El artículo 134 de la Constitución Mexicana originalmente se refería solo a regular los procedimientos de contratación pública para dotarlos de mayor transparencia y garantías de imparcialidad. Posteriormente, la reforma de 1982 añadió principios como la eficiencia y economía en el uso de recursos públicos. La reforma de 2007 incluyó la obligación de aplicar los recursos de manera imparcial entre los partidos políticos para preservar la equidad electoral, estableció reglas para evitar el uso de propaganda gubernamental para beneficio personal, y