El Poder Factico En Honduras

EL PODER FACTICO EN HONDURAS:
A SESENTA DIAS DE RESISTENCIA

Marlin Oscar Ávila
28 de agosto de 2009

El Programa “Intercambio de Conocimientos en Centroamérica”, que ejecutan el
Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS) y el
Instituto de Estudios Sociales (ISS) de La Haya, ambas entidades con sede en
Holanda, se complacen en difundir el presente ensayo, cuyo objetivo es aportar
elementos de carácter económico y político que ayuden a explicar los aconteci-
mientos relacionados con el golpe de Estado cívico-militar en Honduras, del 28 de
junio de 2009.

INDICE

Introducción 2

1. Golpes de Estado y Regímenes Militares 2

2. Período Democrático 4

3. Reducción del Estado, Fortalecimiento Empresarial 5

4. Tránsito hacia un modelo popular 7

5. La Administración de José Manuel Zelaya Rosales 9

6. Motivación del Golpe 10

7. La Respuesta del Movimiento Popular 13

8. La Derecha Internacional 15

9. El Golpe 18

10. La Resistencia Pacífica 19

11. Posibles Escenarios 21

1

Introducción

Después de la caída del muro de Berlín, Alemania, en 1989, cuando se marca el fin de la
guerra fría, los golpes de estado son considerados una desviación histórica, ya que duran-
te muchas décadas algunos sectores políticos y económicos poderosos los justificaron
como una forma extrema de combatir “la amenaza del comunismo”. Sin embargo, los gol-
pes de estado se siguieron promoviendo en países donde la ultra derecha encontró que
los procesos democráticos no le eran de utilidad para mantener el poder político, espe-
cialmente en países denominados subdesarrollados, o donde gobiernos y sectores pro-
gresistas se están consolidando. Haití, seguramente es un muy buen ejemplo de este
fenómeno. En 1991 se dio un golpe de Estado contra un nuevo gobierno, el de Jean Ber-
trand Aristide, el cual era considerado como peligroso.1 En abril de 2002, se dio un se-
gundo golpe de estado contra el gobierno de Venezuela. Ese golpe fue promovido por la
ultraderecha aliada a los militares, empresarios y medios de comunicación y contó igual-
mente con el patrocinio encubierto de los Estados Unidos de Norteamérica.

El golpe de Estado cívico-militar en Honduras, está en la misma línea de los anteriores.
Se inventa un enemigo (en este caso el Presidente de Venezuela Hugo Chávez) y se pre-
senta al legítimo Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, como una pieza del aje-
drez político internacional, que amenaza con la vigencia de la democracia en Honduras, al
querer hacer una consulta ciudadana que consideran ilegal, según sus propios términos
de lo que es o no es legal hacer en un país que consideran de su propiedad.

El golpe de Estado perpetrado por la clase económica y política de Honduras, con el apo-
yo y el concurso del aparato militar el 28 de junio, revive así una experiencia que muchos
consideraban que no volvería a repetirse, aunque si se analizan algunos acontecimientos
recientes a nivel internacional, es posible pensar que este no es un caso aislado, ni ex-
cepcional, sino que representa la contraofensiva ideológica y político militar de los grupos
dominantes en la región de las Américas.

Como es conocido, la condena y el rechazo de los gobiernos y pueblos del mundo a este
golpe cívico-militar, encabezado por Roberto Micheletti Bain, ha sido unánime. No obstan-
te, en el momento que escribimos este artículo este gobierno golpista está cumpliendo 65
días de estar en el poder.

1. Golpes de Estado y Regímenes Militares

La ciudadanía hondureña ha vivido bajo regímenes caudillistas y dictatoriales por más de
treinta y cinco años, en el último siglo de su historia. Las fuerzas de la oligarquía criolla y
de las botas militares han sido una de las principales formas de dominio gubernamental.
Antes de que el general Tiburcio Carías Andino ganara la presidencia en 1933, pasaron
varios gobernantes de tipo caudillesco como el General López Gutiérrez, más conocido
como Pacán (1920-24) y jefes de estado producto de golpes de Estado, como el del Ge-

1
Alejandro Teitelbaum, Representante permanente de la Asociación Americana de Juristas ante los Organis-
mos de Naciones Unidas en Ginebra, Lyon, 9 de marzo de 2004
2

neral Vicente Tosta, quien entregó el poder a Miguel Paz Barahona (1925- 1929), suce-
diéndole Vicente Mejía Colindres (1929- 1933) El caudillo y militar Tiburcio Carías entrega
la presidencia hasta 16 años más tarde, en 1948, cuando los Estados Unidos “hacen en-
tender a Tiburcio Carías que sería inútil tratar de amarrarse más al poder utilizando méto-
dos que hasta entonces le habían dado éxito.” 2

Después de la dictadura del caudillo y General Tiburcio Carías, y los gobiernos de Gálvez
y Villeda Morales, el 3 de octubre, 10 días antes de las elecciones presidenciales para
sustituir al Dr. Villeda Morales, en la Presidencia, el General Oswaldo López Arellano, da
otro golpe militar, estableciendo dos períodos continuos de gobierno militar (de 1963-1971
y de 1972-1975), con un corto intervalo (abril de 1971- al 4 de diciembre de 1972) cuando
eligieron como Presidente “de papel” a don Ramón Ernesto Cruz, bajo los condiciona-
mientos militares. Ya antes, en octubre de 1956, cuando era Teniente Coronel de Avia-
ción, Oswaldo López Arellano participó en una coalición de oficiales que sacaron al Presi-
dente Lozano Díaz y entregaron el poder a una junta militar.3 Los golpes militares se dan
con el apoyo del sector civil más conservador, distinguiéndose el grupo que controla al
Partido Nacional, fundado por el General Tiburcio Carías en 1916, principal opositor al
Partido Liberal al que pertenece el Dr. Villeda Morales, quien es considerado un socialista
por las reformas y decretos ley que establece a favor de sectores laborales.

Así se reinicia otra dictadura militar dirigida por Oswaldo López, a quien se le obliga a salir
del poder por los mismos militares el 22 de abril de 1975, comandados por el militar de
carrera, General Juan Alberto Melgar. El General Melgar es también objeto de un golpe
de Estado por otro militar, el 8 de agosto de 1978. Esta vez la Jefatura de Estado se le
entrega al General Policarpo Paz García, quién posteriormente es proclamado Presidente
Provisional de la República, el 27 de enero de 1980. Entrega la Presidencia el 27 de ene-
ro de 1982.

El siguiente golpe de Estado se da el 28 de junio del 2009, donde se establece un gobier-
no político militar-empresarial. La mayoría de oficiales militares que ocupan altos cargos
de las instituciones del Ejecutivo son oficiales en retiro o retirados, y algunos profesiona-
les educados en colegios y centros militares. Esto suma un poco más de 19 años, si con-
tamos que lo menos que el actual gobierno de facto va a mantenerse en el poder son tres
meses. Este tiempo, sumados a los 16 años de dictadura del General Carías Andino, da
35 años de poder militar en los últimos 76 años, es decir, la ciudadanía ha vivido bajo la
bota militar y el caudillismo arcaico, un 46% de su vida política. Esto sin contar con casi
doce años, entre 1982 y 1994, de más poder militar tras el trono, después de haberse
reiniciado el período de democracia formal con la nueva Constitución y la elección del Dr.
Roberto Suazo Córdova (1982-1985). Por ejemplo, el periodo cuando el General Álvarez
Martínez, acusado por diversas organizaciones humanitarias de ser el responsable de
más de 80 desapariciones durante esos años, quién ocupó la jefatura de las fuerzas ar-

2
André Marcel d’ Ans, Honduras Emergencia difícil de una nación, de un Estado. Pág. 191.
3
André Marcel d’ Ans, Honduras Emergencia difícil de una nación, de un Estado. Pág. 20.

3

madas (1981-1984). Es decir, que si incluimos esos doce años de poder militar, se ha
tenido 47 años de poder militar, o sea, un 62% de los últimos 76 años de vida política. No
obstante, desde 1982 se repite reiteradamente que el pueblo hondureño ama y defiende
el sistema democrático. Habría que saber a cuál democracia se refieren quienes lo dicen.
Al conocer quiénes lo pregonan, se puede deducir la democracia a la cual se refieren. En
el contexto político actual, estas distinciones son mucho más necesarias que antes del
reciente golpe de Estado.

2. Período Democrático

Luego de una constituyente que aprobó en 1982 la actual Carta Magna, se eligieron
gobiernos mediante procesos electorales observados por la comunidad internacional.
Hasta las elecciones de 1994, que llevaron a la Presidencia de la República al Dr. Carlos
Roberto Reina, se puede asegurar que quienes mantuvieron el poder “detrás del trono”
fueron las Fuerzas Armadas del país. A partir de entonces se fue dando un proceso de
tránsito hacia un poder civil democrático, simbolizado por la existencia de un Ministro de
Defensa civil y el título del Presidente de la República como Comandante General de las
Fuerzas Armadas

Los empresarios siempre están donde está el poder, con menor o mayor cuota de poder,
pero saben cómo introducirse hasta dominar las decisiones. En las dictaduras de caci-
ques y militares, lograron influir para que esos gobiernos invirtieran en infraestructura fa-
vorable a sus inversiones, algunos hacendados o caporales se hicieron empresarios a
partir de lograr asociarse a compañías estadounidenses mineras y bananeras y otros
desde el poder político, cuando aún no se identificaba claramente un empresariado4 pero
sí terratenientes y cafetaleros sin tecnología moderna. En tiempos del primer gobierno
elegido en el marco de la democracia formal (1982), en el contexto de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, se creó la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), como
una plataforma desde la cual se manejaba el liderazgo político nacional, presidido por el
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Gustavo Álvarez Martínez y co-
mo Vicepresidente, el empresario Miguel Facussé.

De los 34 miembros de APROH, 18 eran grandes “comerciantes, industriales, financieros
y viejos funcionarios de la cámaras empresariales existentes en el país.”5 En ese tiempo,
APROH se constituye con el objetivo último de consolidar el liderazgo militar, tiempo en el
cual los altos rangos del ejército estaban convirtiéndose en empresarios. No obstante,
empresarios como los Facussé ya estaban diseñando su avenida para desalojar al militar
empresario. Los empresarios civiles inician el desplazamiento del liderazgo empresarial
militar empoderados de la economía a lo largo del período de la dictadura militar entre
1962 y 1982.

4
André-Marcel d’Ans, De las Minas al Banano: El Estado Concesionario- Págs- 127 a 137
5
Victor Meza, Honduras, Poderes Fácticos y Sistema Político, Págs 8 a 12
4

La década de los 80 fue más bien de aplicación de la llamada Doctrina de Seguridad Na-
cional, de una guerra silenciosa y sucia contra los sectores progresistas liberales, el sindi-
calismo y sociedades cooperativas, dentro de un contexto internacional de guerra fría y
depresión económica, hasta llegar a titulársele la década perdida. Irónicamente, como
ahora, la represión contra los sectores populares se da en un gobierno del Partido Liberal
encabezado por el Presidente Roberto Suazo Córdoba. Los partidos políticos, que recién
se restablecieron al concluir la dictadura militar, estuvieron dispuestos a ceder su lideraz-
go al empresariado, aún cuando éstos inicialmente prefirieron mantenerse tras bastidores.

Inmediatamente después de instalado el gobierno de Roberto Suazo Córdoba, en enero
de 1982, el líder del empresariado Miguel Facussé entregó al Presidente un plan estraté-
gico denominado “De Acción Inmediata” y conocido como “Memorando Facussé”, donde
le dicta al nuevo gobierno las decisiones más importantes que debía ejecutar.

Esto mismo hace este líder de los empresarios hondureños con otro gobierno del Partido
Liberal (PL) dirigido por Carlos Roberto Reina en 1996, al presentarle el “Gran Proyecto
de Transformación Nacional”. En diciembre de 2006, esta vez acompañado por un grupo
fuerte de empresarios, el mismo Facussé le presenta al ahora destituido por un golpe cívi-
co-militar, Manuel Zelaya Rosales, un plan de inversión donde el Estado debería aportar
una alta suma de millones de dólares, utilizando las reservas internacionales de divisas.6

3. Reducción del Estado y fortalecimiento empresarial

En la década de los noventa, luego de declararse el fin de la guerra fría y que concluyen
los conflictos armados en Centro América, la región empieza a experimentar importantes
cambios económicos, no obstante, Honduras sigue sumido en una especie de letargo
tecnológico, con un empresariado muy por debajo de la media latinoamericana en compe-
titividad, pero dispuesto a obtener altas utilidades en sus transacciones amañadas con el
Estado y sin correr mayores riesgos.

Al país se le pasa la cuenta con ajustes estructurales casi anuales y demás medidas neo-
liberales que debilitan la poca institucionalidad del Estado. Los organismos multilaterales y
bilaterales invierten en programas de fortalecimiento y modernización en los países po-
bres y se da prioridad al fortalecimiento del empresariado. El panorama es de un creciente
poder empresarial dentro de una institucionalidad estatal que no logró fortalecerse, con un
programa internacional y empresarial nacional dispuesto a reducir a ese Estado a su
mínima expresión, para trasladarle su fuerza económica a la empresa privada. Los nue-
vos gobernantes sacados de los dos partidos más tradicionales: el Liberal y el Nacional,
solamente ven en el Estado una oportunidad de enriquecimiento rápido. La burocracia
estatal, sin un código y carrera de servicio civil consolidado, ve de igual forma al gobierno,
como botín. “El partido político vencedor en la competencia electoral no sólo gana el de-

6
Victor Meza, Los grupos fácticos y la transición a la democracia. Pág. 10 y 11.
5

recho a formar el gobierno; gana también el derecho a disfrutar de él, a dividir entre sus
seguidores el patrimonio del Estado,…”7

En 1982 las familias: Ferrari, Lamas, Nassar, Canahuati, Kattan, Facussé, Rosenthal,
Callejas, Maduro, Villeda Toledo, Bueso Arias, Kaffie, Yuja, Kaffati, Micheletti Baín,
Larach, Andonie Fernández, Faraj, Maloff, Chaín, Goldstein, y otros de apellidos
extranjeros y hondureños corruptos, se fueron apoderando paulatinamente de los
partidos Liberal, Nacional, Democracia Cristiana y Pinu; convirtiendo en sus capata-
ces a los dirigentes políticos, a quienes han venido financiando sus campañas políti-
cas desde las alcaldías , diputaciones, presidenciales, etc. Con el control político
politizaron la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y pusieron bajo su servi-
cio al poder militar y policial para que les cuidara sus intereses. John Charles Morán
Robleda, Profesor de Historia de Honduras

De esta manera, “el Estado no sólo es la expresión política e institucional de los diferentes
grupos de interés y presión; también –y sobre todo- es la expresión directa de su poder
económico financiero, comercial, industrial, cultural e ideológico.”

Al final de la década de los noventa la nueva democracia termina siendo secuestrada por
el nuevo empresariado político. Las empresas de servicios públicos del Estado fueron
deficientemente administradas y vendidas a precios irrisorios al empresariado. La siguien-
te década del 2000, estos empresarios invirtieron en modernizarlas y buscaron aliarse con
inversionistas extranjeros para consolidar su capacidad y competitividad.

Las elecciones generales cada cuatro años fueron convirtiéndose en un reto económico
más que político. Era claro que quienes obtuviesen más capital de inversión electoral
tendrían mayores probabilidades de ganar el poder formal. El pago obligado de toda la
planilla oficial de empleados del Estado al partido en el poder, llegó a ser insuficiente para
competir en las siguientes elecciones, pues el mayor partido en oposición se las ingenia
para rebasar los niveles de la colecta hecha por el partido político en el poder. Los gran-
des empresarios aprendieron que estar adentro de los tres poderes del Estado es un buen
negocio y apostaron por los partidos normalmente ganadores de las contiendas políticas:
el Partido Liberal y el Partido Nacional. Esto no solamente les permitió muy buenos con-
tratos de servicios a sus empresas pero mantenerse en la impunidad frente a los constan-
tes fraudes y sobornos logrados con las instituciones del Estado.

La década del 2000, abierta a la transformación institucional en el marco del desastre de-
jado por el Mitch y las fuertes influencias de la cooperación internacional, contribuyó a
introducir con mayor eficacia el modelo neoliberal. El Estado, con el período de privatiza-
ción de sus empresas aumentó el grado de corrupción existente y llegó a convertirse en

7
Victor Meza, Los grupos fácticos y la transición a la democracia. Pág.17.
6

un verdadero botín de los políticos, que ya a estas alturas, sus partidos se habían conver-
tido en una especie de empresas políticas donde cada empresario invierte para luego
sacar elevadas rentas de cualquiera de los dos partidos que ganara.

Víctor Meza, en diciembre de 2007, poco antes de convertirse en Secretario de Estado en
los Despachos de Gobernación y Justicia, lo ilustra explicando que “en 57 instituciones y
comisiones especiales,…del Estado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (CO-
HEP) cuenta con representantes oficialmente acreditados y estratégicamente distribuidos
en 17 áreas de trabajo sectorial y zonas de influencia. La lista es diversa y multicolor; cu-
bre sectores tan variados como la salud, la educación, las relaciones laborales, los recur-
sos renovables y el ambiente, la energía, los asuntos financieros, la competitividad, la
infraestructura, el comercio, el agro, la pequeña y mediana empresa, la descentralización
municipal, la seguridad ciudadana, la evaluación y control y, por supuesto, la actividad
legislativa y la administración de la justicia. El Estado completo, con todos sus entresijos y
laberintos interiores, con todas sus fortalezas y debilidades, está intrínsecamente pene-
trado y condicionado por los poderes fácticos.”8

En diciembre de 2007, el Presidente Zelaya concluye su segundo año de gobierno y de-
nuncia públicamente que quien tiene el poder real no es él, como Presidente de la Re-
pública, sino que como había venido sucediendo con los anteriores presidentes, el poder
real está en los grandes empresarios-políticos9.

4. Tránsito hacia un modelo popular

Internacionalmente la discusión sobre la importancia de establecer gobiernos empresaria-
les para modernizar la administración pública había avanzado suficientemente como para
colocar a un empresario en Honduras como candidato a la Presidencia de la República.
Fue así que se eligió al empresario, comerciante y financiero Ricardo Maduro, para el
período de 2002- 2005, lo que permitió la consolidación del empresariado en el poder polí-
tico del Estado. Varios empresarios, empleados de confianza y tecnócratas del empresa-
riado tomaron los espacios de poder que tradicionalmente eran ocupados por cuadros de
los partidos políticos con más débiles o evidentes relaciones empresariales.

El presidente Manuel Zelaya Rosales fue elegido bajo los mismos esquemas tradiciona-
les. Como líder del Partido Liberal, con un perfil de ex diputado del Congreso Nacional y
ex Ministro del Fondo de Inversión Social (FHIS) en los períodos de Carlos Roberto Re-
ina (1994 -1997) y Carlos Flores Facusse (1998-2002), ganó por un reducido margen al
principal oponente del Partido Nacional, José Lobo Sosa.

La facción que apoya la candidatura de José Manuel Zelaya, quien controla al Partido
Liberal inmediatamente después de las elecciones generales de noviembre 2005, propone

8
Ídem. Pág. 18.
9
En importante decir que Manuel Zelaya siempre formó parte de ese grupo económico empresarial y que sus
manifestaciones, son producto de las diferencias que empezaron a surgir entre él y ese grupo económico.
7

y logra reformas a los estatutos internos, para una mayor democratización dentro del Par-
tido Liberal.

La consigna con la cual hace su campaña política es constituir un gobierno de la ciuda-
danía, teniendo como lema el “poder ciudadano”. Su primer proyecto de ley, aprobado en
el Congreso Nacional al día siguiente de la toma de poder, fue el de Participación Ciuda-
dana; el otro proyecto de ley, preparado para aprobarse simultáneamente, Acceso a la
Información y Transparencia, no obtuvo la aprobación sino hasta después tiempo des-
pués. La primera ley fue aprobada en el Congreso en enero de 2006, no obstante, en la
ley quedan expresados los conceptos fundamentales pero no clara su operatividad. La
segunda ley estuvo varios meses en discusión dentro del Congreso hasta ser aprobada
en diciembre de 2006.

La aplicación de estas leyes exigió un cambio de actitud institucional, tanto del sector
público como del privado. La ley de participación ciudadana no obtuvo la acogida necesa-
ria desde la misma ciudadanía y el empresariado, como desde la misma burocracia del
Estado. La ciudadanía organizada la consideró un tanto desactualizada aunque con de-
claraciones y conceptos positivos. La ley de Acceso a la Información y Transparencia fue
muy bien acogida, excepto lo relacionado con la instalación del Instituto responsable de
su aplicación por haber sido cooptada al nombrar a sus tres comisionados con criterios
partidarios por los dos partidos políticos tradicionales, mediante sus bancadas en el Con-
greso Nacional. La misma bancada liberal, junto con la nacionalista, se distribuyeron los
tres comisionados que encabezan el Instituto, de manera que el esfuerzo de más de dos
años de la sociedad civil acabó en la misma cooptación e impunidad que las demás insti-
tuciones contraloras del Estado.

Entre los hechos que van enojando a la clase empresarial del país de manera escalona-
da, estuvo la medida del Presidente de cortar de tajo el negocio de armas que tenía el
dueño del diario el Heraldo, así como obligar a licitar transparentemente los medicamen-
tos que el gobierno compra anualmente para suplir los hospitales y centros médicos. Los
fabricantes proveedores de medicamentos obtienen en este negocio muchos millones de
dólares, por lo que están dispuestos a todo por obtener sus compras. El dueño del mismo
diario el Heraldo, Jorge Canahuati, es uno de los principales empresarios que tenía con-
trolada la venta de medicamentos con el Gobierno. Las medidas del Presidente para licitar
transparentemente los medicamentos fueron entonces otro motivo de enojo.

Normalmente, los siete gobernantes del periodo llamado “democrático” han “pagado” al
periodismo y a los mismos dueños de los medios, considerables sumas mensuales de
dinero para mantenerlos controlados. En los ministerios existen planillas donde listas de
periodistas cobran su mensualidad. El caso de la Secretaría de Gobernación y Justicia,
donde su ministro quitó de su planilla una lista de periodistas más allá de las dos docenas,
es uno de tantos. Desde luego, esto molestó mucho a los medios.

El costo inmediato de esas medidas y de las dádivas rechazadas por el gobierno de Ma-
nuel Zelaya, fue una campaña mediática en contra de su gobierno. Primero, ridiculizándo-
8

lo en sus cualidades personales, luego en su forma de gobernar y, finalmente, por su
alianza con los gobernantes del Sur, particularmente con los países del llamado nuevo
socialismo latinoamericano.

A pesar de esta confrontación con la clase económica, Manuel Zelaya Rosales no dejó de
distribuir beneficios entre los más ricos empresarios. Obras de infraestructura de muchos
millones se entregaron a las empresas constructoras de estos grandes empresarios sin
licitar (concesiones de puertos y aeropuertos), además, otros importantes contratos les
fueron entregados. Sobre este punto, el propio Presidente Zelaya les hizo el reclamo entre
mayo y junio de 2009, por el hecho de estar confrontándolo cuando su gobierno les esta-
ba beneficiando. En uno de esos momentos de confrontación con los empresarios les dijo:
“porqué no puedo repartir algunos ingresos a los pobres, pues no puede ser que solamen-
te se le de a ustedes los ricos.”

Por otra parte, constantemente los medios acusaron a Manuel Zelaya de tener un estilo
populista en el manejo político de sus discursos. En un inicio era una manera de tratar de
desprestigiarlo como gobernante. Ante este rechazo a su gestión, el gobernante fue
acercándose cada vez más a las organizaciones populares y a los sectores con una posi-
cición amigable con los pobres, alejándose así paulatinamente de los intereses de las
élites sociales y económicas, en particular de aquellos grupos que lo atacaron desde el
inicio de su gobierno.

5. La Administración de José Manuel Zelaya Rosales

Más conocido como simplemente “Mel”, con cincuenta y ocho años de edad, es heredero
de importantes extensiones de tierra, bosque y ganado en una de las regiones más gran-
des del país: Olancho. Su padre, Manuel Zelaya Ordoñez, en 1975 fue declarado culpable
de tortura y asesinato de catorce personas, dirigentes sociales, incluso de un sacerdote y
su hermana. Esto le evitó a “Mel Zelaya”, como comúnmente se le llama, coronar su ca-
rrera como ingeniero industrial para poder hacerse cargo de la administración del patri-
monio familiar.

Militó en el Partido Liberal desde 1970. Su primera diputación la ganó en 1985 y se des-
empeñó como coordinador de comisiones de trabajo y como Secretario de la Junta Direc-
tiva del Congreso Nacional. Fue reelecto diputado en dos ocasiones más. Fue dirigente
del Partido Liberal entre 1999 y 2004. En 1994 fue el Ministro del FHIS para el gobierno
de Carlos Roberto Reina.

Después de su elección como Presidente, pasó por momentos difíciles en relación con las
reivindicaciones de los sectores populares, especialmente con los colegios de maestros,
quienes salieron a las calles para reclamar sus derechos.

Después de su primer año de gobierno, la CEPAL coloca a Honduras en el primer lugar
en crecimiento económico del istmo, lo que le permite mejorar su imagen, deteriorada por
la prensa mediática. El BID le condona una deuda de 1,400 millones de dólares y se re-

9

capitalizó la ENEE y, además, obtuvo una inversión de 700 millones de dólares para el
desarrollo del proyecto hidroeléctrico Patuca II.

No obstante, sus verdaderos conflictos con la clase alta empresarial, se inician en el 2007.
El conflicto se produce con una parte del empresariado por el tema de la venta de medi-
camentos y de armas. Canahuati y Ferrari, como dueños de los principales medios del
país, levantan una fuerte campaña de desprestigio a la personalidad del Presidente.

La crisis del petróleo, donde no solamente encuentra muy poco o ningún apoyo interna-
cional y nacional para darle respuestas inmediatas a la economía del país, llevan a Zela-
ya, a partir de los últimos meses de 2007, acercarse bastante a PETROCARIBE y suscri-
bir un convenio a inicios del 2008, con mejores condiciones que las demás suplidoras de
petróleo. Esto significó un disgusto de los grandes empresarios que le objetaron por la
imagen del Presidente Hugo Chaves en contraposición con el gobierno de Bush en Was-
hington. Sin embargo, el Presidente de Honduras continuó las negociaciones por conside-
rarlas un beneficiosas para el país. Tales negociaciones le permitieron reducir el costo de
los carburantes y paliar los conflictos surgidos con los sectores del transporte.

Simultáneamente, Zelaya no confirmó a dos de sus ministros: Marlon Lara, ex alcalde de
Puerto Cortés, hasta ese momento Ministro del FHIS y al veterano del Partido Liberal,
Profesor Pineda Ponce, en la Secretaría de Educación. Estos dos correligionarios se con-
vierten de inmediato en fuertes críticos políticos desde adentro de su partido. El Vicepre-
sidente Elvin Santos, dueño de una de las más grandes empresas de construcción “San-
tos y asociados, S.A.” renuncia de su cargo para convertirse en candidato presidencial. A
su facción se unen los principales críticos del Presidente de la República.

Desde antes de su ingreso al poder, Honduras mantiene una relación con Cuba en el pro-
grama de ayuda médica al pueblo hondureño. Zelaya, no solamente continúa la relación,
sino que la profundiza estableciendo relaciones diplomáticas y expandiendo el intercam-
bio de recursos humanos especializados y becas a la juventud para estudiar medicina en
Cuba. Esto se combina luego con el convenio que, en agosto de 2008, se firma para in-
gresar a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Además del ALBA, mantiene el
TLC con Estados Unidos, El Salvador-Honduras-Taiwán, el TLC Honduras-El Salvador-
Guatemala- Colombia y TLC Chile-Centroamérica-Panamá. Desde luego, el tratado que
molesta al COHEP y demás integrantes de la clase media alta conservadora de Hondu-
ras, es el tratado con el ALBA.

El gobierno de Manuel Zelaya establece un programa de asistencia a los más pobres del
país, al cual denomina “Red Solidaria”, dirigido por la Primera Dama, Xiomara Castro
Sarmiento. El programa logra concretarse en casi dos años de haber iniciado, pero al lle-
gar a los lugares donde la pobreza campea, el gobierno logra ganarse el aprecio de esa
población abandonada por décadas. Además, el gobierno, crea el Bono Tecnológico para
los campesinos; el bono para estudiantes y escolares; mejora los programas de estudios
preescolares, los bonos a familias bajo la línea de pobreza directa, el adulto mayor, el
discapacitado; las bibliotecas móviles, y los programas de alfabetización, entre otros.
10

También durante este período se da un mayor acercamiento a ONGs en derechos huma-
nos, asistencia humanitaria, medio ambiente, energía, agricultura y otras.

En diciembre del 2008, Manuel Zelaya autoriza un aumento al salario mínimo mayor al
52%, (US$283.00 urbano y $175.25 rural mensuales), lo que significa un fuerte golpe al
empresariado y un salto cualitativo a su popularidad con los sectores sociales laborales.
Los empresarios aglutinados en el COHEP estaban acostumbrados a definir la tasa de
aumento al mínimo cada fin de año, en componendas con las autoridades, el cual era
unas fracciones debajo de la inflación anual. Recordemos que al gobierno de Aristide, en
1991, le bastó proponer un aumento al salario mínimo de 1.76 a 2.94 para que los empre-
sarios industriales, muchos de ellos extranjeros, se pusieran de acuerdo con la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) para darle el golpe de Estado y enviarlo a África, en una fra-
gata de la marina estadounidense.10

El articulista Ken Silverstein11 señala que Manuel Zelaya no es un radical, sino que su
principal “crimen” fue decretar un aumento salarial que era más que necesario para la
clase obrera, pero que recibió un rotundo rechazo de parte de la elite de poder hondure-
ña. Con estas acciones, algunas eventualmente apoyadas con recursos del ALBA, el go-
bierno de Manuel Zelaya logra cosechar mayores simpatías entre los sectores populares,
como el campesinado, los obreros y los taxistas, otros transportistas y organizaciones de
poblaciones pobres del país.

6. Motivación del Golpe

Como explicamos arriba, los golpes y el poder de los militares en la historia reciente hon-
dureña son algo significativo y el pueblo llegó a aceptarlo como un hecho y parte de su
cultura política. Así como muchos de los conflictos sociales y económicos se han resuelto
con la violencia más que con la aplicación del derecho, lo conflictos políticos tienden a
resolverse de la misma forma. Lógicamente, los sectores favorecidos con esta forma de
resolver los conflictos son los poderosos, los que dominan e influyen en los organismos
que finalmente tienen que dar el veredicto final sobre los hechos represivos que implica
cada golpe de Estado: los fiscales y jueces, apoyados por los órganos represivos del Es-
tado. El estado de derecho como tal solamente se vuelve en un imperativo, cuando las
clases dominantes lo consideran viable a sus intereses.

Por esta razón, en los golpes de Estado anteriores al del 28 de junio de 2009, nada o casi
nada ocurre con los grupos sociales que pudieron sentirse afectados. No hubo ninguna
reacción, más que el silencio y el exilio de quienes gobernaron. Treinta y un año más tar-
de, las cosas cambiaron para la política hondureña. Ya no se puede dar el golpe y al día
siguiente las cosas no siguen igual y normales, como se mal presumieron los golpistas de
junio.

10
Alejandro Teitelbaum, Representante permanente de la Asociación Americana de Juristas ante los Orga-
nismos de Naciones Unidas en Ginebra, Lyon, 9 de marzo de 2004.
11
Ken Silverstein. Revista Harper, columna de julio 6, intitulada "Algunos Hechos del Golpe en Honduras".
11

El disgusto con el estilo y el producto de la administración del Presidente Zelaya por parte
del poder fáctico, viene desde inicios de su segundo año. No obstante, por haber sido
elegido por voluntad de la misma clase social dominante, se creyó que era posible per-
suadirlo de que debía ser más apacible y dadivoso con los poderes fácticos.

Sin embargo, el aprendizaje y crecimiento del Presidente fue realmente vertiginoso. Sor-
prendió a propios y extraños su capacidad de improvisación y su perseverancia para lo-
grar ser quien realmente manda en el gobierno.

A esto hay que agregarle el deterioro que sufre la imagen del presidente del Congreso
Nacional (CN), Roberto Micheletti, durante la larga huelga de hambre de fiscales y líderes
sociales en protesta por la impunidad que reina a favor de un listado de corruptos, dentro
de los cuales están algunos poderosos empresarios y políticos, a mediados de 2008. Se
dice que esta huelga fue apoyada no tan discretamente por el Presidente Zelaya. Roberto
Micheletti no perdona el desprestigio ganado por su mal manejo y estrecha sus relaciones
con los contrarios al Presidente Zelaya.

Como producto de esta larga huelga, se forma un movimiento nacional por la “Dignidad y
la Justicia”, en la que se aglutinan las primeras fuerzas populares antes dispersas, en
nuevas vinculaciones bajo la consigna de lucha contra la corrupción y la impunidad.

A la vez algunos sectores conservadores se acercan entre sí y fraguan estrategias para
enfrentar las políticas del gobierno. Estos sectores conservadores dominan prácticamente
todos los poderes, el judicial, el militar, el legislativo, a la vez que representan los inter-
eses económicos de los más poderosos.

Desde fines de 2008 e inicios de 2009, estas relaciones interinstitucionales encabezadas
por incondicionales de los dirigentes de los partidos tradicionales y de sectores conserva-
dores toman forma, dentro de una improvisada estrategia de juzgar el gobierno de Manuel
Zelaya de alta corrupción y abuso de poder. Se buscan los informes y datos que pueden
condenar al Presidente y su Gabinete de Ministros y se organizan comisiones interinstitu-
cionales para actuar y colocar los expedientes en el momento más preciso. Es así que
crean la Comisión Interinstitucional Anti-Corrupción de Honduras (CIACH) en el 2009.

En los tres primeros días de junio, el Presidente Zelaya, aparece como líder de la pro-
puesta para que la OEA, en la Asamblea General desarrollada en la ciudad de San Pedro
Sula (Honduras), apruebe en forma consensuada y por aclamación la derogación de la
suspensión que pesaba sobre Cuba desde el 1962. Este hecho eleva los ánimos de la
derecha conservadora del continente incluyendo, desde luego, a la derecha local. Antes y
hasta después de concluida la Asamblea, misiones de cubanos anticastristas se estable-
cen en Honduras para realizar diversas actividades y hacer cabildeos.

Los hechos que se dan en el COHEP, en el CN, en el grupo de directores y presidentes
de entes contralores del Estado, y en la fracción política de Elvin Santos, parecieran ais-
lados, pero realmente son hechos que están relacionados. Si a esto unimos otros actores

12

vinculados con la comunidad empresarial de Centroamérica, denominada informalmente
“Centroamérica 2000” (creada por los más grandes empresarios del istmo)12, y los grupos
de exiliados procedentes de países diversos países de América Latina (Colombia, Gua-
temala, Venezuela, Ecuador, Bolivia), podremos construir el rompecabezas que se va
formando para concluir con el golpe del 28 de junio.

En síntesis, esta diversidad de sectores empiezan a elaborar la idea de sacar del gobierno
al Presidente Zelaya, antes de concluir el período formal de los cuatro años. Así es como
luego de grandes confrontaciones políticas, se produce el golpe de Estado, cívico-militar,
del 28 de junio de 2009.

7. La Respuesta del Movimiento Popular

No hay duda que la sostenibilidad del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado
está basada principalmente en el movimiento popular compuesto por una multitud de or-
ganizaciones sociales hondureñas, incluyendo el sindicalismo y los colegios profesionales
del magisterio. Esto no es producto de un crecimiento paulatino y progresivo de las orga-
nizaciones sindicales, todo lo contrario.

Este crecimiento vertiginoso se extrae de innumerables fuentes sociales en todo el país.
Un estudio posterior debe hacerse para explicar mejor este fenómeno, pero el movimiento
de protesta y propuesta debe ser producto del trabajo social desarrollado en los últimos
años que no fue controlado por ninguna institución en particular, pero si surge de una
conciencia crítica dispersa que solamente esperaba el detonante: el Golpe de Estado que
nadie creyó posible en este siglo.

Como es muy conocido, a partir de la dominación de la economía de mercado, el sindica-
lismo cayó en decadencia a nivel nacional e internacional. La caída del paradigma socia-
lista dejó sin discurso político ideológico a la clase obrera; la membresía de las centrales
obreras también disminuyó; la capacidad de respuesta a las exigencias de la clase traba-
jadora no pasó de pequeñas reivindicaciones económicas sin lograr recuperar su capaci-
dad de consumo. La empresa privada fortaleció sus mecanismos de defensa política ide-
ológica al acusar el fracaso del socialismo.

El mecanismo de sobrevivencia del movimiento se centró en estructurar y mantener el
funcionamiento de los sindicatos en las empresas estatales: instituciones descentraliza-
das y algunas secretarías de estado, como salud y educación. Este debilitamiento conlle-
va una reducción de su propia membresía y consecuentemente de su peso político. Esto
se ve en que los gobiernos de la presente década han tenido más como referente de la
llamada “sociedad civil” al sector no sindical, es decir que han pasado a otros sectores de
la sociedad civil: etnias, ecologistas, pobladores, mujeres, ONGs, otros. Además, expre-
siones como clase trabajadora y clase empresarial, fueron dejando de escucharse, susti-
tuyéndose por sociedad civil y grupos de empresarios. También se incorporó el de clase
12
Victor Meza, Los Grupos Fácticos y la Transición a la Democracia, pág. 25.
13

política, para definir a aquellas personas y grupos que se dedicaron a dirigir y representar
los partidos políticos, además de las bancadas de diputados.

Este es el entorno del surgimiento de la llamada sociedad civil cada vez con más presen-
cia, utilizando los espacios que fue dejando el movimiento sindical.

Si la masa trabajadora obrero/campesina organizada sindicalmente en sus momentos de
auge, apenas alcanzaba una tercera parte de la PEA, se asume que a inicios de 2009 no
llegaba al 10 por ciento.

De allí que la actual dirigencia del sindicalismo haya encontrado en las llamadas alianzas
estratégicas con grupos de poder gubernamental, una modalidad de fortalecimiento a sus
debilitadas estructuras de base. De por sí, la dirigencia sindical ya había mostrado signos
de decaimiento al no poder seguir incidiendo en la organización y movilización de obreros,
particularmente en las empresas típicamente de corte capitalista, como lo es la llamada
industria de la Maquila.

A nivel internacional, las alianzas han venido concretándose de manera mucho más fácil,
a pesar de las diferencias ideológicas que las originaron. Así vimos como la ORIT se
acercó a la CLAT y ésta la ha acogido como para lanzar la consigna de unificación sindi-
cal en todos los países, la cual tiene ya varios años. Sin embargo, en Honduras, es hasta
en el último año que se ha concretado la negociación de alianzas estratégicas entre las
tres centrales sindicales existentes, obligadas más por las circunstancias de debilidad y
exigencias político gremial, además de los llamados gubernamentales para responder al
contexto sociopolítico nacional.

Pese a que la CGT filial de la CLAT es la central con mayor crecimiento y liderazgo ac-
tualmente, las otras dos centrales, CUTH y CTH, actualmente en alianza con ella, de-
muestran mayor beligerancia y apego a las propuestas de cambio estructural.

Las organizaciones campesinas pasan por un fenómeno similar. La organización de tercer
nivel más beligerante, COCOCH, fue decayendo hasta quedar en simples reivindicaciones
cosméticas y sus líderes buscando oportunidades para beneficios personales más que de
las masas de campesinos empobrecidos y sin tierras. Algunas organizaciones como la
CNTC manejaron un discurso radical y en ocasiones con acciones fuertes en busca de
reforma agraria, pero el sistema dominante de modernización agrícola, incluso del mismo
gobierno de Zelaya, les mantuvo aislados.

La conversión del liderazgo social sindical se da cuando el Gobierno de Zelaya les per-
suade con hechos sobre sus esfuerzos para beneficiar las grandes mayorías en su admi-
nistración y su renuncia a seguir privilegiando la pequeña élite social acostumbrada a
concentrar las riquezas nacionales. Ese liderazgo social tradicional en constante oposi-

14

ción a todo gobierno, esta vez se da cuenta que la propuesta gubernamental supera aún
los mismos planes de cambio propuestos por la mayoría de organizaciones populares.

El alejamiento entre el gobierno y el empresariado conservador, abre el espacio para ser
cubierto por las organizaciones populares. Los dirigentes de organizaciones sindicales,
campesinas, medio ambientalistas, femeninas, intelectuales, artísticas, indígenas y otras,
no solamente se acercan a la presidencia, sino que se comprometen en las mismas aven-
turas del Presidente Zelaya.

Esta alianza se dio de manera gradual pero acelerada. La propuesta de una constituyen-
te, se puede decir que fue el principal proyecto que logra tal compromiso. Los líderes y
dirigentes populares encontraron de inmediato que esto llevaría al cambio esperado por
las grandes mayorías empobrecidas y deberían unirse al proyecto presidencial.

Esta alianza llegó hasta el mismo momento en que se da el golpe de estado y toma la
bandera de una lucha que va dejando ser del Presidente Zelaya para incertarse en la
agenda principal del mismo pueblo. Esta alianza hace que el plan de los grandes empre-
sarios en unión con los políticos y exiliados de la derecha internacional fracase.

8. La Derecha Internacional

Inmediatamente después del golpe, se dieron acaloradas discusiones entre altos funcio-
narios de la comunidad internacional. Una de ellas es la que sostiene Otto Reich (ex alto
funcionario de los Estados Unidos durante las administraciones de Reagan y Bush, de
origen cubano-estadounidense, que actualmente es consultor de relaciones gubernamen-
tales en Washington), con el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chadderton, pu-
blicada en el periódico Nuevo Herald, de Miami. El señor Chadderton acusó a Reich de
estar involucrado en el golpe de Estado en Honduras. Reich, quien aseguró que el go-
bierno interino de Roberto Micheletti es "legal y constitucional", desde luego negó su invo-
lucramiento. El Sr. Reich ya había tenido altercados directos con el Presidente Zelaya
cuando le acusó de un presunto soborno a la compañía Latin Node, de EUA. 13

El portal de noticias Bloomberg.com, el 10 de julio, habla de los golpistas que contrataron
al abogado Lanny Davis para promover el golpe de estado.14 Davis fue contratado por el
Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) como halcón del golpe de Estado en
Honduras - o como es la descripción preferida entre los pulsadores de la simulación, la
administración "de facto" de Roberto Micheletti [seleccionado en virtud de haber lanzado
más “bullets” (esfuerzos) en deponer al elegido del pueblo de Honduras, el presidente
Manuel Zelaya).

Pero quién es Lanny Davis? Es un abogado judío, que formó parte del Consejo Especial del ex-
presidente Clinton, además de Administrador de Crisis en la Casa blanca y es el vocero del Proyec-
to Israel. Fue miembro del Comité de Vigilancia de los Derechos Civiles, durante la administración
13
14
Bush y conformó también parte de la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas (Comisión
El Nuevo Herld, 09/04/09, The Miami Herald, 10/07/09
9/11). En la de Poder formaHonduras bufete Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP. y otras palabras,
"Guerra
actualidad en parte del Polariza a congresistas Demócratas En Republicanos”
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aMKj7d_.9de0
el Sr Davis es parte de Lobby de Israel y por supuesto, que posee excelentes conexiones con Leo 15
Panetta y su equipo de la actual CIA, incluyendo al Asesor para América Latina de la Casa Blanca
Dan Restrepo.

El medio digital “Revistazo.com”, publica el 10 de julio un breve análisis donde se hace
ver cómo actores importantes de los más conservadores analistas y dueños de medios,
realizan una campaña de desprestigio de los gobiernos integrantes del ALBA y justifican
el golpe de estado en Honduras.

“La guerra de opiniones y la apatía demostrada por Hillary Clinton, la cual regionalizó la
solución de la problemática Hondureña al pasar la papa caliente al derechista presidente
de Costa Rica Oscar Arias, el que concluye ayer sobre las bondades del diálogo y la pro-
longación de las negociaciones, situación que implica diluir el impacto de los hechos a
través del laberinto del tiempo y el olvido. “ Revistazo.com15

Menciona la columna de Moisés Naim, titulada “Idiotas contra Hipócritas” en el medio es-
pañol El País. Naim en el pasado fue ministro de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela y
ahora es miembro del “National Endowment for Democracy” (NED),16 una fundación ligada
a la CIA y experta en desestabilización y provocación de crisis política acusada de haber-
se involucrado en el golpe de estado de Honduras.

Revistazo.com acusa a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de hacer campañas
mediáticas para crear conflictos entre los pueblos de América Latina. El representante de
la SIP en Honduras es Jorge Canahuati, acusado de ser uno de los principales empresa-
rios golpistas y dueños de La Prensa y El Heraldo.

Otro de los actores internacionales importantes en promover el golpe de estado en Hon-
duras es el Instituto para la Democracia Internacional (IRI). Este instituto es una de las
cuatro patas de NED. Las otras tres patas son: el Instituto Demócrata Nacional para Asun-
tos Internacionales (NDI), Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) y Centro
Americano para la Solidaridad Laboral (ACILS). El senador John MacCain es el presiden-

15
Revistazo.com, 10 de Julio, 2009.
16
NED, is a U.S. non-profit organization that was founded in 1983, to promote democracy by providing cash
grants funded primarily through an annual allocation from the U.S. Congress. Although administered as a pri-
vate organization, its funding comes almost entirely from a governmental appropriation by Congress and it was
created by an act of Congress. In addition to its grants program, NED also supports and houses the Journal of
Democracy, the World Movement for Democracy, the International Forum for Democratic Studies, the Reagan-
Fascell Fellowship Program, the Network of Democracy Research Institutes, and the Center for International
Media Assistance. It has been accused by both right-wing and left-wing personalities of interference in foreign
regimes, and of being set up to legally continue the CIA's prohibited activities of support to selected political
[1]
parties abroad. It has been referred to in the non-western media as "CIA the 2nd."
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy-
16

te del IRI, que se creó en 1983 como parte de la misión de la NED para "promover la de-
mocracia en el mundo, por mandato del presidente Ronald Reagan.

Según la analista Eva Golinger, el IRI conocía de los planes del golpe de estado meses
antes que se efectuara. Golinger explica que “El IRI es muy conocido por su papel en el
golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela, y por
la financiación y asesoramiento estratégico proporcionados a las principales organizacio-
nes involucradas en el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristid, de Haití, en
2004. En los dos casos, el IRI financió y/o entrenó y asesoró a los partidos políticos y gru-
pos implicados en el derrocamiento violento y antidemocrático de los presidentes consti-
tucionales.”

Después de esos organismos interventores en la vida política de América Latina, se sabe
de organizaciones clandestinas terroristas que se han manifestado en solidaridad con el
gobierno de facto. El conocido anticastrista y terrorista Luis Posada Carriles (quien se
instaló con una oficina en San Pedro Sula, mientras se desarrolló la Asamblea de la
OEA), es una de las más notables figuras que se sabe que han intervenido para promover
y mantener el golpe. Expertos colombianos y venezolanos en el exilio han estado aseso-
rando al gobierno de facto. Se tiene conocimiento de que en la misma Casa Presidencial
funciona una oficina de Solución de Conflictos en la que trabaja el guatemalteco Julio Li-
gorría, quien tiene una empresa consultora en solución y “provocación” de conflictos. Con
él trabaja Mario Castro, ex redactor de Prensa Libre de Guatemala, muy vinculado con el
Mayor del Ejército Guatemalteco, Mauricio López Bonilla de la inteligencia militar. El ase-
soramiento militar colombiano aparece con síntomas de un paramilitarismo similar al de
ese país. Asesinatos con múltiples cuchilladas de forma clandestina a jóvenes identifica-
dos con la resistencia. Otros actos de terror en el campo, donde se supone han dejado los
cadáveres en montañas a las cuales no se puede llegar por estar custodiadas por el ejér-
cito.

Esta avalancha de asesores, promotores y criminales, vinculados con criminales criollos
como el famoso Billy Joya, actual asesor de seguridad del Sr. Micheletti Bain, de corte
ultra derechista, es porque se ha hecho creer que el movimiento popular y el mismo Pre-
sidente Zelaya, son de la línea comunista o socialista, o la llamada nueva línea de pen-
samiento socialista latina. La ciudadanía ingenua que se ha dejado atrapar por la prensa
mediática, habla de un chavismo y de los “ñangaras” sinónimo de comunistas. Algo muy
parecido a la década de los ochenta, que cualquier liberal pudo ser acusado de comunista
y enviado a las cárceles clandestinas donde les torturaron hasta morir.

Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina,
el 15 de julio, se refiere a un cónclave supuestamente académico, un año atrás, en donde se
reúnieron líderes de la derecha internacional: “Nosotros hace un año denunciamos que acá hab-
17
ían venido a parar todos los representantes de la derecha más dura, más conspicua, más asesina
de América Latina. Y también algunos miembros de la derecha europea y algún norteamericano
(como José María Aznar, ex Presidente de España por el post-franquista Partido Popular, y Ro-
ger Noriega, halcón anticubano de la administración Bush). Y decíamos que de alguna manera

E

9. El Golpe

El Congreso, La Corte Suprema, la Fiscalía, el TSC y el CNA son instituciones controla-
das por amigos de los grandes empresarios conservadores y por los empresarios mismos.
Son miembros de los mismos clubes sociales, sus hijos comparten los mismos espacios
en universidades, centros de diversión, etc. Estos son los que reunieron la documentación
necesaria para condenar al Presidente Zelaya. El mejor plan que tenían era hacerlo re-
nunciar, el otro era detenerlo y llevarlo a prisión, luego de levantarle un proceso judicial.

En una de las primeras acciones, el Fiscal General le dijo que lo detendría para que fuera
juzgado por una serie de delitos, incluyendo el de sedición. Zelaya respondió que lo fue-
ran a detener, aunque no entendía quién lo haría puesto que él es el jefe máximo tanto de
la Policía Nacional como del Ejército.

A esas alturas, inicios de junio, los líderes sociales, de derechos humanos, pobladores,
ecologistas y sindicalistas, más otros pertenencientes a movimientos políticos de izquier-
da se mantenían dentro de la Casa Presidencial, en constante diálogo sobre los planes
para una consulta general en cuanto a si o no se debe colocar una cuarta urna el día de
las elecciones, para proponer una asamblea constituyente. Por ello, cuando se amenazó
al Presidente de llevarlo a prisión, las expresiones de protegerle fueron unánimes, indi-
cando que se irían presos todos los que estaban apoyando la consulta.

Desde luego, la única salida para los promotores del golpe era comprar la cúpula militar
para que fuera ésta la que liderara la detención de Zelaya.17

El desenlace fue lo peor para los líderes del golpe. En las reuniones de la cúpula empre-
sarial se discutieron varias alternativas, incluyendo el asesinato del Presidente. No hay
total claridad, porque ahora la Corte Suprema de Justicia (CSJ) argumenta que solamente
ordenó su detención, pero la cúpula del Ejército dice que la orden de extradición vino de la
CSJ. El día de la consulta masiva por todo el país, debía ser el mismo domingo 28. Las
organizaciones sociales, taxistas, autobuseros, maestros, campesinos, obreros, las orga-

17
Militares en protesta: “Se menciona que un grupo de empresarios reunió 30 millones de Lempiras y los
repartió a la junta de comandantes.” Según documento apócrifo suscrito solamente como MOSUSU, 29 de
julio de 2009.
18

nizaciones de estudiantes y mujeres, se habían distribuido la ardua tarea de ir a cada uno
de los 298 municipios del país para recoger los votos dentro de las urnas.

Los golpistas sabían que si permitían recoger y contar los votos de la consulta, los resul-
tados serían abrumadores a favor de la cuarta urna; por ello, no podían permitir que ese
momento llegara.

No había más remedio que detener y extraditar al Presidente de la República. Detenerlo
y llevarlo a prisión provocaría una enorme protesta interna difícil de manejar con éxito. Por
ello, cuando los golpistas explican las razones de extraerlo del país, afirman que se hizo
para mantener la paz social y evitar un baño de sangre.

Lo que no previeron los golpistas era que de todos modos, la presión interna e incluso
internacional se produciría con igual intensidad. No cabe duda que los más veteranos
golpistas creyeron que sería otro golpe más para los hondureños. Al día siguiente todo
seguiría igual, el Presidente se iría a vivir unos años al exilio y se presentarían las caras
de un nuevo gabinete. ¡Muerto el Rey, viva el Rey!.

10. La Resistencia Pacífica

Desde la madrugada del 28 de junio, día en que fue asaltada la vivienda del Presidente
Zelaya y sacado del país hacia Costa Rica, haciendo escala en la base Norteamericana
de Palmerola, según el mismo Presidente, la movilización de la ciudadanía en todo el país
no ha tenido un solo día de descanso. Mientras concluye el día sesente después del gol-
pe, nos encontramos escribiendo este ensayo.

La movilización de la Resistencia Nacional Contra el Golpe ha estado en todas y cada una
de las regiones, departamentos y municipios del país. Las principales ciudades han sido
escenarios de concentraciones, música improvisada, bandas de música, grafitis, teatro,
poesía, danza, mojiganga, conciertos, caravanas de miles de autos tocando sus bocinas,
marchas de una región a otra, de la periferia a la ciudad capital, días y días de caminatas,
etc. Al menos un millón de personas, entre mujeres, hombres, jóvenes, niños y adultos,
han estado movilizándose constantemente. Muchos otros no se movilizan pero tienen una
opinión favorable a la resistencia.

Además de la resistencia pacífica, ha habido acciones concretas como fue el rescate de la
finca de campo del Presidente, previamente tomada por el Ejército. El rescate y vigilia de
una de las pocas emisoras que transmiten la opinión del pueblo en resistencia, como lo es
Radio Globo, vigilia frente a la Embajada de Venezuela, huelgas del magisterio en todo el
país de manera general y parcial. La marcha para encontrar y darle la bienvenida al Pre-
sidente cuando intentó aterrizar en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, con unas 150
mil personas. Cierre de aduanas terrestres y el cierre del Puerto de Cortés por un día. La
toma de edificios públicos, incluyéndose al Instituto Nacional de la Mujer; campañas con-
tra las grandes empresas y bancos que financiaron el golpe y siguen apoyando al gobier-
no de facto. Establecimiento de una radio clandestina; rompimiento del cerco mediático de

19

desinformación; defensa a alcaldes como el de Tocoa, Santa Bárbara y Corquín; bloqueo
de centros comerciales (malls); detención y denuncia de policías disfrazados e infiltrados;
documentación de los hechos represivos presentados a las instituciones correspondien-
tes, incluyéndose a los organismos internacionales; fotografía y videos sobre cada caso;
campañas internacionales de solidaridad; entrevistas con altos funcionarios de otros paí-
ses, incluyéndose a EUA, Costa Rica, México, Argentina, Brasil, etc.

Lógicamente, los golpistas quisieron dar a entender a la opinión internacional que los de
la Resistencia Nacional no eran más que grupos de pobladores improvisados del bajo
mundo, desempleados y vagos. Que la mayoría de la población favorecía el golpe y su
nuevo gobierno. Para ello montaron una campaña de desinformación y trataron de levan-
tar una imagen de ser pacíficos luchadores por la paz, la democracia y la reconciliación
nacional. Así montaron marchas encabezadas por los mismos empresarios y seguidas por
sus empleados. Luego, se dieron cuenta que debían demostrar que incluían gente pobre,
por lo que repartieron entre diez a veinte dólares por persona de los barrios pobres que
aceptaran ir a las marchas. A cada uno se le entregó una camiseta blanca con un letrero
referido a la paz y la democracia. Se supo que para mantener estas marchas, a cada em-
presario se le pasó una factura con un mínimo de cinco mil dólares de contribución volun-
taria, además de pagar el salario a sus empleados que salieron de 3 a 4 horas a las ca-
lles.

Desde luego, el Ejército y la Policía interviene en muchos casos con acciones represivas,
cuando se trata de concentraciones de la Resistencia, pero cuando se trata de los llama-
dos “blancos”, su labor se limita a cuidarles y lograr que nadie les moleste. Sus moviliza-
ciones son mucho más esporádicas que las de la Resistencia, se concentran en las ciu-
dades, especialmente donde existe la industria maquiladora.

Sintetizando lo que ha significado la represión de las fuerzas del gobierno de facto contra
la Resistencia Pacífica copiamos lo que Arshad Mohammed y Anthony Boadle, a través
de Reuters dijo el miércoles 26 de agosto, desde Washington:

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el viernes que cuatro
personas han muerto víctimas de disparos en las protestas que se han registrado desde
el golpe de Estado del 28 de junio. También criticó las más de 3.500 detenciones arbitra-
rias que buscan silenciar las manifestaciones.

11. Posibles Escenarios

En este momento, la comunidad internacional, especialmente la Organización de Estados
Americanos (OEA) acaba de dejar en manos de cada uno de sus miembros las medidas
que quiera y pueda tomar contra el gobierno de facto, después de la fracasada misión de

20

cancilleres que visitó Honduras para dialogar con todas representaciones civiles y guber-
namentales.

Los escenarios inmediatos posibles son:

1. El cambio de opinión del gobierno de facto, en los próximos cinco días, al enterar-
se objetivamente que si las medidas del bloqueo internacional se siguen aplican-
do, no podrá sostenerse en el poder del Estado más allá de octubre y restituir al
gobierno democrático sobre las bases del Plan de San José, en menos de quince
días.

2. Mantenerse tercamente en el poder hasta concluir las elecciones programadas pa-
ra el 29 de noviembre, pero al no reconocerse la validez de éstas a nivel interna-
cional y nacional y, ante un probable “golpe de barracas”, renunciar de la Presi-
dencia para cederle el poder a una comisión o junta de gobierno provisional que
llame a nuevas elecciones generales, en un nuevo calendario y proceso, supervi-
sado por la comunidad internacional.

3. Extender su periodo de gobierno por la fuerza de las armas, con su Ejército y gru-
pos paramilitares de control y represión en las regiones del país, hasta convertirse
en una real y formal dictadura militar, confrontados a grupos de subversión guerri-
llera de izquierda urbana y rural.

Para los líderes de la Resistencia Nacional Contra el Golpe, la pronta salida del gobierno
de facto es un imperativo, no para regresar a las condiciones de vida política antes del 28
de junio, sino para avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad, donde la
justicia social y distributiva se conjuguen con los principios de equidad y mejoramiento de
las condiciones de vida de las grandes mayorías y se logren mayores espacios de partici-
pación activa de los diferentes sectores sociales.

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