Darwin catari

El divorcio (del latín divortium) es la disolución del matrimonio, mientras que, en un
sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión
conyugal.
En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil
francés de 1804, siguiendo por cierto aquellos postulados que veían al matrimonio como una
verdadera unión libre (para contraerlo basta el acuerdo libre de los esposos), y al divorcio
como una necesidad natural; en este sentido, el divorcio moderno nace como una
degeneración de un matrimonio vincular cristiano, siguiendo la lógica de la secularización de
éste, teniendo por cierto raíces provenientes del Derecho romano.
El divorcio se diferencia de la separación de hecho en que no dependiendo del
ordenamiento jurídico de cada país, puede tener o no algunos efectos jurídicos; por ejemplo
para los casos de Chile esta situación fáctica es una de las causales para solicitar la
declaración de divorcio. Respecto a la separación legal en tanto, ésta sí es reconocida
legalmente en diversos ordenamientos jurídicos, teniendo en consecuencia un mayor
número de efectos jurídicos que la separación de hecho, aunque a diferencia del divorcio, no
pone término al matrimonio. Por otro lado, no se debe confundir con la anulación del
matrimonio, que no es más que el declarar que el matrimonio nunca existió, y que no solo se
encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de algunos países, sino que, además, se
encuentra regulado en el derecho canónico con larga data.

HISTORIA
Divorcio de Napoleón Bonaparte y Josefina por los artistas Bosselman - Chasselat.
Ley de divorcio de 1903 hecha por el político francés Alfred Naquet (1834-1916)
Panfleto de G. K. Chesterton "Divorcio versus democracia"
Marilyn Monroe firmando acta de divorcio con el representante de Joe Di Maggio
La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, si bien muchas
culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas.
La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca la
consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada por los hombres. Aunque
en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble.
En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la antigua
Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el
adulterio de las mujeres era penado con la muerte.
Los celtas practicaban la endogamia (matrimonio de personas de ascendencia común o
naturales de una pequeña localidad o comarca), excepto los nobles que solían tener más de
una esposa. Era habitual la práctica de contraer matrimonio por un período establecido de
tiempo, tras el cual los contrayentes eran libres, pero también era habitual el divorcio.
En América, los hombres Aztecas solo podían tener una esposa y se la denominaba
Cihuatlantli, Nociuauh o Áhuatlantli (esto es mujer legítima), y aunque se aceptaba la
poliginia, solo la primera mujer tenía el carácter de esposa. En este contexto, el divorcio era
consentido, pudiendo ser solicitado tanto por el hombre como por la mujer; así, al lograrse -
vía sentencia judicial - se quedaba habilitado para contraer nuevamente matrimonio.
Entre los hebreos, los varones podían repudiar a sus esposas sin necesidad de argumentar
la causa de tal actitud; bastaba con informar al Sanedrín. También existía el divorcio por
mutuo disenso, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso
que las del hombre.
También en la antigua Grecia existía el divorcio por mutuo disenso y la repudiación, pero el
hombre debía restituir la dote a la familia de la mujer en caso de separación.
En el alto Imperio romano los casos más frecuentes eran los de concubinato y la unión libre,
en todas las clases sociales. El matrimonio, cuando se practicaba, obedecía a un objetivo
puramente económico: la transmisión del patrimonio a los descendientes directos en vez de
otros miembros de la familia o la sociedad y a una política de perpetuar la casta de los
ciudadanos. Si se carecía de patrimonio era innecesario casarse, y si se era esclavo,

imposible (recién a partir del siglo III les estuvo permitido casarse a los esclavos). La
inestabilidad de las parejas parece haber sido muy frecuente y el número de divorcios muy
alto.
En el bajo Imperio romano el divorcio era algo poco común, hasta la época de los
emperadores, en donde se acuñó la máxima "matrimonia debent esse libera” (los
matrimonios deben ser libres), en donde el esposo o la esposa podían renunciar a él si así lo
querían.
Con la llegada del cristianismo, el divorcio se prohibió debido a la concepción del matrimonio
como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irrompible. A partir del siglo X,
aunque el divorcio estaba prohibido, existía la Nulidad matrimonial, es decir, el matrimonio
se declaraba nulo si se demostraba que no había existido por diferentes razones. Eran los
tribunales eclesiásticos quienes tramitaban las declaraciones de nulidad matrimonial.
Sin embargo, la Reforma de Lutero, admitió el divorcio aunque únicamente en casos muy
graves. Esta reforma, incluso provocó que Inglaterra abrazara la misma debido a que su rey,
Enrique VIII deseaba divorciarse de su esposa, Catalina, y la Iglesia de Roma no se lo
permitía.
En 1796, Francia incorporó la ruptura del vínculo matrimonial en la ley promulgada el 20 de
noviembre, que sirvió de antecedente a muchas de las legislaciones vigentes.
Italia en 1970 fue de los últimos grandes países europeos en aprobarlo definitivamente.
Irlanda y Malta lo aprobaron en referéndum en 1995 y 2011 respectivamente.
El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayoritariamente católicos, pues la
Iglesia Católica no considera posible el divorcio. El 28 de mayo de 2011, Malta fue el último
país de la Unión Europea en legalizar, tras referéndum, el divorcio por un 52% de apoyos.
CAUSAS DEL DIVORCIO
Causas psicosociales y económicas

Caricatura japonesa que muestra a un enojado Richard Arkwright expulsando a su esposa
que le rompió deliberadamente su experimento
Diversas investigaciones se han abocado a tratar de determinar cuáles podrían ser las
variables que presentan un mayor riesgo de divorcio, aunque no necesariamente se puede
presumir que son aquellas las causales directas de éste. Entre estos factores, se pueden
mencionar: matrimonios a corta edad, pobreza, desempleo, bajo nivel educacional,
convivencia con otra (o la misma) pareja antes del matrimonio, tener un hijo o hija antes del
matrimonio ya sea propio (de ambos) o de alguno de los contrayentes, diferencias raciales,
tener un historial de otros matrimonios anteriores, divorcio en la familia de origen, entre
otros.
Otras investigaciones indican que una de las potenciales causas en el incremento de las
tasas de divorcio ha sido el cambio de roles dentro del matrimonio, principalmente asociado
a la incursión de las mujeres en el mercado laboral gracias a crecientes oportunidades en
educación y empleo en conjunto con políticas más activas de inclusión, indicándose que en
muchos casos, la relación entre un mayor número de horas dedicadas al trabajo y la
probabilidad de divorcio es más fuerte en aquellas familias de ingresos medios y en las que
el marido desaprueba el trabajo de la esposa, o bien, en las que el marido trabaja menos
horas que la esposa haciendo que la interacción de pareja disminuya, especialmente en el
caso de los primeros años del matrimonio. Por otro lado, y respecto a la independencia
lograda por la mujer al acceder al mundo del trabajo, varias investigaciones aluden a la
existencia de una débil relación con la probabilidad de divorcio.
Causas bastante más raras pero a veces no menos frecuentes son el ronquido insoportable
de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a distracciones, política,
deportes o hobbies.
Causas jurídicas

Según el ordenamiento jurídico de cada país, las causas de divorcio pueden ser varias, entre
las que se pueden mencionar el mutuo disenso, la bigamia, existencia de alguna
enfermedad física o mental que ponga en riesgo la vida del otro cónyuge, la violación de los
deberes inherentes al matrimonio, abandono malicioso, entre otros.
Por ejemplo, dentro de las causas del rompimiento matrimonial que están en el Código Civil
de Puerto Rico, se encuentran: la primera es por la muerte de uno de los cónyuges; la
segunda, si el matrimonio se declara nulo y la última por el divorcio legalmente obtenido y
también si existe agresión hacia la pareja. Se obtiene el divorcio si hay adulterio, si uno de
los cónyuges es condenado por un delito grave, por embriaguez habitual o uso constante
morfina o cualquier otro narcótico. Trato cruel o injurias graves, abandono por un término
mayor de un año, disfunción eréctil permanente sin solución presentada después del
matrimonio. El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus
hijos, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la separación de ambos cónyuges
por un periodo de tiempo sin interrupciones de más de dos años y la enfermedad mental
incurable de los cónyuges sobrevenida después del matrimonio, por un periodo de más de
siete años, cuando impida gravemente la convivencia.
Familia y divorcio
El divorcio no es el problema, sino el resultado de un conjunto de inconvenientes,
desavenencias y problemáticas vividas en el contexto del matrimonio que puede radicar con
uno u ambos cónyuges, catalogándose por un sinnúmero de investigadores como el
segundo proceso más estresante durante la edad adulta, inmediatamente después de la
muerte de uno de los cónyuges.
Algunos autores, tomando como elemento de análisis al adulto divorciado que es padre y/o
miembro de la familia, indican que el divorcio es el gran responsable de las profundas
alteraciones que sufre el sistema familiar post divorcio, obligando a sus subsistemas a
reorganizarse estructuralmente; en efecto, para el caso de los hijos/as por ejemplo, se
señala que la capacidad que estos tienen respecto a su funcionamiento adaptativo
dependen no solo de las características del sistema familiar existente durante el matrimonio,

sino que también de las relaciones co-parentales que se dan después de finalizado el
proceso de divorcio.
Por otro lado, algunos autores afirman que el proceso de divorcio impactaría en el bienestar
de los niños/as, pudiéndose asociar a algunos problemas que éstos externalizan, tales como
comportamientos agresivos o tendencia a quebrar reglas, mientras que a nivel interno, con
problemas de ansiedad y depresión. En particular, autores católicos y sociólogos
conservadores cuestionan mucho las consecuencias del mismo y relacionan el divorcio con
la delincuencia juvenil. Otros investigadores consideran que lo que impacta en los hijos es el
conflicto parental y no el divorcio. Slater y Haber hicieron una investigación en 1984 que
mostró un mayor índice de ansiedad y baja autoestima en niños pertenecientes a familias
unidas con alto índice de conflictividad matrimonial que en niños pertenecientes a familias
divorciadas con bajo nivel de conflictividad entre los progenitores. Investigadores como
MacLouglin y Whitfield (1984) encontraron que la separación de los padres, en parejas
conflictivas, puede ser una liberación y alivio para los hijos y que en esos casos el divorcio
trae consigo una oportunidad de crecimiento y mayor autonomía para los hijos. Amato y
Keith (1991) demostraron que las diferencias entre niños de parejas divorciadas y no
divorciadas era relativamente pequeña y se basaban más en el nivel de conflictividad de la
pareja parental que en el hecho de haberse divorciado o no. El divorcio está causado por
varios problemas desde hace tiempo, provocando así la separación de los padres y el
malestar de los hijos. De todos modos, se debería también considerar que si una pareja con
hijos se está divorciando, es posible que anteriormente hubiera peleas y/o discusiones que
afectasen el bienestar de los hijos, siendo en ciertos casos más dañino no recurrir a un
divorcio.3031
Tipos de divorcio
Divorcio administrativo
Las sentencias solo pueden ser dictadas por autoridad jurisdiccional, sin embargo, en
algunos casos expresamente determinados por la ley, se otorga a otra autoridad la facultad
para declarar disuelto un vínculo matrimonial. ¿dónde?

Para que la autoridad pueda declarar el divorcio los solicitantes deben ser mayores de edad,
no deben tener hijos y de común acuerdo deben haber liquidado la sociedad conyugal, si se
hubiesen casado bajo ese régimen.
Divorcio por sentencia judicial
Los puntos que comúnmente contempla una sentencia de divorcio judicial son:
Disolución del vínculo matrimonial y en consecuencia la aptitud de los divorciados para
contraer nuevas nupcias.
Las medidas adicionales que decreta el juez de familia como son:
Si existe o no, y en qué porcentaje, una pensión de alimentos, que deberá pagar el padre a
la madre o viceversa en favor de sus hijos. Nuestra sociedad ha ido cambiando y en muchas
localidades los roles de vida también han evolucionado y las mujeres son un pilar en la
manutención económica del hogar, al grado que en algunos casos se han convertido en las
proveedoras de las finanzas de la familia dejando a los hombres el rol de supervisión de
hogar y educación de hijos, motivo por el cual de forma más repetitiva a los hombres, que
tienen el cuidado personal de sus hijos, la autoridad judicial les otorga el derecho de que la
mujer les pague una pensión alimenticia y de igual forma más reiteradamente nos
encontramos con casos en los cuales los hijos concebidos se quedan bajo la guarda y
custodia del padre.
Repartición de bienes que se adquirieron durante el matrimonio. En la mayoría de las
legislaciones, los bienes obtenidos o adquiridos durante el matrimonio pertenece por igual a
ambos cónyuges (excepto en las legislaciones que se contempla el matrimonio bajo el
régimen de separación de bienes o el régimen de participación en los gananciales), no así
los bienes provenientes de herencias que pertenecen enteramente al cónyuge que los
recibiera o las donaciones. Sin embargo en algunas legislaciones se permite las
capitulaciones matrimoniales o acuerdos prenupciales donde los cónyuges pueden
determinar todo tipo de cuestiones inherentes a los bienes anteriores al matrimonio y

también a los obtenidos con posterioridad, inclusive hasta se suelen establecer
indemnizaciones ante una eventual ruptura del vínculo que los unía.
Situación jurídica de los padres en relación a los hijos, dentro de lo que encontramos:
A qué progenitor le corresponde la guarda y custodia del o los menores (aunque puede ser
compartida).
Establece la forma de convivencia que tendrá con sus hijos la madre o el padre que NO
tiene la guarda y custodia.
Las obligaciones que cada progenitor tendrá que cumplir respecto de la manutención
alimentaria de los hijos (pensión alimenticia). La sentencia judicial de divorcio fija si el padre
o la madre o ambos aportarán económicamente para solventar las necesidades alimentarias
de los hijos, y fija de igual forma qué porcentaje o qué importe deberá aportar el deudor
alimentario. Por pensión alimenticia la mayoría de las legislaciones mundiales contempla
que la integran la comida, vestido, estudios y esparcimiento.
Respecto de la pensión alimenticia, esta puede ser efectiva hasta tanto los hijos cumplan la
mayoría de edad, que –según la legislación de cada país- puede ser a los 18 o a los 21
años, momento en el cual los cónyuges dejan de tener la obligación legal de mantenerlos
económicamente. Esta obligación, en muchos casos, no se extingue si el hijo tiene algún
padecimiento físico o mental que le impidiera mantenerse por sus propios medios o necesita
la manutención para proseguir con sus estudios. Por el contrario, puede extinguirse antes de
las edades mencionadas si el menor fuera emancipado por sus padres.
En la mayor parte de los ordenamientos jurídicos se contemplan alguno de los siguientes
tipos de divorcios:
Divorcio voluntario
Éste procedimiento de divorcio es por mutuo consentimiento, es decir, con la voluntad de
ambos cónyuges para disolver el vínculo. Se distingue del necesario, que se promueve de

manera unilateral, sin el consentimiento del otro cónyuge. Su objeto es demostrar la causal
de divorcio necesario, propuesta como materia de la acreditación, ante los tribunales.
Divorcio por mutuo consentimiento
Es la disolución del vínculo matrimonial que se obtiene gracias a una sentencia judicial que
pone fin a un procedimiento, el cual se inició por una solicitud en la que ambos cónyuges
estuvieron de acuerdo en realizar y han cumplido con todos los requisitos legales que la ley
marca para lograr se dicte sentencia.
Procedimiento genérico: Estando de acuerdo ambos cónyuges comparecen o se presentan
(por escrito o de forma personal y verbal dependiendo de cada legislación) ante la autoridad
judicial competente (normalmente un juez familiar) y solicitan se decrete en sentencia
definitiva el divorcio, por lo que, una vez que los cónyuges realizan todos los pasos legales,
obtienen la sentencia de divorcio.
Divorcio sin el consentimiento de alguna de las partes
Siempre y cuando tenga sustento en alguna de las causales que el ordenamiento jurídico del
respectivo país o estado mencione.
En general, es la disolución del vínculo matrimonial que se obtiene gracias a una sentencia
judicial que pone fin a un procedimiento el cual inició por la petición o demanda de uno de

los cónyuges en la cual dicho cónyuge solicitante sin el consentimiento del otro pide al Juez
la terminación del vínculo matrimonial y la petición o demanda tiene apoyo en hechos que la
ley considera como suficientes para que se otorgue el divorcio (causales de divorcio)".
En algunos países o localidades de diversos países este es conocido como divorcio
necesario (contested divorce, en inglés). Para solicitar al Juez que se decrete el divorcio
necesario, es requisito que el cónyuge solicitante pruebe que su esposo o esposa ha
realizado o incurrido en hechos que la ley marca como suficientes para que opere el
divorcio.
Las causales de divorcio de cada país varían en función de su propio ordenamiento
jurídico, pudiéndose encontrar:
Violencia intrafamiliar (lesiones, injurias, violencia psicológica o física).
Adicciones que afecten al núcleo familiar o a alguno de sus integrantes (Ejemplo adicción a
drogas, juegos, entre otros).
Ser sentenciado a pena corporal por delito grave que no alcance el beneficio de libertad bajo
caución o fianza.
Adulterio.
Bigamia.
Incitar u obligar a cualquier integrante a cometer un delito.
Conductas que ponen en peligro la integridad física o psicológica de cualquiera de los
integrantes de la familia.
Abandono injustificado del hogar.
Infecciones de transmisión sexual incurables.

Falta de cumplimiento intencional a las obligaciones alimentarias.
Delito cometido en contra de uno de los cónyuges o de los hijos.
Divorcio incausado
En algunas partes del mundo, como España y la Ciudad de México, existe otra modalidad de
divorcio que es unilateral o sin causa o "expres", que no requiere del consentimiento de
ambos cónyuges, ni la expresión de una causa concreta que lo justifique o se tenga que
probar en juicio, para que el juez de lo familiar decrete la disolución del matrimonio en el
corto plazo. Esto ha motivado que a menudo se le denomine divorcio exprés (también
divorcio express). Es equivalente a lo que en inglés se denomina no-fault divorce.
En Argentina a partir de la vigencia en agosto del año 2015 de la reforma del Código Civil y
Comercial Argentino aparece por primera vez la figura del llamado "divorcio express". A
partir del 1° de agosto de 2015, las personas pueden formular una petición de divorcio sin la
necesidad de contar con el consentimiento del otro cónyuge. La persona que peticiona el
divorcio debe limitarse a acreditar la existencia del matrimonio (mediante la exhibición del
acta o partida de matrimonio) y acompañar una propuesta reguladora de los efectos del
divorcio. Esta propuesta debe contener las previsiones respecto a cómo se liquidarán los
bienes, a quién se le atribuirá el uso de la vivienda familiar y el cuidado de los hijos menores
de edad.
A pesar de la reforma, el divorcio en Argentina sigue siendo un trámite judicial (no
administrativo), con lo cual la sentencia de divorcio es dictada por un juez civil y es necesaria
la intervención profesional de un abogado matriculado.36
El tiempo aproximado en que se obtiene la sentencia de divorcio es de 1 mes a 3 meses.

Divorcio y nulidad matrimonial
El divorcio se diferencia de la nulidad matrimonial en que el primero es la disolución del
vínculo válidamente contraído mientras que la nulidad es la declaración de con efectos
retroactivos de que nunca hubo matrimonio. La nulidad matrimonial civil viene regulada,
cualquiera que sea la forma de su celebración, en la normativa propia de los diversos
países.
En el caso de la nulidad eclesiástica son muchas otras las causas que pueden hacer nulo el
matrimonio ante la Iglesia católica, como la inmadurez, las adicciones u otros trastornos o
excluir alguna propiedad esencial del matrimonio (Véase Blog sobre las nulidades
matrimoniales).
EL DIVORCIO
Es la ruptura o extinción de un matrimonio válido, en vida de ambos cónyuges, en virtud de
un pronunciamiento judicial.
Disolución del matrimonio: Es la extinción de un matrimonio válidamente contraído.
CARACTERES DEL DIVORCIO
A. El divorcio es materia de orden público.
B. En el divorcio es necesaria la intervención del juez.
C. La enumeración de las causales es taxativa. El Juez competente sólo podrá declarar el
divorcio cuando ha sido alegada y comprobada alguna de las causales previstas en la ley.
ALCANCE Y CONTENIDO DE CADA UNA DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO.
El artículo 185 del C.C., establece:
Son causales únicas de divorcio:
A. El adulterio (Ordinal 1. artículo 185 C.C.).
B. Abandono voluntario (Ordinal 2. artículo 185 C.C.). El abandono voluntario, como causal
de divorcio consiste en el incumplimiento grave, voluntario e injustificado, de los deberes
conyugales (deberes de asistencia, de socorro, de convivencia).
C. Excesos, sevicia e injuria grave que hagan imposible la vida en Común (ordinal 3.,
artículo 185 C.C.). Se entiende por excesos, conforme a la jurisprudencia nacional, los actos
de violencia o de crueldad realizados por un cónyuge en contra del otro y que comprometan
la salud y hasta la vida de éste.
Sevicia es el maltrato material que, aunque no hace peligrar la vida de la víctima, hace
imposible la convivencia entre los esposos.

Injuria es el agravio, la ofensa, el ultraje inferidos mediante expresión proferida
o acción ejecutada por un cónyuge en deshonra, desprestigio o menosprecio del otro
cónyuge.
El exceso, la sevicia e injuria han de ser graves.,
D. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus
hijos, así como la connivencia (Tolerancia) en su corrupción o prostitución (Ordinal 4.,
artículo 185 C.C.).
E. La condenación a presidio (Ordinal 5. artículo 185 C.C.).
Es, además, necesario que la sentencia firme condenatoria haya sido dictada por tribunales
venezolanos.
F. La adicción alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan
imposible la vida en común (Ordinal 6., artículo 185 C.C.).
G. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida
en común (Ordinal 7, artículo 185 C.C.).
Y, a pesar de que el artículo 185 del C.C., dispone que sean causas únicas de divorcio las
comprendidas en su enumeración en ordinales, el artículo 185 A, agregado en el Código
Civil, establece una nueva causa. En efecto, el artículo 185 A regula:
«Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años,
cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en
común.
Separación de cuerpos
Cuando una pareja contrae matrimonio válidamente, se supone que es principio perpetuo,
pero cuando existen circunstancias o razones que impiden que la pareja continúe
cohabitando, este hecho interrumpe la situación jurídica, quedando suspendido legalmente
el cumplimiento entre ellos de asistencia, sin embargo, el vínculo matrimonial que los une
persiste o subsiste; en este sentido la separación de cuerpos es solamente una separación
de hecho y no de derecho.
SEPARACIÓN DE CUERPOS POR MÁS DE UN AÑO
En este caso para que surta efectos la separación de cuerpos, la pareja, en forma conjunta,
por su propia voluntad y sin ningún tipo de coacción debe solicitar mediante un escrito ante
el juez de primera instancia en lo civil, en caso de no tener hijos, o que estos sean mayores
de edad, o ante un tribunal de protección del niños, niñas y de adolescentes, en caso de
tener hijos menores de dieciocho años, debidamente asistidos por un abogado de su
confianza, que se conceda la separación de cuerpos. Una vez que la autoridad judicial
conceda la separación de cuerpos libera a los cónyuges de la responsabilidad de convivir.
La separación de cuerpos no es una situación definitiva y hasta tanto no se declare el
divorcio la pareja puede reconciliarse en cualquier momento sin necesidad de un documento
o autorización.

La Separación de Cuerpos Contenciosa procede por las mismas causales del artículo 185
del CC. En éste caso el Procedimiento de Separación se intenta por demanda y se tramita
en juicio al igual que el Divorcio.
SEPARACIÓN DE HECHO POR MÁS DE 5 AÑOS.
Si han transcurrido más de cinco años desde su separación de hecho, bastará con que
esposo y esposa acudan personalmente ante un Tribunal acompañados por un Abogado de
su confianza y soliciten el divorcio. Ruptura prolongada de la vida en común (artículo 185 A.
C.C.). De conformidad con el artículo 185 A del Código Civil, cualquiera de los cónyuges
puede solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida en común, cuando han
permanecido separados de hecho por más de cinco años.
DEL DIVORCIO, SEPARACIÓN DE CUERPOS Y NULIDAD DE MATRIMONIO EN LA
LOPNNA, CASO DE TENER HIJOS MENORES DE EDAD
Artículo 453 LOPNNA. Competencia por el territorio.
El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes competente para los casos
previstos en el artículo 177 de esta Ley es el de la residencia habitual del niño, niña o
adolescente para el momento de la presentación de la demanda o solicitud, excepto en los
juicios de divorcio o de nulidad del matrimonio, en los cuales se aplicará la competencia por
territorio establecida en la ley.
Artículo 520 LOPNNA. Aplicación.
Los procedimientos contenciosos sobre divorcio, separación de cuerpos y nulidad de
matrimonio, se tramitan conforme al procedimiento ordinario, establecido en el Capítulo IV
del Título IV de esta Ley, aplicando con preferencia las disposiciones previstas en este
Capítulo.
Artículo 521 LOPNNA. Acto de reconciliación.
La audiencia de mediación es la única oportunidad para promover la reconciliación de las
partes, para lo cual el juez o jueza de mediación y sustanciación debe realizar las reflexiones
conducentes. Esta audiencia no excederá de un día de duración. En estos casos es
obligatoria la presencia personal de las partes. En caso de ser imposible la reconciliación, la
parte demandante debe manifestar su intención de continuar con el proceso, sin lo cual se

considera desistido el procedimiento y termina éste mediante sentencia oral, que se debe
reducir en un acta y publicarse el mismo día. Este desistimiento extingue la instancia, pero el
o la demandante no puede volver a presentar su demanda antes que transcurra un mes.
Artículo 522 LOPNNA. No-comparecencia de las partes.
Si la parte demandante no comparece personalmente sin causa justificada a la fase de
mediación de la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, se considera desistido el
procedimiento y termina el proceso mediante sentencia oral, que se debe reducir en un acta
y publicarse el mismo día. Este desistimiento extingue la instancia, pero él o la demandante
no puede volver a presentar su demanda antes que transcurra un mes.
Si la parte demandada no comparece sin causa justificada a la fase de mediación de la
audiencia preliminar o a la audiencia de juicio se estima como contradicción de la demanda
en todas sus partes.
Principios
La normativa procesal en materia de protección de niños, niñas y adolescentes tiene
como principios rectores, entre otros, los siguientes:
a) Oralidad. El juicio es oral y sólo se admiten las formas escritas previstas en esta Ley.
b) Inmediación. El juez o jueza que ha de pronunciar la sentencia debe presenciar
el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento salvo
los casos que la Ley permita la comisión judicial para la evacuación de algún medio
probatorio necesario para la demostración de los hechos controvertidos, pruebas que serán
discutidas en la audiencia de juicio. Sólo se apreciarán las pruebas incluidas en la audiencia,
conforme a las disposiciones de esta Ley.
c) Concentración. Iniciado el debate, éste debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere
posible continuará durante el menor número de días consecutivos.
d) Uniformidad. Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún
derecho se tramitan por los procedimientos contenidos en esta Ley, aunque por
otra leyes tengan pautado un procedimiento especial.
e) Medios alternativos de solución de conflictos. El juez o jueza debe promover, a lo largo del
proceso, la posibilidad de utilizar los medios alternativos de solución de conflictos, tales
como la mediación, salvo en aquellas materias cuya naturaleza no la permita o se encuentre
expresamente prohibida por la ley.
f) Publicidad. El juicio oral tiene lugar en forma pública, pero se debe proceder a puertas
cerradas total o parcialmente, cuando así lo establezca la ley o determine el juez o jueza por
motivos de seguridad, de moral pública o de protección de la personalidad de alguna de las
partes o de alguna persona notificada para participar en él, según la naturaleza de la causa.
La resolución será fundada y debe constar en el acta del debate. Desaparecida la causa de
la clausura, puede ingresar nuevamente el público. Lo anterior no obsta el carácter público
del expediente, el cual no puede ser objeto de reserva, salvo las excepciones establecidas
en esta Ley.

g) Simplificación. Los actos procesales son breves y sencillos, sin ritualismos ni formalismos
innecesarios.
h) Iniciativa y límites de la decisión. El juez o jueza sólo puede iniciar el proceso previa
solicitud de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice y en sus
decisiones debe atenerse a lo alegado y probado en autos.
i) Dirección e impulso del proceso por el juez o jueza. El juez o jueza dirige el proceso y
debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.
j) Primacía de la realidad. El juez o jueza debe orientar su función en la búsqueda de la
Verdad e inquirirla por todos los medios a su alcance. En sus decisiones prevalecerá la
realidad sobre las formas y apariencias.
k) Libertad probatoria. En el proceso, las partes y el juez o jueza, pueden valerse de
cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y el juez o jueza lo
apreciará según las reglas de la libre convicción razonada.
l) Lealtad y probidad procesal. Las partes, sus apoderados, apoderadas, abogados y
abogadas deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. El juez o jueza debe tomar
todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar
las faltas a estos deberes en el proceso.
m) Notificación única. Realizada la notificación del demandado o demandada para la
audiencia preliminar, las partes quedan a derecho, sin necesidad de nueva notificación para
ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esta Ley.
n) Defensa técnica gratuita. Las partes que así lo requieran contarán con asistencia o
representación técnica gratuita en todo estado y grado de la causa a fin de garantizar la
mejor defensa de sus derechos e intereses, a tal efecto las partes podrán solicitar
los servicios de la Defensa Pública o el juez o jueza podrá designar a un Defensor Público o
Defensora Pública cuando lo estime conducente.
Artículo 454 Audiencias
El procedimiento ordinario se desarrolla en dos audiencias: la audiencia preliminar y la
audiencia de juicio.
La audiencia preliminar se desarrolla en dos fases: la fase de mediación y la fase de
sustanciación.
Artículo 457 De la admisión de la demanda
Presentada la demanda, el juez o jueza debe admitir la misma si no fuera contraria al orden
público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico. Luego
de admitirla, ejercerá el despacho saneador, si fuere el caso, ordenando la corrección
mediante auto motivado e indicando el plazo para ello que, en ningún caso, excederá de
cinco días.
En el auto de admisión debe ordenar la notificación de la parte demandada a fin de que
comparezca ante el Tribunal. Dentro de los dos días siguientes a que conste en autos su
notificación, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes fijará mediante auto

expreso, día y hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, dentro de un plazo no
menor de cinco días ni mayor de diez días.
Adicionalmente, el juez o jueza podrá disponer todas aquellas diligencias preliminares,
medidas preventivas o decretos de sustanciación que considere convenientes, a petición de
parte o de oficio, teniendo siempre en cuenta la especialidad de la materia, los principios
rectores de la misma y fundamentalmente el interés superior.
Parágrafo Único
En los casos de colocación familiar o colocación en entidad de atención, cuando sea inviable
la notificación de persona alguna, por haber sido imposible la ubicación de la familia de
origen del niño, niña o del adolescente, la audiencia preliminar se fijará a partir del día de
admisión de la demanda. Lo aquí dispuesto será aplicable en los casos de restitución
internacional cuando existan fundados indicios, a criterio del juez o jueza, de que la persona
que ha sustraído o retenido a un niño, niña o adolescente se encuentra fuera del territorio
nacional.
Artículo 467 Oportunidad de audiencia preliminar
Una vez notificado el demandado o la demandada, o el último de ellos, si fueren varios, el
secretario o secretaria dejará constancia en el expediente de tal circunstancia y a partir del
día siguiente comenzará a correr el lapso de dos días dentro del cual el Tribunal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes fijará día y hora para que tenga lugar la
audiencia preliminar, dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez días.
Artículo 468 Audiencia preliminar
A la hora y día señalados por el Tribunal de Protección debe tener lugar la audiencia
preliminar, previo anuncio de la misma. La audiencia preliminar consta de la fase de
mediación y la fase de sustanciación.
Artículo 469 De la fase de mediación
La fase de mediación de la audiencia preliminar es privada, con la asistencia obligatoria de
las partes o sus apoderados y apoderadas. En los procedimientos relativos a
Responsabilidad de Crianza, Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar
será obligatoria la presencia personal de las partes.
En esta fase las partes podrán acudir sin la asistencia o representación de abogados o
abogadas. Si una de ellas cuenta con asistencia o representación de abogado o abogada y
la otra no, se le informará a esta última de su derecho a contar con asistencia o
representación jurídica gratuita y, en caso de ser solicitada se suspenderá la audiencia
preliminar y el juez o jueza debe designar un profesional que asuma la defensa técnica a los
fines de continuar el proceso.
En todos los casos, el juez o jueza de mediación y sustanciación debe oír la opinión del niño,
niña o adolescente, pudiendo hacerlo en privado de resultar más conveniente a su situación
personal y desarrollo.
La fase de mediación de la audiencia preliminar no puede exceder de un mes, salvo acuerdo
expreso de las partes. Las partes no quedan afectadas en el proceso de modo alguno por
su conducta o señalamientos realizados durante la mediación.

Artículo 484. Audiencia de juicio.
En el día y la hora señalados por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
tendrá lugar la audiencia de juicio, previo anuncio de la misma. La audiencia de juicio es
pública, salvo las excepciones previstas en la ley, y la presidirá y dirigirá el juez o jueza de
juicio, quien explicará a las partes la finalidad de la misma. En los procedimientos relativos a
Responsabilidad de Crianza, Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia
Familiar, es obligatoria la presencia personal de las partes.
Las partes deben exponer oralmente sus alegatos contenidos en la demanda y en su
contestación y no se admitirán nuevos alegatos, salvo aquellos que hayan surgido durante el
proceso o, que a criterio del juez o jueza, sean anteriores al proceso pero no se
tuvo conocimiento de ellos. No se permitirá a las partes la presentación o la lectura de
escritos, salvo que se trate de alguna prueba existente en autos, a cuyo tenor deba referirse
la exposición oral.
Seguidamente se evacuarán las pruebas, comenzando con las de la demandante, en la
forma y oportunidad que determine el juez o jueza. Evacuada la prueba, se concederá a la
parte contraria un tiempo breve, para que haga oralmente las observaciones que considere
oportunas. Las partes deben presentar los testigos que hubieren promovido en la audiencia
preliminar, con su identificación correspondiente, los cuales deben comparecer sin
necesidad de notificación, a fin que declaren oralmente ante el juez o jueza. Los dictámenes
periciales se incorporarán previa lectura, la cual se limitará a las conclusiones de aquellos,
estando los y los peritos obligados y obligadas a comparecer para cualquier aclaración que
deba hacerse en relación con los mismos, pudiendo las partes y el juez o jueza interrogarlos.
La prueba documental se incorporará mediante lectura total o parcial de los mismos por las
partes o el juez o jueza. El juez o jueza debe conducir la prueba en búsqueda de la verdad,
tendrá los poderes de conducción, corrección a las partes y podrá admitir o rechazar las
preguntas si estimare que son inconducentes o impertinentes. Asimismo, podrá ordenar, a
petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria
para el mejor esclarecimiento de la verdad.
Culminada la evacuación de las pruebas, se oirán las conclusiones de las partes, primero de
la demandante y luego de la demandada. Seguidamente se oirá la opinión del niño, niña o
adolescente, de forma privada o en presencia de las partes, pudiendo solicitar los servicios
auxiliares del equipo multidisciplinario del tribunal si se estimare conveniente a su condición
personal y desarrollo evolutivo.
La audiencia de juicio puede prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las horas de
despacho, hasta que se agote el debate, con la aprobación del juez o jueza. En todo caso, si
no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, ésta debe
continuar al día siguiente y así cuantas veces sea necesario hasta agotarlo.
Constituye causal de destitución del integrante del equipo multidisciplinario del Tribunal, su
inasistencia sin causa justificada a la audiencia de juicio para la incorporación y aclaración
de sus experticias.
Artículo 485. Sentencia.
Concluidas las actividades procesales en la audiencia de juicio, el juez o jueza se debe
retirar de la audiencia por un tiempo que no debe exceder de sesenta minutos. Mientras

tanto las partes deben permanecer en la sala de audiencias. El juez o jueza debe pronunciar
su sentencia oralmente, expresando el dispositivo de fallo y una síntesis precisa y lacónica
de los motivos de hecho y de derecho, la cual reducirá de inmediato, en cuanto a su
dispositiva, a forma escrita. Si el juez o jueza no decide la causa inmediatamente, después
de concluido el debate oral, éste deberá repetirse de nuevo, para lo cual se fijará nueva
oportunidad.
En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido, por causas ajenas a su
voluntad o de fuerza mayor, el juez o jueza puede diferir, por una sola vez, la oportunidad
para dictar sentencia, por un lapso no mayor de cinco días, después de evacuadas las
pruebas. En todo caso, deberá, por auto expreso, determinar el día y hora para el cual difirió
el acto para sentenciar, a los fines de la comparecencia obligatoria de las partes a este acto.
Dentro del lapso de cinco días siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el juez o
jueza debe, en su publicación, reproducir el fallo completo, el cual se agregará a las actas,
dejando constancia el secretario o secretaria, del día y hora de la consignación. El fallo será
redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni
transcripciones de actas, ni documentos que consten en el expediente; pero contendrá la
identificación de las partes y sus apoderados y apoderadas, los motivos de hecho y derecho
de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga su
decisión, pudiendo ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto, con
único perito, el cual será designado por el juez o jueza.
Los niños, niñas y adolescentes no serán condenados o condenadas en costas.
Constituye causal de destitución el hecho de que el juez o jueza no decida la causa dentro
de la oportunidad establecida en esta Ley.
Procedimiento ordinario
1.- Audiencia Preliminar. (Art. 454)
Fase de Mediación.
Fase de Sustanciación.
2.- Audiencia de Juicio. (Art. 454)
ADMISIÓN DE LA DEMANDA (Art. 457)
No contraria al Orden Publico, a la moral o alguna disposición expresa en la ley.
Despacho Saneador, ordenando su corrección, resolviendo así los vicios procesales para
evitar reposiciones inútiles.
Cumplir los requisitos del Artículo 456 de la reforma.
NOTIFICACIÓN ÚNICA
Notificación por boleta. (Art. 458)
Notificación electrónica. (Art.459)
Notificación por fijación de cartel y por correo. (Art.460)
Notificación por publicación de cartel o edicto. (Art.461)

Notificación voluntaria y presunta. (Art. 462)
AUDIENCIA PRELIMINAR:
Una vez notificado el demandado, deberá comparecer dentro de los 2 días siguientes para
darse por enterado del día y la hora en que tendrá lugar la audiencia preliminar (fase de
mediación), la cual es fijada por el tribunal dentro de un plazo no menor de 5 días ni mayor
de 10.
FASE DE MEDIACIÓN (Art. 470)
- Es privada.
- Asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados.
- Opinión del niño en forma privada.
- Tiempo de duración un mes.
- Se desarrolla en sesiones, previamente fijadas.
- No procede la fase de mediación en los juicios de adopción, colocación familiar o en
entidad de atención e infracción a la protección debida, casos en los cuales se debe ordenar
realizar directamente la fase de sustanciación en el auto de admisión.
FASE DE SUSTANCIACIÓN (Art.475)
Audiencia Pública, salvo excepciones previstas en la ley
* Una vez concluida la fase de mediación en un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20,
se fijará por auto expreso el día y la hora del inicio de la fase de sustanciación.
*Dentro de los 10 días siguiente a que conste en auto la conclusión de la fase de mediación
o la notificación de la parte demandada en los casos en que no procede la mediación.
* Contestación, anexando escrito de prueba, indicando todos los medios probatorios que
requieran materializar para demostrar su pretensión.
En la contestación se puede reconvenir a la parte demandante en cuyo caso la demanda
reconvencional debe cumplir con los requisitos del Art. 456.

* Tiene como objetivo la preparación de las pruebas con las partes, correspondiéndole al
juez decidir cuáles deben ser materializada para ser valoradas, pudiendo el juez ordenar
cualquier experticia.
AUDIENCIA DE JUICIO
* Oralidad.
* En los procedimientos relativos a Guarda, O.A y R. V.
* Se reduce a su mínima expresión, con discurso sencillo y breve.
* La argumentación de las partes tendrá una duración de 10 minutos para exponerla.
* No se admitirán nuevos alegatos.
* No está permitida la lectura de los escritos.
* Las partes se consideran juramentadas para contestar al juez las preguntas que esta le
formule, y las respuesta se tendrán como una confesión y en el caso de falsedad de una de
estas dará motivos para establecer sanciones.
* Pueden ser testigos los mayores de 12 años que no esté sujetos a interdicción o que no
hagan profesión de testificar en juicio.
* Se consideran testigos hábiles en los procesos referidos a instituciones familiares y los
contenidos en el titulo 3 de la LOPNA.
* Se evacuaran las pruebas comenzando con las de la parte demandante en la forma y
oportunidad en que lo determine el juez y se le considerara a la parte contraria un tiempo
breve para que haga oralmente sus observaciones.
* Culminada la evacuación de la pruebas se oirán las conclusiones, en el mismo orden.
* Se oirá la opinión del niño.
* Concluido el acto, el juez procederá a dictar su fallo durante un tiempo que no exceda de
60 minutos en forma de síntesis lacónica y en forma oral, pudiendo diferirla para una nueva
oportunidad solo en casos excepcionales y por una sola vez, por un lapso no mayor de 5
días después de evacuadas las pruebas.
PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
(Art. 177, 511 al 517)
* Se celebrara solo en una audiencia por el juez de sustanciación y mediación, quien será el
competente para evacuar las pruebas y dictar el fallo correspondiente.
* Se fijará por auto expreso día y hora para que tenga lugar la audiencia dentro del plazo
señalado en la ley una vez que conste en auto la notificación correspondiente.
* La audiencia no excederá de un mes, salvo el acuerdo entre las partes.
* Notificación al Ministerio Público para que comparezca a la audiencia en caso de oposición
al nombramiento o solicitud de remoción de tutor, protutor o miembros del consejo
y administración de los bienes de los hijos

* Concluida la evacuación de las pruebas el juez dictara su fallo, en forma oral y dentro de
un tiempo que no excederá de 60 minutos y podrá diferirla por una sola vez, en un lapso no
mayor de 5 días.
Efectos del divorcio
Entre los cónyuges
A. En el aspecto personal. Su efecto fundamental es la disolución del matrimonio.
B. En el aspecto patrimonial, el divorcio determina:
a) La extinción del régimen patrimonial matrimonial, siempre accesorio del matrimonio.
b) La extinción del derecho-deber alimentario familiar entre los ex cónyuges.
c) La desaparición de la vocación hereditaria ab intestato que, recíprocamente, tenían los
cónyuges durante el matrimonio.
EN RELACIÓN CON LOS HIJOS.
Cuando el divorcio se haya fundamentado en alguna de las causales previstas en los
ordinales 4. °, 5. ° Y 6. ° del artículo 185 C.C., el cónyuge culpable perderá la patria
potestad sobre sus hijos menores.
Artículo 359 LOPNNA. Ejercicio de la Responsabilidad de Crianza.
El padre y la madre que ejerzan la Patria Potestad tienen el deber compartido, igual e
irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son
responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de
divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, todos
los contenidos de la Responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercida conjuntamente por
el padre y la madre.
Para el ejercicio de la Custodia se requiere el contacto directo con los hijos e hijas y, por
tanto, deben convivir con quien la ejerza. El padre y la madre decidirán de común acuerdo
acerca del lugar de residencia o habitación de los hijos o hijas. Cuando existan residencias
separadas, el ejercicio de los demás contenidos de la Responsabilidad de Crianza seguirá
siendo ejercido por el padre y la madre. Excepcionalmente, se podrá convenir la Custodia
compartida cuando fuere conveniente al interés del hijo o hija.
En caso de desacuerdo sobre una decisión de Responsabilidad de Crianza, entre ellas las
que se refieren a la Custodia o lugar de habitación o residencia, el padre y la madre
procurarán lograr un acuerdo a través de la conciliación, oyendo previamente la opinión del
hijo o hija. Si ello fuere imposible, cualquiera de ellos o el hijo o hija adolescente podrá
acudir ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo
previsto en el Parágrafo Primero del artículo 177 de esta Ley.
Artículo 360 LOPNNA. Medidas sobre Responsabilidad de Crianza en caso de divorcio,
separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o residencias separadas.

En los casos de demanda o sentencia de divorcio, separación de cuerpos o nulidad de
matrimonio o si el padre o la madre tienen residencias separadas, éstos decidirán de común
acuerdo quien ejercerá la Custodia de sus hijos o hijas, oyendo previamente su opinión. De
no existir acuerdo entre el padre y la madre respecto a cuál de los dos ejercerá la Custodia,
el juez o jueza determinará a cuál de ellos corresponde. En estos casos, los hijos e hijas de
siete años o menos deben permanecer preferiblemente con la madre, salvo que su interés
superior aconseje que sea con el padre.
DEMANDA DE DIVORCIO.
Una demanda de divorcio es un documento bastante formal en el cual uno de los esposos,
solicita a un Juez que se abra un juicio para determinar si su esposo o esposa ha cometido
una falta grave o es incapaz de vivir en matrimonio.
Caracteres del divorcio
A. El divorcio es materia de orden público. El matrimonio es la base principal y más perfecta
de la familia y ésta; a su vez, la base de la sociedad. El Estado debe proteger la sociedad y,
en consecuencia, la familia y el matrimonio.
B. En el divorcio es necesaria la intervención del juez. En todo caso de divorcio se requiere
la intervención de la autoridad judicial competente, ya que sólo puede resultar de un
pronunciamiento judicial.
C. La enumeración de las causales es taxativa. El Juez competente sólo podrá declarar el
divorcio cuando ha sido alegada y comprobada alguna de las causales previstas en la ley.
El Código Civil incurre en incorrección cuando en el artículo 185 C.C. establece: «Son
causas únicas de divorcio» a pesar de que ahora hay una nueva que no está prevista en su
enumeración, sino en el artículo 185 A. Entonces, aunque el artículo 185 C.C. establece que
las únicas causas de divorcio en Venezuela son las enumeradas en el mismo artículo, lo
cierto es que, además de las ocho incluidas en tal enumeración, existe otra: la que consagra
el artículo 185 A.
También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año después de
declarada la separación de cuerpos sin haber ocurrido en dicho lapso la
reconciliación de los cónyuges.
En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos,
declarará la conversión de la separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro
cónyuge y con vista del procedimiento anterior.

Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído
matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el
país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del
Ministerio Público, enviándoles, además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia
después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere
oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la
duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si
el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se
ordenará el archivo del expediente.
Explicación detallada de las causales de divorcio 185 del C. C.
El divorcio, en todos esos casos, se concibe como una sanción impuesta por el Juez, al
cónyuge culpable, a solicitud del cónyuge inocente, que es el único que puede demandar el
divorcio.
En la causal establecida en el ordinal. Del artículo 185 C.C., se considera el divorcio como
una solución, que no como castigo, como quiera que a nadie pueda sancionarse por hechos
que no le son imputables. Cuando se consagra la interdicción por perturbaciones
psiquiátricas graves como causa de divorcio, se pretende hacer posible una solución al
problema conformado por una vida matrimonial insostenible a causa de un hecho del cual no
es responsable nadie.
Lo mismo ocurre con las causas de divorcio previstas en el aparte del artículo 185 C.C. y en
el artículo 185 A del C.C. Son causas inspiradas en la concepción del divorcio como una
solución.
A. El adulterio (Ordinal 1. artículo 185 C.C.). Sabemos que adulterio es la unión sexual o
ayuntamiento carnal entre un hombre y una mujer siendo uno de ellos, o ambos, casados.
Para que haya adulterio es menester que concurra el elemento material, representado por el
acto carnal o cópula realizado por una persona casada con persona diferente a su cónyuge,
y el elemento intencional, que consiste en que el acto se ejecute voluntaria y
conscientemente.
B. Abandono voluntario (Ordinal 2. artículo 185 C.C.). El abandono voluntario, como causal
de divorcio consiste en el incumplimiento grave, voluntario e injustificado, de los deberes
conyugales (deberes de asistencia, de socorro, de convivencia).
Para que se configure la causal de abandono voluntario, es menester que la transgresión de
las obligaciones conyugales sea grave, voluntaria e injustificada.
Es grave, cuando el incumplimiento de los deberes conyugales responde a
una actitud sostenida, definitiva, del marido o de la mujer. No constituyen abandono
voluntario, en consecuencia, los simples hechos casuales, discontinuos o pasajeros.

Es voluntaria cuando resulta de acto intencional del cónyuge. Si uno de los esposos ha
dejado de cumplir sus obligaciones conyugales por causas ajenas a su voluntad (por estar
prisionero, por enfermedad, etc.) no incurre en la causal comentada. Los actos que
configuran el abandono voluntario de un cónyuge deben haber sido realizados con el
propósito preciso y determinado de infringir los deberes derivados del matrimonio.
Es, por último, injustificada cuando no existe causa suficiente que justifique el
incumplimiento grave y consciente de las obligaciones derivadas del matrimonio. Así, si uno
de los cónyuges ha sido autorizado por el Juez competente, para separarse de la residencia
común, si existe decreto o sentencia de separación de cuerpos, si el esposo abandonado
amenazó seriamente al otro para constreñirlo al abandono, no ha habido abandono
injustificado.
C. Excesos, sevicia e injuria grave que hagan imposible la vida en Común (ordinal 3.,
artículo 185 C.C.). Se entiende por excesos, conforme a la jurisprudencia nacional, los actos
de violencia o de crueldad realizados por un cónyuge en contra del otro y que comprometan
la salud y hasta la vida de éste.
Sevicia es el maltrato material que, aunque no hace peligrar la vida de la víctima, hace
imposible la convivencia entre los esposos.
Injuria es el agravio, la ofensa, el ultraje inferidos mediante expresión proferida o acción
ejecutada por un cónyuge en deshonra, desprestigio o menosprecio del otro cónyuge.
Injuria, como causal de divorcio es lo que un cónyuge dice, hace o escribe con la intención
de deshonrar, afrentar, desacreditar o envilecer al otro cónyuge.
No todo exceso, sevicia o injuria constituye causal de divorcio. Para que lo sea es menester
que reúna varias condiciones.
El exceso, la sevicia e injuria han de ser graves. Para establecer la gravedad del
hecho concreto es necesario tomar en consideración las circunstancias que lo rodean. Su
gravedad depende de ellas, de suerte que un mismo hecho concreto puede ser calificado de
manera diferente en casos distintos, dependiendo su calificación, precisamente, de las
circunstancias en las cuales se produjo.
Se ha planteado la discusión acerca de si, para que se admita la gravedad de tales hechos,
es necesaria su reiteración, su repetición. En realidad, la ley no exige la habitualidad por lo
que un solo acto de exceso, de sevicia o de injuria grave, puede hacer imposible la vida en
común y constituir, por tal razón, causal de divorcio.
Los excesos, la sevicia o la injuria han de ser voluntarios; es decir, han de provenir de causa
voluntaria del cónyuge demandado; que éste haya actuado con intención de agraviar, de
desprestigiar a su cónyuge, en plenitud de sus facultades intelectuales.
Los excesos, la sevicia y las injurias han de ser injustificados. Si se comprueba que los
hechos provinieron de legítima defensa o de cualquier otra causa que los justifique, no hay
lugar a esta causal de divorcio.
D. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus
hijos, así como la connivencia (Tolerancia) en su corrupción o prostitución (Ordinal 4.,
artículo 185 C.C.). Se entiende por conato el inicio de una acción que no llega a realizarse
plenamente. En consecuencia, para que un cónyuge incurra en esta causal de divorcio no es

preciso que haya realizado plenamente la corrupción, perversión o depravación del otro
cónyuge o de sus hijos, o su prostitución. Basta con que se haya iniciado la realización de
actos encaminados a lograr tal propósito.
Es también causal de divorcio, la connivencia de uno de los cónyuges en la corrupción o
prostitución del otro cónyuge o de uno de los hijos. Tal connivencia o confabulación puede
derivar de la acción realizada por un cónyuge para facilitar o favorecer los actos de terceros
encaminados a la corrupción o prostitución del otro cónyuge o de los hijos o de la omisión de
aquél cuando, advirtiendo la actuación de un tercero con tal fin, no trata de evitarla. .
Para que se incurra en esta causal de divorcio es menester que el acto que se le atribuya a
uno de los cónyuges sea grave e intencional, ya que jamás puede ser justificado.
La condenación a presidio (Ordinal 5. artículo 185 C.C.). La pena de presidio es la más
grave de todas las previstas en nuestra legislación; la condenación a presidio de un
cónyuge, implica la comisión de un delito gravísimo, por lo que constituye violación grave del
deber de asistencia conyugal.
Para que pueda invocarse como causal de divorcio la condenación a presidio, es necesario
que exista sentencia definitiva y firme, sentencia definitiva y firme es aquella que por no
haber sido apelada o recurrida oportunamente o por haber sido declarados sin lugar
tales recursos, causa ejecutoria que imponga a un cónyuge pena de presidio. Es menester
que la sentencia sea posterior al matrimonio, porque sólo a partir de él surgen los deberes
conyugales y es posible su transgresión grave. La sentencia condenatoria a presidio anterior
al matrimonio y ocultada al cónyuge puede ser alegada por éste para demandar el divorcio,
como injuria grave, constituida, precisamente, por el acto de un cónyuge de ocultar a los
otros hechos muy graves de su pasado.
Es, además, necesario que la sentencia firme condenatoria haya sido dictada por tribunales
venezolanos. La sentencia penal dictada por tribunales extranjeros no produce efectos
en Venezuela. Por eso, es menester que la sentencia definitiva y, firme que imponga pena
de presidio a uno de los cónyuges haya sido dictada por tribunales nacionales. Así opina la
doctrina nacional y también la doctrina y la jurisprudencia extranjeras. La condenación
por delitos graves cometidos por un cónyuge y que resulte de una decisión de tribunales
extranjeros puede constituir causal de injuria grave.
Cuando la causal invocada en la demanda de divorcio es la condenación a presidio de uno
de los cónyuges, debe acompañarse la copia certificada de la sentencia penal definitiva y
firme o, al menos, debe indicarse en el libelo el Tribunal donde se encuentra archivada
para poder presentar en oportunidad posterior dentro del proceso, su copia certificada.
Si en los juicios de divorcio fundados en la causal que se analizan ahora, se presentare
copia certificada de la sentencia firme de condenación a presidio, el Juez, declarará que no
hay lugar a pruebas, por ser el punto de mero derecho y procederá a sentenciar la causa en
el lapso legal (artículo 549 C.P.C.).
F. La adicción alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan
imposible la vida en común (Ordinal 6., artículo 185 C.C.).

La adicción alcohólica y la fármaco-dependencia para serlo, requieren habitualidad,
incapacidad del adicto, que por eso precisamente lo es, de resistirse al consumo de tales
substancias (alcohol u otras drogas).
G. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida
en común (Ordinal 7. °, artículo 185 C.C.). Esta causal fue introducida por la Ley de Reforma
Parcial del Código Civil que entró en vigencia el 26 de julio de 1982, antes no existía.
Ha sido muy discutida esta causal. Se argumenta que la posibilidad de demandar por
divorcio al cónyuge entredicho por causa de perturbaciones psiquiátricas graves, es
contraria al deber que existe entre los esposos, precisamente por serIo, de socorrerse
mutuamente y de compartir la vida entera.
El Código Civil vigente dispone que en los casos de divorcio por esta causal de interdicción
por perturbaciones psiquiátricas graves, el Juez no lo decretará sin antes procurar la
manutención y el tratamiento médico del enfermo. Pero es que en caso de enfermedad y,
especialmente en caso de enfermedad mental, más importante que la ayuda material
concretizada en «la manutención y el tratamiento médico del enfermo», es el apoyo afectivo,
la ayuda, la preocupación constante por el bienestar del enfermo que debe darle a éste su
cónyuge, antes que nadie. Y, si la vida en común con el perturbado mental pudiere llegar a
constituir peligro para el cónyuge sano, puede éste solicitar al Juez competente, autorización
para separarse de la residencia común.
SEPARACIÓN DE CUERPOS
Establece el artículo 188 del Código Civil que la separación de cuerpos suspende la vida en
común de los casados.
En este caso para que surta efectos la separación de cuerpos, la pareja, en forma conjunta,
por su propia voluntad y sin ningún tipo de coacción debe solicitar mediante un escrito ante
el juez de primera instancia en lo civil, en caso de no tener hijos, o que estos sean mayores
de edad, o ante un tribunal de protección del niño, niña y el adolescente, en caso de tener
hijos menores de dieciocho años, debidamente asistidos por un abogado de su confianza,
que se conceda la separación de cuerpos. Una vez que la autoridad judicial conceda la
separación de cuerpos libera a los cónyuges de la responsabilidad de convivir.
o autorización.
En la mayoría de los casos, este mecanismo es el más recomendable ya que la espera de
un año ayuda a calmar las cosas antes de llegar al estado de un divorcio definitivo. Por otro
lado, durante el año de separación algunas parejas encuentran la forma de salvar su
matrimonio.

El transcurso de más de un año después de declarar la separación dé cuerpos sin haber
ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges para que se pueda solicitar el
divorcio en este caso es menester que concurran los requisitos siguientes:
Que exista entre los cónyuges separación legal de cuerpos declarada por decreto judicial
(separación por mutuo consentimiento o consensual).
Que haya transcurrido, contado a partir de la declaración de separación de cuerpos, más de
un año.
Que durante ese lapso no haya habido reconciliación entre los cónyuges.
El aparte único del Art. 765 del C.P.C. vigente preceptúa: "Si se alegare la reconciliación por
alguno de los cónyuges. la incidencia se resolverá conforme a lo establecido en el artículo
607 de este Código", y el Art. 607 C.P.C. dispone: "Si por resistencia de una parte a alguna
medida legal del Juez, o por abuso de algún funcionario, o por alguna necesidad
del procedimiento, una de las partes reclamare alguna providencia el Juez ordenará en el
mismo día que la otra parte conteste en el siguiente, y hágalo ésta o no, resolverá a más
tardar dentro del tercer día, lo que considere justo; a menos que haya necesidad de
esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días sin término de
distancia.
La Separación de Cuerpos Contenciosa procede por las mismas causales del artículo 185
del CC. En éste caso el Procedimiento de Separación se intenta por demanda y se tramita
en juicio al igual que el Divorcio.
SEPARACIÓN DE HECHO POR MÁS DE 5 AÑOS ARTICULO
185-A DEL CODIGO CIVIL
Si han transcurrido más de cinco años desde su separación de hecho, bastará con que los
cónyuges acudan personalmente ante un Tribunal asistidos de Abogado y soliciten el
divorcio.
El principal requisito es que ambos estén de acuerdo en solicitar el divorcio y que no exista
ninguna circunstancia de hecho que demuestre la falsedad de lo que declaran.
Ruptura prolongada de la vida en común (artículo 185 A. C.C.). De conformidad con el
artículo 185 A del Código Civil, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio
alegando ruptura prolongada de la vida en común, cuando han permanecido separados de
hecho por más de cinco años.
Admitida la solicitud (que deberá acompañarse de la copia certificada del acta matrimonial
y/o Actas de Nacimiento de los hijos niños y/o adolescentes), el Juez librará sendas boletas
de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público.
Si el otro cónyuge (que debe comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia
después de citado) reconoce el hecho (de la separación de hecho por más de cinco años) y
el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes,

el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los
interesados.
EN RELACIÓN CON LOS HIJOS.
Cuando el divorcio se haya fundamentado en alguna de las causales previstas en los
ordinales 4.°, 5.° y 6.° del artículo 185 C.C., el cónyuge culpable perderá la patria
potestad sobre sus hijos menores. En este caso la patria potestad la ejercerá el otro
progenitor y, si éste se encontrara impedido para ejercerla o hubiere sido privado de ella, el
Juez abrirá la tutela. En los demás casos el divorcio no produce la privación de la patria
potestad.
En relación con el elemento custodia de la responsabilidad de crianza de los hijos, el Juez
competente decidirá en la sentencia de divorcio y en interés del menor, la atribución de la
guarda de los hijos a uno de los progenitores en el lugar donde éste fije su residencia,
pudiendo también confiarla a terceras personas aptas para ejercerla. Revisar con
detenimiento la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente para el caso de
la responsabilidad de crianza (custodia), régimen de convivencia familiar.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DIVORCIO:
Para las diligencias relacionadas con el divorcio, necesitará tener a la mano lo siguiente:
1. Copia certificada de su acta de matrimonio.
2.
3. Copia certificada de las Actas de nacimientos de los hijos menores de 18 años.
4.
3. Copia certificada del acuerdo de Capitulaciones Matrimoniales. (En caso de existir).
Cuando se atraviesa por un proceso de divorcio, se debe conocer las leyes, se debe tener a
mano lo siguiente:
Código Civil de Venezuela. (Artículos 184 al 196)
Ley Orgánica Para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes.
Ley de Derecho Internacional Privado.
¿EN QUE CASOS SE PERMITE EL DIVORCIO?
Las leyes venezolanas sólo aceptan el divorcio en tres casos;
a. Separación de cuerpos por más de un año.
b. Separación de hecho por más de cinco años.
c. Presentación de una demanda para obtener una sentencia de divorcio.
d. Divorcio remedio
a. Separación de Cuerpos por más de un año:
Si la pareja está de acuerdo en separarse, pueden solicitar a un Juez que declare su
separación de cuerpos. Esta solicitud debe ser presentada en persona por ambos cónyuges
asistidos por un abogado de su confianza.

Una vez que se concede la separación de cuerpos, esposo y esposa se liberan de la
obligación de vivir juntos, pero permanecen casados y deben guardarse fidelidad y respeto,
esto significa que ni esposo ni esposa pueden iniciar una nueva relación sentimental ya que
hacerlo puede ser considerado como adulterio. También estarán en la obligación de
socorrerse en caso de ser necesario.
Si transcurre un año desde que el Tribunal concede la separación y la pareja y no se ha
reconciliado, uno de los cónyuges o ambos podrá solicitar que se convierta la separación de
cuerpos en divorcio.
En la mayoría de los casos, en la misma solicitud de separación de cuerpos, la pareja decide
la forma en que separarán sus bienes, así como todo lo relacionado con el lugar donde
vivirán los hijos, gastos de manutención, y días de visita, pero separar los bienes no es
obligatorio. Algunas parejas están de acuerdo en separarse pero no han decidido como
resolverán los demás temas.
o autorización.
En la mayoría de los casos, este mecanismo es el más recomendable ya que la espera de
un año ayuda a calmar las cosas antes de llegar al estado de un divorcio definitivo. Por otro
lado, durante el año de separación algunas parejas encuentran la forma de salvar su
matrimonio.
Este mecanismo solo funciona si la pareja lo solicita por escrito ante un Tribunal. La mayoría
de los Jueces exigirán que acuda personalmente al Tribunal, incluso si ya no vive en
Venezuela. El hecho de que hayan permanecido separados por más de un año no implica
que usted se haya divorciado.
b. Separación de hecho por más de 5 años.
Si han transcurrido más de cinco años desde su separación de hecho, bastará con que el
esposo y la esposa acudan personalmente ante un Tribunal asistidos por Abogado de su
confianza y soliciten el divorcio.
El principal requisito es que ambos estén de acuerdo en solicitar el divorcio y que no exista
ninguna circunstancia de hecho que demuestre la falsedad de lo que declaran. Por ejemplo,
si tienen menos de cinco años de casados, es imposible que tengan cinco años de
separados, o si tienen hijos menores de cinco años el juez asumirá que el tiempo de
separación solo podrá contarse desde el día posterior al de la concepción de su hijo menor.
Si la pareja tiene desacuerdos en asuntos relacionados con los bienes o los hijos, no podrán
usar este sistema ya que el mismo no fue diseñado para resolver controversias de ningún
tipo.
c. Demanda de Divorcio.

Funciona cuando uno de los esposos no se quiere divorciar, o cuando es imposible que la
pareja se ponga de acuerdo para utilizar uno de los mecanismos anteriores. Por lo general,
los hijos sufren mucho. Lamentablemente, en ciertas ocasiones este es el único camino.
Una demanda de divorcio es un documento bastante formal en el cual uno de los cónyuges,
solicita a un Juez que se abra un juicio para determinar si su esposo o esposa ha cometido
una falta grave o es incapaz de vivir en matrimonio. El juicio puede durar varios años, y es
poco frecuente que la pareja mantenga una amistad al terminar el juicio.
b. DIVORCIO-REMEDIO
El divorcio-remedio, exige en principio, la prueba de quiebra irreparable de la unión aunque
habitualmente rige en las Legislaciones contemporáneas una suerte de presunción legal de
la ruptura irremediable del matrimonio cuando la solicitud de divorcio es formulada por
ambos cónyuges, o si, peticionado por uno de ellos, es aceptado por el otro, aunque no se
requiera la prueba de fracaso conyugal, su alegación por ambos esposos en conjunto carece
de presunción alguna y la crisis matrimonial queda entonces sujeta a la valoración
jurisdiccional.
El divorcio remedio, constituye una nueva y más avanzada modalidad, en virtud de la cual se
pretende dar remedio a aquellas situaciones de deterioro objetivo de la convivencia entre los
esposos, sin que sea necesario demostrar la falta o actuación culpable de ninguno de
ellos. Se parte de la idea de que el divorcio ha de dirigirse a poner fin a una situación
insostenible de los cónyuges, siendo suficiente por tanto que estos verifiquen en una causa
o causas en las que no se haga apreciación de culpabilidad en la ruptura de la convivencia
conyugal, limitándose el juzgador a constatar la irreparable quiebra de la misma.
Dentro de la variedad de concepciones de divorcio encontramos: el divorcio-sanción, que de
conformidad con la causa petendi de la demanda es una de las aducidas en este
procesamiento, puesto que se endilga por la demandante al demandado que incumple sus
deberes de esposo.
Está también el divorcio-remedio, que limita sus causas a los acontecimientos que han
hecho imposible o difícil la vida conyugal, pero sin existir ninguna falta, como la enfermedad
mental o separación prolongada.
La Doctrina y la jurisprudencia han venido señalando al divorcio remedio, como "una
solución al problema que representa la subsistencia del matrimonio cuando el vínculo se ha
hecho intolerable, cuando ya estaba roto, aunque subsistía, independientemente de que esa
situación pueda imputársele a alguno de los cónyuges.". Esta tendencia de la ha tenido
acogida en la jurisprudencia nacional, tal como se aprecia en una sentencia de fecha 29 de
noviembre de 2000 el Magistrado Juan Rafael Perdomo.
Las normas sobre el divorcio deben, en general, entenderse de manera favorable
al mantenimiento del vínculo; sin embargo, cuando la vida familiar luce irremediablemente
dañada, es necesario recurrir al divorcio, como remedio que en definitiva es socialmente
mejor que la perpetuación de una situación irregular, y la finalización del juicio, es favorable
a ambas partes, aun contra su voluntad.

"Corriente del divorcio remedio. Esta corriente considera el divorcio como una solución al
problema que representa la subsistencia del matrimonio cuando el vínculo se ha hecho
intolerable, cuando ya estaba roto, aunque subsistía, independientemente de que esa
situación pueda imputársele a alguno de los cónyuges. Se trata de un divorcio en el que no
hay que entrar a indagar el por qué del fracaso conyugal, ni a cuál de los cónyuges es
atribuible, aunque lo sea a uno de ellos. En las causales de divorcio características de esta
concepción (la demencia u otras enfermedades graves, el mutuo acuerdo, por ejemplo) no
hay cónyuge culpable y cónyuge inocente, sino dos cónyuges entre los cuales se ha hecho
por circunstancias (en muchos casos independientes de su voluntad), intolerable el
matrimonio".
MEDIDAS EN CASO DE DIVORCIO, SEPARACIÓN DE CUERPOS Y NULIDAD DEL
MATRIMONIO EN CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE.
Artículo 351 LOPNA
En caso de interponerse acción de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de
matrimonio, el juez o jueza debe dictar las medidas provisionales, en lo referente a la Patria
Potestad y a su contenido, particularmente en lo que concierne a la Custodia, al Régimen de
Convivencia Familiar y a la Obligación de Manutención que deben observar el padre y la
madre respecto a los hijos e hijas que tengan menos de dieciocho años y, a los que,
teniendo más de esta edad, se encuentren con discapacidad total o gran discapacidad, de
manera permanente. En todo aquello que proceda, el juez o jueza debe tener en cuenta lo
acordado por las partes.
Parágrafo Primero. Cuando el divorcio se solicita de conformidad con la causal prevista en el
Artículo 185-A del Código Civil, los cónyuges deben señalar quién ha ejercido la custodia de
los hijos e hijas durante el tiempo que los padres han permanecido separados o separadas
de hecho, así como la forma en que se viene ejecutando la obligación de manutención y el
régimen de convivencia familiar, todo lo cual debe ser tomado en cuenta por el juez o jueza
a los fines consiguientes.
Parágrafo Segundo. Si el divorcio o la separación de cuerpos se declara con lugar, con
fundamento en alguna de las causales previstas en los ordinales 4° y 6° del Artículo 185 del
Código Civil, se declarará extinguida la Patria Potestad al o la cónyuge que haya incurrido en
ellas, sin que por ello cese la Obligación de Manutención. En este supuesto, la Patria

Potestad la ejercerá exclusivamente el otro padre o madre. Si éste se encuentra impedido o
impedida para ejercerla o está afectado o afectada por privación o extinción de la misma, el
juez o jueza abrirá la Tutela y, de ser el caso dispondrá la colocación familiar.
El divorcio... ¿A quién afecta?
Hoy en día el divorcio se ha propagado de tal manera que según las estadísticas,
en Latinoamérica, de cada tres parejas una se divorcia. La ola de ideologías en
nuestra sociedad ha anulado los principios éticos, morales y religiosos acerca del
matrimonio. Cada vez son más los jóvenes que se casan sin la seguridad de que su pareja
va a ser la definitiva y con una "gran clausula" en el contrato matrimonial si las cosas no
marchan bien, la primera puerta de escape es el divorcio.
¿A quién afecta el divorcio?
A todos los integrantes de la familia, pero muy especialmente a los hijos. Frente al
primer conflicto matrimonial, la primera opción es el divorcio, como una nueva oportunidad
de alcanzar la "felicidad." Nuestro deber como padres; formar a nuestros hijos en
un ambiente de armonía y cariño que constituye la base para una personalidad sana.
¿Qué sucede con los hijos de padres divorciados?
Los hijos enfrentan sus propios conflictos además de la crisis de sus padres. En el divorcio
los padres hacemos uso de nuestros hijos como elementos de venganza, son manipulados,
ignorados como personas y reducidos a la calidad de objetos. El niño que está atravesando
el divorcio de sus padres, necesita de alguien de fuera "confiable" en quien depositar sus
ansiedades y temores.

LA INTERDICCIÓN COMOCAUSALDEDIVORCIO EN VENEZUELA
El Artículo 185 del Código Civil Venezolano, establece:
"Son causales única de divorcio:
Ordinal 7° La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten
la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la
manutención y el tratamiento médico del enfermo".
Si tomamos en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico acogía como fundamento del
divorcio la tesis de la sanción, es evidente que la enfermedad mental no es imputable a
quien la sufre, por ello cada vez se tiende más a la admisión de la tesis divorcio-remedio.
Es innegable que la interdicción de uno de los cónyuges no permite el normal
desenvolvimiento de la relación conyugal y familiar.
La causal indicada termina ordenando que el Juez no podrá decretar el divorcio sin antes
procurar la manutención y el tratamiento médico del cónyuge enfermo, cuando el divorcio
sea invocado con tal fundamento.
El cónyuge enfermo que ha sido demandado en divorcio, no está en la posibilidad de
atender sus propios intereses. Luego no podrá procurarse los medios necesarios a su
mantenimiento y a su tratamiento. Por ello, en base a la comunidad de vida que se ha
mantenido, el legislador impone tal obligación humanitaria.
El Juez no decretará el divorcio sin antes prever la manutención y el tratamiento médico del
entredicho.
Para invocar la causa séptima a que se ha hecho referencia a los fines de incorporar el
procedimiento de divorcio, se requiere en forma previa, haya sido declarada la interdicción.
El Tribunal en aplicación de la doctrina del divorcio-remedio establecida por la Sala Social
del Tribunal Supremo de Justicia, en aras de evitar la litigiosidad de un juicio, que lejos de
resolver la problemática familiar acentúe las heridas; En procura de celeridad, tutela judicial
efectiva, y en aras de garantizar la estabilidad emocional del núcleo familiar acuerda la
transformación de la causa contenciosa en un procedimiento no contencioso,
específicamente un divorcio de mutuo acuerdo, establecido en el artículo 185 -A- del Código
Civil.

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CPC PARA DIVORCIO Y SEPARACIÓN DE
CUERPOS
Artículo 754. Es Juez competente para conocer de los vicios de divorcio y de separación de
cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio
conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen
sus derechos y cumplen con los deberes de su estado.
Artículo 755. El Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de separación de
cuerpos que no esté fundada en algunas de las causales establecidas en el Código Civil.
Artículo 756. Admitida la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, el Juez
emplazará a ambas partes para un acto conciliatorio en el cual las excitará a reconciliarse,
haciéndoles al efecto las reflexiones conducentes. Este acto tendrá lugar pasados que sean
cuarenta y cinco días después de la citación del demandado, a la hora que fije el Tribunal. A
dicho acto comparecerán las partes personalmente y podrán hacerse acompañar de
parientes o amigos, en número no mayor de dos por cada parte. La falta de comparecencia
del demandante a este acto será causa de extinción del proceso.
Artículo 757.
Si no se lograre la reconciliación en dicho acto, se emplazará a las partes para un segundo
acto conciliatorio, pasados que sean cuarenta y cinco días del anterior, a la hora que fije el
Tribunal. Para este acto se observarán los mismos requisitos establecidos en el artículo
anterior.
Si tampoco se lograre la reconciliación en este acto, el demandante deberá manifestar si
insiste en continuar con su demanda, sin lo cual la demanda se tendrá por desistida. Si el
demandante insiste en continuar con la demanda, las partes quedarán emplazadas para el
acto de la contestación en el quinto día siguiente.
Artículo 758.
La falta de comparecencia del demandante al acto de contestación de la demanda causará
la extinción del proceso y la del demandado se estimará como contradicción de la demanda
en todas sus partes.
Artículo 759.
Contestada la demanda, o dada por contradicha de acuerdo con el artículo anterior, la causa
continuará por todos los trámites del procedimiento ordinario.
Si hubiere reconvención, el Juez emplazará a las partes para su contestación en el término
legal, y una vez contestada, la causa quedará abierta a pruebas, sin que haya lugar a
nuevos actos conciliatorios. La falta de comparecencia de las partes a la contestación,
producirá los efectos señalados en el artículo anterior.
Artículo 760.
Si en los juicios de divorcio o de separación de cuerpos, fundados en la causal quinta del
artículo 185 del Código Civil, se presentare copia auténtica de la sentencia firme de

condenación a presidio, el Juez declarará que no hay lugar a pruebas por ser el punto de
mero derecho, y procederá a sentenciar la causa en el lapso legal.
Artículo 761.
Contra las determinaciones dictadas por el Juez en virtud de lo dispuesto en el artículo 191
del Código Civil, no se oirá apelación sino en un solo efecto. El Juez dictará todas las
medidas conducentes para hacer cumplir las medidas preventivas contempladas en este
Código.
Las medidas decretadas y ejecutadas sobre los bienes de la comunidad conyugal no se
suspenderán después de declarado el divorcio o la separación de cuerpos, sino por acuerdo
de las partes o por haber quedado liquidada la comunidad de bienes.
DE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS POR MUTUO CONSENTIMIENTO
Artículo 762. Cuando los cónyuges pretendan la separación de cuerpos por mutuo
consentimiento, presentarán personalmente la respectiva manifestación ante el Juez que
ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar del domicilio conyugal.
En dicha manifestación los cónyuges indicarán:
1. Lo que resuelvan acerca de la situación, la educación, el cuidado y la manutención de los
hijos.
2. Si optan por la separación de bienes.
3. La pensión de alimentos que se señalare.
Parágrafo Primero: Presentado el escrito de separación, el Juez, previo examen de sus
términos, decretará en el mismo acto la separación de los cónyuges, respetando las
resoluciones acordadas, salvo que sean contrarias al orden público o las buenas
costumbres.
Parágrafo Segundo: La falta de manifestación acerca de la separación de bienes no
impedirá a los cónyuges optar por ella posteriormente, dentro del lapso de la separación.
Artículo 763.
Durante el lapso de la separación, el Juez podrá dictar las disposiciones a que se refiere el
artículo 191 del Código Civil, cuando las circunstancias así lo aconsejen según las pruebas
que aparezcan de autos.
Artículo 764. Contra las determinaciones dictadas por el Juez conforme al artículo anterior,
se oirá apelación en ambos efectos.
Artículo 765. La sentencia de conversión de la separación de cuerpos en divorcio, respetará
los acuerdos de los cónyuges relativos a los hijos sin, perjuicio de poder resolver otra cosa
cuando de los autos aparezcan elementos de prueba que aconsejen tomar las medidas y
resoluciones a que se refiere el artículo 192 del Código Civil.

Si se alegare la reconciliación por alguno de los cónyuges, la incidencia se resolverá
conforme a lo establecido en el artículo 607 de este Código.
SEPARACION DE CUERPO Y BIENES NO CONTENCIOSA
Entre las causales de divorcio establecidas en el artículo 185 del Código Civil, está la del
último aparte del mismo, denominada separación de cuerpos voluntaria o no contenciosa,
que establece:“…También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año
después de declarada la separación de cuerpos sin haber ocurrido en dicho lapso la
reconciliación de los cónyuges.- En este caso el Tribunal procediendo sumariamente y a
petición de cualquiera de las partes, declarará la conversión de cuerpos en divorcio, previa
notificación del otro cónyuge y con vista al procedimiento anterior.”
Cuando una pareja contrae matrimonio válidamente, se supone que es principio perpetuo,
pero cuando existen circunstancias o razones que impiden que la pareja continúe
cohabitando, este hecho interrumpe la situación jurídica, quedando suspendido legalmente
el cumplimiento entre ellos de asistencia, sin embargo, el vínculo matrimonial que los une
persiste o subsiste; en este sentido la separación de cuerpos es solamente una separación
de hecho y no de derecho
DIFERENCIAS ENTRE SEPARACION DE CUERPOS Y DIVORCIO
1 • La Separación es una interrupción transitoria de la convivencia conyugal.
El Divorcio supone la extinción del vínculo contractual definitivamente.
2 • La Separación puede entenderse como un periodo de reflexión que se conceden ambos
cónyuges para reconsiderar su situación personal pero sin querer romper definitivamente el
Contrato Matrimonial.
El Divorcio, supone la ruptura total y absoluta del vínculo contractual.
3 • La Separación, supone que el Matrimonio sigue existiendo, tu Estado Civil será el de
separado, que es una situación propia y diferenciada legalmente.
El Divorcio habrá terminado con tu Matrimonio de raíz.
4 • Pero quizás la principal Consecuencia Jurídica es que con la Separación no puedes
contraer nuevo Matrimonio, si lo haces puedes caer en el Delito de Bigamia.
Con el Divorcio, si podrás contraer nuevas Nupcias, sin consecuencia Legal adversa.
5 • Con la Separación, el Vínculo Matrimonial queda suspendido, está en estado latente,
podríamos decir dormido, aunque como hemos señalado anteriormente cesen ciertas
obligaciones.

En el Divorcio todo Vínculo Matrimonial anterior desaparece.
PROCEDIMIENTO (C.P.C)
Artículo 762°
Cuando los cónyuges pretendan la separación de cuerpos por mutuo consentimiento,
presentarán personalmente la respectiva manifestación ante el Juez que ejerza la
jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar del domicilio conyugal.
En dicha manifestación los cónyuges indicarán:
1° Lo que resuelvan acerca de la situación, la educación, el cuidado y la manutención de los
hijos.
2° Si optan por la separación de bienes.
3° La pensión de alimentos que se señalare.
Parágrafo Primero: Presentado el escrito de separación, el Juez, previo examen de sus
términos, decretará en el mismo acto la separación de los cónyuges, respetando las
resoluciones acordadas, salvo que sean contrarias al orden público o las buenas
costumbres.
Parágrafo Segundo: La falta de manifestación acerca de la separación de bienes no
impedirá a los cónyuges optar por ella posteriormente, dentro del lapso de la separación.
Artículo 763°
Durante el lapso de la separación, el Juez podrá dictar las disposiciones a que se refiere el
artículo 191 del Código Civil, cuando las circunstancias así lo aconsejen según las pruebas
que aparezcan de autos.
Entre las cuales se encuentran:
1º Autorizar la separación de los cónyuges y determinar cuál de ellos, en atención a sus
necesidades o circunstancias, habrá de continuar habitando el inmueble que les servía de
alojamiento común, mientras dure el juicio, y salvo los derechos de terceros. En igualdad de
circunstancias, tendrá preferencia a permanecer en dicho inmueble aquel de los cónyuges a
quien se confiera la guarda de los hijos.
2º Confiar la guarda de los hijos menores, si los hubiere, a uno solo de los cónyuges y
señalar alimentos a los mismos; también podrá, si lo creyera conveniente, según las
circunstancias, poner a los menores en poder de terceras personas; en todos los casos hará

asegurar el pago de la pensión alimentaria de los hijos, y establecerá el régimen de visitas
en beneficio del cónyuge a quien no se haya atribuido la guarda.
3º Ordenar que se haga un inventario de los bienes comunes y dictar cualesquiera otras
medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento
fraudulento de dichos bienes.
A los fines de las medidas señaladas en este artículo el Juez podrá solicitar todas las
informaciones que considere convenientes.
Artículo 764°
Contra las determinaciones dictadas por el Juez conforme al artículo anterior, se oirá
apelación en ambos efectos.
Artículo 765°
La sentencia de conversión de la separación de cuerpos en divorcio, respetará los acuerdos
de los cónyuges relativos a los hijos, sin perjuicio de poder resolver otra cosa cuando de los
autos aparezcan elementos de prueba que aconsejen tomar las medidas y resoluciones a
que se refiere el artículo 192 del Código Civil. “Cuando el divorcio o la separación de
cuerpos se haya fundamentado en alguna de las causales previstas en los ordinales 4º, 5º y
6º del artículo 185, el cónyuge que haya incurrido en ellas quedará privado de la patria
potestad sobre sus hijos menores. En este caso la patria potestad será ejercida
exclusivamente por el otro progenitor. Si éste se encontrara impedido para ejercerla, o ha
sido privado a su vez de la patria potestad, el Juez abrirá la tutela”
Las causales a que ha referencia dicho artículo son: El conato de uno de los cónyuges para
corromper o prostituir al otro cónyuge, o a
sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, La condenación a
presidio, La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan
imposible la vida en común,
Reconciliación en Divorcio por medio Separación Cuerpos y Bienes
Establece el Artículo 194 del Código Civil Venezolano lo siguiente:
“La reconciliación quita el derecho de solicitar el divorcio o la separación de cuerpos por toda
causa anterior a ella. Si ocurriere en cualquier estado del juicio, pondrá término a éste; si
ocurriere después de la sentencia dictada en la separación de cuerpos, dejará sin efectos la
ejecutoria; pero en uno y otro caso, los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del
Tribunal que conozca o haya conocido de la causa, para los efectos legales”

Entendiéndose por reconciliación Del latín reconciliatio, onis. Acción y efecto de reconciliar o
reconciliarse. La reconciliación entre cónyuges separados de cuerpos tiene gran importancia
práctica porque deja sin efectos la ejecutoria de la sentencia respectiva.
En este sentido, puede afirmarse que la reconciliación es el acuerdo de los cónyuges
separados, de restablecer la normalidad de su vida conyugal, que se manifiesta en la
reanudación efectiva o continuación de la convivencia matrimonial.
La reconciliación es entonces un acto jurídico, porque es una manifestación de voluntad que
produce efectos jurídicos; pero es también bilateral, porque para que ella se produzca, se
requiere el acuerdo de ambos cónyuges, no basta que uno de ellos desee la reconciliación
sino que ésta debe haberse producido de manera efectiva y real. De tal manera que la
reconciliación no es un simple estado de ánimo interior, sino que se requiere la
exteriorización de este hecho con la continuación o la reanudación de la vida conyugal
normal.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CALVO BACA, Emilio. Código de Procedimiento Civil de Venezuela, Ediciones Libra C.A.,
Caracas, Venezuela, año 2005.
CALVO BACA, Emilio. Código Civil Venezolano, Comentado y Concordado. Ediciones Libra
C.A. Año 2007. Caracas.
GRISANTI AVELEDO de Luigi. LECCIONES DE DERECHO DE FAMILIA. Vadell hermanos
EDITORES. DÉCIMO CUARTA EDICIÓN. Caracas - Venezuela - Valencia, 2007.
LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. G.O.
(5.859 Extraordinaria) 10/12/2007.
RENGEL ROMBERG, Arístides Tratado de Derecho Procesal Civil
Venezolano, Volumen I. Organización Gráficas Capriles C.A., Caracas, año 2003.
RODRÍGUEZ, Luis Alberto. DERECHO DE FAMILIA. Livros CA, Caracas 2006.
SOJO BIANCO, Raül. Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones. 2001. Mobil Libros.
Caracas, VENEZUELA.

Anexo
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO
El ciudadano RICARDO ORELLANA ANZOLA, representado por los abogados MORRIS
JOSÉ SIERRALTA, ANTONIO SOTILLO SÁNCHEZ, EDUARDO VALENZUELA, GUIDO
PUCHE NAVA, HUMBERTO ARENAS MACHADO y HERNÁN SEMPRUN SALGADO,
demandó a la ciudadana MERCEDES ROSARIO PÉREZ DE ORELLANA, representada por
la abogada ALEXA JOSEFINA GAMARDO RIVERO, por divorcio, ante el Juzgado Sexto de
Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas.
El Juzgado Superior Tercero de la citada Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío,
dictó sentencia el día 30 de marzo de 2000, en la cual declaró con lugar la demanda,
confirmando la decisión apelada.
Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Alberto
Martini Urdaneta. En fecha 9 de noviembre de 2000 el Presidente de la Sala, en ejercicio de
las facultades contenidas en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, reasignó la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe este fallo. El
apoderado de la demandada formalizó el recurso de casación anunciado oportunamente.
Hubo contestación. Se presentaron extemporáneamente escritos de réplica y de
contrarréplica, los cuales por tal razón no serán considerados para la decisión. En efecto, los
escritos de réplica y contrarréplica consignados por la representación judicial de las partes
demandadas y actora respectivamente, fueron presentados ante este Alto Tribunal en fechas
4 de agosto y 19 de septiembre de 2000; sin embargo, el plazo para la consignación de
dichos escritos venció en fechas 2 de agosto y 11 de agosto del mismo año,
respectivamente, en razón de que el último día de los veinte (20) para la presentación del
escrito de impugnación culminó el 23 de julio de 2000.
Cumplidos los trámites de sustanciación, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta
Sala, previas las siguientes consideraciones:
CAPÍTULO PRIMERO
CUESTIONES DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO

- I -
Es criterio de esta Sala que con vista de las disposiciones de la nueva Constitución, por
aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles,
no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta,
no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada, no hace imposible
su eventual ejecución o no viola el derecho de las partes a una justa resolución de la
controversia.
En ese orden de ideas, la decisión de la Sala deberá considerar en forma previa el
fundamento de lo decidido por la Alzada, para determinar si las denuncias que se formulan
son capaces de alterarlo, o si impiden por omisión de pronunciamiento o de fundamentos,
el control de la legalidad; y antes de declarar la nulidad del fallo por defectos en su forma
intrínseca, será necesario examinar si el mismo, a pesar de la deficiencia, alcanzó su fin, el
cual no es otro que resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de
ejecución y suficiente garantía para las partes.
Por otra parte, la Constitución vigente da prioridad a la resolución de la controversia, en
tanto que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, privilegia la resolución de las
cuestiones de forma, al establecer en su segundo aparte lo siguiente:
"Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las
descritas en el ordinal 1º del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de
infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que
considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará
cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un
gravamen no reparado en la definitiva."
Dada la contradicción de esta disposición legal con los principios constitucionales que
ordenan no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, a obtener una
justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles,
establecidas en las disposiciones de los artículos 26, 257, 334 y 335 de la Carta Magna, en
acatamiento del deber, también constitucional, de aplicar con preferencia las disposiciones y
principios constitucionales y garantizar su supremacía y efectividad, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la Sala desaplica la regla legal
del artículo 320 eiusdem, que obliga a resolver, en primer término y en forma excluyente, el
recurso de forma, para asumir la función de determinar, en cada caso concreto, cuál es el
orden de decisión que mejor sirve a los fines de hacer efectiva justicia.
- II -
La formalizante, en punto previo de su escrito, solicita se declare la nulidad del fallo
recurrido, con fundamento en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, por
considerar que no debió el Juez decidir sobre la causal de divorcio por abandono voluntario,
pues al no recurrir en casación contra una anterior decisión que desechó tal causal, había
ésta quedado fuera del debate judicial.
Para decidir, la Sala observa:
La declaratoria de nulidad del fallo de reenvío, con fundamento en el artículo 323 del Código
de Procedimiento Civil tiene, como presupuesto ineludible, que la parte agraviada interponga
recurso de nulidad, lo cual no sucedió en el caso bajo decisión, pues en diligencias de
fechas 10 y 12 de mayo de 2000 se limitó a anunciar recurso de casación, sin interponer
recurso de nulidad, por lo cual la solicitud presentada ante la Sala debe ser desechada.

Es pertinente advertir que el efecto de la casación es total, por lo cual el Juez de reenvío
debe decidir, como lo hizo, sobre todo lo pretendido, y por tanto no excedió
los límites del conocimiento que le fue deferido por el fallo de casación, sino, por el contrario,
cumplió con el deber de congruencia.
CAPÍTULO SEGUNDO
FUNDAMENTO DE LO DECIDIDO POR EL REENVÍO
El Juez de la recurrida, luego de examinar las pruebas concluyó así:
"Del análisis y estudio de las actas procesales de acuerdo a las probanzas promovidas y
evacuadas por las partes deben concluirse que el demandante alegó como causales de
divorcio las causales 2º, abandono voluntario y 3º excesos, sevicia e injurias graves que
hagan imposible la vida en común del artículo 185 del Código Civil. Las pruebas del
testimonio de las ciudadanas JANETY FLORES DE CAMMARANO quien quedó conteste al
igual que la ciudadana ROSA DE LOURDES MAIGUEL DE ECHEVERRI en que
presenciaron y escucharon cuando la cónyuge, MERCEDES PÉREZ DE ORELLANA
profería a su esposo frases como "viejo inútil, estúpido, incapaz, no sirves para nada, por
eso te voy a matar, poco hombre y muchas cosas más" las cuales cursan a los folios 211 al
212 y sus vtos. y 213 sirven para establecer la existencia de la causal invocada que se
refiere a injurias graves que hagan imposible la vida en común. A criterio del Juzgador luego
que varias personas han presenciado y oído los epítetos antes señalados, se constituyen en
injuria grave que hacen imposible la vida en común y ha quedado configurada la causal
prevista como 3º del artículo 185 del Código Civil. Y así se declara.
En cuanto a la causal 2º, abandono voluntario, (...) debe declararse sin lugar por no haberse
logrado prueba al respecto. Así se decide."
CAPÍTULO TERCERO
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
- I –
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se
denuncia infracción de los artículos 243, ordinal 4º, y 510 del mismo Código.
En relación con la infracción del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, expresa la
recurrente que dicha regla impone al Juzgador la obligación de apreciar los indicios en su
conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y
en relación con las demás pruebas de autos.
Al respecto señala que se desestiman las declaraciones de los testigos promovidos por su
representada, quienes estaban contestes en afirmar que la señora Mercedes Pérez de
Orellana durante más de treinta años de matrimonio había llevado una relación armónica
con su cónyuge, lo cual tiene pertinencia a los fines de la configuración de la causal de
injuria grave que hace imposible la vida en común; y se omite el análisis de la afirmación del
actor en su libelo, relativa a que se mudó de la casa y quiso regresar, después de los
presuntos hechos. Esto, tratándose de la causal invocada, a juicio de la formalizante, es
absolutamente fundamental, puesto que si en verdad hubiesen ocurrido tales hechos, lo que
siempre fue negado, significa que a criterio de su cónyuge, ello no era suficiente para hacer
imposible la vida en común.

Concluye afirmando que al no valorar la totalidad de los indicios, afirmaciones y confesiones
de hechos no controvertidos por las partes, con las demás pruebas en su conjunto,
expresando la consideración de la gravedad, concordancia y convergencia de cada una de
ellas, la sentencia recurrida viola el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.
Se relató sólo lo referente a la denuncia de infracción del artículo 510 del Código de
Procedimiento Civil, regla de valoración de los indicios, pues la denuncia de inmotivación y
otras cuestiones planteadas referentes a la forma de la sentencia, están fuera de lugar en
una denuncia de infracción de ley.
De acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, debió la formalizante
encuadrar la denuncia en alguno de los casos del ordinal 2º del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil -Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del
contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma
jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y
vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia-. Al omitir
tal encuadramiento, la denuncia no cumple con los requisitos del referido artículo 317 del
Código de Procedimiento Civil.
Por otra parte, es de advertir que la concordancia debe hacerse con las pruebas que se
refieran a la cuestión resuelta y los testigos señalados por la formalizante, no declaran sobre
el incidente que la sentencia consideró injurioso, sino sobre otros aspectos de la vida
familiar.
Por lo que se refiere a las expresiones del demandante en el libelo, la Sala no puede
conocer al respecto en una denuncia de infracción del artículo 510 del Código de
Procedimiento Civil, porque dicha actuación no constituye una prueba, ni es fuente de
indicios, sino la expresión de los términos de la pretensión.
En consecuencia, se desecha esta denuncia.
- II –
denuncia infracción del artículo 509 del mismo Código, por omisión de pronunciamiento
sobre elementos probatorios existentes en autos, lo cual constituye silencio de prueba.
De acuerdo con pacífica y reiterada jurisprudencia de la Sala, el vicio de silencio de prueba
constituye inmotivación del fallo, del cual puede conocer la Sala en una denuncia por defecto
de actividad, sustentada en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil,
por infracción del artículo 243, ordinal 4º, y eventualmente de los artículos 12 y 509 del
mismo Código.
Una denuncia aislada del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, encuadrada en un
recurso por infracción de ley, no permite a la Sala conocer de tal omisión.
- III –
denuncia infracción del artículo 185, ordinal 3º, del Código Civil, por error de interpretación.

La recurrente, luego de transcribir parte de la sentencia recurrida, en el mismo punto que ya
se reprodujo, en relación con la apreciación de que "luego que varias personas han
presenciado y oído los epítetos antes señalados, se constituyen en injuria grave que hace
imposible la vida en común", señala que la causal 3ª del artículo 185 del Código Civil, tiene
un contenido y un alcance muy distinto, que la sentencia recurrida desconoce cuando
entiende configurada la causal, porque las presuntas discusiones e insultos ocurridos entre
los esposos han sido oídos por terceras personas.
Al respecto, señala que la injuria es un concepto absolutamente subjetivo que atañe a la
consideración personal de cada individuo, en atención a su propia concepción de
su patrimonio moral, y se objetiva en determinadas condiciones que en criterio de la persona
pueden constituir lesión de su dignidad, de su propia estimación y de su honor. La
materialización de la injuria incluye no sólo la consideración de los hechos concretos, sino la
persona de quienes provienen. Así, el hecho que se estima injurioso viniendo de un tercero,
puede no serlo si lo realiza un hijo o un pariente muy próximo, o amigo muy apreciado.
Al respecto, sostiene la formalizante que el cónyuge ha confesado que después de una tarde
del mes de marzo de 1989, en que ocurrieron los presuntos insultos y discusiones, se mudó
de la casa, pero luego quiso volver, con lo cual se entiende que no consideró las diferencias
surgidas entre él y su esposa como suficientes para hacer imposible la vida en común, tal
como lo exige la norma.
Asimismo, afirma la recurrente que el único hecho presuntamente probado ocurrió el 28 de
marzo de 1989 y la demanda fue interpuesta el 1º de octubre de 1992, es decir, 3 años y 7
meses después, para concluir en que si nos planteamos que la vida en común transcurre día
a día, el número de días transcurridos hasta la introducción de la demanda excluye cualquier
posibilidad de que el hecho tomado en cuenta por el Tribunal, sin adminicularlo con otros
hechos y afirmaciones del actor, haga imposible la vida en común.
Por último, aduce la formalizante que el contenido y alcance del ordinal 3º del artículo 185
del Código Civil, fue interpretado erróneamente en la sentencia recurrida, puesto que lo
refiere a la publicidad y al conocimiento por terceros de presuntos insultos y discusiones
entre los cónyuges, que en modo alguno tiene que ver con la causal en referencia, que es
eminentemente subjetiva.
En relación con la interpretación, cuando el concepto jurídico no ha sido definido por la ley,
la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada en el
mismo caso, en fecha 5 de agosto de 1999, expresó:
"No es lo mismo establecer en forma general el contenido y alcance de una norma jurídica
que calificar los hechos como formando parte del conjunto de supuestos previstos en la regla
legal. Es decir, hay que diferenciar lo antes realizado por la Sala en el mismo proceso,
interpretar el sentido y alcance abstracto de la injuria grave que hace imposible la vida en
común, de establecer que determinados hechos constituyen tal injuria. A esto último se
refiere la doctrina sentada por la Sala en sentencias de fecha 29 de octubre de 1969 y 26 de
noviembre del mismo año, las cuales por tanto no constituyen antecedente de la presente
decisión.
Sin embargo, en beneficio de la correcta interpretación de la ley, debe la Sala rectificar lo
dicho en la decisión de fecha 26 de noviembre de 1969, la cual expresa: "Determinar si el
exceso, la sevicia o la injuria tienen tal gravedad como para hacer imposible la vida en
común, es una cuestión de hecho..."

Son cuestiones de derecho, tanto la interpretación de la ley, como la subsunción de los
hechos en la norma, o sea la determinación de si en los hechos alegados y probados se
actualizó el supuesto legal.
En efecto, establece el artículo 313, ordinal 2º, del Código de Procedimiento Civil, entre otros
supuestos de infracción de ley, que se declarará con lugar el recurso de casación cuando se
haya aplicado falsamente una norma jurídica. La falsa aplicación de la ley consiste,
precisamente, en el establecimiento de una falsa relación de identidad entre los hechos, en
principio correctamente establecidos por el Juzgador y el supuesto de hecho de la norma,
también en principio correctamente interpretada.
Es una cuestión de hecho el establecimiento, por el juez, de la existencia de determinados
hechos, mediante el examen de las pruebas, en tanto que es cuestión de derecho su
calificación, como constitutivos del supuesto legal."
En tal oportunidad se casó el fallo porque el Juez de reenvío consideró que debía tratarse de
múltiples injurias, respecto a lo cual la Sala expresó:
"Considera la Sala que, a pesar de la utilización del plural, el criterio legal es cualitativo, no
cuantitativo, o sea que los excesos, sevicia e injurias graves deben ser de tal entidad que
haga imposible la vida en común, sin que sea necesaria su repetición. Un único hecho
puede ser de tal entidad que impida la convivencia de la pareja, en tanto que la reiteración
de los hechos podría significar el perdón de los anteriores, siendo entonces principalmente
relevante el último de ellos, aquél que impidió la continuación de la relación."
Cuando el legislador no define el concepto jurídico, la disposición legal debe ser completada
por el Juez, para lo cual recurre, generalmente, a la jurisprudencia, la doctrina y las máximas
de experiencia.
En el caso bajo decisión, el Juez de reenvío se fundamentó en una máxima de experiencia,
cuando expresó:
"A criterio del Juzgador luego que varias personas han presenciado y oído los epítetos antes
señalados, se constituyen en injuria grave que hace imposible la vida en común y ha
quedado configurada la causal prevista como 3º del artículo 185 del Código Civil. Y así se
declara."
Con ello establece que el hecho de que varias personas hayan presenciado los insultos
proferidos, constituye una agravación de la injuria, que por sí sola conduce a que se haga
imposible la vida en común. Tal máxima de experiencia no ha sido directamente combatida
como tal por el formalizante, sino que éste considera que la conclusión resulta desvirtuada
por la propia pretensión.
Al respecto, establece la decisión recurrida, en su narrativa, lo siguiente:
"Que asimismo, el demandante le manifestó a sus apoderados, que los excesos e injuria
grave causándoles (sic) por parte de su cónyuge, llegaron al extremo que el 28 de marzo de
1989, ella tomó una pistola calibre 9 mm. y se la colocó en el pecho gritándole "te voy a
matar anciano sinvergüenza ladrón" logrando él en un descuido de su esposa arrebatarle el
arma que ella portaba y que posteriormente pudo percatarse de que en la misma había sido
montada, es decir, estaba en disposición de ser accionada al ser oprimido el gatillo. Hecho
este, que le ocasionó a su representado, según se les hizo saber, un perenne estado de
nerviosismo y preocupación, lo que lo conllevó a mudarse de la casa y cuando quiso volver,
ella no se lo permitió."
La interpretación que realiza el reenvío, basada en la aplicación de una máxima de
experiencia, está estrechamente ligada a las circunstancias del caso concreto, y
sustancialmente, la alegación de error de interpretación consiste en que la manifestación del

demandante, de que quiso volver al hogar común, desvirtúa la interpretación, pues el
resultado de hacer imposible la vida en común es de apreciación subjetiva, es decir que un
concreto sujeto puede considerar, a pesar de la publicidad del agravio, que ello no impide la
vida en común.
No obstante, tal conclusión no es necesaria en la cuestión debatida, pues no se reinició la
vida conyugal, lo cual definitivamente desvirtuaría la existencia de la causal de divorcio, por
injuria grave que hace imposible la vida en común, sino que hubo una vacilación en la
convicción del demandante, acerca de tal resultado. Pero, posteriormente, se inició un juicio
de divorcio, en el cual se ha litigado 8 años, sin que hubiese alguna de las partes cedido en
su posición, lo cual es más significativo que una momentánea duda acerca de la posibilidad
de mantener el vínculo conyugal.
Las normas sobre el divorcio deben, en general, entenderse de manera favorable al
mantenimiento del vínculo; sin embargo, cuando la vida familiar luce irremediablemente
dañada, es necesario recurrir al divorcio, como remedio que en definitiva es socialmente
mejor que la perpetuación de una situación irregular, y la finalización del juicio, es favorable
a ambas partes, aun contra su voluntad.
En consecuencia, se atiene la Sala a la interpretación realizada por la Alzada, lo cual
determina que se declare improcedente la denuncia.
CAPÍTULO CUARTO
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
- I –
denuncia infracción del artículo 243, ordinal 4°, en concordancia con el artículo 508 del
mismo Código, por considerar el formalizante que el sentenciador de Alzada incurre en el
vicio de inmotivación.
Señala el formalizante que la Alzada, respecto al testimonio de la ciudadana YANETH
FLORES DE CAMMARANO, se limita a decir:
"Esta testigo se aprecia como presencial en todo su valor probatorio y su declaración como
demostrativa de ofensa al honor, reputación o al decoro en contra del actor, lo que
constituye injurias graves, que hacen imposible, después de ocurridas, la vida en común
entre los cónyuges, y por tanto configuran la causal 3ª del artículo 185 del Código Civil."
En cuanto a la testigo ROSA MAIGUEL DE ECHEVERRI, igualmente la sentencia recurrida
expresa:
"A criterio del Juzgador la testigo presencial, dio razón de sus dichos y no incurrió en
contradicciones, siendo dicha prueba pertinente y probatoria de la grave injuria que varias
oportunidades (sic) profirió la señora MERCEDES PÉREZ DE ORELLANA a su esposo, esa
situación ya repetida demuestra ofensa e injuria grave que hace imposible, después de ella,
la vida en común entre los cónyuges y demuestra igualmente ofensa al honor, reputación o
el decoro, lo que constituye supuesto de la causal prevista en el ordinal 3º del artículo 185
del Código Civil."
Al respecto, sostiene la formalizante que tratándose de una materia tan especial y delicada
como es la acción de divorcio, que atañe directamente a la estabilidad de la familia, base de
la sociedad, y por tanto de orden público, era necesario que se dejara expresa constancia de
la exigencia del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la confiabilidad que

merecieron los testigos al sentenciar en razón de su edad, vida y costumbres, por la
profesión que ejerzan y demás circunstancias.
Considera la recurrente que tal conducta omisiva no sólo es violatoria del artículo 508 del
Código de Procedimiento Civil, sino que "quebranta en consecuencia la disposición
contenida en el ordinal 4º del artículo 243, que exige la consignación en la sentencia de los
motivos de hecho y de derecho."
Incurre la formalizante en una indisoluble mezcla de motivos de casación, pues la
inmotivación que dice observar la considera consecuencia del incumplimiento del artículo
508 del Código de Procedimiento Civil, regla que regula el establecimiento y apreciación de
los hechos o de las pruebas, que sólo puede ser denunciada en un recurso por infracción de
ley.
Por lo demás, sí fundamenta la recurrida su decisión de apreciar los testigos en cuestión,
pues además de lo transcrito por la formalizante, al examinar la deposición de la ciudadana
YANETH FLORES DE CAMMARANO, expresa que la testigo "dio razón de sus dichos y no
incurrió en contradicciones siendo pertinente y conducente dicha prueba", y luego en las
conclusiones reproducidas en capítulo anterior de este fallo establece que concuerdan las
declaraciones.
Es de advertir que la regla del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, contiene, de
acuerdo con la doctrina de casación, la regla de valoración de la prueba de testigos, al
ordenar al Juez que examine si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las
demás pruebas, y reglas de sana crítica, cuando expresa que "estimará cuidadosamente los
motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y
costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la
sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya
por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese
sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación."
Si el testigo ha sido tachado, o en la repregunta se combate en tales extremos, el Juez para
cumplir con el deber de motivar el fallo, debe referirse a ello, pero si la cuestión no ha sido
debatida, basta con las breves expresiones que transcribe la formalizante.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara SIN LUGAR el presente recurso de casación. Se condena al recurrente en las
costas, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el
artículo 274 del mismo Código.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, o sea, el Juzgado
Sexto de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado,
todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos
mil. Años: 190º de la Federación y 141º de la Federación.

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