Ensayo sobre la Carta Iberoamericana
- 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD FERMÍN TORO FACULTAD DE DERECHO BARQUISIMETO LARA ENSAYO INTEGRANTE: ELVIS FREITEZ V- 24.614.691. 3er Año Barquisimeto, Julio 2015
- 2. Análisis de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico “Un objetivo final y directo: reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más eficaces y eficientes. Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.” La Carta Iberoamericana es promulgada y aprobada por la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Publica con el fin de estudiar y analizar todo lo que compone al gobierno electrónico en relación con Iberoamérica y los países que firmen, sus políticas y derechos para con los ciudadanos, construir un lenguaje generalizado para el entendimiento de todo lo que respecta al gobierno electrónico para los países en comunión con Iberoamérica y ser guía u orientación para la regulación y buen funcionamiento de este tipo de gobierno electrónico en lo que respecta a la gestión pública. Dentro de este concepto entendemos que el rol o función que desempeñan las instituciones es el de hacer cumplir lo establecido en la carta lo cual es permitir al ciudadano el libre acceso a las tecnologías y al conocimiento, conocer las actividades de las administraciones, de manera de hacerlas más transparentes, participar activamente en la toma de decisiones y en su seguimiento, para esto las instituciones van a regular y comprometerse para con los ciudadanos a garantizar la profesionalización de las personas al servicio del Estado, en base al mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a principios y valores de la democracia. Así entonces podemos observar la relación entre las organizaciones pública ya que los agentes públicos están habituados a las nuevas tecnologías pero no al trabajo en redes humanas, no han adoptado adhocracia interna, por lo que la carta busca proveer de una guía a través de un liderazgo de los directivos que los respalden en sus iniciativas, trabajo que es responsabilidad del Estado. Así también El Estado se debe asociar, en primer lugar con los sectores privados para reducir la brecha digital tales como las redes tecnológicas, computadoras o servicios electrónicos así como el desarrollo de tecnología en cada organismo, también para elaborar proyectos conjuntos y productos específicos. Pueden organizar encuentros donde se brinde orientación al sector privado sobre sus necesidades para encontrar soluciones conjuntas, de tal forma que tenga una participación limitada en lo que respecta al avance de este proceso pero que tengan una participación a fin de cuentas ya que también la relación de los sectores públicos y privados se verá determinada en la capacidad de participación que se le permita como antes ya mencionamos, en otras palabras el rol que debe desempeñar el sector privado será limitado en el sentido por ejemplo de la conformación de la agenda de Gobierno Electrónico la cual
- 3. va a ser prácticamente inexistente, se van a regular estrictamente lo referente a los proveedores de tecnología en particular por los costos, por temor a la dependencia, a los monopolios y a la incompatibilidad tecnológica, siempre teniendo en cuenta que puede existir un desarrollo como el de algunos países que han logrado congeniar el diseño de objetivos públicos con las posibilidades que ofrece el sector privado, las organizaciones públicas deben definir sus propios objetivos en gobierno electrónico, sin cambiar su estructura de manera significativa, pero deben adaptar sus procesos para brindar mejores servicios y con mayor alcance, esto pueden lograrlo con las relaciones que tengan con el sector privado a través de invitaciones de trabajar en conjunto con el sector público, a participar del trabajo en equipo y el diseño de propuestas a fin de que si exista una relación del sector público-privado. Dentro de las obligaciones y prioridades que a través de esta carta los gobiernos y administraciones iberoamericanos en las políticas y actuaciones de gobierno electrónico tienen con la ciudadanía, podemos referirnos a velar por el derecho que tienen los ciudadanos de disponer de información para acceder a los servicios públicos, para eso la información debe tener determinados requisitos como que debe ser comprensible, actualizada, coherente, tener variedad, ser suficiente, ser válida y graduada, con el fin de que toda la ciudadanía con alto o bajo conocimiento, así como aquellos interesados en recibir consultas o aclaración de dudas, tengan herramientas coherentes y funcionales a través de las medidas que tomen los gobiernos firmantes, es por eso que deben ser intencionales con la accesibilidad de las personas, disminuyendo la brecha digital que exista y priorizar la homologación de información que se brinda a distancia para acceder a los servicios con la información que se provee en forma presencial así como lo son la normativa, los procedimientos y los requisitos, todo esto basándose en la estructuración, diseño e implementación propuesta en la carta. Concluimos entonces que la Carta Iberoamericana es la implementación de un diseño estructurado de normas en la parte digital que promueve el avance tecnológico y desarrollo digital en los países dentro de esta, con el fin de que los ciudadanos tengan una herramienta que los ayude a hacer valer su derecho sobre el conocimiento, funcionamiento y participación en la gestión pública, aceptando que por diversos factores no habrá un modelo único de gobierno electrónico en Iberoamérica, se establecerán los cimientos formales y jurídicos a los que se someterán cada gobierno obligándolos a cumplir con los derechos de los ciudadanos y para ello deben consolidar una relación entre los sectores públicos y privados convirtiendo la brecha digital que exista en cada país en una funcional red estable y segura a disposición de cada ciudadano y ciudadana.