El decreto establece que la administración pública nacional de Venezuela empleará prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Se inicia un proceso de migración gradual hacia el uso de este tipo de software y se encomienda al Ministerio de Ciencia y Tecnología proveer la distribución de software libre para el estado, capacitar funcionarios públicos en su uso, e incentivar su desarrollo e investigación.