El documento detalla la legislación sobre la corrupción de funcionarios públicos, tipificando más de 30 delitos contra el patrimonio público bajo la ley contra la corrupción vigente desde 2003. Estos delitos incluyen el peculado, malversación, cohecho y enriquecimiento ilícito, con penas que varían de meses a años de prisión. Además, se establece que las acciones judiciales por estos delitos no prescriben, lo cual está en consonancia con la protección de los derechos humanos.