Este documento describe el procedimiento de declaración de procedencia, también conocido como desafuero. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de decidir si poner a disposición de una autoridad judicial a servidores públicos acusados de delitos. Al emitir la declaración de procedencia, la Cámara no prejuzga la responsabilidad del acusado pero considera que existen elementos para suponer su probable responsabilidad. La Cámara vota el dictamen preparado por una comisión que declara si procede o no en contra del inculpado.