El decreto 4823 de 2010 de Colombia establece que los contratistas y concesionarios del estado deben colaborar en la atención de la emergencia económica, social y ecológica provocada por el fenómeno de La Niña. Este fenómeno ha causado daños significativos a la infraestructura vial y ha interrumpido servicios esenciales, lo que justifica la necesidad de contar con su apoyo para mitigar los efectos de la crisis. El decreto detalla la manera en que las autoridades deben gestionar esta colaboración y asegurar que no se impongan cargas excesivas a los contratistas.