Documento CERAC No. 9: Guerra civil y violencia de la guerra civil contra las organizaciones sociales en Barrancabermeja: 1996-2003

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Guerra civil y violencia de la guerra civil contra
las organizaciones sociales en Barrancabermeja:
1996 - 2003
Andrés Ricardo Vargas Castillo
Diciembre, 2008

La Serie Documentos de CERAC son publicaciones ocasiona-
les de los resultados preliminares y avances de investigación
de los miembros de CERAC, sus investigadores asociados, o
de investigadores que han hecho uso de los recursos del
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están sujetos a modificaciones. Sus autores agradecen la
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de dirección o las entidades que proveen apoyo al centro.
Andrés Vargas es politólogo con énfasis en participación
política de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado
en procesos pedagógicos y de organización social en temas
de desarme y noviolencia con la Alcaldía Mayor de Bogotá,
así como en temas de derechos humanos con organizaciones
sociales juveniles. Actualmente se desempeña como
asistente de investigación en CERAC y es miembro de
ODECOFI, Centro de Excelencia apoyado por Colciencias. Sus
intereses investigativos están orientados al estudio de la
guerra civil, los movimientos sociales, la justicia transicional, y
la noviolencia.
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Andrés Vargas has a major in political science, with emphasis
in political participation, made in the Pontificia Universidad
Javeriana. He has worked with the Alcaldía Mayor de Bogotá
in processes related to nonviolence and disarmament issues,
in which he made pedagogical and social work. He has also
worked in human rights issues with juvenile organizations.
He works in CERAC as a research assistant and is a member of
ODECOFI, Center of Excelence supported by Colciencias. His
research interests are civil wars, social movements, transitio-
nal justice, and nonviolence.

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Documentos de trabajo cerac – número 9 – diciembre 2008 2
documentos de trabajo cerac
número 9
diciembre de 2008
Guerra civil y violencia de la guerra civil contra las organizaciones
sociales en Barrancabermeja: 1996 - 2003*
Andrés Ricardo Vargas Castillo
**
A la multitud de insumisos que persistieron
y persisten en defensa de la vida y la dignidad
Resumen: La violencia de la guerra civil contra grupos poblacionales específicos no
étnicos ha sido un tema que han pasado por alto las numerosas investigaciones que en el
pasado reciente han estudiado la guerra civil y la violencia asociada a ésta.
Este documento expone los resultados de un estudio de caso sobre la violencia de la
guerra civil contra las organizaciones sociales en Barrancabermeja entre 1996 y 2003. El
estudio se funda sobre la idea de que la violencia contra las organizaciones sociales,
como una forma de violencia de la guerra civil contra un grupo poblacional específico,
tiene unos rasgos específicos que permiten diferenciarla de la violencia de la guerra civil
en general y, de esta manera, la investigación busca identificar dichos rasgos.
El estudio identifica las características específicas del tipo de violencia estudiado y las
discute con el fin de informar la estrategia de resistencia de las organizaciones sociales
frente a la violencia de la que son víctimas. El texto concluye planteando, desde una
perspectiva teórica, una estrategia óptima de resistencia de las organizaciones sociales
contra la violencia ejercida por actores políticos contra ellas.
* Este documento es una versión mejorada, depurada y complementada de la monografía de grado para optar al título de politólogo “Indagando sobre
las causas de la violencia contra las organizaciones sociales en la guerra civil: el caso de Barrancabermeja” (2008), que obtuvo mención meritoria en la
Universidad Javeriana. Fue presentado en el Primer Congreso de Ciencia Política, llevado a cabo en la Universidad de los Andes (Bogotá) el 1º de
octubre de 2008. Este documento hace parte de un trabajo no concluido por lo que se agradece cualquier comentario, crítica y propuestas para continuar
mejorando el texto.
** Asistente de investigación del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), andres.vargas@cerac.org.co, y miembro de ODECOFI
(Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas
por el conflicto armado), www.odecofi.org.co, Centro de Excelencia apoyado por Colciencias. El autor agradece a Jorge Restrepo y a Gustavo Salazar
por su confianza y determinación para apoyar y orientar al autor a lo largo de todo el trabajo. Así mismo, agradece a las personas que amablemente
colaboraron para realizar el trabajo de campo y les reitera todo su respeto y admiración por su valor e invaluable trabajo en defensa de la vida. A las
economistas Soledad Granada, Laura López y Adriana Villamarín el autor les agradece su aporte a este texto con el procesamiento de datos de CERAC y
de la base de datos construida por Gustavo Salazar y generosamente donada al autor. Finalmente, gracias a la mano invisible de este texto, David
Aponte, quien contribuyó con algunos aspectos formales del texto y lo ayudó a fortalecer con sus comentarios.

Problema de estudio
En el transcurso de los años 2006 y 2007 tuve la
oportunidad, en el marco de diversas actividades con
organizaciones sociales y populares, de entablar diversos
debates políticos en torno al tema de la noviolencia, en los
cuales argüí que esta era una opción pertinente y viable para la
acción política en la actualidad. Ante esta posición mis
interlocutores tendían a replicar, apertrechados en numerosos
ejemplos históricos, que pregonar la acción política noviolenta
en las condiciones pasadas y actuales de la sociedad colombiana
era cuando menos ingenuo, si se tenía en cuenta que de tiempo
atrás se ha ejercido una violencia sistemática y selectiva contra el
movimiento social en general, y las organizaciones sociales en
particular.
Más allá de que el eje central de los debates
mencionados fuese la noviolencia, ellos evidenciaron, en mi
opinión, importantes limitaciones en la comprensión de la
violencia que se ha vivido en el país contra las organizaciones
sociales. Es decir, al mismo tiempo que parece existir un
consenso en torno al hecho de que se ha ejercido una violencia
sistemática contra las organizaciones sociales, existe una
comprensión muy precaria de esa dinámica, lo que redunda en
una desorientación respecto al cómo enfrentar y resistir la
agresión.
Motivado por lo que percibía, y aún percibo, como una
necesidad del movimiento social colombiano y de las
organizaciones sociales, me di a la tarea de plantear una
investigación que diera cuenta de la violencia contra las
organizaciones sociales. Inicié entonces por una revisión de la
literatura disponible sobre conflictos armados, guerras civiles y
violencia, encontrando una veta de investigación acorde con
mis intereses personales, las necesidades del movimiento social
(según mi percepción) y de la ciencia política.
En el nivel disciplinar si bien las guerras civiles han sido
extensamente estudiadas en la última década (Grossman, H.,
2000; Collier, P., y Sambanis, M., 2005; Skaperdas, S., 2007), y la
violencia de las guerras civiles también (Kalyvas, S., 2001;
Kaldor, M., 2001; Kalyvas, S., 2006), el estudio de la violencia
de la guerra civil contra grupos poblacionales específicos no
étnicos era un campo inexplorado. Así, arribé a la formulación
de una investigación en la cual pretendía estudiar la violencia de
la guerra civil contra grupos poblacionales específicos no
étnicos, desde un estudio de caso de la violencia de la guerra
civil contra las organizaciones sociales en Barrancabermeja entre
1996 y 2003.
Comentarios conceptuales preliminares
Antes de abordar aspectos específicos del estudio de
caso mencionado es necesario hacer algunas precisiones
conceptuales sobre las cuales no se hace mención directa ni
cuando se muestra y justifica el diseño metodológico, ni cuando
se analiza el caso, pero que sin embargo son fundamentales
porque delimitan y sustentan ambas cosas.
Uno de los conceptos centrales para la investigación es
el de guerra civil, el cual ha sido objeto de fieras disputas
semánticas porque utilizarlo o no para denominar un
enfrentamiento armado específico, además de ser uno de los
aspectos centrales de la lucha ideológica asociada a estos, tiene
importantes repercusiones económicas y políticas. Estas
controversias han afectado la investigación científica, pues
generalmente la aceptación de la existencia del fenómeno ha
sido dependiente del resultado de la guerra (Kalyvas, 2006: 17),
afectando los análisis.
Para efectos de este documento se opta por utilizar una
definición mínima de guerra civil, la cual toma en cuenta sólo
los aspectos que permiten identificar el fenómeno, dejando los
aspectos asociados como variables. Una definición de este tipo
permite delimitar claramente el fenómeno sin dejarse arrastrar al
enfrentamiento ideológico y propagandístico que hace parte de
la guerra y puede hallarse en el trabajo de Kalyvas, quien define
la guerra civil como un enfrentamiento armado, dentro de las
fronteras de una entidad soberana reconocida, entre partes
sujetas a una autoridad común al inicio de las hostilidades (2006:
17). A renglón seguido el autor citado hace énfasis en el carácter
agnóstico de esta definición frente a las causas, motivaciones y
objetivos de la guerra, aspectos que deja como variables
(Kalyvas, S., 2006: 17).
Se infiere de la definición dada que “la característica
definitoria de la guerra civil es la soberanía escindida”
1
(Kalyvas, S., 2001: 7), la cual puede asumir dos realidades: que
dos o más actores ejerzan control sobre porciones distintas del
territorio, o que dos o más actores ejerzan simultáneamente
distintos grados de control sobre las mismas porciones del
territorio estatal (Kalyvas, S., 2001b: 10). En cualquier caso,
existe una división territorial de facto de la entidad soberana
reconocida, en campos armados rivales (Kalyvas, S., 2006: 17).
Aunque la definición de Kalyvas es bastante completa,
es necesario añadir otro rasgo distintivo para poder delimitar
correctamente el fenómeno: mientras en las guerras
convencionales la captura del territorio se logra a partir de la
ocupación militar de éste, en las guerras civiles se logra a partir
del control político de la población (Kaldor, M., 2001: 8). En
otras palabras, en las guerras civiles se logra controlar un
territorio sólo cuando se asegura la colaboración mayoritaria y
exclusiva, voluntaria o involuntaria, de la población con un
grupo armado.
Esta última característica específica de las guerras civiles
está fuertemente relacionada con un aspecto fundamental de la
violencia de la guerra civil,
2
y es su carácter triangular. La
violencia de la guerra civil es un tipo específico de violencia que
puede ser definida a partir de dos de sus atributos: su
1 El concepto de soberanía en Kalyvas es muy rudimentario, y remite al
grado de monopolización de la violencia que un grupo armado logre
sobre un territorio dado.
2 Existe una distinción analítica entre guerra civil y violencia de la
guerra civil que está implícita en la oración, la cual es pertinente
destacar. Esta distinción es el punto de partida del trabajo de Kalyvas y
ha sido planteada por autoras como Arendt que defienden la
importancia de otorgar autonomía analítica a la violencia (1970).

producción y su propósito. En esos términos se está en
presencia de violencia de la guerra civil cuando “por lo menos
dos actores políticos, partidarios de monopolios segmentados
de violencia, la producen [y] la población objetivo, o bien es
partícipe de las oportunidades o es obligada a transferir su
lealtad y sus recursos al actor político rival” (Kalyvas, S., 2001:
8-9).
El hecho que la violencia de la guerra civil sea producida
por dos o más actores tiene una implicación importante: en un
escenario donde la producción de violencia es multilateral las
interacciones estratégicas son críticas, en especial porque la
reacción de la población, teniendo la opción de unirse o asistir a
actores rivales en competencia, tiene que ser tenida en cuenta
(Kalyvas, S., 2006: 28-29). En este orden de ideas, la violencia
de la guerra civil tiene un carácter triangular “pues involucra no
sólo a dos (o más) actores que compiten sino también a los
civiles” (Kalyvas, S., 2001: 8), y el comportamiento de estos
últimos es la variable que más incide sobre el resultado de la
guerra.
Una vez expuesto qué es la violencia de la guerra civil, es
pertinente hacer algunos comentarios en relación con la lógica
bajo la cual se produce y se ejerce. La violencia de la guerra civil
es un proceso triangular que incluye a dos o más actores
armados y a los civiles, es ejercida por los actores armados con
el objetivo de maximizar el control territorial (Kalyvas, S., 2006:
193), y se ejerce bajo la lógica de alterar el valor esperado de
acciones particulares, lo que resulta en el control del
comportamiento de la “audiencia” a la que se apunta (Kalyvas,
S., 2006: 26).
Lo anterior implica que existe una distinción analítica
entre las víctimas de la violencia y la población objetivo, pues la
función coercitiva de la violencia de la guerra civil se cumple a
partir de un proceso comunicativo que ilustra el siguiente
ejemplo: el actor armado estatal asesina a x por informar a la
insurgencia, y esta violencia cumple una función coercitiva al
enviar un mensaje a la comunidad a la que pertenecía la víctima
que aumenta el valor esperado de la acción de informar a la
insurgencia, moldeando con ello el comportamiento de la
población.
Los conceptos de guerra civil, y violencia de la guerra
civil antes discutidos, fundamentan una premisa central para la
investigación: en Colombia existe una guerra civil y se produce
violencia de la guerra civil. Esta premisa señala implícitamente
que la denominación “conflicto armado” para lo que se vive en
Colombia no es más que un eufemismo, en la medida que
reduce la complejidad de la guerra a un enfrentamiento entre
aparatos armados.
Afirmar que existe una guerra civil en Colombia es
polémico, más aún cuando la mayoría de la población vive en
zonas urbanas y estas son controladas de manera relativamente
clara por las fuerzas estatales. Además, la propaganda estatal se
esfuerza por mostrar que la insurgencia apenas sobrevive en lo
más profundo de la selva. Ante la percepción difundida,
demostrar la afirmación pasa por mostrar evidencia empírica
que señale la existencia de zonas de control guerrillero,
evidencia que se encuentra en el centro del país. Allí se ha
concentrado la ofensiva de las fuerzas estatales en los últimos
meses, específicamente en la zona cordillerana donde convergen
los departamentos del Huila, Meta y Tolima. En este área, en un
municipio llamado Colombia, han concentrado alrededor de
5,000 soldados con el objetivo de atacar las fuerzas insurgentes
de las FARC.
Después de varios meses de operaciones las fuerzas
guerrilleras aún siguen en el sur del Tolima y en el municipio
Colombia, presencia señalada por una siembra masiva de minas
anti-persona y sistemas de alerta. ¿Puede no estar dividido de
facto el país cuando el Estado hace su mayor esfuerzo militar
por copar un territorio y después de varios meses los
insurgentes siguen ahí? La discusión es larga y compleja, pero
para efectos de este documento, lo dicho deja claro que, por lo
menos en el sentido que se ha definido acá una guerra civil, en
nuestro país existe una.
Un estudio de caso de la violencia de la
guerra civil contra las organizaciones sociales:
diseño de investigación
Con sustento en la premisa y los conceptos antes
señalados se diseñó una investigación cuyo objetivo era explorar
la violencia de la guerra civil contra las organizaciones sociales
en Colombia, objeto de estudio que era pertinente abordar a
través del caso de Barrancabermeja entre 1996 y 2003. La
escogencia del caso para estudiar la violencia contra las
organizaciones sociales responde a que reúne dos características
que hacen de él representativo para el problema de estudio.
De un lado en Barrancabermeja sus pobladores han
hecho, a través de los años, una alta inversión organizativa que
“les permitió constituir de manera conjunta y consciente un
movimiento social capaz de llevar a cabo acciones colectivas”
(Archila, M., et. al., 2006: 271). En términos relativos con el
resto del país, el puerto petrolero cuenta con una de las
tradiciones organizativas más importantes; característica que la
hace muy atrayente para el estudio en la medida en que es una
ciudad donde hay un número considerable de organizaciones
sociales que han sido importantes históricamente para la vida
social, política y económica del puerto petrolero.
Se debe aclarar que para efectos de este documento se
definen las organizaciones sociales como un grupo de personas
que participa en la organización de la vida social (regulación,
direccionamiento, etc.) de manera autónoma respecto al Estado
(o proyectos de estado), trascendiendo las formas de asociación
tradicionales (especialmente aquellas fundadas en relaciones de
consanguinidad como la familia), y que establece una
comunidad de intereses y relaciones sociales no-amenazantes
entre sus miembros. De esta definición interesa resaltar el
hecho que, el principal rasgo distintivo de las organizaciones
sociales, es su autonomía.
De otra parte, el caso de Barrancabermeja es pertinente
para el estudio de la violencia de la guerra civil contra las
organizaciones sociales, porque allí convergen todos los grupos
armados de la guerra civil colombiana y se dan varias rondas de
violencia, entendiendo estas como cambios en el control
(Kalyvas, S., 2001: 21). El número de iteraciones de las rondas
de violencia define cuan avanzada se encuentra una guerra civil
(Kalyvas, S., 2001: 21), lo que a su vez está relacionado con el

tipo de relaciones que se dan entre los pobladores de un
territorio dado y los actores armados,
3
hecho relevante para el
estudio y justificatorio de la escogencia de un caso con varias
rondas de violencia.
Por lo que respecta a la delimitación temporal del
estudio, definida entre 1996 y 2003, esta se hizo en función de
varias consideraciones. De un lado era necesario establecer una
delimitación temporal que incluyera en el período de estudio
varias rondas de violencia, y que entre las rondas incluidas
estuviesen aquellas con mayor intensidad del conflicto medida
por muertes en eventos de conflicto. De otro lado, la
delimitación temporal debía hacerse en función de la viabilidad
del estudio, en el sentido que hubiese un mínimo de datos
disponibles para realizar el análisis.
Para el desarrollo del estudio de caso se plantearon cinco
preguntas de investigación, de las cuales las preguntas centrales,
planteadas teniendo en cuenta que según los desarrollos
teóricos disponibles la principal preferencia de los grupos
armados es la maximización del control territorial, fueron:
¿Afectaron las organizaciones sociales la capacidad de control
de la población de los actores armados a través de la violencia
de la guerra civil, y con ello su capacidad de control territorial,
entre 1996 y 2003 en Barrancabermeja?, y si lo hicieron, ¿cómo
lo hicieron? Estas preguntas son pertinentes para abordar el
problema de investigación porque exploran una posible
explicación a la violencia contra las organizaciones sociales en la
guerra civil, y es que su existencia socava la eficiencia de la
violencia de la guerra civil para lograr el control de la población.
Así mismo, se plantearon tres preguntas auxiliares que es
necesario contestar antes de abordar las preguntas centrales
antes enunciadas: ¿Qué tipo de violencia de la guerra civil hubo
en Barrancabermeja entre 1996 y 2003, y cuál fue su dinámica?,
¿qué tipo de relaciones existían entre la población civil y los
grupos armados en Barrancabermeja entre 1996 y 2003?, y ¿qué
grupos ejercieron control sobre Barrancabermeja entre 1996 y
2003? Estas preguntas permiten desarrollar un análisis de la
guerra en Barrancabermeja que provee insumos indispensables
para poder abordar la violencia que se dio específicamente
contra las organizaciones sociales.
Las preguntas formuladas pueden desagregarse en varias
variables que son contenidas por ellas implícita o
explícitamente: nivel y tendencia de la violencia, tipo de
violencia, control territorial y tipo de relación población-grupos
armados. Para las variables que eran susceptibles de ser
abordadas con un enfoque cuantitativo, se construyeron
indicadores y se realizó una búsqueda de datos. Para aquellas
que era más adecuado abordar con enfoques cualitativos, o para
las cuales no había datos cuantitativos disponibles, se hicieron
entrevistas, las cuales se realizaron en un trabajo de campo que
duró cinco días.
3 Las preferencias de un actor por x o y actor armado no son estáticas
ni necesariamente exógenas a la guerra civil. Por el contrario, las
preferencias de la población en una guerra civil son dinámicas, ya que
estas y las “identidades se redefinen en el curso de la misma” (Kalyvas,
S., 2001: 10), y en algunos casos son completamente endógenas a la
guerra.
La variable que se refiere al nivel y la dinámica de la
violencia se estudió con técnicas cuantitativas, utilizando los
datos de muertes y eventos de conflicto disponibles en el
Sistema de Registro de Acciones de Conflicto (SARAC) de
CERAC. SARAC considera como muertes de conflicto todas
aquellas que se hayan dado en eventos donde hayan participado
grupos armados, dato que aunado al de los eventos, permite
observar el nivel y la dinámica de la violencia.
La variable tipo de violencia, hace referencia a la
distinción que hace Kalyvas entre violencia selectiva y violencia
indiscriminada (2006). La violencia selectiva se caracteriza por
ser personalizada, y surge de un proceso conjunto donde
convergen los intentos de los actores políticos por evitar la
defección individual y la decisión de los individuos de proveer
información a los grupos armados (Kalyvas, S., 2006: 173). En
las guerras civiles la información está dividida asimétricamente
entre los grupos armados y los civiles, siendo los últimos los
poseedores de la mayoría de la información. La violencia
selectiva requiere de información para ejercerse, por lo cual se
necesita de la colaboración de los civiles en forma de denuncia
para producirla.
Ahora, para que la violencia selectiva cumpla funciones
coercitivas según la lógica de la violencia de la guerra civil, los
grupos armados deben ser capaces de convencer a la población
objetivo que son capaces de monitorear y sancionar su
comportamiento con un nivel razonable de exactitud, es decir,
necesitan cultivar la percepción de una selección creíble. Este objetivo es
compatible con una mezcla de golpes acertados y erróneos bajo
tres condiciones: que haya la presencia de agentes locales que
señale la existencia de una red de informantes; que los agentes
locales tengan la capacidad y habilidad para no cometer errores
obvios; y que prevalezca el carácter secreto y clandestino de
informar al actor rival (Kalyvas, S., 2006: 190-191).
La violencia indiscriminada es, por su parte, una
violencia no personalizada, cuyo objetivo central es moldear el
comportamiento de los civiles indirectamente a través de la
asociación, y mover la responsabilidad por las acciones hostiles
de los perpetradores a grupos más amplios de la población
(Kalyvas, S., 2006: 171). Este es un tipo de violencia que suele
aparecer cuando el problema de identificación de los desertores
y/o colaboradores con el grupo rival es muy agudo, problema
que surge por falta de información (Kalyvas, S., 2006: 148-149).
Para establecer qué tipo de violencia se dio en el caso de
estudio se utilizó como indicador de violencia selectiva qué
cantidad de muertes en conflicto presentaban disparos en la
cabeza, lo que es un indicador de selectividad porque señala
personalización de la violencia, pues se requiere mayor cercanía
del agresor a la víctima, además de señalar una clara intención
de quitarle la vida. Otro indicador de violencia selectiva es la
desaparición forzada, crimen de lesa humanidad que es
altamente personalizado. El primer indicador se utiliza hasta el
año 2000 por motivos de disponibilidad de información y el
segundo de 2000 en adelante, porque está disponible para los
años 2000-2003 y porque después de la toma de la ciudad por
parte de los paramilitares a finales del 2000, según las palabras
de un paramilitar: “pocos son los [muertos] que se dejan por ahí
tirados” (Revista Mohana, 2006: 8).

Para abordar la variable control territorial se hace uso de
la tipología de zonas de control planteada por Kalyvas, según la
cual existen cinco tipos de zona de control:
los gobernantes ejercen plena soberanía en algunas áreas (zona
1) y aseguran el control en otros lugares (zona 2). En tanto en
la primera zona los gobernantes tienen un monopolio casi
absoluto de la violencia, en la segunda tienen que competir con
una organización clandestina insurgente, así como con
incursiones poco frecuentes por parte de los rebeldes. Por otra
parte, los insurgentes conservan el control absoluto en algunos
lugares (zona 5) y aseguran el control en una zona aledaña
(zona 4). En esta última y aunque detentan el poder, no
pueden evitar las incursiones ocasionales del ejército. Por
último, existe una zona intermedia (zona 3), que
denominaremos -área en disputa-. (Kalyvas, S., 2001: 19-20)
Se puede hablar entonces de zonas de control total,
zonas de control hegemónico y zonas de disputa.
Establecer qué tipo de zona es un territorio es una tarea
compleja porque esta no es una variable observable ni medible,
por lo cual es más adecuado estudiarla con técnicas cualitativas.
En ese orden de ideas se hizo uso de la revisión documental y
de prensa (testimonios y observaciones recogidas en fuentes
secundarias) y se realizaron entrevistas abiertas.
Finalmente, para establecer qué tipo de relación
pobladores-grupos armados existía, se hizo uso de una tipología
construida por Ortiz, que habla de cuatro tipos de relaciones
entre pobladores y grupos armados que surgen “según las
posibilidades de combinación entre el miedo y la adhesión”
(2001: 62-63). Estos tipos de relacionamiento son:
1) Programática: el “adherente político por razones más
o menos programáticas, ligadas con intereses colectivos y con
las identidades” (Ortiz, M., 2001: 64).
2) Utilitaria: el “adherente político por razones no
programáticas sino de conveniencia o utilidad, ligadas más con
las estrategias individuales que, como en la forma anterior, con
las estrategias colectivas” (Ortiz, M., 2001: 64).
3) Programática-utilitaria: connivencia de intereses,
donde la población instrumentaliza la violencia del actor
armado para sus intereses y los actores armados exigen
contraprestación en forma de apoyo (Ortiz, M., 2004: 64-65).
Esta es una relación donde la población acepta los beneficios
que le ofrece el actor armado quedando atado a los controles
del dicho actor.
4) Connaturalización: “actitud de pasividad que nace
espontáneamente de un cálculo implícito de los habitantes
sobre la correlación de fuerza desfavorable como estrategia de
supervivencia [en] una situación pasajera que es preciso aceptar
porque no se ve posibilidades reales de trastocarla” (Ortiz, M.,
2001: 65). Sobre este tipo de relacionamiento es muy
importante recalcar que “la connaturalización o familiaridad con
el actor armado y con la violencia generada por él no es
exactamente legitimación, por lo menos en el sentido de
adhesión a ese actor armado y a sus prácticas de violencia”
(Ortiz, M., 2001: 62).
Para finalizar esta sección se deben hacer algunos
comentarios en relación con las fuentes. Hubo dos tipos de
fuentes que se utilizaron para la investigación; primarias y
secundarias. Entre las fuentes primarias estuvo la información
recolectada en un trabajo de campo de cinco días, en el cual se
realizaron entrevistas a miembros de organizaciones sociales,
funcionarios estatales y autoridades académicas que han
estudiado el caso. Otra fuente primaria fue una base de datos de
violencia homicida en Barrancabermeja y su entorno, elaborada
de manera independiente por Gustavo Salazar. Ésta cubre el
período 1996 – 2000 y cuenta con 1602 registros de homicidio
que fueron digitalizados “a partir de la información disponible
en los siguientes archivos físicos: 1.- Actas de levantamiento de
cadáver, diligenciadas por la Policía Judicial, y 2.- Protocolos de
necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal con sede en
Barrancabermeja.” (Salazar, G., no publicado: 1). Finalmente,
una tercera fuente primaria fue SARAC.
Entre las fuentes secundarias estuvieron la revista Noche
y Niebla que recoge los datos del Banco de Datos de Derechos
Humanos y Violencia Política del CINEP; también se tomaron
como referencias los documentos elaborados por el
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos, y otros documentos y estudios publicados por
organizaciones defensoras de derechos humanos,
organizaciones sociales e instituciones académicas.
Sobre los datos cuantitativos de las bases de datos de
CERAC, CINEP y Salazar se deben hacer algunas advertencias
metodológicas. En primer lugar es importante advertir que en
las guerras civiles “resulta difícil, sino imposible, obtener datos
detallados, mientras los cálculos del número de bajas producidas
son legendariamente inexactos” (Kalyvas, S., 2001: 5). Esto se
explica por varios motivos: el contexto institucional de una
guerra civil hace complicado y hasta riesgoso para la seguridad
personal recoger datos relacionados con la guerra; los grupos
armados hacen amenazas y utilizan mecanismos de coerción
que dificultan los flujos de información; muchas acciones de los
grupos armados son de carácter clandestino; la mayoría de los
países que experimentan guerras civiles tienen fallas
institucionales relacionadas con el subdesarrollo y la pobreza
que hacen que su capacidad de recolección de información sea
precaria, además del hecho que ante los retos y amenazas que
supone la guerra la labor de recopilar y sistematizar información
no suele ser una prioridad (Restrepo, J., Spagat, M. y Vargas, J.,
2004: 402).
Una segunda advertencia que está asociada a las
limitaciones de recolección de información antes señaladas, es
que los datos sirven sólo para analizar tendencias y niveles
relativos. Esto implica que las cifras no pueden ser vistas de
manera estática ni por separado, sino que deben ser observadas
unas en relación con otras en un lapso de tiempo determinado,
de manera dinámica.
Por último, es necesario señalar que los universos de
víctimas de SARAC y de la base de datos de Salazar son distintos,
pues el universo de víctimas de esta última incluye todos los
homicidios (es decir, no sólo los homicidios relacionados
directamente al conflicto), lo que la hace imprecisa para abordar
el problema de estudio. Sin embargo, no existen más datos
disponibles, por lo que se hace uso de ella para una

aproximación al objeto de estudio en este documento, haciendo
en todo caso la advertencia metodológica.
Resultados: el caso de Barrancabermeja
Las primeras unidades armadas insurgentes aparecen en
Barrancabermeja en 1985 (Credhos y Cinep, 2004: 93), año en el
cual el ELN constituye el Frente Urbano Resistencia Yariguíes
(FURY). Desde entonces, y hasta 1998, fue el ELN quién tuvo un
mayor desarrollo en la ciudad, aunque como se observa en el
Gráfico 1 otros grupos armados como las FARC y el EPL
(clasificado en otros guerrilleros) tuvieron también una
presencia significativa. De manera específica, durante los
noventa, además del FURY operaban en la ciudad unidades del
Frente Capitán Parmenio del ELN, unidades del Bloque del
Magdalena Medio de las FARC y de reductos del Frente Ramón
Gilberto Barbosa del desaparecido Ejército de Popular de
Liberación (EPL).
El control hegemónico insurgente, que incluía toda la
ciudad con excepción de la Comuna 1 y partes de la 2, es
evidenciado por la forma de operación de las fuerzas estatales y
de los paramilitares, por afirmaciones de algunos observadores
del caso y por los datos disponibles sobre eventos de conflicto
en el municipio. Respecto a lo primero, la operación de las
fuerzas estatales y de los paramilitares
4
se caracterizó antes de
1998 por darse en forma de incursiones esporádicas a las zonas
controladas por la insurgencia, forma de operación típica de un
actor no hegemónico según la tipología de zonas de control
antes presentada. En el caso de las fuerzas estatales, sus
incursiones a zonas de control insurgente requerían de grandes
despliegue de tropa y tanquetas para tareas tan sencillas como
levantar un cadáver (Semana, 8 de febrero, 1999: 37). Por lo que
a los paramilitares respecta, estos operaban en la ciudad sólo a
través de sicarios contratados y apoyados por la Red de
Inteligencia 07 de la Armada (Human Rights Watch, 1996;
Credhos y Cajar, 1999), cuya operación se caracterizaba por
atacar y huir.
En cuanto a las afirmaciones hechas por observadores
del caso, Amnistía Internacional reportaba en 1999 como “los
barrios suroriental y nororiental de la ciudad […] son bastiones
de las milicias urbanas vinculadas a los grupos guerrilleros”
(1999), y analistas han dicho que ser zona 4 (utilizando la
tipología de Kalyvas) “fue la realidad para las comunas
suroriental y nororiental en Barrancabermeja durante muchos
años” (Salazar, G., 2006: 5).
Finalmente, si se observa el Gráfico 1 a continuación, se
ve claramente como los eventos de conflicto con participación
de grupos insurgentes son la mayoría antes de 1998, y que la
participación paramilitar es mínima. Así mismo, en el Gráfico 2
se observa que antes de 1998 la mayoría de los eventos fueron
acciones unilaterales, lo que aunado al hecho que la insurgencia
es responsable por la mayoría de los eventos, índica que la
4 Para efectos de este documento se define el concepto de
paramilitarismo como: “grupos armados que están directa o
indirectamente con el Estado y sus agentes locales, conformados por el
Estado o tolerados por éste, pero se encuentran por fuera de su
estructura formal” (Kalyvas y Arjona citados en: Rangel, 2005: 29).
insurgencia tenía la iniciativa operacional en la ciudad, una
evidencia que no prueba pero sí sugiere control insurgente.
En 1998 se da un primer cambio en el control en
Barrancabermeja, donde ésta pasa de ser zona de control
hegemónico insurgente a una zona de disputa, iniciando con
ello la segunda ronda de violencia de la guerra civil en la ciudad.
El acontecimiento que marca el paso de la ronda de
violencia 1 de control hegemónico insurgente, a la ronda de
violencia 2 donde la ciudad se convierte en una zona de disputa,
fue la masacre del 16 de mayo de 1998. Esta masacre marcó el
inicio de la fase final de la toma del Magdalena Medio por parte
de los paramilitares, quienes por medio de las Autodefensas
Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) y del Bloque
Central Bolívar (BCB), “ya habían consolidado su poderío en
gran parte del Magdalena Medio y realizaban incursiones
esporádicas en la ciudad, preparando el terreno para su llegada y
posterior consolidación con la ejecución de la llamada
‘operación tenaza’ o ‘cierre de candado’” (Corporación Nación,
2006: 28 y 29).
El 16 de mayo de 1998, “en una noche de terror, los
paramilitares pasaron a través de varios de los barrios
controlados por [el] ELN, asesinando a once personas y
llevándose a veinticinco” (Isaacson, A., 2001: 4) las cuales
fueron víctimas de desaparición forzada. Este acontecimiento
visibiliza el cambio de control, pues evidencia como la
“Operación Tenaza” había avanzado lo suficiente como para
que el paramilitarismo pasara a “realizar acciones militares de
máxima escala dentro de los límites de la ciudad” (Isaacson, A.,
2001: 4), proceso que sin embargo se inicia un par de años antes
como se verá más adelante.
El análisis del cambio de control que se da en 1998
requiere observar lo sucedido desde 1996 y se centra en los
cambios de las preferencias de la población civil; debido a que la
colaboración de ésta con uno u otro grupo armado es el
principal factor explicativo del control. En Barrancabermeja hay
dos factores que explican el hecho que el paramilitarismo haya
logrado socavar el apoyo popular insurgente, que era de carácter
programático, al mismo tiempo que creaba una base de apoyo
propia. Uno de estos factores fue la migración clandestina desde
la zona chucureña hacia Barrancabermeja de personas que
“estaban socialmente vinculados y amparados por el proyecto
paramilitar [y que] copan sectores muy claves como la zona
suroriental y el norte” (Loingsigh, G., 2002: 9) y que inicia hacia
1996. El segundo factor es la dinámica de la violencia de la
guerra civil que se presenta en la ciudad.

Gráfico 1
Gráfico 2
La tesis según la cual hubo una migración clandestina
hacia la ciudad es consistente con el hallazgo de un urbanista en
el sentido que “79,66% de la población anual reportada por la
Unidad Socioeconómica de Planeación Municipal no
correspondía a la tasa de crecimiento vegetativo ni a los
desplazados por la violencia registrados oficialmente (Archila,
M., et. al., 2006: 290). La población que llega de manera
clandestina a la ciudad tiene una relación programática-utilitaria
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Grupos estatales Paramilitares FARC ELN Otros guerrilleros
Fuente: Base de datos sobre conflicto armado de CERAC. CCDB V. 8
Eventos de conflicto por grupo responsable en Barrancabermeja: 1988 - 2005
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Eventos Acciones Unilaterales Combates
Eventos de conflicto en Barrancabermeja: 1988-2005

con el paramilitarismo, con un alto grado de compromiso frente
a este grupo; son personas que están plenamente identificadas
por el paramilitarismo y tienen obligaciones adquiridas con éste
pues les ha proveído incentivos materiales para realizar el
traslado, así como trabajos en sitios donde puedan obtener y
proveer información; como en los oficios de tenderos y taxistas
(Loingsigh, G., 2002: 9).
En cuanto a la dinámica de la violencia, existe una
tendencia a la indiscriminación en la violencia insurgente que
ayuda a generar condiciones para la entrada del paramilitarismo.
En efecto, la llegada los colaboradores paramilitares fue
detectada por la insurgencia que arremete contra sectores de la
población civil (Loingsigh, G., 2002: 9) que percibe como
colaboradores del actor rival, lo que genera efectos
contraproducentes. En el Gráfico 3 se observa como a
principios de 1996 hay una tendencia al aumento en la muerte
de civiles en conflicto, que llega a un pico para mediados de
dicho año, y se estabiliza en niveles significativos para el
promedio histórico (con excepción del período 1992 – 1994)
hasta los primeros meses de 1997. Así mismo, desde finales de
1996 hasta septiembre del 1997 se observa en el Gráfico 4 un
descenso en el indicador de selectividad, con una interrupción
cerca de mediados del año 1997. La mayoría de la violencia
contra los civiles generada por la insurgencia fue entre 1996 y
1998 (Gráfico 5), lo que aunado al hecho que la violencia tendió
a la indiscriminación en ese periodo, constituye evidencia en el
sentido que la insurgencia hizo un uso de la violencia que
favoreció la entrada del paramilitarismo. Esto porque empezó a
generar una estructura de incentivos ambigua, pues colaborar
no es garantía de protección contra la violencia insurgente.
Entre 1998 y 2002 se presenta uno de los períodos con
mayor intensidad medida por muertes en conflicto de toda la
serie, lo que contrasta con los bajos niveles de victimización
observados en 1997. Esta evidencia le quita fuerza explicativa a
la violencia indiscriminada insurgente como uno de los factores
que pueden haber incidido en la entrada del paramilitarismo en
el puerto petrolero, pues si bien la mayor violencia
indiscriminada de la serie se da en 1997 (Gráfico 4), en ese
mismo año la victimización es una de las menores de la serie
(Gráfico 3). Sin embargo, muchas de las víctimas de la violencia
indiscriminada insurgente pueden no haber quedado registradas
en SARAC como víctimas de conflicto debido a las dificultades
existentes para atribuir a un grupo de conflicto un homicidio
cualquiera. Así mismo, otra explicación alternativa puede ser,
hipotéticamente, que un giro a la violencia indiscriminada de
parte de la insurgencia en 1997, aunque leve en términos
cuantitativos, pudo haber generado un alto impacto en la
percepción de la población, en la medida que en el año
inmediatamente anterior (1996) la selectividad fue en varios
momentos del 100% (Gráfico 4).
Gráfico 3
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Muertes en conflicto en barrancabermeja 1988 - 2005
Civiles Combatientes Totales
(1)
(1)Inicio ronda de violencia T2
(2)Inicio ronda de violencia T3
(2)

Gráfico 4
Gráfico 5
Los dos factores explicativos para el cambio de ronda de
violencia propuestos señalan la construcción de un apoyo
popular paramilitar a través de una migración clandestina, y un
debilitamiento incipiente del apoyo popular insurgente por
cuenta de una tendencia a la indiscriminación de la violencia
perpetrada por estos grupos; esta tendencia está relacionada con
la reacción insurgente contra la base social paramilitar
“importada”, que no estaba suficientemente informada. Este
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Ene-96 May-96 Sep-96 Ene-97 May-97 Sep-97 Ene-98 May-98 Sep-98 Ene-99 May-99 Sep-99 Ene-00 May-00 Sep-00
Porcentaje de victimas con impactos en la cabeza
(1)
(1) Inicio ronda de violencia T2
Fuente: Base de datos Salazar
Procesado por CERAC
Porcentaje de víctimas con impactos de bala en la cabeza en Barrancabermeja: 1996-2000
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Muertostotales en conflicto por grupo responsable, municipio de Barrancabermeja 1988 - 2005
Muertos guerrilla Muertos Paramilitares Muertos grupos estatales Muertos totales

proceso de cambio en el control se consolida en 1998, cuando
el paramilitarismo inicia una fase de violencia indiscriminada
con el objetivo de socavar el apoyo popular insurgente.
El inicio de la violencia sistemática paramilitar contra los
civiles, como estrategia de erosión del apoyo popular
programático insurgente, se observa claramente en los Gráficos
3 y 5, en los cuales entre inicios de 1998 y mediados de 1999
hay un crecimiento acelerado de las muertes de civiles en
conflicto cuyo responsable son los paramilitares. Estas muertes
se producen en un contexto donde si bien predomina la
violencia selectiva, hay una tendencia creciente hacia la violencia
indiscriminada, tendencia que se observa en el Gráfico 4 donde
varios meses entre inicios de 1998 y mediados de 1999
presentan menos del 80% de las muertes con disparos en la
cabeza. Así mismo, es posible observar que algunos de los
puntos donde el indicador de selectividad es más bajo, es donde
se presentan las masacres, como el caso de mayo de 1998 o
junio de 1999.
La estrategia paramilitar consistió en ejercer violencia
indiscriminada contra la población civil con el fin de lograr que
esta priorizara la supervivencia y cuestionara la capacidad de la
insurgencia de proveer seguridad a sus colaboradores. Kalyvas
ha demostrado a nivel teórico que si el actor que controla una
zona no es capaz de proteger a la población contra la violencia
indiscriminada del actor no hegemónico, entonces es posible
utilizar la violencia indiscriminada para paralizar a la población
(2006: 168). En un escenario tal, la población
independientemente de lo fuerte que sean sus inclinaciones
ideológicas o su preferencia por un grupo armado determinado,
apoyará al que sea capaz de proveer una protección creíble
contra la violencia (Kalyvas, S., 2006: 171).
La estrategia de este grupo armado para controlar el
puerto petrolero le permite su consolidación como actor
hegemónico entre diciembre de 2000 y marzo de 2001, lapso de
tiempo en el cual consolida la connaturalización de la población
con su grupo armado. Esto se explica en gran parte por el uso
diferenciado de la violencia ejercida por insurgentes y
paramilitares, en el cual mientras la insurgencia hacía un tránsito
a la indiscriminación, los paramilitares hacían lo opuesto, y
empezaban a volver selectiva su violencia.
La violencia indiscriminada paramilitar generó un temor
generalizado que resultó en un condicionamiento de la
población barranqueña hacia la priorización de su
supervivencia. En este escenario, la insurgencia inició un
proceso acelerado de descomposición en el cual generó una
violencia indiscriminada con la que produjo más víctimas civiles
que los paramilitares entre mediados de 1999 y mediados del
2000. Lo anterior estuvo relacionado con un uso intensivo de
artefactos explosivos en la ciudad, práctica que generó una
percepción de indiscriminación en su violencia muy marcada y
un “rechazo de la comunidad hacia la insurgencia” (Loingsigh,
G., 2002: 11). Lo sucedido en 1999 profundizó la tendencia de
la enajenación del apoyo popular a la insurgencia.
A lo anterior se sumó una masacre perpetrada por las
FARC que marcó el rumbo de la guerra: una masacre de
“miembros del EPL a manos de las FARC, acaecida durante junio
de 1999 que provocó, entre otras cosas, las primeras
deserciones de las guerrillas hacia las AUC” (Loingsigh, G., 2002:
10). Esta masacre se sumó al “intento permanente [del
paramilitarismo] de ‘voltear’ a los miembros de la guerrilla y
usarlos en contra de la insurgencia y, también, en contra de la
comunidad” (Loingsigh, G., 2002: 13).
Las defecciones de los combatientes insurgentes crearon
confusión entre la gente y generaron un ambiente de
desconfianza pues “estos nuevos miembros de las AUC trajeron
consigo las listas de sus anteriores contactos” (Isaacson, A.,
2001: 7). Las deserciones de las guerrillas generaron un nivel de
incertidumbre intolerable en cuanto a brindarle colaboración a
la insurgencia se refiere, lo que aunado a la estructura de
incentivos ambigua generada por la violencia indiscriminada
insurgente, y el tránsito a la selectividad de la violencia
paramilitar (como se muestra a continuación) terminó por
enajenarle definitivamente a la población.
El tránsito del paramilitarismo a la violencia selectiva se
da cuando la comandancia de las AUC decide asesinar a Camilo
Morantes, comandante de los combatientes paramilitares desde
su entrada a Barrancabermeja, por ejercer una violencia
indiscriminada excesiva (Aranguren, M., 2001: 257). En
reemplazo de él envían a Julián Bolívar, quién señala que la
estrategia de su antecesor era incorrecta, pues “él [Morantes]
ejecutaba de manera indiscriminada a todo lo que olía a
guerrilla” (Aranguren, M., 2001: 255), y señalaba como la
estrategia correcta era que “a esas personas necesitábamos
protegerla y ponerla de nuestro lado” (Aranguren, M., 2001:
256).
En el Gráfico 4 se observa lo dicho por Bolívar, desde
septiembre de 1999 hasta mayo de 2000 el indicador de
selectividad tiende a aumentar, a la vez que el número de
víctimas civiles producto de la violencia paramilitar tiende a
disminuir (Gráfico 5). Así mismo, el Gráfico 1 muestra como
desde diciembre del 2000 los eventos con participación de la
insurgencia empiezan a disminuir drásticamente hasta llegar a
niveles cercanos a cero en 2002, y manteniéndose en dichos
niveles hasta el final de la serie. Este comportamiento de los
datos de eventos de conflicto es consistente con el cambio de
control que se da a finales de 2000, que indica el inicio de la
tercera ronda de violencia con control hegemónico paramilitar.
En el mismo sentido, las cifras de desaparición forzada
disponibles muestran como persiste una tendencia importante
hacia la selectividad en la violencia paramilitar en los años 2001,
2002 y 2003 (Tabla 1). Los datos consignados en la tabla
muestran como hay una aumento muy significativo entre el año
2000 y el 2001, relacionado con la consolidación del
paramilitarismo como grupo armado hegemónico en la ciudad.
Luego un descenso para el año 2002 significativo pero que se
mantiene el crimen en niveles superiores a los del año 2000, y
en el 2003 un aumento significativo nuevamente. Aunque los
datos no presentan una tendencia constante para los años de la
serie, sí muestran un ejercicio significativo de violencia selectiva
y sistemática en la ciudad de Barrancabermeja.

Tabla 1: Desaparición Forzada en Barrancabermeja y otros municipios 2000-2003
Tomadode:CredhosyCinep,2004:67
El dominio paramilitar parece consolidarse hacia 2002,
momento en el cual prácticamente desaparecen los eventos con
participación de grupos guerrilleros en la ciudad y disminuye de
manera significativa la intensidad del conflicto (Gráficos 2 y 3)
hasta el final del período de estudio en 2003.
La nueva realidad de Barrancabermeja en 2001 es
perfectamente sintetizada por la Diócesis de Barrancabermeja
cuando denunciaba entre otras cosas:
la intensificación de la presencia de las autodefensas en áreas
estratégicas de la ciudad, la ocupación de viviendas de personas
que fueron obligadas a abandonar su hogar o el camuflaje en
casas de familia, la organización de redes propias de vigilancia
nocturna, reuniones con la población para imponer normas de
convivencia ciudadana y el juzgamiento, señalamiento y castigo
público a quienes consideran violadores de dichas normas
(Archila, M., et. al., 2006: 303).
Finalmente, sobre las relaciones entre los paramilitares y
la población, se debe señalar que no todo fue pura coacción o
connaturalización, y que a medida que su control se iba
consolidando se fueron dando algunas relaciones programático-
utilitarias, en las cuales pobladores barranqueños se pusieron al
servicio del proyecto paramilitar a cambio de incentivos
económicos. En efecto, negocios como el control del cartel de
robo de gasolina (Salazar, 2006: 31), o la coacción a contratistas
para que contratasen a quien ellos decidieran, (Credhos y Cinep,
2004: 108), le permitió al paramilitarismo “generar lealtades y
clientelas” (Salazar, G., 2006: 31) en la región.
Conociendo las dinámicas de la guerra y la violencia en
el puerto petrolero en el período de estudio, así como las
características de las relaciones pobladores – grupos armados y
el comportamiento de la variable control, es posible abordar la
violencia específica que interesa a este estudio: la violencia
contra los miembros de organizaciones sociales.
Los datos disponibles no permiten hacer una
aproximación cuantitativa a la violencia de la guerra civil contra
las organizaciones sociales en el caso de Barrancabermeja, pero
la información cualitativa recabada, así como la información
contenida en fuentes secundarias, contextualizada bajo la
dinámica descrita con los datos antes expuestos, permiten hacer
una aproximación interesante al tema.
Un buen punto de partida para abordar la violencia
contra las organizaciones sociales en Barrancabermeja es la
afirmación hecha por la Corporación Nación
5
en el sentido que
el paramilitarismo cometió “crímenes de guerra y lesa
humanidad contra universos poblacionales previamente
seleccionados […] contra integrantes y líderes del movimiento
social, cívico, de mujeres, populares y de Derechos Humanos,
entre otros” (Corporación Nación, 2006: 26). En el mismo
sentido se expresa la Corporación Regional para la Defensa de
los Derechos Humanos (Credhos), quien en uno de sus
informes semestrales de derechos humanos manifiesta que la
violencia se dirigió principalmente contra “las organizaciones
5 La Corporación Nación nació producto de una división interna de
Credhos (Entrevista 1)
CIUDAD RESPONSABLES
DESAPARICIONES
PARAMILITARES
EJERCITO NAL
ARMADA NAL
SABANA DE TORRES PARAMILITARES
PUERTO WILCHES PARAMILITARES
SIMACOTA PARAMILITARES
LEBRIJA PARAMILITARES
TOTAL AÑO
SANTANDER
YONDÓ PARAMILITARES
PUERTO BERRÍO PARAMILITARES
TOTAL AÑO
ANTIOQUIA
CANTAGALLO PARAMILITARES
SAN PABLO PARAMILITARES
TOTAL AÑO
BOLIVAR
GRAN TOTAL AÑO
2000 – 2003
DEPARTAMENTO SANTANDER
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO BOLIVAR
FUENTE: CREDHOS & BANCO DE DATOS CINEP
BARANCABERMEJA
19 82 37 70 208
2 3 2 6 13
2 3 4 9
2 2 4
2 1 5 1 9
1 1
2 1 4 1 8
15 78 30 63 186
2 2
1 1
2 3 1 6
1 3 4
1 1
1 1
13 73 26 59 171
2000 2001 2002 2003
AÑOS
AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL

sociales, líderes sindicales y comunitarios y defensores y
defensoras de derechos humanos (Credhos, 2004: 3).
Las afirmaciones citadas concuerdan con
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y de la Defensoría del Pueblo, quienes en
distintas ocasiones han señalado cómo ciertas organizaciones
sociales específicas venían siendo víctimas de la violencia
paramilitar en Barrancabermeja. En el caso de la CIDH, ésta
expidió en el 2000 medidas cautelares a favor de la
Organización Femenina Popular (OFP), Credhos, y la
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)
(CIDH, 2000). De otra parte, la Resolución Defensorial 007 de
2003, relata agresiones contra la Asociación de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), la OFP, Credhos, y
Peace Brigades International (PBI), luego de lo cual afirma: “los
grupos de Autodefensa que operan en la zona, especialmente en
el casco urbano de Barrancabermeja, han amenazado y atentado
contra la vida e integridad física de varios líderes políticos, sindicales,
campesinos y de organizaciones sociales”
6
(Defensoría del Pueblo,
2003).
La información disponible en fuentes secundarias
también resalta el recrudecimiento de las agresiones a partir de
2000, año a partir del cual la Corporación Nación afirma, “la
agresión al tejido social de la ciudad se tornó dramática. Varios
defensores de Derechos Humanos fueron asesinados,
desparecidos o desplazados y algunas organizaciones sindicales
desaparecieron ante la agresión a sus líderes” (Corporación
Nación, 2006). Y, en efecto, en 2001 desparecieron producto de
la violencia selectiva ejercida por los paramilitares el sindicato
de taxistas Unimotor y Asfaddes (Loingsigh, G., 2003: 16-17;
Isaacson, A., 2001: 9).
Las etapas de la violencia selectiva y sistemática que
identifican las organizaciones sociales son: una primera,
moderada, que va hasta 2000, y una segunda, de una intensidad
mucho mayor, después de 2000. Estas etapas son consistentes
con las dinámicas y características de la violencia de la guerra
civil en la ciudad. En concreto, la segunda etapa es consistente
con el giro del paramilitarismo hacia la violencia selectiva en el
2000, y con el momento de consolidación del paramilitarismo
en la ciudad.
El hecho de que el paramilitarismo entrara a finales de
2000 en una fase de consolidación es un factor altamente
explicativo del aumento de la violencia selectiva contra la
organizaciones sociales, pues en ese momento el conjunto de
conductas que pretende condicionar el paramilitarismo se
expanden, y pasan de estar centradas a disuadir la colaboración
y/o defección frente al grupo rival, a la construcción de su
orden social caracterizado por el totalitarismo y la eliminación
del disenso.
De manera específica, y en relación con las
organizaciones sociales, es posible identificar dos conductas de
las organizaciones que el paramilitarismo busca controlar con la
violencia selectiva: la denuncia judicial o política de crímenes
violentos perpetrados por el paramilitarismo y las expresiones
6 Resaltado fuera de texto.
de autonomía frente al orden social que quieren imponer. Las
amenazas y asesinatos contra los familiares de las víctimas de la
masacre del 16 de mayo de 1998, que se asociaron como una
seccional de Asfaddes, es uno de los casos representativos de la
primera conducta que se pretende disuadir. “Como reacción a la
movilización y exigencias de reparación integral por parte de los
familiares de las víctimas, el 11 de julio de 2000 paramilitares
asesinaron a algunos familiares y testigos y provocaron el
desplazamiento de familias enteras” (Corporación Nación,
2006: 81). Este hostigamiento llevará al cierre de la seccional en
2001.
En relación con lo segundo, la imposición y
construcción de un orden social por parte del paramilitarismo,
este se evidenció con la imposición, desde 2000, de unas
normas de convivencia para todos los pobladores de Barranca
cuyo incumplimiento acarreaba sanciones públicas. Así mismo,
empezaron a definir quién podía y quién no podía vivir en un
barrio o en una casa, desplazando a familias, para luego
adjudicar sus casas (Vanguardia Liberal, 8 de mayo de 2001).
Frente a los crímenes del paramilitarismo, y sus
pretensiones de imposición de un orden social determinado,
hubo sólo un puñado de organizaciones que se atrevieron “a
tener voz pública contra el fenómeno del paramilitarismo”
(Entrevista 1). Estas organizaciones mantuvieron durante todo el
período de estudio una posición que desafiaba abierta,
constante y públicamente los lineamientos de conducta del
paramilitarismo. En palabras de una miembro de una
organización social de la ciudad, “si queremos hacer lecturas
reales, pues toca aceptar que la única piedra en el zapato somos
las organizaciones sociales, que todavía consideramos que el
paramilitarismo no debe ser la institucionalidad” (Credhos y
Cinep, 2004: 103)
Los ejemplos paradigmáticos de las expresiones de
autonomía y resistencia frente al orden social y la impunidad
que quería imponer el paramilitarismo fueron el “Paro Cívico
por la Vida” realizado después de la masacre del 16 de mayo, el
Tribunal Internacional de Opinión en 1999, y la campaña
“Barrancabermeja Vive: no entregue las llaves” en 2001
(Corporación Nación, 2006: 78-96).
Conclusiones
La violencia contra las organizaciones sociales en el caso
de Barrancabermeja tiende a aparecer con claridad cuando el
paramilitarismo aumentó el conjunto de conductas que
pretendía controlar. Pasó de pretender controlar conductas
directamente relacionadas con la guerra, como la colaboración
y/o defección hacia el actor rival, a un conjunto más amplio
relacionadas con su concepción de lo que debe ser el “orden
social”. Esto tiene una implicación importante: colaborar con
un grupo armado es una actividad clandestina, mientras que
denunciar crímenes de lesa humanidad, u oponerse a un
ordenamiento social que quiere ser impuesto por la guerra no lo
es. El carácter público de las conductas que pretende controlar
el paramilitarismo desde finales del año 2000 genera un cambio
fundamental en el carácter de la violencia selectiva: ya no es
suficiente con generar la percepción de ser selectivo para que
esta sea eficiente en el control de la población.

Los requisitos para que la violencia selectiva sirva como
instrumento de control son dos: primero, que esta sea
personalizada; segundo, que exista una creencia generalizada
sobre la credibilidad de las amenazas, lo que a su vez se deriva
de la capacidad del grupo armado de sancionar todas las
conductas que pretende disuadir.
Para controlar conductas clandestinas la violencia
selectiva no necesita serlo totalmente en cuanto a los objetivos;
por el contrario, sólo necesita cultivar la percepción de serlo para
ser efectiva, siendo su lógica general disuadir las conductas que
elija el grupo armado a través de alterar el valor esperado de
estas. En un caso como el que nos ocupa, donde el
paramilitarismo no sólo quiere disuadir la conducta de colaborar
con la guerrilla sino también controlar toda la vida social, la
percepción que se necesita cultivar es la de que el
paramilitarismo tiene la capacidad de monitorear la conducta de
todos los habitantes; lo que a su vez también les permitiría,
hipotéticamente, castigar todas las conductas que han
catalogado como “desviadas”.
El carácter público y sostenido en el tiempo de las
trasgresiones al ordenamiento paramilitar que realizan las
organizaciones sociales mina la eficiencia y efectividad de la
violencia selectiva como mecanismo de control, pues disminuye
la credibilidad de las amenazas de la violencia paramilitar. Esto
significa que las organizaciones sociales entran en la dinámica
de disputar las percepciones generadas por el paramilitarismo y
ponen en la escena pública un aspecto fundamental de la
violencia: la capacidad de coerción de un grupo armado a través
de la violencia no depende de su capacidad militar, sino de las
percepciones que es capaz de generar en la población. En este
sentido, el caso muestra la pertinencia de la acción política
noviolenta, pues se evidencia que el eje de la lucha no es una
cuestión de fuerza sino de comunicación.
En el caso de Barrancabermeja también se observa que
la capacidad de subvertir los ordenamientos sociales impuestos
por el paramilitarismo, e incluso de socavar su apoyo popular,
se ve potenciado por el tipo de relaciones que tiene el
paramilitarismo con la población, que fueron caracterizadas
como de connaturalización. El aspecto clave de la
connaturalización es que es una actitud de pasividad frente a un
grupo armado, como una estrategia de supervivencia, frente a
una situación que se percibe como inmodificable (Ortiz, M.,
2001: 65). En la medida que las organizaciones sociales
visibilizan que el aspecto clave de la dominación de un grupo
armado sobre un territorio es la actitud de la población, y
además señalan tenuemente los caminos de la resistencia,
disputan la percepción de la inevitabilidad de la situación y con
ello empiezan a romper el control del grupo armado.
Así, pese a los años de violencia y terror que ha vivido la
población barranqueña, aún persiste un tejido social autónomo
que se ha negado a aceptar la imposición de formas de vida, y
que ha crecido a partir de experiencias ligadas directamente con
la victimización sufrida a manos de los paramilitares; se han
creado Asobesamuda y Asorvim, organizaciones sociales
creadas a partir de la comunidad de intereses que genera ser
víctimas de un grupo armado.
El caso de Barrancabermeja, y la estoica resistencia de
las organizaciones sociales contra la estrategia del terror
paramilitar, permite sacar algunas lecciones que son de interés
para el movimiento social colombiano. De manera específica,
permite identificar dos aspectos que debe tener en cuenta una
estrategia de resistencia contra un grupo armado que busque el
gobierno de la población a través del ejercicio de la violencia.
De un lado, debe haber un análisis de los usos de la violencia
que hace un grupo armado en un territorio dado que identifique
si la violencia se utiliza para controlar conductas exclusivamente
ligadas con la confrontación y de carácter clandestino, o si esta
se usa también para ejercer control sobre conductas públicas.
Lo que se observa en el caso estudiado es que cuando el
paramilitarismo entra en una etapa de consolidación es cuando
expande el conjunto de conductas que pretende controlar
abarcando las públicas. Este hecho hace vulnerable a la
violencia como mecanismo de control social (porque requiere
que el grupo armado sancione efectivamente todas las
conductas y no solo genere la percepción de poder hacerlo), y
abre espacio para la acción noviolenta de resistencia. En ese
orden de ideas, una estrategia de resistencia requiere de
diagnósticos precisos y claros sobre los usos y las características
de la violencia de la guerra civil.
Si se da la condición arriba señalada, la expansión del
conjunto de conductas que se pretende controlar, entonces hay
posibilidades de desarrollar acciones de resistencia, las cuales
deben consistir en mantener acciones coordinadas y sostenidas en el
tiempo de desobediencia a los designios del grupo armado. Es decir,
a través de los mensajes que envía con la violencia el grupo
armado irá moldeando el entorno social y estableciendo las
conductas aceptables/no aceptables. La estrategia de resistencia
se debe fundar en una desobediencia a esos mandatos del grupo
armado, pero de manera coordinada, y en especial, por un
tiempo considerable. Esto socava la capacidad de control de la
población a través de la violencia por los motivos señalados en
las anteriores conclusiones.
Así, en un contexto de guerra civil la desobediencia
persistente y cotidiana constituye una importante herramienta
de emancipación, no por el desafío al grupo armado, sino por la
percepción que genera en el transeúnte, en el observador
ocasional. Si se desobedece y el grupo no sanciona entonces se
generan dudas sobre la capacidad real de monitoreo y sanción
del grupo armado, cuestionando su dominio y por esa vía lo
resquebrajando su poder: el camino es la insumisión.
Referencias
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entrevistado por Vargas, A., Barrancabermeja Defensor de
Derechos Humanos y miembro de la Corporación Nación.
Entrevista 2: Defensor de Derechos Humanos (7 de
marzo de 2007) entrevistado por Vargas, A., Barrancabermeja.
Entrevista 3: Defensor de Derechos Humanos (7 de
marzo de 2007) entrevistado por Vargas, A., Barrancabermeja.

Entrevista 4: Funcionario Defensoría del Pueblo sede
Barrancabermeja (7 de marzo de 2007) entrevistado por Vargas,
A., Barrancabermeja.
Entrevista 5: Miembro de la Organización Femenina
Popular (8 de marzo de 2007) conversación con Vargas, A.,
Barrancabermeja.
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2007) entrevista telefónica con Vargas, A. Bogotá-Bogotá.
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