraordinario de revisión de
ejercicio discrecional por la Sala Constitucional, tal como el writ of certiorari que utiliza la
Suprema Corte de los Estados Unidos de América; un mecanismo cuyos rasgos de
discrecionalidad no sean absolutos, como el utilizado por el Tribunal Constitucional Federal de
Alemania; o bien, un mecanismo cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia estén

preestablecidos en la ley, como el que se puede evidenciar en algunos ejemplos de derecho
comparado.
En todo caso, el mecanismo extraordinario de revisión que se deberá establecer por ley
orgánica, vinculará por vez primera y dejando a salvo la temprana regulación de la Constitución
de 1901, los métodos de control difuso y concentrado de la constitucionalidad que han
coexistido en nuestro ordenamiento jurídico por más de cien años, respondiendo con ello a la
principal crítica formulada a nuestro sistema de justicia constitucional, que reconocía la
coexistencia de los mencionados métodos de control, pero destacaba que entre uno y otro no
existía realmente una coordinación, vínculo o conexión que procurara armonizarlos o
articularlos para lograr una interpretación uniforme de la Constitución, razón por la cual no
podía ser calificado como integral, dado que existían modalidades de control paralelas,
establecidas una al lado de la otra, sin conexión entre sí. Por tal razón, la Constitución
consagra un sistema mixto e integrado de control de la constitucionalidad, atribuyéndole a la
Sala Constitucional la función de coordinar los métodos de control mediante la armonización de
la jurisprudencia constitucional y la interpretación uniforme del Texto Fundamental.
Capítulo II
De los Estados de Excepción
El primero de los preceptos dedicados a esta materia recoge dos principios básicos rectores de
los estados de excepción: el de estricta necesidad y el de temporalidad. Se circunscriben tales
situaciones jurídicas a aquellas circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la
seguridad de las personas, de la Nación o de las instituciones, y que no puedan ser afrontadas
mediante las facultades ordinarias de los órganos del Poder Público. Se destaca, igualmente, la
temporalidad de esas situaciones.
Por otro lado, el precepto menciona los principales derechos que no pueden ser suspendidos o
restringidos durante los estados de excepción. Se trata de un listado meramente enunciativo,
pues tampoco son susceptibles de suspensión o restricción los derechos señalados en los
artículos 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Importa subrayar que entre los derechos intangibles se
encuentran las garantías judiciales necesarias para la defensa de los derechos.
El segundo de los preceptos que componen este Capítulo contempla los distintos estados de
excepción, estableciendo, de conformidad con el principio de gradualidad, las circunstancias
fácticas que pueden justificarlos y su limitación temporal. Se remite a una ley orgánica la
regulación de los detalles del régimen de los estados de excepción.
El último de los preceptos de este Capítulo establece, en primer lugar, que el decreto
declaratorio del estado de excepción deberá señalar, para preservar la seguridad jurídica, las
medidas que podrán tomarse con fundamento en el mismo. En segundo término; dada la
trascendencia de la decisión correspondiente, se prevé la intervención de los tres Poderes
clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los
caracteriza, se faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para dictar el
Decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como
instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo
si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de
excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Si la
Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente, éste debe
ser remitido a la Comisión Delegada, la cual ejercerá las facultades respectivas.
A lo anterior se suma un control judicial automático atribuido a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, la cual habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no
del estado de excepción y de lo establecido en el decreto que lo declaró, a menos que la
Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, haya revocado previamente ese decreto. Por otra
parte, se otorga al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional la atribución de revocar el
decreto que haya declarado un estado de excepción, al cesar las causas que lo motivaron.

TÍTULO IX
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
La Constitución ha mantenido la clasificación que distingue entre la Enmienda y la Reforma
Constitucional, incorporando, a su vez, la facultad de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, para ser consecuentes con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario
del poder constituyente originario. Esto guarda concordancia con lo establecido en la misma
Constitución que hace residir la soberanía en el pueblo quien puede ejercerla de manera
directa o indirecta.
Se establece una serie de mecanismos a través de los cuales las posibilidades de modificación
del texto constitucional sean factibles y accesibles, para evitar el divorcio entre la norma
fundamental del sistema jurídico y la realidad social, política, cultural y económica. La
contraposición entre una Constitución formal y una Constitución real genera distorsiones que
agravan considerablemente las crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema político, al
no existir opciones para superarlas. Prueba de ello la encontramos en nuestra experiencia en el
marco de una democracia formal y representativa, en la cual las que debían impulsar los
cambios constitucionales eran las cúpulas más renuentes a producirlos, lo cual explica el
entrabamiento y obstaculización de los intentos de reformar la Constitución anterior.
La democracia moderna insertada en un mundo globalizado y condicionada por la dinámica de
la vida actual, a su vez determinada por los cambios tecnológicos requiere de una
institucionalidad lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los cambios que se van
generando.
De allí que nuestra Constitución a pesar de tener la rigidez de las constituciones escritas ha de
incluir elementos que permitan esa adaptación a la realidad. Uno de esos elementos lo
constituye la existencia de un Alto Tribunal que mediante una interpretación de carácter
histórico progresivo, fundamentada en la comprensión del momento histórico, permita la mejor
aplicación posible del máximo cuerpo normativo a la realidad que le corresponde regir; tal como
se prevé en esta Constitución con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia.
Pero, además, debe incluir elementos de flexibilidad en el aspecto más rígido de las
constituciones escritas que lo conforma las previsiones relativas a la forma y mecanismos para
la modificación de la propia Constitución.
En este sentido, las posibilidades de modificación de la base jurídica del país deben ser
amplias y estar efectivamente en manos de una pluralidad de actores políticos y sociales. Una
democracia participativa y protagónica no puede construir una rígida y petrificada normativa
constitucional. Al contrario, debe dejar abiertas muchas ventanas para que los procesos
participativos se desarrollen a plenitud, evitando el divorcio profundo entre la norma y la
realidad.
El protagonismo del pueblo en la conducción de su destino debe quedar explícitamente
consagrado con especial énfasis en este punto de la reforma constitucional. Un pueblo
deseoso de ejercer la soberanía no debe tener que pasar por toda clase de vicisitudes y
superar un cúmulo de obstáculos para lograr los cambios que las estructuras jurídicas
requieren. Es principio consustancial con este texto constitucional la facilitación de los procesos
en los cuales el pueblo se manifiesta para solicitar la modificación de normas constitucionales.
En este contexto se debe entender que el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, lejos
de afectar el proceso de refundación de la República y de lograr el objetivo de la profundización
democrática, se convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular, desterrando
el sistema de cónclaves que decidían los destinos del país a espaldas de la sociedad.

En lo que respecta al procedimiento de enmienda, se superan las limitaciones establecidas en
la Constitución de 1961, que hacían complicada la consecución de resultados efectivos. En el
nuevo texto constitucional se ha previsto una manera más ágil y flexible y se procede a
formular una definición de enmienda, entendida como la adición o modificación de artículos del
texto, siempre y cuando no se altere la estructura fundamental.
La iniciativa de la reforma se le atribuye a la Asamblea Nacional, por la mayoría de sus
miembros; al Presidente de la República en Consejo de Ministros o a los electores o electoras
inscritas en el registro electoral en número no menor del quince por ciento. Una vez cumplidos
estos requisitos se inicia la tramitación ante la Asamblea Nacional la cual realizará tres
discusiones antes de la aprobación del proyecto para lo cual tiene un plazo no mayor de dos
años. Para esta aprobación se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de sus
miembros. El proyecto aprobado será sometido a referendo dentro de los treinta días siguientes
y bastará para su aprobación con un número mayor de votos positivos.
Finalmente, en este Título se consagra expresamente la Asamblea Nacional Constituyente,
instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de
modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo
texto constitucional. Esta posibilidad inexistente formalmente en la Constitución del 1961 hubo
de ser incorporada por vía de interpretación de la Corte Suprema de Justicia, para hacer
posible la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que produjo esta Constitución.
En el presente texto constitucional pasa a ser norma vigente, expresiva de la más acertada
definición democrática en torno a la soberanía popular.
Dada, firmada y sellada en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, a los treinta días del mes de enero
del año 2000. Años 189º de la Independencia y 140º de la Federación.
EL PRESIDENTE,
LUIS MIQUILENA
EL PRIMER VICEPRESIDENTE (E),
ARISTÓBULO ISTÚRIZ
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE,
ARISTÓBULO ISTÚRIZ
LOS CONSTITUYENTES:
CONSTITUYENTES NACIONALES,
ALFREDO PEÑA
ALLAN BREWER CARÍAS (AUSENTE)
ÁNGELA ZAGO
EARLE HERRERA
EDMUNDO CHIRINOS
EUSTOQUIO CONTRERAS
GUILLERMO GARCÍA PONCE
HERMÁNN ESCARRÁ
JESÚS RAFAEL SULBARÁN
LEOPOLDO PUCHI
LUIS VALLENILLA
MANUEL QUIJADA
MARISABEL DE CHÁVEZ
PABLO MEDINA
PEDRO ORTEGA DÍAZ
REYNA ROMERO GARCÍA
RICARDO COMBELLAS
TAREK WILLIAM SAAB
VINICIO ROMERO MARTÍNEZ

CONSTITUYENTES POR DISTRITO FEDERAL
DESIRÉE SANTOS AMARAL
ELIÉZER REINALDO OTAIZA CASTILLO
ERNESTO ALVARENGA
FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES
JULIO CÉSAR ALVIÁREZ
NICOLÁS MADURO MOROS
SEGUNDO MELÉNDEZ
VLADIMIR VILLEGAS
CONSTITUYENTES POR AMAZONAS
LIBORIO GUARULLA GARRIDO
NELSON SILVA
CONSTITUYENTES POR ANZOÁTEGUI
ÁNGEL RODRÍGUEZ
DAVID DE LIMA SALAS
DAVID FIGUEROA
ELÍAS LÓPEZ PORTILLO
GUSTAVO PEREIRA
CONSTITUYENTES POR APURE
CRISTÓBAL JIMÉNEZ
RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
CONSTITUYENTES POR ARAGUA
ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ
ANTONIO DI GIAMPAOLO BOTTINI
CARLOS TABLANTE
HUMBERTO PRIETO
OSCAR FEO
CONSTITUYENTES POR BARINAS
FRANCISCO EFRAÍN VISCONTI OSORIO
JOSÉ LEÓN TAPIA CONTRERAS
CONSTITUYENTES POR BOLÍVAR
ALEJANDRO DE JESÚS SILVA MARCANO
ANTONIO BRICEÑO
DANIEL DÍAZ
LEONEL JIMÉNEZ CARUPE
VICTORIA MATA
CONSTITUYENTES POR CARABOBO
ELIO GÓMEZ GRILLO
MANUEL VADELL GRATEROL
AMÉRICO DÍAZ NÚÑEZ
BLANCANIEVE PORTOCARRERO
DIEGO SALAZAR
FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA
JUAN JOSÉ MARÍN LAYA
OSCAR NAVAS TORTOLERO
SAÚL ORTEGA
CONSTITUYENTES POR COJEDES
HAYDÉE DE FRANCO
JUAN BAUTISTA PÉREZ

CONSTITUYENTES POR DELTA AMACURO
CÉSAR PÉREZ MARCANO
RAMÓN ANTONIO YÁNEZ
CONSTITUYENTES POR FALCÓN
JESÚS MONTILLA APONTE
SOL MUSSETT DE PRIMERA
YOEL ACOSTA CHIRINOS
CONSTITUYENTES POR GUÁRICO
ÁNGEL EUGENIO LANDAETA
PEDRO SOLANO PERDOMO
RUBÉN ALFREDO ÁVILA ÁVILA
CONSTITUYENTES POR LARA
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
ENRIQUE PERAZA
HENRI FALCÓN
LENÍN ROMERO
LUIS REYES REYES
MIRNA TERESA VIES DE ÁLVAREZ
REINALDO ROJAS
CONSTITUYENTES POR MÉRIDA
ADÁN CHÁVEZ FRÍAS
FLORENCIO ANTONIO PORRAS ECHEZURÍA
PAUSIDES SEGUNDO REYES GÓMEZ
CONSTITUYENTES POR MIRANDA
ELÍAS JAUA MILANO
FREDDY GUTIÉRREZ
HAYDÉE MACHÍN
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
JOSÉ VICENTE RANGEL ÁVALOS
LUIS GAMARGO
MIGUEL MADRIZ
RAÚL ESTÉ
RODOLFO SANZ
WILLIAM LARA
WILLIAM OJEDA
CONSTITUYENTES POR MONAGAS
JOSÉ GREGORIO BRICEÑO TORREALBA
MARELIS PÉREZ MARCANO
NUMA ROJAS VELÁSQUEZ
CONSTITUYENTES POR NUEVA ESPARTA
ALEXIS NAVARRO ROJAS
VIRGILIO ÁVILA VIVAS
CONSTITUYENTES POR PORTUGUESA
ANTONIA MUÑOZ
MIGUEL A. GARRANCHÁN VELÁSQUEZ
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
CONSTITUYENTES POR SUCRE
JESÚS MOLINA VILLEGAS

JOSÉ LUIS MEZA
LUIS AUGUSTO ACUÑA CEDEÑO
CONSTITUYENTES POR TÁCHIRA
MARÍA IRIS VARELA RANGEL
RANGEL RONALD BLANCO LA CRUZ
SAMUEL LÓPEZ
TEMÍSTOCLES SALAZAR
CONSTITUYENTES POR TRUJILLO
GERARDO MÁRQUEZ
GILMER VILORIA
CONSTITUYENTES POR VARGAS
ANTONIO RODRÍGUEZ
JAIME BARRIOS
CONSTITUYENTES POR YARACUY
BRAULIO ÁLVAREZ
NÉSTOR LEÓN HEREDIA
CONSTITUYENTES POR ZULIA
ALBERTO URDANETA
ATALA URIANA
FROILÁN BARRIOS NIEVES
GASTÓN PARRA LUZARDO
GEOVANY DARÍO FINOL FERNÁNDEZ
JORGE LUIS DURÁN CENTENO
LEVY ARRON ALTER VALERO
MARÍA DE QUEIPO
MARIO ISEA BOHÓRQUEZ
RAFAEL COLMENÁREZ
ROBERTO JIMÉNEZ MAGGIOLO
SILVESTRE VILLALOBOS
YLDEFONSO FINOL
CONSTITUYENTES POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
GUILLERMO GUEVARA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
NOELÍ POCATERRA DE OBERTO
LOS SECRETARIOS,
ELVIS AMOROSO
ALEJANDRO ANDRADE
PREÁMBULO
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de
Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de
nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y
soberana;
Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática,
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la
solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta
y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación,

a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la
cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de
acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad
internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales
como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad;
En ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente
mediante el voto libre y el referendo democrático,
decreta la siguiente
CONSTITUCIÓN
TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1
La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y
fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional,
en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la
inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
Artículo 2
Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Artículo 3
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su
dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa
y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del
cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta
Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar dichos fines.
Artículo 4
La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos
consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.
Artículo 5
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los
órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Artículo 6
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la
componen, es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo,
responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Artículo 7

La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las
personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
Artículo 8
La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo
pueblo y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria.
La ley regulará sus características, significados y usos.
Artículo 9
El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los
pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir
patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad.
TÍTULO II
DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA
Capítulo I
Del Territorio y demás Espacios Geográficos
Artículo 10
El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la
Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de
1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de
nulidad.
Artículo 11
La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y
fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de
las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos;
el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran,
incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los
componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de
Las Aves, archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La
Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago de
Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además,
las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que
cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.
Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma
continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de
soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho
internacional público y la ley.
Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas
que son o puedan ser Patrimonio Común de la Humanidad, en los términos, extensión y
condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional.
(Modificado)
Artículo 12
Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el
territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la
plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto,
inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.

Artículo 13
El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna
enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho
internacional.
El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases
militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por
parte de ninguna potencia o coalición de potencias.
Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir
inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que
se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley.
En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional.
Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres
no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique,
directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.
(Modificado)
Artículo 14
La ley establecerá un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre
determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, se incorporen al
de la República.
Artículo 15
El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos
terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la
seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el
desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada
región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una Ley orgánica de
fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.
(Modificado)
Capítulo II
De la División Política
Artículo 16
Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los
Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales.
El territorio se organiza en Municipios.
La división político territorial será regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía
municipal y la descentralización político administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de
territorios federales en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a
la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá
darse a un territorio federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la
superficie del territorio respectivo.
(Modificado)
Artículo 17
Las dependencias federales son las islas marítimas no integradas en el territorio de un Estado,
así como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la
plataforma continental. Su régimen y administración estarán señaladas en la ley.

Artículo 18
La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder
Nacional.
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la
República.
Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en
un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los
correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno,
administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la
ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno.
TÍTULO III
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES (Modificado)
Capítulo I
Artículo 19
El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable indivisible e interdependiente de los
derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorio para los órganos del Poder Público,
de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y
ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.
(Modificado)
Artículo 20
Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones
que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social.
Artículo 21
Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición
social o aquéllas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de
toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante
la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan
ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas
que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.
Artículo 22
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley
reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

(Modificado)
Artículo 23
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en
que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta
Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público.
(Modificado)
Artículo 24
Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena.
Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún
en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya
evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para
la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.
(Modificado)
Artículo 25
Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos
garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias
públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Artículo 26
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer
valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los
mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin
formalismos o reposiciones inútiles.
Artículo 27
Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales, aún de aquéllos inherentes a la persona que no figuren
expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no
sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer
inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo
tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona; y el
detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin
dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del
estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o
sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca

la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante
el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquéllos, si fuesen
erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos
de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para
comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información
periodística y de otras profesiones que determine la ley.
Artículo 29
El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos
humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos
humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos
y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios.
Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad,
incluidos el indulto y la amnistía.
Artículo 30
El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los
derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de
daños y perjuicios.
El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las
indemnizaciones establecidas en este artículo.
El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen
los daños causados.
Artículo 31
Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y
convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o
quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el
amparo a sus derechos humanos.
El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las
medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los
órganos internacionales previstos en este artículo.
Capítulo II
De la Nacionalidad y de la Ciudadanía
Sección Primera
De la Nacionalidad
Artículo 32
Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:
1. Toda persona nacida en el territorio de la República.
2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por
nacimiento y madre venezolana por nacimiento.
3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por
nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el
territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.
4. Toda persona nacida en el extranjero de padre venezolano por naturalización o madre
venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir dieciocho años de edad,

establezcan su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir veinticinco años de
edad declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.
Artículo 33
Son venezolanos y venezolanas por naturalización:
1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A tal fin deberán tener
domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, por los menos, diez años,
inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud.
El tiempo de residencia se reducirá a cinco años en el caso de aquéllos y aquéllas que tuvieren
la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe.
2. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanas o
venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos cinco años a
partir de la fecha del matrimonio.
3. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del
padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su
voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los veintiún años de edad y hayan
residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha
declaración.
(Modificado)
Artículo 34
La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.
Artículo 35
Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su
nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante
sentencia judicial, de acuerdo con la ley.
Artículo 36
Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana
por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no
menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas por
naturalización que renuncien a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo
nuevamente los requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución.
Artículo 37
El Estado promoverá la celebración de tratados internacionales en materia de nacionalidad,
especialmente con los Estados fronterizos y los señalados en el numeral 1 del artículo 33 de
esta Constitución.
(Modificado)
Artículo 38
La ley dictará, de conformidad con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y
procesales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad
venezolana, así como con la revocación y nulidad de la naturalización.
Sección Segunda
De la Ciudadanía
Artículo 39
Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a
interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la

ciudadanía; en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con
esta Constitución.
Artículo 40
Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones
establecidas en esta Constitución.
Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los
venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir
los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.
Artículo 41
Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los
cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo, o Vicepresidenta
Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea
Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o
Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República,
Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o
Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de
la nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o
Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquéllos contemplados en la Ley Orgánica
de la Fuerza Armada Nacional.
Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Ministros o Ministras,
Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos,
los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia
ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud
previstos en la ley.
Artículo 42
Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o
de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en
los casos que determine la ley.
Capítulo III
De los Derechos Civiles
Artículo 43
El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad
alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su
libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Artículo 44
La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a
menos que sea sorprendida infraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en
un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será
juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o
jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida
no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares,
abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a
ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser
notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen
constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya

sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente
llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la
persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación
consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas
perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.
4. Todo autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a
identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación
por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta.
(Modificado)
Artículo 45
Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o
restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El
funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de
no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras
intelectuales y materiales; cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición
forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o
sancionadas de conformidad con la ley.
Artículo 46
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en
consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o
tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.
2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos,
o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por
otras circunstancias que determine la ley.
4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera
maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo
de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.
Artículo 47
El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados
sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de
acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del
ser humano.
Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, sólo podrán hacerse previo
aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarlas.
Artículo 48
Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas.
No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las

disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el
correspondiente proceso.
Artículo 49
El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en
consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de
la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por
los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del
debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las
excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas
garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente,
independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en
la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga,
ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma,
su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos
como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los
cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Todos podrán solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación
jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho
del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, el
juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.
(Modificado)
Artículo 50
Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional,
cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y
pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las
establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los
que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden
ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.
Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional
contra venezolanos o venezolanas.
Artículo 51
Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad,

funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de
éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán
sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo
respectivo.
(Modificado)
Artículo 52
Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El
Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
Artículo 53
Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con
fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.
Artículo 54
Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en
particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las
penas previstas en la ley.
Artículo 55
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de
seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza,
vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención,
seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas
las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de
seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y
proporcionalidad, conforme a la ley.
Artículo 56
Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a
conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad
y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su
nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de
conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación.
Artículo 57
Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de
viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de
cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga
uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el
anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan
la intolerancia religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los
asuntos bajo su responsabilidad.
Artículo 58
La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la
ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de

acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se
vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.
(Modificado)
Artículo 59
El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar
su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la
enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres
y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y
confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley.
El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que
esté de acuerdo con sus convicciones. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas
para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.
(Modificado)
Artículo 60
Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia
imagen, confidencialidad y reputación.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar
de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 61
Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica
afecte su personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para
eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus
derechos.
Capítulo IV
De los Derechos Políticos y del Referendo Popular
Sección Primera
De los Derechos Políticos
Artículo 62
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos
públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el
medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto
individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la
generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Artículo 63
El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y
secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación
proporcional.
Artículo 64
Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho
años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.
El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se hará extensivo a los
extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años
de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y

que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.
Artículo 65
No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o
condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el
patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y
de acuerdo con la gravedad del delito.
Artículo 66
Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas,
transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado.
Artículo 67
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos,
mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos
de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o
seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el
financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.
La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las
organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el
origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su
duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.
Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos,
tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El
financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la
ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades
del sector público.
Artículo 68
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros
requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones
pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del
orden público.
Artículo 69
La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.
Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.
Artículo 70
Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo
político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del
mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre
otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la
cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas
de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la
mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de
participación previstos en este artículo.

(Modificado)
Sección Segunda
Del Referendo Popular
Artículo 71
Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo
por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo
de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud
de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro
civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia
parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo
Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al
Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o un número no menor del
diez por ciento del total de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo
soliciten.
(Modificado)
Artículo 72
Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un
número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la
correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su
mandato.
Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o
funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo
un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y
electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de
inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.
La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que
establezca la ley.
Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más
de una solicitud de revocación de su mandato.
Artículo 73
Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional,
cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la
Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el
veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y
Electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley.
Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía
nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a
referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros;
por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince
por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Artículo 74
Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya
abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los
electores y electoras inscritos o inscritas en el Registro Civil y Electoral o por el Presidente o

Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte
el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del
artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco
por ciento de los electores y electoras inscritos o inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia de, por lo menos,
el cuarenta por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral.
No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que
establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni como aquéllas
que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados
internacionales.
No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un periodo constitucional para la misma
materia.
(Modificado)
Capítulo V
De los Derechos Sociales y de las Familias
Artículo 75
El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio
fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en
la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y
el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al
padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en
el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior,
tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos
similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de
conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional.
Artículo 76
La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la
madre o del padre. Las parejas tienen el derecho a decidir libre y responsablemente el número
de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les
aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a
la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto
y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos
y científicos.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar,
mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas
cuando aquél o aquélla no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá
las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.
Artículo 77
Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y
en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de
hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley
producirán los mismos efectos que el matrimonio.
Artículo 78
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la

legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y
desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Ley, la Convención sobre los Derechos del
Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la
República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, la
protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y
acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía
activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes.
Artículo 79
Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de
desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará
oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la
capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley.
Artículo 80
El Estado garantizará a los ancianos y las ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y
garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a
respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios
de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones
otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo
urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con
aquéllos y aquéllas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.
Artículo 81
Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y
autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la
participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad
humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá
su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad
con la ley. Se le reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y
comunicarse a través de la lengua de señas venezolanas.
(Modificado)
Artículo 82
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios
básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y
comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los
ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y
especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito
para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.
Artículo 83
La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen
derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su
promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que
establezca la ley de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y
ratificados por la República.
Artículo 84
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un
sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo,
integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad,

integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará
prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando
tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son
propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho
y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la
política específica en las instituciones públicas de salud.
Artículo 85
El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará
los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente
de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que
permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades
y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación
de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para
la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud.
Artículo 86
Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no
lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad,
paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades
especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social.
El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de
seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y
participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no
será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la
seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que
realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y
demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo
la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la
seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios.
El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.
Artículo 87
Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción
de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación
productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio
de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a
garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley
establezca.
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de
seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará
instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.
Artículo 88
El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al
trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor
agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la
seguridad social de conformidad con la ley.
Artículo 89
El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo
necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores
y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes
principios:

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad
de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre
las formas o apariencias.
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio
que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y
convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que
establezca la ley.
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la
interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o
trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no
genera efecto alguno.
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo
o por cualquier otra condición.
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo
integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social.
Artículo 90
La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas
semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá
de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono o patrona podrá obligar a
las trabajadoras o trabajadores a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva
disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y
se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo
físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras.
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones
remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.
Artículo 91
Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con
dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e
intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación
que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El
salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal,
salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario
mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la
canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.
Artículo 92
Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les
recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las
prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago
genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y
garantías de la deuda principal.
Artículo 93
La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma
de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.

Artículo 94
La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo
provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria de éstos. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la
responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación
o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la
legislación laboral.
Artículo 95
Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización
previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen
convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a
ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención,
suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y
protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este
derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las
organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las
condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones
sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y
representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las
directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad
sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados o sancionadas de conformidad con
la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados
u obligadas a hacer declaración jurada de bienes.
Artículo 96
Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más
requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo
conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales.
Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y
activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.
Artículo 97
Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a
la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.
Capítulo VI
De los Derechos Culturales y Educativos
Artículo 98
La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y
divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección
legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y
protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones,
innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y
excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la
República en esta materia.
Artículo 99
Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho
fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos
legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración
cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y
preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e
intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio

cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las
penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.
Artículo 100
Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial,
reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas.
La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que
promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el
país, así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y
trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una
vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley.
Artículo 101
El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios
de comunicación tienen el deber de coadyuvar la difusión de los valores de la tradición popular
y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas,
científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país. Los medios
televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las personas
con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones.
Artículo 102
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y
obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus
niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y
tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada
en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad
democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y
solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la
identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación
de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con
los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.
Artículo 103
Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación
y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el
nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pre
grado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con
las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá
instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y
culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con
necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de
su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el
sistema educativo.
Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel
medio y universitario serán reconocidas como desgrávameles al impuesto sobre la renta según
la ley respectiva.
Artículo 104
La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad
académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad
en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución
y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso,
promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a
criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.

Artículo 105
La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse
para ejercerlas, incluyendo la colegiación.
Artículo 106
Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de
manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de
infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones
educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de
éste.
Artículo 107
La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así
como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las
instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua
castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario
bolivariano.
Artículo 108
Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación
ciudadana. El Estado garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y
de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros
educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus
innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.
Artículo 109
El Estado reconoce la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los
profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la
búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica,
para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus
normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el
control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria
para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y
extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales
experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.
(Modificado)
Artículo 110
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la
innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos
fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la
seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado
destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo
con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el
cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación
científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar
cumplimiento a esta garantía.
Artículo 111
Todas las personas tienen derecho al deporte y la recreación como actividades que benefician
la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como
política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La
educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez
y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y
privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado
garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el
apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas

del sector público y del privado, de conformidad con la ley.
La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que
promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades
deportivas en el país.
Capítulo VII
De los Derechos Económicos
Artículo 112
Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia,
sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por
razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés
social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución
de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de
la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad
para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo
integral del país.
Artículo 113
No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta
Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tenga
por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e
independientemente de la voluntad de aquéllos, a su existencia, cualquiera que fuere la forma
que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de
dominio que un particular, un conjunto de ellos o de ellas una empresa o conjunto de
empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con
independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate
de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado deberá adoptar
las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio,
del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad
la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de
condiciones efectivas de competencia en la economía.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación
de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar
concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones
o contrapartidas adecuadas al interés público.
Artículo 114
El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos
conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.
Artículo 115
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y
disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y
obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por
causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa
indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Artículo 116
No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta
Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia
firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de
delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido
ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades
comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias
psicotrópicas y estupefacientes.

Artículo 117
Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a
una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos
y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley
establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control
de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público
consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la
violación de estos derechos.
Artículo 118
Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para
desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como la cooperativa, caja de
ahorros, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier
tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades
de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su
carácter generador de beneficios colectivos.
El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular
y alternativa.
Capítulo VIII
De los Derechos de los Pueblos Indígenas
Artículo 119
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización
social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que
son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo
Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la
propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles,
inembargables e intransferibles de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley.
Artículo 120
El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se
hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está
sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios
de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución
y a la ley.
Artículo 121
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural,
cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la
valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales
tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y
bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.
Artículo 122
Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y
culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con
sujeción a principios bioéticos.
Artículo 123
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas
económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades
productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades.
Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la
elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de

asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del
desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras
pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación
laboral.
Artículo 124
Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e
innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos
y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el
registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.
Artículo 125
Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la
representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las
entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley.
Artículo 126
Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del
Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta
Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.
El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el
derecho internacional.
Capítulo IX
De los Derechos Ambientales
Artículo 127
Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de
sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a
disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado
protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos,
los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia
ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los
principios bioéticos regulará la materia. (Modificado)
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar
que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el
agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente
protegidos, de conformidad con la ley.
Artículo 128
El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo las realidades
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo
a las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación
ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.
Artículo 129
Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente
acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada
al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares,
químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento
de las sustancias tóxicas y peligrosas.
En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se
considerará incluida aún cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio
ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones

mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare
alterado, en los términos que fije la ley.
Capítulo X
De los Deberes
Artículo 130
Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos
y, valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial,
la autodeterminación y los intereses de la Nación.
Artículo 131
Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos
que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.
Artículo 132
Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar
solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los
derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.
Artículo 133
Todos tienen el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos,
tasas y contribuciones que establezca la ley.
Artículo 134
Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar
necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a
situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.
Toda persona tiene el deber de prestar el servicios en las funciones electorales que se les
asignen de conformidad con la ley.
Artículo 135
Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en
cumplimiento de los fines de bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la
solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a las
particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento
de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de
cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar
y condiciones que determine la ley.
TÍTULO IV
DEL PODER PÚBLICO
Capítulo I
De las Disposiciones Fundamentales
Sección Primera
Disposiciones Generales (Modificado)
Artículo 136
El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional.
El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los
que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

Artículo 137
Esta Constitución y la ley define las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a
las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.
Artículo 138
Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
Artículo 139
El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de
poder o por violación de esta Constitución o de la ley.
Artículo 140
El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de
la Administración Pública.
Sección Segunda
De la Administración Pública
Artículo 141
La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en
los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento
pleno a la ley y al derecho.
Artículo 142
Los institutos autónomos sólo podrán crearse por ley. Tales instituciones, así como los
intereses públicos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estarán sujetos al
control del Estado, y en la forma que la ley establezca.
Artículo 143
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y
verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén
directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se
adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos,
sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas
a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de
conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido
confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o
funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Sección Tercera
De la Función Pública
Artículo 144
La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso,
traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y
proveerá su incorporación a la seguridad social.
La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionario públicos y
funcionarias públicas para ejercer sus cargos.
Artículo 145
Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de
parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación
u orientación política. Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República
y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá
celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de

otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.
(Modificado)
Artículo 146
Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los
obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.
El ingreso de los funcionarios públicos y funcionarias públicas a los cargos de carrera será por
concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso
estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado,
suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño.
Artículo 147
Para la ocupación de los cargos públicos de carácter remunerado es necesario que sus
respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente.
Las escalas de salarios en la Administración Pública se establecerán reglamentariamente
conforme a la ley.
La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los
funcionarios públicos y funcionarias públicas municipales, estadales y nacionales.
La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios
públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales.
Artículo 148
Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se
trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La
aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la
renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes mientras no reemplacen
definitivamente al principal.
Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión, salvo los casos expresamente
determinados en la ley.
Artículo 149
Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o
recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional.
Sección Cuarta
De los Contratos de Interés Público
Artículo 150
La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la
Asamblea Nacional en los casos que determine la ley.
No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con
Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni
traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
La ley podrá exigir en los contratos de interés público, determinadas condiciones de
nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías.
Artículo 151
En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de
los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según

la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los
Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún
motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.
Sección Quinta
De las Relaciones Internacionales
Artículo 152
Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del
ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de
independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus
asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de
los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el
bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos
principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.
Artículo 153
La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de
avanzar hacia la creación de una Comunidad de Naciones, defendiendo los intereses
económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá
suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el
desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la
seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a
organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias
necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de
integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con
Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas
que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte
integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación
interna.
Artículo 154
Los Tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional
antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos
mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la
República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en
las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al
Ejecutivo Nacional.
Artículo 155
En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará
una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas en
el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las
controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o
ejecución si no fuere improcedente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su
celebración.
Capítulo II
De la Competencia del Poder Público Nacional
Artículo 156
Es de la competencia del Poder Público Nacional:
1. La política y la actuación internacional de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación

de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter
nacional.
4. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extrajeras.
5. Los servicios de identificación.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.
9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.
10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las Dependencias Federales.
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del
sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda.
12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la
renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor
agregado, los hidrocarburos y minas; de los gravámenes a la importación y exportación de
bienes y servicios; de los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y
demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco; y los demás
impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución y la
ley.
13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades
tributarias; para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la
determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales; así
como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre
transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponda a los Municipios, de
conformidad con esta Constitución.
15. El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas.
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías;
y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas
naturales del país.
El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido.
La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los
Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este
numeral, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en
beneficio de otros Estados.
17. El Régimen de metrología legal y control de calidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para
obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación

urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.
21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.
22. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad
alimentaria, ambiente, aguas, turismo, ordenación del territorio.
24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
26. El régimen de la navegación y del trasporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de
carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura. (Modificado)
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la
administración del espectro electromagnético.
29. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y en especial electricidad, agua
potable y gas.
30. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la
presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración nacional de la justicia, del Ministerio Público y de la
Defensoría del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil,
mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de
elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de
propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria;
la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del
trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro
público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de
organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e
instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia
nacional.
33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le
corresponda por su índole o naturaleza.
Artículo 157
La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los
Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la
descentralización.
Artículo 158
La descentralización, como política nacional debe profundizar la democracia, acercando el
poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la
democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.

Capítulo III
Del Poder Público Estadal
Artículo 159
Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena,
y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir
y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República.
Artículo 160
El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora.
Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de
veinticinco años y de estado seglar.
El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por
mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o
reelegida.
(Modificado)
Artículo 161
Los Gobernadores o Gobernadoras rendirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante
el Contralor y Contralora del Estado y presentarán un informe de la misma ante el Consejo
Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
Artículo 162
El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un
número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente
representarán a la población del Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las
atribuciones siguientes:
1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de
cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta
Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les
sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un
período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regulará el
régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.
Artículo 163
Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La
Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y a la ley, el control, la vigilancia
y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las
funciones de la Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y
responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo
serán determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e independencia, así como la
neutralidad en su designación, que será mediante concurso público.
Artículo 164
Es de la competencia exclusiva de los Estados:
1. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo
dispuesto en esta Constitución.

2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división político
territorial, conforme a esta Constitución y a la ley.
3. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso
de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder
Nacional, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos
nacionales.
4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios,
según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales.
5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder
Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de
conformidad con la ley.
6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas
a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
7. La creación, organización, recaudación, control y administración de papel sellado,
timbres y estampillas.
8. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales.
9. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres
estadales.
10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas
nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el
Ejecutivo Nacional.
11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia
nacional o municipal.
Artículo 165
Las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases
dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta
legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación,
cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.
Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y competencias que
gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los
respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles
del Poder Público. Los mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento
jurídico estadal.
Artículo 166
En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas,
presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los
directores o directoras estadales de los ministerios; y una representación de los legisladores
elegidos o legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo,
de los concejales o concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas
donde las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley.
Artículo 167
Son ingresos de los Estados:
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.

2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean
atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado
es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios
estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito
Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el
setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por
ciento del monto que les corresponda por concepto de situado. A los Municipios de cada
Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por
ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.
En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del
Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional del situado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso
correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación
municipal en el mismo.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asignen por ley
nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar
dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a
fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado
que se destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso
ordinario estimado, para lo cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de
la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones
estadales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y de cualquier
otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asignen
como participación en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley.
Capítulo IV
Del Poder Público Municipal
Artículo 168
Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de
personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La
autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la
participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y
evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley.
Los actos de los municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes,
de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Artículo 169
La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución,
por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes
orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten
los Estados.
La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los
Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su organización,
gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y
recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para
generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros
factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la
organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los
municipios con población indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y
responderá a la naturaleza propia del gobierno local.
Artículo 170
Los municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás
entes públicos territoriales, la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para
fines de interés público relativos a materias de su competencia. Por ley se determinarán las
normas concernientes a la agrupación de dos o más Municipios en distritos metropolitanos.
(Modificado)
Artículo 171
Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones
económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana,
podrán organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte
garantizará el carácter democrático y participativo del gobierno metropolitano y establecerá sus
competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y de control. También
asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los
respectivos municipios, y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que
decidan la vinculación de estos últimos al distrito metropolitano.
La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración
de los distritos metropolitanos atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico
y social, situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de
competencias para cada distrito metropolitano tendrá en cuenta esas condiciones.
Artículo 172
El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la
población afectada, definirá los límites del distrito metropolitano y lo organizará según lo
establecido en la ley orgánica nacional, determinando cuales de las competencias
metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito
metropolitano. (Modificado)
Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a
entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y
organización.
Artículo 173
El Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La
legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen municipal
establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del
territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones
que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación
atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover la desconcentración de
la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios

públicos. En ningún caso las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o
imperativas del territorio del Municipio.
Artículo 174
El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será
también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o
venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido
o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser
reelegido o reelegida.
Artículo 175
La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por concejales elegidos
o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución, en el número y condiciones
de elegibilidad que determine la ley.
Artículo 176
Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos,
gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo
del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por el
Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el Consejo mediante concurso
público que garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada para el
cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.
Artículo 177
La ley nacional podrá establecer principios, condiciones y requisitos de residencia,
prohibiciones, causales de inhibición e incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las
funciones de Alcaldes o Alcaldesas y concejales o concejalas.
Artículo 178
Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión
de las materias que se le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne
a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la
dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política
referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social,
de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la
participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las
siguientes áreas:
1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social;
turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura
civil, nomenclatura y ornato público.
2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las
vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.
3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y
fines específicos municipales.
4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y
domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y
protección civil.
5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda
infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración
familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones
culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y
las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.

6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico; alcantarillado, canalización y
disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios.
7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal,
conforme a la legislación nacional aplicable.
8. Las demás que le atribuya esta Constitución y la ley.
Las actuaciones que corresponden al municipio en la materia de su competencia no
menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a la
Constitución.
Artículo 179
Los municipios tendrán los siguientes ingresos:
1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o
autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o
de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre
inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y
publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas
por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los
planes de ordenación urbanística.
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución
por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación
de dichos tributos.
4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones
nacionales o estadales.
5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás
que les sean atribuidas.
6. Los demás que determine la ley.
Artículo 180
La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las
potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal
sobre determinadas materias o actividades.
Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de los demás entes
político territoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero
no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.
Artículo 181
Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de
las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas
señalen, conforme a esta Constitución y a la legislación que se dicte para desarrollar sus
principios.
Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de
dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente
constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área
urbana. Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos
indígenas. La ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.

Artículo 182
Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e
integrado por los concejales o concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas
Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada,
de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.
Artículo 183
Los Estados y los Municipios no podrán:
1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes
nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional.
2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio.
3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma
diferente a los producidos en él.
Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad
forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.
Artículo 184
La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los municipios
descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios
que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura,
programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y
conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y
prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos
estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y
corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de las
asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuesta
de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los
respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras,
programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la
economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas
asociativas.
4. La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en la gestión de las
empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como
fuente generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante
el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las
comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la
corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar
procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios
públicos estadales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los
establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.

Capítulo V
Del Consejo Federal de Gobierno
Artículo 185
El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de
políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de
competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras,
los Gobernadores o Gobernadoras, un Alcalde o Alcaldesa por cada Estado y representantes
de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.
El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres Gobernadores o
Gobernadoras y tres Alcaldes o Alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el
Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas
para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de
las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a
apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y
comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los
desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al
Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se
aplicarán dichos recursos.
TÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL
Capítulo I
Del Poder Legislativo Nacional
Sección Primera
Artículo 186
La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada
entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación
proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del
país.
Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas.
Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o
diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y
costumbres.
Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo
proceso.
Artículo 187
Corresponde a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las
distintas ramas del Poder Nacional.
2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en
esta.
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en

los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios
obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley
establezca.
4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.
5. Decretar amnistías.
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al
régimen tributario y al crédito público.
7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación,
que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer
año de cada período constitucional.
9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos
establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional
con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los
Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de
presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados o
diputadas, que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, o del Ministro o Ministra.
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el
país.
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de
la Nación, con las excepciones que establezca la ley.
13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos,
honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de
los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.
15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que
hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos veinticinco años
de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del Presidente o
Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras
de Estado o los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno.
16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados.
17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional
cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.
18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo
Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un
diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los
diputados y las diputadas presentes.

21. Organizar su servicio de seguridad interna.
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones
financieras del país.
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización
administrativa.
24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.
Artículo 188
Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputada a la Asamblea Nacional son:
1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento, o por naturalización con, por lo menos,
quince años de residencia en territorio venezolano.
2. Ser mayor de veintiún años de edad.
3. Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la
fecha de la elección
Artículo 189
No podrán ser elegidos o elegidas diputados o diputadas:
1. El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras, el Secretario o Secretaria de la Presidencia
de la República, y los Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de los institutos
autónomos y empresas del Estado, hasta tres meses después de la separación absoluta de
sus cargos.
2. Los Gobernadores o Gobernadoras y Secretarios o Secretarias de gobierno de los
Estados y autoridades de similar jerarquía del Distrito Capital, hasta tres meses después de la
separación absoluta de sus cargos. (Modificado)
3. Los funcionarios o funcionarias municipales, estadales o nacionales, de institutos
autónomos o empresas del Estado, cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción en la cual
actúa, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o académico.
La ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otros funcionarios o funcionarias.
Artículo 190
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán ser propietarios o propietarias,
administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que contraten con
personas jurídicas estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con
las mismas. Durante la votación sobre causas en las cuales surjan conflictos de intereses
económicos, los o las integrantes de la Asamblea Nacional que estén involucrados o
involucradas en dichos conflictos, deberán abstenerse.
Artículo 191
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos
sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o
asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva.
Artículo 192
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.
Sección Segunda
De la Organización de la Asamblea Nacional

Artículo 193
La Asamblea Nacional nombrará Comisiones Permanentes, Ordinarias y Especiales. Las
Comisiones Permanentes, en un número no mayor de quince, estarán referidas a los sectores
de actividad nacional. Igualmente, podrá crear Comisiones con carácter temporal para
investigación y estudio, todo ello de conformidad con su reglamento. La Asamblea Nacional
podrá crear o suprimir Comisiones Permanentes con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus integrantes.
Artículo 194
La Asamblea Nacional elegirá de su seno un Presidente o Presidenta y dos Vicepresidentes o
Vicepresidentas, un Secretario o Secretaria y Subsecretario o Subsecretaria fuera de su seno,
por un período de un año. El reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales
y absolutas.
Artículo 195
Durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión Delegada integrada por el Presidente
o Presidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas y los Presidentes o Presidentas de las
Comisiones Permanentes.
Artículo 196
Son atribuciones de la Comisión Delegada:
1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la
importancia de algún asunto.
2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la República para salir del territorio nacional.
3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos adicionales.
4. Designar Comisiones temporales integradas por miembros de la Asamblea.
5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea.
6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus
integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia
comprobada.
Sección Tercera
De los Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional
Artículo 197
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados y obligadas a cumplir sus
labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una
vinculación permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias
y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben
dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la
cual fueron elegidos y elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del
mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia.
Artículo 198
El diputado o diputada a la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, no podrá optar a
cargos de elección popular en el siguiente período.
Artículo 199
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones
emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el
cuerpo legislativo de acuerdo con la Constitución y los reglamentos.
Artículo 200
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus
funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del
mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional

conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá
ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su
enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la
autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará
inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las
integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o
castigadas de conformidad con la ley.
Artículo 201
Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no
sujetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea
Nacional es personal.
Sección Cuarta
De la Formación de las Leyes
Artículo 202
La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que
reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar
códigos.
Artículo 203
Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar
los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco
normativo a otras leyes.
Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será
previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o
las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta
votación calificada se aplicará también para la modificación de leyes orgánicas. (Modificado)
Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado orgánicas serán remitidas antes de su
promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie
acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el
término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala
Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá este carácter.
Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de
sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de las materias que se
delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes
habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.
Artículo 204
La iniciativa de las leyes corresponde:
1. Al Ejecutivo Nacional.
2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres.
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y
procedimientos judiciales.
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran.
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral.
7. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los
inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. (Modificado)
8. Al Consejo Legislativo cuando se trate de leyes relativas a los Estados.

Artículo 205
La discusión de los proyectos de ley presentados por los electores y electoras conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias
siguientes al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el
proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley.
(Modificado)
Artículo 206
Los estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo,
cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecerá los mecanismos de
consulta a la sociedad civil y demás instituciones de los Estados por parte del Consejo, en
dichas materias.
Artículo 207
Para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo las
reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos respectivos. Aprobado el
proyecto, el Presidente o Presidenta de la Asamblea declarará sancionada la ley.
Artículo 208
En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos,
alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado.
Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a la Comisión directamente
relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado
con varias Comisiones Permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio
y presentar el informe.
Las Comisiones que estudian proyectos de ley presentarán el informe correspondiente en un
plazo no mayor de treinta días consecutivos.
Artículo 209
Recibido el informe de la Comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda discusión del
proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin modificaciones,
quedará sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolverá a la
Comisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo no mayor de quince días continuos;
leída la nueva versión del proyecto de ley en la plenaria de la Asamblea Nacional, ésta decidirá
por mayoría de votos lo que fuere procedente respecto a los artículos en que hubiere
discrepancia y de los que tuvieren conexión con éstos. Resuelta la discrepancia, la Presidencia
declarará sancionada la ley.
Artículo 210
La discusión de los proyectos que quedaren pendientes al término de las sesiones, podrán
continuarse en las sesiones siguientes o en sesiones extraordinarias.
Artículo 211
La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y
aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los
ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos.
Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes los Ministros o Ministras en
representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de
Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; el o la representante del
Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los o las
integrantes del Poder Electoral; los estados a través de un o una representante designado o
designada por el Consejo Legislativo y los o las representantes de la sociedad organizada, en
los términos que establezca el reglamento de la Asamblea Nacional.

Artículo 212
Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: "La Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, decreta:".
Artículo 213
Una vez sancionada la ley, se extenderá por duplicado con la redacción final que haya
resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente o Presidenta,
los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas y el Secretario o Secretaria de la Asamblea
Nacional, con la fecha de su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la ley será
enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional al Presidente o Presidenta de
la República a los fines de su promulgación.
Artículo 214
El Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los diez días siguientes
a aquél en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, con acuerdo del Consejo de
Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique
alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o parte de ella.
La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el Presidente o
Presidenta de la República, por mayoría absoluta de los diputados o diputadas presentes y le
remitirán la ley para la promulgación.
El Presidente o Presidenta de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los
cinco días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones.
Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus
artículos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal
Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la
comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la
inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de
la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al
vencimiento de dicho lapso.
Artículo 215
La Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente "Cúmplase" en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
(Modificado)
Artículo 216
Cuando el Presidente o Presidenta de la República no promulgare la ley en los lapsos
señalados, el Presidente o Presidenta y los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas de la
Asamblea Nacional procederán a su promulgación, sin perjuicio de la responsabilidad en que
aquél o aquella incurriere por su omisión.
Artículo 217
La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o
de un convenio internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con
los usos internacionales y la conveniencia de la República.
Artículo 218
Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones
establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea
objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones
aprobadas.

Sección Quinta
De los Procedimientos
Artículo 219
El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin
convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y
durarán hasta el quince de agosto.
El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato
posible y terminará el quince de diciembre.
Artículo 220
La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para tratar las materias
expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También podrá considerar las que
fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes.
Artículo 221
Los requisitos y procedimientos para la instalación y demás sesiones de la Asamblea Nacional,
y para el funcionamiento de sus Comisiones, serán determinados por el reglamento.
El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los o las integrantes
de la Asamblea Nacional.
Artículo 222
La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes
mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las
aprobaciones parlamentarias, previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier
otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control
parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o
funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar
para hacer efectiva tal responsabilidad.
Artículo 223
La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes
en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento.
Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las
sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles
las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetarán los
derechos y garantías que esta Constitución reconoce.
Artículo 224
El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes
públicos. Los jueces o juezas estarán obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las
cuales reciban comisión de la Asamblea Nacional o de sus Comisiones.
Capítulo II
Del Poder Ejecutivo Nacional
Sección Primera
Del Presidente o Presidenta de la República
Artículo 225
El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o
funcionarias que determinen esta Constitución y la ley.

Artículo 226
El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo
Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno.
Artículo 227
Para ser elegido Presidente de la República o Presidenta de la República se requiere ser
venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta
años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia
definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución.
Artículo 228
La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, directa
y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o la candidata
que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos.
Artículo 229
No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté en ejercicio
del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra,
Gobernador o Gobernadora, o Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier
momento entre esta fecha y la de la elección.
Artículo 230
El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser
reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez, para un período.
(Modificado)
Artículo 231
El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta
de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante
juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o
Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante
el Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 232
El Presidente o Presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de
las obligaciones inherentes a su cargo.
Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos
y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la
República. La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su
responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los
Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y con la ley.
Artículo 233
Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o
su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física
o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de
Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal
por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar
posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta
días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la
nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta
de la Asamblea Nacional.

Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los
primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal,
directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma
posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el
Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.
En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional
correspondiente.
Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el
Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República
hasta completar dicho período.
Artículo 234
Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por
decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.
Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional
decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.
Artículo 235
La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o Presidenta de la República
requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se
prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.
Sección Segunda
De las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la República
Artículo 236
Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
2. Dirigir la acción del Gobierno.
3. Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y
remover los Ministros o Ministras.
4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados,
convenios o acuerdos internacionales.
5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la
suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.
6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a
partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos o nombrarlas
para los cargos que les son privativos.
7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos
previstos en esta Constitución.
8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.
9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón.

11. Administrar la Hacienda Pública Nacional.
12. Negociar los empréstitos nacionales.
13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea
Nacional o de la Comisión Delegada.
14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y a la ley.
15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al
Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones
diplomáticas permanentes.
16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le
atribuyen esta Constitución y la ley.
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales.
18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la
Asamblea Nacional.
19. Conceder indultos.
20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la
Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del
Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente
ley orgánica.
21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución.
22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
24. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones
señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley
para ser ejercidas en igual forma.
Los actos del Presidente o Presidenta de la República, con excepción de los señalados en los
ordinales 3 y 5, serán refrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos.
Artículo 237
Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en
sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año
personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos,
económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior.
Sección Tercera
Del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva
Artículo 238
El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es órgano directo y colaborador
inmediato del Presidente o Presidenta de la República en su condición de Jefe o jefa del
Ejecutivo Nacional.

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunirá las mismas condiciones exigidas
para ser Presidente o Presidenta de la República, y no podrá tener ningún parentesco de
consanguinidad ni de afinidad con éste.
Artículo 239
Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva:
1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección de la acción
del Gobierno.
2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del
Presidente o Presidenta de la República.
3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la remoción de
los Ministros o Ministras.
4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, el Consejo de
Ministros.
5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional.
6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno.
7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias
nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad.
8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República.
9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de la República.
10. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley.
Artículo 240
La aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva, por una votación no menor de las tres quintas partes de los integrantes de la
Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no
podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, o de Ministro o
Ministra por el resto del período presidencial.
La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades
dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones
de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea
Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva
legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.
La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional.
Artículo 241
El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es responsable de sus actos de
conformidad con esta Constitución y con la ley.
Sección Cuarta
De los Ministros o Ministras y del Consejo de Ministros
Artículo 242
Los Ministros o Ministras son órganos directos del Presidente o Presidenta de la República, y
reunidos o reunidas conjuntamente con este o ésta y con el Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, integran el Consejo de Ministros.
El Presidente o Presidenta de la República presidirá las reuniones del Consejo de Ministros,
pero podrá autorizar al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva para que las
presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisiones tomadas serán ratificadas por el
Presidente o Presidenta de la República, para su validez. (Modificado)
De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los Ministros o Ministras que hubieren concurrido, salvo

aquellos y aquellas que hayan hecho constar su voto adverso o negativo.
Artículo 243
El Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar Ministros de Estado o Ministras de
Estado, los y las cuales, además de participar en el Consejo de Ministros, asesorarán al
Presidente o Presidenta de la República y al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva en los asuntos que le fueran asignados.
Artículo 244
Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de
veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta Constitución.
Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución
y con la ley, presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de
cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año
inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.
Artículo 245
Los Ministros o Ministras tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus
comisiones. Podrán tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto.
Artículo 246
La aprobación de una moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación no menor
de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica
su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de
Ministro o Ministra ni de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el resto del
período presidencial.
Sección Quinta
De la Procuraduría General de la República
Artículo 247
La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y
extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, y será consultada para la
aprobación de los contratos de interés público nacional.
La ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento.
Artículo 248
La Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo la dirección del Procurador o
Procuradora General de la República, con la colaboración de los demás funcionarios o
funcionarias que determine su ley orgánica.
Artículo 249
El Procurador o Procuradora General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas
para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado o
nombrada por el Presidente o Presidenta de la República con la autorización de la Asamblea
Nacional.
Artículo 250
El Procurador o Procuradora General de la República asistirá, con derecho a voz, a las
reuniones del Consejo de Ministros.
Sección Sexta
Del Consejo de Estado
Artículo 251
El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración

Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos
asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial
trascendencia y requiera de su opinión.
La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones.
Artículo 252
El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará
conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la
República; un o una representante designado o designada por la Asamblea Nacional; un o una
representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia; y un Gobernador o
Gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales.
Capítulo III
Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia
Sección Primera
Artículo 253
La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en
nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su
competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar
sus sentencias.
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales
que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación
penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los
medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanos que participan en la administración
de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el
ejercicio.
Artículo 254
El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía
funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se
le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del
presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido
o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está
facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.
Artículo 255
El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de
oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán
seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y
condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas
corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en
el procedimiento de selección y designación de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo
podrán ser removidos o removidas o suspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los
procedimientos expresamente previstos en la ley.
La ley propenderá a la profesionalización de los jueces o juezas y las universidades
colaborarán en este propósito, organizando en los estudios universitarios de derecho la
especialización judicial correspondiente.
Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por
error, retardo u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas

procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que
incurran en el desempeño de sus funciones.
Artículo 256
Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus
funciones, los magistrados o magistradas, los jueces o las juezas, los fiscales o las fiscales del
Ministerio Público y los defensores públicos o las defensoras públicas, desde la fecha de su
nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto,
llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar
actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpósita
persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas.
Los jueces y las juezas no podrán asociarse entre sí.
Artículo 257
El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades
no esenciales.
Artículo 258
La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán
elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios
alternativos para la solución de conflictos.
Artículo 259
La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los
demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales
contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y
a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración;
conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad
administrativa.
Artículo 260
Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de
justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afectan a sus integrantes, según
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la
ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial
con el sistema judicial nacional.
Artículo 261
La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán
seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y
modalidades de funcionamiento, se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo
previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones
de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, será juzgada por los tribunales
ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.
La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y
funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

Sección Segunda
Del Tribunal Supremo de Justicia
Artículo 262
El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político
Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas
integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica.
La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores.
Artículo 263
Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:
1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad.
(Modificado)
2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la
abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia
jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante
un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber
sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula,
con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el
desempeño de sus funciones.
4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.
Artículo 264
Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por
un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso,
podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por
iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la
opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano,
el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la
cual hará selección definitiva.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los
postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea
Nacional.
Artículo 265
Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o
removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras
partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de
faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.
Artículo 266
Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución.
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la
República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa
previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, de los integrantes o las integrantes de la Asamblea Nacional o del
propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora
General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del
Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y

almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefes de misiones diplomáticas de la
República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o la Fiscal General de la República o
a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la
causa hasta la sentencia definitiva. (Modificado)
4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún
estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas
entidades, a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado, caso
en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.
5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos
generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.
6. Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos
legales, en los términos contemplados en la ley.
7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales,
cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.
8. Conocer del recurso de casación.
9. Las demás que establezca la ley.
La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas
en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político
Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo
previsto en esta Constitución y la ley.
Sección Tercera
Del Gobierno y la Administración del Poder Judicial
Artículo 267
Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del
Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías
Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del
presupuesto del Poder Judicial.
La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine
la ley.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará
fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la
Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al
debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.
Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección
Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales.
Artículo 268
La ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del
servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los
beneficios de la carrera del defensor o defensora.
Artículo 269
La ley regulará la organización de circuitos judiciales, así como la creación y competencias de
tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y

jurisdiccional del Poder Judicial.
Artículo 270
El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección
de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o
juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado
por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que
establezca la ley.
Artículo 271
En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables
de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional,
hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No
prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos
humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa
decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con
los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes. (Modificado)
El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose
el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas
cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas
personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil.
Artículo 272
El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o
interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios
contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la
dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se
regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o
municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá
en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las
fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a
las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la
asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y
propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal
exclusivamente técnico.
Capítulo IV
Del Poder Ciudadano
Sección Primera
Artículo 273
El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o
Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la
República.
Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la
Contraloría General de la República, uno o una de cuyos o cuyas titulares será designado o
designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o Presidenta por períodos de
un año, pudiendo ser reelegido o reelegida.
El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera
y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una
partida anual variable.

Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica.
Artículo 274
Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta
Constitución y la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética
pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del
patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la
actividad administrativa del Estado; e igualmente, promover la educación como proceso
creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad
social y el trabajo.
Artículo 275
Los o las representantes del Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades,
funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el
cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral
Republicano podrá imponer sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el
Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano presentará un informe al órgano o
dependencia al cual esté adscrito o adscrita el funcionario público o funcionaria pública, para
que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar en conformidad con la ley.
Artículo 276
El Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los o las titulares de los órganos
del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesión
plenaria. Así mismo, presentará los informes que en cualquier momento les sean solicitados
por la Asamblea Nacional.
Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios se publicarán.
Artículo 277
Todos los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública están obligados u obligadas,
bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los
o las representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Este podrá
solicitarles las declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de
sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con carácter
confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadano solo podrá
suministrar la información contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los
procedimientos que establezca la ley.
Artículo 278
El Consejo Moral Republicano promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al
conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y
democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los
derechos humanos.
Artículo 279
El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder
Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad;
adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del
Poder Ciudadano, que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta,
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso
no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en
consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder
Electoral someterá la terna a consulta popular.
En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder
Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la
designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.

Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea
Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo
establecido en la ley.
Sección Segunda
De la Defensoría del Pueblo
Artículo 280
La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos
humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y
ciudadanas.
La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor o Defensora
del Pueblo, quien será designado o designada por un único período de siete años.
Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano o venezolana por
nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, con manifiesta y demostrada
competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad,
ética y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales del Defensor o Defensora
del Pueblo serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley. (Modificado)
Artículo 281
Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:
1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos
ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que
lleguen a su conocimiento. (Modificado)
2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los
derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades,
desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo
cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las
personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionado con motivo del funcionamiento de
los servicios públicos. (Modificado)
3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data y
las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los
numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley.
4. Instar al Fiscal o la Fiscal General de la República para que intente las acciones o
recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas,
responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos.
5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar
respecto de los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de la violación o
menoscabo de los derechos humanos.
6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a
que hubiere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario, de
conformidad con la ley.
7. Presentar ante los órganos legislativos municipales, estadales o nacionales, proyectos
de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos.
8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para

su garantía y efectiva protección.
9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado,
a fin de garantizar la protección de los derechos humanos. (Modificado)
10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones
necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollará
mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e
internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos. (Modificado)
11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos
humanos.
Artículo 282
El Defensor o Defensora del Pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y,
por lo tanto, no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o
enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso conocerá
de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 283
La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo
en los ámbitos municipal, estadal, nacional y especial. Su actividad se regirá por los principios
de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio.
Sección Tercera
Del Ministerio Público
Artículo 284
El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de
la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o
funcionarias que determine la ley.
Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de
los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal o la Fiscal General
de la República será designado o designada para un período de siete años. (Modificado)
Artículo 285
Son atribuciones del Ministerio Público:
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías
constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la
República.
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo
y el debido proceso.
3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para
hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y
responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento
de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.
4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o
proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.
5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil,
laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o

funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a
los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la
ley.
Artículo 286
La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio Público en los
ámbitos municipal, estadal y nacional, proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad,
probidad y estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio Público. Asimismo,
establecerá las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de sus
funciones.
Sección Cuarta
De la Contraloría General de la República
Artículo 287
La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los
ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a
los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación
a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control.
Artículo 288
La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor
o Contralora General de la República, quien debe ser venezolano o venezolana por nacimiento
y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y con probada aptitud y experiencia para el
ejercicio del cargo.
El Contralor o Contralora General de la República será designado o designada para un período
de siete años.
Artículo 289
Son atribuciones de la Contraloría General de la República:
1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos,
así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se
atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.
2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros
órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.
3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público
sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre
irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y
aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.
4. Instar al Fiscal o la Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales a que
hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y
de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.
5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y
políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su
control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.
6. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.

Artículo 290
La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República y del sistema nacional de control fiscal.
Artículo 291
La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional es parte integrante del sistema nacional
de control. Tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y
bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus órganos adscritos, sin menoscabo
del alcance y competencia de la Contraloría General de la República. Su organización y
funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajo la dirección y responsabilidad del
Contralor o Contralora General de la Fuerza Armada Nacional, quien será designado o
designada mediante concurso de oposición.
Capítulo V
Del Poder Electoral
Artículo 292
El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector; y son
organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y
Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el
funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.
Artículo 293
El Poder Electoral tiene por funciones:
1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estas susciten o
contengan.
2. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y
administrará autónomamente.
3. Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político
electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas.
4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones.
5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la
elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los
referendos.
6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales, y organizaciones con
fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos
electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones
aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios.
7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral.
8. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar
porque estas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y en
la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de
organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus
denominaciones provisionales, colores y símbolos.
9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con
fines políticos.
10. Las demás que determine la ley.

Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad,
transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la
personalización del sufragio y la representación proporcional.
Artículo 294
Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica,
autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales,
imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral,
transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.
Artículo 295
El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo
Nacional Electoral estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la
sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.
Artículo 296
El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a
organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la
sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades
nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano.
Los o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán seis suplentes
en secuencia ordinal y cada designado o designada por las universidades y el Poder
Ciudadano tendrá dos suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de
Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, serán
presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Los o
las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán
elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio
de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo.
Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la
Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las
integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta,
de conformidad con la ley. (Modificado)
Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la
Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia
Artículo 297
La jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia y los demás tribunales que determine la ley.
Artículo 298
La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso
comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la
misma.
TÍTULO VI
DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO
Capítulo I
Del Régimen Socioeconómico y la Función del Estado en la Economía
Artículo 299
El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los
principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,

productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una
existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa
privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar
fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y
fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez,
dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para
lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática,
participativa y de consulta abierta.
(Modificado)
Artículo 300
La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente
descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de
asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas
se inviertan.
Artículo 301
El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas
de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u
organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales.
La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.
Artículo 302
El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia
nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés
público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias
primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de
asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza
y bienestar para el pueblo.
Artículo 303
Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la
totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de
la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y
cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de
negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.
Artículo 304
Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el
desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, y
aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de
ordenación del territorio.
Artículo 305
El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural
integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y
permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria deberá
alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose
como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La
producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social
de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial,
transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y
otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para
compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. (Modificado)

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras
artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea
de costa definidos en la ley.
Artículo 306
El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de
generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así
como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el
uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica.
Artículo 307
El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia
tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su
transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de
vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y
productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas
especificados en la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y
particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la
ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial
agroalimentario.
Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para
financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades
que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola. La ley regulará lo
conducente a esta materia.
Artículo 308
El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de
ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de
asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad
colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa
popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.
Artículo 309
La artesanía e industrias populares típicas de la Nación gozarán de protección especial del
Estado, con el fin de preservar su autenticidad, y obtendrán facilidades crediticias para
promover su producción y comercialización.
Artículo 310
El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritaria para el país en su
estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del
régimen socioeconómico previsto en esta Constitución, el Estado dictará las medidas que
garanticen su desarrollo. El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico
nacional.
Capítulo II
Del Régimen Fiscal y Monetario
Sección Primera
Del Régimen Presupuestario
Artículo 311
La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia,
transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco plurianual del
presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los
gastos ordinarios.

El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su sanción legal, un marco
plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y
endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá
las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su
cumplimiento.
El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en
general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.
Los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera
nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.
Artículo 312
La ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente en relación con
el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para
cubrir el servicio de la deuda pública. Las operaciones de crédito público requerirán, para su
validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica.
La ley especial indicará las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos
presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto.
La ley especial de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional
conjuntamente con la Ley de Presupuesto.
El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder
Nacional, de acuerdo con la ley.
Artículo 313
La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado
anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la
oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder
Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de
Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por
ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.
La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas
que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de
las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto.
Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la ley especial de endeudamiento y
el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos los objetivos de largo plazo para la
política fiscal, y explicará cómo dichos objetivos serán logrados, de acuerdo con los principios
de responsabilidad y equilibrio fiscal.
Artículo 314
No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo
podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o
cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para
atender la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del
Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la
Comisión Delegada.
Artículo 315
En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de Gobierno, se
establecerán de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que
esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o
funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados. Éstos se establecerán en
términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea

técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento
del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de
la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio.
Sección Segunda
Del Sistema Tributario
Artículo 316
El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad
económica del o de la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la
protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se
sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.
Artículo 317
No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni
concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos
previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. (Modificado)
No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión
fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente.
En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de la
pena.
Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá
fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que
acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución.
La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de
acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada por
el Presidente o Presidenta de la República, de conformidad con las normas previstas en la ley.
Sección Tercera
Del Sistema Monetario Nacional
Artículo 318
Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y
obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de
Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad
monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En
caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y
caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.
El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la
formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela
ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los
objetivos superiores del Estado y la Nación.
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus
funciones la de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la
política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas
internacionales y todas aquellas que establezca la ley.
Artículo 319
El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo
efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea
Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento
de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten, e

incluirán los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del
objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas,
de acuerdo con la ley.
El Banco Central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la Contraloría General de la
República y a la inspección y vigilancia del organismo público de supervisión bancaria, el cual
remitirá a la Asamblea Nacional informes de las inspecciones que realice. El presupuesto de
gastos operativos del Banco Central de Venezuela requerirá la discusión y aprobación de la
Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances serán objeto de auditorias externas en los
términos que fije la ley.
Sección Cuarta
De la Coordinación Macroeconómica
Artículo 320
El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la
economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios para asegurar el bienestar social.
El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la
armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos
macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará
subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales
deficitarias.
La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará
mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos finales de
crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las
políticas fiscal, cambiaria y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e
instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo será firmado
por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio
responsable de las finanzas, y divulgará en el momento de la aprobación del presupuesto por
la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo que las
acciones de política sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificarán los
resultados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las
características del acuerdo anual de política económica y los mecanismos de rendición de
cuentas.
Artículo 321
Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la
estabilidad de los gastos del Estado, en los niveles municipal, regional y nacional, ante las
fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como
principios básicos la eficiencia, la equidad y no discriminación entre las entidades públicas que
aporten recursos al mismo.
TÍTULO VII
DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Capítulo I
Artículo 322
La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, se
fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa es responsabilidad de los
venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho
público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.

Artículo 323
El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y
asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la
Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde
también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o
Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral
Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las
relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La
ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.
Artículo 324
Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se
introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso.
La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de
acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento,
tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y
explosivos.
Artículo 325
El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden
relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de
la Nación, en los términos que la ley establezca.
Capítulo II
De los Principios de Seguridad de la Nación
Artículo 326
La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y sociedad
civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz,
libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos
humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas
de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo
de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce
sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
Artículo 327
La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de
seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya
amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán
regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los
pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.
Capítulo III
De la Fuerza Armada Nacional
Artículo 328
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia
política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y
asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el
mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo
con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo
de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares
fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional
está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de

manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un
régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.
Artículo 329
El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación,
ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la
Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como
responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del
orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía
administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley.
Artículo 330
Los integrantes o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen
derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que se les esté permitido optar a cargo de
elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.
Artículo 331
Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia
exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán regulados por la ley respectiva.
Capítulo IV
De los Órganos de Seguridad Ciudadana
Artículo 332
El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos
o ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y
asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con
la ley, organizará:
1. Un cuerpo uniformado de policía nacional
2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas
3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.
4. Una organización de protección civil y administración de desastres.
Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los
derechos humanos, sin discriminación alguna.
La función de los órganos de seguridad ciudadana constituyen una competencia concurrente
con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.
TÍTULO VIII
DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN
Capítulo I
De la Garantía de esta Constitución
Artículo 333
Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque
fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá
el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 334
Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo
previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la

Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier
causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como
jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que
ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que
tengan rango de ley, cuando colidan con aquella. (Modificado)
Artículo 335
El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y
principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su
uniforme interpretación y aplicación.
Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las
normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo
de Justicia y demás tribunales de la República.
Artículo 336
Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de
la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas
municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados
en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo
Nacional, que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta
Constitución, dictados por cualquier otro órgano estadal en ejercicio del Poder Público, cuando
colidan con ésta. (Modificado)
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional,
la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República,
antes de su ratificación.
6. Revisar, en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren
estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando
haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de
esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser
necesario, los lineamientos de su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe
prevalecer. (Modificado)
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos
del Poder Público.
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de
constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los Tribunales de la República, en
los términos establecidos por la ley orgánica respectiva. (Modificado)

Capítulo II
De los Estados de Excepción
Artículo 337
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los
estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden
social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la
Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan
insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal
caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución,
salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho
al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Artículo 338
Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas
u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación,
o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días,
siendo prorrogable hasta por treinta días más.
Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias
económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su
duración será de hasta sesenta días, prorrogables por un plazo igual. (Modificado)
Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o
externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y
ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable
hasta por noventa días más.
La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea
Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que
pueden adoptarse con base en los mismos.
Artículo 339
El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho
cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse
dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y
aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie
sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías
establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá
solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la
Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las
causas que lo motivaron.
La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del
Poder Público.
TÍTULO IX
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Capítulo I
De las Enmiendas

Artículo 340
La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la
Constitución, sin alterar su estructura fundamental
Artículo 341
Las enmiendas a la Constitución se tramitarán en la forma siguiente:
1. La iniciativa podrá partir del quince por ciento de los ciudadanos y las ciudadanas inscritas
en el Registro Civil y Electoral; o de una treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea
Nacional o del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de
ésta por la mayoría de sus integrantes y se discutirá, según el procedimiento establecido en
esta Constitución para la formación de leyes.
3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su
recepción formal.
4. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta
Constitución y en la ley relativa al referendo aprobatorio.
5. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de la
Constitución sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos
enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó.
Capítulo II
De la Reforma Constitucional
Artículo 342
La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la
sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios
fundamentales del texto constitucional.
La iniciativa de la reforma de esta Constitución podrán tomarla la Asamblea Nacional mediante
acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; el Presidente o Presidenta de
la República en Consejo de Ministros; o un número no menor del quince por ciento de los
electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral que lo soliciten.
(Modificado)
Artículo 343
La iniciativa de Reforma Constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en la forma
siguiente:
1. El Proyecto de Reforma Constitucional tendrá una primera discusión en el período de
sesiones correspondiente a la presentación del mismo.
2. Una segunda discusión por Título o Capítulo, según fuere el caso.
3. Una tercera y última discusión artículo por artículo.
4. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor
de dos años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma.
5. El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las dos terceras partes de los
integrantes o las integrantes de la Asamblea Nacional.

Artículo 344
El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a
referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción. El referendo se pronunciará en
conjunto sobre la reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella,
si así lo aprobará un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la
iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la República o un
número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el
Registro Civil y Electoral.
Artículo 345
Se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al
número de votos negativos. La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no
podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.
(Modificado)
Artículo 346
El Presidente o Presidenta de la República estará obligado u obligada a promulgar las
enmiendas o reformas dentro de los diez días siguientes a su aprobación. Si no lo hiciere, se
aplicará lo previsto en esta Constitución.
Capítulo III
De la Asamblea Nacional Constituyente
Artículo 347
El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de
dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de
transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Artículo 348
La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el Presidente
o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos,
mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los
electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
(Modificado)
Artículo 349
El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución.
Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.
(Modificado)
Artículo 350
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz
y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores,
principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de
enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su

vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
La ley especial sobre el régimen del Distrito Capital, prevista en el artículo 18 de esta
Constitución, será aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y preservará la integridad
territorial del Estado Miranda. Mientras se aprueba la ley especial, se mantiene en vigencia el
régimen previsto en la Ley Orgánica del Distrito Federal y en la Ley Orgánica de Régimen
Municipal.
Segunda
Mientras se dicta la ley prevista en el artículo 38 de esta Constitución, sobre adquisición,
opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad, se considerarán con domicilio en
Venezuela los extranjeros o extranjeras que habiendo ingresado y permanecido legalmente en
el territorio nacional, hayan declarado su intención de fijar domicilio en el país, tengan medios
lícitos de vida y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante dos años.
Por residencia se entenderá la estadía en el país con ánimo de permanecer en él. Las
declaraciones de voluntad previstas en los artículos 32, 33 y 36 de esta Constitución se harán
en forma auténtica por la persona interesada cuando sea mayor de edad, o por su
representante legal, si no ha cumplido veintiún años.
Tercera
La Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis meses siguientes a su instalación,
aprobará:
1. Una reforma parcial del Código Penal para incluir el delito de desaparición forzada de
personas, previsto en el artículo 45 de esta Constitución. Mientras no se apruebe esta reforma
se aplicará, en lo que sea posible, la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada
de Personas.
2. Una ley orgánica sobre estados de excepción.
3. Una ley especial para establecer las condiciones y características de un régimen especial
para los Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos, del Estado Apure. Para la
elaboración de esta ley, se oirá la opinión del Presidente o Presidenta de la República, de la
Fuerza Armada Nacional, de la representación que designe el Estado en cuestión y demás
instituciones involucradas en la problemática fronteriza.
Cuarta
Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará:
1. La legislación sobre la sanción a la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del
Código Penal.
2. Una ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, acorde con los
términos de esta Constitución y los tratados internacionales sobre la materia ratificados por
Venezuela.
3. Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a
prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el
pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad
con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años.
Durante este lapso, mientras entre en vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose de
forma transitoria el régimen de la prestación de antigüedad establecido en la Ley Orgánica del
Trabajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la
jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los

acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República.
4. Una ley orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción
laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadora en los términos
previstos en esta Constitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará
orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la
realidad de los hechos, la equidad y rectoría de juez o jueza en el proceso.
5. La legislación referida al Sistema Judicial, a la Administración Pública Nacional, al Poder
Ciudadano, al Poder Electoral y a la legislación tributaria, de régimen presupuestario y de
crédito público.
Una ley orgánica sobre la defensa pública. Hasta tanto no se sancione dicha ley, la Comisión
de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial estará a cargo del desarrollo y
operatividad efectiva del Sistema Autónomo de la Defensa Pública, a los fines de garantizar el
derecho a la defensa.
6. Una ley que desarrolle la hacienda pública estadal estableciendo, con apego a los principios
y normas de esta Constitución, los tributos que la compongan, los mecanismos de su
aplicación y las disposiciones que la regulen.
7. La legislación que desarrolle los principios sobre el régimen municipal. De conformidad con
ella, los órganos legislativos de los Estados procederán a sancionar los instrumentos
normativos que correspondan a la potestad organizadora que tienen asignada a los Municipios
y demás entidades locales y a la división político territorial en cada jurisdicción. Se mantienen
los Municipios y parroquias existentes hasta su adecuación al nuevo régimen previsto en dicho
ordenamiento.
8. La ley a la cual se ajustará el Banco Central de Venezuela. Dicha ley fijará, entre otros
aspectos, el alcance de las funciones y forma de organización del instituto; el funcionamiento,
período, forma de elección, remoción, régimen de incompatibilidades y requisitos para la
designación de su Presidente o Presidenta y Directores o Directoras; las reglas contables para
la constitución de sus reservas y el destino de sus utilidades; la auditoría externa anual de las
cuentas y balances, a cargo de firmas especializadas, seleccionadas por el Ejecutivo Nacional;
y el control posterior por parte de la Contraloría General de la República en lo que se refiere a
la legalidad, sinceridad, oportunidad, eficacia y eficiencia de la gestión administrativa del Banco
Central de Venezuela.
La ley establecerá que el Presidente o Presidenta y demás integrantes del Directorio del Banco
Central de Venezuela representarán exclusivamente el interés de la Nación, a cuyo efecto fijará
un procedimiento público de evaluación de los méritos y credenciales de las personas
postuladas a dichos cargos.
La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá la designación del Presidente o
Presidenta del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus Directores o
Directoras; y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo Nacional en la
designación y ratificación de estas autoridades.
9. La ley del cuerpo de policía nacional. En dicha ley se establecerá el mecanismo de
integración del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre al cuerpo de
policía nacional.
Quinta
En el término no mayor de un año, a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la
Asamblea Nacional dictará una reforma del Código Orgánico Tributario que establezca, entre
otros aspectos:
1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las mismas y

a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigüedades.
2. La eliminación de excepciones al principio de no retroactividad de la ley.
3. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar con mejores instrumentos a la
administración tributaria.
4. Eliminar la prescripción legal para delitos tributarios graves, los cuales deben ser tipificados
en el Código Orgánico Tributario.
5. La ampliación de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o de
abogadas, auditores externos o auditoras externas y otros u otras profesionales que actúen en
complicidad para cometer delitos tributarios, incluyendo períodos de inhabilitación en el
ejercicio de la profesión.
6. La ampliación de las penas y la severidad de las sanciones contra delitos de evasión fiscal,
aumentando los períodos de prescripción.
7. La revisión de atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas más estrictas.
8. La ampliación de las facultades de la administración tributaria en materia de fiscalización.
9. El incremento del interés moratorio para disuadir la evasión fiscal.
10. La extensión del principio de solidaridad, para permitir que los directores o directoras y
asesores o asesoras respondan con sus bienes en caso de convalidar delitos tributarios.
11. La introducción de procedimientos administrativos más expeditos.
Sexta
La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias
relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos
indígenas, educación y fronteras.
Séptima
A los fines previstos en el artículo 125 de esta Constitución, mientras no se apruebe la ley
orgánica correspondiente, la elección de los representantes y las representantes indígenas a la
Asamblea Nacional, a los Consejos Legislativos y a los Consejos Municipales, se regirá por los
siguientes requisitos de postulación y mecanismos:
Todas las comunidades u organizaciones indígenas podrán postular candidatos y candidatas
que sean indígenas.
Es requisito indispensable para ser candidato o candidata hablar su idioma indígena, y cumplir
con, al menos, una de las siguientes condiciones:
1. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.
2. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad
cultural.
3. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.
4. Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de tres años
de funcionamiento.
Se establecerán tres regiones: Occidente, compuesta por los estados Zulia, Mérida y Trujillo;
Sur, compuesta por los Estados Amazonas y Apure; y Oriente, compuesta por los Estados

Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre.
Cada uno de los Estados que componen las regiones elegirá un representante. El Consejo
Nacional Electoral declarará electo al candidato o electa a la candidata que hubiere obtenido la
mayoría de los votos válidos en su respectiva región o circunscripción.
Los candidatos y las candidatas indígenas estarán en el tarjetón de su respectivo Estado o
circunscripción y todos los electores y electoras de ese Estado podrán votarlos o votarlas.
Para los efectos de la representación indígena en los Consejos Legislativos y en los Consejos
Municipales de los Estados y Municipios con población indígena, se tomará el censo oficial de
1992 de la Oficina Central de Estadística e Informática. Las elecciones se realizarán de
acuerdo con las normas y requisitos aquí establecidos.
El Consejo Nacional Electoral garantizará, con apoyo de expertos o expertas indigenistas y
organizaciones indígenas, el cumplimiento de los requisitos aquí señalados.
(Modificado)
Octava
Mientras no se promulguen las nuevas leyes electorales previstas en esta Constitución los
procesos electorales serán convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo
Nacional Electoral.
Para el primer período del Consejo Electoral, previsto en esta Constitución, todos sus
integrantes serán designados o designadas simultáneamente. En la mitad del período, dos de
sus integrantes serán renovados o renovadas de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica
correspondiente.
Novena
Mientras no se dicten las leyes relativas al Capítulo IV del Título V de esta Constitución, se
mantendrán en vigencia las Leyes Orgánicas del Ministerio Público y de la Contraloría General
de la República. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el o la titular será designado o
designada de manera provisoria por la Asamblea Nacional Constituyente. El Defensor o
Defensora del Pueblo adelantará lo correspondiente a la estructura organizativa, integración,
establecimiento de presupuesto e infraestructura física, tomando como bases las atribuciones
que le establece esta Constitución.
Décima
Lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de esta Constitución sobre la obligación que
tienen los Estados de designar un mínimo del cincuenta por ciento del situado constitucional a
la inversión, entrará en vigencia a partir del primero de enero del año dos mil uno.
Decimoprimero
Hasta tanto se dicte la legislación nacional relativa al régimen de las tierras baldías, la
administración de las mismas continuará siendo ejercida por el Poder Nacional, conforme a la
legislación vigente.
Decimosegunda
La demarcación del hábitat indígena a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se
realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de
esta Constitución.
Decimotercera
Hasta tanto los Estados, asuman por ley estadal las competencias referidas en el numeral 7 del
artículo 164 de esta Constitución, se mantendrá el régimen vigente.

Decimocuarta
Mientras no se dicte la legislación que desarrolle los principios de esta Constitución sobre el
régimen municipal, continuarán plenamente vigentes las ordenanzas y demás instrumentos
normativos de los Municipios, relativos a las materias de su competencia y al ámbito fiscal
propio, que tienen atribuido conforme al ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de
esta Constitución.
Decimoquinta
Hasta tanto se apruebe la legislación a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución, se
mantendrá en vigencia el ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de esta
Constitución.
Decimosexta
Para el enriquecimiento del acervo histórico de la Nación, el cronista de la Asamblea Nacional
Constituyente coordinará lo necesario para salvaguardar las grabaciones o registros que de las
secciones y actividades de la Asamblea Nacional Constituyente se realizaron en imagen, en
sonido; en documentos escritos, digitales, fotográficos o hemerográficos; en cualquier otra
forma de documento elaborado.
Todos estos documentos quedarán bajo la protección del Archivo General de la Nación.
(Modificado)
Decimoséptima
El nombre de la República, una vez aprobada esta Constitución será "República Bolivariana de
Venezuela", tal como está previsto en su artículo uno. Es obligación de las autoridades e
instituciones, tanto públicas como privadas, que deban expedir registros, títulos o cualquier otro
documento, utilizar el nombre de "República Bolivariana de Venezuela", de manera inmediata.
En trámites rutinarios las dependencias administrativas agotarán el inventario documental de
papelería; su renovación se hará progresivamente con la mencionada denominación, en un
plazo que no excederá de cinco años.
La circulación de monedas acuñadas y billetes emitidos con el nombre de "República de
Venezuela", estará regulada por la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela
contemplada en la Disposición Transitoria cuarta de esta Constitución, en función de hacer la
transición a la denominación "República Bolivariana de Venezuela".
Decimoctava
A los fines de asegurar la vigencia de los principios establecidos en el artículo 113 de esta
Constitución, la Asamblea Nacional dictará una ley que establezca, entre otros aspectos el
organismo de supervisión, control y fiscalización que deba asegurar la efectiva aplicación de
estos principios y las disposiciones y demás reglas que los desarrolle.
La persona que presida o dirija este organismo será designada por el voto de la mayoría de los
diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, previo informe favorable de una comisión
especial designada de su seno al efecto.
La ley establecerá que los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública y los jueces
o juezas llamados o llamadas a conocer y decidir las controversias relacionadas con las
materias a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución, observen, con carácter prioritario
y excluyente, los principios allí definidos, y se abstengan de aplicar cualquier disposición
susceptible de generar efectos contrarios a ellos.
La ley establecerá en las concesiones de servicios públicos, la utilidad para el concesionario o
concesionaria y el financiamiento de las inversiones estrictamente vinculadas a la prestación
del servicio, incluyendo las mejora y ampliaciones que la autoridad competente considere
razonables y apruebe en cada caso.

(Modificado)
DISPOSICIÓN FINAL
Única
Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo.
Aprobada por el pueblo de Venezuela, mediante referendo constituyente, a los quince días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y proclamada por la Asamblea Nacional
Constituyente en Caracas, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve. Año 189º de la Independencia y 140º de la Federación.
(Modificado)
EL PRESIDENTE,
LUIS MIQUILENA
EL PRIMER VICEPRESIDENTE,
ISAÍAS RODRÍGUEZ
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE,
ARISTÓBULO IZTÚRIZ
LOS CONSTITUYENTES,
CONSTITUYENTES NACIONALES
ALFREDO PEÑA
ALLAN BREWER CARÍAS
ANGELA ZAGO
EARLE HERRERA
EDMUNDO CHIRINOS
EUSTOQUIO CONTRERAS
GUILLERMO GARCÍA PONCE
HERMÁNN ESCARRÁ
JESÚS RAFAEL ZULBARÁN
LEOPOLDO PUCHI
LUIS VALLENILLA
MANUEL QUIJADA
MARISABEL DE CHÁVEZ
PABLO MEDINA
PEDRO ORTEGA DÍAZ
REYNA ROMERO GARCÍA
RICARDO COMBELLAS
TAREK WILLIAM SAAB
VINICIO ROMERO MARTÍNEZ
CONSTITUYENTES POR DISTRITO FEDERAL
DESIRÉE SANTOS AMARAL
ELIÉZER REINALDO OTAIZA CASTILLO
ERNESTO ALVARENGA
FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES
JULIO CÉSAR ALVIÁREZ
NICOLÁS MADURO MOROS
SEGUNDO MELÉNDEZ

VLADIMIR VILLEGAS
CONSTITUYENTES POR AMAZONAS
LIBORIO GUARULLA GARRIDO
NELSON SILVA
CONSTITUYENTES POR ANZOÁTEGUI
ÁNGEL RODRÍGUEZ
DAVID DE LIMA SALAS
DAVID FIGUEROA
ELÍAS LÓPEZ PORTILLO
GUSTAVO PEREIRA
CONSTITUYENTES POR APURE
CRISTÓBAL JIMÉNEZ
RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
CONSTITUYENTES POR ARAGUA
ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ
ANTONIO DI GIAMPAOLO BOTTINI
CARLOS TABLANTE
HUMBERTO PRIETO
OSCAR FEO
CONSTITUYENTES POR BARINAS
FRANCISCO EFRAÍN VISCONTI OSORIO
JOSÉ LEÓN TAPIA CONTRERAS
CONSTITUYENTES POR BOLÍVAR
ALEJANDOR DE JESÚS SILVA MARCANO
ANTONIO BRICEÑO
DANIEL DÍAZ
LEONEL JIMÉNEZ CARUPE
VICTORIA MATA
ELIO GÓMEZ GRILLO
MANUEL VADELL GRATEROL
AMÉRICO DÍAZ NÚÑEZ
BLANCANIEVE PORTOCARRERO
DIEGO SALAZAR
FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA
JUAN JOSÉ MARÍN LAYA
OSCAR NAVAS TORTOLERO
SAÚL ORTEGA
CONSTITUYENTES POR COJEDES
HAYDÉE DE FRANCO
JUAN BAUTISTA PÉREZ
CONSTITUYENTES POR DELTA AMACURO
CÉSAR PÉREZ MARCANO
RAMÓN ANTONIO YÁNEZ
CONSTITUYENTES POR FALCÓN
JESÚS MONTILLA APONTE

SOL MUSSET DE PRIMERA
YOEL ACOSTA CHIRINOS
CONSTITUYENTES POR GUÁRICO
ÁNGEL EUGENIO LANDAETA
PEDRO SOLANO PERDOMO
RUBÉN ALFREDO ÁVILA ÁVILA
CONSTITUYENTES POR LARA
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
ENRIQUE PERAZA
HENRI FALCÓN
LENIN ROMERO
LUIS REYES REYES
MIRNA TERESA VIES DE ÁLVAREZ
REINALDO ROJAS
CONSTITUYENTES POR MÉRIDA
ADÁN CHÁVEZ FRÍAS
FLORENCIO ANTONIO PORRAS ECHEZURÍA
PAUSIDES SEGUNDO REYES GÓMEZ
CONSTITUYENTES POR MIRANDA
ELÍAS JAUA MILANO
FREDDY GUTIÉRREZ
HAYDÉE MACHÍN
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
JOSÉ VICENTE RANGEL ÁVALOS
LUIS GAMARGO
MIGUEL MADRIZ
RAÚL ESTÉ
RODOLFO SANZ
WILLIAM LARA
WILLIAM OJEDA
CONSTITUYENTES POR MONAGAS
JOSÉ GREGORIO BRICEÑO TORREALBA
MARELIS PÉREZ MARCANO
NUMA ROJAS VELÁSQUEZ
CONSTITUYENTES POR NUEVA ESPARTA
ALEXIS NAVARRO ROJAS
VIRGILIO ÁVILA VIVAS
CONSTITUYENTES POR PORTUGUESA
ANTONIA MUÑOZ
MIGUEL A. GARRANCHÁN VELÁSQUEZ
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
CONSTITUYENTES POR SUCRE
JESÚS MOLINA VILLEGAS
JOSÉ LUIS MEZA
LUIS AUGUSTO ACUÑA CEDEÑO
CONSTITUYENTES POR TÁCHIRA
MARÍA IRIS VARELA RANGEL
RONALD BLANCO LA CRUZ
SAMUEL LÓPEZ

TEMÍSTOCLES SALAZAR
CONSTITUYENTES POR TRUJILLO
GERARDO MÁRQUEZ
GILMER VILORIA
CONSTITUYENTES POR VARGAS
ANTONIO RODRÍGUEZ
JAIME BARRIOS
CONSTITUYENTES POR YARACUY
BRAULIO ÁLVAREZ
NÉSTOR LEÓN HEREDIA
CONSTITUYENTES POR ZULIA
ALBERTO URDANETA
ATALA URIANA
FROILÁN BARRIOS NIEVES
GASTÓN PARRA LUZARDO
GEOVANNY DARÍO FINOL FERNÁNDEZ
JORGE LUIS DURÁN CENTENO
LEVY ARRON ALTER VALERO
MARÍA DE QUEIPO
MARIO ISEA BOHORQUEZ
RAFAEL COLMENÁREZ
ROBERTO JIMÉNEZ MAGGIOLLO
SILVESTRE VILLALOBOS
YLDEFONSO FINOL
CONSTITUYENTES POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
GUILLERMO GUEVARA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
NOELÍ POCATERRA DE OBERTO
LOS SECRETARIOS,
ELVIS AMOROSO ALEJANDRO ANDRADE
Cúmplase,
(L.S.)
LUIS MIQUILENA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DECRETA
la siguiente,
ENMIENDA Nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
Artículo 1
Se enmienda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la

modificación de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, en la forma siguiente:
“Artículo 160
El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora.
Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de
veinticinco años y de estado seglar.
El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por
mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o
reelegida.
Artículo 162
El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un
número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente
representarán a la población del Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las
atribuciones siguientes:
1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de
cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta
Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les
sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un
período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regulará el
régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.
Artículo 174
El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será
también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o
venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido
o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser
reelegido o reelegida.
Artículo 192
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.
Artículo 230
El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser
reelegido o reelegida.”
Artículo 2
Imprímase íntegramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y
publíquese a continuación de esta Constitución la Enmienda sancionada y anótese al pie de los
Artículos 160, 162, 174, 192 y 230 del texto constitucional la referencia de número y fecha de
esta Enmienda.
Sancionada por la Asamblea Nacional a los catorce días del mes de enero de dos mil nueve y
aprobada por el pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
referendo constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la
Independencia y 149º de la Federación.
CILIA FLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional

SAÚL ORTEGA CAMPOS
Primer Vicepresidente
JOSÉ ALBORNOZ URBANO
Segundo Vicepresidente
AMAZONAS
MONTENEGRO NÚÑEZ JUAN ANTONIO
PALAU PATIÑO DIÓGENES EDGILDO
YGARZA JULIO HARON
ANZOÁTEGUI
TACHINAMO GARCÍA HENRY JOSÉ
ARÓNICA CARREYO EDUARDO
RODRÍGUEZ RAUSEO CARMEN ANTONIA
SÁNCHEZ CHACÓN LUIS EDUARDO
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ HUGO RAFAEL
RODRÍGUEZ GAMBOA ÁNGEL LUIS
HERRERA SILVA EARLE JOSÉ
RODRÍGUEZ LONGART VICENTE JOSÉ
APURE
EL GATRIF MIZHER FAHD
ESPINOZA LEÓN CARLOS ROQUE
GONZÁLEZ WILFREDO
DELGADO CAMEJO RAFAEL ANTONIO
JIMÉNEZ CRISTÓBAL LEOBARDO
ARAGUA
GÓMEZ ABREU EDIS EMILIO
QUERALES RODRÍGUEZ WILLIAM ANTONIO
NIEVES COLMENARES ELEAZAR
FIGUERA GONZÁLEZ OSCAR RAMÓN
AMOROSO ELVIS EDUARDO
GARCÍA ISMAEL CONCEPCIÓN

BASTIDAS MARTÍNEZ PEDRO ANTONIO
DAZA ROY ALBERTO
ESCARRÁ MALAVÉ CARLOS
BARINAS
PÉREZ BETANCOURT WILMER RAFAEL
GUALDRÓN GONZALO JOSÉ
GRATEROL CAMACHO JESÚS ERNESTO
PEÑA GONZÁLEZ GEOVANNI JOSÉ
AZUAJE CORDERO WILMER JOSÉ
BOLÍVAR
GIL BARRIOS RAFAEL DARÍO
MARCANO CASTILLO ÁNGEL BAUTISTA
CABELLO ROJAS DILUVINA DE JESÚS
RÍOS BOLÍVAR RAFAEL ÁNGEL
EL ZABAYAR SAMARA ADEL
SOLÍS SORRENTINO BERKIS CLARET
MOLINA JUAN JOSÉ
MEDINA CARRASCO PASTORA COROMOTO
CARABOBO
MONTILLA ORTEGA CARMEN SARITA
ISRRAEL ANTONIO SOTILLO INFANTE
GÓMEZ DENIS OSMAR ENRIQUE
GARGÍA PRADO ORLANDO FEDOR
ÁLVAREZ BRACAMONTE RAÚL JESÚS
AMELIACH ORTA FRANCISCO JOSÉ
GÓMEZ LÓPEZ DOUGLAS EDUARDO
VÁSQUEZ GUZMÁN FERNANDO ANTONIO
V. BRIZUELA LAURA MARÍA
COJEDES

PIRELA SÁNCHEZ HAYDEN OVANDO
PÉREZ JUAN BAUTISTA
SALAZAR ASDRÚBAL COROMOTO
MILANO RODRÍGUEZ JHONNY OWE
DELTA AMACURO
MARCANO RODRÍGUEZ OMAR
TAMARONIS LOA DEL VALLE
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ HENRY JOSÉ
GONZÁLEZ CAMEJO ENRIQUE JOSÉ
DISTRITO CAPITAL
SANTOS AMARAL DESIRÉE
GARCÍA BRAVO REINALDO ALFREDO
MEDINA ROJAS CARLOS ALFREDO
DUGARTE PADRÓN JUAN CARLOS
BLANCO LUIS BELTRÁN
VIVAS VELAZCO DARÍO
SILVA MAGALLANES TIRSO DEL VALLE
LANDER MORENO PEDRO TOMÁS
RÍOS FLOR MARÍA
FALCÓN
MÉNDEZ GONZÁLEZ ANDRÉS ELOY
MANAURE REYES ALEYDYS ARGELIA
DAAL ULISES RAMÓN
BALDAYO LÓPEZ HENRY RAFAEL
EIZAGA RUJANO MARIS NOHEMÍ
CASTELLAR PADILLA ALBERTO EFRAÍN
GUÁRICO
CONTRERAS DÍAZ EUSTOQUIO
MARÍN LAYA JUAN JOSÉ

OROPEZA SUÁREZ MARÍA ANTONIA
ROJAS ROJAS MIGUEL RAFAEL
LARA
ESCALONA COLINA JOSÉ RAFAEL
GONZÁLEZ PASTOR PAUCIDES
LUGO RODRÍGUEZ IVÁN JOSÉ
PERAZA ROJAS DENIS ALBERTO
CONTRERAS HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO
URDANETA PEREIRA BRICCIO JOSÉ
MORA JOSÉ DAVID
FERRER GERMÁN DARÍO
CALZADILLA PERAZA JOSÉ SIMÓN
MÉRIDA
BRICEÑO MÉNDEZ MANUEL JOSÉ
CAMACHO ARAUJO OBDULIO JOSÉ
ÁVILA ÁVILA MARÍA ALEJANDRA
RAMÍREZ ROSALES JOSÉ OSCAR
CARMONA RODRÍGUEZ OSMAR
IGLESIAS PINO WILMER ARQUÍMEDES
MIRANDA
RUÍZ ESPINOZA MODESTO ANTONIO
LEONETT CANALES FÉLIX
MONTIEL MEDINA AUGUSTO VLADIMIR
BARRERA MORALES MAIGUALIDA ESTHER
MATUTE GUAYAMO ROMELIA CELESTINA
JIMÉMEZ RODRÍGUEZ TULIO AMADO
ÁLVAREZ GONZÁLEZ JESÚS ALBERTO
CABELLO PALMA GIRARDOT JOSÉ
FIGUEROA CHACÍN SANTANA

DOMÍNGUEZ VALDERRAMA JESÚS ENRIQUE
PÉREZ MARCANO MARELIS JOSEFINA
NUEVA ESPARTA
MILLÁN MARÍN JUAN JOSÉ
GARCÍA HERNÁNDEZ JUAN SALVADOR
MORALES AURORA JOSEFINA
BRAVO QUEVEDO IROSHIMA JENNIFER
ECHEZURÍA RODRÍGUEZ CARLOS FRANCISCO
MACHÍN FERRER HAYDÉE JOSEFINA
GAMARGO LAGONELL LUIS ALFREDO
ÁLVAREZ ALFONSO CARMEN TRINIDAD
MONAGAS
VILLALBA SÁNCHEZ MANUEL ENRIQUE
DÍAZ SALAZAR LUIS ÁNGEL
HERNÁNDEZ CEDEÑO RÉGULO FELIPE
PACHECO OSORIO MARÍA DEL ROSARIO
PORTUGUESA
HERNÁNDEZ PARRA PORFIRIO DE JESÚS
MURGA RIVAS ALFREDO
RODRÍGUEZ GARCÍA JOSÉ ERNESTO
LARA BARRIOS ZARK ALFREDO
TORREALBA OJEDA FRANCISCO ALEJANDRO
GUTIÉRREZ BRICEÑO RICARDO ANTONIO
SUCRE
JIMÉNEZ ÁLVAREZ BERNARDO JOSÉ
GARCÍA FONT HERMES GREGORIO
VALLENILLA MENDOZA YARITZA MARGARITA
RODRÍGUEZ JOSÉ DEL CARMEN
REGNAULT ROJAS JOSÉ RAMÓN

MARCANO GONZÁLEZ ERASMO ARISTALCO
TÁCHIRA
GARCÍA JARPA JULIO FERNANDO
MOGOLLÓN DE GUERRERO SANTA XIOMARA
TASCÓN GUTIÉRREZ LUIS
SANGUINO CÁRDENAS JOSÉ RICARDO
VARELA RANGEL MARÍA IRIS
LUCENA GONZÁLEZ EDGAR DE JESÚS
PACHECO ALVIÁREZ HERNÁN
TRUJILLO
MORENO VILORIA JULIO BERNARDO
PÉREZ CRISTANCHO OSCAR FRANCISCO
MENDOZA J. JUAN JOSÉ
LEAL BRICEÑO ORÉSTEDES JESÚS
GIL RODRÍGUEZ MALAQUIAS
YARACUI
GAMARRA MANZABEL CARLOS ALBERTO
CAPELLA MATEO RICARDO
ÁLVAREZ BRAULIO JOSÉ
SÁEZ BORDONES CARMEN LISETH
SÁNCHEZ LÓPEZ TOMÁS RAFAEL
VARGAS
ESCALONA PRADO SIMÓN ENRIQUE
VERA ROJAS OSWALDO EMILIO
D´AMELIO CARDIET TANIA
DE FREITAS RODRÍGUEZ JOSÉ GUIDO
ZULIA
ORTEGA RÍOS CALIXTO ANTONIO
RÍOS BECERRA EDIS ALFONSO

BRICEÑO DE QUEIPO MARÍA DE LA PAZ
CEDEÑO MÁRQUEZ JENNY ELINA
ISEA BOHORQUEZ MARIO RICARDO
CABELLO LISANDRO JOSÉ
SAAB SAAB IMAD
OSORIO LÓPEZ OMAR JESÚS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ LIBES DE JESÚS
QUINTERO VALENCIA ROBERTO ANTONIO
SOUKT RINCÓN RAFIC
PEÑA PINEDA ELISEO RAMÓN
MONTIEL ARCADIO JOSÉ
PALOMARES VERDE ENDER DE JESÚS
LÓPEZ ALMAO FRANCISCO
REPRESENTACIÓN INDÍGENA
POCATERRA DE OBERTO NOELÍ
PÉREZ RAMOS ESTEVAN ARGELIO
POYO CASCANTE JOSÉ AMADOR
La Secretaria
IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario
VÍCTOR CLARK BOSCÁN
sub. Secretario
Plaza Pérez Bonalde de Catia Parroquia Sucre Municipio Libertador, en Caracas, a los
diecinueve días del mes de febrero de dos mil nueve. Años 198º de la Independencia,
149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo, RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, LUIS RAMÓN REYES REYES
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, TARECK EL AISSAMI
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, NICOLÁS MADURO MOROS
El Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, WILLIAN ANTONIO
CONTRERAS
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, RODOLFO EDUARDO
SANZ
La Ministra del Poder Popular para el Turismo, OLGA CECILIA AZUAJE
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, ELÍAS JAUA MILANO
El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, LUIS ACUÑA CEDEÑO
El Ministro del Poder Popular para la Educación, HÉCTOR NAVARRO
El Ministro del Poder Popular para la Salud, JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS
El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, ROBERTO MANUEL
HERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular para la Infraestructura, DIOSDADO CABELLO RONDÓN
El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ
CARREÑO
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente, YUVIRÍ ORTEGA LOVERA
El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, HAIMAN EL TROUDI
La Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, NURIS ORIHUELA GUEVARA
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, JESSE CHACÓN
ESCAMILLO
El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal, PEDRO MOREJÓN CARRILLO
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, HÉCTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS
El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, FRANCISCO DE ASÍS SESTO
NOVAS
La Ministra del Poder Popular para la Participación y Protección Social, ÉRIKA DEL VALLE
FARÍAS PEÑA
La Ministra del Poder Popular para el Deporte, VICTORIA MERCEDES MATA GARCÍA
La Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, SOCORRO
ELIZABETH HERNÁNDEZ
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, NICIA MALDONADO MALDONADO
La Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, MARÍA LEÓN

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