DOCUMENTO BASE PARA

DOCUMENTO BASE PARAEL PROGRAMA ESTATAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y SUS FAMILIAS EN OAXACA:
UNA PROPUESTA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
GOBIERNO ENCABEZADO POR EL
LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO
En el contexto de la elaboración del
Programa Preliminar de Gobierno 2010– 2016
O A X A C A, O A X. S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0

ORGANIZACIONES QUE ELABORARON Y FIRMARON ESTE DOCUMENTO
Casa Hogar Acéptame como Soy A.C.
Trascendiendo la Discapacidad A.C.
Planeta Inclusión A.C.
Asociación de Educación e Integración del Niño Down Oaxaqueño S. C.
CAI Piña Palmera A.C.
Fundación Oaxaqueña de Equinoterapia A.C.
Ángela Salazar Acevedo.
Carlos Ernesto Sánchez Carrillo
Centro Oaxaqueño de Rehabilitación Auditiva y del Lenguaje
Asociación de Audición y Lenguaje “Benito Juárez García” A.C.

Red Oaxaqueña para la Prevención de la Discapacidad A.C.
Prof: Germán Mendoza Nube
Plusválidos de Zimatlán
Primera Asociación Nacional de Ciclismo Paralímpico PANACIP. A.C.
Arely Fabiola Barroso Pérez

INTRODUCCION
Las personas con discapacidad (en adelante consignadas con las siglas PCD) y sus familias, son por mucho el sector con la
cual la sociedad en su conjunto y el Gobierno, en su calidad de garante de los derechos fundamentales de la población, tienen
una deuda histórica, pues es este sector el más excluido de todos.
No hay que hurgar mucho para ver con claridad que dentro de todos los sectores de la nación el de las PCD ha sido el
mayormente excluido debido a una cultura de discriminación que les ha ubicado en diferentes categorías que van del poseso
diabólico al anormal pasando por las concepciones de invalidez y del eufemismo de las “capacidades diferentes”. Estas
visiones sobre la discapacidad han llevado a que las acciones de gobierno en la materia se hayan diseñado e implementado
con un enfoque asistencial en el que a las personas con discapacidad se las ha visto como dependientes e incapaces, cuya
atención o incorporación a la vida nacional ocurre como un acto generoso, de “buena fe” y como una expresión de la
sensibilidad de los gobernantes en turno. Es preciso decir que en sintonía con esta forma de entender la relación gobierno-
gobernados, también ha prevalecido entre la mayor parte de las organizaciones de personas con discapacidad que tienen
acceso a los espacios de toma de decisiones, una tendencia a ver en el Estado un mecenas, un filántropo que atiende
necesidades particulares dentro de un esquema de caridad y muchas veces, también, de corrupción e indignidad. El resultado
de ello ha sido la implementación de acciones aisladas y focalizadas mayormente en la ciudades, sin real conocimiento de
causa de la forma en que viven y sobreviven la mayoría de las PCD; se ha tratado de acciones que desafortunadamente,
cuando más, alcanzan apenas el status de paliativos.
En este contexto la propuesta que presentamos es una propuesta a contrapelo de lo tradicional, radical en la forma de
concebir la discapacidad y el papel del gobierno y de las PCD en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, no solamente de
beneficiarios.

Nuestra propuesta no nace ni se presenta en un vacío histórico, se propone de cara a la emergencia de un movimiento de
personas con discapacidad, de sus familias y organizaciones que han reconocido la importancia de que las políticas públicas
en la materia se articulen desde una perspectiva social y fundamentalmente en el marco de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo (CDPCD); instrumento internacional promovido en buena
medida por México y considerado el primer tratado de derechos humanos del Siglo XXI. Lo que aquí se propone, entonces,
es una serie de acciones operativas y estratégicas consensuadas, que como señala Alba Carosio “necesariamente están
relacionadas con la crítica cultural, teórica e ideológica, y suponen la prefiguración de modos de relación humana sin
dominación ni exclusión, que permiten el desenvolvimiento de las capacidades y potencialidades de todas y todos, en el
entendido que la lucha contra discriminaciones, exclusiones y sus consecuencias, es ante todo una lucha ética contra las
limitaciones a la potenciación de lo humano.1
Las PCD, sus familias y organizaciones que hemos participado en la elaboración de este documento tenemos la convicción de
que la voluntad popular de cambio que se expresó en las elecciones del 4 de julio, no tiene que ver con una sustitución de
nomenclaturas partidistas en el poder, sino con una forma diferente de hacer gobierno. Tiene que ver con la necesidad
imperiosa de redefinir el papel del Estado ante cada uno de los problemas y retos que enfrenta Oaxaca, con el repensar la
vigencia de instituciones y prácticas públicas que ya han sido rebasadas y con el reconocimiento de que hay una ciudadanía
con discapacidad que de la mano de sus familias y organizaciones está proponiendo una ética de corresponsabilidad en el
ejercicio gubernamental, capaz de resolver los dilemas que tienen sumida a nuestra entidad en un laberinto de desigualdad
económica, injusticia social, atraso educativo e impunidad. Problemas todos ellos que se suman a la segregación por
discapacidad y que se acentúan aún más en comunidades rurales e indígenas.
En esta argumentación inicial, no podemos dejar de enfatizar la relación que existe entre discapacidad y pobreza, misma que
1
CAROSIO, Alba, “Ética para la utopía. Más allá de la justicia”. Revista Cubana de Filosofía. Edición Digital. Mayo de 2007.

ocurre en dos vías: “la discapacidad aumenta las condiciones de riesgo de pobreza y la pobreza aumenta las condiciones de
riesgo de discapacidad, el resultado de este ciclo es que las personas con discapacidad están entre los más pobres de los
pobres”2
. Y esta es una realidad urgente de cambiar.
Así pues, y haciendo valer los Artículos 12, 19 y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
las PCD, sus familias y organizaciones firmantes, entregan esta propuesta al gobernador electo, demandando que su
contenido sea tomado en cuenta no como una atención o acto de cortesía, sino como una forma de concretar el derecho de las
PCD, sus familias y organizaciones a la participación política y pública.
2
ELWAN, A. Poverty and Disability: A Surrey of the Literature, Social protection discusión paper series. No. 9932. The Word Bank, Washington, D.C.

I. CONCEPTOS CLAVE
• Personas con Discapacidad
Las personas con discapacidad, según el Artículo I de la Convención (Propósito) incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
• Enfoque social de la discapacidad
Existen al menos dos grandes concepciones en el tema de discapacidad, una, la histórica, que parte de una mirada
médica/asistencial y la otra, muy reciente, basada en un enfoque social y de derechos humanos.
En una revisión muy rápida y simplificadora, se puede decir que en la concepción tradicional de la discapacidad, la PCD se ve
fundamentalmente como un sujeto de protección o tutela, un individuo mantenido perpetuamente en minoría de edad.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se afirmó el denominado "paradigma de la rehabilitación". Desde esta concepción, la
persona con discapacidad tiene el derecho (y el deber) de corregir y modificar su estado cuando éste constituye un obstáculo
para la integración. El “problema” de la discapacidad se define como un problema del individuo, pues es en su deficiencia y en
su falta de destreza donde se localiza el origen de sus dificultades. La solución hay que buscarla, según este planteamiento, a
través la intervención profesional de todos los especialistas que constituyen el ya clásico equipo rehabilitador: médico,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, consejero de rehabilitación, psicólogo, trabajador social, etc.
A principios de la década de los setenta, en Estados Unidos, surgió el movimiento de "vida independiente", como reacción ante

el paradigma de la rehabilitación. Frente al poder de los profesionales el movimiento de vida independiente demostró que los
pronósticos de vida dependiente e institucionalizada que se les asignaban a las personas con graves deficiencias físicas
podían ser rotos por ellas mismas.
En los últimos años asistimos a un intento de conciliar el paradigma de la rehabilitación (que ha dado mucho de sí y ha
prestado, presta y seguirá prestando importantes servicios a muchas personas) y el de la autonomía personal, que podría
permitir armonizar los mejores logros de ambos paradigmas, en torno a algunas ideas claves como el derecho a la diferencia,
la autodeterminación, la accesibilidad, la calidad de vida, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Se ha producido,
así, un importante cambio en la concepción de la discapacidad.
Los planteamientos tradicionales, centrados en la asistencia y en la recuperación de las capacidades funcionales, han ido
siendo sustituidos por otros que destacan mucho más la identificación y la eliminación de los diversos obstáculos a la igualdad
de oportunidades y a la plena participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Se ha abierto
paso el convencimiento de que, si modificamos la forma en que organizamos nuestras sociedades, podremos reducir
considerablemente e incluso eliminar los obstáculos a que se enfrentan las PCD.
En la actualidad se privilegia la inclusión, por encima del objetivo más limitado de la adaptación, como el factor fundamental
para permitir la inserción de las PCD en la sociedad activa.
• Atención integral en una sociedad incluyente
Específicamente en relación con la discapacidad, entendemos por atención integral aquélla que implica la participación de la
totalidad de los actores sociales involucrados: la persona con discapacidad, su familia, los profesionales, gobierno, las

organizaciones de la sociedad civil así como la comunidad en su conjunto. La atención integral debiera abarcar aspectos que
van desde la prevención, los servicios médicos y el abasto de medicinas, la rehabilitación, la dotación de equipos y aparatos
requeridos por cada PCD, la educación, capacitación para el trabajo, empleo; así mismo, los apoyos necesarios para la vida
independiente, acciones que fortalezcan la inclusión familiar, social, escolar, comunitaria y política, y muy importante también,
la inclusión en los programas de recreación, deporte y cultura y a todos los que tiene acceso la población en general.
Para ser integral, además, debe tener en cuenta las necesidades cambiantes a lo largo del proceso de vida, desde la salud
reproductiva, las condiciones del nacimiento, infancia, juventud, vida adulta y vejez.
La perspectiva de inclusión profundiza el sentido de participación y pertenencia, por lo tanto nuestra óptica y propuestas
buscan promover acciones incluyentes donde las PCD y su familia reciban la atención y servicios en las mismas instituciones
que el resto de la población. Partimos, por lo tanto, de la convicción de que las instituciones segregadas reproducen la
segregación.
II. DIAGNOSTICO: UNA CARENCIA FUNDAMENTAL
Era deseable y pertinente dar continuidad a este documento presentado un diagnóstico sobre las condiciones en las que
viven las PCD en el estado, desafortunadamente es tal el olvido en el que dicho sector se encuentra que no hay un sólo
estudio amplio y profundo que nos permita tener información confiable al respecto. Existen algunas proyecciones numéricas
de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hablan de que aproximadamente el

10% de la población en el planeta tiene alguna discapacidad, otras estimaciones son más altas y llegan a ubicar el porcentaje
de PCD entre el 12 y 13%, otras más plantean que la amplitud del sector entre los 8 y 9 puntos porcentuales3
. Si esto es real
en el país tendríamos y seríamos alrededor de 10 millones de PCD y en Oaxaca al menos 300 mil, pero los datos que existen
no permiten corroborar dicha cifra,4
no hay certezas. El propio Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad
(CONADIS)5
, reconoció apenas en marzo pasado; que no existen datos reales que revelen el número y la situación en la que
viven las personas con discapacidad en el país. La instancia que articula las políticas públicas en materia de discapacidad a
nivel nacional dijo que tradicionalmente en México se ha señalado que el número de PCD en México equivale a un porcentaje
de entre el 1.8 y 2.3%; esa proporción ha sido manejada incluso en el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas
con Discapacidad 2009-2012 (PNDPCD), “pero diversas revisiones del mismo han evidenciado fallas en la contabilidad”,
aceptó el organismo6
.
El diagnóstico incluido en el PNDPCD ha sido cuestionado de manera recurrente tal y como lo señaló en su oportunidad el
integrante del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Carlos Ríos7.
El experto
ha dicho que la información disponible es insuficiente para articular un programa de alcance nacional. Y es que si bien la
problemática de la población con discapacidad en el país, tiene denominadores comunes, varía de entidad federativa a entidad
federativa y al interior de cada estado. No son iguales los problemas que se presentan en zonas urbanas que los que se dan
en entornos rurales indígenas donde existe un gravísimo abandono y exclusión por parte de los gobiernos estatales y
3
Metts estima que la población global de discapacidad está entre 253 millones y 549 millones de personas. En Robert L. METTS, Robert L. "Disability issues, trends
and recommendations for the World Bank", Social Protection Discussion Paper No. 0007 (Washington, DC, World Bank, 2000).
4
El INEGI no acepta que exista un sub registro como tal. Considera como real el resultado que arrojó el Censo del 2000 de 1.8 millones de personas con discapacidad
en el país, esta cifra que no es avalada por las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, debido a que la forma que se utilizaron sólamente criterios médicos
y no tomaron en cuenta que la forma en que la población percibe la discapacidad es un asunto cultural.
5
Miriam Arabian,“No existen datos reales sobre la situación en la que vive la mayoría de las Personas con Discapacidad. en el País”. Blog Oficial del Congreso
Continental de Rehabilitación Basada en la Comunidad. 4 de Marzo de 2010.
(http://2congresocontinentalderbc.blogspot.com/2010_03_01_archive.html)
6
El CONADIS anunció que existe el proyecto de realizar una encuesta nacional sobre discapacidad en 2011 con el apoyo del INEGI, a partir de los datos que arroje el
Censo. Para ello necesita obtener el financiamiento necesario, unos 100 millones de pesos.
7
RIOS, Carlos. Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad: correspondencia entre diagnóstico y acciones” . Página de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfesep09CarlosRios)

municipales.
De tal manera pues, los datos que arrojan censos y conteos apenas sirven para dar una pálida idea de la situación de las PCD
en el estado. Así y en relación con el sexo de las PCD, el XII Censo de Población y Vivienda, mostró a nivel nacional en total
existe un mayor número de mujeres con discapacidad (49 756 374 y hombres 47 258 493), las proporciones varían de acuerdo
con el tipo de discapacidad.8
Sin embargo y a pesar de que el número de mujeres con discapacidad es mayor al de los
hombres con discapacidad, no existe un diagnóstico de las condiciones en que viven estas mujeres y mucho menos se han
promovido políticas públicas enfocadas a este sector. Cabe mencionar que tampoco existen estadísticas ni estudios profundos
acerca del porcentaje y las condiciones en que viven las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad; pero la experiencia
de las organizaciones que trabajan en el tema lleva a concluir que las mujeres enfrenta al menos una triple marginación,
cuando a su condición y posición de género se agregan la dicriminación por discapacidad, pobreza y edad.
Del mismo modo que el diagnóstico del PRONADIS, los diagnósticos sobre discapacidad en el Estado de Oaxaca son
superficiales. No se aprecia que se hayan realizado estudios puntuales que permitan identificar los retos para garantizar los
derechos de las personas con discapacidad, con frecuencia se citan datos aislados derivados de estudios realizados por otras
instituciones . Y es sobre este vacío de información sobre el cual se han planteado las políticas públicas sobre discapacidad
en el estado, así en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-20109
del Gobernador Ulises Ruiz, se aseguró que en
Oaxaca el número de PCD era hace seis años de 72 mil y en lo que consideramos un error más grave aún, el gobierno
electo, además de utilizar un discurso inadecuado, ha ubicado el número de PCD en Oaxaca en 68 mil 7710
.
8
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados de la muestra
censal. P. 147.
9
RUIZ Ortiz, Ulises. “Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010”. Gobierno del Estado de Oaxaca. Pg. 65
10
CUE Monteagudo, Gabino “Nuevo pacto social con espíritu juarista en Oaxaca”. Pp 140 y 141

Tan sólo las diferencias en torno a la contabilidad de las PCD en el estado nos llevan a concluir que existen graves
deficiencias y más puntualmente: inexistencia de información confiable sobre el acceso de las PCD a los servicios de
habilitación, rehabilitación, prevención, a la educación, sobre empleo, procuración de justicia, seguridad social; sobre el
acceso a actividades culturales, al arte, a la recreación, al deporte y sobre participación ciudadana.
En planeación de políticas públicas sabemos, un diagnóstico es la piedra angular de cada acción, por ello demandamos que
como acción estratégica, fundamental, se elabore un estudio amplio e integral sobre las PCD y sus familias en Oaxaca,
estudio que tiene que ver con la necesidad de mirar más allá de las estadísticas, las cifras y los denominados “individuos” para
adentrarnos en la realidad de personas, seres humanos, sujetos de derecho que requieren con urgencia que el Estado se
encargue de poner en práctica, medidas de fondo para cubrir todas las áreas de la vida. Trabajar sobre la información
estadística disponible puede ser una medida “políticamente correcta”, pero en materia de discapacidad hacerlo es seguir
abonando una cultura política de simulación.
III. POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE
DISCAPACIDAD: UN RETO, UNA OBLIGACION.
Como se ha señalado en páginas anteriores, la evolución del concepto de discapacidad ha pasado en los últimos años, de un
enfoque biomédico y asistencial a un enfoque de derechos humanos, éste considera los aspectos individuales de la persona
con discapacidad en relación con un contexto social, cultural y físico. Las condiciones de interacción entre el individuo y el
contexto, así definido, son las que determinan la magnitud de la discapacidad de un individuo su familia y la sociedad.

Desde esta perspectiva el Gobierno de México en todos sus niveles, primero como impulsor y luego como firmante de la
Convención tiene el compromiso de dar cabal cumplimiento a los mandatos y estándares establecidos por la comunidad
internacional; lo cual, agregado a las realidades del contexto social, económico, político obligan realizar un esfuerzo de
comprensión de las políticas públicas nacionales con las locales, de las tendencias mundiales junto al desarrollo, de la
obligación del cumplimiento de convenios y tratados sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el
propósito de tener una visión más integral en el abordaje y solución a los problemas del sector de la discapacidad que afecta
nuestro país.
En este contexto el cambio hacia una sociedad incluyente, exige poner en un lugar prioritario de la agenda de gobierno la
implementación de acciones encaminadas a la plena participación de la PCD a la vida social y comunitaria. Exige así mismo
revisar el papel de las instituciones que han tenido a su cargo el tema de discapacidad, en especial del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Las propuestas que aquí se presentan son un insumo básico que deben ser promovidas por el Poder Ejecutivo y Legislativo,
cuya responsabilidad es llevar a cabo el diseño de un plan de acción y la elaboración de un presupuesto que culminen la
construcción de políticas públicas viables.
A partir del escenario actual de la discapacidad, de las necesidades y demandas, las propuestas de política pública se deben
orientar a definir un nuevo escenario y las líneas de acción, los procesos, los cambios de actitud y comportamiento deberán
enmarcarse en una política incluyente, humana, con perspectiva de género y derechos humanos.

IV. OBJETIVOS
- Objetivo general
Brindar elementos para el diseño e implementación de una política pública estatal integral orientada a generar
procesos de inclusión y empoderamiento de las PCD en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria
desde una perspectiva social, de género, integral y de respeto a los derechos humanos.
- Objetivos específicos:
1.1. Conocer la realidad de las PCD y sus familias a través de la elaboración de diagnósticos participativos con el fin
de definir estrategias propias para enfrentar sus retos y problemas.
1.2. Asegurar la calidad de vida de las PCD (en especial de aquellas con discapacidad severa o múltiple) y sus
familias, diseñando, ejecutando y evaluando en los planos estatal y municipal, un plan integral de trabajo que incluya
atención médica adecuada, nutrición, estudios clínicos, medicación, custodia y apoyo a sus familias; y en el que
participen las propias PCD, sus familias y organizaciones.
1.3. Facilitar el acceso a procesos de habilitación y rehabilitación a PCD en comunidades rurales e indígenas a través
de estrategias de capacitación, seguimiento y evaluación con el concurso de las familias, de las Organizaciones de
la Sociedad Civil con experiencia en el tema y con el respaldo y la participación institucional de las autoridades
locales.
1.4. Garantizar que las PCD y sus familias, puedan ejercer el derecho a una vida digna al igual que las demás
personas.

1.5. Garantizar el derecho de las PCD a la educación inclusiva.
1.6. Garantizar la existencia y aplicación de un marco legal estatal armonizado conforme a las directrices de la
CDPCD y su Protocolo Facultativo; legislando y creando, fortaleciendo o adecuando los órganos e instancias de
coordinación,elaboración ejecución y supervisión de planes y programas de gobierno y acciones legislativas bajo los
principio de corresponsabilidad, eficiencia y transparencia y con la participación activa de las PCD, sus familias y
organizaciones.
1.7. Garantizar la realización de procesos de planificación del desarrollo estatal y municipal incorporando la
perspectiva social y de inclusión de la discapacidad.
1.8. Garantizar el acceso de las PCD y sus familias al erario estatal a través de la transversalización de los
presupuestos con el componente discapacidad y del diseño, ejecución y evaluación de programas compensatorios
específicos.
1.9. Promover la inclusión de las PCD en todos los campos de la vida social a través de procesos de sensibilización y
toma de conciencia sobre la discapacidad en los que se involucre a las autoridades gubernamentales de los niveles
estatal y municipal, instituciones educativas, sectores productivos y a los prestadores de bienes y servicios.
1.10. Adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de este grupo social en condiciones de igualdad y de
equidad con los demás a los diversos entornos.
1.11. Promover el conocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad a través de acciones
de capacitación, información, asesoría y acompañamiento, esto último cuando existan casos específicos de
violación de dichas garantías individuales y tomando en consideración el uso de lenguajes, y recursos tecnológicos
pertinentes (lenguaje de señas, braille, software especializado) así como las particularidades de las lingüísticas de
los pueblos originarios.
1.12. Garantizar el acceso a la justicia y a la libertad y seguridad de las PCD.
1.13. Garantizar el derecho de las PCD a la información pública, a la expresión, así como a los medios de

comunicación del Estado tomando en consideración el uso de lenguajes, y recursos tecnológicos pertinentes
(lenguaje de señas, braille, software especializado) así como las particularidades de las lingüísticas de los pueblos
originarios.
1.14. Fomentar la participación de las PCD, de sus familias y organizaciones en el diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas a nivel municipal, estatal y nacional como una forma de lograr que se les reconozca su
ciudadanía plena y de asegurar que las circunstancias propias de las diferentes discapacidades sean tomadas
realmente en cuenta por los servidores públicos, para ir acortando con ello las brechas de la desigualdad.
1.15. Mejorar las condiciones económicas de las PCD y sus familias a través de procesos de rehabilitación laboral e
inclusión al trabajo, así como del apoyo a la puesta en marcha y/o fortalecimiento de proyectos productivos.
1.16. Generar y o fortalecer mecanismos de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para poder emprender,
fortalecer o ampliar acciones específicas encaminadas a elevar la calidad de vida y empoderar a las PCD y sus
familias en el marco de los Principios Generales de la CDPCD.
1.17. Garantizar la participación de las PCD en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el
deporte.

ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS
Objetivo Acción estratégica Acción operativa
1.1.Conocer la realidad de las PCD y sus
familias a través de la elaboración de
diagnósticos participativos.
a. Elaboración de un diagnóstico integral sobre
discapacidad en Oaxaca.
a. Respetando la confidencialidad de datos, la
privacidad, los derechos humanos y principios
éticos y apoyados en esta tarea en las
estructuras institucionales de educación, salud,
municipios y agencia y organizaciones de la
sociedad civil realizar un diagnóstico sobre la
población con discapacidad que proporcione
información sobre: cantidad, tipos de
discapacidad, condiciones de vida, problemática
social y económica y así, estar en posibilidad de
elaborar programas realistas de intervención que
transformen la difícil realidad que hoy enfrenta
esta población.
b. Una vez obtenida la información, proponemos
que el Estado a través del Consejo Estatal de
Población y otras instancias como el INEGI, la
difunda y asegure que sean accesibles para las
personas con discapacidad y la sociedad en
general.
1.2. Asegurar la calidad de vida de las PCD (en
especial de aquellas con discapacidad severa o
múltiple) y sus familias, diseñando, ejecutando y
evaluando en los planos estatal y municipal, un
plan integral de trabajo que incluya acciones de
prevención, atención médica adecuada,
nutrición, estudios clínicos, medicación, custodia
y apoyo a sus familias; y en el que participen
las propias PCD, sus familias y organizaciones.
1.3 Facilitar el acceso a procesos de habilitación
y rehabilitación a PCD en comunidades rurales
e indígenas a través de estrategias de
capacitación, seguimiento y evaluación con el
concurso de las familias, de las Organizaciones
de la Sociedad Civil con experiencia en el tema
a. Garantizar el acceso a PCD a acciones
preventivas, de capacitación, de detección,
diagnóstico, de intervención temprana, de
habilitación y rehabilitación, asegurando que la
cobertura de estos servicios alcance a las PCD
de las comunidades rurales e indígenas del
estado.
b. Garantizar la calidad de vida de personas con
discapacidades severas o múltiples a través de
estrategias que incluyan atención médica
adecuada, nutrición, estudios clínicos,
medicación, custodia y apoyo a sus familias.
a. Ejecutar programas para la prevención de
discapacidades; así como para reducir los
efectos de las enfermedades que fueron la
causa de las discapacidades.
b. Facilitar el acceso de las PCD a los servicios
de salud. Si viven en áreas rurales, que se
brinden apoyos para la transportación y estancia
en la población o ciudad más cercana que cuente
con los servicios especializados para su atención.
c. Fortalecer los centros de salud para que estos
cuenten con personal médico, equipos y
medicamentos básicos que permitan prevenir,
detectar, atender y dar seguimiento a
tratamientos de epilepsia, hipotiroidismo y

y con el respaldo y la participación institucional
de las autoridades locales.
realizar tamiz auditivo en recién nacidos.
d. Ejecutar un programa integral de habilitación,
rehabilitación y empoderamiento de PCD,
familias y comunidades aprovechando las
experiencia exitosas de los organismos civiles
que han trabajado con enfoques inclusivos en el
tema.
e. Establecer mecanismos de apoyo financiero
para la compra de aparatos ortopédicos,
aditamentos (sondas vesicales, bolsas
recolectoras, emisores otacústicos ,
medicamentos) y para apoyos funcionales,
especialmente para las PCD severas y de
menores recursos.
g. Que los y las responsable por parte de la
comunidad tenga capacitación continua en el
área de orientación y desarrollo humano así
como la capacitación técnica en relación con los
programas que se desarrollen específicamente
en cada municipio.
1.4. Garantizar que las PCD y sus familias,
puedan ejercer el derecho a una vida digna al
igual que las demás personas.
a. Tomar las medidas pertinentes para que las
PCD y sus familias, puedan ejercer el derecho a
una vida digna al igual que las demás personas,
lo que comprende contar con alimentación,
vestido y vivienda adecuados.
a. Asegurar el acceso de las personas con
discapacidad y de sus familias que viven en
situaciones de pobreza a los programas de
asistencia para que de esta manera, cuenten
con los recursos que les permitan sufragar
gastos relacionados con su discapacidad:
incluidos: capacitación, servicios de cuidados
temporales adecuados, asistencia financiera al
familiar responsable de su cuidado y atención,
acceso de las personas con discapacidad al
Programa Oportunidades del cual se encuentran
hoy excluidos.
b. Asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a programas públicos de vivienda.
1.51.5. Garantizar el derecho de las PCD a la
educación inclusiva.
a. Asegurar un sistema de educación inclusiva en
todos los niveles y modalidades.
a. Asegurar que las niñas, niños y jóvenes con
discapacidad puedan acceder a una educación
de calidad y gratuita en igualdad y equidad de

condiciones con las demás personas en la
comunidad en la que viven.
b. Asegurar la inclusión a todas las alumnas y
alumnos con discapacidad en las escuelas
regulares: primaria, secundaria, bachillerato,
universidad, etc. Así como también, disponer, que
dichas alumnas (os), cuenten con todas las
facilidades que les permitan alcanzar el nivel de
preparación que el daño orgánico que presentan
permita sin restricción alguna de carácter
externo: facilitar el aprendizaje del braille, el
lenguaje de señas, el acceso físico para las
personas con problemas del aparato locomotor,
etc.
c. Establecer programas de formación para los
profesores encargados de la atención de los
alumnos sordos y ciegos.
d. En el caso de los alumnos con necesidades
educativas especiales que deban ser atendidos
en escuelas especiales públicas y/o privadas de
carácter no lucrativo, el Estado deberá
encargarse de que estos centros cuenten con los
recursos humanos y materiales que garanticen
una atención responsable, humana, de calidad
para dicha población.
1.6. Garantizar la existencia y aplicación de un
marco legal estatal armonizado conforme a las
directrices de la CDPCD y su Protocolo
Facultativo; legislando y creando, fortaleciendo o
adecuando los órganos e instancias de
coordinación,elaboración ejecución y
supervisión de planes y programas de gobierno
y acciones legislativas bajo los principio de
corresponsabilidad, eficiencia y transparencia y
con la participación activa de las PCD, sus
familias y organizaciones.
a. Promover las acciones legislativas en el
marco de un proceso riguroso de armonización
de las leyes estatales y municipales con la
CDCPD.
b. Crear, fortalecer o adecuar los órganos e
instancias de coordinación,elaboración ejecución
y supervisión de planes y programas de gobierno
y acciones legislativas bajo los principio de
corresponsabilidad, eficiencia y transparencia y
con la participación activa de las PCD, sus
familias y organizaciones.
a. Llevar a cabo foros de consulta con PCD, sus
familias y organizaciones, así como con expertos
en legislación sobre discapacidad para realizar
una armonización adecuada de las leyes
estatales y municipales correspondientes.
b. Generar las condiciones legislativas
necesarias para que el tema de discapacidad
pase a ser un asunto de la competencia de una
Secretaría de Desarrollo Social.

1.7. Garantizar la realización de procesos de
planificación del desarrollo estatal y municipal
incorporando la perspectiva social y de inclusión
de la discapacidad.
a. Realizar las adecuaciones precisas a las leyes
correpondientes a fin de incorporar en ellas el
componente de discapacidad en los procesos de
planeación del desarrollo del estado.
a. Incorporar el componente de discapacidad en
Ley de Planeación del Estado de Oaxaca.
b. Incluir a las PCD familiares y organizaciones
en los procesos de planificación del desarrollo a
nivel estatal y municipal.
1.91.8. Garantizar el acceso de las PCD y sus
familias al erario federal, estatal y municipal a
través de la transversalización de los
presupuestos con el componente discapacidad
y del diseño, ejecución y evaluación de
programas compensatorios específicos.
a. Transversalizar con el tema de discapacidad
los programas estatales encaminados a
promover el desarrollo social y económico de las
PCD y sus familias.
b. Transversalizar con el tema de discapacidad
en todos los programas estatales y municipales,
asegurando que estos recursos permitan realizar
acciones de accesibilidad universal, banquetas
calles, edificios y espacios públicos.
1.9. Promover la inclusión de las PCD en todos
los campos de la vida social a través de
procesos de sensibilización y toma de
conciencia sobre la discapacidad en los que se
involucre a las autoridades gubernamentales de
los niveles estatal y municipal, instituciones
educativas, sectores productivos y a los
prestadores de bienes y servicios.
a. Realizar acciones de consulta, sensibilización,
capacitación y toma de conciencia sobre
discapacidad y el enfoque social y de derechos
entre todos los sectores de la población,
a. Convocar a organismos gubernamentales y no
gubernamentales para a través de foros, ciclos
de conferencias, congresos, mesas de trabajo,
etc., analizar, discutir y reflexionar sobre los
resolutivos de la convención, los avances que ha
conseguido el estado mexicano en este tema y
las posibilidades de implantar esos acuerdos en
nuestra entidad: Oaxaca.
b. Promover campañas masivas de difusión y
sensibilización de los derechos de las personas
con discapacidad en todas las lenguas presentes
en el estado: castellano, lenguas indígenas, de
señas, sistema braille. Apoyando esta tarea en
las estructuras institucionales de educación,
salud y comités municipales.
1.10. Garantizar el acceso de las PCD y sus
familias en igualdad de condiciones con los
demás sectores a los diversos entornos.
a. Adoptar medidas pertinentes para asegurar el
acceso de este grupo social, en igualdad de
condiciones con los demás a los diversos
entornos físicos(educativos, religiosos,
deportivos, culturales, etc, etc.), el transporte, la
información y las comunicaciones tanto en los
ámbitos urbanos como rurales.
a. Desarrollar, divulgar y supervisar la aplicación
de normas sobre la accesibilidad de las
instalaciones y espacios de uso público.
b. Asegurar que las entidades privadas que
proporcionen instalaciones y servicios al público
tengan en cuenta todos los aspectos de
accesibilidad para las personas que presentan

discapacidad.
1.11.Garantizar el conocimiento y la defensa y
los derechos de las PCD.
a. Diseñar, ejecutar y evaluar acciones de
conocimiento y promoción de los derechos de las
PCD y sus familias.
a. Realizar acciones de capacitación,
información, asesoría y acompañamiento, esto
último cuando existan casos específicos de
violación de dichas garantías individuales y
tomando en consideración el uso de lenguajes, y
recursos tecnológicos pertinentes (lenguaje de
señas, braille, software especializado) así como
las particularidades de las lingüísticas de los
pueblos originarios.
1.12 Garantizar el acceso a la justicia y a la
libertad y seguridad de las PCD.
a. Crear órganos especializados de procuración e
impartición de justicia que permitan a las PCD el
acceso a la justicia en condiciones de igualdad y
de equidad.
a. Dentro de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, establecer una fiscalía especializada
para la atención a delitos cometidos en contra de
PCD.
1.13. Garantizar el derecho de las PCD a la
información pública, a la expresión, así como a
los medios de comunicación del Estado
tomando en consideración el uso de lenguajes,
y recursos tecnológicos pertinentes (lenguaje
de señas, braille, software especializado) así
como las particularidades de las lingüísticas de
los pueblos originarios.
a. Facilitar el acceso a los medios de información
y comunicación públicos, así como apoyar la
producción de medios propios a las PCD, sus
familias y comunidades.
a. Producir y difundir todo el material relativo a la
defensa de los derechos humanos, y en especial
a los de las PCD a través de su propia estructura
y la de los municipios.
b. Facilitar el acceso de las PCD a la información
pública estatal relacionada con planes, proyectos,
programas y presupuestos orientados hacia ese
sector.
c. Facilitar la producción y difusión de programas
de radio y TV a las PCD, sus familias y
organizaciones a través del usos de la
insfraestructuras de los medios públicos
federales, estatales, municipales y comunitarios
existentes en el estado.
d. Apoyar la producción y distribución de medios
de comunicación propios de las PCD, sus
familias y comunidades como un modo de alentar
su derecho a la expresión.
1.14. Fomentar la participación de las PCD, de
sus familias y organizaciones en el diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas
a nivel municipal, estatal y nacional como una
a. Reformar la Ley Estatal de Atención a PCD
adecuándola estrictamente a los postulados de la
CDPCD y con el fin de que se garantizar la
presencia democrática de las PCD, sus familias y

forma de lograr que se les reconozca su
ciudadanía plena y de asegurar que las
circunstancias propias de las diferentes
discapacidades sean tomadas realmente en
cuenta por los servidores públicos, para ir
acortando con ello las brechas de la
desigualdad.
organizaciones en el Consejo Consejo Estatal de
Personas con Discapacidad, mismo que
proponemos se constituya, a través de vocales
representante de cada discapacidad con voz y
voto.
b. Facilitar el acceso de las PCD a los bienes y
servicios públicos relacionados con trámites de
registro civil, empadronamiento en el Registro
Federal de Electores y otros que sirvan para
respaldar la nacionalidad y la condición de
ciudadanía de las PCD.
1.15. Mejorar las condiciones económicas de las
PCD y sus familias a través de procesos de
rehabilitación laboral e inclusión al trabajo, así
como del apoyo a la puesta en marcha y/o
fortalecimiento de proyectos productivos de
corte comunitario y empresarial
a. Diseñar una Estrategia de incorporación a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que
son parte programática de la estrategia mundial
de reducción de la pobreza y de su implicacion
de tranversalidad en el desarrollo inclusivo de las
personas con discapacidad, grupos vulnerables y
equidad de género.
a. Que el gobierno del estado estimule a través
de exención de impuestos o bonos atractivos
destinados a las empresas que contraten
apersonas con discapacidad.
b. Que el gobierno del estado y los municipios,
asignen recursos específicos a los proyectos
presentados por las organizaciones de las PCD y
orientados a la creación de empleo de este
grupo social.
c. Que el gobierno del estado y los municipios se
comprometan a la creación de un comité
evaluador de los proyectos productivos
presentados por las organizaciones de la
sociedad civil y que formen parte con voz y voto
de ese comité representantes de los distintos
tipos de discapacidad que existen en la Entidad.
d. Con la finalidad de que los proyectos
productivos apoyados por el estado y los
municipios cumplan con los objetivos propuestos,
el estado se asegurará de otorgar asesoría,
seguimiento y evaluación a dichos proyectos.
1.16 Generar y/o fortalecer mecanismos de
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
para poder emprender, ampliar o profundizar
a. Reforzar el trabajo ya existente para y con
PCD de organizaciones de la sociedad civil en
los municipios, agencias y congregaciones y que
a. Crear un Programa de Coinversión Social
estatal de apoyo al fortalecimiento de las
Organizaciones Civiles que trabajan con y para

acciones específicas encaminadas a elevar la
calidad de vida y empoderar a las PCD y sus
familias en el marco de los Principios Generales
de la CDPCD.
sea realizado desde enfoques integrales e
incluyentes.
PCD en el Estado desde un enfoque incluyente y
apegado a las directrices de la CDPCD y con
criterios de transparencia, rendición de cuentas
viabilidad y participación ciudadana en la
dictaminación y evaluación de las iniciativas y
proyectos que sean presentados.
1.17. Garantizar la participación de las PCD en
la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte.
a. Asegurar que todas las actividades e
insfraestructura promovidas y/o financiadas por
o con participación del estado en materia de
recreación, esparcimiento, cultura y deporte
garanticen la participación equitativa de las PCD.
a. Adecuar los espacios destinados a la
recreación, esparcimiento, cultura y deporte con
el fin de que estos sean accesibles a las PCD.
b. Asegurar que todo proceso de formación y
desarrollo artístico y cultural tome en cuenta las
adecuaciones pertinentes para que las PCD
tengan acceso a ellas en condiciones de igualdad
y equidad.
c. Asegurar que los y las atletas con discapacidad
cuenten con los apoyos monetarios, técnicos y de
infraestructura necesarios para el cabal de sus
habilidades y destrezas y que su acción se
inserte en procesos de sensibilización para la
inclusión y el combate a la discriminación.
d. Promover y apoyar la realización de acciones
deportivas, artísticas y culturales integrales que
sirvan para promover una cultura de inclusión.

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