CRBV_2009

19991999
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Exposición
de
M
otivos
Enm
ienda
N
º1
(15/02/2009)
DELAREPÚBLICADELAREPÚBLICA
DEVENEZUELADEVENEZUELA

CONSTITUCIÓN
de la república
BOLIVARIANA
de venezuela
1999
Con la Enmienda Nº 1, sancionada
por la Asamblea Nacional el 14/1/2009,
aprobada por el Pueblo Soberano
en Referéndum Constitucional el 15/2/2009
y promulgada por el Presidente
de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Chávez Frías,
el 19 de febrero de 2009.

5
LAASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE
En nombre y representación del pueblo soberano de
Venezuela, en ejercicio del poder constituyente origi-
nario otorgado por éste mediante referendo aprobado
democráticamente el veinticinco de abril de mil nove-
cientos noventa y nueve, para transformar el Estado y
crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el
funcionamiento efectivo de una democracia social y
participativa, y en concordancia con el Artículo 1º del
Estatuto de Funcionamiento de la ASAMBLEA NA-
CIONAL CONSTITUYENTE;
Considerando
que el día quince de diciembre de mil novecientos no-
venta y nueve el pueblo de Venezuela, mediante refe-
rendo constituyente, aprobó la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, la cual fue proclamada
por la Asamblea Nacional Constituyente el día veinte
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,
Decreta
la siguiente
Publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 extraordinario,
de fecha 19 de febrero de 2009.
Ediciones de la Asamblea Nacional
Impreso en la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial.
Deposito Legal: Lf78420093401032
Caracas, abril de 2009

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Exposición de Motivos
de la Constitución
de la República Bolivariana
de Venezuela
TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El primer Título de la Constitución, referido a los
principios fundamentales, consagra la condición libre
e independiente de la República Bolivariana de Vene-
zuela; condición permanente e irrenunciable que fun-
damenta en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador,
su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad,
justicia y paz internacional.
De esta manera se rescata el legado histórico de
la generación emancipadora, que en la gesta heroica
de la independencia de Venezuela luchó para forjar-
nos una patria libre, soberana e independiente de toda
potencia extranjera. Al mencionar la figura paradig-
mática de esa revolución inicial, el Libertador Simón
Bolívar, se recoge el sentimiento popular que lo dis-
tingue como símbolo de unidad nacional y de lucha
incesante y abnegada por la libertad, la justicia, la
moral pública y el bienestar del pueblo, en virtud de
lo cual se establece que la Nación venezolana, orga-
nizada en Estado, se denomina República Bolivariana
de Venezuela.
Se define la organización juridicopolítica que
adopta la Nación venezolana como un Estado demo-
crático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo
con esto, el Estado propugna el bienestar de los vene-
zolanos, creando las condiciones necesarias para su
desarrollo social y espiritual, y procurando la igual-
dad de oportunidades para que todos los ciudadanos
puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir
su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar
su felicidad.
Los principios de la solidaridad social y del bien co-
mún conducen al establecimiento de ese Estado social,
sometido al imperio de la Constitución y de la ley, con-
virtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho. Estado
social de Derecho que se nutre de la voluntad de los
ciudadanos, expresada libremente por los medios de
participación política y social para conformar el Estado
democrático. Estado social y democrático de Derecho
comprometido con el progreso integral que los vene-
zolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita
una calidad de vida digna, aspectos que configuran el
concepto de Estado de Justicia.

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Se corresponde esta definición con una de las prin-
cipales motivaciones expresadas en el Preámbulo, es
decir, el fin supremo de refundar la República para
establecer una sociedad democrática. Ya no sólo es el
Estado el que debe ser democrático, sino también la
sociedad. Siendo democrática la sociedad, todos los
elementos que la integran deben estar signados por los
principios democráticos y someterse a ellos.
Se establece que la educación y el trabajo son los
procesos fundamentales para garantizar los fines del
Estado. De esta manera, los ciudadanos y las organi-
zaciones sociales tienen el deber y el derecho de con-
currir a la instauración y preservación de esas condi-
ciones mínimas y de esa igualdad de oportunidades,
aportando su propio esfuerzo, vigilando y controlando
las actividades estatales, concienciando a los demás
ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca, pro-
moviendo la participación individual y comunitaria en
el orden social y estatal, censurando la pasividad, la
indiferencia y la falta de solidaridad. Las personas y
los grupos sociales han de empeñarse en la realización
y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus
deberes, mientras que el Estado es un instrumento para
la satisfacción de tales fines.
Por todo ello se incorporan al texto constitucional
como valores superiores del ordenamiento jurídico del
Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la justi-
cia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la res-
ponsabilidad individual y social, la preeminencia de
los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo
político.
En cuanto a la estructura del Estado venezolano,
el diseño constitucional consagra un Estado Federal
que se define como descentralizado, para así expre-
sar la voluntad de transformar el anterior Estado cen-
tralizado en un verdadero modelo federal con las es-
pecificidades que requiere nuestra realidad. En todo
caso, el régimen federal venezolano se regirá por los
principios de integridad territorial, cooperación, so-
lidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que son
característicos de un modelo federal cooperativo, en
el que las comunidades y autoridades de los distintos
niveles politicoterritoriales participan en la formación
de las políticas públicas comunes a la Nación, inte-
grándose en una esfera de gobierno compartida para
el ejercicio de las competencias en que concurren. De
esta manera, la acción de gobierno de los municipios,
de los estados y del Poder Nacional se armoniza y co-
ordina, para garantizar los fines del Estado venezolano
al servicio de la sociedad.

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Se modificó el artículo tradicional sobre el idioma
oficial al declarar que el idioma oficial de Venezuela
es el castellano, pero se reconocen los idiomas de los
pueblos indígenas como oficiales en las comunidades
donde son lenguas maternas, pudiendo usarse al igual
que el castellano.
En las disposiciones fundamentales se consagran
los principios de supremacía y fuerza normativa de
la Constitución, según los cuales ella es la norma de
mayor jerarquía y alcanza su vigencia a través de esa
fuerza normativa o su capacidad de operar en la vida
histórica de forma determinante o reguladora. Dichos
principios constituyen el fundamento de todos los sis-
temas constitucionales del mundo y representan la pie-
dra angular de la democracia, de la protección de los
derechos fundamentales y de la justicia constitucional.
Con base en lo anterior, todos los órganos que ejer-
cen el Poder Público, sin excepción, están sometidos a
los principios y disposiciones consagrados en la Cons-
titución, y por tanto, todos sus actos pueden ser objeto
del control jurisdiccional de la constitucionalidad.
TÍTULO II
DEL ESPACIO GEOGRÁFICO
Y DE LA DIVISIÓN POLÍTICA
Capítulo I
Del territorio y demás espacios geográficos
Se realizaron cambios importantes en la definición
del espacio geográfico venezolano. En este sentido, se
adoptó la expresión más amplia de espacio geográfico
para sustituir la de territorio. En efecto, espacio geo-
gráfico alude a los espacios continentales, insulares y
marítimos, quedando el territorio como componente
del primero de los citados. Sin embargo, no se altera la
determinación del espacio geográfico nacional al rei-
terar la versión tradicional de la Constitución del año
1830 y que se repite hasta la de 1961, es decir, el que
correspondía a la Capitanía General de Venezuela para
el 19 de abril de 1810.
No obstante, se agregó la frase con las modifica-
ciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales
no viciados de nulidad. Con ello se corrige la omisión
del Congreso Constituyente de 1961 con relación a los
laudos y arbitrajes determinantes de nuestras fronteras
actuales, como son los de los años 1865, 1891, 1899
y 1922; y se establece de una manera categórica que
Venezuela no reconoce los laudos viciados de nulidad,

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como es el caso del Laudo de París de 1899, que des-
pojó a Venezuela del espacio situado en la margen oc-
cidental del Río Esequibo.
Por otra parte, se deslinda conceptualmente el espa-
cio insular como parte de la organización politicoterri-
torial de Venezuela y como espacio sujeto a la sobera-
nía venezolana. Por tal razón se menciona las islas por
sus nombres y se extiende en ámbito de la soberanía
hasta las demás islas, islotes, cayos y bancos situados o
que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre
la plataforma continental o dentro de los límites de la
zona económica exclusiva.
Como una consecuencia de los valores fundamen-
tales que inspiran a la República Bolivariana de Vene-
zuela, se declara expresamente al espacio geográfico
venezolano como zona de paz, en virtud de lo cual se
prohíbe establecer en él bases militares extranjeras o
cualquier instalación de potencia o coalición de poten-
cias que tengan propósitos militares.
Capítulo II
De la división política
Con el fin de organizar políticamente la República
se divide el territorio nacional en el de los Estados, el
del Distrito Capital, el de las dependencias federales y
el de los territorios federales, mientras que el territorio
se organiza en Municipios. En este sentido, la Cons-
titución prevé que mediante una ley orgánica que ga-
rantice la autonomía municipal y la descentralización
politicoadministrativa, se regule la división politicote-
rritorial de la República.
Por otra parte, se establece la ciudad de Caracas
como la capital de la República y asiento de los órga-
nos del Poder Nacional, lo cual no impide el ejercicio
del Poder Nacional en otros lugares de la República.
Destaca en este Capítulo que mediante ley especial
se establecerá la unidad politicoterritorial de la ciu-
dad de Caracas que integre en un sistema de gobierno
municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito
Capital y los correspondientes del Estado Miranda.
En todo caso, dicha ley establecerá su organización,
gobierno, administración, competencia y recursos,
para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la
ciudad, garantizando el carácter democrático y parti-
cipativo de su gobierno.

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TÍTULO III
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES
Capítulo I
Disposiciones generales
Inspirada por las principales tendencias que se han
desarrollado en derecho comparado y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos, la Constitu-
ción reconoce expresamente el principio de progresi-
vidad en la protección de tales derechos, conforme al
cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurí-
dica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente
de los mismos.
Se reconocen como fuentes en la protección de los
derechos humanos a la Constitución, a los tratados in-
ternacionales suscritos y ratificados por la República
en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al
respecto, con el objeto de reforzar la protección de los
referidos derechos se establece que los tratados, pactos
y convenciones internacionales en esta materia, suscri-
tos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden
interno en la medida en que contengan normas sobre el
goce y ejercicio de los derechos humanos más favora-
bles a las contenidas en la Constitución y en las leyes,
siendo sus disposiciones de aplicación directa e inme-
diata por los tribunales de la República y demás órga-
nos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso
de que un tratado internacional suscrito y ratificado por
Venezuela reconozca y garantice un determinado de-
recho humano, en forma más amplia y favorable que
la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento
internacional y debe ser aplicado en forma preferente,
directa e inmediata por los tribunales y demás órganos
del Estado.
Se reconocen los derechos al libre desenvolvi-
miento de la personalidad y a la igualdad. En relación
con éste último, se refuerza y amplía la protección
constitucional al prohibir no sólo las discriminaciones
fundadas en la raza, el sexo o la condición social, sino
además, aquellas que, en general, tengan por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimien-
to, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de
los derechos y libertades de toda persona. Lo anterior
obedece a que en la práctica la dinámica social suele
presentar situaciones de discriminación que deben su
origen a razones distintas de la raza, el sexo o la con-
dición social.
Por otra parte, la Constitución amplía conceptual-
mente la protección de los derechos humanos con una

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marcada influencia ius naturalista, al disponer que la
enunciación de los derechos y garantías contenidos en
la Constitución y en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la perso-
na, no figuren expresamente en ellos. Por tal motivo
se establece que la falta de ley reglamentaria de esos
derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.
Además, a fin de incluir dentro de tal protección a los
derechos inherentes a las personas jurídicas, se elimi-
na la distinción que hacía la Constitución de 1961 y
que abarcaba únicamente a los derechos inherentes a
la persona humana.
Se consagra la garantía de no retroactividad de las
leyes y de las disposiciones normativas y se amplía su
alcance a fin de que en caso de dudas sobre su vigencia
temporal, se aplique la norma que beneficie al reo.
Se mantiene la garantía según la cual todo acto
dictado en ejercicio del Poder Público que viole o
menoscabe los derechos garantizados por la Consti-
tución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos
que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad
penal, civil y administrativa, según los casos, sin que
les sirvan de excusa órdenes superiores. La Constitu-
ción incluye dentro del supuesto de esta garantía, los
derechos humanos garantizados por la Constitución,
así como los reconocidos por las leyes, en atención
al sistema de fuentes que en esta materia consagra el
texto constitucional, y con el objeto de ampliar y re-
forzar la protección de los derechos humanos.
Se reconocen los derechos de acceso a la justicia
y tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales toda
persona puede acceder a los órganos de administra-
ción de justicia para obtener la tutela judicial efectiva
de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos
o difusos. A tal efecto, los referidos órganos están
representados por las cortes y tribunales que forman
parte del Poder Judicial, así como por los demás ór-
ganos del sistema de justicia previsto en la Constitu-
ción, entre los cuales se encuentran los ciudadanos
que participan en la administración de justicia o que
ejercen la función jurisdiccional de conformidad con
la ley.
Como una de las implicaciones del Estado demo-
crático y social de Derecho y de Justicia en que se
constituye a Venezuela por obra de la Constitución, y
con el fin de erradicar uno de los principales proble-
mas de la Nación venezolana, en virtud del cual el Po-
der Judicial se caracterizó por su corrupción, lentitud
e ineficacia y, especialmente, por restringir el acceso
de la población de escasos recursos a la justicia; la
Constitución exige al Estado garantizar una justicia

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gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.
De esta forma se consagra la justicia gratuita como
un derecho humano que encuentra su principal funda-
mento en los derechos a la igualdad y a la tutela judi-
cial efectiva que reconoce la Constitución y que tiene
por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la
justicia, sin discriminación alguna. Como una de las
consecuencias del referido derecho, la Constitución es-
tablece en su Título V Capítulo III, que el Poder Judi-
cial no está facultado para establecer tasas, aranceles,
ni exigir pago alguno por sus servicios, al tiempo que
prevé el servicio de defensa pública.
El amparo se reconoce como una garantía del
derecho constitucional, cuya finalidad es la tutela
judicial reforzada de los derechos humanos, aun de
aquellos inherentes a la persona humana que no figu-
ren expresamente en la Constitución o en los instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos. Al
respecto, se dispone que el procedimiento que deberá
establecer la ley correspondiente en materia de ampa-
ro constitucional, será oral, público, breve, gratuito
y no sujeto a formalidad, todo ello con el objeto de
garantizar su eficacia.
En lo que se refiere al hábeas corpus o amparo
a la libertad o seguridad personal, se establece una
acción popular y se prevé que el detenido sea puesto
bajo custodia del tribunal correspondiente de manera
inmediata.
Se reconoce por vez primera en el constituciona-
lismo venezolano, el hábeas data o el derecho de las
personas de acceso a la información que sobre sí mis-
mas o sobre sus bienes consten en registros oficiales
o privados, con las excepciones que establezca la ley.
El hábeas data incluye el derecho de las personas de
conocer el uso que se haga de tales registros y su finali-
dad, y de solicitar ante el tribunal competente su actua-
lización, rectificación o destrucción, si fuesen erróneos
o afectasen ilegítimamente sus derechos.
Por otra parte, como una conquista de la lucha por la
protección integral de los derechos humanos, la Cons-
titución impone al Estado la obligación de investigar
y sancionar legalmente los delitos contra los derechos
humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que
establece, sin excepción, que las violaciones de tales
derechos y los delitos de lesa humanidad serán inves-
tigados y juzgados por tribunales ordinarios, a fin de
excluir tribunales militares o de excepción de cualquier
investigación al respecto.

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Igualmente, se impone al Estado la obligación de
indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones
de los derechos humanos que le sean imputables, o a
sus derechohabientes, incluido el pago de daños y per-
juicios, todo lo cual constituye una consecuencia del
principio de la responsabilidad patrimonial del Estado
reconocido por la Constitución.
Capítulo II
De la nacionalidad y de la ciudadanía
Sección primera: de la nacionalidad
Se mantienen los criterios atributivos de la naciona-
lidad originaria propios de la tendencia constitucional
venezolana, marcada por la presencia del ius soli abso-
luto y del ius sanguinis.
En esta materia destaca que siendo la nacionalidad
venezolana por nacimiento un derecho inherente a la
persona humana, no podrá privarse de ella a quienes,
conforme a la Constitución, cumplieren los requisitos
para obtenerla.
En cuanto a la nacionalidad derivada o por naturali-
zación, en aras de garantizar el vínculo y compromiso
efectivo de los venezolanos por naturalización con la
Nación venezolana, con su pueblo, sus costumbres y
su destino, se exige que las personas que opten a la
carta de naturaleza, posean domicilio con residencia
ininterrumpida en el territorio de Venezuela de, por lo
menos, diez años inmediatamente anteriores a la fecha
de la respectiva solicitud. Esta exigencia se rebaja a
cinco años, en el caso de aquellas personas que tuvie-
ren la nacionalidad originaria de España, Portugal, Ita-
lia, países latinoamericanos y del Caribe. En todo caso,
la expresión residencia ininterrumpida a que se refiere
el texto constitucional, debe interpretarse en el senti-
do de que la persona interesada no se haya ausenta-
do del territorio nacional con el ánimo de establecerse
permanente y definitivamente en el extranjero. Ello no
impide, por tanto, que dicha persona se ausente tempo-
ralmente del territorio nacional por razones de turismo,
trabajo, estudios u otros de similar naturaleza, siempre
que tengan carácter temporal.
Se consagra sin discriminación alguna el derecho
del cónyuge extranjero casado con venezolano o ve-
nezolana por nacimiento, de obtener la nacionalidad
venezolana por naturalización, transcurridos por lo
menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio.
Por otra parte, siguiendo las orientaciones de los
ordenamientos constitucionales contemporáneos, se
admite la doble nacionalidad y el carácter renunciable

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de la nacionalidad venezolana, todo ello con el objeto
de facilitar a la República la suscripción de tratados
internacionales en la materia.
Finalmente, con el objeto de completar y darle efi-
cacia a la regulación constitucional se promueve la
suscripción de tratados internacionales en materia de
nacionalidad con los Estados o países fronterizos y,
especialmente, con España, Portugal, Italia, países lati-
noamericanos y del Caribe.
Sección segunda: de la ciudadanía
Esta Sección, al referirse a la ciudadanía, expresa
la condición jurídica o vínculo de una persona con el
Estado, que le permite el ejercicio de los derechos po-
líticos. Dicha condición en principio pertenece a los
venezolanos y venezolanas no sujetos a interdicción
civil ni a inhabilitación política, en las condiciones de
edad que establezca la Constitución para el ejercicio de
los derechos políticos. No obstante, se otorga potestad
electoral activa a los extranjeros que hayan cumplido
dieciocho años de edad, con más de diez años de resi-
dencia en el país y no estén sometidos a interdicción
civil o inhabilitación política, para votar en las eleccio-
nes parroquiales, municipales y estadales.
En esta materia destaca, además, la ampliación de
los derechos políticos de los venezolanos por naturali-
zación con el objeto de integrarlos más estrechamente
a la vida y destino del país. Por ello, se les permite el
desempeño de cargos públicos hasta ahora reservados
constitucionalmente a los venezolanos por nacimiento.
Así, los venezolanos por naturalización, si tienen domi-
cilio con residencia ininterrumpida en el país no menor
de quince años, podrán desempeñarse como diputados
a la Asamblea Nacional, aunque no podrán ejercer la
Presidencia o Vicepresidencia de dicho cuerpo; como
Ministros, menos en los cargos relacionados con la se-
guridad de la Nación, finanzas, energía y minas y edu-
cación; o como Gobernadores o Alcaldes, excepción
hecha de los Estados fronterizos.
Además, se reconoce a los venezolanos por na-
turalización que hubieren ingresado al país antes de
cumplir siete años de edad y hayan residido perma-
nentemente en él, la posibilidad de gozar los mismos
derechos de los venezolanos por nacimiento, en vir-
tud de lo cual podrán acceder a todos los cargos pú-
blicos. En todo caso, la residencia permanente a que
se refiere el texto constitucional en esta materia, debe
interpretarse en el sentido de que la persona interesa-
da no se haya ausentado del territorio nacional con el
ánimo de establecerse permanente y definitivamente

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en el extranjero. Ello no impide, por tanto, que di-
cha persona se ausente temporalmente del territorio
nacional por razones de turismo, trabajo, estudios u
otros de similar naturaleza, siempre que tengan ca-
rácter temporal.
Capítulo III
De los derechos civiles
En el Capítulo III se recogen y amplían los derechos
civiles de las personas, con base en una regulación pro-
gresiva que establece normas y principios contenidos
en tratados internacionales suscritos y ratificados por la
República en materia de derechos humanos.
Se reafirma el derecho a la vida como derecho fun-
damental, base para disfrutar y ejercer los demás de-
rechos, comprometiendo al Estado a proteger la vida
de las personas que se encuentren privadas de su liber-
tad, como procesados o condenados, cualquiera fuere
el motivo, así como la de aquellas personas que estén
prestando servicio militar o civil, o sometidos a su au-
toridad en cualquier otra forma.
Se prohíbe en forma absoluta y sin excepciones,
aun en estado de emergencia o de excepción o restric-
ción de garantías, practicar, permitir o tolerar la des-
aparición forzada de personas. Se establecen mayores
garantías para proteger el derecho de las personas a su
integridad física, psíquica y moral, así como el debido
proceso, el cual se aplicará a todo tipo de actuaciones
judiciales y administrativas.
En el marco de la protección a las personas, se pre-
vén los principios que orientará la organización y fun-
ciones de los cuerpos de seguridad del Estado, los cua-
les deberá adecuar su actuación al respeto a la dignidad
de las personas y sus derechos humanos, en razón de lo
cual el uso de armas y sustancias tóxicas estará sujeto a
los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad
y proporcionalidad.
Se garantiza la libertad de expresión sin que sea
posible censura alguna. Por ser consustancial con ese
derecho, quien lo ejerza asume la plena responsabili-
dad por todo lo expresado. Así mismo, se reconoce el
derecho a una información veraz, oportuna, imparcial
y sin censura. Esta regulación responde a la necesidad
de elevar a rango constitucional los parámetros éti-
cos indispensables para el ejercicio del derecho a la
información, con el objeto de que los medios de co-
municación como parte de su actividad y de la respon-
sabilidad que ella genera, establezcan mecanismos de
autoevaluación informativa a los que tenga acceso toda
persona, natural o jurídica, pública o privada, que se
considere perjudicada por informaciones emitidas por

26 27
los medios de comunicación y que tengan relación con
ella, a fin de que se revise la veracidad y oportunidad
de la información.
El derecho a la información veraz, oportuna, impar-
cial y sin censura, acogiendo una tendencia presente en
derecho comparado, versa sobre hechos que constitu-
yan información y que sean transmitidos por los me-
dios de comunicación, no sobre las opiniones o juicios
de valor que los medios de comunicación o periodistas
ofrezcan sobre tales hechos.
De igual manera, se garantiza el derecho de los ni-
ños y adolescentes a recibir una información adecua-
da para su desarrollo integral, en virtud de lo cual los
medios de comunicación deberán ajustar su actividad
y programación a tales fines, con el objeto de permitir
un sano y normal desarrollo del proceso educativo y de
formación de las futuras generaciones.
Capítulo IV
De los derechos políticos y del referendo popular
Sección primera: de los derechos políticos
En materia de Derechos Políticos se incluyen modi-
ficaciones sustanciales en relación con la Democracia
Representativa y de Partidos establecida en la Consti-
tución anterior.
Se inicia el Capítulo con la consagración amplia del
derechoalaparticipaciónenlosasuntospúblicosdetodos
los ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera directa,
semidirecta o indirecta. Este derecho no queda circuns-
crito al derecho al sufragio, ya que es entendido en un
sentido amplio, abarcando la participación en el proceso
de formación, ejecución y control de la gestión pública.
Como contrapartida el Estado y la sociedad deben facili-
tar la apertura de estos espacios para que la participación
ciudadana, así concebida, se pueda materializar.
Esta regulación responde a una sentida aspiración
de la sociedad civil organizada que pugna por cambiar
la cultura política generada por tantas décadas de pa-
ternalismo estatal y del dominio de las cúpulas parti-
distas que mediatizaron el desarrollo de los valores de-
mocráticos. De esta manera, la participación no queda

28 29
limitada a los procesos electorales, ya que se reconoce
la necesidad de la intervención del pueblo en los pro-
cesos de formación, formulación y ejecución de las po-
líticas públicas, lo cual redundaría en la superación de
los déficits de gobernabilidad que han afectado nuestro
sistema político debido a la carencia de sintonía entre
el Estado y la sociedad.
Concebir la gestión pública como un proceso en el
cual se establece una comunicación fluida entre gober-
nantes y pueblo, implica modificar la orientación de las
relaciones entre el Estado y la sociedad, para devolver-
le a esta última su legítimo protagonismo. Es precisa-
mente este principio consagrado como derecho, el que
orienta este Capítulo referido a los derechos políticos.
Se reconoce el sufragio como un derecho, mas no
como un deber, a diferencia de la Constitución de 1961.
Se establece el ejercicio del mismo mediante votacio-
nes libres, universales, directas y secretas. La consagra-
ción de la personalización del sufragio debe conciliarse
con el principio de la representación proporcional, re-
querido para obtener órganos conformados de manera
plural, en representación de las diferentes preferencias
electorales del pueblo.
En cuanto a la definición de los electores se da ese
carácter a los venezolanos y venezolanas que hayan
cumplido dieciocho años de edad, ampliándose este
derecho a los extranjeros que hayan cumplido dicha
edad, pero limitado a las elecciones parroquiales, mu-
nicipales y estadales, exigiéndose en todo caso como
condición el que tengan más de diez años de residencia
en el país.
En cuanto a las diferentes etapas de los procesos
electorales se otorga a los ciudadanos amplias posibili-
dades de participación superando las restricciones del
sistema partidocrático que nos rigió. En este sentido,
tanto en la fase de la postulación de candidatos como
en el ejercicio de la supervisión y vigilancia del proce-
so electoral se consagra constitucionalmente la partici-
pación por iniciativa propia, de partidos políticos o de
otras asociaciones con fines políticos.
El derecho a desempeñar funciones públicas y ejer-
cer cargos de elección popular se les otorga de manera
igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas,
que sepan leer y escribir, con las solas restricciones
derivadas del propio texto constitucional o de las con-
diciones de aptitud exigidas por las leyes, para deter-
minados cargos.
Como una respuesta a las demandas de los venezo-
lanos ante las graves desviaciones del sistema político
y a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición

30 31
de optar a cargos de elección popular a aquellas perso-
nas que hayan sido condenadas por delitos cometidos
durante el tiempo en que ejercieron las funciones pú-
blicas, así como otros delitos que afecten el patrimonio
público.
En el mismo contexto de la anterior disposición, se
consagra el derecho al control por parte del pueblo de
los representantes electos, el cual abarca la rendición
de cuentas públicas, transparentes y periódicas. Tal de-
recho obliga al representante a cumplir a cabalidad con
el programa de gobierno presentado al electorado, así
como a mantener una comunicación permanente con el
pueblo que lo eligió.
En este capítulo se produce la ruptura con el siste-
ma partidocrático que ocupó un largo espacio en nues-
tra historia política reciente, al eliminarse la sumisión
de la participación democrática a la organización en
estructuras partidistas como único vehículo a utilizar.
Por el contrario, se consagra el derecho de asociación
con fines políticos con amplitud, garantizando la apli-
cación de principios democráticos en la constitución,
organización, funcionamiento e igualdad ante la ley,
dado el interés público de las actividades que cumplen
las organizaciones con fines políticos. De esta mane-
ra, se establece con rango constitucional limitaciones
importantes a la conformación de cúpulas partidistas
y a la estructuración vertical de organización política
que lejos de fomentar y desarrollar la cultura y los
valores propios de la democracia han obstaculizado
su profundización.
Se prevé igualmente el control del financiamiento
de estas organizaciones, así como los límites de gas-
tos en campañas electorales, y el establecimiento de
mecanismos de control para garantizar la licitud de las
contribuciones y el manejo pulcro de las mismas.
La Constitución consagra como un derecho político
consustancial con la vida democrática, el de la mani-
festación pacífica y sin armas. Dadas las trágicas y dra-
máticas experiencias vividas por los venezolanos en el
ejercicio de este derecho a expresar su descontento con
el ejercicio de las funciones de gobierno, se incluyen
prohibiciones que persiguen limitar la acción represiva
de los cuerpos policiales y de seguridad. En este senti-
do, se consagra la prohibición del uso de armas de fue-
go y sustancias tóxicas para enfrentar manifestaciones
pacíficas.
Igualmente se reconocen y garantizan los derechos
de asilo y refugio, como principios reconocidos uni-
versalmente.

32 33
Sección segunda: del referendo popular
En relación con los medios de participación en los
cuales se concretizan los derechos de los ciudadanos a
ejercer su soberanía, se consagran las diversas formas
de referendo popular a la que se dedica una sección en
particular que regula el referendo consultivo, revocato-
rio, aprobatorio y abrogatorio.
Capítulo V
De los derechos sociales y de las familias
Los derechos sociales contenidos en la Constitu-
ción consolidan las demandas sociales, jurídicas, po-
líticas, económicas y culturales de la sociedad en un
momento histórico en que los venezolanos y venezo-
lanas se redescubren como actores de la construcción
de un nuevo país, inspirado en los saberes populares
que le dan una nueva significación al conocimiento
sociopolítico y jurídico del nuevo tiempo.
La corresponsabilidad entre sociedad y Estado, el
sentido de progresividad de los derechos, la indivisi-
bilidad e interdependencia de los derechos humanos
constituyen una herramienta doctrinaria que define
una nueva relación de derechos y obligaciones en-
tre sujetos que participan solidariamente en la cons-
trucción de una sociedad democrática, participativa,
autogestionaria y protagónica. La equidad de género
que transversaliza todo el texto constitucional define
la nueva relación que en lo jurídico, en lo familiar,
en lo político, en lo socioeconómico y cultural, ca-
racteriza a la nueva sociedad, en el uso y disfrute de
las oportunidades. Queda evidenciado a lo largo de
todo el texto constitucional el uso del género feme-
nino, expresamente indicado de acuerdo con las re-
comendaciones de la Organización para la Educación
y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y de
diversas organizaciones no gubernamentales, todo lo
cual se inscribe dentro del principio de igualdad y no
discriminación reconocido por el texto constitucio-
nal, con el objeto de evitar dudas o equívocas inter-
pretaciones de la Constitución.
La participación directa de la gente en la toma de
decisiones para la solución de sus problemas y los
de su comunidad, crea una nueva relación ciudadana
que en el ámbito de los derechos sociales, desarrolla
la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado,
lo que coloca al legislador y a los órganos que inte-
gran el sistema de justicia, en un nuevo espacio de
interpretación de la democracia social y del Estado de
Derecho y de Justicia.

34 35
La pluralidad de las familias, el rescate de la tra-
dición oral de los ancianos y de las ancianas, como
patrimonio familiar para una educación cotidiana; la
garantía de la autonomía funcional de los seres hu-
manos con discapacidad o necesidades especiales;
la ciudadanía progresiva de los niños y de las niñas
definidos como prioridad absoluta del Estado; los
adolescentes y jóvenes entendidos como sujetos es-
tratégicos para el desarrollo sustentable; el significa-
do del trabajo productivo del ama de casa; el consu-
mo protegido y la seguridad alimentaria; la vivienda
como hábitat que humaniza las relaciones familiares
y comunitarias; la información como mecanismo que
coadyuva a la formación de la cultura ciudadana, son
nuevos elementos elevados a rango constitucional
que requieren una interpretación acorde con su finali-
dad, no sujeta a formalismos jurídicos alejados de la
realidad social.
Se garantiza para todos la seguridad social, la
cual debe responder a los conceptos de solidaridad,
universalidad, integralidad, unicidad, participación y
eficiencia. La salud, asociada indisolublemente a la
calidad de vida y al desarrollo humano, constituye un
derecho social fundamental que el Estado garantiza
a partir de un sistema sanitario de servicios gratui-
tos, definido como único, universal, descentralizado
y participativo. Asimismo, consecuente con el princi-
pio de corresponsabilidad, la Constitución promueve
la participación ciudadana en la formulación y ejecu-
ción de las políticas y planes de salud, a fin de lograr
un ambiente sano y saludable.
En el campo laboral se reconocen los derechos in-
dividuales al trabajo, a la estabilidad y a las vacacio-
nes, así como los derechos colectivos de sindicaliza-
ción, contratación colectiva y derecho a la huelga por
parte de los trabajadores y de las trabajadoras.
Todos estos derechos constituyen la base funda-
mental del nuevo ordenamiento jurídico en el que la
vida, la ética, la moral, la libertad, la justicia, la dig-
nidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los
deberes ciudadanos y la seguridad jurídica son va-
lores que concurren en la acción transformadora del
Estado, la Nación, el gobierno y la sociedad, en un
propósito de realización compartida para producir la
gobernabilidad corresponsable, la estabilidad política
y la legitimidad jurídica necesarias para el funciona-
miento de la sociedad democrática.

36 37
Capítulo VI
De los derechos culturales y educativos
A través de artículos específicos transversalizados
axiológicamente, en la Constitución quedan expresa-
dos los criterios y ejes fundamentales que reconocen y
sintetizan los derechos culturales y educativos.
En las primeras disposiciones de este capítulo se
garantiza la absoluta libertad en la creación cultural,
tanto para la inversión en ella como para su produc-
ción y divulgación. Conforme a esta libertad el Es-
tado reconoce el derecho a la propiedad intelectual
de la obra creada. Se otorga rango constitucional a
la protección, preservación, conservación y restaura-
ción del patrimonio cultural venezolano y, con ello, a
la memoria histórica de la Nación, lo cual obliga crear
una legislación que consagre la autonomía de la ad-
ministración cultural. Esa legislación debe estimular
a quienes puedan y quieran enriquecer dicho patrimo-
nio, y también debe establecer sanciones o penas a las
personas naturales o jurídicas que le infieran daños o
perjuicios.
Adicionalmente, se enfatiza el principio de igual-
dad de las culturas y el de la interculturalidad, y se
destaca la promoción de las expresiones populares
que conforman y modelan cada naturaleza autócto-
na regional, para luego constituir una entrecruzada
sumatoria de creaciones que configuren el conjunto
definitorio de la Nación.
Para lograr esos objetivos constitucionales, la legis-
lación correspondiente deberá establecer incentivos y
estímulos para quienes promuevan, apoyen, desarro-
llen o financien, actividades relacionadas con la cultu-
ra, tanto en el país como en el exterior.
Se garantiza a los trabajadores culturales su incor-
poración a un sistema de seguridad social; y se prevé
a través de una legislación perentoria la figura del me-
cenazgo.
El articulado garantiza igualmente, la obligatorie-
dad de la información cultural, con el objeto de corre-
gir la desigualdad comunicacional que frente a nuestra
propia cultura exhiben los medios de comunicación.
Por ello se establece el deber de dichos medios de
coadyuvar a la difusión de los valores y aportes de los
creadores venezolanos.
Las disposiciones siguientes están dedicadas a de-
rechos y definiciones de carácter educativo.
Es innecesario, por reiterativo, exponer motiva-
ciones para justificar el carácter insoslayablemente
fundamental y prioritario que tiene la educación para

38 39
cualquier sociedad. Por consiguiente se proclama la
educación como un derecho humano y como un deber
constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, y
se la declara gratuita y obligatoria, y la asume el Estado
como función indeclinable y de servicio público.
De acuerdo con la Constitución, la Educación es
plural en su apertura a todas las corrientes del pensa-
miento universal, como instrumento del conocimiento
científico, humanístico y tecnológico. Debe estar orien-
tada al desarrollo pleno de la personalidad para el dis-
frute de una existencia digna, que transcurra con una
valoración ética del trabajo y con una conciencia de
participación ciudadana. El propósito es que cada ve-
nezolano se sienta parte de una sociedad democrática,
de la cual sea activamente solidario en su transforma-
ción hacia un país con una firme identidad geohistórica
nacional y, al mismo tiempo, con vocación latinoame-
ricana y universal.
A tales fines, la educación debe ser integral de
calidad, permanente, en igualdad de condiciones y
oportunidades para acceder a ella; igualdad que in-
cluye a quienes califiquen en condiciones especiales,
o estén discapacitados, o que se encuentren privados
de su libertad.
Se incluye en el proceso educativo formal el nivel
maternal, y se establece con carácter obligatorio hasta
el nivel medio diversificado. En las instituciones del
Estado se consagra la gratuidad de la educación en to-
dos los niveles hasta el pregrado universitario.
En todo caso, la inversión presupuestaria que para
estos fines realice el Estado tendrá carácter prioritario
y estará en concordancia con las recomendaciones de
la UNESCO en esta área.
Se reconoce el derecho de las personas naturales y
jurídicas de fundar y mantener instituciones educati-
vas privadas, previa aceptación del Estado y bajo su
estricta inspección y vigilancia. Esa exigencia consti-
tucional responde al hecho de que si bien existen cen-
tros de educación privada que con probidad, eficiencia
académica y honestidad, han aportado y aportan una
invalorable contribución a la formación de venezo-
lanos, lamentablemente, también es verdad que a lo
largo del tiempo han proliferado, sin control alguno,
deplorables centros educativos cuyo único objetivo es
el lucro desmedido, el cual ha generado la violación de
la normativa legal y el irrespeto a la dignidad humana,
a través de comportamientos ajenos a los nobles pro-
pósitos del apostolado educativo y con actuaciones que
han defraudado la más hermosa fe y confianza de gran
cantidad de estudiantes.

40 41
La legislación debe garantizar la dignificación del
docente, tanto del que ejerce en las instituciones públi-
cas como en las privadas, consagrando un régimen de
remuneración, prestaciones y seguridad sociales que
le garanticen niveles de vida acordes con su elevada
misión. A los efectos, de su ingreso, ascenso y perma-
nencia en el sistema educativo, los docentes deberán
someterse a una rigurosa evaluación que responda a
criterios de méritos éticos y académicos, con prescin-
dencia de cualquier injerencia partidista.
Para ser incluidas en los diseños curriculares, se
les dio rango constitucional a las materias relativas
al ambiente, a lo lingüístico y a lo geohistórico. En
efecto, la formación ambiental debe estar presente
en todos los niveles del sistema educativo, aun en
la educación no formal. La enseñanza de la lengua
castellana es obligatoria hasta el ciclo diversificado,
tanto en las instituciones públicas como privadas.
Esta misma obligatoriedad se establece para las ma-
terias patrias, la historia de Venezuela y la geografía
de Venezuela, rescatando así su categoría de materias
autónomas, ante la imperiosa necesidad de afianzar
la identidad nacional. Coadyuvará a lograr este obje-
tivo la enseñanza del ideario bolivariano, igualmente
establecida como obligatoria en el artículo 107 de la
Constitución.
Se enfatiza la necesidad de incorporar al sistema
educativo el manejo de las innovaciones tecnológicas y
el desarrollo de servicios públicos de radios, televisión,
redes bibliotecarias e informáticas, con el objeto ade-
más, de permitir el acceso universal a la información.
La Constitución delega en la ley la determinación
de las profesiones que requieren título y las condicio-
nes que debe cumplirse para ejercerlas, incluyendo la
colegiación. Al respecto, la Disposición Transitoria
Decimoquinta dispone que hasta tanto se apruebe la
legislación en esa materia, se mantendrá en vigencia el
ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de
la Constitución.
Por otra parte, la ley deberá garantizar que en las
asociaciones gremiales y colegios profesionales se es-
tablezcan estructuras organizativas que permitan afi-
liaciones, gerencias académicas y gestiones electorales
más adecuadas a la calidad profesional de sus integran-
tes y directivos.
Además, por ser inherente a la naturaleza de la uni-
versidad, se reconoce la autonomía universitaria como
principio y jerarquía que permite a los profesores, es-
tudiantes y egresados de su comunidad, dedicarse a la
búsqueda del conocimiento a través de la investigación
científica, humanística y tecnológica, para el beneficio

42 43
espiritual y material de la Nación. Esa autonomía uni-
versitaria implica, en especial, la libertad para planifi-
car, organizar, elaborar y actualizar los programas de
investigación, docencia y extensión, así como la invio-
labilidad del recinto universitario. En todo caso, la au-
tonomía universitaria debe garantizar una permanente
adecuación de la institución al incesante desarrollo del
conocimiento.
Como consecuencia de lo anterior, también se dis-
pone que las universidades autónomas se darán sus
propias normas de gobierno, funcionamiento y admi-
nistración, bajo el control y vigilancia que establezca la
ley. Por su parte, las universidades nacionales experi-
mentales para alcanzar su autonomía deberán cumplir
con los requisitos que establezca la ley.
La ciencia, la tecnología, el conocimiento en ge-
neral, la innovación y sus aplicaciones y los servicios
de información, se declaran de interés público, por ser
instrumentos fundamentales para el desarrollo econó-
mico, social y político del país, así como para la se-
guridad y soberanía nacional. A tales fines, el Estado
creará un sistema nacional de ciencia y tecnología que
agrupe, coordine y fomente el desarrollo de la investi-
gación en el país, al cual destinará recursos suficientes.
La empresa privada también deberá contribuir con sus
recursos al desarrollo de esta actividad.
Uno de los mandatos más significativos de la Cons-
titución en esta materia, es el que obliga al Estado a
garantizar el cumplimiento de los principios éticos y
legales, en las actividades relacionadas con la inves-
tigación científica, humanística y tecnológica, todo lo
cual será regulado por la ley.
Siendo el deporte, la educación física y la recrea-
ción actividades indispensables de toda persona para
su integral desenvolvimiento corporal y espiritual, así
como para su incorporación al desarrollo del país, con
el objeto de formar una población sana y apta para
el estudio y el trabajo, se reconocen tales actividades
como un derecho humano, cuyo libre ejercicio benefi-
cia la calidad de vida individual y colectiva. En conse-
cuencia, su enseñanza y práctica se inscriben dentro del
proceso educativo y son materia obligatoria en institu-
ciones públicas y privadas hasta el ciclo diversificado.
Los recursos para su promoción y desarrollo estarán
garantizados por el Estado como parte de una política
de educación y salud pública.
Lo anterior responde, además, a que concibe la re-
creación no solo como ocio, sino como una actividad
individual y colectiva que permite el desarrollo espi-
ritual y la gestación de elevadas formas de conciencia
sociocultural.

44 45
Finalmente, en esta materia, el Estado garantizará
la atención integral de los deportistas sin discrimi-
nación alguna, así como el apoyo al deporte de alta
competencia. Además, con el objeto de garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, el Estado
promoverá la evaluación y regulación de las entida-
des deportivas del sector público y del sector privado,
conforme a los mecanismos que prevea la ley, la cual
también establecerá incentivos y estímulos a las perso-
nas y comunidades que promuevan a los atletas y de-
sarrollen o financien planes, programas y actividades
deportivas en el país.
Capítulo VII
De los derechos económicos
En este Capítulo referido a los derechos económi-
cos, se establece el derecho que tienen los consumido-
res a disponer de bienes y servicios de calidad y a un
tratamiento digno y no discriminatorio. En consecuen-
cia, el Estado se obliga a tomar las medidas necesarias
para combatir toda práctica que afecte la libre forma-
ción de precios, sea ella originada en la morfología del
mercado, como los monopolios, o en el abuso de posi-
ción dominante.
El derecho de propiedad se garantiza sin ambigüe-
dades, sin obviar las consideraciones de utilidad pú-
blica e interés general, en tanto que la acción del Es-
tado, considerada como esencial en la definición de un
marco institucional apropiado para el crecimiento y el
bienestar, está sometida al imperio de la ley.
Capítulo VIII
De los derechos de los pueblos indígenas
Actualmente habitan en Venezuela, al igual que en
el resto del continente americano, pueblos cuya exis-
tencia antecede a la llegada de los primeros europeos,
así como a la formación de los estados nacionales,
razón por la cual se les denomina pueblos indígenas.
Sus antepasados ocuparon durante miles de años estas
tierras, desarrollando formas de organización social,
política y económica, culturas, idiomas y tecnologías
muy diferentes entre sí y respecto a las conocidas por
los europeos de entonces. Ante la invasión, conquista
y colonización europea, los indígenas defendieron he-
roicamente sus tierras y vidas. Durante más de quinien-
tos años han mantenido su resistencia y lucha por el
reconocimiento pleno de su existencia como pueblos,
así como del derecho sobre sus tierras, lo cual hoy se
materializa con la refundación de la República.

46 47
De la misma manera, como consecuencia de esta
lucha y de sus particulares condiciones de vulnerabi-
lidad, los derechos de los pueblos indígenas han sido
reconocidos internacionalmente como derechos espe-
cíficos y originarios.
Este mismo reconocimiento en la Constitución im-
plica un profundo cambio de perspectiva política y
cultural que reorienta la conducción del Estado vene-
zolano, al reconocer su carácter multiétnico, pluricul-
tural y multilingüe.
En el seno de los diferentes ordenamientos jurídicos
latinoamericanos se han realizado notables esfuerzos
en el avance, reconocimiento y profundización de los
derechos de los pueblos indígenas, tanto en el ámbito
legislativo como en el constitucional. En este sentido,
es importante destacar que la mayoría de las constitu-
ciones latinoamericanas actuales establecen principios
claros sobre los derechos de los pueblos indígenas,
como un reconocimiento a la diversidad cultural de
América Latina.
En Venezuela también se ha dado un progresivo re-
conocimiento jurídico de la realidad de la diversidad
cultural nacional representada por los pueblos indíge-
nas venezolanos, tanto legal como jurisdiccionalmen-
te. Así, el Estado venezolano recoge una situación de
hecho preexistente, que al mantenerse históricamente,
fortalece el sentido de pertenencia nacional, al valo-
rarse el aporte de la indianidad en la formación de la
venezolanidad y de sus instituciones sociales básicas.
En este sentido, en el ordenamiento jurídico vene-
zolano existen muchas referencias normativas distin-
tas relativas a la realidad indígena, las cuales incluyen
leyes aprobatorias de tratados internacionales en ma-
teria de derechos indígenas, así como diferentes leyes
orgánicas, ordinarias y especiales así como decretos,
resoluciones ministeriales y reglamentos, que regulan
diferentes áreas vinculadas a su realidad en el contex-
to nacional. Igualmente, dentro de las instituciones del
Estado existen dependencias específicas para atender
los diversos aspectos de la realidad de los pueblos indí-
genas, dentro de su complejidad. Por su parte, en tiem-
pos recientes, la jurisprudencia venezolana ha desarro-
llado también el contenido de los derechos humanos
de los indígenas, en diferentes sentencias para casos
específicos.
Sobre esta base el Capítulo referido a los derechos
indígenas reconoce ampliamente la existencia de los
pueblos indígenas, sus formas de organización, cul-
turas e idiomas propios, así como sus hábitats y los
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y
tradicionalmente ocupan y que son indispensables para

48 49
garantizar su continuidad biológica y sociocultural, las
cuales además son asiento de sus referentes sagrados e
históricos. Todo ello implica un profundo cambio en la
perspectiva política y jurídica del país.
Se establece que las tierras indígenas son inaliena-
bles, imprescriptibles, inembargables e intransferibles
y que corresponde al Estado conjuntamente con los
pueblos indígenas la demarcación de dichas tierras.
Una ley especial desarrollará lo específico de tal de-
marcación a fin de asegurar la propiedad colectiva de
las tierras a los pueblos y comunidades indígenas que
las habitan.
Se garantiza la integridad de los hábitats indígenas
y se consagra el aprovechamiento racional de los re-
cursos naturales allí existentes. Se reconoce el derecho
de las comunidades indígenas a recibir información
previa y a ser consultadas sobre actividades de apro-
vechamiento de los recursos naturales. Los beneficios
que corresponden a los pueblos indígenas por concepto
de este aprovechamiento por parte del Estado serán de
carácter colectivo.
En oposición a las políticas indigenistas que has-
ta ahora imperaron en el país y que han significado la
destrucción y desaparición de sus culturas, se consagra
el derecho de cada pueblo indígena a mantener y de-
sarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión,
valores, espiritualidad y preservar sus lugares sagrados
y de culto. La valoración del patrimonio cultural y lin-
güístico de los pueblos indígenas concierne a todos los
venezolanos; en consecuencia, el Estado velará por el
mantenimiento, continuidad, enriquecimiento y repro-
ducción del mismo.
Dado que toda sociedad posee su propio sistema
y procesos de socialización y de endoculturación me-
diante los cuales educan a sus miembros según sus
costumbres y tradiciones, el Estado reconoce y respeta
los sistemas educativos de los indígenas y garantiza la
atención educativa, mediante la modalidad de un régi-
men de educación intercultural bilingüe, que combina
la educación formal con los sistemas educativos tradi-
cionales indígenas e implica igualmente el uso de las
lenguas maternas y el castellano.
Como parte de la valoración del patrimonio cultu-
ral indígena, el Estado reconoce las prácticas médicas
tradicionales de los pueblos indígenas, las cuales hasta
el presente han sido desconocidas y descalificadas. El
Estado garantizará a los pueblos indígenas, mediante
una perspectiva intercultural que permita la combina-
ción de los dos saberes, la salud integral adaptando los
servicios de salud a las especificidades y necesidades
culturales de cada uno de los pueblos indígenas.

50 51
Los pueblos indígenas tienen el derecho de mante-
ner y promover sus prácticas económicas, por lo que
no se les podrá imponer planes y proyectos de desarro-
llo ajenos a sus intereses y necesidades. El Estado ase-
gurará dentro de una perspectiva de desarrollo susten-
table, con identidad y en articulación con la economía
nacional, los recursos financieros, la capacitación y la
asistencia técnica requerida, así como la participación
en la economía del país.
Con el fin de salvaguardar los conocimientos, sabe-
res, prácticas e innovaciones intelectuales y recursos
genéticos de los pueblos indígenas, de la apropiación
ilegal y el aprovechamiento comercial por parte de per-
sonas naturales y jurídicas, el Estado garantiza y pro-
tege la propiedad colectiva de los mismos prohibiendo
su patentabilidad.
Al garantizarse la participación política de los pueblos
indígenas con una representación en la Asamblea Nacio-
nal y en los cuerpos deliberantes de las entidades federa-
les y locales con población indígena se consagra una de
las principales aspiraciones de los pueblos indígenas, tal
como se expresa en las disposiciones transitorias. Ello les
permitirá estar presentes en la elaboración de las distintas
leyes y reglamentos del país, además de garantizarles su
participación directa en las instancias de toma de decisio-
nes de los poderes públicos que integran el Estado.
Los pueblos indígenas forman parte de la socie-
dad nacional y del pueblo venezolano que se reconoce
como único, soberano e indivisible. El uso del término
pueblo, tal como lo expresa claramente el texto cons-
titucional, significa el reconocimiento de su identidad
específica, de las características sociales, culturales y
económicas que les son propias y que los diferencian
del resto de la sociedad, por tanto el uso de dicho tér-
mino no podrá interpretarse en el sentido que se le da
en el derecho internacional.
Pero aunado a este Capítulo dedicado a los dere-
chos indígenas, la Constitución consagra otras disposi-
ciones en la materia.
Así, la Constitución establece que las lenguas indí-
genas tienen un valor primordial en sí mismas por ser
el máximo instrumento intelectual de los pueblos que
las usan, el más completo inventario de su cultura y la
mejor imagen de su vida inmaterial y espiritual.
Por constituir un derecho de los pueblos indígenas y
un patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad,
además del castellano, los idiomas indígenas también son
de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser res-
petados en todo el territorio de la República. En tal virtud,
los idiomas indígenas se emplearán en todos los procesos
administrativos y judiciales en que sea necesario.

52 53
Por otra parte, se prevé que la legislación munici-
pal establezca la organización del régimen de gobierno
y administración local que corresponderá a los muni-
cipios con población indígena, tomando en cuenta la
organización social y cultural específica de cada muni-
cipio indígena, sus autoridades tradicionales, así como
el tipo de economía que estas comunidades practiquen,
a fin de establecer una administración municipal que
reconozca la capacidad de participación indígena en su
hábitat y en el marco de su desarrollo sociocultural.
Asimismo, se excluyen las tierras correspondientes a
las comunidades y pueblos indígenas de la calidad de
ejidos.
Por último, la Constitución se refiere al derecho que
tienen los pueblos indígenas de seguir practicando sus
sistemas normativos internos, para la regulación, san-
ción y restauración de la paz social. Este derecho a la
justicia es un mecanismo de protección a los indíge-
nas venezolanos, que históricamente han vivido en una
sociedad que los excluyó y discriminó; en este caso
no se trata de códigos o leyes escritas, sino de formas
de justicia que han permitido a estos pueblos regularse
internamente, enfrentar los conflictos y seguir mante-
niendo la cohesión colectiva mediante la aplicación de
un sistema normativo reparatorio.
Capítulo IX
De los derechos ambientales
En lo que se refiere a los derechos ambientales, la
Constitución, además de establecer por vez primera
en nuestra historia constitucional un Capítulo espe-
cialmente dedicado a los mismos, supera, con una
visión sistemática o de totalidad, la concepción del
conservacionismo clásico que sólo procuraba la pro-
tección de los recursos naturales como parte de los
bienes económicos.
En efecto, anteriormente la protección jurídica del
ambiente se caracterizaba por una regulación parcial
cuyo principal objeto era la conservación de los recur-
sos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad y
una tendencia mundial, los postulados constitucionales
exigen que la normativa en esta materia responda a po-
líticas ambientales de amplio alcance que se inscriban
en los parámetros contenidos en los tratados interna-
cionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto
de garantizar un desarrollo ecológico, social y econó-
micamente sustentable, en el que el uso de los recursos
por parte de las presentes generaciones no comprometa
el patrimonio de las futuras.
La Constitución en su preámbulo señala entre los
fines que debe promover nuestra sociedad, la protec-

54 55
ción del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos
ambientales como patrimonio común e irrenunciable
de la humanidad. Consecuente con ello, el texto cons-
titucional se caracteriza por desarrollar con la ampli-
tud necesaria, los derechos y deberes ambientales de
cada generación, y por reconocer el derecho que ellas
tienen a un medio ambiente seguro, sano y ecológica-
mente equilibrado. Destaca, en este sentido, la nece-
sidad de mantener un eficaz desarrollo de la seguridad
ambiental en las fábricas y complejos industriales.
Así, el Estado, con el objeto de garantizar un de-
sarrollo ecológico, social y económicamente susten-
table, protegerá el ambiente, la diversidad biológica,
los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los
parques nacionales y monumentos naturales y demás
áreas de especial importancia ecológica; al tiempo
que velará por un medio ambiente libre de conta-
minación, en donde el aire, el agua, los suelos, las
costas, el clima, la capa de ozono, las especies vi-
vas, gocen de especial protección. De igual manera,
el Estado desarrollará una política de ordenación del
territorio que atienda a las exigencias del desarrollo
sustentable, la cual deberá contar con la participación
ciudadana.
Por otra parte, como una garantía insoslayable para
la protección del ambiente se dispone que en todos los
contratos que la República celebre, o en los permisos
que se otorguen, que afecten recursos naturales, se
considerará incluida, aun cuando no estuviere expresa,
la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de
permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de
la misma en condiciones mutuamente convenidas y de
restablecer el ambiente a su estado natural si éste resul-
tare alterado, todo ello en los términos que determine
la ley.
Aunado a ello, los principios contenidos en este
Capítulo encuentran su transversalización axiológica
en el texto constitucional, a través de otras disposi-
ciones y principios que tienen como finalidad el de-
sarrollo ecológico, social y económicamente susten-
table de la Nación. Así, encuentra fundamento consti-
tucional la obligatoriedad de la educación ambiental,
las limitaciones a la libertad económica por razones
de protección del ambiente, el carácter de bienes de
dominio público que se le atribuye a las aguas, la
agricultura sustentable como base estratégica del de-
sarrollo rural integral, la protección del hábitat de los
pueblos indígenas, entre otros.

56 57
Capítulo X
De los deberes
En este Capítulo, retomando principios de nuestra
historia constitucional se consagran los deberes de los
venezolanos. El origen de los deberes es la Declara-
ción de los Derechos del Pueblo de 1811, publicada
en la Gaceta de Caracas el 23 de julio de ese mismo
año, en la cual se desarrollaron los derechos y debe-
res del hombre en sociedad. Luego, en la Constitución
Federal de Venezuela de 1811 publicada en la Gaceta
de Caracas el 27 de diciembre de ese mismo año, en
su parte final se consagraron los deberes del hombre
en sociedad conjuntamente con los deberes del cuerpo
social, con fundamento en la figura romana del buen
padre de familia.
Se consagra el deber de honrar y defender la Pa-
tria, independientemente de cualquier tipo de corriente
ideológica, como una obligación consustancial con la
nacionalidad. Este deber implica no sólo resguardar y
proteger la soberanía, la nacionalidad y nuestra inte-
gridad territorial, sino además, defender y promover la
autodeterminación política, territorial, cultural y social
de la Nación. Además, rescatando nuestra historia re-
publicana, se extiende ese deber a la promoción y de-
fensa de todo lo que identifica nuestra Nación, como
los símbolos patrios y valores culturales.
Como consecuencia del principio de supremacía y
fuerza normativa de la Constitución, así como del prin-
cipio de legalidad, se consagra el deber de toda persona
de cumplir y acatar el Texto Fundamental, las leyes y
demás actos que en ejercicio de sus funciones legíti-
mas dicten los órganos que ejercen el Poder Público.
Promoviendo una sociedad plural, armónica, so-
lidaria, abierta, integrada y comprometida en todos
sus ámbitos, se consagra el deber de toda persona de
cumplir los requerimientos sociales y participar en la
vida política, civil y comunitaria del país. En la bús-
queda de estos propósitos se resalta la obligación de
promover y defender los derechos humanos siempre
con fundamento en la convivencia democrática y en
la paz social.
En virtud del principio de solidaridad social, se con-
sagra el deber de toda persona de coadyuvar, en la me-
dida de sus posibilidades, a los gastos públicos.
En armonía con los principios de participación y
solidaridad social se consagra el deber de toda persona
de prestar servicio civil, militar y electoral, cuando sea
necesario para la defensa, preservación y desarrollo de
la Nación, o bien para hacer frente a situaciones de ca-
lamidad pública.

58 59
No obstante, las obligaciones que tiene el Estado
conforme a la Constitución y a la ley, se consagra el
deber de toda persona de coadyuvar según su capaci-
dad y aptitud, al cumplimiento de los fines que impone
el bienestar social general, con base en los principios
de solidaridad, responsabilidad social y asistencia
humanitaria. Por ello, quienes aspiren al ejercicio de
cualquier profesión deberán prestar servicio a la co-
munidad durante el tiempo, lugar y condiciones que
determine la ley.
TÍTULO IV
DEL PODER PÚBLICO
Capítulo I
De las disposiciones fundamentales
Sección primera: disposiciones generales
El presente título referente al Poder Público, ad-
quiere especial significación dado que se propone res-
catar la legitimidad del Estado y de sus instituciones,
recuperando la moral pública y la eficiencia y eficacia
de la función administrativa del Estado, características
complementarias e indispensables para superar la cri-
sis de credibilidad y de gobernabilidad que se ha ins-
taurado en el país en los últimos tiempos.
En las Disposiciones Generales, en primer lugar se
consagra la conocida distribución vertical del Poder
Público: Poder Municipal, Estadal y Nacional; coloca-
dos en este orden según su cercanía con el ciudadano,
sujeto protagónico de este modelo de democracia par-
ticipativa.
En lo que respecta a la distribución horizontal del
Poder Público Nacional se incorporan, además de las
funciones tradicionales, la innovación de los denomi-
nados Poder Electoral y Poder Ciudadano. La razón
de esta novedosa inclusión se entiende en un contexto

60 61
social y político en el cual se deben dar signos claros
del respeto a la independencia y autonomía funcio-
nal de la que deben gozar los órganos encargados de
desarrollar las funciones respectivas, para facilitar la
recuperación de la legitimidad perdida en terrenos
tan delicados como el de los procesos electorales, así
como el de la función contralora y la defensa de los
derechos humanos.
Se consagra, igualmente, una división de las funcio-
nes que corresponden a cada rama del Poder Público,
tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si bien
se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada
una de ellas, se establece un régimen de colaboración
entre los órganos que van a desarrollarlas para la mejor
consecución de los fines generales del Estado.
Se establece el principio restrictivo de la compe-
tencia, según el cual los órganos que ejercen el Poder
Público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que
les son expresamente consagradas por la Constitución
y la ley.
La usurpación de autoridad, consistente en la inva-
sión del Poder Público por parte de personas que no
gocen de la investidura pública, se considera ineficaz y
los actos dictados se consideran nulos.
En cuanto a la responsabilidad individual conse-
cuencia del ejercicio del Poder Público, se abarca tanto
el abuso de poder, la desviación de poder, así como la
violación de la Constitución y la Ley. Esta disposición
es una de las que ha adolecido de ineficacia, por lo cual
su consagración en esta Constitución implica generar
los mecanismos legales para su aplicación efectiva.
Finalmente, en las disposiciones generales, se esta-
blece bajo una perspectiva de derecho público moder-
na la obligación directa del Estado de responder patri-
monialmente por los daños que sufran los particulares
en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que
la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o
anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera
actividades públicas, administrativas, judiciales, legis-
lativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos
o incluso de personas privadas en ejercicio de tales
funciones.
Sección segunda: de la administración pública
Por definición, la función ejercida por la Adminis-
tración Pública está sujeta al servicio público o interés
general, por ende debe estar al servicio de la ciuda-
danía sin ningún tipo de distinciones, de privilegios
o discriminaciones. En este contexto la aplicación de

62 63
este contenido implica el cambio de una cultura y de
unos hábitos organizacionales que han enturbiado y
obstaculizado el ejercicio de esta función del Estado,
desviándola hacia la satisfacción de intereses subalter-
nos, con lo cual se ha facilitado la corrupción y la in-
eficacia e ineficiencia. Es por ello que se precisan los
principios que deben fundamentar a la Administración
Pública, los cuales no requieren de mayor explicación:
honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficien-
cia, transparencia, rendición de cuentas y responsabi-
lidad. Principios que expresan con claridad el nuevo
camino que deben seguir los funcionarios que ejerzan
el Poder Público. Además de estos principios recto-
res se reitera el sometimiento a la ley y al derecho,
es decir, el principio de la legalidad de la actividad
administrativa.
Los institutos autónomos son materia de reserva le-
gal. Asimismo están sometidos, conjuntamente con los
intereses públicos en entidades, al control estatal según
sea desarrollado en la ley.
Se consagra en favor de ciudadanos y ciudadanas,
el derecho a la información oportuna y veraz por parte
de la Administración Pública. Este derecho adquiere
suficiente amplitud y precisión, ya que abarca lo relati-
vo a las actuaciones de las cuales sean parte interesada,
así como al conocimiento de las resoluciones definiti-
vas que se dictaren, y acceso a los archivos y registros
administrativos, salvo las excepciones legales. Como
complemento a esta disposición se establece la prohi-
bición absoluta de la censura a los funcionarios públi-
cos en relación con su deber correlativo al derecho a la
información consagrado en esta disposición.
Sección tercera: de la función pública
Como introducción a la regulación establecida en
esta Sección conviene resaltar la importancia y signifi-
cación que la nueva Constitución le otorga a la función
pública, en la medida en que la honestidad, la eficien-
cia y la eficacia de su ejercicio constituyen prioridades
indiscutibles dentro de las exigencias que la sociedad
venezolana ha manifestado con mensajes precisos y
contundentes. Los vicios más enraizados en el siste-
ma político, como el clientelismo, que tanto daño ha
causado al pueblo venezolano, están relacionados ín-
timamente con la falta de líneas claras en torno a lo
que debe ser la función pública y a la creación de una
política de recursos humanos cónsona con los ideales
de la gerencia pública moderna. La gobernabilidad,
entendida como la satisfacción plena de las demandas
sociales, sólo puede alcanzarse en la medida que se
adopten políticas orientadas en este sentido.

64 65
Se consagra la creación del Estatuto de la función
pública mediante ley, en la cual se regulará lo relati-
vo a la política de recursos humanos aplicable a los
funcionarios de la Administración Pública. Se debe-
rá regular el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y
retiro y, asimismo, la incorporación de los mismos a
la seguridad social. Igualmente se consagrará por vía
legal las funciones y requisitos para el ejercicio de los
cargos respectivos. Es precisamente en el marco de
estas normativas donde deberán ser desarrolladas por
la ley, el espacio en el cual se debe garantizar los ni-
veles de idoneidad tanto profesional como ético de las
personas que ingresen en la Administración Pública.
El principal freno a las conductas contrarias a la lega-
lidad y a la moral pública depende, en buena parte, de
las políticas de ingreso, permanencia y ascenso en la
carrera administrativa.
Contrario a los hábitos organizacionales generados
por el clientelismo político, se establece el deber de los
funcionarios o funcionarias públicos de servir al Esta-
do, y por ende, al ciudadano y no a parcialidad alguna.
Como complemento se establece que el nombramiento
y remoción no podrán vincularse a la afiliación política.
Tal aspecto se convierte en punto fundamental de este
proceso de refundación del Estado, ya que el mismo
depende de una voluntad política firme que convier-
ta en realidad lo que hasta ahora ha sido una fantasía
irrealizable. Evidentemente por vía legal y reglamen-
taria se deben afinar los mecanismos para garantizar el
fiel cumplimiento de esta norma. Igualmente se prohí-
be a quienes estén al servicio de los municipios, esta-
dos, República o demás personas jurídicas estatales de
derecho público o privado la celebración de contratos
con estas entidades, por sí mismos o por interpósita
persona, salvo las excepciones legales.
Se establece como principio general que los cargos
de la Administración Pública son de carrera, salvo los
cargos de elección popular, los de libre nombramien-
to y remoción, los contratados y los obreros, así como
otros tipos que indique la Ley. Este aspecto del esta-
blecimiento de la carrera administrativa, constituye un
pilar necesario para poder sustentar el edificio de una
Administración Pública moderna, dinámica y eficiente.
La depuración de la función pública, el rescate de la
imagen del Estado, requiere de un compromiso inelu-
dible con la satisfacción de esta exigencia que la socie-
dad ha expresado reiteradamente.
En este mismo contexto el ingreso a la carrera ad-
ministrativa será exclusivamente por concurso públi-
co que garantice la selección de los mejores, tanto en
el aspecto ético como en el de la preparación técnica
y profesional. Por ello dicho concurso se sujeta a los

66 67
principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. En
adelante, no se podrá acceder a la carrera administrati-
va por designaciones o contrataciones que obvien este
mecanismo de selección objetivo, ni se podrá adquirir
estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejerci-
cio de algún cargo de carrera. Sólo el concurso público
dará acceso a la carrera administrativa y a la conse-
cuente estabilidad del funcionario.
Igualmente, para el ascenso, se someterá a un siste-
ma de evaluación que reporte una calificación de mé-
ritos de los funcionarios públicos en forma periódica.
Ello implica una evaluación objetiva de la gestión per-
sonal de los funcionarios y un programa de formación y
capacitación al cual se deberán someter. De esta forma
el ascenso debe encontrarse vinculado a la eficiencia,
disciplina y desarrollo de los conocimientos, destrezas
y habilidades del funcionario.
De otra parte, la permanencia del funcionario en la
carrera administrativa tiene que estar relacionada con
un resultado positivo de la evaluación de su desempe-
ño. Esta evaluación debe ser objetiva y periódica. De
esta forma se potencia el esfuerzo del funcionario por
mejorar su gestión, y en ese sentido gozará de estabili-
dad, ascenderá y obtendrá mayores beneficios labora-
les. Por el contrario, si el resultado de la evaluación del
desempeño del funcionario es negativa, el funcionario
será removido de la función pública.
Tales principios deben ser desarrollados por vía
legal de manera de restringir la discrecionalidad en la
toma de decisiones relacionadas con estos aspectos,
estableciendo las exigencias para poder optar a dichos
concursos y así poder ascender en la carrera adminis-
trativa. Correlativo a ello deberá avanzarse hacia la
conformación de instancias estatales que contribuyan
a la formación y actualización permanente del funcio-
nario público.
La ocupación de cargos públicos remunerados re-
quiere como exigencia indispensable la previsión pre-
supuestaria respectiva. Por vía reglamentaria y según
la ley, se establecerán las escalas de salarios, pudiendo
establecerse los límites razonables a las remuneracio-
nes en las diferentes ramas del Poder Público munici-
pal, estadal o nacional. Igualmente, por ley nacional se
establecerá el régimen de jubilaciones y prestaciones a
todos los niveles. El objetivo de esta norma es mante-
ner dentro de los parámetros razonables y en el contex-
to de la situación económica del país los niveles de las
remuneraciones de los funcionarios públicos.
Para evitar las irregularidades que se han cometido
continuamente en desmedro de la eficiencia y de la efi-

68 69
cacia de la Administración Pública, se prohíbe expre-
samente desempeñar más de un destino público remu-
nerado, salvo las excepciones de cargos académicos,
accidentales, asistenciales o docentes según la ley. Para
darle eficacia a este dispositivo se requiere la existen-
cia de archivos confiables y actualizados que impidan
la recurrencia en este vicio que constituye un verdade-
ro fraude al interés colectivo. Igualmente se consagra
la prohibición del disfrute de más de una jubilación o
pensión, salvo las excepciones legales.
Como exigencia indispensable para la aceptación
de cargos, honores o recompensas de gobiernos ex-
tranjeros se requiere la autorización de la Asamblea
Nacional.
Sección cuarta: de los contratos
de interés público
En materia de contratos de interés público se man-
tiene, en general, la regulación constitucional existen-
te, aunque se mejora su redacción. Se prevé, así, como
regla general que los contratos de interés público na-
cional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacio-
nal en los casos que determine la ley. No obstante, se
establece con carácter preceptivo esta aprobación en
los supuestos de contratos de interés público nacional,
estadal o municipal si los mismos pretenden celebrarse
con Estados o entidades oficiales extranjeras o con so-
ciedades no domiciliadas en Venezuela.
Por otra parte, se conserva como regla general el
sometimiento de dichos contratos a las leyes y a la
jurisdicción venezolana. Sin embargo, por vía de ex-
cepción, en los casos en que la naturaleza del negocio
así lo permita, determinadas controversias del contrato
podrán someterse a otra jurisdicción.
Sección quinta: de las relaciones internacionales
En la Constitución las relaciones internacionales de
la República responden a los fines del Estado en el ejer-
cicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. En
esta sección se establecen los principios de indepen-
dencia, igualdad entre los estados, libre determinación
y no intervención, solución pacífica de los conflictos
internacionales, cooperación, respeto de los derechos
humanos, solidaridad entre los pueblos. Además de la
defensa de estos principios, la Constitución impone a
la República la práctica democrática en la participa-
ción y toma de decisiones en el seno de organismos e
instituciones internacionales.
Se promueve la integración latinoamericana y cari-
beña, la cual adquiere carácter constitucional en la bús-

70 71
queda de la creación de una Comunidad de Naciones.
A tales fines, se permite la suscripción y ratificación de
tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, en
el marco de procesos de integración que tengan carác-
ter supranacional. Como consecuencia de ello, las de-
cisiones que adopten los órganos supranacionales que
surjan de los procesos de integración, son de aplicación
directa e inmediata en Venezuela.
En todo caso, el reconocimiento y fortalecimiento
que la Constitución ofrece a los procesos de integra-
ción con carácter supranacional, ha tenido entre otros
objetivos, darle un marco constitucional sólido a los
procesos de integración de los cuales Venezuela es par-
te, así como reconocer la validez de todos los tratados
que han sido suscritos y ratificados por Venezuela en
dicho proceso, y de todas las decisiones o directivas
dictadas hasta la entrada en vigencia de la nueva Cons-
titución, por los órganos supranacionales de la Comu-
nidad Andina.
Capítulo II
De la competencia del Poder Público Nacional
En esta Constitución se actualizan las competencias
del Poder Nacional, incorporando materias nuevas tales
como la determinación de los tipos impositivos o alí-
cuotas de los tributos estadales o municipales; la crea-
ción y organización de impuestos territoriales o sobre
predios rurales, así como transacciones inmobiliarias,
cuya recaudación y control corresponderá a los munici-
pios; la administración del espectro electromagnético;
el régimen general de los servicios públicos domicilia-
rios; el manejo de la política de fronteras; la legislación
en materia de pueblos indígenas y territorios por ellos
ocupados; así como la organización y funcionamiento
de los órganos del Poder Público Nacional y demás ór-
ganos e instituciones del Estado.
A continuación se incluye una declaración general
sobre la valoración del concepto de descentralización,
como lineamiento estratégico de la política de desa-
rrollo, no sólo a los fines de la democratización de
lo público sino también como elemento decisivo para
promover la efectividad y eficiencia de los cometidos
estatales.
Capítulo III
Del Poder Público Estadal
Comienza con la caracterización de los estados
como entidades autónomas e iguales en lo político,
con el atributo de personalidad jurídica plena, hacien-
do mención expresa del compromiso de mantener la

72 73
integridad nacional y cumplir y hacer cumplir la Cons-
titución y las leyes de la República, que es la esencia
del pacto federal.
Se definen los órganos superiores de las entidades
estadales, a saber, el gobernador y el Consejo Legisla-
tivo, con las funciones de gobierno y administración el
primero, y de legislación y de deliberación política el
segundo. Se señalan los requisitos del cargo y el perío-
do de duración del mandato del gobernador, además de
la obligación de rendición de cuenta ante el Contralor
del Estado y la presentación de un informe del mismo
ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planifica-
ción y Coordinación de Políticas Públicas.
En el caso de la rama legislativa y deliberante de los
estados, se define su órgano que es el Consejo Legisla-
tivo, su conformación, sus atribuciones y los requisitos
para ser integrante del Consejo Legislativo.
Se establece la existencia en cada estado de una Con-
traloría que gozará de autonomía orgánica y funcional.
En la distribución de competencias que correspon-
den a la Constitución se definen en este capítulo la
competencia exclusiva de los estados, manteniéndo-
se y ampliándose las previstas en la Ley Orgánica de
Descentralización. En cuanto a las competencias con-
currentes se adopta la experiencia del Derecho Com-
parado en materia de descentralización y se asume que
las leyes nacionales tienen la naturaleza de leyes bases,
en las que se establecen conceptos generales, básicos y
orientadores; y las leyes estadales son leyes de desarro-
llo de esos principios básicos, lo que permitirá mejo-
res condiciones para la delimitación de competencias.
Se prevé la creación en cada estado de un Consejo de
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, de-
jando su organización y funcionamiento a lo que deter-
mine la ley.
Se definen los ingresos de los estados dentro de una
visión integral de la materia hacendística pública, con
especial atención al problema del financiamiento de las
autonomías territoriales. Todo ello en un esfuerzo de
armonización de las distintas potestades fiscales, para
el desarrollo de estados y municipios.
Capítulo IV
Del Poder Público Municipal
Se inicia con una norma de caracterización del Mu-
nicipio, en la cual se incluye el reconocimiento expreso
de la autonomía municipal con la definición del conte-
nido mínimo que corresponde a esa cualidad esencial,
así como la garantía jurisdiccional de la misma. Se in-
corpora una declaración general sobre la participación

74 75
como elemento consustancial con la naturaleza del go-
bierno y la administración municipal.
Se estableció la remisión a la legislación de la mate-
ria correspondiente al desarrollo de los principios cons-
titucionales relativos a los municipios y demás entida-
des locales, imponiéndose a tal efecto, la necesidad de
partir de la diversidad municipal de modo imperativo y
no como una simple orientación al legislador, abarcan-
do no sólo la organización municipal propiamente tal,
sino también en lo que respecta a sus competencias y
recursos. Se enfatiza la necesidad de que dicha legisla-
ción establecerá opciones para la organización de go-
bierno y administración de los municipios indígenas.
Se ha previsto la posibilidad de que los municipios
se asocien en mancomunidades, así como la creación
de modalidades asociativas intergubernamentales.
Se prevé la organización de los municipios en dis-
tritos metropolitanos mediante ley, lo que permite el di-
seño de un régimen más auténtico para la organización
distrital que no debe quedar constreñido a una forzada
reproducción a escala de la organización municipal.
Se propone una habilitación general al legislador
para crear condiciones de elegibilidad, prohibiciones
y causales de inhibición para la postulación y ejercicio
de las funciones de alcaldes y concejales.
Respecto a los ingresos, se consagran y caracterizan
en la Constitución los ramos de ingresos, incluyendo
aquellos de naturaleza tributaria que corresponden al
municipio de manera irrestricta, dejando abierta la posi-
bilidad de que por vía del desarrollo legislativo puedan
ser creados otros impuestos, tasas y contribuciones es-
peciales.
Además del enunciado del sistema de ingresos se
consagra que la potestad tributaria de los municipios es
distinta y autónoma de las potestades reguladoras que
esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacio-
nal o Estadal. Asimismo, se establecen que las inmuni-
dades frente a la potestad impositiva de los municipios
a favor de los demás entes politicoterritoriales, se ex-
tiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por
ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas.
Se ha incluido una norma que establece la presun-
ción del carácter de ejidos de los terrenos ubicados en
el área urbana de los Municipios, sin menoscabo de
legítimos y mejores títulos de terceras personas, váli-
damente constituidos. Igualmente, se constituyen en
ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana,
dejándoles la excepción para las tierras correspondien-
tes a las comunidades y pueblos indígenas.
Se ha incorporado la creación del Consejo Local de
Planificación Pública que tiene por objeto la planifi-

76 77
cación, coordinación y cooperación en la definición y
ejecución de las políticas públicas.
Se incluye una norma que consagra la creación
mediante ley, de los mecanismos necesarios para que
los estados y municipios formalicen el compromiso de
descentralización hacia las comunidades y grupos ve-
cinales, organizando los servicios que éstos gestionen
previa demostración de su capacidad.
Capítulo V
Del Consejo Federal de Gobierno
Como órgano constitucional de carácter interterrito-
rial se crea el Consejo Federal de Gobierno, reflejo en
el plano de la organización del Estado de los principios
de integridad territorial, cooperación, solidaridad, con-
currencia y responsabilidad sancionados en el Título I de
la Constitución relativo a los Principios Fundamentales.
Es, pues, un órgano producto de la fase más avanzada
del federalismo, el federalismo cooperativo, superación
histórica de lo que ha sido denominado federalismo dual
que entendía al Estado como producto de un pacto entre
los distintos entes politicoterritoriales los cuales tendrían
una esfera de soberanía no delegada a la Unión y, en
principio, intangible a la acción del Poder Federal.
Las funciones de este Consejo Federal de Gobierno
serán básicamente las de planificar y coordinar hori-
zontalmente las políticas y acciones para el desarrollo
del proceso de descentralización y la administración
del Fondo de Compensación Interterritorial destinado
al financiamiento de inversiones públicas con el fin de
promover el desarrollo equilibrado de las regiones de
menor desarrollo relativo.
En fin, es clara la superación que representa esta
figura organizativa con respecto a la Convención de
Gobernadores, único mecanismo cooperativo previsto
en la Constitución precedente de 1961.
TÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN
DEL PODER PÚBLICO NACIONAL
Capítulo I
Del Poder Legislativo Nacional
El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una
Asamblea Nacional cuya estructura unicameral res-
ponde al propósito de simplificar el procedimiento de
formación de las leyes, reducir los costos de funcio-

78 79
namiento del parlamento, erradicar la duplicación de
órganos de administración y control y la duplicación de
comisiones permanentes, entre otras cosas.
Los diputados que integran la Asamblea Nacional
son elegidos, en cada entidad federal, según una base
poblacional de uno coma uno por ciento de la pobla-
ción total del país; además, corresponderán tres diputa-
dos por cada entidad federal y habrá tres diputados en
representación de los pueblos indígenas. El período de
duración del mandato es de cinco años, pudiendo ser
reelegidos hasta por dos períodos consecutivos como
máximo. De acuerdo con lo expuesto, el número de di-
putados de laAsamblea Nacional sólo aumentará o dis-
minuirá en la misma medida en que aumente o dismi-
nuya la población, en una o varias entidades federales.
Con esta forma de integración y con la estructura
unicameral del órgano legislativo nacional desapare-
cen los llamados diputados adicionales; además, en
virtud de la eliminación del Senado, desaparece la fi-
gura del senador vitalicio.
La representación parlamentaria, de acuerdo con el
artículo 186 del texto constitucional, reviste un doble
carácter. El diputado es, al mismo tiempo, representan-
te de la entidad federal y representante popular, lo cual
reafirma el artículo 201 al expresar que los diputados
son representantes del pueblo y de los Estados en su
conjunto.
Ese doble carácter de la representación parlamen-
taria exige de los candidatos haber residido en la en-
tidad federal en la cual aspiran ser elegidos, por lo
menos, durante los cuatro años anteriores a la fecha
de la elección. Este requisito de elegibilidad unido a
la obligación de la Asamblea Nacional de consultar
a los Estados cuando ella trate de materias relativas a
los mismos, al derecho de palabra a los Estados en el
proceso de formación de las leyes relativas a ellos y la
iniciativa legislativa por parte de los Consejos Legis-
lativos de los Estados, son complementos tanto del ca-
rácter federal de la representación parlamentaria como
del contenido federal del Estado venezolano.
Por otra parte, el texto constitucional consagra los
principios de la personalización de las elecciones y el
de la representación proporcional, dejando a la ley la
tarea de garantizar la presencia de estos principios que
constituyen parte sustancial del sistema democrático.
Respecto a las condiciones de inelegibilidad de los
diputados, se obliga a la separación absoluta de sus
cargos a los aspirantes, por lo menos tres meses antes
de las elecciones, en los casos expresamente señalados,
sin perjuicio de los que por ley puedan establecerse.

80 81
Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las
propias de todo órgano legislativo en un sistema de go-
bierno semipresidencial o semiparlamentario, como el
nuestro. Destacan la función legislativa, la función de
control político sobre la Administración Pública Nacio-
nal y sobre el Gobierno, las autorizaciones y, en parti-
cular, los mecanismos de control del órgano legislativo
sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al
Vicepresidente y a los Ministros, cuyo procedimiento es
especial y requiere de votación calificada. Otros meca-
nismos de control son las interpelaciones, las investiga-
ciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobacio-
nes. La Asamblea Nacional podrá declarar la responsa-
bilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al
Poder Ciudadano que intente las acciones para hacerla
efectiva. Los funcionarios públicos están obligados a
asistir a las comisiones y a suministrar las informaciones
y documentos que éstas requieran para el cumplimien-
to de sus funciones. Esta obligación incumbe también a
los particulares, sin perjuicio de los derechos y garantías
que la Constitución consagra. El valor probatorio de los
resultados obtenidos en ejercicio de esta función será es-
tablecido de conformidad con la ley.
El voto de censura, dado por las tres quintas par-
tes de los diputados, da lugar a la remoción del Vice-
presidente o de los Ministros, según sea el caso. En el
caso de la remoción del Vicepresidente en tres oportu-
nidades, dentro de un mismo período constitucional,
la Constitución faculta al Presidente de la República,
como un mecanismo de equilibrio democrático, para
disolver a la Asamblea Nacional y convocar a eleccio-
nes anticipadas dentro de los sesenta días siguientes a
la disolución para elegir una nueva legislatura, todo lo
cual se hará mediante Decreto aprobado en Consejo de
Ministros. No podrá disolverse la Asamblea Nacional
en el último año de su período constitucional.
La Asamblea promoverá la organización y la parti-
cipación ciudadana en los asuntos de su competencia y
tendrá iniciativa en materia de leyes, enmienda, refor-
ma y Asamblea Constituyente.
En lo relativo a la organización y funcionamiento de
la Asamblea Nacional, el número de comisiones queda
limitado a quince, aun cuando mediante votación ca-
lificada de las dos terceras partes de los diputados se
pueda disminuir o aumentar su número. Igualmente se
definen las figuras del Presidente, dos Vicepresidentes,
un Secretario y un Subsecretario de la Asamblea Na-
cional, remitiéndose al reglamento las formas de resol-
ver las faltas temporales y absolutas de estos cargos.
La Comisión Delegada se integra con la Junta Di-
rectiva de la Asamblea Nacional y los Presidentes de
las Comisiones Permanentes atendiéndose al criterio

82 83
del conocimiento en una determinada materia que co-
rresponde a sus integrantes.
En cuanto al control sobre los diputados, se busca
el ejercicio efectivo y eficiente de la función parla-
mentaria, al tiempo que obliga a la vinculación con
las entidades federales y el pueblo. El Estado requiere
un desarrollo legislativo acorde con los cambios del
país y un eficiente control sobre la Administración
Pública y el Gobierno. De allí que el ejercicio de la
función parlamentaria sea a dedicación exclusiva, sal-
vo las excepciones establecidas. Los diputados están
obligados a mantener vinculación permanente con sus
electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias, in-
formándolos acerca de su gestión y la de la Asamblea;
que rindan cuenta anualmente de la gestión y que es-
tén sometidos al referendo revocatorio del mandato,
con la consecuencia inmediata, en caso de producirse,
de no poder ejercer cargos de elección popular dentro
del período siguiente.
Un elemento imprescindible para el logro de lo seña-
lado es asegurarle al diputado una retribución económica
que asegure su independencia, sin que su condición de
parlamentario implique privilegios personales ni abuso
de las prerrogativas garantizadas por la Constitución ni
la percepción de beneficios económicos indebidos.
Se consagra la inmunidad parlamentaria como una
garantía del ejercicio autónomo de las funciones legis-
lativas respecto de los otros poderes y como garantía
para el mejor y efectivo cumplimiento de la función
parlamentaria. Sin embargo, la inmunidad sólo está re-
ferida al ejercicio de las funciones parlamentarias des-
de el momento de la proclamación por parte del órgano
electoral competente hasta la conclusión del mandato.
Su desconocimiento por parte de los funcionarios pú-
blicos ocasiona sanciones de naturaleza penal que el
legislador deberá establecer en la ley correspondiente.
En cuanto a los presuntos delitos cometidos por los
diputados, conocerá el Tribunal Supremo de Justicia en
forma privativa, siendo la única autoridad que, previa
autorización de la Asamblea Nacional, podrá ordenar
la detención o continuar el enjuiciamiento, según sea
el caso. En caso de delito flagrante cometido por algún
diputado, la autoridad competente pondrá a éste bajo
custodia en su residencia y comunicará de manera in-
mediata el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.
El texto constitucional incorpora un conjunto de
cambios en cuanto a la definición de la ley y en cuanto
a las leyes orgánicas. La ley es todo acto sancionado
por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, en-
tendiéndose que para ello deberá seguirse el procedi-
miento que el propio texto constitucional establece.

84 85
Por otra parte, la Constitución establece cinco ti-
pos de leyes orgánicas: las que ella misma denomina
como tales, las que se dicten para organizar los po-
deres públicos, las que se dicten para desarrollar de-
rechos constitucionales, las que sirvan de marco nor-
mativo a otras leyes y las que hayan sido calificadas
como tales por la Asamblea Nacional, en cuyo caso
éstas habrán de ser remitidas a la Sala Constitucional
del Máximo Tribunal, para que se pronuncie acerca
de la constitucionalidad de su carácter orgánico, esto
con el propósito de evitar el uso indiscriminado de tal
denominación.
En cuanto a la iniciativa legislativa se incorporan
al texto constitucional tres nuevos elementos de ini-
ciativa, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el
Consejo Legislativo Estadal, cuando se trate de leyes
relativas a los Estados. Se destaca la obligatoriedad de
la Asamblea Nacional de discutir los proyectos de ley
presentados por iniciativa ciudadana y el sometimiento
de dichos proyectos a referendo aprobatorio, cuando
no fuere discutido por la Asamblea.
En la etapa de discusión y aprobación de los pro-
yectos de ley, se introduce la obligación de abrir pro-
cesos de consulta a los otros órganos del Estado, a los
ciudadanos y a la sociedad organizada. Cada proyecto
de ley recibirá dos discusiones en el seno de la Asam-
blea, en días diferentes, no consecutivos. La primera
discusión versará sobre la exposición de motivos y la
pertinencia del proyecto de ley, leyéndose el articulado
en conjunto, mientras que la segunda se realizará artí-
culo por artículo.
Capítulo II
Del Poder Ejecutivo Nacional
La Constitución eleva el período presidencial a seis
años debido a la modificación del sistema de controles
politicosociales sobre el Ejecutivo Nacional. Y, como
una innovación estructuralmente importante, desde el
punto de vista de la legitimidad y responsabilidad del
Presidente en el ejercicio del Ejecutivo Nacional, se
permite su reelección inmediata por una sola vez para
un nuevo período.
Esta nueva regulación constitucional evita la irres-
ponsabilidad política de los Presidentes que caracterizó
el período republicano que culmina con la aprobación
de la nueva Constitución. De esta manera, quien sea
titular de la Presidencia puede ser evaluado política-
mente por su gestión en dos oportunidades: la primera,
cumplida más de la mitad del período presidencial de
seis años, por la solicitud del veinte por ciento o más
de los electores para efectuar un referendo revocatorio

86 87
del mandato; y la segunda, por la postulación del Pre-
sidente a la reelección popular para un segundo man-
dato. En ambos casos, el pueblo determina la suerte
del Presidente, confirmando su confianza para que se
mantenga en el cargo, o retirándole su apoyo, con la
consecuencia de su retiro forzado. En realidad, es un
medio de profundización de la democracia mediante
dos mecanismos de control social sobre la gestión del
Estado que se particularizan en la sujeción del Presi-
dente a la voluntad popular.
Una de las innovaciones más importantes del texto
constitucional consiste en la sustancial modificación del
sistema de gobierno, al incorporar un diseño de sistema
semipresidencial que se puede calificar como flexible.
Este nuevo arreglo institucional se sustenta en dos
importantes orientaciones: la primera, la distinción
y separación orgánica flexible entre las funciones de
jefatura de Estado y de jefatura de gobierno; y la se-
gunda, el establecimiento de una nueva relación entre
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a manera de
sistema de controles y equilibrios de poder.
La ingeniería constitucional del nuevo sistema de
gobierno semipresidencial flexible se sustenta en la
creación de la figura del Vicepresidente Ejecutivo.
Esta nueva institución, a pesar de su denominación de
Vicepresidente, es mucho más que la tradicional figu-
ra vicepresidencial que acostumbran los sistemas de
gobierno americanos. En propiedad, el Vicepresidente
que contempla la Constitución no es el típico cargo que
tiene la función de resolver la sucesión presidencial
por la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la
República. Más que ello, el Vicepresidente es una ins-
titución que comparte con el Presidente el ejercicio de
su jefatura de gobierno y responde políticamente por la
gestión general del gobierno frente al Parlamento.
Las funciones otorgadas por la Constitución al Vi-
cepresidente de la República son esenciales para el
normal desenvolvimiento del Ejecutivo Nacional y
de las relaciones entre éste y la Asamblea Nacional.
La primera de ellas se refiere a la colaboración con el
Presidente en la dirección de la acción del Gobierno y,
como competencia que le es propia, la coordinación
de la Administración Pública Nacional con las instruc-
ciones que le imparta el Presidente. Esta función con-
sagra a la Vicepresidencia en el medio fundamental de
apoyo del Presidente y la convierte en una instancia
de dirección y coordinación sobre la Administración
Pública Nacional que supone, con la competencia de
proponer el nombramiento y remoción de los Minis-
tros, una jerarquía directa sobre éstos y sobre las demás
autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En tal senti-

88 89
do, la Vicepresidencia es el órgano natural de rectoría
del sistema de registro, seguimiento y control de las
decisiones presidenciales, se produzcan éstas por cuen-
tas ministeriales o en Consejo de Ministros, y de los
sistemas de seguimiento, evaluación y control de las
políticas públicas sectoriales.
La segunda función del Vicepresidente correspon-
de a sus facultades para dirigir y coordinar el proceso
descentralizador; para armonizar los intereses naciona-
les, estadales y municipales y para garantizar el debi-
do equilibrio en el desarrollo económico social de las
regiones. Estas facultades las ejerce el Vicepresidente
de la República a través de la Presidencia del Conse-
jo Federal de Gobierno, al cual se adscribe el Fondo
de Compensación Interterritorial. La creación de este
Fondo conlleva a la transformación del actual Fondo
Intergubernamental para la Descentralización. De esta
manera, el Vicepresidente es un doble instrumento o
instancia para la coordinación, una coordinación hori-
zontal del Gobierno Nacional y otra vertical entre los
gobiernos territoriales.
La tercera función consiste en la asesoría que re-
quiere el Presidente de la República como Jefe de
Estado, para la formación de las políticas de Estado
de largo alcance en el tiempo. Esta función la ejer-
ce el Vicepresidente al presidir el Consejo de Estado
que crea la Constitución. Este Consejo se encuentra,
además, integrado por representantes de la Asamblea
Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y de los
gobernadores de los estados, convirtiéndolo en una
instancia de confluencia de poderes para el acuerdo
de políticas de Estado.
La cuarta función del Vicepresidente es la que lo
encarga de las relaciones entre el Ejecutivo Nacional
y la Asamblea Nacional. Función que convierte al Vi-
cepresidente en el natural vocero del Gobierno ante la
Asamblea Nacional.
Son estas funciones, más las atribuciones que el
Presidente le puede delegar, las que convierten al Vi-
cepresidente en un órgano fundamental para el fun-
cionamiento del Estado, con poder suficiente para la
coordinación interna del Poder Ejecutivo Nacional y la
coordinación con los otros Poderes del Estado venezo-
lano. El calificar el sistema presidencial como flexible
se debe a que las atribuciones del Vicepresidente serán
aún mayores en tanto el Presidente de la República le
delegue sus propias atribuciones.
Por esta particular suma de funciones el Vicepre-
sidente, como ejecutor de atribuciones de la jefatura
de Gobierno, es sujetado por el control político de la
Asamblea Nacional, como corresponde a un sistema

90 91
de gobierno semipresidencial. Esta relación entre la
Asamblea Nacional y el Vicepresidente se ha consa-
grado para permitir un clima de mayor comunicación
entre el Legislativo y el Ejecutivo, que posibilite el
acuerdo consensuado de políticas públicas y la colabo-
ración general de los poderes en el cumplimiento de los
fines y propósitos del Estado.
Una acción de gobierno que no cuente con cierto
aval del Legislativo conllevaría, en algún momento, a
la posibilidad de que la Asamblea Nacional aprobara
un voto de censura sobre el Vicepresidente, con el cual
quedaría automáticamente removido de su cargo. Pero,
como equilibrio de este poder de control político de la
Asamblea Nacional y para que la remoción constante
de vicepresidentes no se convierta en una práctica obs-
truccionista, la Constitución sabiamente consagra la
facultad del Presidente de convocar a elecciones anti-
cipadas de la Asamblea Nacional cuando ésta remueva
por tercera vez un Vicepresidente dentro de un período
presidencial de seis años. Esta facultad es de ejercicio
discrecional por el Presidente.
Este doble control entre el Legislativo y el Ejecu-
tivo constituye un sistema de equilibrio del poder que
permite, además, las salidas institucionales a las crisis
políticas o crisis de gobierno, incrementando el nivel
de gobernabilidad de la democracia. Así se posibilita
un rango de estabilidad politicoinstitucional para la de-
mocracia y se evitan las salidas extrainstitucionales.
En cuanto se refiere a la protección de los derechos
de la persona humana, la Constitución regula adecua-
damente el principio de responsabilidad en el ejercicio
del Poder Público, al establecer que la declaración de
los estados de excepción no eximen de responsabilidad
al Presidente de la República, al Vicepresidente Ejecu-
tivo o a los Ministros.
La sección primera de este Capítulo II es nítida en
lo referente a las faltas absolutas o temporales del Pre-
sidente de la República. En este sentido, adquiere un
rol de particular importancia el Vicepresidente Ejecu-
tivo de la República, al ser el suplente formal del Pre-
sidente de la República en las diferentes hipótesis de
faltas tanto absolutas como temporales que contempla
el texto constitucional.
La Sección Segunda detalla las competencias del
Presidente de la República. En este sentido hay aspec-
tos a resaltar que significan una mayor flexibilidad en
el manejo de los asuntos públicos y una conducción
más operativa de la Administración Pública por parte
del Presidente de la República.Así, y siguiendo la ten-
dencia del derecho comparado, se le permite al Pre-
sidente fijar el número, denominación, competencia

92 93
y organización de los ministerios y otros organismos
de la Administración Pública Nacional, así como tam-
bién la organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros, dentro de los principios y lineamientos se-
ñalados por la correspondiente ley orgánica. Con esto
se permite agilizar los trámites para hacer efectivas
las exigencias de adaptabilidad de las estructuras ad-
ministrativas, convirtiéndose el Presidente en el ver-
dadero rector de la Administración Pública Nacional.
Finaliza el Capítulo del Poder Ejecutivo Nacional
creando la institución del Consejo de Estado que, en el
derecho comparado, como nos lo demuestran las ex-
periencias francesa y colombiana, ha marcado, con es-
tructura y funciones análogas, pauta en la profesiona-
lización del ejercicio del Poder Público. En Venezuela
será un órgano superior de consulta del Gobierno y la
Administración Pública Nacional que recomendará po-
líticas de interés nacional en aquellos asuntos que el
Presidente de la República reconozca de especial tras-
cendencia y requieran su opinión.
Queda así estructurado un Poder Ejecutivo Nacio-
nal moderno, dinámico, profesional, sujeto a controles
políticos y al mismo tiempo generador de dinámicas
políticas novedosas. Se trata de un capítulo que abre a
Venezuela las puertas de una modificación profunda de
sus instituciones políticas.
Capítulo III
Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia
El Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia consagrado por la Constitución, al implicar
fundamentalmente división de los poderes del Estado,
imperio de la Constitución y las leyes como expresión
de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes
públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico, y garantía procesal efectiva de los derechos
humanos y de las libertades públicas, requiere la exis-
tencia de unos órganos que, institucionalmente ca-
racterizados por su independencia, tengan la potestad
constitucional que les permita ejecutar y aplicar impar-
cialmente las normas que expresan la voluntad popular,
someter a todos los poderes públicos al cumplimiento
de la Constitución y las leyes, controlar la legalidad de
la actuación administrativa y ofrecer a todas las per-
sonas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos.
El conjunto de órganos que desarrollan esa función
constituyen el Poder Judicial y el Sistema de Justicia
que se consagra en el Capítulo III del Título V de la
Constitución, configurándolo como uno de los poderes
del Estado.

94 95
En el referido Capítulo, la Constitución, con funda-
mento en el principio de soberanía, declara que la po-
testad de administrar justicia emana de los ciudadanos
y se imparte en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
Sobre esta base, el Texto Constitucional consti-
tuye el sistema de justicia integrado por el Tribu-
nal Supremo de Justicia, los demás tribunales que
determine la ley, el Ministerio Público, la Defen-
soría Pública, los órganos de investigación penal,
los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema
penitenciario y los abogados autorizados para el
ejercicio.
Por otra parte, se incorporan al sistema de justicia, los
medios alternativos para la resolución de controversias,
tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación,
todo ello con el objeto de que el Estado los fomente y
promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sen-
tido puedan desarrollar las academias, universidades, cá-
maras de comercio y la sociedad civil en general.
Asimismo, siendo que la administración de justicia
no es monopolio exclusivo del Estado aunque sólo éste
puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es de-
cir, la ejecución forzosa de las sentencias, la Constitu-
ción incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos
que participan en el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal integrando jurados o cualquier otro mecanismo que
la ley prevea.
Además, como consecuencia del principio y dere-
cho a la justicia gratuita consagrado en el Texto Cons-
titucional, se establece que el Poder Judicial no está fa-
cultado para establecer tasas, aranceles, ni para exigir
pago alguno por sus servicios.
El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los
jueces será por concursos de oposición públicos, que
aseguren la idoneidad, capacidad y probidad de los
jueces designados. En tal virtud, todos los cargos de
jueces o magistrados de tribunales o cortes, uniperso-
nales o colegiados, distintos al Tribunal Supremo de
Justicia, deberán ser designados mediante concurso
público de oposición.
Se prevé que la ley regule lo referente a la capaci-
tación y especialización de los jueces con la participa-
ción de las universidades, las cuales deberán organizar
estudios universitarios al nivel de posgrado en el área
de derecho, dirigidas a la especialización en la rama
judicial.
La jurisdicción penal militar será integrante del Po-
der Judicial y sus jueces serán seleccionados por con-
curso. La competencia de los tribunales militares se

96 97
limita a la materia estrictamente militar. En todo caso,
los delitos comunes, violaciones de los derechos huma-
nos o crímenes de lesa humanidad, serán procesados y
juzgados por los tribunales ordinarios, sin excepción
alguna.
Se constituye el Tribunal Supremo de Justicia como
el máximo tribunal de la República y rector del Poder
Judicial, el cual estará integrado por las Salas Constitu-
cional, Politicoadministrativa, Electoral, de Casación
Civil, de Casación Penal y de Casación Social.
Los Magistrados del Tribunal Supremo durarán en
ejercicio de sus funciones doce años, no pudiendo ser re-
electos. A los efectos de su elección se prevé la postula-
ción correspondiente ante el Comité de Postulaciones Ju-
diciales y un procedimiento especial que tiene por objeto
una selección y elección pública, objetiva, transparente e
imparcial de los candidatos. Será en definitiva la Asam-
blea Nacional la encargada de elegir a los Magistrados.
Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia, a
través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
el Gobierno y Administración del Poder Judicial, así
como todo lo relacionado con la inspección y vigilan-
cia de los tribunales de la República y la elaboración y
ejecución del presupuesto del Poder Judicial.
Capítulo IV
Del Poder Ciudadano
Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales
del Libertador Simón Bolívar, la Constitución rompe
con la clásica división de los poderes públicos y crea
los Poderes Ciudadano y Electoral. El primero de ellos
se inspira, en parte, en el Poder Moral propuesto por el
Libertador en su proyecto de Constitución presentado
al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. El
Poder Electoral por su parte, encuentra su inspiración
en el Proyecto de Constitución que el Libertador redac-
tó para Bolivia en 1826.
El Libertador concibió el Poder Moral como la ins-
titución que tendría a su cargo la conciencia nacional,
velando por la formación de ciudadanos a fin de que
pudiera purificarse “lo que se haya corrompido en la
República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frial-
dad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los
ciudadanos”. Con ello, Simón Bolívar quería fundar
una República con base en un pueblo que amara a la
patria, a las leyes, a los magistrados, porque esas “son
las nobles pasiones que deben absorber exclusivamen-
te el alma de un republicano”.
El Poder Moral del Libertador tenía entre sus mi-
siones velar por la educación de los ciudadanos, en

98 99
cuyo proceso se debía sembrar el respeto y el amor a la
Constitución y a las instituciones republicanas, sobre
la base de que “si no hay un respeto sagrado por la pa-
tria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es
una confusión, un abismo”.
Inspirada en esas ideas y adaptándolas a nuestro
tiempo, la Constitución crea el Poder Ciudadano, el cual
se ejercerá por el Consejo Moral Republicano integrado
por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Re-
pública y el Contralor General de la República.
El Poder Ciudadano es independiente de los demás
poderes públicos y sus órganos gozan de autonomía
funcional, financiera y administrativa, para lo cual se
les asignará una partida anual variable dentro del pre-
supuesto general del Estado.
En general, los órganos que ejercen el Poder Ciuda-
dano tienen a su cargo la prevención, investigación y
sanción de los hechos que atenten contra la ética públi-
ca y la moral administrativa. Además, deben velar por
la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio
público, por el cumplimiento y la aplicación del princi-
pio de la legalidad en toda la actividad administrativa
del Estado. De igual forma, deben promover en el ám-
bito de sus competencias, la educación como proceso
creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la
libertad, la democracia, la responsabilidad social y el
trabajo, todo ello conforme a lo establecido en la Cons-
titución y en las leyes.
Recogiendo una institución que nace en los países
escandinavos y que ha tenido auge en Europa y en gran
parte de América Latina, se crea la Defensoría del Pue-
blo como órgano del Consejo Moral Republicano que
tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de
los derechos y garantías establecidos en la Constitución
y en los tratados internacionales sobre derechos huma-
nos, además de los intereses legítimos, colectivos o di-
fusos de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo re-
presenta la institución del Poder Público más vinculada
y cercana a los ciudadanos, cuyas funciones son esen-
ciales para controlar los excesos del poder y garantizar
que el sistema democrático no sólo sea una proyección
constitucional, sino una forma de vida en sociedad con
eficacia y realidad concreta, donde los derechos e inte-
reses de los ciudadanos sean respetados.
Se atribuyen al Defensor del Pueblo las más am-
plias funciones y competencias en las materias antes
señaladas, tales como velar por el efectivo respeto y
garantía de los derechos humanos consagrados en esta
Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos
internacionales sobre derechos humanos ratificados
por la República.

100 101
Al Ministerio Público se le atribuyen todas aque-
llas funciones necesarias para el cumplimiento de los
fines que debe gestionar ante la Administración de
Justicia, tales como garantizar en los procesos judi-
ciales el respeto de los derechos y garantías constitu-
cionales, garantizar la celeridad y buena marcha de la
administración de justicia, el juicio previo y el debido
proceso.
La Contraloría General de la República, por su par-
te, será el órgano de control, vigilancia y fiscalización
de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de
las operaciones relativas a los mismos, para lo cual le
otorga las más amplias competencias. Se prevé un sis-
tema nacional de control fiscal, el cual será desarrolla-
do por la ley.
Capítulo V
Del Poder Electoral
Como expresión del salto cualitativo que supo-
ne el tránsito de la democracia representativa a una
democracia participativa y protagónica, se crea una
nueva rama del Poder Público, el Poder Electoral,
ejercido por órgano del Consejo Nacional Electoral
que tiene por objeto regular el establecimiento de las
bases, mecanismos y sistemas que garanticen el adve-
nimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Una
nueva cultura electoral cimentada sobre la participa-
ción ciudadana.
Para dimensionar su contenido es necesario integrar
las disposiciones en este Capítulo V del Título V con
las establecidas en el Capítulo IV de los derechos po-
líticos y del Referendo Popular perteneciente al Título
III del nuevo texto constitucional.
El nuevo esquema conlleva una modificación sus-
tancial en la práctica electoral sobre la cual se edificó
el anterior modelo, desde la concepción del sufragio
como derecho, hasta la consagración de nuevas formas
de participación que trascienden con creces a la simple
formulación de propuestas comiciales. Se expresa esta
nueva concepción a través de la implementación de ins-
tituciones políticas como la elección de cargos públicos,
el referendo, la consulta popular, la revocatoria del man-
dato, la iniciativa legislativa, constitucional y constitu-
yente, el cabildo abierto y las Asambleas de ciudadanos
y ciudadanas, cuyas decisiones revisten el carácter de
vinculante, entre otros. Son estos, entonces, los novedo-
sos medios que le garantizan al pueblo la participación y
protagonismo en el ejercicio de su soberanía.
En tal sentido, resultan trascendentes las formas en
que el ciudadano puede participar en la formación, eje-

102 103
cución y control de la gestión pública, pues ella no se
limita a la intermediación de los partidos políticos, sino
que puede hacerse en forma directa, en perfecta suje-
ción al concepto de soberanía que en forma expresa
prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional.
En general, se atribuye al Poder Electoral la facul-
tad atinente a la constitución, renovación y cancelación
de asociaciones con fines políticos, lo que viene rela-
cionado con el origen o nacimiento de dichas organi-
zaciones al mismo tiempo que con su funcionamiento
y desarrollo, el cual se sujeta al estricto respeto de los
mecanismos de consulta democrática y participativa
consagrados en la Constitución, a los cuales deben
igualmente sujetarse los estatutos que regulen la vida
de estas instituciones.
Como principios que debe desarrollar y garanti-
zar la legislación en materia electoral se encuentran
la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparen-
cia y eficiencia de los procesos electorales, así como
la aplicación de la personalización y la representación
proporcional en las elecciones. Estos principios cons-
tituyen atributos o cualidades que deben conformar
los nuevos sistemas electorales que se adopten y, en
tal sentido deben ser asumidos como elementos dife-
renciadores de los que constituyen las bases de inte-
gración de los distintos cargos de elección popular, la
que referida fundamentalmente a la Asamblea Nacio-
nal está integrada por tres condicionantes, a saber: la
base poblacional, la representación federativa de cada
entidad y la representación de las minorías, en nuestro
caso los pueblos indígenas. Se adopta de esta manera
un criterio de integración cerrado, conformado por un
número fijo de representantes cuya modificación sólo
vendría dada por el incremento de la base poblacional;
tal es la interpretación que se deriva de la disposición
contenida en el artículo 186, propia de la concepción
unicameral que para el Poder Legislativo Nacional pre-
ceptúa el texto constitucional, convertido en virtud de
tal disposición en un claustro legislativo.
Especial mención, en la consagración de este nuevo
Poder, merece por su novedad la integración del Re-
gistro Civil y Electoral, cuya organización, dirección y
supervisión se atribuye al Poder Electoral; busca esta
fórmula la posibilidad de explotar el desarrollo de me-
canismos armónicos que permitan la conformación y
depuración automática de un registro nacional como
base fundamental para garantizar la transparencia de
dicha institución.
Así, como rama del Poder Público, el Poder Elec-
toral se rige por los principios de independencia orgá-
nica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidi-
zación de los organismos electorales, imparcialidad y

104 105
participación ciudadana, descentralización de la admi-
nistración electoral, transparencia y celeridad del acto
de votación y escrutinio, para lo cual se crea un Comité
de Postulaciones Electorales integrado por represen-
tantes de diferentes sectores de la sociedad, organismo
que tendrá a su cargo hacer viables las elecciones de
los miembros del Consejo Nacional Electoral, que en
un número de cinco, provienen tres de la sociedad ci-
vil, uno de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas de las Universidades Nacionales y uno del Poder
Ciudadano.
Asimismo, el Poder Electoral asume no sólo las
funciones que eran ejercidas por el anterior Consejo
Nacional Electoral, extendidas o ampliadas a la organi-
zación y realización de los actos electorales destinados
a la elección de cargos públicos, sino también las ati-
nentes al régimen refrendario, elecciones de sindicatos,
gremios profesionales y asociaciones con fines políti-
cos, cuya regulación se remite a la Ley. Igualmente se
establece la posibilidad de que el Poder Electoral parti-
cipe en la organización de procesos electorales de otras
organizaciones de la sociedad civil, previa solicitud de
éstas con miras al desarrollo de vías o mecanismos de
autofinanciamiento.
En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional
necesario de los actos, omisiones, vías de hecho ema-
nados del Poder Electoral, a propósito de los procesos
comiciales referidos y a su funcionamiento, el nuevo
texto constitucional creó la Jurisdicción Contencioso
Electoral, ejercida por la Sala Electoral del Tribunal
Supremo de Justicia.
TÍTULO VI
DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO
Capítulo I
Del régimen socioeconómico
y de la función del Estado en la economía
El Título VI de la Constitución se refiere al siste-
ma socioeconómico. El régimen socioeconómico no
se define de forma rígida, no obstante se consagran
principios de justicia social, eficiencia, democracia,
libre competencia e iniciativa, defensa del ambien-
te, productividad y solidaridad, fuera de cualquier
dogmatismo ideológico con relación a la ya supe-
rada disputa sobre los roles del mercado y el Esta-
do, evitando una visión extrema y excluyente de los
contenidos sociales de todo sistema económico, pero
sentando las bases de una economía de respeto a la
acción individual.

106 107
El Estado no está ausente, tiene un papel funda-
mental como regulador de la economía para asegurar
el desarrollo humano integral, defender el ambiente,
promover la creación de valor agregado nacional y de
fuentes de trabajo, garantizando la seguridad jurídica
para fomentar, junto con la iniciativa privada, el de-
sarrollo armónico de la economía nacional y la justa
distribución de la riqueza. En suma, se plantea un equi-
librio entre Estado y mercado, en razón de que el pro-
blema no es más Estado o menos Estado, sino un mejor
Estado y el mercado no es un fin en sí mismo, sino un
medio para satisfacer las necesidades colectivas; ese
equilibrio debe prevalecer entre productividad y soli-
daridad, entre eficiencia económica y justicia social,
dando libertad a la iniciativa privada y preservando el
interés del colectivo.
El Estado debe orientar las políticas macroeconó-
micas y sectoriales para promover el crecimiento y el
bienestar. Se reconoce como esencial la acción regu-
ladora del Estado para establecer un marco normativo
estable que brinde seguridad jurídica a la actividad
económica, postulando una economía abierta a las
inversiones extranjeras y garantizando que éstas es-
tarán sujetas a las mismas condiciones de la inversión
nacional.
Por conveniencia nacional el Estado queda faculta-
do para reservarse determinadas actividades económi-
cas, de manera particular en el sector minero y petrole-
ro. De forma transparente se reconoce que el dominio
sobre esas áreas puede hacerse de acuerdo con el sector
privado, dejando claramente establecido que el Estado
puede entrar en convenios de asociación con el sector
privado para el desarrollo y la explotación de esas ac-
tividades. Se le otorga rango constitucional a la nacio-
nalización petrolera, pero al mismo tiempo establece
la posibilidad de continuar en convenios de asociación
con el sector privado siempre y cuando sean de interés
para el país, y no desnaturalice el espíritu, propósito y
razón de la nacionalización petrolera.
El Estado se compromete a ejercer acciones prio-
ritarias en algunos sectores económicos para darle
dinamismo, sustentabilidad y equidad al desarrollo
económico, tales como la actividad agropecuaria, la
pequeña y mediana industria, el turismo, el sector de
cooperativas y demás formas de la economía popular.
La actividad de producción de alimentos queda esta-
blecida como esencial para el país, consagrándose el
principio de la seguridad alimentaria en función del
acceso oportuno y permanente de alimentos por parte
de los consumidores.

108 109
Capítulo II
Del régimen fiscal y monetario
Otra importante innovación del texto fundamental
es la introducción de principios constitucionales dirigi-
dos a establecer como una obligación del Estado velar
por la estabilidad macroeconómica, promoviendo un
ambiente propicio para el crecimiento y la generación
de bienestar para los ciudadanos.
La estabilidad macroeconómica se establece con
base en tres principios fundamentales, a saber: equi-
librio fiscal y un nivel prudente de deuda pública;
autonomía del Banco Central en el cumplimiento de
sus funciones, con un claro mecanismo de rendición
de cuentas y coordinación transparente de las políticas
macroeconómicas.
Sección primera: del régimen presupuestario
El principio de equilibrio fiscal obliga que las finan-
zas públicas estén en orden, y en un plazo razonable de
tiempo los ingresos ordinarios sean suficientes para cu-
brir los gastos ordinarios; ese plazo razonable de tiem-
po estará definido de acuerdo con la ley, en el plazo del
marco plurianual del presupuesto. El equilibrio fiscal
además debe ser consistente con un nivel prudente de
deuda, aspectos sobre los cuales deberá hacerse legis-
lación específica.
Se establece un límite al endeudamiento de acuerdo
con la ley. El Estado debe mantener un nivel prudente
de deuda pública acorde con el tamaño de la economía,
la inversión productiva y la capacidad de generar in-
gresos para cubrir el servicio de la deuda.
Al establecer una regla de equilibrio presupuestario
sostenible se dota a la política económica de un efectivo
antídoto contra el endeudamiento público descontrolado.
En el marco plurianual del presupuesto, que se fijará por
ley, los ingresos ordinarios tienen que ser suficientes para
cubrir los gastos ordinarios, es decir el Estado no pue-
de endeudarse para cubrir el servicio de intereses de la
deuda. Esta noción de equilibrio en el marco plurianual
implica que es posible tener déficit en uno o dos años y
luego corregir el desequilibrio, de forma de compensar
déficits o superávits fiscales en el tiempo.
Se definen los plazos, reglas y facultades del Par-
lamento en la aprobación del presupuesto. En cuanto
a los créditos adicionales, se restringe la opción de tal
mecanismo a la existencia efectiva de recursos en te-
sorería, así se logra una disposición sana en el manejo
presupuestario para enfrentar situaciones imprevistas,
sin introducir perturbaciones en la disciplina fiscal,

110 111
gracias a la presencia de una regla efectiva de equili-
brio presupuestario, la cual es una de las innovaciones
más importantes de la Constitución.
Sección segunda: del sistema tributario
Se mantiene que en la Constitución sólo deben estar
los principios básicos que definan y regulen el sistema
tributario. Este criterio de brevedad y sencillez coin-
cide con recientes Constituciones de América Latina.
El sistema tributario procurará la justa distribución
de las cargas publicas según la capacidad económica
del contribuyente, atendiendo al principio de progresi-
vidad, así como a la protección de la economía nacio-
nal y a la elevación del nivel de vida de la población,
y deberá sustentarse para ello en un sistema eficiente
para la recaudación de los tributos. Se establece que la
evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones estable-
cidas por la ley, podrá ser castigada penalmente.
Como disposición transitoria se prevé que dentro
de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de
esta Constitución, la Asamblea Nacional dicte una re-
forma del Código Orgánico Tributario que contribuya
a modernizar la administración tributaria, ampliando
las facultades de regulación, control y penalización del
fraude fiscal.
Sección tercera: del sistema monetario nacional
Se le da rango constitucional a la autonomía del
Banco Central de Venezuela en el ejercicio de sus fun-
ciones para alcanzar un objetivo único y exclusivo. Este
se precisa como el de estabilizar el nivel de precios para
preservar el valor de la moneda. La autonomía del Ban-
co Central implica que la autoridad monetaria debe ser
independiente del Gobierno y se prohíbe constitucio-
nalmente toda práctica que obligue al Banco Central a
financiar o convalidar políticas fiscales deficitarias. En
el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Vene-
zuela no podrá emitir dinero sin respaldo.
La autonomía también implica asumir responsabi-
lidades ante la sociedad y exige establecer un meca-
nismo de rendición de cuentas ante el Poder Nacional,
en particular ante la Asamblea Nacional como repre-
sentación de la voluntad popular. Se establece que el
incumplimiento del objetivo, sin causa justificada, dará
lugar a la remoción del directorio de acuerdo con la ley.
Es decir, todo lo relativo a las causas específicas y me-
canismo preciso de remoción, se deja a la legislación
correspondiente.
Esto se complementa con la vigilancia y supervi-
sión que deben establecer los organismos e instancias
competentes sobre la gestión del Banco Central de Ve-

112 113
nezuela, como la Contraloría General de la República
y el organismo público de supervisión bancaria. La
labor de la Contraloría se ceñirá al control posterior
y tan sólo de la gestión administrativa, evaluando la
legalidad, eficiencia y oportunidad del gasto, referi-
da ésta a la correcta ejecución temporal del mismo en
cada ejercicio.
El presupuesto de gastos de operación del Banco
Central requerirá la aprobación de la Asamblea Na-
cional. Este presupuesto está sólo referido a los gas-
tos operativos, tanto corrientes como de capital, así
como a los gastos por acuñación y emisión de espe-
cies monetarias, proyectos de inversión y otros gas-
tos administrativos especiales. No se considera sujeto
al Parlamento lo relativo al presupuesto de política
monetaria y a las inversiones financieras del Banco
Central.
En cuanto a la designación de las autoridades la
Constitución remite el mecanismo a la ley, el cual de-
berá contemplar un procedimiento público de evalua-
ción de los méritos y credenciales de los postulados
a dichos cargos. La ley que regule el Banco Central
de Venezuela deberá atribuir al Poder Ejecutivo la
designación del presidente del Banco Central de Ve-
nezuela y, al menos, de la mitad de sus directores,
y establecerá los términos de participación del Poder
Legislativo en la ratificación de estas autoridades. Se
deja también a la ley, mediante disposición transitoria
expresa, los detalles de las funciones, organización,
así como algo muy importante: un régimen de incom-
patibilidades para sus altos funcionarios, para evitar
los conflictos de intereses y el manejo de información
privilegiada.
Sección cuarta: de la coordinación
macroeconómica
Dada la relevancia que tienen en Venezuela los
efectos monetarios de la gestión fiscal, se plantea la
necesidad de establecer adecuadas reglas que garanti-
cen la coordinación de política macroeconómica, que
fijen el marco institucional en que se deben desarrollar
políticas específicas.
El principio de coordinación requiere que el Banco
Central de Venezuela y el Ministerio encargado de las
Finanzas coordinen sus políticas y a través de un pro-
grama o acuerdo que defina un curso anunciado con an-
ticipación, consistente con el logro de determinados ob-
jetivos. Se establece un mecanismo para la resolución
de conflictos entre un Banco Central de Venezuela au-
tónomo y el Fisco, en función de evitar las tradicionales
contradicciones entre la política monetaria y la fiscal.

114 115
Se plantea un conjunto de reglas básicas de trans-
parencia y coordinación en el cual se desarrollen de
manera armónica las políticas fiscal, cambiaria y mo-
netaria, estableciendo que los objetivos y acciones
deben ser anunciadas, el compromiso de coordina-
ción entre el Banco Central de Venezuela y el Fisco
Nacional y que los responsables de esas políticas de-
ben rendir cuentas de sus actuaciones, en los términos
que fije la ley. Esto no es otra cosa que la introducción
de reglas claras para el desarrollo de la actividad eco-
nómica, como premisa básica para generar y mante-
ner la confianza.
Finalmente, se le otorga rango constitucional al
Fondo de Estabilización Macroeconómica para garan-
tizar la estabilidad del presupuesto y conservar, más
allá de las contingencias por cambios de gobierno y
de las leyes, un dispositivo que permita amortiguar las
fluctuaciones de los ingresos fiscales.
TÍTULO VII
DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Capítulo I
En el Título VII de la Constitución se definen los
principios que rigen la seguridad de la Nación, la cual
es responsabilidad no sólo del Estado, sino de todos
los venezolanos, así como de las personas naturales o
jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico
nacional.
Se crea un Consejo de Defensa de la Nación con el
objeto de que sea el máximo órgano administrativo de
consulta, para la planificación y asesoramiento del Po-
der Público en los asuntos relacionados con la defensa
integral de la Nación, su soberanía y la integridad de
su espacio geográfico, sin perjuicio de las atribuciones
que tengan los diferentes órganos del Estado confor-
me a esta Constitución y las leyes. En tal sentido le
corresponde establecer la dirección estratégica de la
Nación, para prevenir o minimizar cualquier amena-
za. Dicho Consejo estará integrado por el Presidente
de la República, el Vicepresidente de la República, el
Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente del Con-
sejo Moral Republicano, y los ministros de los sectores

116 117
de defensa, la seguridad interior, relaciones exteriores
y de planificación.
Se reserva al Estado la posesión y uso de armas de
guerra. La Fuerza Armada Nacional, por órgano del
Presidente de la República, quien actuará en su carác-
ter de Comandante en Jefe, reglamentará y controlará,
de acuerdo con la ley, todo lo referente a otras armas,
municiones y explosivos.
Se faculta al Ejecutivo Nacional para clasificar y
divulgar aquellos asuntos que guarden relación directa
con la planificación y ejecución de operaciones concer-
nientes a la seguridad de la Nación, en los términos que
la ley establezca, siempre que ello no signifique una
violación del libre ejercicio de los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución. Esta facultad, en todo
caso, debe estar sometida a la revisión judicial y no
podrá ser un obstáculo de la función que ejercen los
tribunales de la República.
Capítulo II
De los principios de seguridad de la Nación
En el Capítulo II de este Título se establecen los
principios de seguridad de la Nación, la cual se funda-
mentará en la corresponsabilidad entre el Estado y la
sociedad civil para dar cumplimiento a los principios
de independencia, democracia, igualdad, paz, liber-
tad, justicia, solidaridad, promoción y conservación
ambiental y afirmación de los derechos humanos, así
como en la satisfacción progresiva de las necesidades
individuales y colectivas de los venezolanos y vene-
zolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable
y productivo de plena cobertura para la comunidad
nacional.
Con el objeto de promover el desarrollo de las
zonas fronterizas venezolanas, dichas áreas se decla-
ran de atención prioritaria. A tal efecto, se establece
una franja de seguridad de fronteras que será regu-
lada por la ley, que permitirá establecer su amplitud,
regímenes especiales económicos y sociales, para
promover el desarrollo de sus actividades producti-
vas y mejorar las condiciones de vida de sus pobla-
dores, protegiendo de manera expresa los parques
nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí
asentados y demás áreas bajo régimen de adminis-
tración especial.
Capítulo III
De la Fuerza Armada Nacional
Para la mejor ejecución de los altos fines que le han
sido encomendados por la Constitución, se unifica a

118 119
las Fuerzas Armadas Nacionales en un cuerpo militar
uniforme denominado la Fuerza Armada Nacional,
pero manteniendo cada uno de los cuatro componen-
tes integrantes de la institución, sus características y
especificidad como Fuerza; siendo esta institución
esencialmente profesional, sin militancia política al-
guna, subordinada a la autoridad civil, organizada por
el Estado para garantizar la independencia y soberanía
de la Nación y asegurar la integridad del espacio geo-
gráfico, mediante la defensa militar, la cooperación en
el mantenimiento del orden interno y la participación
activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta
Constitución y la ley.
En el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Ar-
mada Nacional está al servicio exclusivo de la Nación
y de la Constitución, en ningún caso al de persona o
parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales
son la disciplina, la obediencia y la subordinación con-
forme a lo establecido en la Constitución y las leyes.
La Fuerza Armada Nacional está integrada por el
Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional,
que funcionarán de manera integral dentro del marco
de su competencia para el cumplimiento de su misión,
con un régimen de seguridad social integral propio, se-
gún lo establezca su respectiva ley orgánica.
Se establece como responsabilidad de los órga-
nos que integran la Fuerza Armada Nacional, la pla-
nificación, ejecución y control de las operaciones
militares requeridas para asegurar la defensa de la
Nación. En todo caso, la Guardia Nacional coope-
rará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá
como responsabilidad básica la conducción de las
operaciones exigidas para el mantenimiento del or-
den interno del país, considerado éste como el esta-
do en el cual se administra la justicia, se consolidan
los valores de libertad, democracia, independencia,
paz, solidaridad, bien común, integridad territorial,
convivencia e imperio de la Constitución y la ley.
Todo ello armonizado en un escenario donde predo-
minan y se practican los principios constitucionales
y preceptos bolivarianos, en un clima de absoluta
participación democrática.
Finalmente, siguiendo una tendencia en derecho
comparado con el objeto de no establecer discrimi-
naciones entre los ciudadanos, se permite que los in-
tegrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación
de actividad ejerzan el derecho al sufragio de con-
formidad con la ley. No obstante, se les mantiene la
prohibición de optar a cargo de elección popular, o
participar en actos de propaganda, militancia o prose-
litismo político.

120 121
En materia de ascensos militares, se establecen crite-
rios para lograr la transparencia y objetividad, a través de
la publicación del escalafón de méritos periódicamente
y la determinación de las plazas vacantes, eliminándo-
se el factor de corrección por ser muy subjetivo. Este
nuevo proceso permite ascender cualquier día del año y
que el personal conozca su ubicación en el escalafón de
méritos. El ascenso será un derecho, si se han cumplido
los requisitos necesarios, acabando con la discrecionali-
dad de las juntas de evaluación, las cuales se limitarán a
respetar los resultados de las calificaciones de mérito.
Capítulo IV
De los órganos de seguridad ciudadana
Con el objeto de mantener y restablecer el orden
público, proteger a los ciudadanos, hogares y fami-
lias, apoyar las decisiones de las autoridades compe-
tentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y
derechos reconocidos por la Constitución, se le impo-
ne al Ejecutivo Nacional la obligación de organizar,
de conformidad con la ley, un cuerpo uniformado de
policía nacional, un cuerpo de investigaciones cien-
tíficas, penales y administrativas, un cuerpo de bom-
beros y de administración de emergencias de carácter
civil y una organización de protección civil y admi-
nistración de desastres.
TÍTULO VIII
DE LA PROTECCIÓN
DE ESTA CONSTITUCIÓN
Capítulo I
De la garantía de esta Constitución
Siguiendo una tendencia presente en España, Fran-
cia, Italia, Portugal, Rumania y en algunos países lati-
noamericanos, cuyas constituciones regulan la justicia
constitucional en un título o capítulo distinto del que
se refiere al Poder Judicial, la Constitución incluye en
el Título VIII un capítulo denominado De la Garantía
de esta Constitución, que contiene las disposiciones
fundamentales sobre la justicia constitucional y consa-
gra las principales competencias que corresponden a la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Dicho Capítulo da eficacia a los postulados contenidos
en el artículo 7 del Título I, que consagra los principios
de supremacía y fuerza normativa de la Constitución,
base sobre la cual descansa la justicia constitucional en
el mundo.
En el mencionado Capítulo se describe el sistema
venezolano de justicia constitucional y al efecto se
indica que todos los jueces de la República están en
la obligación de asegurar la integridad de la Consti-
tución en el ámbito de sus competencias y conforme

122 123
a lo previsto en su texto y en las leyes, reafirmándose
de esta manera que la justicia constitucional en Vene-
zuela la ejercen todos los tribunales de la República,
no sólo mediante el control difuso de la constitucio-
nalidad, sino además, por otros medios, acciones o
recursos previstos en la Constitución y en las leyes,
como la acción de amparo constitucional, destinada a
ofrecer una tutela judicial reforzada de los derechos
humanos reconocidos y garantizados expresa o implí-
citamente en la Constitución.
Como consecuencia de ello, se eleva a rango consti-
tucional una norma presente en nuestra legislación desde
1887, característica de nuestro sistema de justicia consti-
tucional y según la cual, en caso de incompatibilidad en-
tre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, serán
aplicables en todo caso las disposiciones constituciona-
les, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa,
aun de oficio, decidir lo conducente. En otras palabras,
se consagra el control difuso de la constitucionalidad de
las leyes y de las disposiciones normativas.
Al mismo tiempo, se consagra el control concentrado
de la constitucionalidad de las leyes y de los demás ac-
tos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados
en ejecución directa e inmediata de la Constitución, el
cual corresponde exclusivamente a la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia,
se trasladaron a la Sala Constitucional las competencias
que en esta materia tenía la extinta Corte Suprema de
Justicia en Pleno, con el objeto de especializar el órgano
que ejerce la jurisdicción constitucional y desconges-
tionar de atribuciones a la nueva Sala Plena, para que
sólo ejerza las competencias que le son asignadas en el
artículo 266, numerales 2 y 3 del texto constitucional,
no teniendo en consecuencia, competencia ni atribución
alguna en materia constitucional.
La exclusividad de la Sala Constitucional en el
ejercicio de la jurisdicción constitucional, implica que
sólo a dicho órgano le corresponde ejercer el control
concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de-
más actos de los órganos que ejercen el Poder Público
dictados en ejecución directa e inmediata de la Cons-
titución, pero no impide que la propia Constitución o
las leyes, le atribuyan otras competencias en materia
constitucional.
De esta forma, se esboza el sistema venezolano de
justicia constitucional, reafirmándose la coexistencia de
los métodos de control concentrado, difuso y extraor-
dinario de la constitucionalidad, los cuales se ejercen
a través de la acción popular de inconstitucionalidad,
la aplicación preferente de la Constitución respecto a
leyes o normas inconstitucionales en un caso concreto,
y la acción de amparo.

124 125
Ante la Asamblea Nacional Constituyente se pre-
sentaron algunas propuestas con el objeto de crear una
Corte o Tribunal Federal Constitucional, en lugar de
una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de
Justicia. No obstante, prevaleció por consenso esta úl-
tima tesis. Sin embargo, la Constitución en el Capítulo
referido a la Garantía de esta Constitución, dota a la
Sala Constitucional del carácter y de las competencias
que tiene en derecho comparado cualquier Corte o Tri-
bunal Constitucional. Por ello se indica que el Tribunal
Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efec-
tividad de las normas y principios constitucionales;
será el máximo y último intérprete de la Constitución
y velará por su uniforme interpretación y aplicación,
cualidad y potestades que únicamente posee en Sala
Constitucional dado que ésta ejerce con exclusividad el
control concentrado de la constitucionalidad.
En efecto, las facultades interpretativas que en tal
sentido se otorgan al Tribunal Supremo de Justicia, en
consonancia con las características básicas de la jus-
ticia constitucional en derecho comparado, sólo pue-
den ser ejercidas por órgano de la Sala Constitucional,
pues a ella le corresponde exclusivamente el ejercicio
de la jurisdicción constitucional. Además, con fun-
damento en el principio de división de poderes, tales
facultades no pueden ejercerse de oficio o mediante
acuerdos, sino con motivo de una acción popular de
inconstitucionalidad, acción de amparo, recurso de
interpretación de leyes u otro caso concreto de carác-
ter jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a la
Sala Constitucional.
En esta materia, se consagra una herramienta indis-
pensable para que la Sala Constitucional pueda garan-
tizar la supremacía y efectividad de las normas consti-
tucionales. Así, se indica que las interpretaciones que
establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o
alcance de las normas y principios constitucionales se-
rán vinculantes para las demás Salas del Tribunal Su-
premo de Justicia y demás tribunales de la República,
todo ello con el objeto de garantizar la uniforme inter-
pretación y aplicación de tales normas y principios.
En todo caso, la ley orgánica respectiva establecerá
los correctivos y las sanciones necesarias para aquellas
Salas del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de
la República que violen la Constitución o las interpre-
taciones que sobre sus normas o principios establezca
la Sala Constitucional. Del mismo modo, la ley orgáni-
ca deberá consagrar un mecanismo de carácter extraor-
dinario mediante el cual la Sala Constitucional pueda
revisar los actos o sentencias de las demás Salas del
Tribunal Supremo de Justicia que contraríen la Cons-
titución o las interpretaciones que sobre sus normas o

126 127
principios haya previamente fijado la Sala Constitucio-
nal, a fin de dar eficacia a los principios de supremacía
y fuerza normativa de la Constitución consagrados en
el artículo 7, conforme a los cuales todos los órganos
que ejercen el poder público, sin excepción, están suje-
tos a la Constitución.
En definitiva, el carácter vinculante de las interpre-
taciones de las normas y principios constitucionales
será el principal instrumento de la Sala Constitucional
para fortalecer la justicia constitucional, darle eficacia
al Texto Fundamental y brindar mayor seguridad jurí-
dica a los ciudadanos.
En lo que atañe a las competencias de la Sala Cons-
titucional, el fundamento de aquellas que le atribuye
la Constitución y de las que se le asignarán mediante
ley, está representado por los principios de suprema-
cía y fuerza normativa de la Constitución consagrados
en el artículo 7 y en virtud de los cuales, todo acto del
Poder Público, sin excepción, debe estar sometido al
control constitucional. Por tal razón, a la Sala Consti-
tucional se le atribuye competencia para controlar la
constitucionalidad de todos los actos de los órganos
que ejercen el Poder Público dictados en ejecución
directa e inmediata de la Constitución o que tengan
rango de ley. En todo caso, la ley orgánica respecti-
va garantizará que ningún órgano del Poder Público
quede fuera del control constitucional, estableciendo
entre otros aspectos, la competencia de la Sala Cons-
titucional para controlar la constitucionalidad de las
actuaciones de las demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia, mediante el mecanismo extraordinario
que considere más adecuado.
Con base en lo anterior, se atribuye a la Sala Cons-
titucional competencias en ejercicio del control repre-
sivo de la constitucionalidad, para declarar la nulidad
total o parcial de las leyes nacionales, Constituciones y
leyes estadales, ordenanzas municipales y demás actos
dictados por cualesquiera de los órganos que ejercen el
Poder Público, en ejecución directa e inmediata de la
Constitución.
En materia de control preventivo, se atribuye a la
Sala Constitucional la potestad de verificar la constitu-
cionalidad de los tratados internacionales suscritos por
la República antes de su ratificación.
En derecho comparado, una de las principales fun-
ciones de la justicia constitucional es el control de la
constitucionalidad de los acuerdos y tratados interna-
cionales, a través de un control preventivo que se ejer-
ce antes de su ratificación y entrada en vigencia. Par-
ticularmente en las constituciones europeas, así como
en varias constituciones de países de América Latina,

128 129
se prevé ese mecanismo con el objeto de que las rela-
ciones entre el derecho internacional público o el de-
recho comunitario, por una parte, y el derecho interno
de cada Estado, por la otra, se presenten con la mayor
armonía y uniformidad posible.
Se consideró necesario el control preventivo de la
constitucionalidad de los tratados internacionales dado
que luego del proceso de conclusión de un tratado in-
ternacional, es decir, de su ratificación y entrada en
vigencia por las vías previstas en el derecho constitu-
cional y en el derecho internacional público, la even-
tual y posterior declaración de inconstitucionalidad del
mismo o de alguna de sus disposiciones por parte de la
Sala Constitucional no podría, en principio, ser opuesta
como una justificación para incumplir dicho tratado sin
que se comprometa la responsabilidad internacional de
la República.
En todo caso, el objetivo de ese mecanismo de con-
trol preventivo, no sólo es que se verifique la consti-
tucionalidad de un acuerdo o tratado internacional sin
que se comprometa la responsabilidad internacional de
la República, sino además que, en el caso de que al-
guna de sus disposiciones resulte inconstitucional, se
ratifique con la debida reserva, siempre que se desee su
ratificación, o si el mismo no admite reservas, se evalúe
la necesidad y conveniencia de ratificarlo luego de una
enmienda o reforma de la Constitución en los aspectos
que sean necesarios, para lograr así la mayor armonía
posible en las relaciones entre el derecho internacional
o comunitario y el derecho interno venezolano.
La potestad de activar el control preventivo de los
tratados internacionales corresponderá al Presidente de
la República o a la Asamblea Nacional, siendo facul-
tativo su ejercicio. Se descartó así la posibilidad de un
control preventivo con carácter obligatorio, dado que
podría traducirse en un obstáculo para la fluidez y la
buena marcha de las relaciones internacionales de la
República.
Otra competencia de la Sala Constitucional en ma-
teria de control preventivo será la de verificar la cons-
titucionalidad de las leyes antes de su promulgación,
conforme al procedimiento establecido en el Título V
Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución, para el
caso del reparo presidencial fundamentado en razones
de inconstitucionalidad. En esta materia, la Asamblea
Nacional Constituyente consideró inconveniente exten-
der la legitimación para activar el mecanismo de con-
trol preventivo a otras personas con determinado interés
u órganos del Poder Público distintos al Presidente de
la República. Al respecto, se tuvo en cuenta que con
posterioridad a la promulgación de una ley, todas las
personas tienen a su alcance la acción popular clásica

130 131
del sistema de justicia constitucional venezolano y, ade-
más, la Sala Constitucional tiene el poder cautelar pro-
pio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho
comparado, en virtud del cual puede dictar cualquier
medida que fuere necesaria para proteger los derechos
humanos y garantizar la integridad de la Constitución.
Finalmente, en esta materia, conforme al Títu-
lo V Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución,
la Sala Constitucional ejercerá el control preventivo
de la constitucionalidad del carácter orgánico de una
ley que haya sido calificada como tal por la Asamblea
Nacional.
Aunado a ello e inspirada nuevamente en una ten-
dencia presente en derecho comparado, la Constitución
atribuye a la Sala Constitucional la potestad para deci-
dir sobre la inconstitucionalidad de las omisiones le-
gislativas, mecanismo que ha tenido un auge creciente
en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Hungría
y, especialmente, Portugal.
La inconstitucionalidad por omisión se produce por
la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo,
durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas
normas constitucionales de obligatorio y concreto de-
sarrollo, de forma tal que impida su eficaz aplicación.
Con este mecanismo se persigue evitar situaciones
como las que se originaron en el caso del artículo 49
de la Constitución de 1961 y la falta de una legislación
sobre amparo constitucional, durante casi treinta años.
En lo que se refiere a la protección de los derechos
humanos, la Sala Constitucional tendrá importantes
funciones. En primer lugar, con el objeto de reforzar
la protección de los derechos humanos reconocidos y
garantizados expresa o implícitamente en la Constitu-
ción, se acoge un mecanismo consagrado en alguna
Constitución de América Latina, en virtud del cual la
Sala Constitucional debe, en todos los casos y aun de
oficio, controlar la constitucionalidad de los decretos
que declaren estado de excepción. Esta será la única
competencia que podrá ejercer de oficio la Sala Cons-
titucional y ello por tratarse de la protección de los de-
rechos humanos, razón por la cual se ha previsto expre-
samente en el texto constitucional.
Además, con motivo de su creación, de la entrada
en vigencia de la Constitución y de la naturaleza esen-
cialmente constitucional de los derechos humanos y de
la acción de amparo, la Sala Constitucional podrá asu-
mir las competencias que en materia de amparo consti-
tucional tenían las diferentes Salas de la extinta Corte
Suprema de Justicia, en los casos de amparo autónomo
contra altas autoridades de rango constitucional, am-
paro contra decisiones judiciales y apelaciones o con-

132 133
sultas en amparo, dado que la Sala Constitucional pasa
a ser la Sala del Tribunal Supremo de Justicia con la
competencia afín para conocer y decidir tales asuntos.
Por su parte, como consecuencia de lo anterior y
dado que sólo la Sala Constitucional será competente
para resolver las acciones de amparo en el Tribunal Su-
premo de Justicia, la ley orgánica respectiva deberá eli-
minar la acción cautelar de amparo que se ejerce con-
juntamente con el recurso contencioso administrativo
de nulidad y que permite a las Salas Politicoadminis-
trativa y Electoral, suspender los efectos de los actos
administrativos cuya nulidad les corresponde conocer
y decidir. Para ello, la legislación deberá dotar al juez
contencioso administrativo de todo el poder cautelar
necesario para decretar de oficio o a instancia de par-
te, cualquier tipo de medida cautelar que fuere nece-
saria para garantizar la tutela judicial efectiva de los
administrados y el restablecimiento de sus situaciones
jurídicas infringidas mientras dure el proceso de que
se trate, bien sea a través de la suspensión de los efec-
tos del acto administrativo correspondiente, o a través
de ordenes de hacer o no hacer, incluyendo el pago de
sumas de dinero, que se impongan a la administración
dependiendo del caso concreto.
De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la
tutela judicial de los administrados y garantizar su dere-
cho de libre acceso a la justicia, la ley orgánica deberá
eliminar la carga que tienen los administrados de ago-
tar la vía administrativa antes de interponer el recurso
contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe que-
dar como una opción a elección del interesado, pero no
como un requisito de cumplimiento obligatorio.Aunado
a ello, la legislación deberá establecer expresamente que
en caso de que un acto administrativo estuviere viciado
de inconstitucionalidad o de algún vicio que acarree su
nulidad absoluta, no operará en modo alguno, el plazo
de caducidad para el ejercicio del recurso contencioso
administrativo de nulidad. Lo anterior tiene por objeto
ofrecer al administrado una protección de sus derechos
humanos acorde con el principio de progresividad con-
sagrado en la Constitución, una vez eliminada la acción
de amparo cautelar contra actos administrativos.
Por otra parte, consecuente con lo antes expuesto, la
ley orgánica respectiva eliminará la acción de amparo
cautelar que se ejerce conjuntamente con la acción po-
pular de inconstitucionalidad contra leyes y disposicio-
nes normativas, teniendo en cuenta que en este sentido
la Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio
de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho
comparado, en virtud del cual puede decretar cualquier
medida cautelar que fuere necesaria para proteger los
derechos humanos y garantizar la integridad de la

134 135
Constitución, incluyendo la suspensión de los efectos
de la norma cuya nulidad se solicite, únicamente para
la situación concreta de los accionantes, partes o terce-
ros que intervinieren en el proceso y mientras dure el
juicio de nulidad correspondiente.
La Constitución establece como competencia de la
Sala Constitucional resolver las controversias cons-
titucionales que se susciten entre cualesquiera de los
órganos que ejercen el Poder Público. Al respecto, des-
tacan dos elementos esenciales; en primer lugar, que se
trata de controversias entre cualesquiera de los órganos
que la Constitución prevé en la distribución horizon-
tal o vertical del Poder Público y, en segundo lugar,
que deben tratarse de controversias constitucionales, es
decir, de aquellas cuya decisión depende del examen,
interpretación y aplicación de normas constitucionales,
tales como las que se refieren al reparto competencial
entre los diferentes órganos del Estado, especialmente,
las que distribuyen el poder en los niveles nacional,
estadal y municipal.
De esta forma, todas aquellas controversias cons-
titucionales entre la República y alguno de los esta-
dos o municipios, es decir, entre el poder central y el
descentralizado territorialmente, serán resueltas por la
Sala Constitucional dentro del procedimiento que se
establecerá en la ley orgánica respectiva. En todo caso,
esta atribución tiene por objeto que la Sala Constitu-
cional como garante y máximo defensor de los prin-
cipios consagrados en el Texto Fundamental ajuste la
actuación de los órganos que ejercen el Poder Público,
al cauce constitucional.
Finalmente y al margen de su competencia para
conocer de acciones de amparo, se atribuye a la Sala
Constitucional la competencia para revisar las decisio-
nes definitivamente firmes dictadas por los tribunales
de la República en materia de amparo constitucional y
control difuso de la constitucionalidad, a través de un
mecanismo extraordinario que deberá establecer la ley
orgánica que regule la jurisdicción constitucional, sólo
con el objeto de garantizar la uniformidad en la inter-
pretación de las normas y principios constitucionales, la
eficacia del Texto Fundamental y la seguridad jurídica.
Ahora bien, la referida competencia de la Sala Cons-
titucional no puede ni debe entenderse como parte de los
derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo
consagrados en la Constitución, sino, según lo expuesto,
como un mecanismo extraordinario de revisión cuya fi-
nalidad constituye únicamente darle uniformidad a la in-
terpretación de las normas y principios constitucionales.
Por ello, no siendo un derecho y teniendo en cuenta
que el legislador puede ensayar y errar en forma evo-

136 137
lutiva en la búsqueda del mecanismo extraordinario
más adecuado, la Asamblea Nacional Constituyente
decidió dejar a la ley orgánica respectiva su desarrollo
concreto. Siendo así, la ley orgánica podrá establecer,
por ejemplo, un mecanismo extraordinario de revisión
de ejercicio discrecional por la Sala Constitucional, tal
como el writ of certiorari que utiliza la Suprema Cor-
te de los Estados Unidos de América; un mecanismo
cuyos rasgos de discrecionalidad no sean absolutos,
como el utilizado por el Tribunal Constitucional Fe-
deral de Alemania; o bien, un mecanismo cuyos requi-
sitos de admisibilidad y procedencia estén preestable-
cidos en la ley, como el que se puede evidenciar en
algunos ejemplos de derecho comparado.
En todo caso, el mecanismo extraordinario de re-
visión que se deberá establecer por ley orgánica, vin-
culará por vez primera y dejando a salvo la temprana
regulación de la Constitución de 1901, los métodos de
control difuso y concentrado de la constitucionalidad
que han coexistido en nuestro ordenamiento jurídico
por más de cien años, respondiendo con ello a la prin-
cipal crítica formulada a nuestro sistema de justicia
constitucional, que reconocía la coexistencia de los
mencionados métodos de control, pero destacaba que
entre uno y otro no existía realmente una coordinación,
vínculo o conexión que procurara armonizarlos o arti-
cularlos para lograr una interpretación uniforme de la
Constitución, razón por la cual no podía ser calificado
como integral, dado que existían modalidades de con-
trol paralelas, establecidas una al lado de la otra, sin
conexión entre sí. Por tal razón, la Constitución consa-
gra un sistema mixto e integrado de control de la cons-
titucionalidad, atribuyéndole a la Sala Constitucional
la función de coordinar los métodos de control median-
te la armonización de la jurisprudencia constitucional y
la interpretación uniforme del Texto Fundamental.
Capítulo II
De los estados de excepción
El primero de los preceptos dedicados a esta mate-
ria recoge dos principios básicos rectores de los esta-
dos de excepción: el de estricta necesidad y el de tem-
poralidad. Se circunscriben tales situaciones jurídicas
a aquellas circunstancias extraordinarias que afecten
gravemente la seguridad de las personas, de la Nación
o de las instituciones, y que no puedan ser afrontadas
mediante las facultades ordinarias de los órganos del
Poder Público. Se destaca, igualmente, la temporalidad
de esas situaciones.
Por otro lado, el precepto menciona los principales
derechos que no pueden ser suspendidos o restringidos

138 139
durante los estados de excepción. Se trata de un listado
meramente enunciativo, pues tampoco son susceptibles
de suspensión o restricción los derechos señalados en
los artículos 4.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Importa subrayar que entre
los derechos intangibles se encuentran las garantías ju-
diciales necesarias para la defensa de los derechos.
El segundo de los preceptos que componen este
Capítulo contempla los distintos estados de excepción,
estableciendo, de conformidad con el principio de gra-
dualidad, las circunstancias fácticas que pueden justi-
ficarlos y su limitación temporal. Se remite a una ley
orgánica la regulación de los detalles del régimen de
los estados de excepción.
El último de los preceptos de este Capítulo estable-
ce, en primer lugar, que el decreto declaratorio del es-
tado de excepción deberá señalar, para preservar la se-
guridad jurídica, las medidas que podrán tomarse con
fundamento en el mismo. En segundo término, dada la
trascendencia de la decisión correspondiente, se prevé
la intervención de los tres Poderes clásicos en la de-
claración de los estados de excepción: en virtud de la
urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de
la República, en Consejo de Ministros, para dictar el
Decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la
Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberan-
te y representativa por excelencia de la soberanía po-
pular, puede revocarlo si estima que las circunstancias
invocadas no justifican la declaración de un estado de
excepción o si considera que las medidas previstas para
hacerle frente son excesivas. Si la Asamblea Nacional
se encuentra en receso al dictarse el decreto correspon-
diente, éste debe ser remitido a la Comisión Delegada,
la cual ejercerá las facultades respectivas.
A lo anterior se suma un control judicial automáti-
co atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia, la cual habrá de pronunciarse sobre
la constitucionalidad o no del estado de excepción y
de lo establecido en el decreto que lo declaró, a me-
nos que la Asamblea Nacional, o la Comisión Delega-
da, haya revocado previamente ese decreto. Por otra
parte, se otorga al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea
Nacional la atribución de revocar el decreto que haya
declarado un estado de excepción, al cesar las causas
que lo motivaron.

140 141
TÍTULO IX
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
La Constitución ha mantenido la clasificación que
distingue entre la Enmienda y la Reforma Constitucio-
nal, incorporando, a su vez, la facultad de convocar a
una Asamblea Nacional Constituyente, para ser con-
secuentes con la idea de que es el pueblo el legítimo
depositario del poder constituyente originario. Esto
guarda concordancia con lo establecido en la misma
Constitución que hace residir la soberanía en el pueblo
quien puede ejercerla de manera directa o indirecta.
Se establece una serie de mecanismos a través de
los cuales las posibilidades de modificación del texto
constitucional sean factibles y accesibles, para evitar el
divorcio entre la norma fundamental del sistema jurídi-
co y la realidad social, política, cultural y económica.
La contraposición entre una Constitución formal y una
Constitución real genera distorsiones que agravan con-
siderablemente las crisis de gobernabilidad y de legiti-
midad del sistema político, al no existir opciones para
superarlas. Prueba de ello la encontramos en nuestra ex-
periencia en el marco de una democracia formal y repre-
sentativa, en la cual las que debían impulsar los cambios
constitucionales eran las cúpulas más renuentes a produ-
cirlos, lo cual explica el entrabamiento y obstaculización
de los intentos de reformar la Constitución anterior.
La democracia moderna insertada en un mundo
globalizado y condicionada por la dinámica de la vida
actual, a su vez determinada por los cambios tecnológi-
cos requiere de una institucionalidad lo suficientemen-
te flexible para poder adaptarse a los cambios que se
van generando.
De allí que nuestra Constitución a pesar de tener
la rigidez de las constituciones escritas ha de incluir
elementos que permitan esa adaptación a la realidad.
Uno de esos elementos lo constituye la existencia de
un Alto Tribunal que mediante una interpretación de
carácter histórico progresivo, fundamentada en la com-
prensión del momento histórico, permita la mejor apli-
cación posible del máximo cuerpo normativo a la reali-
dad que le corresponde regir; tal como se prevé en esta
Constitución con la creación de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero, además, debe incluir elementos de flexibili-
dad en el aspecto más rígido de las constituciones es-
critas que lo conforman las previsiones relativas a la
forma y mecanismos para la modificación de la propia
Constitución.
En este sentido, las posibilidades de modificación
de la base jurídica del país deben ser amplias y estar
efectivamente en manos de una pluralidad de actores

142 143
políticos y sociales. Una democracia participativa y
protagónica no puede construir una rígida y petrifica-
da normativa constitucional. Al contrario, debe dejar
abiertas muchas ventanas para que los procesos parti-
cipativos se desarrollen a plenitud, evitando el divorcio
profundo entre la norma y la realidad.
El protagonismo del pueblo en la conducción de su
destino debe quedar explícitamente consagrado con es-
pecial énfasis en este punto de la reforma constitucio-
nal. Un pueblo deseoso de ejercer la soberanía no debe
tener que pasar por toda clase de vicisitudes y superar
un cúmulo de obstáculos para lograr los cambios que
las estructuras jurídicas requieren. Es principio consus-
tancial con este texto constitucional la facilitación de
los procesos en los cuales el pueblo se manifiesta para
solicitar la modificación de normas constitucionales.
En este contexto se debe entender que el ejercicio
de la soberanía por parte del pueblo, lejos de afectar el
proceso de refundación de la República y de lograr el
objetivo de la profundización democrática, se convier-
te en herramienta indispensable del protagonismo po-
pular, desterrando el sistema de cónclaves que decidían
los destinos del país a espaldas de la sociedad.
En lo que respecta al procedimiento de enmienda, se
superan las limitaciones establecidas en la Constitución
de 1961, que hacían complicada la consecución de resul-
tados efectivos. En el nuevo texto constitucional se ha
previsto una manera más ágil y flexible y se procede a
formular una definición de enmienda, entendida como la
adición o modificación de artículos del texto, siempre y
cuando no se altere la estructura fundamental.
La iniciativa de la reforma se le atribuye a la
Asamblea Nacional, por la mayoría de sus miembros;
al Presidente de la República en Consejo de Ministros
o a los electores o electoras inscritas en el registro
electoral en número no menor del quince por ciento.
Una vez cumplidos estos requisitos se inicia la trami-
tación ante la Asamblea Nacional la cual realizará tres
discusiones antes de la aprobación del proyecto para
lo cual tiene un plazo no mayor de dos años. Para esta
aprobación se requiere una mayoría calificada de dos
terceras partes de sus miembros. El proyecto aproba-
do será sometido a referendo dentro de los treinta días
siguientes y bastará para su aprobación con un núme-
ro mayor de votos positivos.
Finalmente, en este Título se consagra expresamen-
te la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento
fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la
posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Es-
tado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando
un nuevo texto constitucional. Esta posibilidad inexis-

144 145
tente formalmente en la Constitución de 1961 hubo de
ser incorporada por vía de interpretación de la Corte Su-
prema de Justicia, para hacer posible la convocatoria de
la Asamblea Nacional Constituyente que produjo esta
Constitución. En el presente texto constitucional pasa a
ser norma vigente, expresiva de la más acertada defini-
ción democrática en torno a la soberanía popular.
Dada, firmada y sellada en Ciudad Bolívar, Es-
tado Bolívar, a los treinta días del mes de enero del
año 2000. Años 189º de la Independencia y 140º de
la Federación.
El Presidente,
Luis Miquilena
El Primer Vicepresidente (E),
Aristóbulo Istúriz
El Segundo Vicepresidente,
Los Constituyentes,
Constituyentes Nacionales
Alfredo Peña
Allan Brewer Carías (ausente)
Angela Zago
Earle Herrera
Edmundo Chirinos
Eustoquio Contreras
Guillermo García Ponce
Hermann Escarrá
Jesús Rafael Sulbarán
Leopoldo Puchi
Luis Vallenilla
Manuel Quijada
Marisabel de Chávez
Pablo Medina
Pedro Ortega Díaz
Reyna Romero García
Ricardo Combellas
Tarek William Saab
Vinicio Romero Martínez
Constituyentes por Distrito Federal
Desirée Santos Amaral
Eliézer Reinaldo Otaiza Castillo
Ernesto Alvarenga
Freddy Alirio Bernal Rosales
Julio César Alviárez
Nicolás Maduro Moros
Segundo Meléndez
Vladimir Villegas
Constituyentes por Amazonas
Liborio Guarulla Garrido
Nelson Silva
Constituyentes por Anzoátegui
Ángel Rodríguez
David De Lima Salas
David Figueroa
Elías López Portillo
Gustavo Pereira
Constituyentes por Apure
Cristóbal Jiménez
Rafael Rodríguez Fernández

146 147
Constituyentes por Aragua
Alberto Jordán Hernández
Antonio Di Giampaolo Bottini
Carlos Tablante
Humberto Prieto
Oscar Feo
Constituyentes por Barinas
Francisco Efraín Visconti Osorio
José León Tapia Contreras
Constituyentes por Bolívar
Alejandro de Jesús Silva Marcano
Antonio Briceño
Daniel Díaz
Leonel Jiménez Carupe
Victoria Mata
Constituyentes por Carabobo
Elio Gómez Grillo
Manuel Vadell Graterol
Américo Díaz Núñez
Blancanieve Portocarrero
Diego Salazar
Francisco José Ameliach Orta
Juan José Marín Laya
Oscar Navas Tortolero
Saúl Ortega
Constituyentes por Cojedes
Haydée de Franco
Juan Bautista Pérez
Constituyentes por DeltaAmacuro
César Pérez Marcano
Ramón Antonio Yánez
Constituyentes por Falcón
Jesús MontillaAponte
Sol Mussett de Primera
Yoel Acosta Chirinos
Constituyentes por Guárico
Ángel Eugenio Landaeta
Pedro Solano Perdomo
Ruben Alfredo Ávila Ávila
Constituyentes por Lara
Antonio José García García
Enrique Peraza
Henri Falcón
Lenín Romero
Luis Reyes Reyes
Mirna Teresa Vies de Álvarez
Reinaldo Rojas
Constituyentes por Mérida
Adán Chávez Frías
Florencio Antonio Porras Echezuría
Pausides Segundo Reyes Gómez
Constituyentes por Miranda
Elías Jaua Milano
Freddy Gutiérrez
Haydée Machín
José Gregorio Vielma Mora
José Vicente Rangel Ávalos

148 149
Luis Gamargo
Miguel Madriz
Raúl Esté
Rodolfo Sanz
William Lara
William Ojeda
Constituyentes por Monagas
José Gregorio Briceño Torrealba
Marelis Pérez Marcano
Numa Rojas Velásquez
Constituyentes por Nueva Esparta
Alexis Navarro Rojas
Virgilio Ávila Vivas
Constituyentes por Portuguesa
Antonia Muñoz
Miguel A. Garranchán Velásquez
Wilmar Alfredo Castro Soteldo
Constituyentes por Sucre
Jesús Molina Villegas
José Luis Meza
Luis Augusto Acuña Cedeño
Constituyentes por Táchira
María Iris Varela Rangel
Ronald Blanco La Cruz
Samuel López
Temístocles Salazar
Constituyentes por Trujillo
Gerardo Márquez
Gilmer Viloria
Constituyentes por Vargas
Antonio Rodríguez
Jaime Barrios
Constituyentes por Yaracuy
Braulio Álvarez
Néstor León Heredia
Constituyentes por Zulia
Alberto Urdaneta
Atala Uriana
Froilán Barrios Nieves
Gastón Parra Luzardo
Geovany Darío Finol Fernández
Jorge Luis Durán Centeno
Levy Arron Alter Valero
María de Queipo
Mario Isea Bohórquez
Rafael Colmenárez
Roberto Jiménez Maggiolo
Silvestre Villalobos
Yldefonso Finol
Constituyentes por las
Comunidades Indígenas
Guillermo Guevara
José Luis González
Noelí Pocaterra de Oberto
Los secretarios,
Elvis Amoroso Alejandro Andrade

151
PREÁMBULO
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes
creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo
histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroís-
mo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los
precursores y forjadores de una patria libre y soberana;
con el fin supremo de refundar la República para establecer
una sociedad democrática, participativa y protagónica,
multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal
y descentralizado, que consolide los valores de la libertad,
la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley
para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a
la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia
social y a la igualdad sin discriminación ni subordina-
ción alguna; promueva la cooperación pacífica entre las
naciones e impulse y consolide la integración latinoame-
ricana de acuerdo con el principio de no intervención y
autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e
indivisible de los derechos humanos, la democratización
de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equi-
librio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como
patrimonio común e irrenunciable de la humanidad;
en ejercicio de su poder originario representado por la
Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre
y en referendo democrático,
decreta la siguiente:

153
CONSTITUCIÓN
TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es
irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su
patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, jus-
ticia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar,
el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la indepen-
dencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integri-
dad territorial y la autodeterminación nacional.
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado demo-
crático y social de Derecho y de Justicia, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,
la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y,
en general, la preeminencia de los derechos humanos, la
ética y el pluralismo político.
Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la
defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su
dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad po-
pular, la construcción de una sociedad justa y amante

154 155
de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar
del pueblo y la garantía del cumplimiento de los prin-
cipios, derechos y deberes reconocidos y consagrados
en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos funda-
mentales para alcanzar dichos fines.
Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es
un Estado federal descentralizado en los términos con-
sagrados en esta Constitución, y se rige por los princi-
pios de integridad territorial, cooperación, solidaridad,
concurrencia y corresponsabilidad.
Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en
el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma pre-
vista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente,
mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el
Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía po-
pular y a ella están sometidos.
Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y de las entidades políticas que la componen
es y será siempre democrático, participativo, electivo,
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y
de mandatos revocables.
Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el
fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las per-
sonas y los órganos que ejercen el Poder Público están
sujetos a esta Constitución.
Artículo 8. La bandera nacional con los colores ama-
rillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo
pueblo y el escudo de armas de la República son los
símbolos de la patria.
La ley regulará sus características, significados y
usos.
Artículo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idio-
mas indígenas también son de uso oficial para los pue-
blos indígenas y deben ser respetados en todo el territo-
rio de la República, por constituir patrimonio cultural
de la Nación y de la humanidad.

156 157
TÍTULO II
DEL ESPACIO GEOGRÁFICO
Y DE LA DIVISIÓN POLÍTICA
Capítulo I
Del territorio y demás espacios geográficos
Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos
de la República son los que correspondían a la Capita-
nía General de Venezuela antes de la transformación
política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modifi-
caciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales
no viciados de nulidad.
Artículo 11. La soberanía plena de la República se
ejerce en los espacios continental e insular, lacustre
y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores,
históricas y vitales y las comprendidas dentro de las
líneas de base rectas que ha adoptado o adopte la Re-
pública; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo
continental, insular y marítimo y los recursos que en
ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las
especies migratorias, sus productos derivados y los
componentes intangibles que por causas naturales allí
se hallen.
El espacio insular de la República comprende el ar-
chipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves,
archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Or-
chila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago
Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche,
archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago
de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además,
las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan
dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma
continental o dentro de los límites de la zona económica
exclusiva.
Sobre los espacios acuáticos constituidos por la
zona marítima contigua, la plataforma continental y
la zona económica exclusiva, la República ejerce de-
rechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los
términos, extensión y condiciones que determinen el
derecho internacional público y la ley.
Corresponden a la República derechos en el es-
pacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que
son o puedan ser patrimonio común de la humanidad,
en los términos, extensión y condiciones que deter-
minen los acuerdos internacionales y la legislación
nacional.
Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarbu-
ros, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el
territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en

158 159
la zona económica exclusiva y en la plataforma conti-
nental, pertenecen a la República, son bienes del domi-
nio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.
Las costas marinas son bienes del dominio público.
Artículo 13. El territorio nacional no podrá ser jamás
cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna ena-
jenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados ex-
tranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
El espacio geográfico venezolano es una zona de
paz. No se podrán establecer en él bases militares ex-
tranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera
propósitos militares, por parte de ninguna potencia o
coalición de potencias.
Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho
internacional sólo podrán adquirir inmuebles para se-
des de sus representaciones diplomáticas o consulares
dentro del área que se determine y mediante garantías
de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la
ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía
nacional.
Las tierras baldías existentes en las dependencias
federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán
enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá conceder-
se en forma que no implique, directa ni indirectamente,
la transferencia de la propiedad de la tierra.
Artículo 14. La ley establecerá un régimen jurídico es-
pecial para aquellos territorios que por libre determina-
ción de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea
Nacional, se incorporen al de la República.
Artículo 15. El Estado tiene la obligación de estable-
cer una política integral en los espacios fronterizos
terrestres, insulares y marítimos, preservando la inte-
gridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defen-
sa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente,
de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, so-
cial y la integración. Atendiendo a la naturaleza pro-
pia de cada región fronteriza a través de asignaciones
económicas especiales, una ley orgánica de fronteras
determinará las obligaciones y objetivos de esta res-
ponsabilidad.
Capítulo II
De la división política
Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la
República, el territorio nacional se divide en el de los
Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias
federales y el de los territorios federales. El territorio
se organiza en Municipios.
La división politicoterritorial será regulada por ley or-
gánica que garantice la autonomía municipal y la descen-

160 161
tralización politicoadministrativa. Dicha ley podrá dispo-
ner la creación de territorios federales en determinadas
áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a
la realización de un referendo aprobatorio en la entidad
respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio
federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad
o una parte de la superficie del territorio respectivo.
Artículo 17. Las dependencias federales son las islas ma-
rítimas no integradas en el territorio de un Estado, así
como las islas que se formen o aparezcan en el mar te-
rritorial o en el que cubra la plataforma continental. Su
régimen y administración estarán señalados en la ley.
Artículo 18. La ciudad de Caracas es la capital de la Re-
pública y el asiento de los órganos del Poder Nacional.
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio
del Poder Nacional en otros lugares de la República.
Una ley especial establecerá la unidad politicoterri-
torial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema
de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del
Distrito Capital y los correspondientes del Estado Mi-
randa. Dicha ley establecerá su organización, gobierno,
administración, competencia y recursos, para alcanzar el
desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso,
la ley garantizará el carácter democrático y participativo
de su gobierno.
TÍTULO III
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES
Capítulo I
Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, con-
forme al principio de progresividad y sin discrimina-
ción alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivi-
sible e interdependiente de los derechos humanos. Su
respeto y garantía son obligatorios para los órganos del
Poder Público, de conformidad con esta Constitución,
con los tratados sobre derechos humanos suscritos y
ratificados por la República y con las leyes que los de-
sarrollen.
Artículo 20. Toda persona tiene derecho al libre desen-
volvimiento de su personalidad, sin más limitaciones
que las que derivan del derecho de las demás y del or-
den público y social.
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley;
en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la
raza, el sexo, el credo, la condición social o aque-

162 163
llas que, en general, tengan por objeto o por resul-
tado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio en condiciones de igualdad, de los dere-
chos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y admi-
nistrativas para que la igualdad ante la ley sea real y
efectiva; adoptará medidas positivas a favor de per-
sonas o grupos que puedan ser discriminados, mar-
ginados o vulnerables; protegerá especialmente a
aquellas personas que por alguna de las condiciones
antes especificadas, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudada-
na, salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones
hereditarias.
Artículo 22. La enunciación de los derechos y ga-
rantías contenidos en esta Constitución y en los ins-
trumentos internacionales sobre derechos humanos no
debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona, no figuren expresamente en
ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos
no menoscaba el ejercicio de los mismos.
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones rela-
tivos a derechos humanos, suscritos y ratificados por
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevale-
cen en el orden interno, en la medida en que contengan
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las
establecidas en esta Constitución y en las leyes de la
República, y son de aplicación inmediata y directa por
los tribunales y demás órganos del Poder Público.
Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá
efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor
pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde
el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los
procesos que se hallaren en curso; pero en los proce-
sos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en
cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley
vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que bene-
ficie al reo o a la rea.
Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder
Público que viole o menoscabe los derechos garantiza-
dos por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcio-
narios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen
o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y
administrativa, según los casos, sin que les sirvan de
excusa órdenes superiores.

164 165
Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a
los órganos de administración de justicia para hacer
valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o
difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener
con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, acce-
sible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, in-
dependiente, responsable, equitativa y expedita, sin
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones
inútiles.
Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser ampa-
rada por los tribunales en el goce y ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos
inherentes a la persona que no figuren expresamente en
esta Constitución o en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitu-
cional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a
formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá
potestad para restablecer inmediatamente la situación
jurídica infringida o la situación que más se asemeje a
ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará
con preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá
ser interpuesta por cualquier persona; y el detenido o
detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribu-
nal de manera inmediata, sin dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afecta-
do, en modo alguno, por la declaración del estado de
excepción o de la restricción de garantías constitu-
cionales.
Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder
a la información y a los datos que sobre sí misma o
sobre sus bienes consten en registros oficiales o pri-
vados, con las excepciones que establezca la ley, así
como de conocer el uso que se haga de los mismos y su
finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la
actualización, la rectificación o la destrucción de aque-
llos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus
derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de
cualquier naturaleza que contengan información cuyo
conocimiento sea de interés para comunidades o gru-
pos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes
de información periodística y de otras profesiones que
determine la ley.
Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y
sancionar legalmente los delitos contra los derechos
humanos cometidos por sus autoridades.

166 167
Las acciones para sancionar los delitos de lesa hu-
manidad, violaciones graves de los derechos humanos
y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las
violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa
humanidad serán investigados y juzgados por los tri-
bunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos
de los beneficios que puedan conllevar su impunidad,
incluidos el indulto y la amnistía.
Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indem-
nizar integralmente a las víctimas de violaciones de los
derechos humanos que le sean imputables, o a su dere-
chohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
El Estado adoptará las medidas legislativas y de
otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizacio-
nes establecidas en este artículo.
El Estado protegerá a las víctimas de delitos comu-
nes y procurará que los culpables reparen los daños
causados.
Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los tér-
minos establecidos por los tratados, pactos y conven-
ciones sobre derechos humanos ratificados por la Re-
pública, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos
internacionales creados para tales fines, con el objeto
de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
El Estado adoptará, conforme a procedimientos es-
tablecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas
que sean necesarias para dar cumplimiento a las deci-
siones emanadas de los órganos internacionales previs-
tos en este artículo.
Capítulo II
De la nacionalidad y de la ciudadanía
Sección primera: de la nacionalidad
Artículo 32. Son venezolanos y venezolanas por naci-
miento:
1. Toda persona nacida en el territorio de la República.
2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o
hija de padre venezolano por nacimiento y madre
venezolana por nacimiento.
3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o
hija de padre venezolano por nacimiento o madre
venezolana por nacimiento, siempre que establez-
ca su residencia en el territorio de la República o
declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad
venezolana.
4. Toda persona nacida en territorio extranjero, de pa-
dre venezolano por naturalización o madre venezo-

168 169
lana por naturalización, siempre que antes de cum-
plir dieciocho años de edad establezca su residencia
en el territorio de la República y antes de cumplir
veinticinco años de edad declare su voluntad de
acogerse a la nacionalidad venezolana.
Artículo 33. Son venezolanos y venezolanas por natu-
ralización:
1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta
de naturaleza. A tal fin, deberán tener domicilio en
Venezuela con residencia ininterrumpida de, por lo
menos, diez años inmediatamente anteriores a la fe-
cha de la respectiva solicitud.
El tiempo de residencia se reducirá a cinco años en
el caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacio-
nalidad originaria de España, Portugal, Italia, países
latinoamericanos y del Caribe.
2. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matri-
monio con venezolanas o venezolanos desde que
declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo
menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio.
3. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para
la fecha de la naturalización del padre o de la ma-
dre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siem-
pre que declaren su voluntad de ser venezolanos o
venezolanas antes de cumplir los veintiún años de
edad y hayan residido en Venezuela, ininterrumpi-
damente, durante los cinco años anteriores a dicha
declaración.
Artículo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde
al optar o adquirir otra nacionalidad.
Artículo 35. Los venezolanos y venezolanas por naci-
miento no podrán ser privados o privadas de su nacio-
nalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización
sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de
acuerdo con la ley.
Artículo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad ve-
nezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana
por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el
territorio de la República por un lapso no menor de dos
años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezo-
lanos y venezolanas por naturalización que renuncien
a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla cum-
pliendo nuevamente con los requisitos exigidos en el
artículo 33 de esta Constitución.
Artículo 37. El Estado promoverá la celebración de tra-
tados internacionales en materia de nacionalidad, espe-
cialmente con los Estados fronterizos y los señalados
en el numeral 1 del artículo 33 de esta Constitución.

170 171
Artículo 38. La ley dictará, de conformidad con las dis-
posiciones anteriores, las normas sustantivas y proce-
sales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia
y recuperación de la nacionalidad venezolana, así como
con la revocación y nulidad de la naturalización.
Sección segunda: de la ciudadanía
Artículo 39. Los venezolanos y venezolanas que no
estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a in-
terdicción civil, y en las condiciones de edad previstas
en esta Constitución, ejercen la ciudadanía; en conse-
cuencia, son titulares de derechos y deberes políticos
de acuerdo con esta Constitución.
Artículo 40. Los derechos políticos son privativos de
los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones
establecidas en esta Constitución.
Gozan de los mismos derechos de los venezolanos
y venezolanas por nacimiento los venezolanos y vene-
zolanas por naturalización que hubieren ingresado al
país antes de cumplir los siete años de edad y residido
en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.
Artículo 41. Sólo los venezolanos y venezolanas por na-
cimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los car-
gos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepre-
sidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente
o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la
Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tri-
bunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del
Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora
General de la República, Contralor o Contralora General
de la República, Fiscal General de la República, Defen-
sor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los
despachos relacionados con la seguridad de la Nación,
finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o
Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y
Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.
Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional, Ministros o Ministras; Goberna-
dores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Es-
tados y Municipios no fronterizos, los venezolanos y
venezolanas por naturalización deben tener domicilio
con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor
de quince años y cumplir los requisitos de aptitud pre-
vistos en la ley.
Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad
pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de
alguno de los derechos políticos sólo puede ser sus-
pendido por sentencia judicial firme en los casos que
determine la ley.

172 173
Capítulo III
De los derechos civiles
Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Nin-
guna ley podrá establecer la pena de muerte, ni auto-
ridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de
las personas que se encuentren privadas de su libertad,
prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su
autoridad en cualquier otra forma.
Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en con-
secuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino
en virtud de una orden judicial, a menos que sea
sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada
ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor
de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la
detención. Será juzgada en libertad, excepto por las
razones determinadas por la ley y apreciadas por el
juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para
conceder la libertad de la persona detenida no cau-
sará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse
de inmediato con sus familiares, abogado o aboga-
da, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su
vez, tienen el derecho a ser informados o informa-
das sobre el lugar donde se encuentra la persona
detenida; a ser notificados o notificadas inmediata-
mente de los motivos de la detención y a que dejen
constancia escrita en el expediente sobre el estado
físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por
sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de espe-
cialistas. La autoridad competente llevará un regis-
tro público de toda detención realizada, que com-
prenda la identidad de la persona detenida, lugar,
hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que
la practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranje-
ras se observará, además, la notificación consular
prevista en los tratados internacionales sobre la
materia.
3. La pena no puede trascender de la persona conde-
nada. No habrá condenas a penas perpetuas o infa-
mantes. Las penas privativas de la libertad no exce-
derán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la
libertad estará obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después
de dictada orden de excarcelación por la autoridad
competente, o una vez cumplida la pena impuesta.

174 175
Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad pública, sea ci-
vil o militar, aun en estado de emergencia, excepción
o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar
la desaparición forzada de personas. El funcionario
o funcionaria que reciba orden o instrucción para
practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y de-
nunciarla a las autoridades competentes. Los autores
o autoras intelectuales y materiales, cómplices y en-
cubridores o encubridoras del delito de desaparición
forzada de personas, así como la tentativa de comi-
sión del mismo, serán sancionados o sancionadas de
conformidad con la ley.
Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se res-
pete su integridad física, psíquica y moral; en conse-
cuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, tortu-
ras o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degra-
dante practicado o tolerado por parte de agentes del
Estado, tiene derecho a la rehabilitación.
2. Toda persona privada de libertad será tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser hu-
mano.
3. Ninguna persona será sometida sin su libre consen-
timiento a experimentos científicos, o a exámenes
médicos o de laboratorio, excepto cuando se encon-
trare en peligro su vida o por otras circunstancias
que determine la ley.
4. Todo funcionario público o funcionaria pública que,
en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimien-
tos físicos o mentales a cualquier persona, o que
instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado
o sancionada de acuerdo con la ley.
Artículo 47. El hogar doméstico y todo recinto privado
de persona son inviolables. No podrán ser allanados
sino mediante orden judicial, para impedir la perpe-
tración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la
ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando
siempre la dignidad del ser humano.
Las visitas sanitarias que se practiquen, de confor-
midad con la ley, sólo podrán hacerse previo aviso de
los funcionarios o funcionarias que las ordenen o ha-
yan de practicarlas.
Artículo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad
de las comunicaciones privadas en todas sus formas.
No podrán ser interferidas sino por orden de un tri-
bunal competente, con el cumplimiento de las dispo-
siciones legales y preservándose el secreto de lo pri-
vado que no guarde relación con el correspondiente
proceso.

176 177
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las
actuaciones judiciales y administrativas; en conse-
cuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos in-
violables en todo estado y grado de la investigación
y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser noti-
ficada de los cargos por los cuales se le investiga; de
acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de
los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán
nulas las pruebas obtenidas mediante violación del
debido proceso. Toda persona declarada culpable tie-
ne derecho a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitución y en la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se
pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier
clase de proceso, con las debidas garantías y dentro
del plazo razonable determinado legalmente por un
tribunal competente, independiente e imparcial es-
tablecido con anterioridad. Quien no hable castella-
no, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene
derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus
jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o
especiales, con las garantías establecidas en esta
Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá
ser sometida a juicio sin conocer la identidad de
quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribu-
nales de excepción o por comisiones creadas para
tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse
culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge,
concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha
sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos
u omisiones que no fueren previstos como delitos,
faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los
mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido
juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el resta-
blecimiento o reparación de la situación jurídica
lesionada por error judicial, retardo u omisión in-
justificados. Queda a salvo el derecho del o de la
particular de exigir la responsabilidad personal del
magistrado o de la magistrada, del juez o de la
jueza; y el derecho del Estado de actuar contra és-
tos o éstas.

178 179
Artículo 50. Toda persona puede transitar libremente y
por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar
de domicilio y residencia, ausentarse de la República
y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país,
traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones
que las establecidas por la ley. En caso de concesión de
vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe
garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos
y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de
autorización alguna.
Ningún acto del Poder Público podrá establecer la
pena de extrañamiento del territorio nacional contra
venezolanos o venezolanas.
Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de repre-
sentar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad,
funcionario público o funcionaria pública sobre los
asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas,
y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes
violen este derecho serán sancionados o sancionadas
conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destitui-
das del cargo respectivo.
Artículo 52. Toda persona tiene el derecho de aso-
ciarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El
Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este
derecho.
Artículo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse,
pública o privadamente, sin permiso previo, con fines
lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos
se regirán por la ley.
Artículo 54. Ninguna persona podrá ser sometida a
esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en
particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes
en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas
en la ley.
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección
por parte del Estado, a través de los órganos de segu-
ridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones
que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la
integridad física de las personas, sus propiedades, el dis-
frute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en
los programas destinados a la prevención, seguridad
ciudadana y administración de emergencias será regu-
lada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la
dignidad y los derechos humanos de todas las perso-
nas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del
funcionariado policial y de seguridad estará limitado
por principios de necesidad, conveniencia, oportuni-
dad y proporcionalidad, conforme a la ley.

180 181
Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre
propio, al apellido del padre y al de la madre y a cono-
cer la identidad de los mismos. El Estado garantizará
el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuita-
mente en el registro civil después de su nacimiento y a
obtener documentos públicos que comprueben su iden-
tidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no
contendrán mención alguna que califique la filiación.
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar li-
bremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de
viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma
de expresión y de hacer uso para ello de cualquier
medio de comunicación y difusión, sin que pueda es-
tablecerse censura. Quien haga uso de este derecho
asume plena responsabilidad por todo lo expresado.
No se permite el anonimato, ni la propaganda de gue-
rra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que pro-
muevan la intolerancia religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos
o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos
bajo sus responsabilidades.
Artículo 58. La comunicación es libre y plural y
comporta los deberes y responsabilidades que indi-
que la ley. Toda persona tiene derecho a la infor-
mación oportuna, veraz e imparcial, sin censura,
de acuerdo con los principios de esta Constitución,
así como a la réplica y rectificación cuando se vea
afectada directamente por informaciones inexactas
o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tie-
nen derecho a recibir información adecuada para su
desarrollo integral.
Artículo 59. El Estado garantizará la libertad de reli-
gión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar
su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en
privado o en público, mediante la enseñanza u otras
prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las
buenas costumbres y al orden público. Se garantiza,
así mismo, la independencia y la autonomía de las
iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones
que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El
padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hi-
jas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo
con sus convicciones.
Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religio-
sas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impe-
dir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.
Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protec-
ción de su honor, vida privada, intimidad, propia ima-
gen, confidencialidad y reputación.

182 183
La ley limitará el uso de la informática para garantizar
el honor y la intimidad personal y familiar de los ciuda-
danos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad
de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica
afecte su personalidad o constituya delito. La objeción
de conciencia no puede invocarse para eludir el cum-
plimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento
o el ejercicio de sus derechos.
Capítulo IV
De los derechos políticos y del referendo popular
Sección primera: de los derechos políticos
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen
el derecho de participar libremente en los asuntos pú-
blicos, directamente o por medio de sus representantes
elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, eje-
cución y control de la gestión pública es el medio ne-
cesario para lograr el protagonismo que garantice su
completo desarrollo, tanto individual como colectivo.
Es obligación del Estado y deber de la sociedad faci-
litar la generación de las condiciones más favorables
para su práctica.
Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá me-
diante votaciones libres, universales, directas y secre-
tas. La ley garantizará el principio de la personaliza-
ción del sufragio y la representación proporcional.
Artículo 64. Son electores o electoras todos los vene-
zolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho
años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil
o inhabilitación política.
El voto para las elecciones parroquiales, munici-
pales y estadales se hará extensivo a los extranjeros
o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de
edad, con más de diez años de residencia en el país,
con las limitaciones establecidas en esta Constitución
y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o
inhabilitación política.
Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección
popular quienes hayan sido condenados o condenadas
por delitos cometidos durante el ejercicio de sus fun-
ciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro
del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de
la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.
Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a
que sus representantes rindan cuentas públicas, trans-
parentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con
el programa presentado.

184 185
Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen
el derecho de asociarse con fines políticos, mediante
métodos democráticos de organización, funcionamien-
to y dirección. Sus organismos de dirección y sus can-
didatos o candidatas a cargos de elección popular serán
seleccionados o seleccionadas en elecciones internas
con la participación de sus integrantes. No se permitirá
el financiamiento de las asociaciones con fines políti-
cos con fondos provenientes del Estado.
La ley regulará lo concerniente al financiamiento y
a las contribuciones privadas de las organizaciones con
fines políticos, y los mecanismos de control que asegu-
ren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas.
Así mismo regulará las campañas políticas y electora-
les, su duración y límites de gastos propendiendo a su
democratización.
Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa pro-
pia, y las asociaciones con fines políticos, tienen
derecho a concurrir a los procesos electorales postu-
lando candidatos o candidatas. El financiamiento de
la propaganda política y de las campañas electorales
será regulado por la ley. Las direcciones de las aso-
ciaciones con fines políticos no podrán contratar con
entidades del sector público.
Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen dere-
cho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros
requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La
ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de
seguridad en el control del orden público.
Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela
reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.
Se prohíbe la extradición de venezolanos y vene-
zolanas.
Artículo 70. Son medios de participación y protago-
nismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo
político: la elección de cargos públicos, el referendo,
la consulta popular, la revocación del mandato, las ini-
ciativas legislativa, constitucional y constituyente, el
cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciuda-
danas cuyas decisiones serán de carácter vinculante,
entre otros; y en lo social y económico: las instancias
de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión,
las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de
carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa co-
munitaria y demás formas asociativas guiadas por los
valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

186 187
La ley establecerá las condiciones para el efectivo
funcionamiento de los medios de participación previs-
tos en este artículo.
Sección segunda: del referendo popular
Artículo 71. Las materias de especial trascendencia na-
cional podrán ser sometidas a referendo consultivo por
iniciativa del Presidente o Presidenta de la República
en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea
Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus
integrantes; o a solicitud de un número no menor del
diez por ciento de los electores y electoras inscritos en
el Registro Civil y Electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consul-
tivo las materias de especial trascendencia parroquial,
municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la
Junta Parroquial, al Concejo Municipal, o al Consejo
Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de
sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Goberna-
dor o Gobernadora de Estado, o a un número no menor
del diez por ciento del total de inscritos e inscritas en la
circunscripción correspondiente, que lo soliciten.
Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elec-
ción popular son revocables.
Transcurrida la mitad del período para el cual fue
elegido el funcionario o funcionaria, un número no me-
nor del veinte por ciento de los electores o electoras
inscritos en la correspondiente circunscripción podrá
solicitar la convocatoria de un referendo para revocar
su mandato.
Cuando igual o mayor número de electores o elec-
toras que eligieron al funcionario o funcionaria hubie-
ren votado a favor de la revocación, siempre que haya
concurrido al referendo un número de electores o elec-
toras igual o superior al veinticinco por ciento de los
electores o electoras inscritos o inscritas, se considera-
rá revocado su mandato y se procederá de inmediato a
cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta
Constitución y en la ley.
La revocación del mandato para los cuerpos cole-
giados se realizará de acuerdo con lo que establezca
la ley.
Durante el período para el cual fue elegido el fun-
cionario o funcionaria no podrá hacerse más de una
solicitud de revocación de su mandato.
Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos pro-
yectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional,
cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras
partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el

188 189
referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que
haya concurrido el veinticinco por ciento de los electo-
res y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil
y Electoral, el proyecto correspondiente será sanciona-
do como ley.
Los tratados, convenios o acuerdos internaciona-
les que pudieren comprometer la soberanía nacional
o transferir competencias a órganos supranacionales,
podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del
Presidente o Presidenta de la República en Consejo de
Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los
o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por
ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas
en el Registro Civil y Electoral.
Artículo 74. Serán sometidas a referendo, para ser
abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abroga-
ción fuere solicitada por iniciativa de un número no
menor del diez por ciento de los electores y electoras
inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral o
por el Presidente o Presidenta de la República en Con-
sejo de Ministros.
También podrán ser sometidos a referendo abro-
gatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el
Presidente o Presidenta de la República en uso de la
atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236
de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un
número no menor del cinco por ciento de los electores
y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y
Electoral.
Para la validez del referendo abrogatorio será indis-
pensable la concurrencia de, por lo menos, el cuarenta
por ciento de los electores y electoras inscritos e inscri-
tas en el Registro Civil y Electoral.
No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las
leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen
impuestos, las de crédito público ni las de amnistía,
ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los
derechos humanos y las que aprueben tratados inter-
nacionales.
No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio
en un período constitucional para la misma materia.
Capítulo V
De los derechos sociales y de las familias
Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como
asociación natural de la sociedad y como el espacio
fundamental para el desarrollo integral de las personas.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de de-
rechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la
comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus in-

190 191
tegrantes. El Estado garantizará protección a la madre,
al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno
de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o
contrario a su interés superior, tendrán derecho a una
familia sustituta, de conformidad con la ley. La adop-
ción tiene efectos similares a la filiación y se establece
siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de
conformidad con la ley. La adopción internacional es
subsidiaria de la nacional.
Artículo 76. La maternidad y la paternidad son prote-
gidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la
madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir
libre y responsablemente el número de hijos o hijas que
deseen concebir y a disponer de la información y de los
medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El
Estado garantizará asistencia y protección integral a la
maternidad, en general a partir del momento de la con-
cepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio,
y asegurará servicios de planificación familiar integral
basados en valores éticos y científicos.
El padre y la madre tienen el deber compartido e
irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asis-
tir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de
asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan
hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley estable-
cerá las medidas necesarias y adecuadas para garanti-
zar la efectividad de la obligación alimentaria.
Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y
en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de
los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un
hombre y una mujer que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la ley producirán los mismos efectos que
el matrimonio.
Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son suje-
tos plenos de derecho y estarán protegidos por la legis-
lación, órganos y tribunales especializados, los cuales
respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos
de esta Constitución, la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y demás tratados internacionales que en
esta materia haya suscrito y ratificado la República.
El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con
prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se
tomará en cuenta su interés superior en las decisiones
y acciones que les conciernan. El Estado promoverá
su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y
creará un sistema rector nacional para la protección in-
tegral de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 79. Los jóvenes y las jóvenes tienen el de-
recho y el deber de ser sujetos activos del proceso de

192 193
desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de
las familias y la sociedad, creará oportunidades para
estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y,
en particular, para la capacitación y el acceso al primer
empleo, de conformidad con la ley.
Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y an-
cianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El
Estado, con la participación solidaria de las familias y
la sociedad, está obligado a respetar su dignidad huma-
na, su autonomía y les garantizará atención integral y
los beneficios de la seguridad social que eleven y ase-
guren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones
otorgadas mediante el sistema de seguridad social no
podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los
ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un
trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten
su deseo y estén en capacidad para ello.
Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesi-
dades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y au-
tónomo de sus capacidades y a su integración familiar
y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria
de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto
a su dignidad humana, la equiparación de oportunida-
des, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá
su formación, capacitación y acceso al empleo acorde
con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les
reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a
expresarse y comunicarse a través de la lengua de se-
ñas venezolana.
Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivien-
da adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios
básicos esenciales que incluyan un hábitat que humani-
ce las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.
La satisfacción progresiva de este derecho es obliga-
ción compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el
Estado en todos sus ámbitos.
El Estado dará prioridad a las familias y garantizará
los medios para que éstas, y especialmente las de esca-
sos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y
al crédito para la construcción, adquisición o amplia-
ción de viviendas.
Artículo 83. La salud es un derecho social fundamen-
tal, obligación del Estado, que lo garantizará como par-
te del derecho a la vida. El Estado promoverá y desa-
rrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida,
el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas
las personas tienen derecho a la protección de la sa-
lud, así como el deber de participar activamente en su
promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas
sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de
conformidad con los tratados y convenios internacio-
nales suscritos y ratificados por la República.

194 195
Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el
Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sis-
tema público nacional de salud, de carácter intersecto-
rial, descentralizado y participativo, integrado al sis-
tema de seguridad social, regido por los principios de
gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, inte-
gración social y solidaridad. El sistema público nacio-
nal de salud dará prioridad a la promoción de la salud
y a la prevención de las enfermedades, garantizando
tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los
bienes y servicios públicos de salud son propiedad del
Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad or-
ganizada tiene el derecho y el deber de participar en
la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución
y control de la política específica en las instituciones
públicas de salud.
Artículo 85. El financiamiento del sistema público na-
cional de salud es obligación del Estado, que integrará
los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de
la seguridad social y cualquier otra fuente de finan-
ciamiento que determine la ley. El Estado garantizará
un presupuesto para la salud que permita cumplir con
los objetivos de la política sanitaria. En coordinación
con las universidades y los centros de investigación,
se promoverá y desarrollará una política nacional de
formación de profesionales, técnicos y técnicas y una
industria nacional de producción de insumos para la
salud. El Estado regulará las instituciones públicas y
privadas de salud.
Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad
social como servicio público de carácter no lucrativo,
que garantice la salud y asegure protección en contin-
gencias de maternidad, paternidad, enfermedad, inva-
lidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, nece-
sidades especiales, riesgos laborales, pérdida de em-
pleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda,
cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra
circunstancia de previsión social. El Estado tiene la
obligación de asegurar la efectividad de este derecho,
creando un sistema de seguridad social universal, inte-
gral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y
participativo, de contribuciones directas o indirectas.
La ausencia de capacidad contributiva no será moti-
vo para excluir a las personas de su protección. Los
recursos financieros de la seguridad social no podrán
ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obliga-
torias que realicen los trabajadores y las trabajadoras
para cubrir los servicios médicos y asistenciales y de-
más beneficios de la seguridad social podrán ser ad-
ministrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del
Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la
salud, la educación y la seguridad social se acumularán

196 197
a los fines de su distribución y contribución en esos
servicios. El sistema de seguridad social será regulado
por una ley orgánica especial.
Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el
deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de
las medidas necesarias a los fines de que toda persona
pueda obtener ocupación productiva, que le proporcio-
ne una existencia digna y decorosa y le garantice el
pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fo-
mentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes
a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de
los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La li-
bertad de trabajo no será sometida a otras restricciones
que las que la ley establezca.
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabaja-
dores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene
y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará
medidas y creará instituciones que permitan el control
y la promoción de estas condiciones.
Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equi-
dad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho
al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar
como actividad económica que crea valor agregado y
produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa
tienen derecho a la seguridad social de conformidad
con la ley.
Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de
la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario
para mejorar las condiciones materiales, morales e in-
telectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el
cumplimiento de esta obligación del Estado se estable-
cen los siguientes principios:
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que
alteren la intangibilidad y progresividad de los
derechos y beneficios laborales. En las relaciones
laborales prevalece la realidad sobre las formas o
apariencias.
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula
toda acción, acuerdo o convenio que implique re-
nuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es po-
sible la transacción y convenimiento al término de
la relación laboral, de conformidad con los requisi-
tos que establezca la ley.
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o con-
currencia de varias normas, o en la interpretación de
una determinada norma, se aplicará la más favora-
ble al trabajador o trabajadora. La norma adoptada
se aplicará en su integridad.
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contra-
rio a esta Constitución es nulo y no genera efecto
alguno.

198 199
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones
de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier
otra condición.
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que
puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los
o las protegerá contra cualquier explotación econó-
mica y social.
Artículo 90. La jornada de trabajo diurna no excede-
rá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas
semanales. En los casos en que la ley lo permita, la
jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas
diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono
o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajado-
ras a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la
progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro
del interés social y del ámbito que se determine y se
dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del
tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiri-
tual y cultural de los trabajadores y trabajadoras.
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al
descanso semanal y vacaciones remunerados en las
mismas condiciones que las jornadas efectivamente
laboradas.
Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene dere-
cho a un salario suficiente que le permita vivir con dig-
nidad y cubrir para sí y su familia las necesidades bási-
cas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará
el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la
participación que debe corresponder a los trabajadores
y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario
es inembargable y se pagará periódica y oportunamen-
te en moneda de curso legal, salvo la excepción de la
obligación alimentaria, de conformidad con la ley.
El Estado garantizará a los trabajadores y trabaja-
doras del sector público y del sector privado un sala-
rio mínimo vital que será ajustado cada año, tomando
como una de las referencias el costo de la canasta bási-
ca. La ley establecerá la forma y el procedimiento.
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras
tienen derecho a prestaciones sociales que les recom-
pensen la antigüedad en el servicio y los amparen en
caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales
son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda
mora en su pago genera intereses, los cuales constitu-
yen deudas de valor y gozarán de los mismos privile-
gios y garantías de la deuda principal.
Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el tra-
bajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma
de despido no justificado. Los despidos contrarios a
esta Constitución son nulos.

200 201
Artículo 94. La ley determinará la responsabilidad que
corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo
provecho se presta el servicio mediante intermediario
o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solida-
ria de éstos. El Estado establecerá, a través del órgano
competente, la responsabilidad que corresponda a los
patronos o patronas en general, en caso de simulación
o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u
obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.
Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin
distinción alguna y sin necesidad de autorización pre-
via, tienen derecho a constituir libremente las organi-
zaciones sindicales que estimen convenientes para la
mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a
afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas
organizaciones no están sujetas a intervención, suspen-
sión o disolución administrativa. Los trabajadores y
trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo
acto de discriminación o de injerencia contrario al ejer-
cicio de este derecho. Los promotores o promotoras y
los o las integrantes de las directivas de las organiza-
ciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral du-
rante el tiempo y en las condiciones que se requieran
para el ejercicio de sus funciones.
Para el ejercicio de la democracia sindical, los es-
tatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales
establecerán la alternabilidad de los y las integrantes
de las directivas y representantes mediante el sufra-
gio universal, directo y secreto. Los y las integrantes
de las directivas y representantes sindicales que abu-
sen de los beneficios derivados de la libertad sindical
para su lucro o interés personal, serán sancionados
o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las
integrantes de las directivas de las organizaciones sin-
dicales estarán obligados u obligadas a hacer declara-
ción jurada de bienes.
Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras
del sector público y del privado tienen derecho a la ne-
gociación colectiva voluntaria y a celebrar convencio-
nes colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que
establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y
establecerá lo conducente para favorecer las relaciones
colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las
convenciones colectivas ampararán a todos los traba-
jadores y trabajadoras activos y activas al momento de
su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.
Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del
sector público y del sector privado tienen derecho a
la huelga, dentro de las condiciones que establezca
la ley.

202 203
Capítulo VI
De los derechos culturales y educativos
Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta liber-
tad comprende el derecho a la inversión, producción
y divulgación de la obra creativa, científica, tecnoló-
gica y humanística, incluyendo la protección legal de
los derechos del autor o de la autora sobre sus obras.
El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelec-
tual sobre las obras científicas, literarias y artísticas,
invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes,
marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y ex-
cepciones que establezcan la ley y los tratados inter-
nacionales suscritos y ratificados por la República en
esta materia.
Artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un
bien irrenunciable del pueblo venezolano y un dere-
cho fundamental que el Estado fomentará y garanti-
zará, procurando las condiciones, instrumentos lega-
les, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce
la autonomía de la administración cultural pública en
los términos que establezca la ley. El Estado garan-
tizará la protección y preservación, enriquecimiento,
conservación y restauración del patrimonio cultural,
tangible e intangible, y la memoria histórica de la
Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio
cultural de la Nación son inalienables, imprescrip-
tibles e inembargables. La ley establecerá las penas
y sanciones para los daños causados a estos bienes.
Artículo 100. Las culturas populares constitutivas de la
venezolanidad gozan de atención especial, reconocién-
dose y respetándose la interculturalidad bajo el principio
de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos
y estímulos para las personas, instituciones y comuni-
dades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien
planes, programas y actividades culturales en el país, así
como la cultura venezolana en el exterior. El Estado ga-
rantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su
incorporación al sistema de seguridad social que les per-
mita una vida digna, reconociendo las particularidades
del quehacer cultural, de conformidad con la ley.
Artículo 101. El Estado garantizará la emisión, recep-
ción y circulación de la información cultural. Los me-
dios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a
la difusión de los valores de la tradición popular y la
obra de los o las artistas, escritores, escritoras, com-
positores, compositoras, cineastas, científicos, científi-
cas y demás creadores y creadoras culturales del país.
Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y
traducción a la lengua de señas, para las personas con
problemas auditivos. La ley establecerá los términos y
modalidades de estas obligaciones.

204 205
Artículo 102. La educación es un derecho humano y
un deber social fundamental, es democrática, gratuita
y obligatoria. El Estado la asumirá como función in-
declinable y de máximo interés en todos sus niveles
y modalidades, y como instrumento del conocimiento
científico, humanístico y tecnológico al servicio de la
sociedad. La educación es un servicio público y está
fundamentada en el respeto a todas las corrientes del
pensamiento, con la finalidad de desarrollar el poten-
cial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de
su personalidad en una sociedad democrática basada
en la valoración ética del trabajo y en la participación
activa, consciente y solidaria en los procesos de trans-
formación social, consustanciados con los valores de la
identidad nacional y con una visión latinoamericana y
universal. El Estado, con la participación de las fami-
lias y la sociedad, promoverá el proceso de educación
ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en
esta Constitución y en la ley.
Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una edu-
cación integral de calidad, permanente, en igualdad de
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que
las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.
La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde
el maternal hasta el nivel medio diversificado. La im-
partida en las instituciones del Estado es gratuita hasta
el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará
una inversión prioritaria, de conformidad con las reco-
mendaciones de la Organización de las Naciones Uni-
das. El Estado creará y sostendrá instituciones y servi-
cios suficientemente dotados para asegurar el acceso,
permanencia y culminación en el sistema educativo.
La ley garantizará igual atención a las personas con
necesidades especiales o con discapacidad y a quienes
se encuentren privados o privadas de su libertad o ca-
rezcan de condiciones básicas para su incorporación y
permanencia en el sistema educativo.
Las contribuciones de los particulares a proyectos
y programas educativos públicos a nivel medio y uni-
versitario serán reconocidas como desgravámenes al
impuesto sobre la renta según la ley respectiva.
Artículo 104. La educación estará a cargo de personas
de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad
académica. El Estado estimulará su actualización per-
manente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio
de la carrera docente, bien sea pública o privada, aten-
diendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de
trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión.
El ingreso, promoción y permanencia en el sistema
educativo, serán establecidos por ley y responderá a
criterios de evaluación de méritos, sin injerencia parti-
dista o de otra naturaleza no académica.

206 207
Artículo 105. La ley determinará las profesiones que
requieren título y las condiciones que deben cumplirse
para ejercerlas, incluyendo la colegiación.
Artículo 106. Toda persona natural o jurídica, pre-
via demostración de su capacidad, cuando cumpla
de manera permanente con los requisitos éticos, aca-
démicos, científicos, económicos, de infraestructura
y los demás que la ley establezca, puede fundar y
mantener instituciones educativas privadas bajo la
estricta inspección y vigilancia del Estado, previa
aceptación de éste.
Artículo 107. La educación ambiental es obligatoria
en los niveles y modalidades del sistema educativo, así
como también en la educación ciudadana no formal.
Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones
públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la en-
señanza de la lengua castellana, la historia y la geogra-
fía de Venezuela, así como los principios del ideario
bolivariano.
Artículo 108. Los medios de comunicación social,
públicos y privados, deben contribuir a la formación
ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de
radio, televisión y redes de bibliotecas y de informá-
tica, con el fin de permitir el acceso universal a la in-
formación. Los centros educativos deben incorporar el
conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías,
de sus innovaciones, según los requisitos que establez-
ca la ley.
Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía uni-
versitaria como principio y jerarquía que permite a los
profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egre-
sadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del
conocimiento a través de la investigación científica,
humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y
material de la Nación. Las universidades autónomas se
darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la ad-
ministración eficiente de su patrimonio bajo el control
y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se
consagra la autonomía universitaria para planificar, or-
ganizar, elaborar y actualizar los programas de inves-
tigación, docencia y extensión. Se establece la invio-
labilidad del recinto universitario. Las universidades
nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de
conformidad con la ley.
Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público
de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la inno-
vación y sus aplicaciones y los servicios de informa-
ción necesarios por ser instrumentos fundamentales
para el desarrollo económico, social y político del país,
así como para la seguridad y soberanía nacional. Para
el fomento y desarrollo de esas actividades, el Esta-

208 209
do destinará recursos suficientes y creará el sistema
nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la
ley. El sector privado deberá aportar recursos para las
mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los
principios éticos y legales que deben regir las activida-
des de investigación científica, humanística y tecnoló-
gica. La ley determinará los modos y medios para dar
cumplimiento a esta garantía.
Artículo 111. Todas las personas tienen derecho al
deporte y a la recreación como actividades que be-
nefician la calidad de vida individual y colectiva. El
Estado asumirá el deporte y la recreación como po-
lítica de educación y salud pública y garantizará los
recursos para su promoción. La educación física y el
deporte cumplen un papel fundamental en la forma-
ción integral de la niñez y adolescencia. Su enseñan-
za es obligatoria en todos los niveles de la educación
pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las
excepciones que establezca la ley. El Estado garan-
tizará la atención integral de los y las deportistas sin
discriminación alguna, así como el apoyo al deporte
de alta competencia y la evaluación y regulación de
las entidades deportivas del sector público y del pri-
vado, de conformidad con la ley.
La ley establecerá incentivos y estímulos a las per-
sonas, instituciones y comunidades que promuevan a
los y las atletas y desarrollen o financien planes, pro-
gramas y actividades deportivas en el país.
Capítulo VII
De los derechos económicos
Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse li-
bremente a la actividad económica de su preferencia,
sin más limitaciones que las previstas en esta Consti-
tución y las que establezcan las leyes, por razones de
desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del
ambiente u otras de interés social. El Estado promo-
verá la iniciativa privada, garantizando la creación y
justa distribución de la riqueza, así como la producción
de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de
la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio,
industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medi-
das para planificar, racionalizar y regular la economía
e impulsar el desarrollo integral del país.
Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran
contrarios a los principios fundamentales de esta Cons-
titución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo
de los y las particulares que tengan por objeto el es-
tablecimiento de un monopolio o que conduzcan, por
sus efectos reales e independientemente de la voluntad
de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que

210 211
fuere la forma que adoptare en la realidad. También es
contrario a dichos principios el abuso de la posición de
dominio que un o una particular, un conjunto de ellos
o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, ad-
quiera o haya adquirido en un determinado mercado de
bienes o de servicios, con independencia de la causa de-
terminante de tal posición de dominio, así como cuan-
do se trate de una demanda concentrada. En todos los
casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas
que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos
y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición
de dominio y de las demandas concentradas, teniendo
como finalidad la protección del público consumidor,
de los productores y productoras, y el aseguramiento de
condiciones efectivas de competencia en la economía.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales
propiedad de la Nación o de la prestación de servicios
de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el
Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determi-
nado, asegurando siempre la existencia de contrapres-
taciones o contrapartidas adecuadas al interés público.
Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el
acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos
conexos, serán penados severamente de acuerdo con
la ley.
Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad.
Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y dis-
posición de sus bienes. La propiedad estará sometida a
las contribuciones, restricciones y obligaciones que es-
tablezca la ley con fines de utilidad pública o de interés
general. Sólo por causa de utilidad pública o interés so-
cial, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa
indemnización, podrá ser declarada la expropiación de
cualquier clase de bienes.
Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán confis-
caciones de bienes sino en los casos permitidos por
esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser
objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los
bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, responsables de delitos cometidos contra
el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan
enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y
los bienes provenientes de las actividades comerciales,
financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico
ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a
disponer de bienes y servicios de calidad, así como
a una información adecuada y no engañosa sobre el
contenido y características de los productos y servicios
que consumen; a la libertad de elección y a un trato
equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos

212 213
necesarios para garantizar esos derechos, las normas de
control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los
procedimientos de defensa del público consumidor, el
resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones
correspondientes por la violación de estos derechos.
Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabaja-
dores y trabajadoras, así como de la comunidad para
desarrollar asociaciones de carácter social y participa-
tivo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales
y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán
desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de
conformidad con la ley. La ley reconocerá las especifi-
cidades de estas organizaciones, en especial, las relati-
vas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carác-
ter generador de beneficios colectivos.
El Estado promoverá y protegerá estas asociacio-
nes destinadas a mejorar la economía popular y al-
ternativa.
Capítulo VIII
De los derechos de los pueblos indígenas
Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de
los pueblos y comunidades indígenas, su organiza-
ción social, política y económica, sus culturas, usos y
costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat
y derechos originarios sobre las tierras que ancestral
y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para
desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corres-
ponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de
los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el dere-
cho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales
serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e
intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta
Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos na-
turales en los hábitats indígenas por parte del Estado se
hará sin lesionar la integridad cultural, social y econó-
mica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa
información y consulta a las comunidades indígenas
respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento
por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta
Constitución y a la ley.
Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a
mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural,
cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sa-
grados y de culto. El Estado fomentará la valoración y
difusión de las manifestaciones culturales de los pue-
blos indígenas, los cuales tienen derecho a una educa-
ción propia y a un régimen educativo de carácter inter-
cultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades
socioculturales, valores y tradiciones.

214 215
una salud integral que considere sus prácticas y cul-
turas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y
las terapias complementarias, con sujeción a principios
bioéticos.
Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho
a mantener y promover sus propias prácticas econó-
micas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el
intercambio; sus actividades productivas tradicionales,
su participación en la economía nacional y a definir
sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho
a servicios de formación profesional y a participar en la
elaboración, ejecución y gestión de programas especí-
ficos de capacitación, servicios de asistencia técnica y
financiera que fortalezcan sus actividades económicas
en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado
garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertene-
cientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos
que confiere la legislación laboral.
Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad in-
telectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e
innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad
relacionada con los recursos genéticos y los conoci-
mientos asociados a los mismos perseguirán beneficios
colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre es-
tos recursos y conocimientos ancestrales.
la participación política. El Estado garantizará la re-
presentación indígena en la Asamblea Nacional y en
los cuerpos deliberantes de las entidades federales y
locales con población indígena, conforme a la ley.
Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de
raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Esta-
do y del pueblo venezolano como único, soberano e in-
divisible. De conformidad con esta Constitución tienen
el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía
nacional.
El término pueblo no podrá interpretarse en esta
Constitución en el sentido que se le da en el derecho
internacional.
Capítulo IX
De los derechos ambientales
Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada gene-
ración proteger y mantener el ambiente en beneficio de
sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene dere-
cho individual y colectivamente a disfrutar de una vida
y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equi-
librado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad
biológica, los recursos genéticos, los procesos ecoló-

216 217
gicos, los parques nacionales y monumentos naturales
y demás áreas de especial importancia ecológica. El
genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la
ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la
materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la
activa participación de la sociedad, garantizar que la
población se desenvuelva en un ambiente libre de con-
taminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las cos-
tas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean
especialmente protegidos, de conformidad con la ley.
Artículo 128. El Estado desarrollará una política de or-
denación del territorio atendiendo a las realidades eco-
lógicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales,
económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del
desarrollo sustentable, que incluya la información, con-
sulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desa-
rrollará los principios y criterios para este ordenamiento.
Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de ge-
nerar daños a los ecosistemas deben ser previamente
acompañadas de estudios de impacto ambiental y so-
ciocultural. El Estado impedirá la entrada al país de de-
sechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y
uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley
especial regulará el uso, manejo, transporte y almacena-
miento de las sustancias tóxicas y peligrosas.
En los contratos que la República celebre con per-
sonas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
o en los permisos que se otorguen, que afecten los
recursos naturales, se considerará incluida aun cuan-
do no estuviere expresa, la obligación de conservar el
equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecno-
logía y la transferencia de la misma en condiciones
mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente
a su estado natural si éste resultare alterado, en los
términos que fije la ley.
Capítulo X
De los deberes
Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el
deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y,
valores culturales; resguardar y proteger la soberanía,
la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeter-
minación y los intereses de la Nación.
Artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir
y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos
que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del
Poder Público.
Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir
sus responsabilidades sociales y participar solidaria-

218 219
mente en la vida política, civil y comunitaria del país,
promoviendo y defendiendo los derechos humanos
como fundamento de la convivencia democrática y de
la paz social.
Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyu-
var a los gastos públicos mediante el pago de impues-
tos, tasas y contribuciones que establezca la ley.
Artículo 134. Toda persona, de conformidad con la ley,
tiene el deber de prestar los servicios civil o militar
necesarios para la defensa, preservación y desarrollo
del país, o para hacer frente a situaciones de calami-
dad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento
forzoso.
Toda persona tiene el deber de prestar servicios en
las funciones electorales que se le asignen de confor-
midad con la ley.
Artículo 135. Las obligaciones que correspondan al
Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en
cumplimiento de los fines del bienestar social general,
no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y res-
ponsabilidad social y asistencia humanitaria, corres-
pondan a los o a las particulares según su capacidad.
La ley proveerá lo conducente para imponer el
cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que
fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cual-
quier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la
comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que
determine la ley.
TÍTULO IV
DEL PODER PÚBLICO
Capítulo I
De las disposiciones fundamentales
Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el
Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional.
El Poder Público Nacional se divide en Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus
funciones propias, pero los órganos a los que incumbe
su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los
fines del Estado.
Artículo 137. Esta Constitución y la ley definen las
atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Pú-
blico, a las cuales deben sujetarse las actividades que
realicen.
Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y
sus actos son nulos.

220 221
Artículo 139. El ejercicio del Poder Público acarrea
responsabilidad individual por abuso o desviación de
poder o por violación de esta Constitución o de la ley.
Artículo 140. El Estado responderá patrimonialmente
por los daños que sufran los o las particulares en cual-
quiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión
sea imputable al funcionamiento de la administración
pública.
Sección segunda: de la administración pública
Artículo 141. La Administración Pública está al servi-
cio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en
los principios de honestidad, participación, celeridad,
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas
y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,
con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Artículo 142. Los institutos autónomos sólo podrán
crearse por ley. Tales instituciones, así como los intere-
ses públicos en corporaciones o entidades de cualquier
naturaleza, estarán sujetos al control del Estado, en la
forma que la ley establezca.
Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen de-
recho a ser informados e informadas oportuna y veraz-
mente por laAdministración Pública, sobre el estado de
las actuaciones en que estén directamente interesados e
interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que
se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso
a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio
de los límites aceptables dentro de una sociedad de-
mocrática en materias relativas a seguridad interior y
exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la
vida privada, de conformidad con la ley que regule la
materia de clasificación de documentos de contenido
confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna
a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que
informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Sección tercera: de la función pública
Artículo 144. La ley establecerá el Estatuto de la fun-
ción pública mediante normas sobre el ingreso, ascen-
so, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o
funcionarias de la Administración Pública, y proveerá
su incorporación a la seguridad social.
La ley determinará las funciones y requisitos que
deben cumplir los funcionarios públicos y funcionarias
públicas para ejercer sus cargos.
Artículo 145. Los funcionarios públicos y funciona-
rias públicas están al servicio del Estado y no de par-
cialidad alguna. Su nombramiento o remoción no po-

222 223
drán estar determinados por la afiliación u orientación
política. quien esté al servicio de los Municipios, de
los Estados, de la República y demás personas jurídi-
cas de derecho público o de derecho privado estatales,
no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por
sí ni por interpósita persona, ni en representación de
otro u otra, salvo las excepciones que establezca la
ley.
Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Admi-
nistración Pública son de carrera. Se exceptúan los
de elección popular, los de libre nombramiento y re-
moción, los contratados y contratadas, los obreros y
obreras al servicio de la Administración Pública y los
demás que determine la ley.
El ingreso de los funcionarios públicos y las funcio-
narias públicas a los cargos de carrera será por concur-
so público, fundamentado en principios de honestidad,
idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a
métodos científicos basados en el sistema de méritos,
y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con
su desempeño.
Artículo 147. Para la ocupación de cargos públicos de
carácter remunerado es necesario que sus respectivos
emolumentos estén previstos en el presupuesto corres-
pondiente.
Las escalas de salarios en laAdministración Pública
se establecerán reglamentariamente conforme a la ley.
La ley orgánica podrá establecer límites razonables
a los emolumentos que devenguen los funcionarios pú-
blicos y funcionarias públicas municipales, estadales y
nacionales.
La ley nacional establecerá el régimen de las ju-
bilaciones y pensiones de los funcionarios públicos
y funcionarias públicas nacionales, estadales y mu-
nicipales.
Artículo 148. Nadie podrá desempeñar a la vez más
de un destino público remunerado, a menos que se
trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales
o docentes que determine la ley. La aceptación de un
segundo destino que no sea de los exceptuados en este
artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando
se trate de suplentes, mientras no reemplacen definiti-
vamente al principal.
Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pen-
sión, salvo los casos expresamente determinados en
la ley.
Artículo 149. Los funcionarios públicos y funcionarias
públicas no podrán aceptar cargos, honores o recom-
pensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de
la Asamblea Nacional.

224 225
Sección cuarta: de los contratos
de interés público
Artículo 150. La celebración de los contratos de interés
público nacional requerirá la aprobación de la Asam-
blea Nacional en los casos que determine la ley.
No podrá celebrarse contrato alguno de interés pú-
blico municipal, estadal o nacional con Estados o en-
tidades oficiales extranjeras o con sociedades no do-
miciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la
aprobación de la Asamblea Nacional.
La ley podrá exigir en los contratos de interés públi-
co determinadas condiciones de nacionalidad, domici-
lio o de otro orden, o requerir especiales garantías.
Artículo 151. En los contratos de interés público, si no
fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los
mismos, se considerará incorporada, aun cuando no es-
tuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y
controversias que puedan suscitarse sobre dichos con-
tratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los tri-
bunales competentes de la República, de conformidad
con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa pue-
dan dar origen a reclamaciones extranjeras.
Sección quinta: de las relaciones internacionales
Artículo 152. Las relaciones internacionales de la Re-
pública responden a los fines del Estado en función del
ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo;
ellas se rigen por los principios de independencia, igual-
dad entre los Estados, libre determinación y no inter-
vención en sus asuntos internos, solución pacífica de los
conflictos internacionales, cooperación, respeto a los
derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la
lucha por su emancipación y el bienestar de la humani-
dad. La República mantendrá la más firme y decidida
defensa de estos principios y de la práctica democrática
en todos los organismos e instituciones internacionales.
Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la
integración latinoamericana y caribeña, en aras de avan-
zar hacia la creación de una comunidad de naciones,
defendiendo los intereses económicos, sociales, cultu-
rales, políticos y ambientales de la región. La República
podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen
y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo co-
mún de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar
de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitan-
tes. Para estos fines, la República podrá atribuir a orga-
nizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejer-
cicio de las competencias necesarias para llevar a cabo
estos procesos de integración. Dentro de las políticas

226 227
de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe,
la República privilegiará relaciones con Iberoaméri-
ca, procurando sea una política común de toda nuestra
América Latina. Las normas que se adopten en el marco
de los acuerdos de integración serán consideradas parte
integrante del ordenamiento legal vigente y de aplica-
ción directa y preferente a la legislación interna.
Artículo 154. Los tratados celebrados por la República
deben ser aprobados por laAsamblea Nacional antes de
su ratificación por el Presidente o Presidenta de la Re-
pública, a excepción de aquellos mediante los cuales se
trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexis-
tentes de la República, aplicar principios expresamente
reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las
relaciones internacionales o ejercer facultades que la
ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.
Artículo 155. En los tratados, convenios y acuerdos
internacionales que la República celebre, se insertará
una cláusula por la cual las partes se obliguen a resol-
ver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho
internacional o previamente convenidas por ellas, si
tal fuere el caso, las controversias que pudieren sus-
citarse entre las mismas con motivo de su interpre-
tación o ejecución si no fuere improcedente y así lo
permita el procedimiento que deba seguirse para su
celebración.
Capítulo II
De la competencia del Poder Público Nacional
Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público
Nacional:
1. LapolíticaylaactuacióninternacionaldelaRepública.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses ge-
nerales de la República, la conservación de la paz
pública y la recta aplicación de la ley en todo el
territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, conde-
coraciones y honores de carácter nacional.
4. La naturalización, la admisión, la extradición y ex-
pulsión de extranjeros o extranjeras.
5. Los servicios de identificación.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada
Nacional.
9. El régimen de la administración de riesgos y emer-
gencias.
10. La organización y régimen del Distrito Capital y de
las dependencias federales.

228 229
11. La regulación de la banca central, del sistema mo-
netario, del régimen cambiario, del sistema finan-
ciero y del mercado de capitales; la emisión y acu-
ñación de moneda.
12. La creación, organización, recaudación, administra-
ción y control de los impuestos sobre la renta, sobre
sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el
capital, la producción, el valor agregado, los hidro-
carburos y minas; de los gravámenes a la importa-
ción y exportación de bienes y servicios; de los im-
puestos que recaigan sobre el consumo de licores,
alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos
y demás manufacturas del tabaco; y de los demás
impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Esta-
dos y Municipios por esta Constitución o por la ley.
13. La legislación para garantizar la coordinación y
armonización de las distintas potestades tributa-
rias; para definir principios, parámetros y limita-
ciones, especialmente para la determinación de
los tipos impositivos o alícuotas de los tributos
estadales y municipales; así como para crear fon-
dos específicos que aseguren la solidaridad inter-
territorial.
14. La creación y organización de impuestos territo-
riales o sobre predios rurales y sobre transacciones
inmobiliarias, cuya recaudación y control corres-
ponda a los Municipios, de conformidad con esta
Constitución.
15. El régimen del comercio exterior y la organización
y régimen de las aduanas.
16. El régimen y administración de las minas e hi-
drocarburos; el régimen de las tierras baldías; y la
conservación, fomento y aprovechamiento de los
bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales
del país.
El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesio-
nes mineras por tiempo indefinido.
La ley establecerá un sistema de asignaciones eco-
nómicas especiales en beneficio de los Estados en
cuyo territorio se encuentren situados los bienes
que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de
que también puedan establecerse asignaciones es-
peciales en beneficio de otros Estados.
17. Elrégimendemetrologíalegalycontroldecalidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y unificación de
normas y procedimientos técnicos para obras de
ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la
legislación sobre ordenación urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.

230 231
21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fis-
cales de la República.
22. El régimen y organización del sistema de seguri-
dad social.
23. Las políticas nacionales y la legislación en mate-
ria naviera, de sanidad, vivienda, seguridad ali-
mentaria, ambiente, aguas, turismo y ordenación
del territorio.
24. Las políticas y los servicios nacionales de educa-
ción y salud.
25. Las políticas nacionales para la producción agríco-
la, ganadera, pesquera y forestal.
26. El régimen de la navegación y del transpor-
te aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y la-
custre, de carácter nacional; de los puer-
tos, aeropuertos y su infraestructura.
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de las teleco-
municaciones, así como el régimen y la administra-
ción del espectro electromagnético.
29. El régimen general de los servicios públicos do-
miciliarios y, en especial, electricidad, agua pota-
ble y gas.
30. El manejo de la política de fronteras con una vi-
sión integral del país, que permita la presencia de
la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la
soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración nacional de la justicia,
del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos, deberes y
garantías constitucionales; la civil, mercantil, pe-
nal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho
internacional privado; la de elecciones; la de ex-
propiación por causa de utilidad pública o social;
la de crédito público; la de propiedad intelectual,
artística e industrial; la del patrimonio cultural y
arqueológico; la agraria; la de inmigración y pobla-
miento; la de pueblos indígenas y territorios ocupa-
dos por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad
sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de nota-
rías y registro público; la de bancos y la de seguros;
la de loterías, hipódromos y apuestas en general;
la de organización y funcionamiento de los órga-
nos del Poder Público Nacional y demás órganos e
instituciones nacionales del Estado; y la relativa a
todas las materias de la competencia nacional.
33. Toda otra materia que la presente Constitución atri-
buya al Poder Público Nacional, o que le corres-
ponda por su índole o naturaleza.

232 233
Artículo 157. La Asamblea Nacional, por mayoría de
sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los
Estados determinadas materias de la competencia na-
cional, a fin de promover la descentralización.
Artículo 158. La descentralización, como política na-
cional, debe profundizar la democracia, acercando el
poder a la población y creando las mejores condiciones,
tanto para el ejercicio de la democracia como para la
prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.
Capítulo III
Del Poder Público Estadal
Artículo 159. Los Estados son entidades autónomas e
iguales en lo político, con personalidad jurídica plena,
y quedan obligados a mantener la independencia, sobe-
ranía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir
esta Constitución y las leyes de la República.
Artículo 160. El gobierno y administración de cada
Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora.
Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser ve-
nezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de
estado seglar.
El Gobernador o Gobernadora será elegido o ele-
gida por un período de cuatro años por mayoría de las
personas que voten. El Gobernador o Gobernadora po-
drá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una
sola vez, para un nuevo período.
(Ver Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009)
Artículo 161. Los Gobernadores o Gobernadoras ren-
dirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante
el Contralor o Contralora del Estado y presentarán un
informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el
Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas
Públicas.
Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada
Estado por un Consejo Legislativo conformado por
un número no mayor de quince ni menor de siete inte-
grantes, quienes proporcionalmente representarán a la
población del Estado y de los Municipios. El Consejo
Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:
1. Legislarsobrelasmateriasdelacompetenciaestadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las demás que establezcan esta Constitución y la
ley.
Los requisitos para ser integrante del Consejo Le-
gislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y
la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán
por las normas que esta Constitución establece para

234 235
los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en
cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legisla-
doras estadales serán elegidos o elegidas por un perío-
do de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas
por dos períodos consecutivos como máximo. La ley
nacional regulará el régimen de la organización y el
funcionamiento del Consejo Legislativo.
Artículo 163. Cada Estado tendrá una Contraloría que
gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contra-
loría del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución
y a la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de
los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo
del alcance de las funciones de la Contraloría General
de la República. Dicho órgano actuará bajo la direc-
ción y responsabilidad de un Contralor o Contralora,
cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán de-
terminadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad
e independencia, así como la neutralidad en su desig-
nación, que será mediante concurso público.
Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los
estados:
1. Dictar su Constitución para organizar los poderes
públicos, de conformidad con lo dispuesto en esta
Constitución.
2. La organización de sus Municipios y demás entida-
des locales y su división politicoterritorial, confor-
me a esta Constitución y a la ley.
3. La administración de sus bienes y la inversión y
administración de sus recursos, incluso de los pro-
venientes de transferencias, subvenciones o asigna-
ciones especiales del Poder Nacional, así como de
aquellos que se les asignen como participación en
los tributos nacionales.
4. La organización, recaudación, control y adminis-
tración de los ramos tributarios propios, según las
disposiciones de las leyes nacionales y estadales.
5. El régimen y aprovechamiento de minerales no me-
tálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas
y ostrales y la administración de las tierras baldías
en su jurisdicción, de conformidad con la ley.
6. La organización de la policía y la determinación de
las ramas de este servicio atribuidas a la competen-
cia municipal, conforme a la legislación nacional
aplicable.
7. La creación, organización, recaudación, control y
administración de los ramos de papel sellado, tim-
bres y estampillas.

236 237
8. La creación, régimen y organización de los servi-
cios públicos estadales.
9. La ejecución, conservación, administración y apro-
vechamiento de las vías terrestres estadales.
10. La conservación, administración y aprovechamien-
to de carreteras y autopistas nacionales, así como
de puertos y aeropuertos de uso comercial, en co-
ordinación con el Ejecutivo Nacional.
11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con
esta Constitución, a la competencia nacional o mu-
nicipal.
Artículo 165. Las materias objeto de competencias
concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases
dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarro-
llo aprobadas por los Estados. Esta legislación estará
orientada por los principios de la interdependencia,
coordinación, cooperación, corresponsabilidad y sub-
sidiariedad.
Los Estados descentralizarán y transferirán a los
Municipios los servicios y competencias que gestionen
y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la
administración de los respectivos recursos, dentro de las
áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles
del Poder Público. Los mecanismos de transferencia es-
tarán regulados por el ordenamiento jurídico estadal.
Artículo 166. En cada Estado se creará un Consejo de
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas,
presidido por el Gobernador o Gobernadora e integra-
do por los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o direc-
toras estadales de los ministerios; y una representación
de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por
el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legis-
lativo, de los concejales o concejalas y de las comu-
nidades organizadas, incluyendo las indígenas donde
las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de
acuerdo con lo que determine la ley.
Artículo 167. Son ingresos de los Estados:
1. Los procedentes de su patrimonio y de la adminis-
tración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, mul-
tas y sanciones, y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta
de especies fiscales.
4. Los recursos que les correspondan por concepto
de situado constitucional. El situado es una partida
equivalente a un máximo del veinte por ciento del
total de los ingresos ordinarios estimados anual-
mente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá
entre los Estados y el Distrito Capital en la forma
siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje

238 239
por partes iguales, y el setenta por ciento restante
en proporción a la población de cada una de dichas
entidades.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la
inversión un mínimo del cincuenta por ciento del
monto que les corresponda por concepto de situado.
A los Municipios de cada Estado les corresponderá,
en cada ejercicio fiscal, una participación no menor
del veinte por ciento del situado y de los demás in-
gresos ordinarios del respectivo Estado.
En caso de variaciones de los ingresos del Fisco
Nacional que impongan una modificación del Pre-
supuesto Nacional, se efectuará un reajuste propor-
cional del situado.
La ley establecerá los principios, normas y procedi-
mientos que propendan a garantizar el uso correcto
y eficiente de los recursos provenientes del situado
constitucional y de la participación municipal en el
mismo.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones espe-
ciales que se les asignen por ley nacional, con el fin
de promover el desarrollo de las haciendas públicas
estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios
a favor de los Estados podrán compensar dichas
asignaciones con modificaciones de los ramos de
ingresos señalados en este artículo, a fin de pre-
servar la equidad interterritorial. El porcentaje del
ingreso nacional ordinario estimado que se destine
al situado constitucional, no será menor al quince
por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo
cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibili-
dad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin
menoscabo de la capacidad de las administraciones
estadales para atender adecuadamente los servicios
de su competencia.
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensa-
ción Interterritorial y de cualquier otra transferen-
cia, subvención o asignación especial, así como de
aquellos que se les asignen como participación en
los tributos nacionales, de conformidad con la res-
pectiva ley.
Capítulo IV
Del Poder Público Municipal
Artículo 168. Los Municipios constituyen la unidad
política primaria de la organización nacional, gozan de
personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites
de esta Constitución y de la ley. La autonomía munici-
pal comprende:
1. La elección de sus autoridades.

240 241
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus
ingresos.
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus
competencias se cumplirán incorporando la participa-
ción ciudadana al proceso de definición y ejecución de
la gestión pública y al control y evaluación de sus re-
sultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, con-
forme a la ley.
Los actos de los Municipios no podrán ser impug-
nados sino ante los tribunales competentes, de confor-
midad con esta Constitución y con la ley.
Artículo 169. La organización de los Municipios y de-
más entidades locales se regirá por esta Constitución,
por las normas que para desarrollar los principios cons-
titucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales,
y por las disposiciones legales que de conformidad con
aquellas dicten los Estados.
La legislación que se dicte para desarrollar los prin-
cipios constitucionales relativos a los Municipios y de-
más entidades locales, establecerá diferentes regíme-
nes para su organización, gobierno y administración,
incluso en lo que respecta a la determinación de sus
competencias y recursos, atendiendo a las condiciones
de población, desarrollo económico, capacidad para
generar ingresos fiscales propios, situación geográfi-
ca, elementos históricos y culturales y otros factores
relevantes. En particular, dicha legislación establecerá
las opciones para la organización del régimen de go-
bierno y administración local que corresponderá a los
Municipios con población indígena. En todo caso, la
organización municipal será democrática y responderá
a la naturaleza propia del gobierno local.
Artículo 170. Los Municipios podrán asociarse en
mancomunidades o acordar entre sí o con los demás
entes públicos territoriales, la creación de modalida-
des asociativas intergubernamentales para fines de in-
terés público relativos a materias de su competencia.
Por ley se determinarán las normas concernientes a
la agrupación de dos o más Municipios en distritos
metropolitanos.
Artículo 171. Cuando dos o más Municipios pertene-
cientes a una misma entidad federal tengan relaciones
económicas, sociales y físicas que den al conjunto ca-
racterísticas de un área metropolitana, podrán organi-
zarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica
que al efecto se dicte garantizará el carácter democrá-
tico y participativo del gobierno metropolitano y esta-
blecerá sus competencias funcionales, así como el régi-
men fiscal, financiero y de control. También asegurará
que en los órganos de gobierno metropolitano tengan

242 243
adecuada participación los respectivos Municipios, y
señalará la forma de convocar y realizar las consultas
populares que decidan la vinculación de estos últimos
al distrito metropolitano.
La ley podrá establecer diferentes regímenes para
la organización, gobierno y administración de los dis-
tritos metropolitanos atendiendo a las condiciones de
población, desarrollo económico y social, situación
geográfica y otros factores de importancia. En todo
caso, la atribución de competencias para cada distrito
metropolitano tendrá en cuenta esas condiciones.
Artículo 172. El Consejo Legislativo, previo pronun-
ciamiento favorable mediante consulta popular de la
población afectada, definirá los límites del distrito
metropolitano y lo organizará según lo establecido
en la ley orgánica nacional, determinando cuáles de
las competencias metropolitanas serán asumidas por
los órganos de gobierno del respectivo distrito me-
tropolitano.
Cuando los Municipios que deseen constituirse en
un distrito metropolitano pertenezcan a entidades fede-
rales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional
su creación y organización.
Artículo 173. El Municipio podrá crear parroquias
conforme a las condiciones que determine la ley. La
legislación que se dicte para desarrollar los principios
constitucionales sobre régimen municipal establecerá
los supuestos y condiciones para la creación de otras
entidades locales dentro del territorio municipal, así
como los recursos de que dispondrán, concatenados a
las funciones que se les asignen, incluso su participa-
ción en los ingresos propios del Municipio. Su creación
atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el
objeto de promover la desconcentración de la adminis-
tración del Municipio, la participación ciudadana y la
mejor prestación de los servicios públicos. En ningún
caso las parroquias serán asumidas como divisiones
exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio.
Artículo 174. El gobierno y la administración del Mu-
nicipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien
será también la primera autoridad civil. Para ser Al-
calde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o vene-
zolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.
El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un
período de cuatro años por mayoría de las personas que
votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y
por una sola vez, para un nuevo período.
Artículo 175. La función legislativa del Municipio co-
rresponde al Concejo, integrado por concejales elegi-
dos o concejalas elegidas en la forma establecida en

244 245
esta Constitución, en el número y condiciones de ele-
gibilidad que determine la ley.
Artículo 176. Corresponde a la Contraloría Municipal
el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos,
gastos y bienes municipales, así como las operaciones
relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de
las atribuciones de la Contraloría General de la Re-
pública, y será dirigida por el Contralor o Contralora
Municipal, designado o designada por el Concejo me-
diante concurso público que garantice la idoneidad y
capacidad de quien sea designado o designada para
el cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas
por la ley.
Artículo 177. La ley nacional podrá establecer prin-
cipios, condiciones y requisitos de residencia, prohi-
biciones, causales de inhibición e incompatibilidades
para la postulación y ejercicio de las funciones de Al-
caldes o Alcaldesas y concejales o concejalas.
Artículo 178. Son de la competencia del Municipio el
gobierno y administración de sus intereses y la ges-
tión de las materias que le asignen esta Constitución
y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida
local, en especial la ordenación y promoción del desa-
rrollo económico y social, la dotación y prestación de
los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la
política referente a la materia inquilinaria con criterios
de equidad, justicia y contenido de interés social, de
conformidad con la delegación prevista en la ley que
rige la materia, la promoción de la participación, y el
mejoramiento, en general, de las condiciones de vida
de la comunidad, en las siguientes áreas:
1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio
histórico; vivienda de interés social; turismo local;
parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios
de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y or-
nato público.
2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del trán-
sito de vehículos y personas en las vías municipales;
servicios de transporte público urbano de pasajeros
y pasajeras.
3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en
cuanto concierne a los intereses y fines específicos
municipales.
4. Protección del ambiente y cooperación con el sa-
neamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario,
comprendidos los servicios de limpieza, de recolec-
ción y tratamiento de residuos y protección civil.
5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios
de protección a la primera y segunda infancia, a la
adolescencia y a la tercera edad; educación prees-
colar, servicios de integración familiar de la per-

246 247
sona con discapacidad al desarrollo comunitario,
actividades e instalaciones culturales y deportivas;
servicios de prevención y protección, vigilancia y
control de los bienes y las actividades relativas a las
materias de la competencia municipal.
6. Servicio de agua potable, electricidad y gas domés-
tico; alcantarillado, canalización y disposición de
aguas servidas; cementerios y servicios funerarios.
7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y
servicios de policía municipal, conforme a la legis-
lación nacional aplicable.
8. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la
ley.
Las actuaciones que corresponden al Municipio en
la materia de su competencia no menoscaban las com-
petencias nacionales o estadales que se definan en la
ley conforme a esta Constitución.
Artículo 179. Los Municipios tendrán los siguientes
ingresos:
1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el pro-
ducto de sus ejidos y bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las
tasas administrativas por licencias o autorizaciones;
los impuestos sobre actividades económicas de in-
dustria, comercio, servicios, o de índole similar, con
las limitaciones establecidas en esta Constitución;
los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos,
espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas,
propaganda y publicidad comercial; y la contribu-
ción especial sobre plusvalías de las propiedades
generadas por cambios de uso o de intensidad de
aprovechamiento con que se vean favorecidas por
los planes de ordenación urbanística.
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales,
la participación en la contribución por mejoras y
otros ramos tributarios nacionales o estadales, con-
forme a las leyes de creación de dichos tributos.
4. Los derivados del situado constitucional y otras trans-
ferencias o subvenciones nacionales o estadales.
5. El producto de las multas y sanciones en el ámbi-
to de sus competencias y las demás que les sean
atribuidas.
6. Los demás que determine la ley.
Artículo 180. La potestad tributaria que corresponde a
los Municipios es distinta y autónoma de las potestades
reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan
al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas mate-
rias o actividades.

248 249
Las inmunidades frente a la potestad impositiva de
los Municipios, a favor de los demás entes politicoterri-
toriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales
creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros con-
tratistas de la Administración Nacional o de los Estados.
Artículo 181. Los ejidos son inalienables e imprescrip-
tibles. Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de
las formalidades previstas en las ordenanzas municipa-
les y en los supuestos que las mismas señalen, confor-
me a esta Constitución y a la legislación que se dicte
para desarrollar sus principios.
Los terrenos situados dentro del área urbana de las
poblaciones del Municipio, carentes de dueño o dueña,
son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de ter-
ceros, válidamente constituidos. Igualmente, se constitu-
yen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urba-
na. Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a
las comunidades y pueblos indígenas. La ley establecerá
la conversión en ejidos de otras tierras públicas.
Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planifica-
ción Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e in-
tegrado por los concejales y concejalas, los Presidentes
o Presidentas de las juntas parroquiales y representan-
tes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad
organizada, de conformidad con las disposiciones que
establezca la ley.
Artículo 183. Los Estados y los Municipios no podrán:
1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de ex-
portación o de tránsito sobre bienes nacionales o
extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas
de la competencia nacional.
2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en
circulación dentro de su territorio.
3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de
su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los
producidos en él.
Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la
agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en
la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley
nacional.
Artículo184. Laleycrearámecanismosabiertosyflexi-
blesparaquelosEstadosylosMunicipiosdescentralicen
y transfieran a las comunidades y grupos vecinales orga-
nizados los servicios que éstos gestionen previa demos-
tración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud,
educación, vivienda, deporte, cultura, programas
sociales, ambiente, mantenimiento de áreas indus-
triales, mantenimiento y conservación de áreas ur-
banas, prevención y protección vecinal, construc-

250 251
ción de obras y prestación de servicios públicos.
A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos
contenidos estarán orientados por los principios de
interdependencia, coordinación, cooperación y co-
rresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y de ciudada-
nos o ciudadanas, a través de las asociaciones veci-
nales y organizaciones no gubernamentales, en la
formulación de propuestas de inversión ante las au-
toridades estadales y municipales encargadas de la
elaboración de los respectivos planes de inversión,
así como en la ejecución, evaluación y control de
obras, programas sociales y servicios públicos en su
jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos esti-
mulando las expresiones de la economía social, ta-
les como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y
otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores o trabajadoras
y comunidades en la gestión de las empresas pú-
blicas mediante mecanismos autogestionarios y co-
gestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y
empresas comunales de servicios, como fuentes
generadoras de empleo y de bienestar social, pro-
pendiendo a su permanencia mediante el diseño
de políticas en las cuales aquellas tengan partici-
pación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización
a nivel de las parroquias, las comunidades, los ba-
rrios y las vecindades a los fines de garantizar el
principio de la corresponsabilidad en la gestión pú-
blica de los gobiernos locales y estadales y desarro-
llar procesos autogestionarios y cogestionarios en
la administración y control de los servicios públicos
estadales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades
de acercamiento a los establecimientos penales y de
vinculación de éstos con la población.
Capítulo V
Del Consejo Federal de Gobierno
Artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el ór-
gano encargado de la planificación y coordinación de
políticas y acciones para el desarrollo del proceso de
descentralización y transferencia de competencias del
Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará pre-
sidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresiden-
ta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras,

252 253
los Gobernadores o Gobernadoras, un Alcalde o Alcal-
desa por cada Estado y representantes de la sociedad
organizada, de acuerdo con la ley.
El Consejo Federal de Gobierno contará con una
Secretaría, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo
o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras,
tres Gobernadores o Gobernadoras y tres Alcaldes o
Alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno depen-
derá el Fondo de Compensación Interterritorial, des-
tinado al financiamiento de inversiones públicas para
promover el desarrollo equilibrado de las regiones,
la cooperación y complementación de las políticas e
iniciativas de desarrollo de las distintas entidades pú-
blicas territoriales, y a apoyar especialmente la dota-
ción de obras y servicios esenciales en las regiones y
comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo
Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios re-
gionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos
que se destinarán al Fondo de Compensación Interte-
rritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales
se aplicarán dichos recursos.
TÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN
DEL PODER PÚBLICO NACIONAL
Capítulo I
Del Poder Legislativo Nacional
Artículo 186. La Asamblea Nacional estará inte-
grada por diputados y diputadas elegidos o elegi-
das en cada entidad federal por votación univer-
sal, directa, personalizada y secreta con represen-
tación proporcional, según una base poblacional
del uno coma uno por ciento de la población total
del país.
Cada entidad federal elegirá, además, tres diputa-
dos o diputadas.
Los pueblos indígenas de la República Bolivaria-
na de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de
acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetan-
do sus tradiciones y costumbres.
Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una
suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

254 255
Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional
y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del
Poder Nacional.
2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución,
en los términos establecidos en ésta.
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la
Administración Pública Nacional, en los términos
consagrados en esta Constitución y en la ley. Los
elementos comprobatorios obtenidos en el ejerci-
cio de esta función, tendrán valor probatorio, en las
condiciones que la ley establezca.
4. Organizar y promover la participación ciudadana en
los asuntos de su competencia.
5. Decretar amnistías.
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo
proyecto de ley concerniente al régimen tributario y
al crédito público.
7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo
económico y social de la Nación, que serán pre-
sentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso
del tercer trimestre del primer año de cada período
constitucional.
9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar con-
tratos de interés nacional, en los casos establecidos
en la ley. Autorizar los contratos de interés público
municipal, estadal o nacional con Estados o entida-
des oficiales extranjeros o con sociedades no domi-
ciliadas en Venezuela.
10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Minis-
tras. La moción de censura sólo podrá ser discutida
dos días después de presentada a la Asamblea, la
cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los
diputados o diputadas, que el voto de censura im-
plica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezo-
lanas en el exterior o extranjeras en el país.
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bie-
nes inmuebles del dominio privado de la Nación,
con las excepciones que establezca la ley.
13. Autorizar a los funcionarios públicos o funciona-
rias públicas para aceptar cargos, honores o recom-
pensas de gobiernos extranjeros.
14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Pro-
curadora General de la República y de los Jefes o
Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.

256 257
15. Acordar los honores del Panteón Nacional a vene-
zolanos y venezolanas ilustres que hayan presta-
do servicios eminentes a la República, después de
transcurridos veinticinco años de su fallecimiento.
Esta decisión podrá tomarse por recomendación
del Presidente o Presidenta de la República, de las
dos terceras partes de los Gobernadores o Gober-
nadoras de Estado o de los rectores o rectoras de
las Universidades Nacionales en pleno.
16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados.
17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la
República del territorio nacional cuando su ausen-
cia se prolongue por un lapso superior a cinco días
consecutivos.
18. Aprobar por ley los tratados o convenios interna-
cionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo
las excepciones consagradas en esta Constitución.
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en
él se establezcan.
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia.
La separación temporal de un diputado o diputada
sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras
partes de los diputados y las diputadas presentes.
21. Organizar su servicio de seguridad interna.
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, to-
mando en cuenta las limitaciones financieras del
país.
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su fun-
cionamiento y organización administrativa.
24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la
ley.
Artículo 188. Las condiciones para ser elegido o ele-
gida diputado o diputada a la Asamblea Nacional son:
1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento, o por
naturalización con, por lo menos, quince años de
residencia en territorio venezolano.
2. Ser mayor de veintiún años de edad.
3. Haber residido cuatro años consecutivos en la enti-
dadcorrespondienteantesdelafechadelaelección.
Artículo 189. No podrán ser elegidos o elegidas dipu-
tados o diputadas:
1. El Presidente o Presidenta de la República, el Vice-
presidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los
Ministros o Ministras, el Secretario o Secretaria de
la Presidencia de la República y los Presidentes o
Presidentas y Directores o Directoras de los institu-
tos autónomos y empresas del Estado, hasta tres me-
ses después de la separación absoluta de sus cargos.

258 259
2. Los Gobernadores o Gobernadoras y Secretarios o
Secretarias de gobierno, de los Estados y autorida-
des de similar jerarquía del Distrito Capital, hasta
tres meses después de la separación absoluta de sus
cargos.
3. Los funcionarios o funcionarias municipales, es-
tadales o nacionales, de institutos autónomos o
empresas del Estado, cuando la elección tenga lu-
gar en la jurisdicción en la cual actúa, salvo si se
trata de un cargo accidental, asistencial, docente
o académico.
La ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad
de otros funcionarios o funcionarias.
Artículo 190. Los diputados o diputadas a la Asamblea
Nacional no podrán ser propietarios o propietarias, ad-
ministradores o administradoras o directores o directo-
ras de empresas que contraten con personas jurídicas
estatales, ni podrán gestionar causas particulares de
interés lucrativo con las mismas. Durante la votación
sobre causas en las cuales surjan conflictos de intere-
ses económicos, los o las integrantes de la Asamblea
Nacional, que estén involucrados o involucradas en di-
chos conflictos, deberán abstenerse.
Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos
sin perder su investidura, salvo en actividades docen-
tes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre
que no supongan dedicación exclusiva.
Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus fun-
ciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos
períodos consecutivos como máximo.
Sección segunda: de la organización
de la Asamblea Nacional
Artículo 193. La Asamblea Nacional nombrará Co-
misiones Permanentes, ordinarias y especiales. Las
Comisiones Permanentes, en un número no mayor de
quince, estarán referidas a los sectores de actividad
nacional. Igualmente, podrá crear Comisiones con ca-
rácter temporal para investigación y estudio, todo ello
de conformidad con su reglamento. La Asamblea Na-
cional podrá crear o suprimir Comisiones Permanentes
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus
integrantes.
Artículo 194. La Asamblea Nacional elegirá de su seno
un Presidente o Presidenta y dos Vicepresidentes o Vi-
cepresidentas, un Secretario o Secretaria y un Subse-
cretario o Subsecretaria fuera de su seno, por un perío-

260 261
do de un año. El reglamento establecerá las formas de
suplir las faltas temporales y absolutas.
Artículo 195. Durante el receso de la Asamblea fun-
cionará la Comisión Delegada integrada por el Presi-
dente o Presidenta, los Vicepresidentes o Vicepresi-
dentas y los Presidentes o Presidentas de las Comisio-
nes Permanentes.
Artículo196.SonatribucionesdelaComisiónDelegada:
1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraor-
dinarias, cuando así lo exija la importancia de algún
asunto.
2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la República
para salir del territorio nacional.
3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar crédi-
tos adicionales.
4. Designar Comisiones temporales integradas por
miembros de la Asamblea.
5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a
la Asamblea.
6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favora-
ble de las dos terceras partes de sus integrantes para
crear, modificar o suspender servicios públicos en
caso de urgencia comprobada.
ley.
Sección tercera: de los diputados
y diputadas a la Asamblea Nacional
Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asam-
blea Nacional están obligados u obligadas a cumplir
sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los
intereses del pueblo y a mantener una vinculación per-
manente con sus electores y electoras, atendiendo sus
opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados
e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea.
Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los elec-
tores y electoras de la circunscripción por la cual fueron
elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al
referendo revocatorio del mandato en los términos pre-
vistos en esta Constitución y en la ley sobre la materia.
Artículo 198. El diputado o diputada a la Asamblea
Nacional, cuyo mandato fuere revocado, no podrá op-
tar a cargos de elección popular en el siguiente período.
Artículo 199. Los diputados o diputadas a la Asam-
blea Nacional no son responsables por votos y opi-
niones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo
responderán ante los electores o electoras y el cuerpo
legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los
reglamentos.

262 263
Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus
funciones desde su proclamación hasta la conclusión
de su mandato o la renuncia del mismo. De los pre-
suntos delitos que cometan los o las integrantes de la
Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tri-
bunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá
ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional,
su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de
delito flagrante cometido por un parlamentario o parla-
mentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo
custodia en su residencia y comunicará inmediatamen-
te el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas
que violen la inmunidad de los o las integrantes de la
Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad pe-
nal y serán castigados o castigadas de conformidad con
la ley.
Artículo 201. Los diputados o diputadas son represen-
tantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no
sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo
a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es
personal.
Sección cuarta: de la formación de las leyes
Artículo 202. La ley es el acto sancionado por la
Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes
que reúnan sistemáticamente las normas relativas a de-
terminada materia se podrán denominar códigos.
Artículo 203. Son leyes orgánicas las que así denomina
esta Constitución; las que se dicten para organizar los po-
deres públicos o para desarrollar los derechos constitucio-
nales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.
Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta
Constitución califique como tal, será previamente ad-
mitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos
terceras partes de los o las integrantes presentes antes
de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley.
Esta votación calificada se aplicará también para la
modificación de las leyes orgánicas.
Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado
de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación
a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, para que se pronuncie acerca de la constituciona-
lidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional
decidirá en el término de diez días contados a partir
de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala
Constitucional declara que no es orgánica, la ley per-
derá este carácter.

264 265
Son leyes habilitantes las sancionadas por la
Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus
integrantes, a fin de establecer las directrices, propó-
sitos y marco de las materias que se delegan al Presi-
dente o Presidenta de la República, con rango y valor
de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de
su ejercicio.
Artículo 204. La iniciativa de las leyes corresponde:
1. Al Poder Ejecutivo Nacional.
2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Perma-
nentes.
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en
número no menor de tres.
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de
leyes relativas a la organización y procedimientos
judiciales.
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes rela-
tivas a los órganos que lo integran.
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relati-
vas a la materia electoral.
7. A los electores y electoras en un número no menor
del cero coma uno por ciento de los inscritos e ins-
critas en el Registro Civil y Electoral.
8. Al Consejo Legislativo, cuando se trate de leyes re-
lativas a los Estados.
Artículo 205. La discusión de los proyectos de ley
presentados por los electores y electoras conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más
tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al
que se haya presentado. Si el debate no se inicia den-
tro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo
aprobatorio de conformidad con la ley.
Artículo 206. Los Estados serán consultados por la
Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo,
cuando se legisle en materias relativas a los mismos.
La ley establecerá los mecanismos de consulta a la so-
ciedad civil y demás instituciones de los Estados, por
parte del Consejo, en dichas materias.
Artículo 207. Para convertirse en ley todo proyecto
recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo
las reglas establecidas en esta Constitución y en los re-
glamentos respectivos. Aprobado el proyecto, el Presi-
dente o Presidenta de la Asamblea Nacional declarará
sancionada la ley.
Artículo 208. En la primera discusión se considerará la
exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, al-
cance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de
la ley, y se discutirá el articulado. Aprobado en prime-

266 267
ra discusión, el proyecto será remitido a la Comisión
directamente relacionada con la materia objeto de la
ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado
con varias Comisiones Permanentes, se designará una
comisión mixta para realizar el estudio y presentar el
informe.
Las Comisiones que estudien proyectos de ley pre-
sentarán el informe correspondiente en un plazo no
mayor de treinta días consecutivos.
Artículo 209. Recibido el informe de la Comisión co-
rrespondiente, se dará inicio a la segunda discusión del
proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artícu-
lo. Si se aprobare sin modificaciones, quedará sancio-
nada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones,
se devolverá a la Comisión respectiva para que ésta
las incluya en un plazo no mayor de quince días con-
tinuos; leída la nueva versión del proyecto de ley en
la plenaria de la Asamblea Nacional, ésta decidirá por
mayoría de votos lo que fuere procedente respecto a
los artículos en que hubiere discrepancia y a los que
tuvieren conexión con éstos. Resuelta la discrepancia,
la Presidencia declarará sancionada la ley.
Artículo 210. La discusión de los proyectos que queda-
ren pendientes al término de las sesiones, podrá conti-
nuarse en las sesiones siguientes o en sesiones extraor-
dinarias.
Artículo 211. La Asamblea Nacional o las Comisiones
Permanentes, durante el procedimiento de discusión
y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a
los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciu-
dadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión
sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la
discusión de las leyes los Ministros o Ministras en
representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o
magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien
éste designe, en representación del Poder Judicial; el o
la representante del Poder Ciudadano designado o de-
signada por el Consejo Moral Republicano; los o las
integrantes del Poder Electoral; los Estados a través
de un o una representante designado o designada por
el Consejo Legislativo y los o las representantes de la
sociedad organizada, en los términos que establezca el
reglamento de la Asamblea Nacional.
Artículo 212. Al texto de las leyes precederá la si-
guiente fórmula: “La Asamblea Nacional de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela decreta:”
Artículo 213. Una vez sancionada la ley, se extenderá
por duplicado con la redacción final que haya resultado
de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados
por el Presidente o Presidenta, los dos Vicepresiden-
tes o Vicepresidentas y el Secretario o Secretaria de la
Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobación de-

268 269
finitiva. Uno de los ejemplares de la ley será enviado
por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional
al Presidente o Presidenta de la República a los fines de
su promulgación.
Artículo 214. El Presidente o Presidenta de la Re-
pública promulgará la ley dentro de los diez días si-
guientes a aquel en que la haya recibido. Dentro de
ese lapso podrá, en acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante
exposición razonada, que modifique alguna de las
disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la
ley o a parte de ella.
La Asamblea Nacional decidirá acerca de los as-
pectos planteados por el Presidente o Presidenta de
la República, por mayoría absoluta de los diputados
o diputadas presentes y le remitirá la ley para la pro-
mulgación.
El Presidente o Presidenta de la República debe
proceder a promulgar la ley dentro de los cinco días
siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas ob-
servaciones.
Cuando el Presidente o Presidenta de la República
considere que la ley o alguno de sus artículos es in-
constitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el
lapso de diez días que tiene para promulgar la misma.
El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término
de quince días contados desde el recibo de la comuni-
cación del Presidente o Presidenta de la República. Si
el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o
no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Pre-
sidenta de la República promulgará la ley dentro de
los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al
vencimiento de dicho lapso.
Artículo 215. La ley quedará promulgada al publicarse
con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 216. Cuando el Presidente o Presidenta de
la República no promulgare la ley en los lapsos se-
ñalados, el Presidente o Presidenta y los dos Vicepre-
sidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional
procederán a su promulgación, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que aquel o aquella incurriere por su
omisión.
Artículo 217. La oportunidad en que deba ser promul-
gada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o
de un convenio internacional, quedará a la discreción
del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos inter-
nacionales y la conveniencia de la República.

270 271
Artículo 218. Las leyes se derogan por otras leyes y
se abrogan por referendo, salvo las excepciones esta-
blecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas
total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma
parcial se publicará en un solo texto que incorpore las
modificaciones aprobadas.
Sección quinta: de los procedimientos
Artículo 219. El primer período de las sesiones ordi-
narias de la Asamblea Nacional comenzará, sin con-
vocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el
día posterior más inmediato posible y durará hasta el
quince de agosto.
El segundo período comenzará el quince de sep-
tiembre o el día posterior más inmediato posible y ter-
minará el quince de diciembre.
Artículo 220. La Asamblea Nacional se reunirá en se-
siones extraordinarias para tratar las materias expresa-
das en la convocatoria y las que les fueren conexas.
También podrá considerar las que fueren declaradas de
urgencia por la mayoría de sus integrantes.
Artículo 221. Los requisitos y procedimientos para la
instalación y demás sesiones de la Asamblea Nacional,
y para el funcionamiento de sus Comisiones, serán de-
terminados por el reglamento.
El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la
mayoría absoluta de los o las integrantes de la Asam-
blea Nacional.
Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer
su función de control mediante los siguientes meca-
nismos: las interpelaciones, las investigaciones, las
preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones par-
lamentarias previstas en esta Constitución y en la ley,
y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan
las leyes y su reglamento. En ejercicio del control par-
lamentario, podrán declarar la responsabilidad política
de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y
solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a
que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.
Artículo 223. La Asamblea o sus Comisiones podrán
realizar las investigaciones que juzguen convenientes
en las materias de su competencia, de conformidad con
el reglamento.
Todos los funcionarios públicos o funcionarias pú-
blicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones
que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas
Comisiones y a suministrarles las informaciones y do-
cumentos que requieran para el cumplimiento de sus
funciones.

272 273
Esta obligación comprende también a los y las par-
ticulares, a quienes se les respetarán los derechos y ga-
rantías que esta Constitución reconoce.
Artículo 224. El ejercicio de la facultad de investi-
gación no afecta las atribuciones de los demás pode-
res públicos. Los jueces o juezas estarán obligados u
obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reci-
ban comisión de la Asamblea Nacional o de sus Co-
misiones.
Capítulo II
Del Poder Ejecutivo Nacional
Sección primera: del Presidente
o Presidenta de la República
Artículo 225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Pre-
sidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o
Ministras y demás funcionarios o funcionarias que de-
terminen esta Constitución y la ley.
Artículo 226. El Presidente o Presidenta de la Repúbli-
ca es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional,
en cuya condición dirige la acción del Gobierno.
Artículo 227. Para ser elegido Presidente de la Repú-
blica o elegida Presidenta de la República se requie-
re ser venezolano o venezolana por nacimiento, no
poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años,
de estado seglar y no estar sometido o sometida a
condena mediante sentencia definitivamente firme y
cumplir con los demás requisitos establecidos en esta
Constitución.
Artículo 228. La elección del Presidente o Presidenta
de la República se hará por votación universal, directa
y secreta, de conformidad con la ley. Se proclamará
electo o electa el candidato o la candidata que hubiere
obtenido la mayoría de votos válidos.
Artículo 229. No podrá ser elegido Presidente o elegida
Presidenta de la República quien esté en ejercicio del
cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Eje-
cutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora,
o Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en
cualquier momento entre esta fecha y la de la elección.
Artículo 230. El período presidencial es de seis años.
El Presidente o Presidenta de la República puede ser
reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez,
para un nuevo período.
Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida
tomará posesión del cargo de Presidente o Presiden-
ta de la República el diez de enero del primer año de

274 275
su período constitucional, mediante juramento ante la
Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobre-
venido el Presidente o Presidenta de la República no
pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo
hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 232. El Presidente o Presidenta de la República
es responsable de sus actos y del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a su cargo.
Está obligado u obligada a procurar la garantía de
los derechos y libertades de los venezolanos y venezo-
lanas, así como la independencia, integridad, soberanía
del territorio y defensa de la República. La declaración
de los estados de excepción no modifica el principio de
su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Minis-
tras, de conformidad con esta Constitución y con la ley.
Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o
Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o
su destitución decretada por sentencia del Tribunal Su-
premo de Justicia; su incapacidad física o mental per-
manente certificada por una junta médica designada por
el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la
Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado
como tal por la Asamblea Nacional, así como la revoca-
ción popular de su mandato.
Cuando se produzca la falta absoluta del Presiden-
te electo o Presidenta electa antes de tomar posesión,
se procederá a una nueva elección universal, directa
y secreta dentro de los treinta días consecutivos si-
guientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo
Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la
Presidencia de la República el Presidente o Presidenta
de la Asamblea Nacional.
Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta
de la República se produce durante los primeros cua-
tro años del período constitucional, se procederá a una
nueva elección universal, directa y secreta dentro de
los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se
elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la Repú-
blica el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta
Ejecutiva.
En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Pre-
sidenta completará el período constitucional corres-
pondiente.
Si la falta absoluta se produce durante los últimos
dos años del período constitucional, el Vicepresiden-
te Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la
Presidencia de la República hasta completar dicho
período.

276 277
Artículo 234. Las faltas temporales del Presidente o
Presidenta de la República serán suplidas por el Vice-
presidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva has-
ta por noventa días, prorrogables por decisión de la
Asamblea Nacional hasta por noventa días más.
Si una falta temporal se prolonga por más de no-
venta días consecutivos, la Asamblea Nacional decidi-
rá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse
que hay falta absoluta.
Artículo 235. La ausencia del territorio nacional por
parte del Presidente o Presidenta de la República re-
quiere autorización de la Asamblea Nacional o de la
Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso
superior a cinco días consecutivos.
Sección segunda: de las atribuciones
del Presidente o Presidenta de la República
Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Pre-
sidente o Presidenta de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
2. Dirigir la acción del Gobierno.
3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y remover los
Ministros o Ministras.
4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y
celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuer-
dos internacionales.
5. Dirigir la FuerzaArmada Nacional en su carácter de
Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad
jerárquica de ella y fijar su contingente.
6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Na-
cional, promover sus oficiales a partir del grado de
coronel o coronela o capitán o capitana de navío,
y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les
son privativos.
7. Declarar los estados de excepción y decretar la res-
tricción de garantías en los casos previstos en esta
Constitución.
8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante,
decretos con fuerza de ley.
9. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraor-
dinarias.
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alte-
rar su espíritu, propósito y razón.
11. Administrar la Hacienda Pública Nacional.
12. Negociar los empréstitos nacionales.

278 279
13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, pre-
via autorización de la Asamblea Nacional o de la
Comisión Delegada.
14. Celebrar los contratos de interés nacional confor-
me a esta Constitución y a la ley.
15. Designar, previa autorización de la Asamblea Na-
cional o de la Comisión Delegada, al Procurador o
Procuradora General de la República y a los jefes
o jefas de las misiones diplomáticas permanentes.
16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aque-
llas funcionarias cuya designación le atribuyen esta
Constitución y la ley.
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente
o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes
especiales.
18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir
su ejecución previa aprobación de la Asamblea Na-
cional.
19. Conceder indultos.
20. Fijar el número, organización y competencia de
los ministerios y otros organismos de la Admi-
nistración Pública Nacional, así como también
la organización y funcionamiento del Consejo
de Ministros, dentro de los principios y linea-
mientos señalados por la correspondiente ley
orgánica.
21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto esta-
blecido en esta Constitución.
22. Convocar referendos en los casos previstos en esta
Constitución.
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la
Nación.
24. Las demás que le señalen esta Constitución y la
ley.
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá
en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en
los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22
y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual
forma.
Los actos del Presidente o Presidenta de la Repúbli-
ca, con excepción de los señalados en los ordinales 3 y
5, serán refrendados para su validez por el Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Minis-
tro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos.
Artículo 237. Dentro de los diez primeros días si-
guientes a la instalación de la Asamblea Nacional,
en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de

280 281
la República presentará cada año personalmente a
la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los
aspectos políticos, económicos, sociales y adminis-
trativos de su gestión durante el año inmediatamente
anterior.
Sección tercera: del Vicepresidente Ejecutivo
o Vicepresidenta Ejecutiva
Artículo 238. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresi-
denta Ejecutiva es órgano directo y colaborador inme-
diato del Presidente o Presidenta de la República en su
condición de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional.
El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Eje-
cutiva reunirá las mismas condiciones exigidas para
ser Presidente o Presidenta de la República, y no podrá
tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afini-
dad con éste.
Artículo 239. Son atribuciones del Vicepresidente Eje-
cutivo o Vicepresidenta Ejecutiva:
1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la Re-
pública en la dirección de la acción del Gobierno.
2. Coordinar la Administración Pública Nacional de
conformidad con las instrucciones del Presidente o
Presidenta de la República.
3. Proponer al Presidente o Presidenta de la Repúbli-
ca el nombramiento y la remoción de los Ministros
o Ministras.
4. Presidir, previa autorización del Presidente o Pre-
sidenta de la República, el Consejo de Ministros.
5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional
con la Asamblea Nacional.
6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno.
7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los
funcionarios o funcionarias nacionales cuya desig-
nación no esté atribuida a otra autoridad.
8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presi-
denta de la República.
9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presiden-
te o Presidenta de la República.
10. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley.
Artículo 240. La aprobación de una moción de censura
al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecuti-
va, por una votación no menor de las tres quintas par-
tes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica
su remoción. El funcionario removido o funcionaria
removida no podrá optar al cargo de Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, o de Ministro o
Ministra por el resto del período presidencial.

282 283
La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vice-
presidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de
un mismo período constitucional, como consecuencia
de la aprobación de mociones de censura, faculta al
Presidente o Presidenta de la República para disolver
la Asamblea Nacional. El decreto de disolución con-
lleva la convocatoria de elecciones para una nueva
legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su
disolución.
La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año
de su período constitucional.
Artículo 241. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresi-
denta Ejecutiva es responsable de sus actos, de confor-
midad con esta Constitución y con la ley.
Sección cuarta: de los Ministros o Ministras
y del Consejo de Ministros
Artículo 242. Los Ministros o Ministras son órganos
directos del Presidente o Presidenta de la República,
y reunidos o reunidas conjuntamente con éste o ésta y
con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Eje-
cutiva, integran el Consejo de Ministros.
El Presidente o Presidenta de la República presidi-
rá las reuniones del Consejo de Ministros, pero podrá
autorizar al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresiden-
ta Ejecutiva para que las presida cuando no pueda
asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberán ser
ratificadas por el Presidente o Presidenta de la Repú-
blica, para su validez.
De las decisiones del Consejo de Ministros son so-
lidariamente responsables el Vicepresidente Ejecutivo
o Vicepresidenta Ejecutiva y los Ministros o Ministras
que hubieren concurrido, salvo aquellos o aquellas que
hayan hecho constar su voto adverso o negativo.
Artículo 243. El Presidente o Presidenta de la Repú-
blica podrá nombrar Ministros o Ministras de Estado,
los o las cuales, además de participar en el Consejo
de Ministros, asesorarán al Presidente o Presidenta
de la República y al Vicepresidente Ejecutivo o Vi-
cepresidenta Ejecutiva en los asuntos que les fueren
asignados.
Artículo 244. Para ser Ministro o Ministra se requiere
poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de vein-
ticinco años, con las excepciones establecidas en esta
Constitución.
Los Ministros o Ministras son responsables de sus
actos de conformidad con esta Constitución y con la
ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro
de los primeros sesenta días de cada año, una memo-

284 285
ria razonada y suficiente sobre la gestión del despa-
cho en el año inmediatamente anterior, de conformi-
dad con la ley.
Artículo 245. Los Ministros o Ministras tienen derecho
de palabra en la Asamblea Nacional y en sus Comisio-
nes. Podrán tomar parte en los debates de la Asamblea
Nacional, sin derecho al voto.
Artículo 246. La aprobación de una moción de censura
a un Ministro o Ministra por una votación no menor de
las tres quintas partes de los o las integrantes presen-
tes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El
funcionario removido o funcionaria removida no podrá
optar al cargo de Ministro o Ministra ni de Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el resto
del período presidencial.
Sección quinta: de la Procuraduría General
de la República
Artículo 247. La Procuraduría General de la República
asesora, defiende y representa judicial y extrajudicial-
mente los intereses patrimoniales de la República, y
será consultada para la aprobación de los contratos de
interés público nacional.
La ley orgánica determinará su organización, com-
petencia y funcionamiento.
Artículo 248. La Procuraduría General de la República
estará a cargo y bajo la dirección del Procurador o Pro-
curadora General de la República, con la colaboración
de los demás funcionarios o funcionarias que determi-
ne su ley orgánica.
Artículo 249. El Procurador o Procuradora General de
la República reunirá las mismas condiciones exigidas
para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supre-
mo de Justicia. Será nombrado o nombrada por el Pre-
sidente o Presidenta de la República con la autoriza-
ción de la Asamblea Nacional.
Artículo 250. El Procurador o Procuradora General de
la República asistirá, con derecho a voz, a las reunio-
nes del Consejo de Ministros.
Sección sexta: del Consejo de Estado
Artículo 251. El Consejo de Estado es el órgano supe-
rior de consulta del Gobierno y de la Administración
Pública Nacional. Será de su competencia recomendar
políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los
que el Presidente o Presidenta de la República reconoz-
ca de especial trascendencia y requieran de su opinión.

286 287
La ley respectiva determinará sus funciones y atri-
buciones.
Artículo 252. El Consejo de Estado lo preside el Vi-
cepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y
estará conformado, además, por cinco personas desig-
nadas por el Presidente o Presidenta de la República;
un o una representante designado o designada por la
Asamblea Nacional; un o una representante designado
o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un
Gobernador designado o Gobernadora designada por
el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales.
Capítulo III
Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia
Artículo 253. La potestad de administrar justicia ema-
na de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en
nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial cono-
cer de las causas y asuntos de su competencia mediante
los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar
o hacer ejecutar sus sentencias.
El sistema de justicia está constituido por el Tri-
bunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que
determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría
Pública, los órganos de investigación penal, los o las
auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia,
el sistema penitenciario, los medios alternativos de
justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan
en la administración de justicia conforme a la ley y
los abogados autorizados o abogadas autorizadas para
el ejercicio.
Artículo 254. El Poder Judicial es independiente y el
Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía
funcional, financiera y administrativa. A tal efecto,
dentro del presupuesto general del Estado se le asig-
nará al sistema de justicia una partida anual variable,
no menor del dos por ciento del presupuesto ordina-
rio nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual
no podrá ser reducido o modificado sin autorización
previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no
está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir
pago alguno por sus servicios.
Artículo 255. El ingreso a la carrera judicial y el as-
censo de los jueces o juezas se hará por concursos
de oposición públicos que aseguren la idoneidad y
excelencia de los o las participantes y serán seleccio-
nados o seleccionadas por los jurados de los circuitos

288 289
judiciales, en la forma y condiciones que establezca
la ley. El nombramiento y juramento de los jueces
o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justi-
cia. La ley garantizará la participación ciudadana en
el procedimiento de selección y designación de los
jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser
removidos o removidas o suspendidos o suspendidas
de sus cargos mediante los procedimientos expresa-
mente previstos en la ley.
La ley propenderá a la profesionalización de los
jueces o juezas y las universidades colaborarán en este
propósito, organizando en los estudios universitarios de
Derecho la especialización judicial correspondiente.
Los jueces o juezas son personalmente responsa-
bles, en los términos que determine la ley, por error,
retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia
sustancial de las normas procesales, por denegación,
parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación
en que incurran en el desempeño de sus funciones.
Artículo 256. Con la finalidad de garantizar la impar-
cialidad y la independencia en el ejercicio de sus fun-
ciones, los magistrados o las magistradas, los jueces
o las juezas; los fiscales o las fiscales del Ministerio
Público; y los defensores públicos o las defensoras pú-
blicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su
egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejerci-
cio del voto, llevar a cabo activismo político partidis-
ta, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar
actividades privadas lucrativas incompatibles con su
función, ni por sí ni por interpósita persona, ni ejercer
ninguna otra función pública a excepción de activida-
des educativas.
Los jueces o las juezas no podrán asociarse entre sí.
Artículo 257. El proceso constituye un instrumento
fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
procesales establecerán la simplificación, uniformidad
y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento
breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la
omisión de formalidades no esenciales.
Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las
comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegi-
dos o elegidas por votación universal, directa y secreta,
conforme a la ley.
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la
mediación y cualesquiera otros medios alternativos
para la solución de conflictos.
Artículo 259. La jurisdicción contenciosoadministra-
tiva corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a
los demás tribunales que determine la ley. Los órganos
de la jurisdicción contenciosoadministrativa son com-
petentes para anular los actos administrativos gene-

290 291
rales o individuales contrarios a derecho, incluso por
desviación de poder; condenar al pago de sumas de
dinero y a la reparación de daños y perjuicios origina-
dos en responsabilidad de la Administración; conocer
de reclamos por la prestación de servicios públicos y
disponer lo necesario para el restablecimiento de las
situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la acti-
vidad administrativa.
Artículo 260. Las autoridades legítimas de los pueblos
indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de
justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que
sólo afecten a sus integrantes, según sus propias nor-
mas y procedimientos, siempre que no sean contrarios
a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley
determinará la forma de coordinación de esta jurisdic-
ción especial con el sistema judicial nacional.
Artículo 261. La jurisdicción penal militar es parte inte-
grante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán se-
leccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de
competencia, organización y modalidades de funciona-
miento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo
con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar.
La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados
por los tribunales ordinarios. La competencia de los tri-
bunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.
La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones es-
peciales y a la competencia, organización y funciona-
miento de los tribunales en cuanto no esté previsto en
esta Constitución.
Sección segunda: del Tribunal Supremo
de Justicia
Artículo 262. El Tribunal Supremo de Justicia funcio-
nará en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Po-
liticoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de
Casación Penal y de Casación Social, cuyas integra-
ciones y competencias serán determinadas por su ley
orgánica.
La Sala Social comprenderá lo referente a la casa-
ción agraria, laboral y de menores.
Artículo 263. Para ser magistrado o magistrada del Tri-
bunal Supremo de Justicia se requiere:
1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y
no poseer otra nacionalidad.
2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabi-
lidad.
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar
de buena reputación, haber ejercido la abogacía
durante un mínimo de quince años y tener título

292 293
universitario de posgrado en materia jurídica; o
haber sido profesor universitario o profesora uni-
versitaria en ciencia jurídica durante un mínimo
de quince años y tener la categoría de profesor o
profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza
superior en la especialidad correspondiente a la
Sala para la cual se postula, con un mínimo de
quince años en el ejercicio de la carrera judicial,
y reconocido prestigio en el desempeño de sus
funciones.
4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la
ley.
Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tri-
bunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas
por un único período de doce años. La ley determina-
rá el procedimiento de elección. En todo caso, podrán
postularse candidatos o candidatas ante el Comité de
Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por
organizaciones vinculadas con la actividad jurídica.
El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará
una preselección para su presentación al Poder Ciuda-
dano, el cual efectuará una segunda preselección que
será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la
selección definitiva.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer funda-
damente objeciones a cualquiera de los postulados o
postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales
o ante la Asamblea Nacional.
Artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribu-
nal Supremo de Justicia podrán ser removidos o remo-
vidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría
calificada de las dos terceras partes de sus integrantes,
previa audiencia concedida al interesado o interesada,
en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciu-
dadano, en los términos que la ley establezca.
Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo
de Justicia:
1. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al
Título VIII de esta Constitución.
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento
del Presidente o Presidenta de la República o quien
haga sus veces y, en caso afirmativo, continuar
conociendo de la causa previa autorización de la
Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamien-
to del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea
Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justi-
cia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o

294 295
Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General,
del Contralor o Contralora General de la República,
del Defensor o Defensora del Pueblo, los Goberna-
dores o Gobernadoras, oficiales, generales y almi-
rantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes
o jefas de misiones diplomáticas de la República y,
en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o la
Fiscal General de la República o a quien haga sus
veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común,
continuará conociendo de la causa hasta la senten-
cia definitiva.
4. Dirimir las controversias administrativas que se
susciten entre la República, algún Estado, Muni-
cipio u otro ente público, cuando la otra parte sea
alguna de esas mismas entidades, a menos que se
trate de controversias entre Municipios de un mis-
mo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su
conocimiento a otro tribunal.
5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamen-
tos y demás actos administrativos generales o indi-
viduales del Ejecutivo Nacional, cuando sea proce-
dente.
6. Conocer de los recursos de interpretación sobre el
contenido y alcance de los textos legales, en los tér-
minos contemplados en la ley.
7. Decidir los conflictos de competencia entre tribuna-
les, sean ordinarios o especiales, cuando no exista
otro tribunal superior o común a ellos en el orden
jerárquico.
8. Conocer del recurso de casación.
9. Las demás que establezca la ley.
La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida
por la Sala Constitucional; las señaladas en los nume-
rales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los nume-
rales 4 y 5, en Sala Politicoadministrativa. Las demás
atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas con-
forme a lo previsto en esta Constitución y en la ley.
Sección tercera: del gobierno
y de la administración del Poder Judicial
Artículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia la dirección, el gobierno y la administración
del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tri-
bunales de la República y de las Defensorías Públicas.
Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución
de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder
Judicial.
La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo
de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

296 297
El régimen disciplinario de los magistrados o ma-
gistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el
Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezo-
lana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedi-
miento disciplinario será público, oral y breve, confor-
me al debido proceso, en los términos y condiciones
que establezca la ley.
Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal
Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, con sus oficinas regionales.
Artículo 268. La ley establecerá la autonomía y or-
ganización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del
servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar
la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de
la carrera del defensor o defensora.
Artículo 269. La ley regulará la organización de cir-
cuitos judiciales, así como la creación y competencias
de tribunales y cortes regionales a fin de promover la
descentralización administrativa y jurisdiccional del
Poder Judicial.
Artículo 270. El Comité de Postulaciones Judiciales
es un órgano asesor del Poder Judicial para la selec-
ción de los candidatos o candidatas a magistrados o
magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igual-
mente, asesorará a los colegios electorales judiciales
para la elección de los jueces o juezas de la jurisdic-
ción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judi-
ciales estará integrado por representantes de los dife-
rentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo
que establezca la ley.
Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada la ex-
tradición de los extranjeros o extranjeras responsables
de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas,
delincuencia organizada internacional, hechos contra
el patrimonio público de otros Estados y contra los de-
rechos humanos. No prescribirán las acciones judicia-
les dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos
humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico
de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial,
serán confiscados los bienes provenientes de las activi-
dades relacionadas con los delitos contra el patrimonio
público o con el tráfico de estupefacientes.
El procedimiento referente a los delitos menciona-
dos será público, oral y breve, respetándose el debido
proceso, estando facultada la autoridad judicial com-
petente para dictar las medidas cautelares preventivas
necesarias contra bienes propiedad del imputado o de
sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su
eventual responsabilidad civil.
Artículo 272. El Estado garantizará un sistema peniten-
ciario que asegure la rehabilitación del interno o inter-
na y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los

298 299
establecimientos penitenciarios contarán con espacios
para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación;
funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas pro-
fesionales con credenciales académicas universitarias
y se regirán por una administración descentralizada,
a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pu-
diendo ser sometidos a modalidades de privatización.
En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el
carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo
caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no pri-
vativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las
medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las
instituciones indispensables para la asistencia pospeni-
tenciaria que posibilite la reinserción social del exin-
terno o exinterna y propiciará la creación de un ente
penitenciario con carácter autónomo y con personal
exclusivamente técnico.
Capítulo IV
Del Poder Ciudadano
Artículo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por el Con-
sejo Moral Republicano integrado por el Defensor o
Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el
Contralor o Contralora General de la República.
Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría
del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría Ge-
neral de la República, uno o una de cuyos o cuyas titu-
lares será designado o designada por el Consejo Moral
Republicano como su Presidente o Presidenta por pe-
ríodos de un año, pudiendo ser reelegido o reelegida.
El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos
gozan de autonomía funcional, financiera y adminis-
trativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del
Estado se le asignará una partida anual variable.
Su organización y funcionamiento se establecerá en
ley orgánica.
Artículo 274. Los órganos que ejercen el Poder Ciu-
dadano tienen a su cargo, de conformidad con esta
Constitución y con la ley, prevenir, investigar y san-
cionar los hechos que atenten contra la ética pública y
la moral administrativa; velar por la buena gestión y la
legalidad en el uso del patrimonio público, el cumpli-
miento y la aplicación del principio de la legalidad en
toda la actividad administrativa del Estado; e, igual-
mente, promover la educación como proceso creador
de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la
democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
Artículo 275. Los o las representantes del Consejo Mo-
ral Republicano formularán a las autoridades, funcio-

300 301
narios o funcionarias de la Administración Pública, las
advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus
obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias,
el Consejo Moral Republicano podrá imponer las san-
ciones establecidas en la ley. En caso de contumacia,
el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republi-
cano presentará un informe al órgano o dependencia
al cual esté adscrito o adscrita el funcionario público
o la funcionaria pública, para que esa instancia tome
los correctivos de acuerdo con el caso, sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con
la ley.
Artículo 276. El Presidente o Presidenta del Consejo
Moral Republicano y los o las titulares de los órganos
del Poder Ciudadano presentarán un informe anual
ante la Asamblea Nacional en sesión plenaria. Así mis-
mo, presentarán los informes que en cualquier momen-
to les sean solicitados por la Asamblea Nacional.
Tanto los informes ordinarios como los extraordi-
narios se publicarán.
Artículo 277. Todos los funcionarios o funcionarias de
la Administración Pública están obligados u obligadas,
bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar
con carácter preferente y urgente con los o las repre-
sentantes del Consejo Moral Republicano en sus inves-
tigaciones. Éste podrá solicitarles las declaraciones y
documentos que consideren necesarios para el desarro-
llo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido
clasificados o catalogados con carácter confidencial o
secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder
Ciudadano sólo podrá suministrar la información con-
tenida en documentos confidenciales o secretos me-
diante los procedimientos que establezca la ley.
Artículo 278. El Consejo Moral Republicano promo-
verá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas
al conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor
a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los
valores trascendentales de la República y a la obser-
vancia y respeto de los derechos humanos.
Artículo 279. El Consejo Moral Republicano convoca-
rá un Comité de Evaluación de Postulaciones del Po-
der Ciudadano, el cual estará integrado por represen-
tantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará
un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una
terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será
sometida a la consideración de la Asamblea Nacional.
Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras par-
tes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor
de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del
Poder Ciudadano que esté en consideración. Si conclui-
do este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional,
el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

302 303
En caso de no haber sido convocado el Comité
de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciuda-
dano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del
plazo que determine la ley, a la designación del ti-
tular o la titular del órgano del Poder Ciudadano
correspondiente.
Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán re-
movidos o removidas por la Asamblea Nacional, pre-
vio pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia,
de acuerdo con lo establecido en la ley.
Sección segunda: de la Defensoría del Pueblo
Artículo 280. La Defensoría del Pueblo tiene a su car-
go la promoción, defensa y vigilancia de los derechos
y garantías establecidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales sobre derechos humanos, ade-
más de los intereses legítimos, colectivos o difusos de
los ciudadanos y ciudadanas.
La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección
y responsabilidad del Defensor o Defensora del Pue-
blo, quien será designado o designada por un único pe-
ríodo de siete años.
Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se re-
quiere ser venezolano o venezolana por nacimiento
y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, con
manifiesta y demostrada competencia en materia de
derechos humanos y cumplir con las exigencias de
honorabilidad, ética y moral que establezca la ley.
Las faltas absolutas o temporales del Defensor o De-
fensora del Pueblo serán cubiertas de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.
Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defen-
sora del Pueblo:
1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los dere-
chos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados, convenios y acuerdos internaciona-
les sobre derechos humanos ratificados por la Repú-
blica, investigando de oficio o a instancia de parte
las denuncias que lleguen a su conocimiento.
2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios
públicos, amparar y proteger los derechos e intere-
ses legítimos, colectivos o difusos de las personas,
contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y
errores cometidos en la prestación de los mismos,
interponiendo cuando fuere procedente las acciones
necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a
las personas de los daños y perjuicios que les sean
ocasionados con motivo del funcionamiento de los
servicios públicos.

304 305
3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad,
amparo, hábeas corpus, hábeas data y las demás ac-
ciones o recursos necesarios para ejercer las atribu-
ciones señaladas en los numerales anteriores, cuan-
do fuere procedente de conformidad con la ley.
4. Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la Repúbli-
ca para que intente las acciones o recursos a que
hubiere lugar contra los funcionarios públicos o
funcionarias públicas, responsables de la violación
o menoscabo de los derechos humanos.
5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte
las medidas a que hubiere lugar respecto a los fun-
cionarios públicos o funcionarias públicas respon-
sables de la violación o menoscabo de los derechos
humanos.
6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de
los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar
por la violación de los derechos del público consu-
midor y usuario, de conformidad con la ley.
7. Presentar ante los órganos legislativos municipales,
estadales o nacionales, proyectos de ley u otras ini-
ciativas para la protección progresiva de los dere-
chos humanos.
8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y
ejercer las acciones necesarias para su garantía y efec-
tiva protección.
9. Visitar e inspeccionar las dependencias y estableci-
mientos de los órganos del Estado, a fin de garanti-
zar la protección de los derechos humanos.
10. Formular ante los órganos correspondientes las
recomendaciones y observaciones necesarias para
la eficaz protección de los derechos humanos, en
virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comu-
nicación permanente con órganos públicos o priva-
dos, nacionales e internacionales, de protección y
defensa de los derechos humanos.
11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y
efectiva protección de los derechos humanos.
ley.
Artículo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo
gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones
y, por lo tanto, no podrá ser perseguido o perseguida,
detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por ac-
tos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En
cualquier caso conocerá de manera privativa el Tribu-
nal Supremo de Justicia.

306 307
Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la or-
ganización y funcionamiento de la Defensoría del
Pueblo en los ámbitos municipal, estadal, nacional
y especial. Su actividad se regirá por los principios
de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e
impulso de oficio.
Sección tercera: del Ministerio Público
Artículo 384. El Ministerio Público estará bajo la di-
rección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General
de la República, quien ejercerá sus atribuciones direc-
tamente con el auxilio de los funcionarios o funciona-
rias que determine la ley.
Para ser Fiscal General de la República se requieren
las mismas condiciones de elegibilidad de los magis-
trados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
El Fiscal o la Fiscal General de la República será de-
signado o designada para un período de siete años.
Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público:
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a
los derechos y garantías constitucionales, así como
a los tratados, convenios y acuerdos internacionales
suscritos por la República.
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la admi-
nistración de justicia, el juicio previo y el debido
proceso.
3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpe-
tración de los hechos punibles para hacer constar su
comisión con todas las circunstancias que puedan
influir en la calificación y responsabilidad de los au-
tores o las autoras y demás participantes, así como
el aseguramiento de los objetos activos y pasivos
relacionados con la perpetración.
4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los
casos en que para intentarla o proseguirla no fuere
necesaria instancia de parte, salvo las excepciones
establecidas en la ley.
5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer
efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, pe-
nal, administrativa o disciplinaria en que hubieren
incurrido los funcionarios o funcionarias del sector
público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
6. LasdemásqueestablezcanestaConstituciónylaley.
Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de
los derechos y acciones que corresponden a los o las
particulares o a otros funcionarios o funcionarias de
acuerdo con esta Constitución y la ley.

308 309
Artículo 286. La ley determinará lo relativo a la orga-
nización y funcionamiento del Ministerio Público en
los ámbitos municipal, estadal y nacional y proveerá
lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y
estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio
Público. Asimismo, establecerá las normas para ga-
rantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su
función.
Sección cuarta: de la Contraloría General
de la República
Artículo 287. La Contraloría General de la República
es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de
los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacio-
nales, así como de las operaciones relativas a los mis-
mos. Goza de autonomía funcional, administrativa y
organizativa, y orienta su actuación a las funciones
de inspección de los organismos y entidades sujetas
a su control.
Artículo 288. La Contraloría General de la República
estará bajo la dirección y responsabilidad del Contra-
lor o Contralora General de la República, quien debe
ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra
nacionalidad, mayor de treinta años y con probada ap-
titud y experiencia para el ejercicio del cargo.
El Contralor o Contralora General de la República
será designado o designada para un período de siete
años.
Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría Gene-
ral de la República:
1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de
los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las
operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de
las facultades que se atribuyan a otros órganos, en
el caso de los Estados y Municipios, de conformi-
dad con la ley.
2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las
facultades que se atribuyan a otros órganos en el
caso de los Estados y Municipios, de conformidad
con la ley.
3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y
personas jurídicas del sector público sometidos
a su control; practicar fiscalizaciones, disponer
el inicio de investigaciones sobre irregularidades
contra el patrimonio público, así como dictar las
medidas, imponer los reparos y aplicar las sancio-
nes administrativas a que haya lugar de conformi-
dad con la ley.
4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la República a que
ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar

310 311
con motivo de las infracciones y delitos cometidos
contra el patrimonio público y de los cuales tenga
conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.
5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumpli-
miento y resultado de las decisiones y políticas pú-
blicas de los órganos, entidades y personas jurídicas
del sector público sujetos a su control, relacionadas
con sus ingresos, gastos y bienes.
ley.
Artículo 290. La ley determinará lo relativo a la orga-
nización y funcionamiento de la Contraloría General
de la República y del sistema nacional de control fiscal.
Artículo 291. La Contraloría General de la Fuerza Ar-
mada Nacional es parte integrante del sistema nacional
de control. Tendrá a su cargo la vigilancia, control y
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos
afectos a la FuerzaArmada Nacional y sus órganos ads-
critos, sin menoscabo del alcance y competencia de la
Contraloría General de la República. Su organización
y funcionamiento lo determinará la ley respectiva y es-
tará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor
o Contralora General de la Fuerza Armada Nacional,
quien será designado o designada mediante concurso
de oposición.
Capítulo V
Del Poder Electoral
Artículo 292. El Poder Electoral se ejerce por el Con-
sejo Nacional Electoral como ente rector; y son orga-
nismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacio-
nal, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Co-
misión de Participación Política y Financiamiento, con
la organización y el funcionamiento que establezca la
ley orgánica respectiva.
Artículo 293. El Poder Electoral tiene por funciones:
1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las du-
das y vacíos que éstas susciten o contengan.
2. Formular su presupuesto, el cual tramitará direc-
tamente ante la Asamblea Nacional y administrará
autónomamente.
3. Dictar directivas vinculantes en materia de finan-
ciamiento y publicidad politicoelectorales y aplicar
sanciones cuando no sean acatadas.
4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones.
5. La organización, administración, dirección y vigi-
lancia de todos los actos relativos a la elección de
los cargos de representación popular de los poderes
públicos, así como de los referendos.

312 313
6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios
profesionales y organizaciones con fines políticos
en los términos que señale la ley. Así mismo, po-
drán organizar procesos electorales de otras organi-
zaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o
por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo
de Justicia. Las corporaciones, entidades y organi-
zaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus
procesos eleccionarios.
7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro
Civil y Electoral.
8. Organizar la inscripción y registro de las organi-
zaciones con fines políticos y velar porque éstas
cumplan las disposiciones sobre su régimen esta-
blecidas en la Constitución y en la ley. En especial,
decidirá sobre las solicitudes de constitución, reno-
vación y cancelación de organizaciones con fines
políticos, la determinación de sus autoridades legí-
timas y sus denominaciones provisionales, colores
y símbolos.
9. Controlar, regular e investigar los fondos de finan-
ciamiento de las organizaciones con fines políticos.
10. Las demás que determine la ley.
Los órganos del Poder Electoral garantizarán la
igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y
eficiencia de los procesos electorales, así como la apli-
cación de la personalización del sufragio y la represen-
tación proporcional.
Artículo 294. Los órganos del Poder Electoral se rigen
por los principios de independencia orgánica, autono-
mía funcional y presupuestaria, despartidización de
los organismos electorales, imparcialidad y participa-
ción ciudadana; descentralización de la administración
electoral, transparencia y celeridad del acto de vota-
ción y escrutinios.
Artículo 295. El Comité de Postulaciones Electorales
de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo
Nacional Electoral estará integrado por representantes
de los diferentes sectores de la sociedad, de conformi-
dad con lo que establezca la ley.
Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará in-
tegrado por cinco personas no vinculadas a organiza-
ciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán
postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o
una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas
de las universidades nacionales y uno o una por el Po-
der Ciudadano.
Los o las tres integrantes postulados o postuladas
por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuen-
cia ordinal y cada designado o designada por las uni-

314 315
versidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplen-
tes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la
Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión
de Participación Política y Financiamiento, serán pre-
sididas cada una por un o una integrante postulado o
postulada por la sociedad civil. Los o las integrantes
del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en
sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado:
los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al
inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los
otros dos a la mitad del mismo.
Los o las integrantes del Consejo Nacional Elec-
toral serán designados o designadas por la Asamblea
Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional
Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presi-
denta, de conformidad con la ley.
Los o las integrantes del Consejo Nacional Electo-
ral serán removidos o removidas por la Asamblea Na-
cional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo
de Justicia.
Artículo 297. La jurisdicción contenciosoelectoral
será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supre-
mo de Justicia y los demás tribunales que determine
la ley.
Artículo 298. La ley que regule los procesos electora-
les no podrá modificarse en forma alguna en el lapso
comprendido entre el día de la elección y los seis me-
ses inmediatamente anteriores a la misma.
TÍTULO VI
DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO
Capítulo I
Del régimen socioeconómico y de la función
del Estado en la economía
Artículo 299. El régimen socioeconómico de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los
principios de justicia social, democracia, eficiencia,
libre competencia, protección del ambiente, producti-
vidad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo
humano integral y una existencia digna y provechosa
para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la
iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico
de la economía nacional con el fin de generar fuen-
tes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el
nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía
económica del país, garantizando la seguridad jurídi-
ca, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia
y equidad del crecimiento de la economía, para lograr

316 317
una justa distribución de la riqueza mediante una pla-
nificación estratégica democrática, participativa y de
consulta abierta.
Artículo 300. La ley nacional establecerá las condi-
ciones para la creación de entidades funcionalmen-
te descentralizadas para la realización de actividades
sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la
razonable productividad económica y social de los re-
cursos públicos que en ellas se inviertan.
Artículo 301. El Estado se reserva el uso de la política
comercial para defender las actividades económicas de
las empresas nacionales públicas y privadas. No se po-
drá otorgar a personas, empresas u organismos extran-
jeros regímenes más beneficiosos que los establecidos
para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta
a las mismas condiciones que la inversión nacional.
Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley
orgánica respectiva, y por razones de conveniencia
nacional, la actividad petrolera y otras industrias, ex-
plotaciones, servicios y bienes de interés público y de
carácter estratégico. El Estado promoverá la manufac-
tura nacional de materias primas provenientes de la ex-
plotación de los recursos naturales no renovables, con
el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar
empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y
bienestar para el pueblo.
Artículo 303. Por razones de soberanía económica,
política y de estrategia nacional, el Estado conservará
la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela,
S.A., o del ente creado para el manejo de la industria
petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones
estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya
constituido o se constituya como consecuencia del de-
sarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.
Artículo 304. Todas las aguas son bienes de dominio
público de la Nación, insustituibles para la vida y el
desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesa-
rias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento
y recuperación, respetando las fases del ciclo hidroló-
gico y los criterios de ordenación del territorio.
Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sus-
tentable como base estratégica del desarrollo rural in-
tegral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la
población; entendida como la disponibilidad suficiente
y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acce-
so oportuno y permanente a éstos por parte del público
consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará de-
sarrollando y privilegiando la producción agropecuaria
interna, entendiéndose como tal la proveniente de las
actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
La producción de alimentos es de interés nacional y
fundamental para el desarrollo económico y social de

318 319
la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas
de orden financiero, comercial, transferencia tecnoló-
gica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación
de mano de obra y otras que fueren necesarias para
alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el marco de la
economía nacional e internacional para compensar las
desventajas propias de la actividad agrícola.
El Estado protegerá los asentamientos y comunida-
des de pescadores o pescadoras artesanales, así como
sus caladeros de pesca en aguas continentales y los
próximos a la línea de costa definidos en la ley.
Artículo 306. El Estado promoverá las condiciones
para el desarrollo rural integral, con el propósito de
generar empleo y garantizar a la población campesina
un nivel adecuado de bienestar, así como su incor-
poración al desarrollo nacional. Igualmente fomenta-
rá la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra
mediante la dotación de las obras de infraestructura,
insumos, créditos, servicios de capacitación y asisten-
cia técnica.
Artículo 307. El régimen latifundista es contrario al in-
terés social. La ley dispondrá lo conducente en materia
tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá
las medidas necesarias para su transformación en uni-
dades económicas productivas, rescatando igualmen-
te las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o
campesinas y demás productores agropecuarios y pro-
ductoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad
de la tierra, en los casos y formas especificados en la
ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y particulares de propiedad para ga-
rantizar la producción agrícola. El Estado velará por la
ordenación sustentable de las tierras de vocación agrí-
cola para asegurar su potencial agroalimentario.
Excepcionalmente se crearán contribuciones pa-
rafiscales con el fin de facilitar fondos para financia-
miento, investigación, asistencia técnica, transferencia
tecnológica y otras actividades que promuevan la pro-
ductividad y la competitividad del sector agrícola. La
ley regulará lo conducente a esta materia.
Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pe-
queña y mediana industria, las cooperativas, las cajas
de ahorro, así como también la empresa familiar, la
microempresa y cualquier otra forma de asociación co-
munitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo
régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer
el desarrollo económico del país, sustentándolo en la
iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asis-
tencia técnica y el financiamiento oportuno.
Artículo 309. La artesanía e industrias populares tí-
picas de la Nación gozarán de protección especial del

320 321
Estado, con el fin de preservar su autenticidad, y obten-
drán facilidades crediticias para promover su produc-
ción y comercialización.
Artículo 310. El turismo es una actividad económica
de interés nacional, prioritaria para el país en su estra-
tegia de diversificación y desarrollo sustentable. Den-
tro de las fundamentaciones del régimen socioeconó-
mico previsto en esta Constitución, el Estado dictará
las medidas que garanticen su desarrollo. El Estado
velará por la creación y fortalecimiento del sector tu-
rístico nacional.
Capítulo II
Del régimen fiscal y monetario
Sección primera: del régimen presupuestario
Artículo 311. La gestión fiscal estará regida y será eje-
cutada con base en principios de eficiencia, solvencia,
transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta
se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto,
de manera que los ingresos ordinarios deben ser sufi-
cientes para cubrir los gastos ordinarios.
El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea
Nacional, para su sanción legal, un marco plurianual
para la formulación presupuestaria que establezca los
límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan
de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley
establecerá las características de este marco, los requi-
sitos para su modificación y los términos de su cum-
plimiento.
El ingreso que se genere por la explotación de la
riqueza del subsuelo y los minerales, en general, pro-
penderá a financiar la inversión real productiva, la edu-
cación y la salud.
Los principios y disposiciones establecidos para la
administración económica y financiera nacional, regu-
larán la de los Estados y Municipios en cuanto sean
aplicables.
Artículo 312. La ley fijará límites al endeudamiento
público de acuerdo con un nivel prudente en relación
con el tamaño de la economía, la inversión reproduc-
tiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el
servicio de la deuda pública. Las operaciones de crédi-
to público requerirán, para su validez, una ley especial
que las autorice, salvo las excepciones que establezca
la ley orgánica. La ley especial indicará las modalida-
des de las operaciones y autorizará los créditos pre-
supuestarios correspondientes en la respectiva ley de
presupuesto.

322 323
La ley especial de endeudamiento anual será pre-
sentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la
Ley de Presupuesto.
El Estado no reconocerá otras obligaciones que las
contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional,
de acuerdo con la ley.
Artículo 313. La administración económica y financie-
ra del Estado se regirá por un presupuesto aprobado
anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a
la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la
ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el
Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese pre-
sentado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de
Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o
el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el
presupuesto del ejercicio fiscal en curso.
La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas
presupuestarias, pero no autorizará medidas que con-
duzcan a la disminución de los ingresos públicos ni
gastos que excedan el monto de las estimaciones de
ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto.
Con la presentación del marco plurianual del pre-
supuesto, la ley especial de endeudamiento y el pre-
supuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos
los objetivos de largo plazo para la política fiscal, y
explicará cómo dichos objetivos serán logrados, de
acuerdo con los principios de responsabilidad y equi-
librio fiscal.
Artículo 314. No se hará ningún tipo de gasto que no
haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo po-
drán decretarse créditos adicionales al presupuesto para
gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten
insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente
con recursos para atender la respectiva erogación; a este
efecto, se requerirá previamente el voto favorable del
Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea
Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada.
Artículo 315. En los presupuestos públicos anuales
de gastos, en todos los niveles de gobierno, se es-
tablecerá de manera clara, para cada crédito presu-
puestario, el objetivo específico a que esté dirigido,
los resultados concretos que se espera obtener y los
funcionarios públicos o funcionarias públicas res-
ponsables para el logro de tales resultados. Éstos se
establecerán en términos cuantitativos, mediante in-
dicadores de desempeño, siempre que ello sea técni-
camente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los
seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio
anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición
de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria
correspondiente a dicho ejercicio.

324 325
Sección segunda: del sistema tributario
Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa
distribución de las cargas públicas según la capacidad
económica del o la contribuyente, atendiendo al prin-
cipio de progresividad, así como la protección de la
economía nacional y la elevación del nivel de vida de
la población; para ello se sustentará en un sistema efi-
ciente para la recaudación de los tributos.
Artículo 317. No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni
contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni
concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de
incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las
leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
No podrán establecerse obligaciones tributarias pa-
gaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin
perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, po-
drá ser castigada penalmente.
En el caso de los funcionarios públicos o funciona-
rias públicas se establecerá el doble de la pena.
Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vi-
gencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en
sesenta días continuos. Esta disposición no limita las
facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo
Nacional en los casos previstos por esta Constitución.
La administración tributaria nacional gozará de au-
tonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con
lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima
autoridad será designada por el Presidente o Presidenta
de la República, de conformidad con las normas pre-
vistas en la ley.
Sección tercera: del sistema monetario nacional
Artículo 318. Las competencias monetarias del Poder
Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obli-
gatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo
fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr
la estabilidad de precios y preservar el valor interno y
externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria
de la República Bolivariana de Venezuela es el bolí-
var. En caso de que se instituya una moneda común en
el marco de la integración latinoamericana y caribeña,
podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado
que suscriba la República.
El Banco Central de Venezuela es persona jurídica
de derecho público con autonomía para la formulación y
el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco
Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordi-
nación con la política económica general, para alcanzar
los objetivos superiores del Estado y la Nación.

326 327
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el
Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones
las de formular y ejecutar la política monetaria, partici-
par en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular
la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar
las reservas internacionales, y todas aquellas que esta-
blezca la ley.
Artículo 319. El Banco Central de Venezuela se re-
girá por el principio de responsabilidad pública, a
cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, me-
tas y resultados de sus políticas ante la Asamblea
Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá
informes periódicos sobre el comportamiento de las
variables macroeconómicas del país y sobre los de-
más asuntos que se le soliciten e incluirá los análisis
que permitan su evaluación. El incumplimiento sin
causa justificada del objetivo y de las metas, dará
lugar a la remoción del directorio y a sanciones ad-
ministrativas, de acuerdo con la ley.
El Banco Central de Venezuela estará sujeto al
control posterior de la Contraloría General de la Re-
pública y a la inspección y vigilancia del organismo
público de supervisión bancaria, el cual remitirá a
la Asamblea Nacional informes de las inspecciones
que realice. El presupuesto de gastos operativos del
Banco Central de Venezuela requerirá la discusión
y aprobación de la Asamblea Nacional y sus cuentas
y balances serán objeto de auditoría externa en los
términos que fije la ley.
Sección cuarta: de la coordinación
macroeconómica
Artículo 320. El Estado debe promover y defender la
estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la
economía y velar por la estabilidad monetaria y de pre-
cios, para asegurar el bienestar social.
El ministerio responsable de las finanzas y el Banco
Central de Venezuela contribuirán a la armonización
de la política fiscal con la política monetaria, facili-
tando el logro de los objetivos macroeconómicos. En
el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Ve-
nezuela no estará subordinado a directivas del Poder
Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas
fiscales deficitarias.
La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y
del Banco Central de Venezuela se dará mediante un
acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán
los objetivos finales de crecimiento y sus repercusio-
nes sociales, balance externo e inflación, concernientes
a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria; así como
los niveles de las variables intermedias e instrumenta-

328 329
les requeridos para alcanzar dichos objetivos finales.
Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presi-
denta del Banco Central de Venezuela y el o la titular
del ministerio responsable de las finanzas, y se divul-
gará en el momento de la aprobación del presupuesto
por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las
instituciones firmantes del acuerdo que las acciones de
política sean consistentes con sus objetivos. En dicho
acuerdo se especificarán los resultados esperados, las
políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley
establecerá las características del acuerdo anual de
política económica y los mecanismos de rendición de
cuentas.
Artículo 321. Se establecerá por ley un fondo de es-
tabilización macroeconómica destinado a garantizar la
estabilidad de los gastos del Estado en los niveles mu-
nicipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de
los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento
del fondo tendrán como principios básicos la eficien-
cia, la equidad y la no discriminación entre las entida-
des públicas que aporten recursos al mismo.
TÍTULO VII
DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Capítulo I
Artículo 322. La seguridad de la Nación es competen-
cia esencial y responsabilidad del Estado, fundamen-
tada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es
responsabilidad de los venezolanos y venezolanas;
también de las personas naturales y jurídicas, tanto de
derecho público como de derecho privado, que se en-
cuentren en el espacio geográfico nacional.
Artículo 323. El Consejo de Defensa de la Nación es
el máximo órgano de consulta para la planificación y
asesoramiento del Poder Público en los asuntos rela-
cionados con la defensa integral de la Nación, su sobe-
ranía y la integridad de su espacio geográfico. A tales
efectos, le corresponde también establecer el concepto
estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o
Presidenta de la República, lo conforman, además, el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva,
el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el
Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Re-

330 331
publicano y los Ministros o Ministras de los sectores
de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exte-
riores y la planificación, y otros cuya participación se
considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará
su organización y atribuciones.
Artículo 324. Sólo el Estado puede poseer y usar ar-
mas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o
se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de
la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza
Armada Nacional será la institución competente para
reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respec-
tiva, la fabricación, importación, exportación, almace-
namiento, tránsito, registro, control, inspección, co-
mercio, posesión y uso de otras armas, municiones y
explosivos.
Artículo 325. El Ejecutivo Nacional se reserva la cla-
sificación y divulgación de aquellos asuntos que guar-
den relación directa con la planificación y ejecución de
operaciones concernientes a la seguridad de la Nación,
en los términos que la ley establezca.
Capítulo II
De los principios de seguridad de la Nación
Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta
en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad
civil, para dar cumplimiento a los principios de inde-
pendencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justi-
cia, solidaridad, promoción y conservación ambiental
y afirmación de los derechos humanos, así como en la
satisfacción progresiva de las necesidades individuales
y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre
las bases de un desarrollo sustentable y productivo de
plena cobertura para la comunidad nacional. El prin-
cipio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ám-
bitos económico, social, político, cultural, geográfico,
ambiental y militar.
Artículo 327. La atención de las fronteras es prioritaria
en el cumplimiento y aplicación de los principios de
seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una
franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regí-
menes especiales en lo económico y social, poblamien-
to y utilización serán regulados por la ley, protegiendo
de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de
los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo
régimen de administración especial.

332 333
Capítulo III
De la Fuerza Armada Nacional
Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye
una institución esencialmente profesional, sin mili-
tancia política, organizada por el Estado para garanti-
zar la independencia y soberanía de la Nación y ase-
gurar la integridad del espacio geográfico, mediante
la defensa militar, la cooperación en el mantenimien-
to del orden interno y la participación activa en el de-
sarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución
y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones,
está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún
caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus
pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia
y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está
integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la
Guardia Nacional, que funcionan de manera integral
dentro del marco de su competencia para el cumpli-
miento de su misión, con un régimen de seguridad so-
cial integral propio, según lo establezca su respectiva
ley orgánica.
Artículo 329. El Ejército, la Armada y la Aviación
tienen como responsabilidad esencial la planifica-
ción, ejecución y control de las operaciones militares
requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La
Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de di-
chas operaciones y tendrá como responsabilidad bási-
ca la conducción de las operaciones exigidas para el
mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza
Armada Nacional podrá ejercer las actividades de po-
licía administrativa y de investigación penal que le
atribuya la ley.
Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Arma-
da Nacional en situación de actividad tienen derecho
al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté
permitido optar a cargo de elección popular, ni partici-
par en actos de propaganda, militancia o proselitismo
político.
Artículo 331. Los ascensos militares se obtienen por
mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia
exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán re-
gulados por la ley respectiva.
Capítulo IV
De los órganos de seguridad ciudadana
Artículo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener y
restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos
y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones
de las autoridades competentes y asegurar el pacífico
disfrute de las garantías y derechos constitucionales,
de conformidad con la ley, organizará:

334 335
1. Un cuerpo uniformado de policía nacional.
2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y
criminalísticas.
3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administra-
ción de emergencias de carácter civil.
4. Una organización de protección civil y administra-
ción de desastres.
Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter
civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos,
sin discriminación alguna.
La función de los órganos de seguridad ciudadana
constituye una competencia concurrente con los Esta-
dos y Municipios en los términos establecidos en esta
TÍTULO VIII
DE LA PROTECCIÓN
DE ESTA CONSTITUCIÓN
Capítulo I
De la garantía de esta Constitución
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia
si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fue-
re derogada por cualquier otro medio distinto al pre-
visto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o
ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el de-
ber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva
vigencia.
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República,
en el ámbito de sus competencias y conforme a lo pre-
visto en esta Constitución y en la ley, están en la obliga-
ción de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitu-
ción y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales, correspondiendo a los
tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo
conducente.

336 337
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdic-
ción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y
demás actos de los órganos que ejercen el Poder Pú-
blico dictados en ejecución directa e inmediata de esta
Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan
con aquella.
Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garanti-
zará la supremacía y efectividad de las normas y prin-
cipios constitucionales; será el máximo y último in-
térprete de esta Constitución y velará por su uniforme
interpretación y aplicación. Las interpretaciones que
establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o
alcance de las normas y principios constitucionales son
vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo
de Justicia y demás tribunales de la República.
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes na-
cionales y demás actos con rango de ley de laAsam-
blea Nacional, que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constitu-
ciones y leyes estadales, de las ordenanzas muni-
cipales y demás actos de los cuerpos deliberantes
de los Estados y Municipios dictados en ejecución
directa e inmediata de esta Constitución y que coli-
dan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con
rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional,
que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en
ejecución directa e inmediata de esta Constitución,
dictados por cualquier otro órgano estatal en ejerci-
cio del Poder Público, cuando colidan con ésta.
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de
la República o de la Asamblea Nacional, la confor-
midad con esta Constitución de los tratados inter-
nacionales suscritos por la República, antes de su
ratificación.
6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucio-
nalidad de los decretos que declaren estados de ex-
cepción dictados por el Presidente o Presidenta de
la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones
del poder legislativo municipal, estadal o nacional
cuando haya dejado de dictar las normas o medidas
indispensables para garantizar el cumplimiento de
esta Constitución, o las haya dictado en forma in-
completa; y establecer el plazo y, de ser necesario,
los lineamientos de su corrección.

338 339
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas dis-
posiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.
9. Dirimir las controversias constitucionales que se
susciten entre cualesquiera de los órganos del Po-
der Público.
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de
amparo constitucional y de control de constitucio-
nalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los
tribunales de la República, en los términos estable-
cidos por la ley orgánica respectiva.
11. LasdemásqueestablezcanestaConstituciónylaley.
Capítulo II
De los estados de excepción
Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la Repú-
blica, en Consejo de Ministros, podrá decretar los es-
tados de excepción. Se califican expresamente como
tales las circunstancias de orden social, económico,
político, natural o ecológico, que afecten gravemente
la seguridad de la Nación, de las instituciones y de
los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resul-
tan insuficientes las facultades de las cuales se dis-
ponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso,
podrán ser restringidas temporalmente las garantías
consagradas en esta Constitución, salvo las referidas
a los derechos a la vida, prohibición de incomunica-
ción o tortura, el derecho al debido proceso, el dere-
cho a la información y los demás derechos humanos
intangibles.
Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma
cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas
u otros acontecimientos similares que pongan seria-
mente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus
ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción
durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por
treinta días más.
Podrá decretarse el estado de emergencia económi-
ca cuando se susciten circunstancias económicas ex-
traordinarias que afecten gravemente la vida económi-
ca de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días,
prorrogable por un plazo igual.
Podrá decretarse el estado de conmoción interior
o exterior en caso de conflicto interno o externo, que
ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación,
de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones.
Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorroga-
ble hasta por noventa días más.
La aprobación de la prórroga de los estados de excep-
ción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgá-

340 341
nica regulará los estados de excepción y determinará las
medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.
Artículo 339. El decreto que declare el estado de ex-
cepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho
cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de
los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asam-
blea Nacional o a la Comisión Delegada, para su con-
sideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie
sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con
las exigencias, principios y garantías establecidos en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y en la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. El Presidente o Presidenta de la República podrá
solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revoca-
do por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Na-
cional o por su Comisión Delegada, antes del término
señalado, al cesar las causas que lo motivaron.
La declaración del estado de excepción no inte-
rrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder
Público.
TÍTULO IX
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Capítulo I
De las enmiendas
Artículo 340. La enmienda tiene por objeto la adición
o modificación de uno o varios artículos de esta Cons-
titución, sin alterar su estructura fundamental.
Artículo 341. Las enmiendas a esta Constitución se tra-
mitarán en la forma siguiente:
1. La iniciativa podrá partir del quince por ciento de
los ciudadanos inscritos y las ciudadanas inscritas
en el Registro Civil y Electoral; o de un treinta por
ciento de los o las integrantes de la Asamblea Na-
cional o del Presidente o Presidenta de la República
en Consejo de Ministros.
2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacio-
nal, la enmienda requerirá la aprobación de ésta por
la mayoría de sus integrantes y se discutirá, según
el procedimiento establecido en esta Constitución
para la formación de leyes.
3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmien-
das a los treinta días siguientes a su recepción formal.

342 343
4. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuer-
do con lo establecido en esta Constitución y en la
ley relativa al referendo aprobatorio.
5. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente
y se publicarán a continuación de esta Constitución
sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del
artículo o artículos enmendados la referencia de nú-
mero y fecha de la enmienda que lo modificó.
Capítulo II
De la reforma constitucional
Artículo 342. La reforma constitucional tiene por ob-
jeto una revisión parcial de esta Constitución y la sus-
titución de una o varias de sus normas que no modifi-
quen la estructura y principios fundamentales del texto
constitucional.
La iniciativa de la reforma de esta Constitución po-
drán tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo
aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes;
el Presidente o Presidenta de la República en Consejo
de Ministros; o un número no menor del quince por
ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en
el Registro Civil y Electoral que lo soliciten.
Artículo 343. La iniciativa de reforma constitucional
será tramitada por la Asamblea Nacional en la forma
siguiente:
1. El proyecto de reforma constitucional tendrá una
primera discusión en el período de sesiones corres-
pondiente a la presentación del mismo.
2. Una segunda discusión por Título o Capítulo, según
fuere el caso.
3. Una tercera y última discusión artículo por artículo.
4. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de re-
forma constitucional en un plazo no mayor de dos
años, contados a partir de la fecha en la cual cono-
ció y aprobó la solicitud de reforma.
5. El proyecto de reforma se considerará aprobado con
el voto de las dos terceras partes de los o las inte-
grantes de la Asamblea Nacional.
Artículo 344. El proyecto de reforma constitucional
aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a re-
ferendo dentro de los treinta días siguientes a su san-
ción. El referendo se pronunciará en conjunto sobre
la reforma, pero podrá votarse separadamente hasta
una tercera parte de ella, si así lo aprobara un número
no menor de una tercera parte de la Asamblea Na-
cional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere

344 345
solicitado el Presidente o Presidenta de la República
o un número no menor del cinco por ciento de los
electores inscritos y electoras inscritas en el Registro
Civil y Electoral.
Artículo 345. Se declarará aprobada la reforma consti-
tucional si el número de votos afirmativos es superior
al número de votos negativos. La iniciativa de reforma
constitucional que no sea aprobada, no podrá presen-
tarse de nuevo en un mismo período constitucional a la
Asamblea Nacional.
ca estará obligado u obligada a promulgar las enmien-
das o reformas dentro de los diez días siguientes a su
aprobación. Si no lo hiciere, se aplicará lo previsto en
esta Constitución.
Capítulo III
De la Asamblea Nacional Constituyente
Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el deposita-
rio del poder constituyente originario. En ejercicio de
dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional
Constituyente con el objeto de transformar el Estado,
crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución.
Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asam-
blea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presi-
dente o Presidenta de la República en Consejo de Mi-
nistros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos
Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos
terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de
los electores inscritos y electoras inscritas en el Regis-
tro Civil y Electoral.
ca no podrá objetar la nueva Constitución.
Los poderes constituidos no podrán en forma al-
guna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional
Constituyente.
Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se
publicará en la Gaceta Oficial de la República Boli-
variana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradi-
ción republicana, a su lucha por la independencia, la
paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legis-
lación o autoridad que contraríe los valores, principios
y garantías democráticos o menoscabe los derechos
humanos.

346 347
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Queda derogada la Constitución de la Repúbli-
ca de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil
novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento
jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no con-
tradiga esta Constitución.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. La ley especial sobre el régimen del Dis-
trito Capital, prevista en el artículo 18 de esta Cons-
titución, será aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente y preservará la integridad territorial del
Estado Miranda. Mientras se aprueba la ley especial,
se mantiene en vigencia el régimen previsto en la Ley
Orgánica del Distrito Federal y en la Ley Orgánica de
Régimen Municipal.
Segunda. Mientras se dicta la ley prevista en el artícu-
lo 38 de esta Constitución, sobre adquisición, opción,
renuncia y recuperación de la nacionalidad, se consi-
derarán con domicilio en Venezuela los extranjeros o
extranjeras que habiendo ingresado y permanecido le-
galmente en el territorio nacional, hayan declarado su
intención de fijar domicilio en el país, tengan medios
lícitos de vida y hayan residido en Venezuela ininte-
rrumpidamente durante dos años.
Por residencia se entenderá la estadía en el país con
ánimo de permanecer en él. Las declaraciones de vo-
luntad previstas en los artículos 32, 33 y 36 de esta
Constitución se harán en forma auténtica por la per-
sona interesada cuando sea mayor de edad, o por su
representante legal, si no ha cumplido veintiún años.
Tercera. La Asamblea Nacional, dentro de los prime-
ros seis meses siguientes a su instalación, aprobará:
1. Una reforma parcial del Código Penal para incluir el
delito de desaparición forzada de personas, previsto
en el artículo 45 de esta Constitución. Mientras no
se apruebe esta reforma se aplicará, en lo que sea
posible, la Convención Interamericana Sobre Des-
aparición Forzada de Personas.
2. Una ley orgánica sobre estados de excepción.
3. Una ley especial para establecer las condiciones
y características de un régimen especial para los
Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos,
del Estado Apure. Para la elaboración de esta ley,
se oirá la opinión del Presidente o Presidenta de la
República, de la Fuerza Armada Nacional, de la re-
presentación que designe el Estado en cuestión y
demás instituciones involucradas en la problemáti-
ca fronteriza.

348 349
Cuarta. Dentro del primer año, contado a partir de su
instalación, la Asamblea Nacional aprobará:
1. La legislación sobre la sanción a la tortura, ya sea
mediante ley especial o reforma del Código Penal.
2. Una ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y
asilados o asiladas, acorde con los términos de esta
Constitución y los tratados internacionales sobre la
materia ratificados por Venezuela.
3. Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Traba-
jo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones
sociales reconocido en el artículo 92 de esta Cons-
titución, el cual integrará el pago de este derecho de
forma proporcional al tiempo de servicio y calcula-
do de conformidad con el último salario devenga-
do, estableciendo un lapso para su prescripción de
diez años. Durante este lapso, mientras no entre en
vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose
de forma transitoria el régimen de la prestación de
antigüedad establecido en la Ley Orgánica del Tra-
bajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto
de normas integrales que regulen la jornada laboral
y propendan a su disminución progresiva, en los
términos previstos en los acuerdos y convenios de
la Organización Internacional del Trabajo suscritos
por la República.
4. Una ley orgánica Procesal del Trabajo que garan-
tice el funcionamiento de una jurisdicción labo-
ral autónoma y especializada, y la protección del
trabajador o trabajadora en los términos previstos
en esta Constitución y en las leyes. La Ley Orgá-
nica Procesal del Trabajo estará orientada por los
principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inme-
diatez, prioridad de la realidad de los hechos, la
equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.
5. La legislación referida al Sistema Judicial, a la
Administración Pública Nacional, al Poder Ciu-
dadano, al Poder Electoral y a la legislación tri-
butaria, de régimen presupuestario y de crédito
público.
Una ley orgánica sobre la defensa pública. Hasta
tanto se sancione dicha ley, la Comisión de Funcio-
namiento y Reestructuración del Sistema Judicial
estará a cargo del desarrollo y operatividad efectiva
del Sistema Autónomo de la Defensa Pública, a los
fines de garantizar el derecho a la defensa.
6. Una ley que desarrolle la hacienda pública estadal
estableciendo, con apego a los principios y normas
de esta Constitución, los tributos que la compongan,
los mecanismos de su aplicación y las disposiciones
que la regulen.

350 351
7. La legislación que desarrolle los principios constitu-
cionales sobre el régimen municipal. De conformi-
dad con ella, los órganos legislativos de los Estados
procederán a sancionar los instrumentos normati-
vos que correspondan a la potestad organizadora
que tienen asignada con respecto a los Municipios
y demás entidades locales y a la división politicote-
rritorial en cada jurisdicción. Se mantienen los Mu-
nicipios y parroquias existentes hasta su adecuación
al nuevo régimen previsto en dicho ordenamiento.
8. La ley a la cual se ajustará el Banco Central de
Venezuela. Dicha ley fijará, entre otros aspectos,
el alcance de las funciones y forma de organiza-
ción del instituto; el funcionamiento, período,
forma de elección, remoción, régimen de incom-
patibilidades y requisitos para la designación de
su Presidente o Presidenta y Directores o Direc-
toras; las reglas contables para la constitución
de sus reservas y el destino de sus utilidades; la
auditoría externa anual de las cuentas y balances,
a cargo de firmas especializadas, seleccionadas
por el Ejecutivo Nacional; y el control posterior
por parte de la Contraloría General de la Repúbli-
ca en lo que se refiere a la legalidad, sinceridad,
oportunidad, eficacia y eficiencia de la gestión
administrativa del Banco Central de Venezuela.
La ley establecerá que el Presidente o Presidenta y
demás integrantes del Directorio del Banco Central
de Venezuela representarán exclusivamente el inte-
rés de la Nación, a cuyo efecto fijará un procedi-
miento público de evaluación de los méritos y cre-
denciales de las personas postuladas a dichos cargos.
La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corres-
ponderá la designación del Presidente o Presidenta
del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la
mitad de sus Directores o Directoras; y establecerá
los términos de participación del Poder Legislativo
Nacional en la designación y ratificación de estas
autoridades.
9. La ley del cuerpo de policía nacional. En dicha
ley se establecerá el mecanismo de integración del
Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Trans-
porte Terrestre al cuerpo de policía nacional.
Quinta. En el término no mayor de un año, a partir de
la entrada en vigencia de esta Constitución, la Asam-
blea Nacional dictará una reforma del Código Orgáni-
co Tributario que establezca, entre otros aspectos:
1. La interpretación estricta de las leyes y normas
tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a su
significación económica, con el objeto de eliminar
ambigüedades.

352 353
2. La eliminación de excepciones al principio de no
retroactividad de la ley.
3. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto
de dotar con mejores instrumentos a la administra-
ción tributaria.
4. Eliminar la prescripción legal para delitos tributa-
rios graves, los cuales deben ser tipificados en el
Código Orgánico Tributario.
5. La ampliación de las penas contra asesores o
asesoras, bufetes de abogados o de abogadas,
auditores externos o auditoras externas y otros
u otras profesionales que actúen en complici-
dad para cometer delitos tributarios, incluyendo
períodos de inhabilitación en el ejercicio de la
profesión.
6. La ampliación de las penas y la severidad de las
sanciones contra delitos de evasión fiscal, aumen-
tando los períodos de prescripción.
7. La revisión de atenuantes y agravantes de las san-
ciones para hacerlas más estrictas.
8. La ampliación de las facultades de la administra-
ción tributaria en materia de fiscalización.
9. El incremento del interés moratorio para disuadir la
evasión fiscal.
10. La extensión del principio de solidaridad, para per-
mitir que los directores o directoras y asesores o
asesoras respondan con sus bienes en caso de con-
validar delitos tributarios.
11. La introducción de procedimientos administrativos
más expeditos.
Sexta. La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años,
legislará sobre todas las materias relacionadas con esta
Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas
sobre pueblos indígenas, educación y fronteras.
Séptima. A los fines previstos en el artículo 125 de
esta Constitución, mientras no se apruebe la ley or-
gánica correspondiente, la elección de los y las re-
presentantes indígenas a la Asamblea Nacional, a los
Consejos Legislativos y a los Concejos Municipales,
se regirá por los siguientes requisitos de postulación
y mecanismos:
Todas las comunidades u organizaciones indígenas po-
drán postular candidatos y candidatas que sean indígenas.
Es requisito indispensable, para ser candidato o
candidata, hablar su idioma indígena y cumplir con, al
menos, una de las siguientes condiciones:
1. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en
su respectiva comunidad.

354 355
2. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro
del reconocimiento de su identidad cultural.
3. Haber realizado acciones en beneficio de los pue-
blos y comunidades indígenas.
4. Pertenecer a una organización indígena legalmente
constituida con un mínimo de tres años de funcio-
namiento.
Se establecerán tres regiones: Occidente, compues-
ta por los Estados Zulia, Mérida y Trujillo; Sur, com-
puesta por los Estados Amazonas y Apure; y Oriente,
compuesta por los Estados Bolívar, Delta Amacuro,
Monagas, Anzoátegui y Sucre.
Cada uno de los Estados que componen las regiones
elegirá un representante. El Consejo Nacional Electo-
ral declarará electo al candidato o electa a la candidata
que hubiere obtenido la mayoría de los votos válidos
en su respectiva región o circunscripción.
Los candidatos o las candidatas indígenas estarán
en el tarjetón de su respectivo Estado o circunscripción
y todos los electores y electoras de ese Estado podrán
votarlos o votarlas.
Para los efectos de la representación indígena en
los Consejos Legislativos y en los Concejos Munici-
pales de los Estados y Municipios con población indí-
gena, se tomará el censo oficial de 1992 de la Oficina
Central de Estadística e Informática.
Las elecciones se realizarán de acuerdo con las
normas y requisitos aquí establecidos.
El Consejo Nacional Electoral garantizará, con apo-
yo de expertos o expertas indigenistas y organizacio-
nes indígenas, el cumplimiento de los requisitos aquí
señalados.
Octava. Mientras no se promulguen las nuevas leyes
electorales previstas en esta Constitución los procesos
electorales serán convocados, organizados, dirigidos y
supervisados por el Consejo Nacional Electoral.
Para el primer período del Consejo Nacional Elec-
toral, previsto en esta Constitución, todos sus inte-
grantes serán designados o designadas simultánea-
mente. En la mitad del período, dos de sus integrantes
serán renovados o renovadas de acuerdo con lo esta-
blecido en la ley orgánica correspondiente.
Novena. Mientras no se dicten las leyes relativas al
Capítulo IV del Título V de esta Constitución, se man-
tendrán en vigencia las leyes orgánicas del Ministerio
Público y de la Contraloría General de la República.
En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el o la titular
será designado o designada de manera provisoria por
la Asamblea Nacional Constituyente. El Defensor o

356 357
Defensora del Pueblo adelantará lo correspondiente
a la estructura organizativa, integración, estableci-
miento de presupuesto e infraestructura física, toman-
do como base las atribuciones que le establece esta
Constitución.
Décima. Lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
167 de esta Constitución sobre la obligación que tie-
nen los Estados de destinar un mínimo del cincuenta
por ciento del situado constitucional a la inversión,
entrará en vigencia a partir del primero de enero del
año dos mil uno.
Decimoprimera. Hasta tanto se dicte la legislación
nacional relativa al régimen de las tierras baldías, la
administración de las mismas continuará siendo ejer-
cida por el Poder Nacional, conforme a la legislación
vigente.
Decimosegunda. La demarcación del hábitat indíge-
na a que se refiere el artículo 119 de esta Constitu-
ción, se realizará dentro del lapso de dos años conta-
dos a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta
Constitución.
Decimotercera. Hasta tanto los Estados asuman por
ley estadal las competencias referidas en el numeral 7
del artículo 164 de esta Constitución, se mantendrá el
régimen vigente.
Decimocuarta. Mientras no se dicte la legislación que
desarrolle los principios de esta Constitución sobre el
régimen municipal, continuarán plenamente vigentes
las ordenanzas y demás instrumentos normativos de
los Municipios, relativos a las materias de su compe-
tencia y al ámbito fiscal propio, que tienen atribuido
conforme al ordenamiento jurídico aplicable antes de
la sanción de esta Constitución.
Decimoquinta. Hasta tanto se apruebe la legislación
a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución, se
mantendrá en vigencia el ordenamiento jurídico apli-
cable antes de la sanción de esta Constitución.
Decimosexta. Para el enriquecimiento del acervo his-
tórico de la Nación, el cronista de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente coordinará lo necesario para salva-
guardar las grabaciones o registros que de las sesiones
y actividades de la Asamblea Nacional Constituyente
se realizaron en imagen, en sonido; en documentos
escritos, digitales, fotográficos o hemerográficos; y en
cualquier otra forma de documento elaborado.
Todos estos documentos quedarán bajo la protección
del Archivo General de la Nación.
Decimoséptima. El nombre de la República, una vez
aprobada esta Constitución, será “República Bolivaria-
na de Venezuela”, tal como está previsto en su artículo

358 359
uno. Es obligación de las autoridades e instituciones,
tanto públicas como privadas, que deban expedir re-
gistros, títulos o cualquier otro documento, utilizar el
nombre de “República Bolivariana de Venezuela”, de
manera inmediata.
En trámites rutinarios las dependencias administra-
tivas agotarán el inventario documental de papelería;
su renovación se hará progresivamente con la mencio-
nada denominación, en un plazo que no excederá de
cinco años.
La circulación de monedas acuñadas y billetes emi-
tidos con el nombre de “República de Venezuela”, esta-
rá regulada por la reforma de la Ley del Banco Central
de Venezuela contemplada en la Disposición Transito-
ria cuarta de esta Constitución, en función de hacer la
transición a la denominación “República Bolivariana
de Venezuela”.
Decimoctava. A los fines de asegurar la vigencia de
los principios establecidos en el artículo 113 de esta
Constitución, la Asamblea Nacional dictará una ley
que establezca, entre otros aspectos, el organismo de
supervisión, control y fiscalización que deba asegurar
la efectiva aplicación de estos principios y las disposi-
ciones y demás reglas que los desarrollen.
La persona que presida o dirija este organismo será
designada por el voto de la mayoría de los diputados o
diputadas a la Asamblea Nacional, previo informe fa-
vorable de una comisión especial designada de su seno
al efecto.
La ley establecerá que los funcionarios o funciona-
rias de la Administración Pública y los jueces o juezas
llamados o llamadas a conocer y decidir las controver-
sias relacionadas con las materias a que se refiere el ar-
tículo 113 de esta Constitución, observen, con carácter
prioritario y excluyente, los principios allí definidos y
se abstengan de aplicar cualquier disposición suscepti-
ble de generar efectos contrarios a ellos.
La ley establecerá en las concesiones de servicios
públicos, la utilidad para el concesionario o concesiona-
ria y el financiamiento de las inversiones estrictamente
vinculadas a la prestación del servicio, incluyendo las
mejoras y ampliaciones que la autoridad competente
considere razonables y apruebe en cada caso.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Esta Constitución entrará en vigencia el mismo
día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Venezuela, después de su aprobación por el
pueblo mediante referendo.

360 361
Aprobada por el pueblo de Venezuela, mediante
referendo constituyente, a los quince días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y pro-
clamada por la Asamblea Nacional Constituyente en
Caracas, a los veinte días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve. Año 189° de la Indepen-
dencia y 140° de la Federación.
El presidente,
Luis Miquilena
El primer vicepresidente,
Isaías Rodríguez
El segundo vicepresidente,
Los constituyentes:
Constituyentes nacionales
Alfredo Peña
Allan Brewer Carías
Ángela Zago
Earle Herrera
Edmundo Chirinos
Eustoquio Contreras
Guillermo García Ponce
Hermann Escarrá
Jesús Rafael Sulbarán
Leopoldo Puchi
Luis Vallenilla
Manuel Quijada
Marisabel de Chávez
Pablo Medina
Pedro Ortega Díaz
Reyna Romero García
Ricardo Combellas
Tarek William Saab
Vinicio Romero Martínez
Constituyentes por Distrito Federal
Desirée Santos Amaral
Eliézer Reinaldo Otaiza Castillo
Ernesto Alvarenga
Freddy Alirio Bernal Rosales
Julio César Alviárez
Nicolás Maduro Moros
Segundo Meléndez
Vladimir Villegas
Constituyentes por Amazonas
Liborio Guarulla Garrido
Nelson Silva
Constituyentes por Anzoátegui
Ángel Rodríguez
David de Lima Salas
David Figueroa
Elías López Portillo
Gustavo Pereira

362 363
Constituyentes por Apure
Cristóbal Jiménez
Rafael Rodríguez Fernández
Constituyentes por Aragua
Alberto Jordán Hernández
Antonio Di Giampaolo Bottini
Carlos Tablante
Humberto Prieto
Oscar Feo
Constituyentes por Barinas
Francisco Efraín Visconti Osorio
José León Tapia Contreras
Constituyentes por Bolívar
Alejandro de Jesús Silva Marcano
Antonio Briceño
Daniel Díaz
Leonel Jiménez Carupe
Victoria Mata
Constituyentes por Carabobo
Elio Gómez Grillo
Manuel Vadell Graterol
Américo Díaz Núñez
Blancanieve Portocarrero
Diego Salazar
Francisco José Ameliach Orta
Juan José Marín Laya
Oscar Navas Tortolero
Saúl Ortega
Constituyentes por Cojedes
Haydée de Franco
Juan Bautista Pérez
Constituyentes por Delta Amacuro
César Pérez Marcano
Ramón Antonio Yánez
Constituyentes por Falcón
Jesús Montilla Aponte
Sol Mussett de Primera
Yoel Acosta Chirinos
Constituyentes por Guárico
Ángel Eugenio Landaeta
Pedro Solano Perdomo
Rubén Alfredo Ávila Ávila
Constituyentes por Lara
Antonio José García García
Enrique Peraza
Henri Falcón
Lenín Romero
Luis Reyes Reyes
Mirna Teresa Vies de Álvarez
Reinaldo Rojas
Constituyentes por Mérida
Adán Chávez Frías
Florencio Antonio Porras Echezuría
Pausides Segundo Reyes Gómez

364 365
Constituyentes por Miranda
Elías Jaua Milano
Freddy Gutiérrez
Haydée Machín
José Gregorio Vielma Mora
José Vicente Rangel Ávalos
Luis Gamargo
Miguel Madriz
Raúl Esté
Rodolfo Sanz
Willian Lara
William Ojeda
Constituyentes por Monagas
José Gregorio Briceño Torrealba
Marelis Pérez Marcano
Numa Rojas Velásquez
Constituyentes por Nueva Esparta
Alexis Navarro Rojas
Virgilio Ávila Vivas
Constituyentes por Portuguesa
Antonia Muñoz
Miguel A. Garranchán Velásquez
Wilmar Alfredo Castro Soteldo
Constituyentes por Sucre
Jesús Molina Villegas
José Luis Meza
Luis Augusto Acuña Cedeño
Constituyentes por Táchira
María Iris Varela Rangel
Ronald Blanco La Cruz
Samuel López
Temístocles Salazar
Constituyentes por Trujillo
Gerardo Márquez
Gilmer Viloria
Constituyentes por Vargas
Antonio Rodríguez
Jaime Barrios
Constituyentes por Yaracuy
Braulio Álvarez
Néstor León Heredia
Constituyentes por Zulia
Alberto Urdaneta
Atala Uriana
Froilán Barrios Nieves
Gastón Parra Luzardo
Geovany Darío Finol Fernández
Jorge Luis Durán Centeno
Levy Arron Alter Valero
María de Queipo
Mario Isea Bohórquez
Rafael Colmenárez
Roberto Jiménez Maggiolo
Silvestre Villalobos
Yldefonso Finol

Constituyentes por las comunidades indígenas
Guillermo Guevara
José Luis González
Noelí Pocaterra de Oberto
Los secretarios,
Elvis Amoroso
Alejandro Andrade
Cúmplase
(L.S.)
Luis Miquilena
Presidente
de la Asamblea Nacional
Constituyente
ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
ENMIENDA Nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN
DE VENEZUELA
DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2009

368 369
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE VENEZUELA
DECRETA
la siguiente,
ENMIENDA Nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN
DE VENEZUELA
ARTÍCULO 1. Se enmienda la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, mediante la modificación de los
artículos 160, 162, 174, 192 y 230, en la forma siguiente:
Artículo 160. El gobierno y administración de cada estado
corresponde a un gobernador o gobernadora. Para ser
gobernador o gobernadora se requiere ser venezolano o
venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.
El gobernador o gobernadora será elegido o elegida por un
período de cuatro años por mayoría de las personas que voten.
El gobernador o gobernadora podrá ser reelegido o reelegida.
Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada estado
por un Consejo Legislativo conformado por un número
no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes
proporcionalmente representarán a la población del estado y de
los municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones
siguientes:
1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo,
la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad
en su jurisdicción territorial se regirán por las normas que
esta Constitución establece para los diputados y diputadas
a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los
legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas
por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o
reelegidas.Laleynacionalregularáelrégimendelaorganización
y el funcionamiento del Consejo Legislativo.
Artículo 174. El gobierno y la administración del municipio
corresponderán al alcalde o alcaldesa, quien será también la
primera autoridad civil. Para ser alcalde o alcaldesa se requiere
ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de
estado seglar. El alcalde o alcaldesa será elegido o elegida por un
período de cuatro años por mayoría de las personas que votan y
podrá ser reelegido o reelegida.
Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelegidos o reelegidas.
Artículo 230. El período presidencial es de seis años. El
Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o
reelegida.
ARTÍCULO 2. Imprímase íntegramente la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, y publíquese a
continuación de esta Constitución la enmienda sancionada
y anótese al pie de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 del
texto constitucional la referencia de número y fecha de esta
enmienda.

370 371
Sancionada por la Asamblea Nacional a los catorce días
del mes de enero de dos mil nueve y aprobada por el pueblo
soberano de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
referendo constitucional, a los quince días del mes de febrero
de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia y 149º de la
Federación.

394
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I: Principios fundamentales...............................................6
TÍTULO II: Del espacio geográfico
y de la división política .........................................................................11
Capítulo I. Del territorio y demás espacios geográficos ...................11
Capítulo II. De la división política ........................................................13
TÍTULO III. De los derechos humanos y garantías,
y de los deberes ...................................................................................... 14
Capítulo I. Disposiciones generales ..................................................... 14
Capítulo II. De la nacionalidad y de la ciudadanía ........................... 20
Sección primera: De la nacionalidad .......................................... 20
Sección segunda: De la ciudadanía ............................................ 22
Capítulo III. De los derechos civiles ................................................... 24
Capítulo IV. De los derechos políticos
y del referendo popular .......................................................................... 27
Sección primera: De los derechos políticos .............................. 27
Sección segunda: Del referendo popular ................................... 32
Capítulo V. De los derechos sociales
y de las familias ....................................................................................... 32
Capítulo VI. De los derechos culturales
y educativos ............................................................................................. 36
Capítulo VII. De los derechos económicos ....................................... 44
Capítulo VIII. De los derechos
de los pueblos indígenas ....................................................................... 45
Capítulo IX. De los derechos ambientales ......................................... 53
Capítulo X. De los deberes .................................................................... 56

TÍTULO IV. Del Poder Público ...................................................... 59
Capítulo I. De las disposiciones fundamentales ............................... 59
Sección primera: Disposiciones generales ................................. 59
Sección segunda: De la administración pública ....................... 61
Sección tercera: De la función pública ....................................... 63
Sección cuarta: De los contratos de interés público ................. 68
Sección quinta: De las relaciones internacionales .................... 69
Capítulo II. De la competencia del Poder
Público Nacional .................................................................................... 70
Capítulo III. Del Poder Público Estadal .............................................. 71
Capítulo IV. Del Poder Público Municipal ......................................... 73
Capítulo V. Del Consejo Federal de Gobierno ................................. 76
TÍTULO V. De la organización del Poder
Público Nacional .................................................................................. 77
Capítulo I. Del Poder Legislativo Nacional ........................................ 77
Capítulo II. Del Poder Ejecutivo Nacional ......................................... 85
Capítulo III. Del Poder Judicial y del sistema de justicia ................. 93
Capítulo IV. Del Poder Ciudadano ....................................................... 97
Capítulo V. Del Poder Electoral ........................................................ . 100
TÍTULO VI. Del sistema socioeconómico ................................ 105
Capítulo I. Del régimen socioeconómico
y de la función del Estado en la economía ..................................... . 108
Capítulo II. Del régimen fiscal y monetario ..................................... 108
Sección primera: Del régimen presupuestario ...................... .. 108
Sección segunda: Del sistema tributario .................................. 110
Sección tercera: Del sistema monetario nacional ................... 110
Sección cuarta: De la coordinación macroeconómica ........... 113
TÍTULO VII. De la seguridad de la nación ............................... 114
Capítulo I. Disposiciones generales .................................................. 114
Capítulo II. De los principios de seguridad
de la nación ............................................................................................ 116
Capítulo III. De la Fuerza Armada Nacional. .................................. 117
Capítulo IV. De los órganos de seguridad
ciudadana .............................................................................................. ..120
TÍTULO VIII. De la protección
de esta constitución ............................................................................ 120
Capítulo I. De la garantía de esta Constitución .............................. .120
Capítulo II. De los estados de excepción ...................................... ... 137
TÍTULO IX. De la reforma constitucional ................................ .140
Constitución de la República
Bolivaria de Venezuela
Preámbulo
TÍTULO I. Principios fundamentales......................................... 153
TÍTULO II. Del espacio geográfico
y de la división política ...................................................................... 156
Capítulo I. Del territorio y demás espacios geográficos ................ 156
Capítulo II. De la división política ..................................................... 159
TÍTULO III. De los derechos humanos y garantías,
y de los deberes ................................................................................... 161
Capítulo II. De la nacionalidad y de la ciudadanía ........................ 167
Sección primera: De la nacionalidad ....................................... 167
Sección segunda: De la ciudadanía ......................................... 170
Capítulo III. De los derechos civiles ................................................ 173
Capítulo IV. De los derechos políticos
y del referendo popular ....................................................................... 182
Sección primera: De los derechos políticos ........................... 182
Sección segunda: Del referendo popular ................................ 186

Capítulo V. De los derechos sociales
y de las familias .................................................................................... 189
Capítulo VI. De los derechos culturales
y educativos .......................................................................................... 202
Capítulo VII. De los derechos económicos .................................... 209
Capítulo VIII. De los derechos
de los pueblos indígenas .................................................................... 212
Capítulo IX. De los derechos ambientales ...................................... 215
Capítulo X. De los deberes ................................................................. 217
TÍTULO IV. Del Poder Público ................................................... 219
Capítulo I. De las disposiciones fundamentales ............................ 219
Sección primera: Disposiciones generales ..................................... 219
Sección segunda: De la administración pública .................... 220
Sección tercera: De la función pública ................................... . 221
Sección cuarta: De los contratos de interés público ............. . 224
Sección quinta: De las relaciones internacionales ................ . 225
Capítulo II. De la competencia del Poder
Público Nacional ................................................................................. 227
Capítulo III. Del Poder Público Estadal ......................................... .. 232
Capítulo IV. Del Poder Público Municipal ..................................... . 239
Capítulo V. Del Consejo Federal de Gobierno .............................. 251
TÍTULO V. De la organización del Poder
Público Nacional ............................................................................... 253
Capítulo I. Del Poder Legislativo Nacional ................................... .. 253
Capítulo II. Del Poder Ejecutivo Nacional ..................................... . 272
Capítulo III. Del Poder Judicial y del sistema de justicia ............. . 286
Capítulo IV. Del Poder Ciudadano .................................................... 298
Capítulo V. Del Poder Electoral ........................................................ . 311
TÍTULO VI. Del sistema socioeconómico ................................ 315
Capítulo I. Del régimen socioeconómico
y de la función del Estado en la economía ..................................... . 315
Capítulo II. Del régimen fiscal y monetario ..................................... 320
Sección primera: Del régimen presupuestario ...................... .. 320
Sección segunda: Del sistema tributario .................................. 324
Sección tercera: Del sistema monetario nacional ................... 325
Sección cuarta: De la coordinación macroeconómica ........... 327
TÍTULO VII. De la seguridad de la nación ............................... 329
Capítulo II. De los principios de seguridad
de la nación ............................................................................................ 331
Capítulo III. De la Fuerza Armada Nacional. .................................. 332
Capítulo IV. De los órganos de seguridad ciudadana .................. .. 333
TÍTULO VIII. De la protección
de esta constitución ........................................................................... 335
Capítulo I. De la garantía de esta Constitución ............................. . 335
Capítulo II. De los estados de excepción ...................................... ... 338
TÍTULO IX. De la reforma constitucional ................................ .341
Capítulo I: De las enmiendas ............................................................. 341
Capítulo II: De la reforma constitucional ........................................ 342
Capítulo III: De la Asamblea Nacional Constituyente ................ 344
ENMIENDA Nº 1
ARTÍCULO I ......................................................................................... 368
ARTÍCULO II........................................................................................ 369

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ISBN 978-980-7238-53-3
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