Eutanasia Carpeta informativa

Eutanasia
Carpeta informativa
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Comité del CESOP
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Dip. Salvador Barajas del Toro
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Dip. Fabián Fernando Montes Sánchez
Secretario
Dip. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Secretario
Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública
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Director General
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Director de Vinculación y Gestión
Gustavo Meixueiro Nájera
Director de Estudios de Desarrollo Regional
Francisco Sales Heredia
Director de Estudios Sociales
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Director de Opinión Pública
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Subdirector de Análisis
y Procesamiento de Datos
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Coordinador Administrativo
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Alejandro Navarro Arredondo
Sara María Ochoa León
César Augusto Rodríguez Gómez
Oscar Rodríguez Olvera
Karla Ruiz Oscura
Investigadores
Luis Horacio Martínez Cárdenas
Asistente Editorial
Elizabeth Perdomo Reyes
Coeditora
Alejandro López Morcillo
Editor

Índice
Presentación 5
Definición y planteamiento del problema 7
Comparativo internacional sobre eutanasia 15
Código de Bioética en México 29
Seguimiento de medios: opiniones de actores relevantes 39
Artículos de opinión recomendados 49
Artículos y documentos de fondo recomendados 55
Iniciativas y reformas de ley 59
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Civil Federal, presentada por el diputado
Juan Francisco Rivera Bedoya 61
Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley
de Salud para el Distrito Federal, el Código Penal
y el Código Civil, ambos para el Distrito Federal,
presentada por el diputado Armando Tonatiuh González Case 73
Iniciativa para la creación de la Ley General de Suspensión
de Tratamiento Curativo, presentada por el senador
Lázaro Mazón Alonso 87
Iniciativa para la creación de la Ley de Voluntad Anticipada,
que presentará la diputada local por el Distrito Federal
Paula Soto 121
Anexo 1. Artículos de opinión 151
Anexo 2. Artículos, documentos de fondo y encuestas 161

Presentación
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública pone al alcance del legis-lador
y del público en general una carpeta informativa con documentos rele-vantes
sobre la eutanasia.
La carpeta inicia con los antecedentes conceptuales sobre el tema y un breve
análisis argumentativo acerca de los límites prácticos que imponen las diversas
concepciones de eutanasia y otros tratamientos médicos. En esta sección, de
igual manera, se hace una breve referencia a las iniciativas y reforma de ley
que presentan diversos legisladores y los problemas que intentan resolver sus
propuestas.
En la siguiente sección se presenta un comparativo internacional de la legisla-ción
imperante y cómo se resuelven en estos países algunos de los problemas
que surgen en la práctica médica. En el caso de México se presenta una breve
transcripción del Código de Bioética de la Comisión Nacional de Bioética, así
como una relación de los integrantes de esta Comisión.
En la sección de medios, se registran las opiniones de los actores relevantes
sobre el tema en los últimos meses, así como una lista de los artículos perio-dísticos
aparecidos en los medios nacionales más importantes; una selección
de ellos se incluye en los anexos de esta carpeta.
Se agrega una sección de literatura recomendada y en los anexos se incluyen
algunos documentos y artículos académicos informativos sobre el tema.
En la sección de iniciativas se incluyen cuatro casos que hacen referencia
directa e indirectamente a la eutanasia, presentadas por diversos legisladores
nacionales de los tres partidos políticos más grandes del país. Al final de la
carpeta se incluye un seguimiento de las encuestas de opinión nacionales que
tratan el tema.
El CESOP confía en que esta recopilación de textos permitirá enriquecer la dis-cusión
y aclarar dudas sobre la eutanasia.

Definición y planteamiento
del problema

8 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Eutanasia
La raíz etimológica de la palabra refiere a un buen morir. En medicina se
conceptualiza de formas diversas, pero en principio existe un acuerdo de que
la definición relevante se refiere a la acción de un médico, con el consenti-miento
del paciente desahuciado que, para evitar su sufrimiento actual o
futuro, acelera su muerte. De hecho, la acepción médica es una extensión de
la idea de que la muerte, cuando es supervisada médicamente, no debe impli-car
sufrimiento, es decir, el bienestar general del paciente, que incluye la
ausencia de dolor y la dignidad de la persona ante su deseo de muerte, debe
tomarse en cuenta.
Esta acepción ha ganado adeptos desde que en los países bajos, después
de una discusión pública que duró 20 años, llegaron a la conclusión, en 1983,
de que la eutanasia sólo puede ser entendida como la acción deliberada que
quita la vida a otra persona. Esta acción es un delito en Holanda y tiene una
pena de prisión y multa. Sin embargo, puede ser no punible, sí y sólo si
se conduce bajo criterios estrictos de supervisión médica y deseo expreso
y repetido del paciente. Un juez es quien lo determina en caso de que exista
una controversia.
Otras acepciones del término describen a la eutanasia como involuntaria y
pasiva. La eutanasia involuntaria es descrita como el quitar la vida de alguien
que no puede manifestar su deseo, ya sea por accidente, enfermedad o inca-pacidad
profunda. La eutanasia pasiva es descrita como la decisión de omitir
tratamientos médicos que prolonguen la vida del paciente desahuciado.
En la discusión ética sobre el caso se considera necesario reducir la amplitud
del concepto y limitarlo a un acto deliberado con consentimiento del paciente
para privarlo de su vida. Los otros dos casos genéricos pueden incorporarse
en varios tipos de intervención médica para que los Comités de Bioética
nacionales y de los hospitales de tercer nivel los discutan y consulten, pero
no tienen la misma relevancia moral que la acción de privar de la vida a
una persona.
Es importante señalar que en la mayoría de los países donde se ha legislado
sobre el tema se distingue entre eutanasia y otro tipo de intervenciones médi-cas
que pueden llevar a la muerte del paciente:
Carpeta sobre la eutanasia Mayo de 2007 9

a) La primera diferencia es la petición del paciente de suspender el trata-miento
o de la no intervención médica.
b) La segunda distinción es aquella intervención médica que sin intención
acorta la vida de un paciente moribundo, y
c) La tercera es aquella intervención médica que descontinúa u omite los
tratamientos médicos inútiles.
Discusión
La discusión pública sobre el caso hace hincapié en la obligación del Estado de
tutelar y proteger la vida humana y, por ende, cómo entenderla, así como
cuál es la calidad de vida y muerte.
Los argumentos a favor de la eutanasia, entendiendo a ésta como un acto
deliberado que causa la muerte con el fin de dotar de calidad de vida al pa-ciente
en sus últimos momentos, se centran en la inhibición de un sufrimiento
prolongado y se aluden razones humanitarias. Se considera que un adulto
consciente de su enfermedad y en pleno uso de sus facultades, y después de
varias consultas médicas y reflexión profunda, puede decidir, con plena auto-nomía,
que quiere morir para evitar un deterioro actual o futuro y merece ser
ayudado para lograr este fin.
Los críticos argumentan que si bien el pronóstico de sobrevida de una enfer-medad
terminal puede ser exacto, el sufrimiento que está en el centro de la
definición de eutanasia no está claramente delimitado y es muy difícil de
valorar objetivamente. Aluden que el Estado, ante la incapacidad de determi-nar
un nivel objetivo de dolor insufrible, no puede permitir el homicidio huma-nitario.
En este sentido, las leyes mexicanas dictaminan que privar de la vida a una
persona es un homicidio con diversos grados de responsabilidad, con los ate-nuantes
o agravantes que la ley imponga.
Por ejemplo, el Código Penal Federal considera que:
Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.
Artículo 312.- El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será
castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el
punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años.
Artículo 320.- Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de
treinta a sesenta años de prisión.
EL Código Penal del Distrito Federal establece que:

ARTÍCULO 127. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre,
reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanita-rias
y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal, se le
impondrá prisión de dos a cinco años.
ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte
a cincuenta años de prisión.
ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan
con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en
estado de alteración voluntaria.
En los casos de los artículos 312 del Código Penal Federal y 127 del Código
Penal del Distrito Federal, queda de manifiesto que el legislador consideró
prudente incorporar atenuantes en la descripción del tipo penal. Tales ate-nuantes,
en el segundo caso, pueden ajustarse a la definición descriptiva de
eutanasia; es decir, se presenta la privación de la vida de otra persona como un
acto humanitario. Sin embargo, la interpretación del caso queda en manos de
los jueces.
Discusión sobre tipos de intervención u omisión de tratamiento
médico en pacientes terminales
La discusión genérica sobre el tema considera que existen tres tipos de casos
que involucran la omisión de atención y que pueden y deben ser tratados con
objetividad y supervisión médica.
En el primer caso, el paciente con conciencia de su enfermedad terminal y en
pleno uso de sus facultades, rechaza el tratamiento. En este caso los médicos
sólo pueden, bajo la legislación actual, administrar analgésicos que eliminen el
dolor ante la imposibilidad de realizar otro tipo de intervención. La variedad de
los casos es enorme y de ahí que éstos sean discutidos en los Comités Éticos
de los hospitales.
Aquellos que se oponen a que el Estado permita la omisión de atención, alu-den
que este acto debería ser catalogado como un homicidio culposo, pues no
se ha realizado todo lo posible para mantener con vida “orgánica” al individuo.
La ley considera que existe un delito si no se ofrece la debida atención médica
cuando se tienen los elementos para hacerlo. Este argumento es utilizado al
referirse a los casos de personas que pierden la conciencia y que inician un
proceso de deterioro sin haber manifestado su voluntad, dado el hecho de que
no existe una figura legal que permita la lectura de un testamento vinculante,
mientras se viva. Este tema lo resuelven las cuatro iniciativas de reforma y de
ley presentadas en esta carpeta.

La segunda distinción involucra la intervención médica de último recurso, tal
vez innecesaria pero que se decide llevar a cabo, y si el paciente muere se
priva a éste de una muerte en compañía de sus seres queridos, lo cual es
considerado como encarnizamiento médico. En estos casos, la decisión médica
de intervenir o no, involucra las posibilidades de supervivencia de un paciente
y los recursos destinados a tal intervención. En este segundo tipo de casos los
comités de bioética toman en cuenta las probabilidades de supervivencia o de
sobrevida de un paciente y los recursos que deben emplearse en tratamientos
que pueden resultar inútiles.
El tercer tipo genérico involucra el caso de pacientes que no tienen conciencia
de sí debido a un mal degenerativo, que han quedado en estado vegetativo
mental con el resto de sus órganos funcionando adecuadamente, o bien que
requieren un respirador artificial. Sólo en el último caso, el de la muerte cere-bral,
se considera que, in loco parentis, los parientes en primera y segunda
línea pueden solicitar que no se utilicen medios artificiales para mantener con
vida orgánica al individuo y permitir la muerte de sus órganos. En este último
caso la certificación de la pérdida de vida se determina con las pruebas irrefu-tables
de la inexistencia de actividad cerebral. Estos casos hacen viables los
transplantes.
Los casos anteriores en este tipo genérico son mucho más complejos y mere-cen
un tratamiento aparte. Se trata de la decisión del Estado de considerar si la
falta de conciencia de sí mismo involucra la pérdida de autonomía y, aunque
exista vida orgánica, no existe vida “biográfica”.1 Es decir, no existe la posibili-dad
de que este individuo realice algún proyecto de vida, por mínimo que
sea. En estos casos, el Estado acepta que esta vida es una persona, aun sin
conciencia de sí mismo, y ha asumido que los familiares o él mismo deben
cuidar de los pacientes.
Estos casos son discutidos ampliamente en la literatura. A favor de la eutanasia
se argumenta que el no poseer conciencia de sí implica una muerte de facto,
por lo cual la persona debe ser tutelada.
En contra se argumenta que en los estudios del cerebro aún no se puede
determinar exacta y objetivamente si hay o no conciencia y, por tanto, es
imposible afirmar cuándo existe y cuándo no.
Iniciativas de ley
En los últimos meses se han discutido en los medios cuatro iniciativas de
reforma de ley. La primera presentada por el diputado local de la Asamblea
del Distrito Federal Tonatiuh González Case, ante el pleno y en representa-ción
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El
diputado propone reformas al Código Penal del Distrito Federal, a la Ley Ge-neral
de Salud del Distrito Federal y al Código Civil del Distrito Federal. Las

propuestas de reforma consideran eliminar la pena ante la privación de la vida
por razones humanitarias, formar grupos de bioética que supervisen los casos
relevantes e instituir el testamento en vida.
La segunda iniciativa de ley fue presentada por el senador de la república
Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), quien propone la creación de la Ley General de Suspen-sión
de Tratamiento Curativo. La propuesta de ley revisa el procedimiento por
el cual un paciente terminal privado de sus facultades mentales, o sus parien-tes,
pueden solicitar que se suspenda el tratamiento curativo y que se adminis-tren
tratamientos paliativos. La ley protegería al médico que acepte tal voluntad
y siga los procedimientos descritos.
La tercera iniciativa es la que elabora la diputada local en el Distrito Federal,
Paula Soto. Esta iniciativa de ley aún no presentada en comisiones, propone la
creación de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y de igual
manera revisa y regula el procedimiento por el cual un paciente terminal o sus
parientes pueden solicitar que se suspenda un tratamiento curativo y se inicie
uno paliativo que disminuya totalmente el dolor, aun con la consecuencia de la
muerte.
La cuarta iniciativa es la presentada por el diputado federal Juan Francisco
Rivera Bedoya. En ella se consideran una serie de reformas al Código Civil
Federal, que establecen la figura de un tutor legal que tome decisiones médi-cas
con el previo consentimiento del paciente incapacitado.
Tres iniciativas revisan y consideran la concepción de eutanasia activa; dos de
ellas contemplan no penar la acción bajo criterios de estricta observancia y
elaboran la figura de un testamento en vida donde el paciente haya manifes-tado
sus últimos deseos en torno a los tratamientos médicos; una cuarta consi-dera
la figura de un tutor legal que prosiga la voluntad del paciente incapacitado.
Tres propuestas consideran la creación de grupos de bioética en los hospita-les,
para que supervisen, atestigüen y aprueben los tratamientos o la ausencia
de éstos a los pacientes terminales.

Comparativo internacional
sobre eutanasia

Países
Holanda
Comparativo de la eutanasia en el mundo
Casos relevantes de aplicación
En Holanda, alrededor de 2 000 personas
reciben ayuda médica anualmente para
morir.
El número de casos de eutanasia registrados
en Holanda se ha estabilizado tras la entrada
en vigor en abril de 2002. Según los datos
publicados por la Comisión de Control de
la Eutanasia (CCE), se han notificado los
siguientes datos:
• En 2003 se notificaron 1 815 casos.
• En 2004 se notificaron 1 886.
• En 2005 fueron 1 933.
La mayor parte de los pacientes a los que
se les aplica esta medida son enfermos de
cáncer. En 2005 se practicó la eutanasia a
tres enfermos de Alzheimer.
Fuente: Periódico El País.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/
casos/eutanasia/estabilizan/Holanda/anos/
regularse/elpepuint/20070331elpepi
soc_3/Tes
Un estudio de la Universidad de Göttingen,
llevado a cabo analizando estos casos de
eutanasia, arrojó los siguientes resultados:
• El 41% está legitimado por el deseo
de los familiares de acabar con el su-frimiento
del paciente;
• El 14% de ellos estaba consciente y
con capacidad de juicio en los mo-mentos
previos a la muerte;
• El 11% estaba en situación de tomar
la decisión pero no se les preguntó.
Las causas para tomar la decisión:
• El 60% de las muertes está condicio-nado
por la falta de expectativas para
una recuperación del enfermo.
• El 32% de los casos es, según los mé-dicos,
por la incapacidad de los fami-liares
para continuar con la situación
del enfermo hasta el final.
Fuente: http://www.dw-world.de/dw
article/0,2144,1528224,00.html
Eutanasia o condicionamientos similares
Se despenalizó a partir del año 2001 y entró en vigor en
abril de ese año.
En Holanda se entiende por eutanasia la terminación de
la vida que lleva a cabo el médico a petición del paciente,
después de un proceso de evaluación muy delicado.
La cuestión de si debiera limitarse la penalización de la
eutanasia, y de cómo podría hacerse, constituyó en
Holanda el tema de una amplia discusión política y social
que abarcó más de 20 años. Respeto a la vida humana, la
voluntad del paciente, transparencia y la comprobación
uniforme de las prácticas médicas, fueron las prioridades
de esta discusión.
Por encargo del gobierno holandés, en 1986 se llevó a
cabo una investigación independiente sobre el Estado
de la Cuestión de las Actualidades Médicas de
Terminación de la Vida en 1985 respecto a 1980. Hasta
el momento, Holanda es el único país donde se ha
realizado una investigación de estas características.
Después de 20 años, las discusiones dieron como
resultado una nueva ley y modificaciones en el Código
Penal que fueron aprobadas, rescatando los artículos 293
y 294, para después retomar los artículos más importantes
de la nueva ley sobre requisitos de cuidado y esmero
profesional.
El artículo 293 del Código Penal, que fue modificado,
quedó redactado de la forma que sigue:
Artículo 293.
1. El que quitare la vida a otra persona, según el de-seo
expreso y serio de la misma, será castigado con
pena de prisión de hasta doce años o con una pena
de multa de la categoría quinta.
2. El supuesto al que se refiere el párrafo 1 no será
punible en el caso de que haya sido cometido por
un médico que haya cumplido con los requisitos
de cuidado recogidos en el artículo 2° de la Ley
sobre Comprobación de la Terminación de la Vida
a Petición Propia y del auxilio al Suicidio y se lo
haya comunicado al forense municipal conforme
al artículo 7°, párrafo segundo de la Ley Reguladora
de los Funerales.
La modificación del artículo 294 del Código Penal resulta
en el siguiente texto:

Artículo 294.
El que de forma intencionada prestare auxilio a otro
para que se suicide o le facilitare los medios necesa-rios
para tal fin, será, en caso de que se produzca el
suicidio, castigado con una pena de prisión de hasta
tres años o con una pena de multa de la categoría
cuarta. Se aplicará por analogía el artículo 293, párrafo
segundo.
Estos dos artículos muestran que la eutanasia sigue siendo
castigada, pero que, bajo estrictas condiciones de cuidado,
hay excepciones que ofrecen al médico la posibilidad de
ayudar a un paciente con una enfermedad terminal y
dolor insoportable, sin repercusiones.
En el capítulo 2, artículo 2° de la Ley sobre Comprobación
de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del auxilio
al Suicidio, están estipulados los requisitos de cuidado y
esmero profesional, los cuales debe cumplir el médico, a
saber:
Artículo 2.
1. Los requisitos de cuidado a los que se refiere el
artículo 293, párrafo segundo del Código Penal, im-plican
que el médico:
a) Ha llegado al convencimiento de que la petición
del paciente es voluntaria y bien meditada;
b) Ha llegado al convencimiento de que el padeci-miento
del paciente es insoportable y sin espe-ranzas
de mejora;
c) Ha informado al paciente la situación en que se
encuentra y de sus perspectivas de futuro;
d) Ha llegado al convencimiento junto con el pa-ciente
de que no existe ninguna otra solución
razonable para la situación en la que se encuen-tra
este último;
e) Ha consultado, por lo menos, con un médico
independiente que ha visto al paciente y que ha
emitido su dictamen por escrito sobre el cumpli-miento
de los requisitos de cuidado a los que se
refieren los apartados a al d, y
f) Ha llevado a cabo la terminación de la vida o el
auxilio al suicidio con el máximo cuidado y es-mero
profesional posible.1
1 Arturo Zamora Jiménez, “La eutanasia y el consentimiento en derecho penal”,
Iter criminis, revista de derecho y ciencias penales, núm. 2, México, 1999 y
Código Penal holandés, artículos 293 y 294.

Bélgica Según el semanario Le Généraliste, el
número de eutanasias practicadas en
Bélgica y declaradas por los médicos:
• Pasó de 17 por mes en 2002, año que
entró en vigor la ley, a 31 por mes
durante el periodo 2004-2005 y a 37
por mes en la primera parte de 2006.
• Para los años 2004 y 2005, hubo un
total de 742 declaraciones de eutana-sia,
86% en la región de Flandes (nor-te)
y 14% en Valonia (sur). De ellos,
54% eran hombres y 46% mujeres,
según el informe.
• En cuanto a la edad, la franja de 60 a
79 años es la más representada, con
49% de los casos.
• Las patologías que dieron lugar a la
eutanasia son severas e incurables,
subraya el informe. Se trata principal-mente
de cáncer (83%). Nueve casos
concernían a enfermedades neuro-psiquiátricas,
entre ellas la enferme-dad
de Alzheimer.
http://www.eutanasia.ws/textos/
aumenta1106.doc
Francia
Bélgica, siguiendo el ejemplo de la vecina Holanda,
despenalizó el 23 de septiembre de 2002 la eutanasia
para los adultos en ciertos casos. La actual legislación
permite poner fin a la administración de alimentos,
líquidos o medicinas en casos de demencia, pero no prevé
la posibilidad de ayudar a morir “de manera digna”
mediante la eutanasia.
Es posible sólo con asistencia médica, siempre y cuando
el paciente desee que se le aplique y sea consciente de
sus implicaciones.
Está permitida bajo estrictas condiciones, pero en ningún
caso puede aplicarse a menores o a personas con lesiones
cerebrales o dementes. No están contempladas en la
legislación, aunque existen excepciones, como es el
supuesto de las personas en coma.
Está exenta de observancia jurídica para los facultativos
que la procuren cuando el paciente sufre de manera
insoportable y no tiene esperanzas de mejora.
La ley exige que el paciente haya decidido libremente
morir y haya expresado repetidas veces este deseo. Tiene
que transcurrir un plazo de cuatro semanas entre la
demanda de morir y la ejecución de esta demanda. A
diferencia de Holanda, la legislación belga permite el
suicidio asistido también para pacientes que no se
encuentran aún en la fase terminal. Dentro de este grupo
se incluye también a personas que sufren trastornos
psicológicos.
Fuentes: Morir con dignidad:
http://www.condignidad.org/muerte-anciana-demente-
Belgica.html. Y Deutsche Welle: http://www.dw-world.
de/dw/article/0,2144,1528224,00.html
El Senado adoptó, el 12 de abril de 2005, la proposición
del señor Léonetti con el mismo texto que la Asamblea
Nacional. La proposición Léonetti es pues, desde entonces,
una ley de la república. Ciertos aspectos de la ley son
indiscutiblemente buenos, otros lo son mucho menos.
Los aspectos positivos de la ley hay que buscarlos no
tanto en lo que dice como en lo que no dice. La
importancia de esta ley estriba en que precisa un número
de derechos para los enfermos. Como esta ley no
revoluciona nada en materia de cuidados, resulta así más
interesante por aquello a lo que rehúsa instituir en
derecho.
Reconoce el derecho del paciente terminal a rechazar
un tratamiento considerado ya inútil y dejar que llegue la
muerte, no legaliza la eutanasia. Las principales
disposiciones de la ley son:

• Rechazo del encarnizamiento terapéutico. Cuan-do
“los actos médicos resultan inútiles, desproporcio-nados
o no tienen más efecto que el mantenimiento
artificial de la vida, pueden ser suspendidos o no
emprendidos”. Los médicos obtienen la seguridad
jurídica de que no incurrirán en responsabilidad en
esas situaciones.
• Derecho a rehusar tratamientos. Cuando un pa-ciente
terminal “decide limitar o detener todo trata-miento,
el médico debe respetar la voluntad de la
persona después de haberle informado de las con-secuencias
de su decisión”. A partir de ese momen-to
se le dispensarán cuidados paliativos.
• Disposiciones anticipadas. Se admite la validez de
un documento en el que el paciente haya manifes-tado
sus disposiciones para el caso en que no esté
en condiciones de expresar su voluntad. Son revo-cables
en todo momento y deben haber sido redac-tadas
menos de tres años antes. El médico “las tendrá
en cuenta para toda decisión”.
• Tratar el dolor con riesgo de abreviar la vida. “Si el
médico constata que no puede tratar el dolor de
una persona, en fase avanzada o terminal de una
enfermedad grave e incurable (...), mas que apli-cándole
un tratamiento que como efecto secunda-rio
puede abreviar la vida, debe informar al paciente”,
y a la familia o la persona de confianza.
• El caso del enfermo inconsciente. Cuando el enfer-mo
terminal está inconsciente, la decisión de inte-rrumpir
el tratamiento debe ser realizada mediante
un procedimiento colegial, consultando a la familia
o persona de confianza y, en su caso, las directivas
anticipadas.
• Cuidados paliativos. Se establece la obligación de
crear camas para cuidados paliativos en los centros
sanitarios.
Un tema que preocupa a los médicos y a los pacientes
es el del tratamiento del dolor con el efecto secundario
de abreviar la vida. La diferencia entre esto y la eutanasia
depende del objetivo buscado. La decisión colegial y la
consulta a la familia excluye cualquier clandestinidad o
decisión unilateral del médico.
Otra cuestión crucial es la alimentación artificial, que cier-tos
sectores consideran como uno de esos medios
desproporcionados que la ley permite suspender. En una
declaración, el presidente de la Conferencia Episcopal,
monseñor Jean-Pierre Ricard, ha dicho que “aunque los
objetivos de la ley son aceptables, existen ambigüeda-des
que importa aclarar. Mucho dependerá de la manera
en que se aplique la ley”. A no ser que el paciente lo
rechace, “convendrá mantener los cuidados corrientes, y
especialmente buscar la manera más adecuada de ali-mentar
al enfermo o, al menos, de aportarle elementos
nutritivos”.

Oregon,
Estados
Unidos
Otros han criticado la ley, que en la Asamblea había sido
aprobada por unanimidad y en el Senado sin los votos de
la oposición, porque no prevé “la excepción de eutanasia”,
la posibilidad de que una persona pueda recurrir a una
“ayuda para morir”.
(20 de abril de 2005)
http://www.condignidad.org/Francia-ley-fin-vida.html
Oregon es, desde 1997, el único estado que permite
prescripciones letales en Estados Unidos. Los ciudadanos
en el estado de Oregon aprobaron la medida el 16 de
noviembre de 1994. La ley estatal denominada “Para una
muerte con dignidad” –dos veces aprobada por los
votantes de Oregon– permiten el suministro de dosis
letales de medicamentos:
• Los enfermos terminales que deseen la eutanasia deben
obtener un certificado de dos médicos, que establezca
que al paciente le quedan menos de seis meses de vida y
que se encuentra en posesión de sus facultades mentales.
Posiciones:
Scott Sweson, director ejecutivo del Centro Nacional para
la Muerte con Dignidad. “Lo que hace la ley en Oregon
es llevar una gran tranquilidad a las personas enfermas
en fase terminal que están sufriendo y que quieren pasar
las últimas semanas de sus vidas con sus familiares y
amigos en paz”.
El fiscal general, John Ashcroft, intentó en 1994, mediante
un mandato judicial, ordenar a los médicos de ese estado
el no suministrar dosis letales de medicamentos, tal como
lo permite la ley local. En su iniciativa legal declaraba
que usar medicamentos restringidos por la Ley de
Sustancias Controladas para ayudar a pacientes a cometer
suicidio no era un propósito médico legítimo. Finalmente
su decisión fue rechazada en una decisión de dos votos
contra uno, los jueces del Noveno Circuito de la Corte de
Apelaciones estableció que Ashcroft se había excedido
en sus funciones.
Fuente, BBC de Londres:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/
newsid_3752000/3752137.stm
Suiza En Suiza, de acuerdo con varios estudios,
El 11 de diciembre de 2001 se decide finalmente
despenalizar “la asistencia al suicidio”, y el Código Penal
permite el suicidio asistido, salvo en el caso de “intereses
personales” (misma que se plebiscitó antes). Éste consiste
en ofrecer la ayuda exterior necesaria para facilitar la
muerte de quien claramente quiere acabar con su vida
pero no tiene medios para hacerlo por sí solo, en casos
Al menos 170 personas se han beneficiado
de las leyes de Oregon para cometer
suicidio desde 1998.
Fuente, BBC de Londres:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/
i n t e r n a t i o n a l / n e w s i d _ 3 7 5 2 0 0 0 /
3752137.stm
• En 2004 treinta y siete enfermos con
diagnóstico terminal, muchos de ellos
afectados de cáncer, recurrieron en el
estado estadounidense de Oregon a
la muerte asistida bajo supervisión
médica.
• La cifra revela un descenso respecto
de las muertes asistidas en 2003, que
fue de 42 casos, la más alta hasta hoy.
La edad promedio de los solicitantes
fue de 64 años. Oregon es el único
de los 50 estados estadounidenses con
una norma que permite el suicidio
asistido.
Fuente:
http://ediciones.prensa.com/mensual/
contenido/2005/03/12/hoy/mundo/
159273.html
alrededor del 10% de todos los suicidios
que contabilizan las estadísticas oficiales
cada año (entre 1 300 y 1 400, según los
últimos datos oficiales registrados), son
“asistidos” por otra u otras personas. Dignitas,
una asociación suiza, ha facilitado el suicidio

Alemania
asistido a más de 450 personas desde 1998
(y creen, según lo dicho por su director
Ludwing Minelli, de 74 años de edad, que
ha llegado el momento de extender esta
práctica a enfermos no terminales y a
enfermos psíquicos).
Los últimos datos revelan que el suicidio
practicado de forma asistida, es decir, con
la intervención de una segunda persona,
es el causante de aproximadamente 0.2%
de todas las defunciones en Suiza.
Fuente:
http://www.condignidad.org/Suiza-suicidios-
asistidos.html
La primera sucursal de Dignitas (la aso-ciación
suiza de ayuda al suicidio asistido)
en Alemania fue inaugurada el pasado 26
de septiembre en Hannover (norte de Ale-mania)
y su apertura desencadenó polé-mica
y enérgicas protestas en círculos po-líticos,
religiosos y médicos de Alemania.
Dignitas enumeró los siguientes datos:
“Sobre un total de aproximadamente 650
casos de eutanasia pasiva (en Suiza) en
2004, 380 fueron practicados en pacientes
alemanes”, dijo recientemente a la prensa
el portavoz de Dignitas en Alemania, el
abogado Dieter Graefe.
de personas conscientes y con una enfermedad incurable
o mortal a corto plazo, incluso por personas que no sean
médicos, “si no hay motivos egoístas”. Debe realizarse la
ayuda sólo en forma “altruista”.
Posteriormente, y con base en decisiones judiciales, la
muerte asistida se ha ampliado más (Ginebra-05/02/
2007).
:
Una sentencia del Tribunal Federal Suizo ha admitido, en
principio, que “las personas aquejadas de problemas
psíquicos o psiquiátricos” puedan igualmente benefi-ciarse
de la asistencia médica al suicidio.
Fuente: http://www.eutanasia.ws/textos/suizaabre0207.doc
El Tribunal Constitucional dictaminó en 2003 que es
permisible acatar la voluntad de un paciente sólo en
algunos casos, cuando el sufrimiento del enfermo es
causado por un mal que ha tomado un curso irreversible
y mortal (pero este supuesto no aplica para el caso de
los pacientes en estado de coma).
Posiciones de los diversos sectores alemanes
La ex ministra de Justicia, Brigitte Zypries presentó a
finales del 2004 una enmienda de ley con la que se
fortalecerían los derechos de los pacientes que padezcan
una enfermedad terminal, para que éstos puedan decidir
sobre la interrupción del tratamiento, incluso en los casos
en que la enfermedad no conduzca irreversiblemente a
la muerte. No sólo se acataría la voluntad que ha
manifestado un paciente por escrito, sino incluso de
manera verbal.
La clase política alemana: no respalda este tipo de
propuestas que tienen que ver con la eutanasia por los
recuerdos que despierta de la era del nazismo.
Las iglesias católica y evangélica: se manifestaron de
manera masiva contra esta propuesta.
La comunidad médica: también se manifestó en contra
de la propuesta de la ex ministra, por lo que la obligaron,
junto con las manifestaciones de católicos y evangélicos,
a retirarla.
La población: el 74% apoya la legitimación de la eutanasia
con medicamentos que «ayuden» a morir sin dolor, según
un sondeo publicado por el semanario Stern. Conforme
al sondeo, casi tres cuartas partes de la población alemana
están a favor de permitir que las personas desahuciadas
tengan una “muerte con dignidad”.

Philip Nitschke, médico activista a favor de
la eutanasia, durante la legalización ayudó
a morir a cuatro enfermos terminales.
Australia
En 1993, la familia de Tony Bland, en
estado vegetativo desde 1989, consiguió
que un juez ordenara que se le retiraran los
tubos que le alimentaban.
Reino Unido
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144, 1528224,00.
html+swissinfo, Juan Carlos Tellechea, Berlín: http://
www.medicos-progresistas.org/modules.php?name
=News&file=article&sid=88
En el Territorio del Norte de Australia, durante un año
(1996-1997) se permitió la eutanasia.
El parlamento del Territorio del Norte introdujo en
setiembre de 1996 la primera ley al mundo que permitía
la eutanasia voluntaria, bajo supervisión médica, de
personas con enfermedades en estado terminal.
Bajo presión de la iglesia cristiana y de grupos que apoyan
el derecho a la vida, el Parlamento de Canberra aprobó,
en marzo de 1997, una norma que derogó la ley del
territorio.
Fuente: http://www.eutanasia.ws/textos/australia0307.doc
Antecedentes:
En Australia la eutanasia activa y voluntaria está
considerada como delito, ya sea como asesinato o como
auxilio al suicidio. Pero en la provincia de Victoria existe
una ley de 1990 en virtud de la cual el paciente puede
negarse a recibir tratamiento, y el médico no puede iniciar
o continuar tratamiento a quien haya registrado su
negativa. Se permite a terceros el que puedan suplir a
quienes sean incapaces de tomar decisiones cuando se
designe a estas personas según la reglamentación local.
La ley para la muerte natural en Australia del Sur de 1983
y el territorio del norte de 1988 regula la “declaración
vital”, instrucción previa con base en la cual el declarante
no desea ser mantenido con vida si le sobreviene la
incapacidad y contrae una enfermedad terminal que las
leyes locales definan como enfermedad, lesión o
degeneración de las facultades físicas o mentales, en virtud
de lo cual la muerte se producirá de manera inminente
sin que se pueda, según los avances médicos, esperar
una recuperación. En algunas leyes se precisa “en la
Declaración Vital”, el deseo del paciente de no ser
sometido a medidas extraordinarias.
(Ley para la Muerte Natural en Australia del Sur de 1983
y el Territorio del Norte de 1988)
En la Gran Bretaña la eutanasia está prohibida y se
castiga con hasta 14 años de prisión.
Sólo escapa a esta prohibición la decisión excepcional
de un tribunal de ordenar que se deje de alimentar al
paciente terminal.

Noruega
Antecedentes de discusión
En el Reino Unido, perteneciente a la familia del Common
Law, en 1961 se elabora el acta suicida, en la cual se
estableció que ya no sería un delito el suicidio, pero la
misma ley consideró como delito ayudar, aconsejar, facilitar
o instigar a otros al suicidio.
En 1963 y 1969 se presentaron proyectos de ley sobre
eutanasia voluntaria. En el último de ellos, presentado a
la Cámara de los Lores, se establecía la posibilidad de
solicitar la eutanasia por escrito en caso de enfermedad
física grave e incurable, causante de un sufrimiento
insoportable, pero fue rechazado del mismo modo que
otro proyecto análogo presentado en 1973.
(Acta Suicida de 1961)
Posiciones:
La población: el 80% de los británicos apoya que los
enfermos terminales soliciten la asistencia de un
profesional médico para que los ayude a morir, según la
edición de 2007 de la encuesta británica sobre
comportamientos sociales publicada por el periódico The
Times en su edición del 24 de enero. Los argumentos ahí
esgrimidos señalan que: “defienden la llamada eutanasia
voluntaria y quieren que cambie la ley que impide que
los médicos ayuden a morir en el momento en que
decidan a los pacientes con enfermedades incurables”.
La amplia mayoría que apoya la eutanasia se reduce a un
45 por ciento cuando se trata de aprobar la intervención
de los médicos en los casos que no se sabe con certeza si
la enfermedad va a llevar al paciente a la muerte.
El Congreso de la Asociación Médica Británica: 65 por
ciento de los más de 200 profesionales presentes votaron
contra la aprobación de una ley que les permita ayudar a
morir a sus pacientes.
Fuentes: http://www.eutanasia.ws/textos/runido0107.doc
El artículo 235 del Código Penal noruego establece que
quien, con su consentimiento, causa a otro la muerte o
una lesión grave o que, por piedad, causa la muerte a un
enfermo incurable o le ayuda a suicidarse, podrá ser
sancionado con pena menor al mínimo previsto o con la
conmutación de la pena por servicio a la comunidad.
El artículo 236 castiga al que presta asistencia al suicida o
al que le provoca enfermedad o lesiones graves de
manera consentida; será penado como cómplice de
homicidio consentido o por el delito de lesiones graves.
No será penado si la muerte o las lesiones no se producen.

El Código Penal danés de 1930, en su artículo 239, regula
el homicidio consentido sancionándolo con prisión de
hasta tres años, pero si existen motivaciones piadosas,
detención con una duración de mínimo 60 días. Si la
muerte es consentida y operan los móviles de piedad,
equivale al perdón judicial.
El artículo 240 sanciona la ayuda al suicidio, aumentando
la pena si la motivación del que asiste se basa en un
interés personal, hasta con tres años de cárcel. Si el
homicidio es realizado por móviles humanitarios, pero
sin consentimiento, entonces se castiga como homicidio
intencional aplicando la pena de privación de la libertad
con un mínimo de cinco años.
Dinamarca

Comparativo de la eutanasia en América Latina
País Concepto al que se refiere Código Penal Código de Ética Médica
Argentina
Eutanasia pasiva:
eutanasia por la cual se
priva a personas con
cuadros terminales de
algún procedimiento que
podría demorar una
muerte inevitable.
Eutanasia activa:
procedimiento que
provoca la muerte del
paciente.
En la Argentina esta forma de
“Homicidio eutanásico” no
está contemplada en el
Código Penal argentino.
Dicho código no considera al
suicidio como un delito, pero
sanciona con pena de prisión
de 1 a 4 años a quien
instigara o ayudara a otro a
cometerlo y el acto se
hubiese tentado o
consumado (art. 83). (18)
En ningún caso el médico está
autorizado a abreviar la vida
del enfermo, sino a aliviar su
enfermedad mediante los
recursos terapéuticos del caso
(código de la República de
Argentina).
En toda actuación el
profesional cuidará a sus
enfermos, ateniéndose a su
condición humana. No utilizará
sus conocimientos contra las
leyes de la humanidad y en
ninguna circunstancia le es
permitido emplear métodos
que disminuyen la resistencia
física y la capacidad mental de
un ser humano en forma
definitiva, si ello no está
condicionado por una
indicación terapéutica o
profiláctica muy precisa, siendo
en estos casos conveniente
obtener la aprobación de una
Junta Médica (código Buenos
Aires).
Artículo 21. La cronicidad o
incurabilidad no constituye un
motivo para privar de
asistencia al enfermo (código
Buenos Aires).
Brasil
Homicidio especial:
homicidio cometido por
un motivo de relevante
valor moral o social.
Art. 121. Si el sujeto activo
del delito, lo comete por un
motivo de relevante valor
moral o social, el juez puede
reducir de un sexto a un
tercio la pena señalada para
el homicidio simple.
Art. 122. Regula las
conductas de participación
en el suicidio. Se castiga el
inducir o instigar a alguien a
suicidarse o prestar auxilio
para que lo haga,
aumentándose o
reduciéndose la pena en
función de la consumación o
tentativa de suicidio si de
ésta resulta lesión corporal
grave o si la víctima es
menor o tiene disminuida su
capacidad mental.
La resolución adoptada por el
Consejo Federal de Medicina
(CFM) permite a los médicos
desconectar los aparatos que
mantienen vivos de forma
artificial a pacientes sin
posibilidad de cura y en estado
terminal.

Colombia
Homicidio por piedad:
cuando se mata a otro
por piedad para poner
fin a intensos
sufrimientos
provenientes de lesión
corporal o enfermedad
grave o incurable.
Art. 326. El que matare a otro
por piedad para poner fin a
intensos sufrimientos
provenientes de lesión
corporal o enfermedad grave
o incurable incurrirá en
prisión de seis meses a tres
años.
En mayo de 1997, el Tribunal
Constitucional de Colombia
decidió que cuando exista el
consentimiento del paciente
terminal, no podrá derivarse
responsabilidad para el autor
en base a la justificación de
la conducta.
El código de Ética Médica
permite la eutanasia pasiva.
Chile
Homicidio: privar de la
vida a otro.
El derecho penal chileno no
considera la eutanasia, por lo
que cualquier tipo de ésta
será considerado como
homicidio.
El código de Ética del Colegio
Médico de este país, en sus
artículos 27 y 28, se manifiesta
contrario a la eutanasia.
México
Homicidio: privar de la
vida a otro.
El Código Penal Federal
mexicano, en sus artículos
302 y 312, califica como
homicida a todo aquel que
prive de la vida a otro o, en
su caso, lo induzca al
suicidio.
El código de Ética Médica de
México prohíbe la eutanasia.

Código de Bioética
en México

Bioética en las instituciones de salud en México
Documentos de interés general
Código de bioética para el personal de salud, México-2002
(Fragmento, apartados que tienen relación con el tema)
CAPÍTULO II.
CONDUCTA BIOÉTICA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
10.- Con base en las políticas de la Institución y en casos urgentes, si el paciente es incapaz de tomar una
decisión para su diagnóstico y tratamiento y en ausencia de su representante legal, el personal de salud podrá
aplicar las medidas que considere pertinentes y sean profesionalmente aceptadas.
11.- Es deber de los médicos y de las instituciones de salud realizar el seguimiento de los pacientes durante
una enfermedad crónica o aguda y no abandonarlos mientras dure su enfermedad o se rehabilite.
12.- El prestador de servicios de salud tiene la responsabilidad de sus enfermos a los que debe estar
dispuesto a atender. Tratará de resolver cualquier diferencia o falta de afinidad con algún paciente,
reconociéndole su autonomía, y presentándole alternativas en su tratamiento y, sólo cuando lo amerite por
no contar con los medios adecuados, lo derivará a otro colega o nivel para su atención.
CAPÍTULO III.
EL ENFERMO COMO CENTRO DE INTERÉS DE LA BIOÉTICA
14.- El paciente, o su representante legal, debe ser informado por el médico tratante, con sentido humano,
sobre su enfermedad, las alternativas para su tratamiento, las probables complicaciones y cómo evitarlas. Esto
se expresará con lenguaje claro y veraz, de forma que sea inteligible para el enfermo, lo que le permitirá ser
partícipe en el manejo de su propia enfermedad.
20.- El enfermo, en cualquier momento de su vida, puede expresar por escrito su voluntad anticipada para
evitar que si sus condiciones no le permiten tomar decisiones o expresarlas, se le apliquen medidas
extraordinarias por su alta complejidad o desproporcionadas en relación con los resultados esperados, con las
que se intente prolongarle la vida, si no existen probabilidades razonables de regresar a una vida física,
psicológica o socialmente aceptable.
CAPÍTULO IV.
POTESTADES BIOÉTICAS DEL PERSONAL DE SALUD
28.- El personal de salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su juicio
pongan en riesgo la vida, la función de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los propios
pacientes, de sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales, cuando se oponga a la práctica médica
comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a sus capacidades profesionales o a razones de objeción de
conciencia.
CAPÍTULO V.
RESPONSABILIDADES DE LOS INDIVIDUOS SANOS Y DE LOS PACIENTES
31.- El consentimiento válidamente informado del paciente es la más sólida expresión de su autonomía, por lo
que deben plantearse las alternativas de atención para la toma de sus decisiones. El consentimiento informado
establece su autodeterminación para aceptar o rechazar métodos de diagnóstico, tratamiento y cuidados
generales, excepto cuando de existir rechazo suponga riesgos de salud pública.
32.- El paciente tiene derecho a que se respete su decisión de aceptar o no cualquier procedimiento de
diagnóstico o tratamiento. Este precepto debe aplicarse a los niños, ancianos, o pacientes con trastornos
mentales leves, si su estado de madurez y lucidez es apropiado para tomar la decisión correspondiente. Su
aceptación en estos casos debe ser ratificada por los padres, tutores o responsables.

CAPÍTULO VIII.
TEMAS BIOÉTICOS ESPECÍFICOS
46.- La donación de órganos y tejidos para trasplantes debe ser promovida por el personal de salud y por la
población en general.
50.- Al paciente terminal se le aplicarán los procedimientos más actuales de la medicina paliativa para aliviar
en lo posible sus sufrimientos físicos y psicológicos, aunque esto pudiera acortar su vida sin que ello implique
provocar su muerte.
(La Comisión Nacional de Bioética agradece, en este documento, la recepción de los documentos de trabajo
que precedieron a este Código, lo hace a las 1 300 Instituciones de Educación Superior, Academias, Colegios,
Comisiones Nacionales, Hospitales, Instituciones Médicas Privadas, Institutos de Salud, Organismos de la
Administración Pública, Organismos No Gubernamentales, Sociedades Médicas, Personas Físicas y expresa su
particular reconocimiento a: Academia Nacional de Cirugía, Academia Nacional de Medicina, Academia
Nacional Mexicana de Bioética, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centro Médico Nacional “20 de
Noviembre” del ISSSTE, Centro Nacional de Rehabilitación, Colegio de Bioética de Nuevo León, Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud, Facultad de
Medicina de la UNAM, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital Juárez de
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Instituto Nacional de
Perinatología, Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa, Miembros de la Comisión Nacional de Bioética, Secretaría
de Salud Chiapas, Secretaría de Salud Coahuila, Secretaría de Salud Jalisco, Secretaría de Salud Sonora,
Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad
de la Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud de la Secretaría de Salud,
Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Salud, Universidad Autónoma de Chiapas,
Universidad Autónoma de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Panamericana,
Visita a la página Web de aquellas personas interesadas).
Fuente: http://www.conamed.gob.mx/codbioetica.htm

Decreto por el que se crea la comisión nacional de arbitraje medico. - 03/06/1996
Artículo 4. La comisión nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I. Brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y
obligaciones;
II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios médicos, por la posible
irregularidad en la prestación o negativa de prestación de servicios a que se refiere el artículo 3° de este
decreto;
III. Recibir toda la información y pruebas que aporten los prestadores de servicios médicos y los usuarios, en
relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir aquellas otras que sean necesarias para dilucidar
tales quejas, así como practicar las diligencias que correspondan;
VI. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios
médicos por alguna de las causas que se mencionan:
A) probables actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio;
B) probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del usuario, y
C) aquellas que sean acordadas por el consejo;
VII. Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan
expresamente al arbitraje;
VIII. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir de oficio en cualquier otra
cuestión que se considere de interés general en la esfera de su competencia;
IX. Hacer del conocimiento del órgano de control competente, la negativa expresa o tácita de un servidor
público de proporcionar la información que le hubiere solicitado la comisión nacional, en ejercicio de sus
atribuciones;
X. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de los colegios, academias, asociaciones y
consejos de médicos, así como de los comités de ética u otros similares, la negativa expresa o tácita de los
prestadores de servicios, de proporcionar la información que le hubiere solicitado la comisión nacional.
Asimismo, informar del incumplimiento por parte de los citados prestadores de servicios, de sus resoluciones,
de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisión
de algún ilícito;
XI. Elaborar los dictámenes o peritajes médicos que le sean solicitados por las autoridades encargadas de la
procuración e impartición de justicia;
XII. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas y privadas, acciones de coordinación y
concertación que le permitan cumplir con sus funciones;
XIII. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas para la constitución de instituciones análogas a la
comisión nacional;
XIV. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los conflictos derivados de
servicios médicos prestados por quienes carecen de título o cédula profesional, y
XV. Las demás que determinen otras disposiciones aplicables.
Fuente: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/192/5.htm?s=iste

Comités de bioética y otros documentos normativos en hospitales
Institución Comité Reglamentos médicos Fuentes para consulta
Interinstitucional Comisión
Nacional de
Bioética
Código de Bioética
para el personal de
Salud, México, 2002
http://www.conamed.gob.mx/codbioetica.htm
UMAE Dr.
Hospital General
“La Raza”
(IMSS)
Comité
Hospitalario
de Bioética
Derechos de los
Pacientes y
derechos de los
Médicos y de los
profesionales en
Salud
http://chblaraza.i8.com/
a) Documento sobre
consentimiento
informado (bioética)
http://www.smhg.org.mx/
b) Código de
conducta para el
personal de salud
http://hgm.salud.gob.mx/pdf/dirgral/codigo_condu
cta.pdf
c) Carta de los
derechos generales de
los pacientes, 2001
http://hgm.salud.gob.mx/pdf/dirgral/derechos_de_
pacientes.pdf
d) Carta de los
derechos generales de
los médicos
http://hgm.salud.gob.mx/pdf/dirgral/derechos_doct
ores.pdf
Hospital General
de México
(SSA)
Sociedad
médica:
dirección
general
e) Código de Bioética
para el Personal
http://hgm.salud.gob.mx/html/dirgral/hosp_codigo
2.html
Centro Médico
Nacional 20 de
Noviembre
(ISSSTE)
Normas
internas
Manual de
organización, 1999.
División de asuntos
jurídicos.
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/74/656/de
fault.htm?s=iste

Comisión Nacional de Bioética
Hacia la práctica de la Bioética en las Instituciones de Salud
Instituciones participantes:
Subsecretaría de Innovación y Calidad
Comisión de Salud, Cámara de Diputados
Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed)
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Consejo de Salubridad General
Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud
Dirección General de Coordinación de Hospitales Federales de Referencia
Dirección General de Epidemiología
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
Dirección General de Promoción de la Salud
Academia Nacional de Medicina
Academia Mexicana de Cirugía
Academia Mexicana de Ciencias
Academia Mexicana de Bioética ULSA
Colegio de Bioética
Academia Nacional Mexicana de Bioética
Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
Instituto Nacional de Cancerología
Instituto Nacional de Cardiología "Dr. Ignacio Chávez"
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición "Salvador Zubirán"
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Instituto Nacional de Medicina Genómica
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez"
Instituto Nacional de Pediatría
Instituto Nacional de Perinatología "Dr. Isidro Espinosa de los Reyes"
Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
Instituto Nacional de Rehabilitación
Instituto Nacional de Salud Pública
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
Hospital General de la Mujer
Hospital General de México
Hospital Juárez de México
Hospital Nacional Homeopático
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
Centro Nacional de Transplantes
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
Servicios de Atención Psiquiátrica
Instituto de Seguridad y Solidaridad Social para los Trabajadores del Estado

Instituto Médico de Petróleos Mexicanos
Centro Médico ABC
Fundación Médica Sur
Grupo Ángeles
Hospital Ángeles Clínica Londres
Hospital Ángeles del Pedregal
Hospital Ángeles Lomas
Hospital Ángeles Metropolitano
Hospital Ángeles Mocel
Hospital de México
Hospital Español
Cetifarma
Fundación Mexicana para la Salud
Oficina Sanitaria Panamericana
Escuela de Medicina Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac
Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana
Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional
Facultad de Medicina de la Universidad La Salle
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Invitados de honor:
Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud
Dr. Enrique Ruelas Barajas
Subsecretario de Innovación y Calidad
Dr. Roberto Tapia Conyer
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
Lic. Ma. Eugenia de León-May
Subsecretario de Administración y Finanzas
Dr. Jaime Sepúlveda Amor
Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud
Profesores invitados:
Dra. Azucena Couceiro Vidal
Master en Bioética
Doctora en Ciencias Sociosanitarias
Profesora de Teoría e Historia de la Medicina
Universidad Autónoma de Madrid, España

Dr. Carlos Tena Tamayo
Comisionado
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Conamed
Dr. Miguel Gerardo Lombera González
Comisionado de Autorización Sanitaria
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris
Dr. Ricardo Hernández Forcada
Director del Programa de VIH/SIDA y Derechos Humanos
Primera Visitaduría General
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Dr. Javier Rosado Muñoz
Asesor de la Subsecretaría de Innovación y Calidad
Instituto Nacional de Cancerología
Av. San Fernando No. 22, Colonia Sección XVI,
México D.F., C.P. 14080
Tel: 5628 0400
Instituto Nacional de Cardiología
Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI,
Delegación Tlalpan, C.P. 14080
Zona de Hospitales de Tlalpan, México D.F.,
(Periférico Sur en la intersección con Viaducto Tlalpan)
Tels: 5573 2911 / 5573 5255
Fax: 5573 0994
Páginas recomendadas
http://www.salud.gob.mx/sitios/cnb2/programa_ceremonia.htm
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1334
http://www.bioetica-debat.org/
http://comunidad.ulsa.edu.mx/public_html/bioetica/index.html
http://comunidad.ulsa.edu.mx/public_html/bioetica/popup.html
http://www.conamed.gob.mx/codbioetica.htm
http://www.bioeticaweb.com/content/category/8/64/46/
http://www.bioeticaweb.com/content/view/854/46/
http://www.cenatra.gob.mx
http://www.cendeisss.sa.cr/etica/02-prog.htm
http://www.cnb-mexico.org/
http://www.juridicas.unam.mx/

Seguimiento de medios:
opiniones de actores relevantes

Legislación sobre la eutanasia
Actor Opinión
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Daniel Ordóñez, presidente de la
Comisión de Procuración de Justicia en
la Asamblea Legislativa (ALDF) (PRD).
Reconoció que aún falta mucho por hacer para alcanzar las
reformas legales sobre eutanasia y aborto.
Al respecto, aceptó que antes de dar a conocer cualquier
proyecto de dictamen, buscará el apoyo de sus 33 compa-ñeros
asambleístas del partido del sol azteca, “porque no
quiero ir solo en este asunto”, agregó el legislador.
Guillermo Xiuh Tenorio Antiga,
coordinador del Grupo Parlamentario
de Nueva Alianza en la ALDF.
Señaló que el aborto y la eutanasia no se han discutido en la
Comisión de Gobierno de la ALDF, donde los coordinadores
parlamentarios analizarían la posibilidad de organizar un
referéndum.
Humberto Morgan, presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana de
la ALDF (PRD).
Consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)
y diputados de la Asamblea Legislativa analizan la posibilidad
de utilizar urnas electrónicas para realizar un referendo sobre
aborto y eutanasia en esta capital.
Incluso, durante una reunión de trabajo, acordaron analizar
también la conveniencia de usarlas para las elecciones
vecinales, que según los legisladores podrían llevarse a cabo
durante la última semana de octubre.
El diputado Morgan señaló que lo anterior se lograría
siempre y cuando se aprueben las reformas a la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, quien destacó
que su partido y el PAN promoverán las modificaciones
durante el periodo ordinario de sesiones que iniciará a partir
del 15 de marzo.
Expuso que falta lograr consensos con el Partido Acción
Nacional, aunque adelantó que actualmente los perredistas
–que son mayoría en la ALDF– cuentan con el aval del resto
de los partidos para impulsarlas.
Fernando José Díaz Naranjo, consejero
electoral del Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF).
Mencionó que de realizarse la consulta o referendo, los
resultados estarían listos en dos o tres horas, además de
garantizar su confiabilidad porque la urna electrónica opera
como si fuera un cajero automático.
Tonatiuh González Case, diputado del
PRI en la ALDF.
El legislador priísta manifestó su extrañeza porque ahora
resulta que sus compañeros diputados están interesados en
poner a discusión su propuesta de despenalizar el aborto y
aprobar la eutanasia. “Tuvieron la ocurrencia de hablar de un
referendo sobre este tema”, dijo.
Víctor Hugo Círigo, presidente de la
Comisión de Gobierno y líder de la
bancada del PRD en la ALDF.
Expresó: “Vamos a la discusión sobre eutanasia y aborto, eso
nos demanda la ciudadanía del Distrito Federal; esos temas
son los que espera una sociedad plural y abierta como esta”.

Miguel Hernández y Jorge Triana,
coordinador y vicecoordinador de la
bancada del PAN en la ALDF,
respectivamente.
La despenalización del aborto y la eutanasia en el Distrito
Federal no puede aprobarse bajo un albazo legislativo y es
necesario socializar más el tema.
Aunque fijaron de antemano su postura en contra de la
interrupción del embarazo y cierta apertura en el tema de
la muerte asistida, en conferencia de prensa dijeron que en la
semana se conformó una comisión especial de diputados,
que estarán coordinados por el secretario general de su
partido en la ciudad, Juan Antonio Arévalo, para abordar
estos temas.
La comisión estará abierta a escuchar las voces de los
académicos y especialistas, pero de antemano al interior del
PAN ya existe una postura.
Isaías Villa González, integrante de la
Comisión de Gobierno (PRD) en la
Asamblea Legislativa.
“El tema del aborto lleva tiempo discutiéndose, lo vamos a
tratar de hacer en consenso junto con el asunto de la
eutanasia. Estos temas forman parte de nuestros programas
partidarios desde hace muchos años, desde la fundación y
sólo estamos siendo congruentes”, refirió.
Miguel Ángel Errasti Arango, diputado
panista de la ALDF.
Propuso que la urna electrónica, presentada a los legisla-dores
locales, también sea utilizada para la realización del
plebiscito sobre el aborto y la eutanasia.
Senado de la República
Ernesto Saro, presidente de la Comisión
de Salud del Senado de la República
(PAN).
Reconoció que la propuesta del perredista Lázaro Masón
lleva su firma, ya que la intención de crear la Ley General de
Terminación del Tratamiento Curativo busca preservar los
derechos de los enfermos terminales.
“Que sea una muerte digna. Lo que estamos buscando es
que no se extienda extraordinariamente la vida de un
paciente que no lo desea, que no se le canalice, que no se le
entube, que no se le tenga con respirador artificial, que no
se le den quimioterapias. Yo lo veo con buenos ojos en lo
personal”, dijo.
Aunque reconoció que el planteamiento no ha sido discutido
en su bancada, el legislador federal adelantó que la iniciativa
no contradice los principios de Acción Nacional.
Reconoció, sin embargo, que deberán realizarse algunos
ajustes de redacción, producto de la discusión del tema en
las comisiones de Salud, Justicia y Estudios Legislativos.
Santiago Creel, coordinador del PAN en
el Senado.
Aunque dijo desconocer la iniciativa, se manifestó dispuesto
a analizar su contenido.
“No conozco todavía la iniciativa, pero los principios del
PAN son muy claros en cuanto a la defensa de la vida; eso
no obsta para que estemos en la mejor disposición de
dialogar, debatir, reflexionar e intercambiar ideas”, agregó.
Posteriormente, salió en defensa de la iniciativa del PRD que
permitiría la eutanasia pasiva, al hacer notar que
simplemente permitiría la muerte digna y correcta a los
pacientes que así lo deseen.

Manlio Fabio Beltrones, presidente del
Senado (PRI).
Elogió la propuesta, y aseguró que su bancada está de
acuerdo con la iniciativa.
“Lo que he visto en la propuesta del PRD, por conducto del
senador Lázaro Masón, es una muy bien elaborada iniciativa
que fundamenta perfectamente lo que puede ser el instru-mento
pasivo y activo de la misma y que verdaderamente
habla del carácter biológico y también de salud pública.
Nosotros estamos de acuerdo”, expresó.
Carlos Navarrete, coordinador
perredista en el Senado.
Coincidió en que hay varios pendientes, por lo que la
eutanasia pasiva podría quedar para el periodo
extraordinario.
María Elena Orantes, secretaria de la
Comisión de Salud del Senado (PRI).
Se pronunció por evitar que el tema se discuta desde
posiciones extremas de conservadurismo o de liberalismo.
Lázaro Masón, senador de la república
(PRD). Presentó la iniciativa sobre
eutanasia pasiva en el Senado.
Desde la tribuna pidió apoyar la iniciativa frente a los miles
de dramas familiares que implica el padecimiento de una
enfermedad terminal.
Aclaró que la creación de la Ley General de Terminación del
Tratamiento Curativo y las reformas que se proponen al
Código Penal no avalan que un médico provoque la muerte
de un paciente.
“La legislación penal prohíbe y castiga la aplicación de la
eutanasia o el suicidio asistido o muerte digna, y estamos de
acuerdo con esto, lo que significa que si un médico llega a
aplicar algún agente que ocasione la muerte a un paciente
terminal, estará incurriendo en la ilegalidad y, por ende, en
una punible conducta de homicidio”, sostuvo.
Guillermo Tamborrel, presidente de la
Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables del Senado (PAN).
Aseguró que su bancada analizará la iniciativa sobre
eutanasia, siempre y cuando no implique la inducción de la
muerte del paciente por el suministro de medicamentos.
Sin embargo, el senador del PAN adelantó su rechazo a la
propuesta impulsada por el PRD desde la pasada legislatura,
en la Cámara de Diputados, en la que se contempla una
especie de “inyección letal” para ayudar a morir al paciente
enfermo.
“Los seres humanos no somos perros a quienes, por diversas
razones, pretendan poner a dormir. Sin duda alguna, dichas
propuestas significan el retorno a la barbarie”, denunció.
Partido Acción Nacional en el Distrito Federal
Mariana Gómez del Campo, dirigente
del PAN en el D.F.
Ratificó el acuerdo logrado por la bancada albiazul en la
ALDF, en el sentido de no apoyar la despenalización del
aborto y el “testamento de vida”.

Juan Antonio Arévalo, secretario
general del PAN en el D.F.
Con la clara posición de que van en contra de ambas
prácticas, los panistas impulsarán la cohesión de los grupos
sociales que están en contra de la interrupción del aborto y
de la muerte asistida “no porque sea una bandera del PAN,
sino porque es la posición de muchos sectores de la
población”.
Arévalo descartó que con esa estrategia se busque polarizar a
la sociedad capitalina, pues aseguró que el PAN estará
abierto a escuchar todo tipo de opiniones, desde médicos
hasta organizaciones que apoyan el aborto y la muerte
asistida, pero con la convicción de que Acción Nacional está
en favor de la vida desde la concepción.
Organismos de Derechos Humanos
José Luis Soberanes, Ombudsman
nacional.
Consideró que la eutanasia, independientemente de las
razones para realizarla, es un homicidio que el Estado no
debe permitir.
“La eutanasia es un homicidio, y el homicidio no puede ser
bueno; ese homicidio debe ser castigado. No creo que sea
válido que otra persona decida sobre la muerte de uno”.
A pesar de que se negó a expresar su opinión acerca del
aborto, pues la ley se lo prohíbe, Soberanes destacó que
nadie puede decidir sobre la muerte de otra persona.
“No voy a hablar como católico, pero sí voy a decir, como
jurista, que creo que no se puede facultar a otro para que
decida por nosotros, es como si alguien más decidiera con
quién nos casaremos, por ejemplo”, expresó durante su
participación en el coloquio de Bioética, organizado por la
Universidad Pontificia de México.
Emilio Álvarez Icaza, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
“Eutanasia, sí; yo ya di instrucciones para que me desco-necten”.
“Si las personas y el Estado le hemos reconocido potestad y
derecho a los individuos para decidir qué hacer con su
patrimonio, qué hacer con sus casas, qué hacer con sus
coches, qué hacer con sus bienes, ¿por qué no acompañarlos
en el qué hacer con su cuerpo? Así como la sexualidad es un
acto racional y tiene que ver con el inicio de la vida, si ya
quieres tener un hijo o no, racionalmente yo quiero determi-nar
cuál es el fin de mi vida”.
Iglesias
Papa Benedicto XVI.
Reiteró su llamamiento a que los católicos rechacen el aborto
y la eutanasia, al decir que la vida es un regalo de Dios y no
puede ser acortada “bajo el disfraz de la compasión humana”.
Ministros de las Iglesias evangélicas,
ortodoxa griega, bíblica de México,
ecuménica de Constantinopla, maronita
y apostólica mexicana, entre otras.
Expresaron un enérgico rechazo a la propuesta que, en los
hechos, legitima “esta práctica de muerte”.
En una conferencia de prensa, los sacerdotes demandaron a
los legisladores aplicar un referendo antes de votar la
iniciativa, pues es “inaceptable” pretender aprobar “una ley
de muerte ante los ojos de las Iglesias y confesiones
cristianas”, y a espaldas “de la opinión madura del pueblo
mexicano, sin someterla a una discusión más profunda y sin
escuchar la verdadera voz popular”.

Marcelino Hernández, obispo auxiliar de
la Arquidiócesis de México.
Dijo que la vida debe respetarse desde el momento de la
concepción “hasta la muerte natural”.
Tarcisio Motte Martínez, Iglesia católica
apostólica mexicana (conocida como “La
hostia sangrante”).
Se pronunció por una discusión profunda sobre el tema, “no
nada más filosófica, sino médica”.
Hugo Valdemar, vocero del Arzobispado
Mexicano.
El vocero añadió que “con esto, sobre todo los católicos, la
próxima vez que vayan a votar deben pensarlo muy en
serio, porque no basta con una buena propuesta social,
también debe valorarse la ética y la moral del candidato”.
Esto “porque un católico de ninguna manera puede votar
por un candidato que haga propuestas de leyes a favor de la
eutanasia y el aborto”.
Mensaje difundido por la Oficina de
Prensa de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM).
Los obispos de México señalaron que la Jornada Mundial del
Enfermo “es una ocasión para recordar que no podemos
intervenir para la muerte de nadie, aun en situaciones de
dolores extremos. Debemos buscar el mejoramiento de los
cuidados de los enfermos aún en situación terminal”.
Arquidiócesis de México.
La iniciativa para legalizar la eutanasia y el aborto que se
analizará en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es
“una falacia progresista que busca destruir la patria y
esclavizar en el libertinaje a las personas”.
El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda
Silva.
Comentó que después de la propuesta respecto al aborto
viene la ley sobre la eutanasia, la cual calificó como
asesinato de los viejos.
José Luis Dibildox, obispo de Tampico.
“Que es una carga para la familia, pero si esa familia le da
un sentido y le da el cariño, ese cariño que requiere ese
niño, están haciendo una obra maravillosa para el reino de
los cielos y la Iglesia le da un sentido a todo ello y por eso
no puede estar de acuerdo con la eutanasia directa”,
enfatizó.
Padre Arnulfo Rojas Bretón, parroquia
de Ocotlán, diócesis de Tlaxcala.
Manifestó su rechazo a la legalización del aborto y la euta-nasia.
En entrevista, el presbítero expuso que los legislado-res
se han equivocado en su labor legislativa, ya que, dijo,
su encomienda es trabajar por la defensa del ser humano.
Administración Pública Federal
José Ángel Córdova Villalobos, titular de
la Secretaría de Salud (Ssa).
Aseguró que la dependencia que encabeza respetará la
decisión que tomen los legisladores en relación con la
iniciativa para que enfermos terminales soliciten el fin de su
tratamiento médico para “bien morir”.
Poder Judicial del Distrito Federal
José Guadalupe Carrera Domínguez,
titular del TSJDF
La viabilidad de aplicar la eutanasia en la ciudad debe dis-cutirse
ampliamente por los principales actores vinculados
con el tema, pues tiene aspectos religiosos, éticos y
jurídicos.
En entrevista, reconoció que establecer un marco jurídico al
respecto es responsabilidad de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), pero debe invitarse a toda la socie-dad
para que emita su punto de vista.

Estados
Héctor Herrera Álvarez, El Cholo,
candidato del PRD a la gubernatura de
Yucatán
Se deslindó formalmente de promover la despenalización
del aborto o la legalización de la eutanasia.
Opiniones de médicos
Fernando Benítez Obeso, director del
Centro de Especialidades Médicas (CEM).
Opina que aunque el tema de la eutanasia es algo que tarde
o temprano tendrá que debatirse, las circunstancias en el
país aún no están dadas para poder legalizarla.
Pedro Coronel Brizio, director del
Hospital de Cancerología “Miguel
Dorantes Meza”.
“Como creyente religioso, creo que se debe respetar la vida
al cien por ciento”.
De acuerdo con el experto, en el caso de los enfermos de
cáncer terminal, el sufrimiento es prolongado y hay pacien-tes
que llegan a tener una agonía que puede durar meses.
“Nosotros tenemos que hacer lo imposible para que la
persona recupere su salud y darle un medicamento paliativo
para que pase mejor su enfermedad”.
Sin embargo, expone que “el problema es que como
médico, sí vemos sufrir mucho a la gente y probablemente
la decisión (de la eutanasia) pueda ser del enfermo o, en
caso de que esté inconsciente y no se pueda recuperar, de
los familiares”.
Fernando Cano Valle, director del
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER).
Advirtió sobre las desigualdades que persisten en el país, el
analfabetismo y la falta de acceso a los servicios de salud en
que todavía se encuentran los municipios más pobres. Estas
condiciones limitan la autonomía y poder de decisión de los
individuos, afirmó.
Por su parte, Cano Valle, también ex secretario ejecutivo de
la CNB, alertó sobre los riesgos de aprobar la eutanasia en
México, donde 40 millones de personas viven en condicio-nes
de pobreza, 10 millones son analfabetas y persisten la
desigualdad y la falta de acceso a los servicios de salud,
factores que están directamente relacionados con los diver-sos
grados de autonomía de los individuos, señaló.
Otros actores
Fabiola Montoya Martín del Campo,
psicóloga con especialidad en
Tanatología Clínica y Cuidados Paliativos
(actualmente impulsa la iniciativa de
reforma a la Ley General de Salud en
materia de medicina paliativa y su
Norma Oficial Mexicana
correspondiente).
“En estos tiempos en que tanto se debate la muerte, vale
pronunciarse a favor de la vida”.
Montoya, afirma: “cuidados paliativos no es sinónimo de
eutanasia”.
Fernando Savater, filósofo español.
“Algunos dicen ‘es que yo respeto la vida’. Por eso, por
respeto a la vida no se debe llamar vida a lo que ya no lo
es. La vida en un ser humano no es un fenómeno biológico,
sino simbólico; mantener a alguien obligatoriamente vivo no
es mantenerlo humanamente vivo”.

Hans Küng, teólogo suizo.
Llamó a la Iglesia católica a no radicalizar la postura que tiene
sobre el aborto, la eutanasia, la homosexualidad y la
anticoncepción, cuatro problemas que son delicados porque
los mismos católicos tienen visiones diferentes y no es posible
hacerlos parte de una ética mundial.
Miguel Ángel Contreras Nieto, doctor
en derecho.
Manifestó su abierto rechazo a la eutanasia, y dijo que esta
práctica, tanto a nivel nacional como estatal, está prohibida y
penada, con una sanción que va de cinco a 20 años de
prisión.
Fuente: Búsqueda electrónica en El Universal, Reforma, La Jornada y Milenio.

Artículos de opinión
recomendados

Legislación sobre la eutanasia
Autor Fragmento del artículo
Arnoldo Kraus /III y último
Eutanasia: la vuelta de la tuerca
La Jornada
28 de febrero de 2007
“En la eutanasia, tal como ha demostrado la
experiencia holandesa y la de Oregon, también es
mentira la idea pregonada ad nauseam por los
grupos que denuestan esta práctica, quienes aseve-raban
que las peticiones para optar por la buena
muerte se incrementarían en caso de que ésta se
legalizara. El tiempo ha demostrado lo contrario: las
solicitudes en busca de eutanasia activa (Holanda) o
de suicidio asistido (Oregon) no han aumentado
conforme pasan los años.”
Cuando se habla de temas tan ingentes como la
eutanasia, el aborto u otros relacionados con la ética
médica, es evidente que la opinión pública se mueve
con mayor celeridad e inteligencia que las leyes de la
sociedad.
Sergio Sarmiento
Jaque Mate
Eutanasia pasiva
Reforma
17 de abril de 2007
“Debo reconocer que yo me inclino por una
legislación que vaya más allá que esta propuesta en
materia de eutanasia. Estoy convencido de que hay
casos en que la eutanasia activa no sólo es pertinente
sino incluso obligatoria desde un punto de vista
moral. Pero entiendo las dificultades de aprobar en
estos momentos una legislación que permita la
eutanasia activa. El agravio para los católicos sería
enorme. Un intento por legalizar la eutanasia activa
despertaría un debate que dividiría a nuestro país
tanto o más que el que estamos presenciando en
materia de aborto.”
Paz Fernández Cueto
Lo natural
Reforma
5 de enero de 2007
“La experiencia con la eutanasia demuestra exacta-mente
lo mismo. Es la vida o más bien la muerte, la
que se pone en juego ante la percepción subjetiva de
un médico, el peso de la carga económica de una
enfermedad o la depresión anímica del enfermo. O se
respeta la vida absolutamente, o caemos en una
pendiente peligrosa según el criterio dominante.”
Miguel Ángel Ochoa Covarrubias
Eutanasia y cuidados paliativos
Milenio Diario
18 de abril de 2007
“Aclaro que para el especialista en cuidados paliati-vos,
la eutanasia nunca es ni debe ser una opción
terapéutica. Los paliativos nos dedicamos a dar cali-dad
de vida. Controlar el dolor de un paciente nunca
acelerar su muerte. Contamos con especialistas algió-logos
que evitan que el paciente tenga dolor. Y
además, ¿quién asegura que el paciente se va a morir
en menos de seis meses?”

Arturo Zamora Jiménez
La eutanasia y el consentimiento
Milenio Diario
18 de abril de 2007
“Antes de tomar postura, debemos considerar que
ayudar para morir y ayudar a bien morir (a través de
métodos paliativos) son cosas totalmente diferentes,
por lo que de entrada es importante que los
legisladores realicen una profunda reflexión sobre
una figura de reciente incorporación a la legislación
que se conoce como ‘el consentimiento’, que excluye
toda responsabilidad penal, según la fracción III del
artículo 15° del Código Penal Federal al definir que es
causa de exclusión ‘cuando se actúe con el consenti-miento
del titular del bien jurídico afectado…’. No es
un asunto sencillo, toda vez que al consentimiento le
precede una valoración en la que se renuncia a
ciertos derechos, debiendo manifestarse de manera
clara y fehaciente.”
Arnoldo Kraus/ II
Eutanasia: la vuelta de tuerca
La Jornada
“‘La vida es un derecho, no una obligación’, escribió
Ramón Sampedro. Los familiares de Jorge León
explicaron que ‘escapar de su propio infierno’ era su
más profundo deseo. ‘Como la enfermedad, que
nunca es igual, cada muerte es distinta’, escribí en la
historia clínica de una enferma lúcida que deseaba
adelantar su muerte, antes de que el cáncer que
padecía le imposibilitase decidir acerca del final de su
vida. ¿Qué significan y hacia dónde nos llevan esas
reflexiones? Resumo, brevemente, como anticipé en la
entrega previa, los seis casos de suicidio asistido
narrados por la prensa en los últimos nueve años.”
Arnoldo Kraus/ I
Eutanasia: la vuelta de la tuerca
La Jornada
“Entre Ramón Sanpedro (enero de 1998) y Madeleine
Z (enero de 2007) han transcurrido nueve años. En
ese tiempo, la prensa ha informado, incluyendo a los
nombrados, de seis casos en los cuales la muerte se
alcanzó por suicidio asistido. La mass media no pu-blica
regularmente lo que sucede en Holanda o en
Bélgica, donde la eutanasia activa es legal, ni lo que
acontece en Oregon, Estados Unidos, o en Suiza,
donde el suicidio asistido es una opción válida.”
Fernando Rangel de León
La eutanasia
Milenio Diario
8 de abril de 2007
“Ahora empieza a ponerse en el tapete de la
discusión el proyecto de Ley de Protección de los
Derechos de las Personas Enfermas en Estado
Terminal, presentado por el PRD en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, por la que
se reconoce a los enfermos irreversibles y mortales
su derecho a bien morir o a que no se prolongue su
sufrida agonía, siempre y cuando médicamente se
haya determinado la imposibilidad de sanar.”

Ricardo Sepúlveda Iguíniz
Eutanasia, objeción de conciencia y
derechos humanos
Milenio Diario
23 de octubre de 2006
“En primer lugar, hay que tener presente que los
derechos humanos en un país no son un asunto de
encuesta o estadística, sino de estudio, análisis,
reflexión y decisión. El enfoque de derechos humanos
tiene la ventaja de que aporta una visión integral de la
realidad y de sus problemáticas. Así, en el análisis del
tema de la eutanasia, debe centrarse principalmente
en el derecho a la vida, que a todas luces es un
derecho de la persona, no del médico, ni tampoco de
la sociedad. Aunado a lo anterior, este tema implica
otros derechos, como el derecho a la salud o el
derecho a una vida digna, del que se hace derivar
el derecho a mitigar el dolor.”
Arnoldo Kraus
Eutanasia en Holanda: la polémica
La Jornada
25 de abril de 2001
“Para quienes consideran que el ser humano es
autónomo, la eutanasia es válida. Para aquellos cuyos
preceptos religiosos niegan la autonomía, la eutanasia
nunca será permitida. Mientras los primeros no
atentan contra los segundos, los últimos consideran
que el ser humano no tiene derecho a decidir.
Quienes ejercen la medicina y comprenden sus
límites y los de la vida, y saben que para muchos
pacientes terminales la muerte alarma menos que el
cúmulo del dolor, la eutanasia, bien entendida, puede
ser una vía que dignifique la profesión al aminorar los
sufrimientos físicos y del alma de algunos enfermos
y sus familiares. Así como la imagen de Dios ha
mutado, la del ser humano también. La legalización
de la eutanasia en Holanda es una gran invitación a
dialogar.”
Fuente: Búsqueda electrónica en El Universal, Reforma, La Jornada y Milenio.

Artículos y documentos
de fondo recomendados

Documentos sobre la eutanasia
Artículos
Enrique Díaz-Aranda, “Eutanasia (propuesta de solución jurídica en México)”,
Revista de derecho penal, núm. 1, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Ai-res,
2003, pp. 299-309.
Arnoldo Kraus, “Eutanasia: reflexión obligada”, Revista de Investigación Clíni-ca,
vol. 47, núm. 3, mayo-junio, México, 1995.
Asunción Álvarez, “Eutanasia y suicidio asistido. Opciones al final de la vida”,
Revista Investigación Clínica, núm. 4, julio-agosto, México, 2002, pp.
295-298.
Joanne Dorneward, “La política de eutanasia en los Países Bajos”, en Fernando
Cano Valle, Enrique Díaz Aranda y Eugenia Maldonado (coords.), Eutana-sia,
aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y religiosos, Instituto de In-vestigaciones
Jurídicas, UNAM (Serie G: Estudios Jurídicos, núm. 22), México,
2001.
Ruy Pérez Tamayo, “La eutanasia. Un dilema”, Nexos, núm. 243, marzo, Méxi-co,
1998, pp. 85-87.
Documentos
Congregación para la doctrina de la Fe, Declaración sobre la Eutanasia.
Discurso de Juan Pablo II al XVIII Congreso Internacional de la Sociedad de
Transplantes (29 de agosto de 2000).
Sexto informe anual del Acta de Muerte Digna de Oregon, Estados Unidos (en
inglés, marzo de 2004).
The Oregon Death with Dignity Act.
Ley de comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del
auxilio al suicidio (Ley en Holanda).
Discurso de Juan Pablo II sobre estado vegetativo y eutanasia (20 de marzo de
2004).
Libros
Asunción Álvarez del Río, Práctica y ética de la eutanasia, FCE, México, 2005.
Arnoldo Kraus y Asunción Álvarez, La eutanasia, Conaculta, 1998.
Dereck Humphry, El derecho a morir, Tusquets, Barcelona ,1986.
Fernando Cano Valle, Enrique Díaz Aranda y Eugenia Maldonado (coords.),
Eutanasia, aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y religiosos, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM (Serie G: Estudios Jurídicos, núm. 22),
México, 2001.
Hans Kung y Walter Jens, Morir con dignidad, Temas de Hoy, Madrid, 1995.
Jean Pierre Soulier, Morir con dignidad, una cuestión médica, Temas de Hoy,
Madrid, 1995.

Ronald Dworkin, El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la
eutanasia y la libertad individual, Ariel, Barcelona, 1994.
Sitios WEB
http://www.epcc.ca
Coalición contra la Eutanasia (Canadá).
http://www.internationaltaskforce.org
Fuerza Internacional Anti Eutanasia (Estados Unidos).
http://www.notdeadyet.org
La resistencia a la muerte todavía (Estados Unidos).
http://www.hli.org
Vida Humana Internacional (Estados Unidos).
http://www.aciprensa.com/eutanasia/100-preguntas.htm
100 preguntas y respuestas sobre la eutanasia. Comité para la Defensa de la
Vida, Conferencia Episcopal Española.
http://www.worldrtd.net
Federación de Sociedades Pro Derecho a Morir.
http://www.dmd.org.co
Fundación Pro Derechos a Morir Dignamente (Colombia).
http://www.cotesa.es/morirencasa/cgi-bin/index.cgi
Morir en Casa. Grupo de personas comprometidas con cuidados paliativos
(España).
http://www.dwd.org
Centro Nacional de Muerte con Dignidad (Estados Unidos).
http://www.euthanasia.com
Centro de Investigación sobre Eutanasia (Estados Unidos).
http://www.admd.net/sommair.htm
Asociación por el Derecho de Morir en Dignidad (Francia).
http://www.nvve.nl/english/index.html
Derecho a Morir (Holanda).
http://www.ves.org.uk/index.htm
Sociedad Voluntaria para la Eutanasia (Inglaterra).

Iniciativas y reformas de ley

Iniciativa que reforma
y adiciona diversas
disposiciones del Código
Civil Federal
El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco
Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite some-ter
a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión el proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 454, 461, 462 y 520, fracciones IV y V, del Código Civil Federal; y se
adiciona un Capítulo IV Bis con los artículos 481 Bis, 481 Bis I, 481 Bis II, 481
Bis III, 481 Bis IV, 481 Bis V, 481 Bis VI, 481 Bis VII, 481 Bis VIII, 481 Bis IX,
481 Bis X, 481 Bis XI, 481 Bis XII, 481 Bis XIII, 481 Bis XIV, 481 Bis XV, 481 Bis
XVI del Código Civil Federal, en los términos que a continuación se exponen.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El ser humano –sabemos– nace, crece, se reproduce (el algunos casos) y
muere. Es decir, lo único que se tiene seguro una vez que se nace, es que
algún día habremos de morir, seguridad que no se ve reflejada en el accionar
de las personas, porque si bien todos sabemos que en algún momento morire-mos,
la mayor parte de nosotros no tenemos un plan de qué se hará con
nosotros cuando eso suceda.
Algunos sectores de la sociedad, por cierto una mínima parte, podrán comprar
un seguro de vida; podrán proveer seguridad financiera a los seres que aman;
otros otorgarán testamentos para la distribución de sus bienes terrenales, pero
muy pocos se toman el tiempo para preparar en detalle lo que debe hacerse
cuando la muerte se aproxime de manera inevitable, para cuando la certeza
de la muerte es mucho mayor que las probabilidades de continuar con vida; o
bien, cuando esta posibilidad es nula, o simplemente cuando las condiciones
físicas de la persona no le permiten expresar con libertad su voluntad de qué
hacer con él cuando estas condiciones se presenten.

Posiblemente es el miedo lo que hace de esta experiencia algo indeseable y
difícil de manejar. Algunos, por sus acciones, pareciera que se consideran in-mortales,
o bien, demasiado jóvenes para pensar que la muerte y sus
implicaciones les pueda suceder en el corto plazo. Esta actitud de evitar discu-tir,
de pensar sobre el último momento de nuestra vida, hace que la mayor
parte de las personas no estén preparadas para manejar con responsabilidad
las necesidades inmediatas de las personas que amamos, y que están a cargo
de tomar decisiones en el proceso de presentación de la muerte. En razón de
que el propio afectado, por alguna razón, no puede tomar decisiones, ya sea
por estar inconsciente, o privado de la voluntad para reflexionar y expresar de
viva voz sus decisiones respecto a qué hacer con él en estas circunstancias.
Esta determinación de qué hacer con él, o cómo se deben conducir sus fami-liares
cuando la persona se encuentra en estos supuestos extremos de cara a la
muerte, no encuentra tampoco soporte jurídico para que las personas actúen
con mayor certeza. No existe un marco jurídico que, en apoyo a las familias, o
personas allegadas, les permita asumir las responsabilidades inherentes a la
autorización de determinadas acciones médicas, sin que con ello corran el
riesgo de verse afectados por consecuencias jurídicas o morales, derivadas de
la toma de decisiones en estos momentos difíciles en que existe alta presión
en todos lo sentidos.
En muchos países del mundo existe una legislación al respecto, sólo baste
mencionar los ejemplos de Estados Unidos de América, Colombia y la Unión
Europea. De ahí la necesidad de normar en nuestro país que un ciudadano, en
su completa lucidez, y en ejercicio pleno de su libertad, esté facultado para
decidir cuáles deben ser los cuidados de su salud en un futuro, cuando no esté
en condiciones de decidir, ya sea por un estado de inconsciencia o por la
propia gravedad de la enfermedad.
Concretamente, en Estados Unidos de América existe una ley federal acerca
de la autodeterminación del paciente (1990 Patient Self Determination Act),
en la que se exige a los hospitales, hogares de ancianos y otras instituciones,
que acepten los seguros médicos para personas de escasos recursos económi-cos
(como Medicare y Medicaid en Estados Unidos de América), y para que
suministren información por escrito a los residentes o sus allegados en el mo-mento
de la admisión, y sobre las instrucciones existentes acerca del cuidado
que por adelantado haya dispuesto el directamente interesado.
Es perfectamente factible que en un documento se pueda especificar sus
deseos, por ejemplo, de donar órganos, o bien, diseñar cuáles podrían ser los
escenarios posibles ente una enfermedad incurable o un accidente inespera-do,
para que indique qué desearía que se hiciera en caso de que sufra una
incapacidad que le impida tomar (o comunicar) estas decisiones cuando estos
eventos ya se hayan presentado.

En México no existe todavía una norma que regule lo anterior, que ampare
este derecho, por lo que es necesario actualizar nuestro marco jurídico, a fin
de que se permita a los mexicanos tomar las medidas preventivas para deslin-dar
a sus familiares y personas allegadas de la responsabilidad jurídica, o moral
derivada de la toma de decisiones en momentos especialmente difíciles. De
esta forma, en un acto pleno de responsabilidad, es el propio interesado quien,
mediante un acto formal, prevé qué hacer cuando ya no se tiene la suficiente
salud para tomar decisiones conscientes, por lo que designa, con todos los
elementos legales ante un fedatario público, a la persona que se hará cargo de
transmitir estas decisiones propias. Esta es la razón por la cual proponemos
esta iniciativa de reforma y adiciones al Código Civil Federal para su aproba-ción.
Cuáles serían las ventajas
Las ventajas potenciales de la implementación de las directrices de cuidado de
salud en situaciones críticas, por adelantado son:
La disminución de la preocupación personal del directamente interesado.
El médico adquiere un mayor conocimiento acerca de los deseos del pacien-te,
para actuar en consecuencia.
Disminución de la aplicación de “medicina defensiva” por parte del médico,
cuando ya las posibilidades son nulas.
Disminución de las intervenciones médicas ineficaces y costosas.
Disminución general de los costos de la atención médica salvaguardando el
patrimonio familiar.
Disminución de los sentimientos de culpa o de impotencia para la familia a
cargo de la toma de decisiones.
Disminución de las preocupaciones de tipo legal para todas las personas
involucradas.
Cuáles serían las limitaciones
Es claro que una disposición legal como la que se propone tiene limitaciones,
lo cual radica en la escasa posibilidad de predecir los diversos escenarios en
que se pueden presentar la incapacidad para manifestar conscientemente la
voluntad. Esto es, la limitación para dar la totalidad de las instrucciones de
cuidado por adelantado, lo que radica en la propia incapacidad del médico
para predecir las situaciones que pueden presentarse en el futuro y los proce-sos
que posteriormente podrían desarrollarse como alternativas disponibles
para brindar solución a lo que hasta el momento se considera “irremediable”.
Pero esta limitación no es suficiente para no hacer nada, no prever posibles
escenarios a partir de un historial médico, recurrencia médica o probabilidades
de sucesos. Siempre será mejor avanzar que permanecer inmóviles.

¿Es necesario designar a alguien como responsable?
Sí, es necesario designar a alguna o algunas personas que se harán cargo de
que sus indicaciones sean cumplidas en el momento de que se presenten los
sucesos previstos, mediante un documento en que se hagan constar las ins-trucciones
fáciles de especificar para que todos los involucrados puedan actuar
en los términos de la voluntad expresada oportunamente por quien en ese
momento ya no está en la capacidad de expresar libremente su voluntad.
Por qué hacerlo por adelantado
Esto facilitará a los seres queridos el tomar decisiones en momentos críticos.
Además los médicos podrán tomar decisiones más fundamentadas en el deseo
del paciente.
En momentos de crisis o al final de la vida, la preocupación y la ansiedad
obstaculizarán la toma de decisiones. Por ello, expresar por adelantado cuál es
nuestro deseo facilitará a los familiares una mejor toma de decisiones, puesto
que en ocasiones los miembros de la familia tienen criterios distintos que
pueden resultar en un conflicto y dificultan a su vez la toma de decisiones
médicas más convenientes.
Quién sería la persona que se encargue
Puede ser un familiar o amigo de confianza. También es deseable que se
discutan sus deseos con sus médicos e informe de sus decisiones a la mayor
cantidad de familiares posible.
Qué es el tutor especial de atención médica
Ahora bien, nuestra legislación civil actualmente ya ofrece la posibilidad de
que cualquier persona pueda designar a un apoderado o celebrar un contrato
de mandato para que alguien lo represente en la celebración de cualquier acto
jurídico, incluso particularmente cuando se trate de ser representado en asun-tos
judiciales. Sin embargo, nosotros observamos que esa regulación genérica
y amplia no considera el aspecto fundamental de la incapacidad del poderdante
o mandante.
En este sentido, para el caso de la incapacidad o falta de capacidad de mani-festar
nuestras decisiones, el Código Civil Federal, siguiendo la tradición del
derecho romano, nos ofrece la regulación jurídica de la tutela, misma que, si
bien resulta aplicable en su causa, merece ser actualizada bajo criterios más
flexibles y prácticos.
Es oportuno señalar que no se pretende importar en forma literal prácticas de
otras legislaciones, como la que tiene lugar en Estados Unidos, donde los de-

seos de un incapacitado son expresados previamente en formatos impresos
proporcionados obligatoriamente por las instituciones hospitalarias o de salud.
Con tales consideraciones, optamos por el aprovechamiento de la fracción II
del artículo 450 del Código Civil Federal, el cual específicamente prevé la
incapacidad natural y legal para el caso de “los mayores de edad disminuidos
o perturbados en su inteligencia aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos
que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persis-tente
de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias
tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que
debido a la limitación o la alteración en la inteligencia que esto les provoque
no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por
algún medio”. De esta forma, nuestro Código Civil Federal reconoce que será
una tercera persona, el tutor, quien deba representar al mayor de edad incapa-citado
y tomar decisiones por dicho incapacitado.
En términos generales, la tutela en nuestro Estado deja el nombramiento, la
supervisión y la vigilancia del tutor en manos de un juez, de un curador y de
un consejo de tutelas, excluyendo la posibilidad de que sea el propio mayor
de edad, con plena lucidez, quien designe a la persona de su confianza que lo
va a representar en la manifestación de decisiones difíciles que tienen qué ver
con su propia salud y vida, sobre todo en los últimos momentos de ésta.
Es importante reiterar que no se pretende modificar el régimen general que la
legislación civil federal ya prevé para la tutela, sino de ofrecer, adicional y
especialmente, una alternativa legítima para el caso especial de la atención
médica o de los cuidados de salud que deseamos recibir cuando no hay espe-ranza
real y presente de recuperación.
En virtud de lo anterior, esta propuesta se basa en la adición de un Capítulo IV
Bis con sus artículos 481 Bis y siguientes, que se refiere a lo que hemos
denominado “tutela especial de atención médica”, para el supuesto de que un
mayor de edad con incapacidad, originada por enfermedades o deficiencias
persistentes, no pueda gobernarse por sí mismo y que, además, ya no exista
posibilidad médica de que se vaya a dejar el estado de incapacidad o
discapacidad.
En el artículo 481 Bis I, además de establecer con precisión el objeto limitado
de la tutela especial de atención médica, que es la representación para decidir
los cuidados de salud y la atención médica que el representado vaya a recibir
en su incapacidad, también se propone dejar en claro que las instituciones
públicas o privadas dedicadas a prestar servicios de atención médica o de
cuidados de salud, así como los médicos y demás personas que independien-temente
presenten los servicios referidos, deben atender las decisiones del
tutor especial de atención médica en el ejercicio de dicha tutela, lo que, sin
duda, representa una obligación pero simultáneamente establece una precisa
liberación legal de responsabilidad médica.

Considerando la importancia de la voluntad de las personas para esos momen-tos
finales de su vida y en forma similar a lo que sucede en los testamentos,
que son documentos en los que se consigna la última voluntad de las perso-nas,
proponemos que la tutela especial de atención médica sea considerada
como un acto personalísimo, revocable y libre, por lo que la designación del
tutor especial de atención médica deberá expresarse en un instrumento ante
notario público, sin necesidad de testigos o de declaración judicial alguna. Esto
último, en consideración de que el mayor de edad se encuentra en plena
capacidad de ejercicio y el notario público está obligado a verificar tal circuns-tancia.
Así como solamente los mayores de edad tendrían la posibilidad de nombrar a
un tutor especial de atención médica, en el artículo 481 Bis V resulta esencial
que dicha designación deba recaer en mayores de edad, ya sean parientes o
no del otorgante del instrumento notarial. Debido a la enorme confianza que
ha de existir entre el otorgante y el tutor especial, en el artículo 481 Bis XIII se
establece que el tutor especial de atención médica no debe recibir remunera-ción
alguna.
Ahora bien, considerando que el tutor especial de atención médica es designa-do
para ejecutar las decisiones de su representado, es de suma importancia
que en el instrumento notarial en que se le designa sea válido y es deseable
que contenga las instrucciones generales o particulares que la persona, en
plena conciencia, le haya encomendado sobre los cuidados de salud o la aten-ción
médica que desee recibir o no. Es en estas instrucciones donde radica la
expresión de la voluntad de la persona sobre dichos cuidados de salud o
atención médica. Por lo mismo, se ha optado por no limitar la intención del
mayor de edad y confiar en la posibilidad de indicaciones posteriores al instru-mento
notarial.
Otro aspecto relevante de la tutela especial que proponemos se refiere al
inicio del ejercicio de la misma, dejando señalado con claridad que la tutela
especial de atención médica se desempeña al momento de la incapacidad de
la persona para gobernarse por sí misma o cuando no pueda manifestar su
voluntad por algún medio, siendo necesaria la certificación de un médico,
pero sin necesidad de la promoción de un procedimiento judicial, que requie-re
de tiempo, costo y abogados.
Por otra parte, proponemos que en el ejercicio de la tutela especial de aten-ción
médica no haya, en principio, disposición de los bienes del incapacitado.
Sin embargo, considerando que resulta previsible que en muchos casos el
nombramiento de tutor recaerá en algún pariente cercano, nos pareció más
apropiado que el propio mayor de edad sea quien faculte o no al tutor sobre
la disposición de sus bienes para el cuidado de su salud.
Finalmente, en el artículo 481 Bis XVI se propone establecer que la tutela
especial de atención médica se extingue con la muerte del incapacitado, de-

jando establecido con claridad que a partir de ese momento corresponderá la
intervención de los herederos y albacea del incapacitado.
En consideración de todo lo anterior, es que presentamos ante esta soberanía
la iniciativa que contiene proyecto de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 454, 461, 462 Y
520, FRACCIONES IV Y V, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE ADICIONA UN
CAPÍTULO IV BIS CON LOS ARTÍCULOS 481 BIS, 481 BIS I, 481 BIS II, 481
BIS III, 481 BIS IV, 481 BIS V, 481 BIS VI, 481 BIS VII, 481 BIS VIII, 481 BIS IX,
481 BIS X, 481 BIS XI, 481 BIS XII, 481 BIS XIII, 481 BIS XIV, 481 BIS XV, 481
BIS XVI DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, YA REFERIDO, EN LOS TÉRMINOS
SIGUIENTES:
Artículo Único. Se reforman los artículos 454, 461, 462 y 520, fracción IV, y se
adicionan la fracción V del artículo 520, así como el Capítulo IV Bis, denomina-do
“De la Tutela Especial de Atención Médica”, con sus artículos 481 Bis, 481
Bis I, 481 Bis II, 481 Bis III, 481 Bis IV, 481 Bis V, 481 Bis VI, 481 Bis VII, 481
Bis VIII, 481 Bis IX, 481 Bis X, 481 Bis XI, 481 Bis XII, 481 Bis XIII, 481 Bis XIV,
481 Bis XV y Bis XVI del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 454. La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador,
del juez y del Consejo Local de Tutelas, en los términos establecidos en este
código. En lo anterior no queda comprendida la tutela especial de atención
médica prevista en este ordenamiento.
Artículo 461. La tutela es testamentaria, legítima, dativa y de atención médica.
Artículo 462. Salvo los casos de la administración o de tutela especial de aten-ción
médica, la tutela no podrá conferirse sin que previamente se declare en
los términos que dispone el Código Procesal de la materia, el estado de inca-pacidad
de la persona que va a quedar sujeto a ella.
CAPÍTULO IV BIS
DE LA TUTELA ESPECIAL DE ATENCIÓN MÉDICA
Artículo 481 Bis. Los mayores de edad podrán designar a un tutor especial de
atención médica para el caso de incapacidad o discapacidad originada por
enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico, psicológico o sen-sorial
que les impida gobernarse por sí mismos o no puedan manifestar su
voluntad por algún medio y que, además, no exista una esperanza real y
presente de que pueda dejar su estado de incapacidad o discapacidad.
Artículo 481 Bis I. La tutela especial de atención médica tiene por objeto la
representación legal del mayor de edad incapacitado única y exclusivamente

para decidir los cuidados de salud y la atención médica que vaya a recibir el
incapacitado.
Las instituciones públicas o privadas dedicadas a prestar servicios de atención
médica o de cuidados de salud, así como los médicos y demás personas que
independientemente presten los servicios referidos, deberán atender las deci-siones
del tutor especial de atención médica en el ejercicio de dicha tutela.
Artículo 481 Bis II. La designación de tutor especial de atención médica es un
acto personalísimo, revocable y libre, que se expresa en cabal juicio ante
notario público.
Artículo 481 Bis III. La designación del tutor especial de atención médica se
otorgará en escritura pública sin necesidad de declaración judicial alguna.
Artículo 481 Bis IV. Para la designación del tutor especial de atención médica,
en el caso de que el mayor de edad habitual o accidentalmente no disfrute de
su cabal juicio, se requerirá el examen de dos médicos que certifiquen un
intervalo de lucidez ante la presencia del notario público, quien podrá hacer
cuantas preguntas estime conveniente, a fin de cerciorarse de la capacidad del
mayor de edad.
El notario público transcribirá las certificaciones médicas y las preguntas y
respuestas que, en su caso, se hubieren efectuado, así como los datos genera-les
y cédulas profesiones de los médicos.
Firmarán la escritura pública, además del notario público, los médicos que
intervinieron para el reconocimiento, haciéndose constar expresamente que
en la designación del tutor especial de atención médica el mayor de edad tuvo
perfecta lucidez de juicio y, sin estos requisitos, la designación será nula.
Artículo 481 Bis V. La designación del tutor especial de atención médica debe-rá
efectuarse obligatoriamente a una persona mayor de edad. El tutor especial
de atención médica podrá ser pariente del otorgante.
La aceptación de la tutela no es obligatoria y podrá ser expresa o tácita, pero
una vez aceptada no podrá renunciarse a su ejercicio, salvo que demuestre
impedimento o excusa ante un juez competente, quien resolverá sobre la
validez de la renuncia.
Artículo 481 Bis VI. Podrá designarse a varias personas como tutores especia-les
de atención médica, pero sólo en forma sucesiva y en el orden que se haya
determinado en la escritura pública correspondiente.
Artículo 481 Bis VII. Para el ejercicio de la tutela especial de atención médica
no se requerirá de declaración judicial de incapacidad, ni de la intervención de
un curador, de un juez o del Consejo Local de Tutelas.

El tutor especial de atención médica estará exceptuado de la obligación de dar
garantía.
Artículo 481 Bis VIII. El tutor especial de atención médica iniciará el desempe-ño
de la tutela a partir de que el mayor de edad que lo haya designado tutor
tenga incapacidad de gobernarse por sí mismo o no pueda manifestar su vo-luntad
por algún medio. Para tal efecto, bastará la certificación de un médico.
La ejecución de cualquier acto relacionado con la tutela se entenderá como
aceptación tácita del cargo de tutor especial de atención médica del incapa-citado.
Artículo 481 Bis IX. Para decidir los cuidados de salud o la atención médica que
haya de recibir el incapacitado, el tutor especial de atención médica atenderá
a las instrucciones que, en su caso, este último haya expresado en la escritura
pública correspondiente o en aquellas indicaciones posteriores que su repre-sentado
le haya confiado por cualquier medio.
Las instrucciones del mayor de edad, previas a su incapacidad, se atenderán en
conciencia por el tutor especial de atención médica de acuerdo con la volun-tad
del mayor de edad y tendrá libertad para decidir sobre lo que no se haya
expresado, aun cuando tales decisiones puedan acortar la vida del incapa-citado.
Artículo 481 Bis X. Las instrucciones del mayor de edad sólo podrán referirse a
los cuidados de salud o la atención médica que desee recibir o no. Podrán ser
generales o particulares y referirse a cualquier procedimiento, tratamiento,
medicamento, método o intervención médica o quirúrgica, incluyendo un
periodo o lugar en el que desee recibir o no tales procedimientos, tratamiento,
medicamento, métodos o intervenciones médicas o quirúrgicas.
En las instrucciones también podrá determinarse la voluntad del mayor de
edad respecto de la donación de sus órganos, las cuales sólo serán válidas si se
sujetan a la legislación aplicable a este caso.
Artículo 481 Bis XI. Toda persona mayor de edad tiene plena libertad de
expresar en la escritura pública de designación del tutor especial de atención
médica sobre lo que ella misma considere mínima calidad de vida.
Artículo 481 Bis XII. En el ejercicio de la tutela, el tutor especial de atención
médica no dispondrá del patrimonio del mayor de edad incapacitado para sus
cuidados de salud o la atención médica que el mayor de edad incapacitado
haya de recibir, salvo que este último expresamente lo haya autorizado en la
escritura pública de su designación con las facultades y límites ahí señalados.
En el caso de no haberse autorizado la utilización de recursos del patrimonio
del incapacitado, quienes administren dicho patrimonio deberán realizar las

erogaciones que se requieran para los cuidados de salud o la atención médica
que decida el tutor especial de atención médica en el ejercicio de la tutela.
Si el mayor de edad autorizó al tutor especial de atención médica para la
disposición de su patrimonio, quienes lo administren deberán realizar los actos
jurídicos necesarios para que el tutor especial de atención médica pueda dis-poner
del patrimonio del incapacitado para los fines específicos de la tutela
médica conferida. En este caso, el tutor especial de atención médica tendrá el
carácter de apoderado general o especial para actos de administración o de
dominio, según se haya determinado por el mayor de edad incapacitado y
deberá rendir cuentas e informes a las personas que, en su caso, el mayor de
edad incapacitado haya designado para tal efecto.
Artículo 481 Bis XIII. El tutor especial de atención médica no tendrá derecho a
recibir remuneración alguna por el ejercicio de la tutela.
Cualquier indicación o estipulación en contrario será nula de pleno derecho.
Artículo 481 Bis XIV. El ejercicio de la tutela especial de atención médica
conforme a la voluntad del mayor de edad incapacitado, no afectará la capaci-dad
de heredar del tutor por dicho ejercicio.
Artículo 481 Bis XV. Para la nulidad, revocación y caducidad de la designación
de la tutela especial de atención médica, se aplicará, en lo conducente, lo
dispuesto en este ordenamiento para los testamentos.
Artículo 481 Bis XVI. El ejercicio de la tutela especial médica se extingue al
momento de la muerte del incapacitado.
Artículo 520. (...)
I. (...).
II. (...).
III. (...)
IV. Los que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen convenientemen-te
por más de diez años, a no ser que haya recibido pensión para cuidar
de él, y
V. Los tutores especiales de atención médica.
TRANSITORIO
Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de dos mil
siete.
Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica)
Turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria, número 2212-I, martes 13 de marzo de 2007. (459)

Iniciativa de decreto
que reforma y adiciona la Ley
de Salud para el Distrito
Federal, el Código Penal
y el Código Civil, ambos
para el Distrito Federal
El que suscribe, diputado Armando Tonatiuh González Case, a nombre del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, base primera, fracción V,
incisos h) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículos 42, fracciones XII y XIII, y 46, fracción I del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, artículos 17, fracción IV, y 89 párrafos primero y segundo de
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a su
consideración la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley
de Salud para el Distrito Federal, el Código Penal y el Código Civil, ambos para
el Distrito Federal, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Se define a la eutanasia como el derecho que tiene un paciente a decidir la
forma y el momento de su muerte, con el objeto de evitar sufrimientos y
agonía dolorosa como consecuencia de una enfermedad grave e incurable.
Para ello se debieron agotar todas las opciones, que permitan diagnosticar la
irreversibilidad de la enfermedad y por tanto la muerte inevitable.
La palabra eutanasia tiene su origen etimológico del griego: eu que signi-fica
“bueno” y thanatos, que es “muerte”, lo cual se traduce como “Buena
muerte”.
Sin lugar a dudas el tema es polémico e implica tomar en cuenta diversas
opiniones, pero son muchas las voces de médicos, juristas, pacientes y ciuda-danos
en general que se inclinan porque se legalice el derecho que tiene
cualquier persona a decidir sobre su vida.
En este sentido el periódico Milenio publicó el año pasado una encuesta don-de
el 82 por ciento de los capitalinos están de acuerdo en que los enfermos
terminales o totalmente incapacitados tengan el derecho a decidir sobre
su vida.

En este contexto, en mayo de 2005, en la Cámara de Diputados se presentó
una iniciativa de reforma a los códigos Penal y Civil federales para permitir la
muerte asistida.
De igual forma, en octubre de 2005 se presentaron reformas a la ley de salud
y al Nuevo Código Penal del Distrito Federal, para permitir la muerte asistida,
mientras que en Nuevo León también se presentó una iniciativa para permitir
la eutanasia.
En el mundo, el tema de la eutanasia no ha sido excluido de las legislaciones,
a pesar de un lento avance a partir de 1934 el Código Penal de Uruguay
establece el denominado homicidio piadoso.
En 1938, en el estado de Nueva Cork, se presentó una iniciativa de ley relacio-nada
con la «muerte por piedad», mientras que en 1967 en el Reino Unido se
presentó otro proyecto de ley.
En 1976 el estado de California aprobó la primera ley del «Testamento en
Vida»; mientras que en 1983 en el mismo estado se aprobó la primera ley del
Poder Notarial de Duración Indefinida para el cuidado de la Salud, por el cual
quien lo firma nombra un apoderado para que tome cualquier decisión nece-saria,
en caso de que él quede incapacitado.
En 1988, el estado australiano de Victoria legalizó el «suicidio médico».
En Gran Bretaña, la eutanasia es ilegal; pero entre 1993 y 1994 se autorizó a
varios médicos a desactivar los aparatos de pacientes que eran mantenidos
con vida artificial y se reconoce el Testamento de Vida.
En Estados Unidos, Oregon es el único estado de la unión americana que
cuenta con una ley de muerte con dignidad, que fue aprobada en 1997 por los
votantes.
Mientras que en abril de 2005, en Francia se creó una ley que sin legalizar la
eutanasia permite dejar morir a los enfermos incurables o en fase terminal.
Sin olvidar que en Alemania y Suiza es permitido el suicidio asistido y se
reconoce el testamento de vida; a su vez España permite el suicidio asistido y
en Dinamarca se reconoce el testamento de vida.
En países como China, Japón e India, se avanza en la materia y se prevé la
legalización de la eutanasia.
Mientras que en 1984 Holanda es el primer país que legaliza la eutanasia por
una decisión de la Corte Suprema. Para el año 2000 el parlamento holandés
aprueba una ley que permite la eutanasia y el suicidio con asistencia médica.

Pero sólo dos países, Holanda y Bélgica, tienen una legislación que permite la
eutanasia. El 28 de noviembre de 2000, el Parlamento de Holanda aprobó una
ley que permite la eutanasia, el suicidio con asistencia médica y desde co-mienzos
de 2002 tanto la eutanasia pasiva como la activa.
Dos años después, Bélgica despenalizó la eutanasia y es así que los enfermos
que están en fase terminal pueden solicitar la eutanasia cumpliendo ciertos
requisitos.
Contrario a lo anterior, en nuestro país, el artículo 312 del Código Penal Fede-ral
señala: «El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será
punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años y
el Código Penal para el Distrito Federal penaliza la muerte asistida en los
artículos 123, 127 y 142.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de reformas
a la Ley de Salud, el Código Penal y el Código Civil, todos del Distrito Federal,
al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948 por
la Organización de las Naciones Unidas, señala en su artículo tercero el dere-cho
a la vida, aunque en el artículo quinto señala el derecho a no ser sometido
a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que abre la
posibilidad a la eutanasia.
De tal forma que cualquier persona tiene el derecho a vivir dignamente, a
poder disfrutar cada momento, a caminar, hablar, ver, respirar, reproducirse; en
resumen, a disfrutar de la vida.
Por ello es inaceptable que cuando la calidad de vida de cualquier persona se
deteriora como consecuencia de una enfermedad o por daños irreversibles
que originen dolores insoportables, se pretenda alargar la vida, porque inevita-blemente
la muerte llegará en cualquier momento; por lo que sólo se alarga el
dolor de la familia y se produce la indiferencia de la sociedad.
Ante ello la eutanasia sí puede ser un derecho; pero siempre llenando requisi-tos
y bajo ciertas condiciones.
A pesar de los grandes avances científicos y que día con día se dan grandes
pasos para erradicar enfermedades, aún existen males que ocasionan que
muchas personas, más allá de vivir, sobrevivan de manera dolorosa; es en este
contexto que aquellos que se encuentran desahuciados suplican que se les
deje morir con dignidad, para de esa forma terminar con su sufrimiento y el de
sus seres queridos.

El principal derecho que tiene cualquier persona es el de la vida; pero el estar
recluido en un hospital, con la certeza de que será inevitable quizá salir solo
muerto, donde la vida depende de aparatos para respirar de manera artificial,
parecen razones suficientes para tener el derecho a tener una muerte digna y
voluntaria.
Ese derecho que debemos tener todos para poder disponer de nuestra vida en
situaciones especiales, por dignidad principalmente y de esta manera se res-peta
la humanidad y la libertad.
En defensa de la dignidad humana es que la eutanasia resulta una opción,
porque es más indigno prolongar la vida cuando se sabe de antemano que no
hay remedio.
Los médicos no deben temer a la eutanasia, porque si bien su compromiso es
para salvar vidas, ¿qué caso tendrá alargar una que al final será irremediable
que se extinga?
En este sentido, el médico tal vez alarga una vida porque no acepta que ha
perdido la batalla y que inevitablemente su paciente morirá.
Por ello, cualquier persona puede expresar por medio de un testamento de
vida su voluntad de lo que se debe hacer en caso de padecer una enfermedad
terminal o muerte cerebral, situación que en la presente propuesta se conside-ra
en la reforma que se propone al Código Civil y a la Ley de Salud, ambas del
Distrito Federal.
El propio secretario de Salud, doctor Julio Frenk, ha señalado «que es un dere-cho
de las personas rehusarse, cuando están en pleno ejercicio de sus faculta-des,
a seguir medidas heroicas que prolonguen la vida. Por eso es importante
el testamento en vida, para que una persona pueda expresar su voluntad de
no recibir medidas que prolonguen su existencia más allá del curso natural de
la enfermedad».
Por lo que resulta necesario que los legisladores no nos cerremos ante la reali-dad,
ante la necesidad de miles de personas que sufren, sin olvidar que es
necesario que exista un órgano que autorice llevar a cabo la muerte asistida,
conformado por autoridades, apoyado con médicos, abogados y psicólogos,
con el fin de que sea una comisión de ética.
De igual manera siempre se debe considerar que la prolongación inútil de la
agonía de una persona sólo causa dolor a la familia y hasta costos económicos,
en muchos casos difíciles de sufragar, más para familias de escasos recursos.
Es una realidad que en ocasiones la práctica de la medicina se deshumaniza,
como resultado de un mundo globalizado, donde impera el capital por encima
de la propia vida.

Aun así, nuestras leyes han procurado flexibilizarse ante situaciones tan delica-das
como la muerte; es así que la Ley General de Salud, sin ser explícita en el
tema de la eutanasia, sí considera la posibilidad de llevar a cabo acciones que
permitan que a un paciente no se le extienda la vida, cuando no existe posi-bilidad
de cura.
En este sentido, en las fracciones VIII y IX del artículo 77 bis de la Ley General
de Salud, se señala que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en
Salud tendrán derecho a decidir libremente sobre su atención y otorgar o no su
consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedi-mientos.
Además de que el artículo 345 de la misma ley, dice textualmente: «No existirá
impedimento alguno para que la solicitud o autorización de las siguientes
personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los
ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, conforme al orden
expresado, se prescinda de los medios artificiales que evitan que en aquel que
presenta muerte cerebral comprobada se manifiesten los demás signos de
muerte a que se refiere la fracción II del artículo 343».
Es preciso señalar que el artículo 343 de la Ley General de Salud dice: «Para
efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando:
I. Se presente la muerte cerebral, o
II. Se presenten los siguientes signos de muerte:
a) La ausencia completa y permanente de conciencia;
b) La ausencia permanente de respiración espontánea;
c) La ausencia de los reflejos del tallo cerebral, y
d) El paro cardiaco irreversible.”
Mientras que el artículo 344 señala que: «La muerte cerebral se presenta cuan-do
existen los siguientes signos:
I. Pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a estí-mulos
sensoriales;
II. Ausencia de automatismo respiratorio, y
III.Evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por arreflexia
pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y au-sencia
de respuesta a estímulos nociceptivos.
Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda
por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.
A su vez la fracción II del artículo 16 Bis 3 de la Ley de Salud para el Distrito
Federal, señala que “el usuario tendrá derecho a una atención terminal huma-

nitaria y a recibir toda la ayuda disponible para morir lo más digna y aliviada-mente
posible”.
Por lo que se hace evidente que la legislación federal en materia de salud
permite la interrupción de la vida, siempre y cuando se llenen los requisitos
citados y por su parte la local abre de igual manera la posibilidad para que el
paciente acceda a una muerte digna.
Ante ello es que la presente iniciativa pretende fortalecer la integridad huma-na
y los elementos legales que permitan a quien lo desee acceder a una
muerte digna.
Es así que se propone la reforma del artículo 123 para que al que prive de la
vida a otro se le imponga de 8 a 20 años de prisión salvo lo establecido en el
artículo 127 segundo párrafo de este código.
El artículo 127 deberá decir que al que prive de la vida a otro por la petición
expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razo-nes
humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase
terminal, se le impondrá de 2 a 5 años de prisión.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la conducta no será punible
cuando la persona haya suscrito un Testamento de Vida o se haya hecho una
Petición de Misericordia y que lo expresado en estos documentos haya sido
aprobado por la Comisión de Ética y aplicado por el médico designado por
dicha Comisión.
Con la reforma al artículo 142 se prevé que el que ayude a otro para que se
prive de la vida, se le impondrá prisión de 1 a 5 años si el suicidio se consuma.
Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte,
la pena aplicable será de 4 a 10 años de prisión, a excepción de lo establecido
en el segundo párrafo del artículo 127 de este código.
En el caso de la Ley de Salud se implementa, primero, el Testamento de Vida
que es el documento jurídico por el cual de manera libre y voluntaria una
persona enferma, en estado terminal o física y mentalmente capaz, expresa
su voluntad para que en caso de enfermedad o accidente, y que su mal estado
de salud sea irreversible, doloroso y mortal, se le concedan los medios necesa-rios
para interrumpir su vida.
Asimismo, en ese mismo documento podrá suscribir, si así lo desea, el donar o
no su cuerpo u órganos a favor de cualquier persona o institución de salud
Segundo, la creación de una figura jurídica considerada como «Petición de
Misericordia», que es la solicitud hecha por un familiar para que se termine con
la vida de un paciente y se realizará solamente cuando no se haya suscrito un
Testamento de vida.

En esta misma propuesta también se considera que para el caso de personas
que se encuentren en estado terminal o muerte cerebral que no cuenten con
algún familiar o conocido que sea responsable de ellos, y hayan transcurrido 5
años desde su internación, la Comisión de Ética podrá realizar una petición de
Misericordia, de acuerdo a lo establecido en la presente ley
Tercero: también se crea la Comisión de Ética, que será el órgano interdis-ciplinario
dependiente de la Secretaría de Salud, que determinará autorizar o
negar lo establecido en un Testamento de Vida o Petición de Misericordia, es
decir, que tomará la determinación de permitirle al paciente la muerte asistida.
La Comisión de Ética se integrará por el secretario de Salud del Distrito Fede-ral,
que a su vez la presidirá; por un representante de la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal; un representante de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal; un representante del Colegio de Notarios; un
jurista designado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; un
médico especializado en la materia, un especialista en Bioética y un psicólogo,
designados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
La Comisión deberá recibir y analizar el Testamento de Vida, certificado éste
ante un Notario Público con los requisitos establecidos en el Código Civil del
Distrito Federal, y verificará que la solicitud sea acompañada de un dictamen,
de un médico especializado y la firma de dos testigos.
Solicitará y analizará el dictamen médico del paciente y la opinión por escrito
del médico encargado de la situación futura del mismo y comprobará que el
dolor del paciente sea insoportable e inútil, su muerte sea irremediable o que
de prolongarse la vida ésta será en estado vegetativo e irreversible.
Es decir, la Comisión de ética sólo aprobará o desechará la voluntad del pacien-te
expresada en el Testamento de Vida en un plazo no mayor a 90 días a
partir de que se haya hecho la solicitud.
Si alguno de los médicos se negase a cumplir la voluntad del paciente, esa
comisión designará a otro médico que cumpla con lo dictaminado.
Cuando un paciente esté en etapa terminal o con muerte cerebral, algún fami-liar
podrá hacer valer el derecho denominado «Petición de Misericordia», que es
la solicitud hecha por los familiares ante la comisión cuando éste no haya
suscrito un Testamento de Vida, para que se dictamine a favor o en contra la
petición.
En el caso de las reformas al Código Penal para el Distrito Federal, sólo estable-cerá
que la privación de la vida no será punible cuando la persona haya suscri-to
un Testamento de Vida o se haya hecho una Petición de Misericordia y que
lo expresado en estos documentos haya sido aprobado por la Comisión de
Ética y aplicado por el médico designado por dicha Comisión.

De igual manera se reforma el Código Civil del Distrito Federal para crear el
denominado “Testamento de Vida”.
Por lo expuesto y con los fundamentos mencionados, presento al Pleno de
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente proyecto
de decreto de iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal, a la Ley de
Salud y al Código Civil, todas del Distrito Federal:
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 123 y 142 y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 127 del Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:
Artículo 123.- Al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de
prisión salvo lo establecido en el artículo 127 segundo párrafo de este código.
Artículo 127.- Al que prive de la vida a otro por la petición expresa, libre,
impondrán de 2 a 5 años de prisión.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la conducta no será punible
cuando la persona haya suscrito un Testamento de Vida o se haya hecho una
Petición de Misericordia y que lo expresado en estos documentos haya sido
aprobado por la Comisión de Ética y aplicado por el médico designado por
dicha Comisión.
Artículo 142.- Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá
prisión de 1 a 5 años si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio
hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de 4 a 10
años de prisión, a excepción de lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 127 de este código.
TRANSITORIOS
Primero: esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, considerando que es
un asunto de suma importancia e impacto en la vida de los capitalinos, deberá
contemplar la realización de un referéndum para que los ciudadanos del Distri-to
Federal expresen su opinión y su voluntad quede plasmada en la redacción
del dictamen y sean ellos quienes decidan la aprobación o rechazo de esta
propuesta.
Segundo: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Tercero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publica-ción
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan las fracciones X, XI y XII del artículo 2, los
artículos 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quintus, 15 sextus, la fracción III del
artículo 16 bis 1, la fracción III del artículo 16 bis 3 y el artículo 16 bis 8 de la
Ley de Salud para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 2°. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I a IX …
X. Testamento de Vida. Es el documento jurídico por el cual de manera libre y
voluntaria una persona enferma, en estado terminal o física y mentalmente
capaz expresa su voluntad para que en caso de enfermedad o accidente, y
que su mal estado de salud sea irreversible, doloroso y mortal, se le concedan
los medios necesarios para interrumpir su vida a través del médico designado
por la comisión de ética.
En el Testamento de Vida podrá suscribir, si así lo desea, el donar o no su
cuerpo u órganos a favor de cualquier persona o institución de salud.
XI. Petición de Misericordia; Es la Solicitud que hace uno o varios de los fami-liares
de un paciente que se encuentra en fase terminal o con muerte cerebral
y se realizará solamente cuando no se haya suscrito el Testamento de vida
correspondiente.
XII. Comisión de Ética, es el órgano interdisciplinario que depende de la Secre-taría
de Salud, que tomará la determinación de autorizar lo establecido en un
Testamento de Vida o una Petición de Misericordia, siempre y cuando se haya
cumplido con los requisitos establecidos en la presente ley.
Artículo 15 bis.- La Comisión de Ética estará presidida por el secretario de
Salud del Distrito Federal y estará integrada por:
a) Un representante de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal;
b) Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-deral;
c) Un representante del Colegio de Notarios;
d) Un médico especializado en la materia, designado por la Secretaría;
e) Un especialista en bioética, designado por la Secretaría;
f) Un psicólogo, designado por la Secretaría; y
g) Un jurista, designado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-deral.
Artículo 15 ter.- En cuanto al Testamento de Vida, la Comisión de Ética realiza-rá
las siguientes funciones:

I.- Recibir y analizar la solicitud y el Testamento de Vida, certificado ante un
Notario Público que presente cualquier paciente o su representante y que
llene los requisitos establecidos por el Código Civil del Distrito Federal.
II. Verificar que la solicitud sea firmada por el solicitante y dos testigos mayores
de 18 años y acompañada de un dictamen médico.
III. Solicitar y analizar la opinión por escrito del médico encargado sobre la
situación futura del paciente y pedir la opinión de otro médico especialista.
IV. Verificar que aun tomando las previsiones médicas y humanitarias dispo-nibles,
el dolor del paciente sea insoportable e inútil o que exista muerte
cerebral.
V. Aprobar la voluntad expresada en el Testamento de Vida que cumpla con
los requisitos o en su caso rechazarla, resolución que deberá ser por mayoría
de votos, en un plazo no mayor a 90 días a partir de que se haya hecho la
solicitud.
VI. Informar al solicitante o representante por escrito el sentido de la resolu-ción,
además de entregar una copia simple de la misma a las autoridades del
centro de salud donde se atienda al paciente y a su médico.
VII. De ser aprobada la solicitud deberá:
a) Entregar además a las autoridades del centro de salud donde se atienda al
paciente y a su médico la autorización por escrito, para que éste a su vez
lleve a cabo la voluntad expresada por el paciente de interrumpir su vida;
b) Acordar con el representante del paciente el tiempo y la manera en que
se interrumpirá la vida de su representado;
c) Tomar las providencias sanitarias, médicas y legales para interrumpir la
vida del solicitante;
d) En caso de negarse el médico que atiende al paciente, que de manera
voluntaria solicitó poner fin a su vida, a cumplir este deseo, designar al
médico certificado no objetor que cumplirá con la voluntad del solicitan-te;
e) Informar al representante y al centro de salud donde se atiende al pacien-te
el nombre del nuevo médico designado.
f) Designar al paciente o la institución de salud que recibirá el cuerpo o los
órganos donados por el paciente.
La resolución tomada por la Comisión de Ética en el sentido que sea, será
irrevocable.
Artículo 15 Quater.- En caso de que un paciente se encuentre en fase terminal
o con muerte cerebral y no haya suscrito un Testamento de Vida, se podrá
hacer la solicitud de «Petición de Misericordia» ante la Comisión de Ética.

La Petición de Misericordia deberá reunir los siguientes requisitos:
I. La solicitud podrá realizarse por las personas que a continuación se enlistan
y conforme al orden siguiente:
a) El o la cónyuge; o
b) El concubinario o la concubina; o
c) Los descendientes; o
d) Los ascendientes; o
e) Los hermanos, o
f) El adoptado o el adoptante; o
g) El Conviviente.
II. La solicitud se hará por escrito, firmada por el solicitante y dos testigos que
sean familiares del paciente y en ella se establecerá si se dona o no el cuerpo
o los órganos del mismo a favor de cualquier persona o institución de salud;
III. Tanto el paciente como el solicitante, y los testigos, deben ser mayores de
18 años;
IV. En la solicitud se explicarán las razones por las que se realiza la petición; y
V. Se anexará el historial médico del paciente, además de la opinión escrita
sobre su situación futura por parte del médico encargado de su atención.
Artículo 15 Quintus.- Con respecto a la Petición de Misericordia la Comisión de
Ética tendrá las siguientes funciones:
I. Recibir la solicitud, revisarla y analizar el dictamen médico del paciente,
tomando en consideración la opinión por escrito del médico encargado;
II. Verificar que aun tomando las previsiones médicas y humanitarias disponi-bles,
la pérdida de la vida sea irremediable o que existe muerte cerebral;
III. Resolver en un plazo no mayor de 90 días sobre dicha solicitud.
Para el caso de la solicitud de Petición de Misericordia, se aplicará lo estableci-do
en las fracciones VI y VII del artículo 15 ter de la presente ley.
La resolución tomada por la Comisión de Ética en cuanto a la Petición de
Misericordia, en el sentido que ésta sea, será irrevocable.
Artículo 15 sextus.- Para el caso de personas que se encuentren en estado
terminal o muerte cerebral que no cuenten con algún familiar que sea respon-sable
de ellos, y hayan transcurrido 5 años desde su internación, la Comisión
de Ética podrá realizar una petición de Misericordia, de acuerdo a lo estableci-do
en la presente ley.

Artículo 16 bis 1. El Usuario podrá:
I a II …
III. Suscribir un Testamento de Vida siempre y cuando se encuentre en pleno
uso de sus facultades mentales.
IV. A través de su Testamento de Vida, donar su cuerpo u órganos, siempre y
cuando se cumpla con lo establecido con la Ley General de Salud.
Artículo 16 bis 3. El usuario tendrá:
I a II …
III. El derecho en todo momento a suscribir un Testamento de Vida y solicitar
por propia persona o a través del legatario designado en el testamento, que
sea aprobada su voluntad por la Comisión de Ética.
Artículo 16 Bis 8.- Los prestadores de los servicios de salud a quienes corres-ponda
interrumpir la vida de un paciente, de acuerdo a lo establecido por el
inciso a), fracción VII del artículo 15 ter de la presente ley y cuyas creencias
religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán
excusarse de intervenir, para lo cual se aplicará lo establecido en el inciso d)
de la fracción VII del artículo 15 ter de la presente ley.
TRANSITORIOS
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publica-ción
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 1501, se
adicionan la fracción V del artículo 1501, el Capítulo IX del título tercero, libro
tercero y los artículos 1598 bis, 1598 ter, 1598, quater, 1598 quintus y 1598
sextus del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente
manera:
Artículo 1501.- El especial puede ser:
I. Privado;
II. Militar;
III.Marítimo,
IV. Hecho en país extranjero, y
V. De Vida.

Libro Tercero
Las Sucesiones
Título Tercero
De la Forma de los Testamentos
Capítulo I a VIII …
Capítulo IX
Del Testamento de Vida
Artículo 1598 Bis. El testamento de vida es el documento jurídico revocable,
mediante el cual una persona mayor de 18 años manifiesta, de manera libre y
voluntaria, la actuación médica que se deba tener, en caso de encontrase en
una situación de salud que le impida expresar su voluntad. Asimismo, podrá
suscribir, si así lo desea, el donar o no su cuerpo u órganos a favor de cualquier
persona o institución de salud.
En el testamento de vida, la persona que lo firma designará a un legatario para
que en caso de no poder expresar por sí mismo su voluntad, la sustituya en los
términos del artículo 1392 de este código.
No podrá ser legatario quien haya firmado como testigo en la formación del
Testamento de Vida.
El testamento de vida podrá ser revocado sólo por la persona que lo solicitó y
firmó ante Notario Público, siempre y cuando sea de manera libre y voluntaria.
Artículo 1598 ter. El testamento de vida podrá realizarlo cualquier persona que
lo desee de manera libre y voluntaria y se formalizará ante Notario Público.
Artículo 1598 quater.- Para su validez el Testamento de Vida deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
I. Haberse realizado ante Notario Público;
II. Estar firmado por el solicitante, el Notario Público y dos testigos y;
III.Los testigos deberán ser mayores de edad y podrán ser:
a) El o la cónyuge; o
b) El concubinario o la concubina; o
c) Los descendientes; o
d) Los ascendientes; o
e) Los hermanos, o

f) El adoptado o el adoptante, o
g) El conviviente.
Artículo 1598 quintus.- El paciente o su legatario podrá presentar ante el Co-mité
de Ética, el Testamento de Vida, junto con una solicitud firmada por
cualquiera de los dos, para que se evalúe la voluntad expresada y, de ser
aprobada, llevarse a cabo.
Artículo 1598 sextus.- El Testamento de Vida deberá incorporarse al historial
médico del paciente, para lo cual éste o su representante lo entregarán en el
centro de salud donde se le atienda.
TRANSITORIOS
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publica-ción
ATENTAMENTE
Dip. Nazario Norberto Sánchez

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma
el artículo 312 del Código
Penal Federal y se crea la Ley
General de Suspensión de
Tratamiento Curativo
El suscrito, Lázaro Mazón Alonso, Senador a la LX Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con funda-mento
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Polí-tica
de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 312 DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE CREA LA LEY GENERAL DE SUSPENSIÓN DE
TRATAMIENTO CURATIVO, al tenor de la siguiente:
Las sociedades modernas se han distinguido por abrir cada vez más el debate
en diversos temas que hasta hace unas décadas se encontraran fuera de la
discusión pública. Hoy en día, los ciudadanos se encuentran inmersos en un
nuevo proceso de participación, incluyente y abierto, donde los problemas
torales que afectan directamente a los individuos ya no son objeto de discu-sión
por parte de unos cuantos sectores de la sociedad, sino por el contrario, la
participación activa de la ciudadanía es cada vez mayor.
La existencia de una sociedad participativa no es ajena a México, hoy nuestro
país, al igual que la mayoría de los sistemas, cuenta con la apertura y sensibi-lización
de la ciudadanía en los principales temas de interés social.
Estamos entonces, ante una sociedad corresponsable con el Estado y amplia-mente
vinculada con los gobernantes para la toma de decisiones fundamenta-les;
una sociedad incluyente, tolerante y pluricultural, capaz de abordar las
principales problemáticas nacionales y mundiales.
Este tema es hoy en día objeto de debate a nivel mundial. La sociedad partici-pa
activamente y cada vez con mayor fuerza en esta discusión que no se

circunscribe a una mera decisión política, sino que involucra además, las esfe-ras
social, ética, jurídica y religiosa.
Es importante señalar que la discusión sobre este tema, ni es única, ni es
reciente en nuestro país, pues tiene importantes antecedentes históricos.
Para los griegos, la idea de la buena muerte, se asocia de forma exclusiva a los
individuos que habían tenido una buena vida, por lo que los ideales de virtud
alcanzados en ésta, eran recompensados al final con una muerte sin dolor,
situación digna para aquellos que llevaron una vida recta. Lo anterior nos per-mite
observar que la concepción griega de la “buena vida” es asimilada en la
actualidad, pues necesariamente se hace referencia a la dignidad de las perso-nas
y a su derecho a decidir sobre sí mismas.
Así las cosas, la autodeterminación es garantía ineludible del ser humano,
pues finalmente es la persona y sólo ella quien decide, de acuerdo a sus
valores, lo que a su juicio es digno o no. La conservación de la dignidad es a su
vez un postulado de la independencia, el individuo deberá entonces enfrentar
a la muerte con la misma dignidad con la que enfrenta la vida.
De este modo el derecho a una muerte digna se concibe filosóficamente
como parte del proceso del hombre que encara la vida como un principio que,
indefectiblemente, tiene un fin que a su vez tiene que ser pensado en los
mismos términos en que se piensa la vida: de forma libre, digna y responsable.
Ante esto es necesario soslayar que cuando la vida ha dejado de tener las
condiciones mínimas adecuadas y suficientes para considerarse como una vida
digna, es necesario considerar la posibilidad de que sea el propio individuo
quien determine su conclusión en razón de su estado de salud, mismo que
trasgrede su propia estabilidad psíquico-emocional a grados por demás inso-portables.
Es entonces cuando debemos como individuos y como sociedad,
respetar la decisión de quien opte por una muerte digna.
En este tenor, se debe entender por situaciones de muerte digna aquellas en
las que la dignidad humana parece encontrarse en una condición tal de oscu-recimiento
y lamentable ocaso, en las que la suspensión de la terapia aparece
como una mejor alternativa; más humana que el simple pensamiento de la
prolongación de una vida en condiciones deplorables. Se trata entonces, de
conservar los valores más importantes del ser humano, su libertad, su autode-terminación
y su dignidad.
Comúnmente, se concibe el proceso natural de la vida como un suceso pro-gresivo,
inalterable e improrrogable, que culmina con la muerte, ya sea de
forma natural o accidental, del individuo, lo anterior, no podemos dejar de
señalar que los avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina,
han contribuido a elevar la calidad de vida de millones de personas. Dichos
avances han logrado crear nuevos tratamientos que prolongan la existencia de

los pacientes que los reciben, permitiendo incluso, dilatar los efectos de las
enfermedades, mitigando su curso natural.
No obstante las ventajas que ha traído consigo la evolución de la medicina,
tenemos que las personas que se encuentran en fase terminal de algún pade-cimiento
llegan a sufrir severos dolores y malestares, que afectan física y
emocionalmente no sólo a quien los padece sino a su familia y seres queridos,
a tal grado que la propia persona enferma llega a solicitar la suspensión del
tratamiento, por que en el mejor de los casos, solo prolonga su sufrimiento,
mismos que comparten el dolor, pasando por el terrible trauma de ver como
disminuyen las capacidades, el estado de salud y emocional de la persona
amada.
Por ejemplo, Juan Pablo II, máxima autoridad de la Iglesia católica, pidió que
no le dieran asistencia en su larga enfermedad y que lo dejaran morir en paz.
Otro ejemplo lo tenemos con los sujetos en estado vegetativo en las institu-ciones
de salud donde la familia pide la terminación del tratamiento y no
presta atención al costo; en cambio, en los hospitales privados, las familias
piden la terminación porque ya no pueden sostener los gastos médicos. En
ambos casos los médicos no pueden hacer nada porque de lo contrario su
conducta sería penalizada por la ley.
Además, nuestro sistema de salud carece de áreas de tanatología que ayude
durante este periodo de trauma a la familia.
En este punto es necesario diferenciar la llamada eutanasia, del derecho a una
muerte digna, para posteriormente analizar su marco jurídico y las circunstan-cias
que en específico deben ser objeto de regulación en nuestro país.
En el derecho internacional y en el campo de la medicina se distinguen dos
posibilidades del derecho a una muerte digna: la pasiva y la activa.
El derecho a una muerte digna de forma pasiva es definida como el conjunto
de acciones u omisiones, que con el fin de suprimir cualquier dolor, causan la
muerte al enfermo, no proporcionándole ningún agente para acabar con la
vida, pero sí dejando que algunos procesos evolucionen espontánea o natural-mente
como es el caso de las infecciones intercurrentes. En este caso se dejan
de administrar al enfermo terminal los tratamientos respectivos, en vista de la
imposibilidad de su recuperación.
La eutanasia ocurre cuando el paciente solicita ayuda a un tercero para morir
de forma acelerada y sin dolor, así como la situación en que un tercero da
muerte en caso de que el paciente presente muerte cerebral o incapacidad
para decidir, recayendo la responsabilidad en familiares o conyuge.
A nivel internacional la muerte digna ha sido objeto de regulación en diversos
países, aunque en la mayoría aún se discute su viabilidad o la forma en que

habrá de permitirse, pero en otros, se tiene una legislación completa en este
tema.
Holanda y Bélgica son los países ejes de ésta práctica, sin embargo algunos
otros como Suecia y Francia se ha pronunciado por la regulación de la eutana-sia
pasiva y por la prohibición de la activa.
En abril del año 2001, y tras un intenso debate prolongado por más de 25
años, Holanda se convirtió en el primer país en el mundo, en legalizar la
terminación anticipada de vida; el Senado Holandés reformó el Código Penal y
aprobó la “Ley de Comprobación de la Terminación de la Vida a Petición
Propia y del Auxilio al Suicidio”, que entró en vigor el 1 de abril de 2002. En
dicha ley se establecieron los lineamientos jurídicos para permitir la eutanasia
y la muerte digna, el suicidio asistido y el reconocimiento legal del testamento
de vida.
En Holanda, y bajo el contexto de esta discusión, se consideró conveniente
que en el Código Penal se incluyera un eximente de responsabilidad aplicable
al médico, que bajo ciertos criterios de cuidado y esmero profesional estable-cidos
legalmente, hiciera terminar la vida de un paciente a petición del mismo,
o prestarle auxilio para su suicidio.
Cabe mencionar que en el caso de la “Ley de Comprobación de la Termina-ción
de la Vida a Petición del Auxilio al Suicidio”, se regula detalladamente
el actuar del médico, a fin de proceder legítimamente a la terminación de la
vida o al auxilio al suicidio de una persona; entre los puntos que sobresalen, y
de acuerdo al artículo 2 de la citada ley, se encuentran los siguientes:
Artículo 2
1. Los requisitos de cuidado a los que se refiere el artículo 293, párrafo
segundo, del Código Penal implican que el médico:
a) Ha llegado al convencimiento de que la petición del paciente es volun-taria
y bien meditada.
b) Ha llegado al convencimiento de que el padecimiento del paciente es
insoportable y sin esperanzas de mejora.
c) Ha informado al paciente de la situación en que se encuentra y de sus
perspectivas de futuro.
d) Ha llegado al convencimiento junto con el paciente de que no existe
ninguna otra solución razonable para la situación en la que se encuen-tra
este último.
e) Ha consultado, por lo menos, con un médico independiente que ha
visto al paciente y que ha emitido su dictamen por escrito sobre el
cumplimiento de los requisitos de cuidado a los que se refieren los
apartados a) al d), y;

f) Ha llevado a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con
el máximo cuidado y esmero profesional posibles.
Otro punto interesante en esta ley, es la creación de comisiones regionales
para la comprobación de las notificaciones de casos en los que se ha llevado a
cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio a petición del paciente.
Cabe señalar que estas comisiones están compuestas por tres personas; un
jurista, quien funge como presidente de la misma, un médico y un experto en
cuestiones éticas, quienes están encargados de juzgar si el médico ha actuado
conforme a lo establecido en la ordenanza mencionada.
El pasado 23 de septiembre de 2002, Bélgica aprobó la Ley Relativa a la
Eutanasia, la cual permite a los enfermos en fase terminal, solicitar la muerte
digna cumpliendo ciertos requisitos, dentro de los que se encuentran los si-guientes:
el paciente debe ser mayor de edad y estar mentalmente saludable.
El paciente debe solicitar la muerte digna de forma voluntaria, bien considera-da
y repetidamente; el sufrimiento deber de ser insoportable; el paciente
debe estar bien informado de su situación y de otras alternativas; un segundo
médico debe confirmar que la enfermedad es incurable y que el sufrimiento
sea insoportable, y la muerte digna debe de ser asistida por un médico.
Otros países europeos han avanzado en la legislación del derecho a una muer-te
digna pasiva, como es el caso de Suecia o Francia.
Para el caso francés, se aprobó de manera unánime la “Ley Sobre el Fin de la
Vida”, que otorga a cada enfermo terminal el derecho de decidir sobre la
finalización de su vida. Sin embargo, deja intacta la penalización de la eutana-sia
en el Código Penal, como homicidio. Las principales características de esta
ley, son las siguientes:
1. Rechazo o no emprendimiento de tratamientos terapéuticos cuando se
considere que resultan inútiles, desproporcionados o no tienen más efec-to
que el mantenimiento artificial de la vida, pudiendo ser suspendidos.
Además los médicos obtienen la seguridad jurídica de que no incurrirán
en responsabilidad en estas situaciones.
2. Dispensa de cuidados paliativos cuando un paciente terminal decide limi-tar
o detener todo el tratamiento. En este caso el médico debe respetar la
voluntad de la persona después de haberle informado de las consecuen-cias
de su decisión.
3. Prevé un documento en el que el paciente manifiesta sus disposiciones
para el caso de que no esté en condiciones de expresar su voluntad. Es
revocable en todo momento y debe haber sido redactado en un lapso
menor de tres años.
4. Tratar el dolor con riesgo de abreviar la vida. “Si el médico constata que
no puede tratar el dolor de una persona, en fase avanzada o terminal
de una enfermedad grave e incurable (...) más que aplicándole un

tratamiento que como efecto secundario puede abreviar la vida, debe
informar al paciente”, y a la familia o a la persona de confianza.
5. En el caso del enfermo terminal inconsciente, la decisión de interrumpir
el tratamiento debe ser realizado mediante un proceso colegial, consul-tando
a la familia o persona de confianza, y en su caso, las directivas
anticipadas.
En Suecia cualquier acto relacionado con la eutanasia enfrenta el escrutinio
legal, como delito y se castiga hasta con 5 años de prisión, sin embargo, en
casos extremos, un doctor puede desconectar las máquinas que mantienen
con vida a un individuo.
En el continente americano, las reformas en torno al derecho a una muerte
digna las encontramos en Estados Unidos y Uruguay.
En Uruguay, el Código Penal en su Artículo 30 castiga con veinte meses y
hasta doce años de prisión, a quien cometa el delito de homicidio; sin embar-go,
también contempla la figura del homicidio piadoso en al Artículo 37, regu-lado
en los siguientes términos:
Artículo 37.- Los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de
antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de pie-dad,
mediante súplicas reiteradas de la víctima.
De lo anterior se observa que la legislación uruguaya no define de manera
estricta la eutanasia, pero la simplifica, y como tal debe ser penada. Determi-na
una atenuante genérica que modera la represión del Estado. Asimismo, se
sostiene que la originalidad de la propuesta penal uruguaya respecto al homi-cidio
piadoso radica en dos hechos: ser el primero en Latinoamérica en permi-tir
la exoneración en casos de muerte digna y en el hecho de haberse mantenido
vigente desde 1934 hasta nuestros días.
En el año de 1990, Estados Unidos aprobó a nivel federal la “Ley de Autodeter-minación
del Paciente”, en la que se exige a los hospitales, hogares de ancia-nos
y otras instituciones que reciben fondos de Mediocare y Medicaid, que
suministren información por escrito a los pacientes y a los residentes en el
momento de la admisión sobre las instrucciones anticipadas para cuidados
médicos. Este tipo de información tiene por objetivo que el paciente tome sus
propias decisiones acerca de los cuidados que le gustaría recibir en caso de
desarrollar una enfermedad terminal o padecer una lesión potencialmente
mortal. Además el paciente puede confiar a alguien la responsabilidad de
decidir sobre su cuidado médico en caso de que sufra una incapacidad que le
impida tomar o comunicar estas decisiones.
Por otra parte en este mismo país, el 8 de noviembre de 1994, en el estado de
Oregon, se aprobó una ley que legaliza el suicidio, denominada “Ley de Oregon
para la Muerte Digna”. Dicho ordenamiento permite a los médicos suministrar

fármacos letales a los pacientes desahuciados, los cuales tienen una esperanza
de vida que no supera los seis meses. El paciente debe expresar por escrito su
deseo de que se les administre el fármaco. Esta ley entró en vigor en 1998 tras
ser refrendada en dos ocasiones por los votantes de Oregon.
En nuestro país, se han presentado propuestas que pretenden reformar las
leyes correspondientes para establecer en la legislación mexicana el Testa-mento
en Vida y la Eutanasia, prueba de ello es la iniciativa presentada por la
diputada Eliana García Laguna. La propuesta tenía por objeto regular los dere-chos,
obligaciones, mecanismos, instancias y autoridades competentes, en los
casos en que una persona enferma en etapa terminal haya decidido ejercer su
derecho a la terminación voluntaria de la vida para poner fin a los padecimien-tos
derivados una enfermedad incurable. Ésta recoge el espíritu de la presen-tada
por el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, producto del “Foro Sobre
los Derechos de los Enfermos Terminales e Incurables y Temas Afines”, reali-zado
en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 28 de octubre de 2002.
Pero, no sólo el Poder Legislativo ha mostrado interés por abordar ese tema,
sino también los sectores académicos y científicos de nuestro país se han
mostrado atentos por que se ponga a debate este tema, aportando investiga-ciones
multidisciplinarias en las que discuten las propuestas en favor y en
contra del derecho a una muerte digna. Recientemente en el libro Práctica y
ética en la eutanasia de la Dra. Asunción Álvarez del Río, se plantea el dere-cho
del paciente a decidir cuándo y cómo terminar su vida, y el deber del
médico de responder a esta petición; de igual forma, y como un elemento no
menos importante, se reflexiona si el Estado debe respaldar el derecho del
paciente a decidir y del médico a brindar auxilio en torno al derecho a una
muerte digna.
Este debate cuestiona si la persona que padece una enfermedad crónica
degenerativa en etapa terminal vive o no plenamente, llegando al extremo de
considerar que las condiciones y perspectivas de su vida no son suficiente-mente
razonables para soportar el dolor intratable o la pérdida de dignidad.
Esta reflexión tiene que ser resuelta al margen de toda discusión dogmática y
enfocarse en las condiciones propias del problema, con las que de hecho tiene
que vivir el paciente en estado terminal, procurando llegar a una conclusión
razonable que ayude realmente al paciente.
En este sentido, hay quienes creen que vivir con dignidad es una característica
distintiva del ser humano, la cual está indivisiblemente asociada a la capacidad
de decidir el destino de su propia vida, constituyendo un parámetro central en
la toma de decisiones que repercuten en los sujetos; de este modo, al tomar una
decisión, es indispensable que se dé pensando en el enfermo y su dignidad.
Ante esta temática se pude recordar el juramento de Hipócrates (médico y
filósofo) para mostrar los valores que encierra la práctica médica: “...jamás

proporcionaré a persona alguna un remedio mortal si me lo pidiese, ni haré
sugestión alguna en tal sentido...” Este juramento, se escribió hace más de
2500 años, y su intención es por demás clara, poner límites morales a la
injerencia que posee el médico en relación al paciente, para de esta forma,
regular sus prácticas y definir sus limitantes en relación a sus conocimientos.
En la época actual le corresponde a la sociedad, a las autoridades y legisladores
en su conjunto, determinar en base a las condiciones de la sociedad, determi-nar
bajo que principios se ha de regir un individuo con relación a su vida,
condiciones de desarrollo y momento adecuado de morir.
Es por ello necesario adecuar el marco normativo nacional, lo cual implica la
actualización del derecho en relación a las problemáticas que nos afectan o
que necesariamente nos afectarán. Es indudable que el derecho a una muerte
digna debe ser objeto de regulación que impida los excesos, donde el marco
jurídico no puede quedarse rezagado ante el avance social, científico y tecno-lógico.
Existen elementos que necesariamente deben ser ejes de una propuesta de
tal magnitud, como lo son:
1. El reconocimiento de la dignidad humana, como una condición inherente
al ser humano, tomando todo problema que atente contra esta dignidad
como de importancia fundamental que demanda una pronta solución en
beneficio de los afectados y que siente un precedente para toda proble-mática
posterior.
2. El respeto a la libertad de autodeterminación de los individuos, tomando
siempre en consideración que esta libertad se dé de forma responsable e
informada, procurando que a los ciudadanos se les proporcionen todas las
facilidades para que sus decisiones se generen en los términos idóneos
de conciencia y recapacitación.
3. El contar con un diagnóstico certero de que la enfermedad es crónica e
irreversible y que se tiene una esperanza de vida menor a seis meses,
donde la presencia de dolores y malestares sean insoportables.
4. El reconocimiento de un documento en el que se puede plasmar los
deseos de cada individuo en relación al trato que desea se le dé a su
persona, en caso de caer en condiciones tales de inconsciencia, que sea
incapaz de hacer manifiesta su voluntad de que se le aplique una muerte
digna.
5. La creación de una comisión dictaminadora que posea las facultades ne-cesarias
para el análisis de las solicitudes del derecho a una muerte digna.
6. El establecimiento de reformas necesarias en otros ordenamientos como
el Código Penal para regular la práctica del derecho a una muerte digna.
Cabe señalar que en nuestro país la legislación penal prohíbe y castiga la
aplicación de la eutanasia la muerte digna y el suicidio asistido. Dicha prohibi-ción,
no se encuentra como tal en ningún ordenamiento jurídico del país, sin

embargo se desprende de lo dispuesto por el Artículo 312 del Código Penal
Federal, a saber:
Artículo 312. El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide,
será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se le prestare
hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, la revisión será de cuatro a
doce años.
De lo anterior podemos desprender que aún y cuando un profesional de la
salud aplique algún agente que ocasione la muerte a un paciente terminal
estará incurriendo en la ilegal y por ende punible conducta de homicidio.
En este contexto resulta necesario adecuar el Código Penal Federal a fin de
dotar de una eximente de penalidad a los profesionales de la salud que privi-legien
el derecho a una muerte digna, de conformidad con esta Iniciativa
denominada Ley General de Suspensión del Tratamiento Curativo.
En atención a lo expuesto con anterioridad, someto a la consideración de esta
H. Cámara de Senadores, la presente iniciativa que tiene por objeto regular de
una manera integral la práctica de una muerte digna en nuestro país, incorpo-rando
de manera puntual todo el procedimiento y formalidades de un tema de
esta relevancia, determinando las responsabilidades y derecho de las personas
que decidan optar por esta alternativa ante el ocaso de su vida.
En este contexto, resulta de la mayor importancia señalar que en la presente
iniciativa se incluyen elementos que, sin duda, condicionan y limitan la prácti-ca
de una muerte digna, con el objeto de regularla. Al respecto, se dedica un
capítulo especial para el Derecho de la Terminación de Vida, así como para
su aplicación y requisitos que deben reunir las solicitudes; se crea el Comité
Nacional de Bioética Médica encargado de coordinar las actuaciones de los
Comités de Bioética Medica de cada unidad hospitalaria, los cuales están
facultados para analizar los casos en particular y emitir, derivado de dicho
análisis, su autorización para la aplicación de una muerte digna.
Por último, las sanciones que, para el caso particular de esta Ley, se remiten a
la legislación penal federal, con la finalidad de que se siga castigando el auxilio
asistido, ejecutado en contravención a la Ley que se presenta.
Un punto interesante de esta iniciativa y que representa un avance respecto a
otras que se han presentado, es el concerniente a la Declaración Anticipada,
elemento que se encuentra vigente en la legislación de Bélgica. Este mecanis-mo
se considera como el medio idóneo para manifestar la voluntad del pa-ciente,
aún y cuando el estado de salud de la persona quien suscriba la declaración
anticipada no sea considerado como estado terminal.
La propuesta de “Testamento de Vida”, que existe en otras legislaciones, care-cería
de congruencia con la nuestra, ya que el Artículo 1295 del Código Civil

Federal dispone que el testamento, en su forma genérica, “es un acto
personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de
sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muer-te”.
En tal sentido podemos afirmar que en el caso del llamado “Testamento de
Vida” su propia naturaleza implica su cumplimiento antes de la muerte del, en
este caso, testador, pues de otra forma, es decir, ciñéndose a lo establecido en
el citado Código Civil, no tendría razón de ser.
Lo anterior aplica, incluso, para los denominados testamentos especiales, como
el Privado, el Militar, el Marítimo y el hecho en país extranjero -conforme lo
dispuesto en el Artículo 1501 del Código Civil Federal-, pues ninguno de ellos
surte efectos en vida del testador.
La vida, tal como es concebida por el Estado mexicano, es un principio y
derecho fundamental; sin embargo, también es cierto que éste debe garantizar
que su desarrollo sea en condiciones de libertad, en compatibilidad con el
respeto a la dignidad humana, a la autonomía del individuo, al libre desarrollo
de la personalidad y a la prohibición de tratos degradantes e inhumanos frente
a los derechos inalienables de la persona.
Por último, es necesario recalcar, que la decisión de cómo enfrentar la muerte
adquiere una importancia decisiva para el enfermo en estado terminal que
sabe que no puede ser curado y que, por ende, no está optando entre la
muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él
escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga
indignas.
El derecho fundamental a vivir en forma digna implica, entonces, el derecho a
morir dignamente.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a esta H. Cámara de Senadores
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE CREA LA LEY GENERAL
DE SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO CURATIVO.
PRIMERO. Se reforma el artículo 312 del Código Penal Federal para quedar
como sigue:
Artículo 312.- El que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide, será
punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años.
No se aplicará pena alguna para el profesional de la salud que actúe de confor-midad
con lo dispuesto en la Ley General de Suspensión de Tratamiento Cu-rativo.

SEGUNDO.- Se crea la Ley General de Suspensión de Tratamiento Curativo
para quedar como sigue:
LEY GENERAL DE SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO CURATIVO
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garan-tizar
el ejercicio de los derechos de los pacientes en estado terminal y de toda
persona que manifieste su voluntad de que se le aplique la presente por
medio de su declaración anticipada, así como establecer las bases y disposicio-nes
para su cumplimiento.
ARTÍCULO 2.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a:
I. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y demás dependen-cias
que integran la administración pública en el ámbito de sus respectivas
competencias;
II. El Comité Nacional de Bioética Médica y los Comités de Bioética Médica, y
III. Los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Analgésicos opioides: Los estupefacientes referidos en el Capítulo V, artícu-los
234 al 244, de la Ley General de Salud, y todos los demás establecidos
como tal por las normas oficiales mexicanas.
II. Carta de Declaración Anticipada. Documento otorgado ante fedatario pú-blico,
a través del cual un ciudadano con pleno uso de sus facultades mentales,
plasma su voluntad de que se le aplique la suspensión voluntaria de tratamien-to
curativo una vez que se encuentre con diagnóstico de enfermedad terminal
y no pueda, por motivos relacionados a su estado posterior de salud, manifes-tar
su voluntad acerca de la misma.
III. Comité Nacional de Bioética Médica. Comité encargado de coordinar las
labores de los Comités de Bioética Médica.
IV. Comités de Bioética Médica. Comités integrados en cada institución de
salud pública, encargados de dictaminar en torno de las solicitudes de suspen-sión
voluntaria de tratamiento curativo recibidas.

V. Enfermedad terminal: Todo padecimiento reconocido, progresivo, irrever-sible
e incurable que se encuentra en estado avanzado en el que existe certe-za
de muerte en un lapso no superior a seis meses.
VI. Instituciones de salud. Establecimientos, sean públicos o privados, que
brinden servicios de atención médico asistencial y psicosocial ambulatoria o de
internamiento o de visita domiciliaria.
VII. Médico tratante. Al profesional de la salud, reconocido así por institucio-nes
acreditadas por las autoridades educativas, que tiene a su cargo coordinar
la información y la atención sanitaria del paciente, con el carácter de interlocu-tor
principal del mismo en todo lo referente a su atención e información du-rante
el proceso de atención médica, sin prejuicio de las obligaciones de otros
profesionales que participan en las actuaciones asistenciales al paciente.
VIII. Paciente en estado terminal: Aquella persona a la que le haya sido diag-nosticada
alguna enfermedad terminal, cuyo tratamiento no pueda ser curati-vo,
sino solamente paliativo; y tenga como consecuencia de la enfermedad la
muerte, en un lapso de tiempo no superior a seis meses.
IX. Profesional de la salud: Todo aquel profesionista capacitado para brindar
servicio asistencial en el ámbito de la salud, previo reconocimiento por institu-ciones
acreditadas por las autoridades educativas, como son: escuelas, institu-tos
y universidades de nivel técnico y superior, que autoricen el ejercicio de
dichas labores.
X. Secretaría. La Secretaría de Salud.
XI. Solicitud de suspensión voluntaria de tratamiento. Documento por me-dio
del cual el representante legal de un paciente en estado terminal, menor
de edad ó que por su estado de salud no pueda hacer pleno uso de sus
facultades mentales, solicita la suspensión voluntaria de tratamientos curativos
o paliativos en los términos de la presente Ley.
XII. Suspensión de tratamiento: Derecho de los pacientes en estado terminal
a decidir sobre la sustitución del tratamiento curativo por una de tratamiento
paliativo en los términos de la presente Ley. Además la suspensión de trata-miento
comprende: la suspensión voluntaria de tratamiento curativo; la sus-pensión
anticipada de tratamiento curativo y la suspensión voluntaria de
tratamiento curativo o paliativo por suspensión Anticipada.
XIII. Suspensión anticipada de tratamiento curativo. Al inicio del tratamien-to
paliativo sin que haya sido aplicado el tratamiento curativo, siempre y cuan-do
el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad determine la imposibilidad de
cura y el rápido avance de las condiciones de deterioro de la calidad de vida
del paciente.

XIV. Suspensión voluntaria de tratamiento. Derecho de los pacientes en es-tado
terminal, mayores de 18 años y en el pleno ejercicio de sus facultades
mentales, para que, de manera libre y sin presión alguna, puedan solicitar, en
los términos dispuestos por la presente Ley, la suspensión voluntaria de trata-miento.
XV. Tratamiento del dolor y cuidados paliativos: Todas aquellas medidas pro-porcionadas
por profesionales de la salud especializados en la materia, orienta-das
a reducir los sufrimientos físico y emocional producto de una enfermedad
terminal, que pueden tener como consecuencia el avance de la enfermedad
terminal, sin que ello implique un menoscabo a su calidad de vida.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES
CAPÍTULO PRIMERO
De los Derechos en General
ARTÍCULO 4.- Los pacientes en estado terminal tienen derecho a:
I. Recibir la atención médica adecuada;
II. Recibir un trato digno y respetuoso;
III. La información clara y suficiente sobre su estado médico;
IV. Decidir libremente sobre su atención;
V. La confidencialidad;
VI. Recibir tratamiento contra el dolor y cuidados paliativos;
VII. La suspensión de tratamiento, y
VIII. Los demás que señalen las leyes.
Artículo 5.- Las instituciones de salud de tercer y cuarto nivel adoptarán
las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere la pre-sente
Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Derecho a Recibir Atención Médica Adecuada
Artículo 6.- El paciente en estado terminal tiene derecho a que la atención
médica se le otorgue por personal especializado en su estado de salud y en la
enfermedad que padece.
Artículo 7.- El paciente en estado terminal podrá, en todo momento, recibir
una segunda opinión sobre el diagnóstico pronóstico y tratamiento relaciona-do
con su estado de salud.
CAPÍTULO TERCERO
Del Derecho a Recibir un Trato Digno y Respetuoso
Artículo 8.- El paciente en estado terminal tiene derecho a que los profesiona-les
de la salud, así como todo el personal que le brinda atención médica le
otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales,
cualquiera que sea el padecimiento que éste presente.
Artículo 9.- El derecho establecido en el artículo anterior será extensivo a los
familiares y acompañantes del paciente en estado terminal.
Artículo 10.- En ningún caso podrán brindarse procedimientos terapéuticos o
paliativos que le importen al paciente en estado terminal menoscabo de su
dignidad.
CAPÍTULO CUARTO
Del Derecho a la Información
Artículo 11.- El paciente en estado terminal tiene derecho a ser suficientemen-te
informado sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su enfermedad,
así como de los derechos que le otorga la presente Ley.
Artículo 12.- La información a que se hace referencia el artículo anterior de-berá:
I. Ser proporcionada por el médico tratante y, en su caso, por un asesor legal
designado por la Secretaría;
II. Expresarse en forma clara y comprensible para el paciente, de forma oral y
por escrito;

III. Brindarse con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno
del estado de salud del paciente, así como de los derechos que le otorga la
presente Ley, y
IV. Ser siempre veraz, ajustada a la realidad.
Artículo 13.- El paciente en estado terminal, mayor de edad, en pleno uso de
sus facultades mentales, podrá extender, en cualquier momento, el derecho a
la información a sus familiares o designar a alguien más para tal fin. También
podrá negar a sus familiares el acceso a dicha información.
Artículo 14.- Para el caso de que el paciente en estado terminal sea menor
de edad o se encuentre imposibilitado por motivos de su salud para compren-der
la información a que hace referencia el artículo 9 de esta Ley deberá
ser brindada a su representante legal, tutor o persona que ejerza la patria
potestad.
Artículo 15.- El paciente en estado terminal que, por razón de alguna discapacidad
que no afecte el pleno uso de sus facultades mentales, no pueda comprender
la información que se le brinda en forma oral y escrita, tendrá derecho a que
dicha información se le proporcione por cualquier otro medio adecuado a sus
capacidades de comprensión. En tal caso la información deberá proporcionarse
además, a su representante legal o persona de confianza designada por el
paciente para tal efecto.
Artículo 16.- Cuando el paciente en estado terminal, según el criterio del mé-dico
que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa
de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de
sus familiares o de su representante legal.
Artículo 17.- El paciente en estado terminal podrá, en cualquier momento,
manifestar su voluntad de no ser informado acerca de su derecho a la suspen-sión
de tratamiento.
CAPÍTULO QUINTO
Del Derecho a Decidir Libremente sobre su Atención
Artículo 18.- El paciente en estado terminal o, en su caso, el responsable
tienen derecho a decidir libremente, de manera personal y sin presión alguna,
acerca de la aceptación o rechazo de cada procedimiento diagnóstico, tera-péutico
o paliativo ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de
supervivencia.

CAPÍTULO SEXTO
Del Derecho a la Confidencialidad
Artículo 19.- El paciente en estado terminal tiene derecho a que toda informa-ción
proporcionada por su médico, sea de manera verbal o escrita, se maneje
con estricta confidencialidad.
Artículo 20.- El paciente podrá autorizar, voluntariamente y por escrito, la
divulgación de la información a que hace referencia el artículo anterior. En
todo caso el médico tratante deberá sujetarse a lo dispuesto por la Ley Gene-ral
de Salud y sus reglamentos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Derecho a Recibir Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos
Artículo 21.- El paciente en estado terminal y su familia tienen derecho a
recibir, por el profesional de la salud, especialista en los tratamientos para el
dolor y cuidados paliativos según sus requerimientos.
Artículo 22.- Los tratamientos para el dolor y cuidados paliativos deberán estar
orientados al control de los síntomas del padecimiento del paciente en estado
terminal, así como a reducir el sufrimiento emocional y mejorar la calidad de
vida tanto del paciente en estado terminal como de su familia. Los cuidados
paliativos brindados a la familia del paciente en estado terminal deberán brin-darse
hasta que finalice el período de duelo.
Artículo 23.- Los profesionales de la salud, especialistas en el tratamiento del
dolor, podrán hacer uso, de ser necesario y con autorización de la Secretaría de
Salud, de analgésicos del grupo de los opioides.
Artículo 24.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría
de Salud expeditará el acceso a dichos analgésicos.
TÍTULO TERCERO
DE LA SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO CURATIVO
CAPÍTULO PRIMERO
Del Derecho a la Suspensión de Tratamiento Curativo
Artículo 25.- El paciente en estado terminal tiene derecho a la suspensión de
tratamiento curativo en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 26.- Queda totalmente prohibida la aplicación de la suspensión de
tratamiento, en todas sus formas, a pacientes en estado terminal extranjeros.
La Secretaría, en coordinación con los organismos de la administración pública
federal competentes, establecerán todas las facilidades para el traslado en caso
de que el paciente extranjero pueda acceder en su país a mecanismos simila-res
de terminación de vida o tratamiento, siempre que así lo solicite.
Artículo 27.- Los métodos y procedimientos, así como los fármacos utilizados
para la conversión de tratamiento curativo a paliativo, deberán garantizar la
disminución del sufrimiento del paciente en estado terminal y, en ningún caso,
podrán importar dolores o malestares mayores a los relacionados con el pade-cimiento.
Artículo 28.- El paciente en estado terminal podrá designar, de común acuerdo
con la Secretaría, el Comité Nacional de Bioética Médica y los Comités de
Bioética Médica, el lugar en el que se aplicarán los tratamientos paliativos.
Artículo 29.- La sustitución de tratamiento curativo por tratamiento paliativo
sólo podrá aplicarse en las instituciones de salud de tercer y cuarto nivel, que
integran el sector público. Los pacientes en estado terminal que soliciten la
suspensión de tratamiento curativo y que sean atendidos en instituciones de
salud del sector privado serán referidos al establecimiento que designen la
Secretaría de Salud y el Comité Nacional de Bioética Médica para tal efecto.
Artículo 30.- Todas las circunstancias relacionadas con las solicitudes de sus-pensión
de tratamiento curativo deberán ser anotadas en el expediente clíni-co
institucional.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Derecho a la Suspensión Voluntaria de Tratamiento Curativo
Artículo 31.- El paciente en estado terminal, mayor de edad y en pleno uso de
sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria de trata-miento
curativo y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente
paliativo en la forma y términos previstos en esta Ley.
Artículo 32.- El paciente en estado terminal puede, en cualquier momento,
revocar su consentimiento para la aplicación de la suspensión voluntaria de
tratamiento curativo, el ejercicio de este derecho no importará responsabilidad
de ningún tipo.
Artículo 33.- El paciente en estado terminal podrá, incluso en la fase de trata-miento
estrictamente paliativo, solicitar de manera verbal el reinicio de trata-miento
curativo. En tal caso deberá, posteriormente, ratificar su voluntad por
escrito.

Artículo 34.- La suspensión voluntaria de tratamiento curativo deberá solicitarse
por escrito, cumpliendo con los requisitos previstos en esta Ley.
CAPÍTULO TERCERO
De la Solicitud de la Suspensión Voluntaria de Tratamiento Curativo
Artículo 35.- Podrá solicitar la suspensión voluntaria de tratamiento curativo, el
paciente en estado terminal que cumpla con los siguientes requisitos:
I. Ser mayor de edad;
II. Estar en pleno uso de sus facultades mentales, dictaminado por el médico
tratante;
III. Encontrarse previa y ampliamente informado sobre las alternativas médi-cas
a su enfermedad;
IV. Haber recibido los tratamientos curativos adecuados para su estado de
salud y que los mismos no le otorguen el alivio suficiente;
V. Expresar su voluntad de manera libre y sin presión alguna, y;
VI. Cumplir con las formalidades que establece la presente Ley para el otorga-miento
y validez de la solicitud de la suspensión voluntaria de tratamiento
curativo.
Artículo 36.- La solicitud de suspensión voluntaria de tratamiento curativo de-berá
otorgarse por escrito y ante notario público y contendrá:
I. Nombre, edad, domicilio y firma del paciente;
II. Nombre, número de cédula, especialidad y firma del médico tratante;
III. Nombre o razón social y domicilio de la institución en que se le brinda
atención médica.
IV. Diagnóstico y pronóstico de su enfermedad,
V. Tratamientos curativos, terapéuticos y paliativos a los que ha sido sometido.
VI. La manifestación de que ha sido previa y ampliamente informado sobre su
estado de salud y las alternativas médicas o terapéuticas;
VII. La manifestación de que ha sido clara y suficientemente informado acerca
de los derechos que le concede la presente Ley;

VIII. Motivos y circunstancias que le llevaron a solicitar la suspensión voluntaria
de tratamiento curativo en forma detallada, y
IX. Firma de dos testigos que no tengan vínculo de parentesco ni intereses
económicos o materiales con el paciente.
Artículo 37.- La solicitud de suspensión voluntaria de tratamiento curativo de-berá
ser presentada ante el Comité Nacional de Bioética Médica de la institu-ción
de que trate; anexando, en la forma que determine la Secretaría, el
expediente clínico del paciente.
CAPÍTULO CUARTO
De la Aplicación de la Suspensión Voluntaria de Tratamiento Curativo
Artículo 38.- La suspensión voluntaria de tratamiento curativo se aplicará una
vez que se cumplan las siguientes condiciones:
I. Cumplir, sin excepción, con los requisitos y formalidades establecidas en la
presente Ley, y
II. Contar con la aprobación del Comité de Bioética Médica o, en su caso, del
Comité Nacional de Bioética Médica.
Artículo 39.- La aplicación de la suspensión voluntaria de tratamiento curativo,
supone la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la en-fermedad
terminal del paciente, y el inicio de tratamientos enfocados de ma-nera
exclusiva a la disminución del dolor o malestar del paciente, su autorización
se hará por el Comité de Bioética Médica o, en su caso, del Comité Nacional
de Bioética Médica.
Con la suspensión voluntaria de tratamiento curativo el médico autorizado
interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medica-mentos,
el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la
prolongación de la vida del paciente en estado terminal dejando que su pade-cimiento
evolucione naturalmente.
Artículo 40.- El paciente en estado terminal, el médico tratante y el Comité de
Bioética Médica o, en su caso, del Comité Nacional de Bioética Médica, deter-minarán
los actos u omisiones que garanticen el menor sufrimiento al pacien-te
en estado terminal.

TITULO CUARTO
DE LA SUSPENSIÓN ANTICIPADA DE TRATAMIENTO CURATIVO
CAPÍTULO PRIMERO
De los Pacientes Incapacitados para la Toma de Decisiones
Artículo 41.- El paciente en estado terminal menor de edad o que se encuen-tre
en algún estado que le impida el pleno ejercicio de sus facultades menta-les,
o bien no pueda, por motivos relacionados a su estado de salud, manifestar
su voluntad, tiene derecho a la suspensión anticipada de tratamiento curativo
en la forma y términos que señala la presente Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Solicitud de Suspensión Anticipada de Tratamiento Curativo
Artículo 42.- Podrán solicitar la suspensión anticipada de tratamiento curativo
para el paciente en estado terminal los familiares o el representante legal del
paciente en estado terminal.
Artículo 43.- Las personas a las que se refiere el Artículo anterior podrán solici-tar
la suspensión anticipada de tratamiento curativo para el paciente en estado
terminal siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
I. Ser mayor de edad;
II. Estar en pleno uso de sus facultades mentales, dictaminado por el médico
especialista en salud mental;
III. Encontrarse previa y ampliamente informado sobre las alternativas tera-péuticas
del paciente en estado terminal;
IV. Haber recibido, el paciente en estado terminal, los tratamientos paliativos
adecuados para su estado de salud y que los mismos no le otorguen el alivio
suficiente;
V. Expresar su voluntad de manera libre y sin presión alguna;
VI. No tener interés económico o material alguno con el paciente en estado
terminal, y
VII. Cumplir con las formalidades que establece la presente Ley para el otorga-miento
y validez de la solicitud de la suspensión voluntaria de tratamiento
curativo.

Artículo 44.- La solicitud de suspensión anticipada de tratamiento curativo
deberá otorgarse por escrito y ante notario público y contendrá:
a) Respecto del solicitante:
I. Nombre, edad, domicilio del solicitante, así como parentesco con el pacien-te
en estado terminal y, en su caso, situación legal respecto del mismo;
II. La manifestación de que ha sido previa y ampliamente informado sobre el
estado de salud y las alternativas médicas del paciente en estado terminal;
III. La manifestación de que ha sido clara y suficientemente informado acerca
de los derechos que le concede la presente Ley al paciente en estado ter-minal;
IV. La manifestación de que no tiene interés económico alguno respecto del
paciente en estado terminal;
V. En forma detallada, los motivos y circunstancias que le llevaron a solicitar la
suspensión voluntaria de tratamiento curativo, y
VI. El método y circunstancias que han de ser utilizados, para la sustitución de
tratamiento curativo por tratamiento paliativo.
b) Respecto del paciente en estado terminal:
I. Nombre, número de cédula, especialidad y firma del médico tratante;
II. Nombre o razón social y domicilio de la institución en que se le brinda
atención médica.
III. Diagnóstico y pronóstico de su enfermedad, y
IV. Tratamientos curativos e incluso paliativos a los que ha sido sometido.
V. Firma de dos testigos que no tengan relación de parentesco con el paciente
en estado terminal ni con el solicitante de la suspensión anticipada de trata-miento
curativo. Además, en ningún caso podrán fungir como testigos aquellas
personas que tengan algún interés económico o material respecto del pa-ciente.
Artículo 45.- La solicitud de suspensión anticipada de tratamiento curativo
deberá ser presentada ante el Comité de Bioética Médica de la institución de
que se trate, anexando, en forma que determine la Secretaría, el expediente
clínico del paciente.

Artículo 46.- La solicitud de suspensión anticipada de tratamiento curativo se
aplicará una vez que se cumplan las siguientes condiciones:
I. Cumplir, sin excepción, con los requisitos y formalidades establecidas en la
presente Ley, y
II. Contar con la aprobación del Comité de Bioética Médica o, en su caso, del
Artículo 47.- Se considerará suspensión anticipada de tratamiento curativo,
cuando a solicitud de las personas facultadas para ello en la presente Ley, y
con la aprobación del Comité de Bioética Médica o, en su caso, del Comité
Nacional de Bioética Médica, el médico autorizado interrumpe, suspende o no
inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumen-tos
o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del
paciente en estado terminal dejando que su padecimiento evolucione natural-mente.
Artículo 48.- Para el caso de que se solicite la suspensión anticipada de trata-miento
curativo, el médico tratante y el Comité de Bioética Médica determina-rán
los actos u omisiones que garanticen el menor sufrimiento al paciente en
estado terminal.
Artículo 49.- El solicitante de la suspensión voluntaria de tratamiento curativo
podrá elegir el método que ha de ser utilizado cuando ello sea posible; para
esto la Secretaría, en coordinación con el Comité Nacional de Bioética Médica,
determinarán los métodos, los procedimientos y los fármacos a utilizar para tal
efecto.
Artículo 50.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior el Comité de
Bioética Médica o, en su caso, el Comité Nacional de Bioética Médica, podrá,
en la resolución favorable a la solicitud de suspensión anticipada de tratamien-to
curativo, proponer el uso de algún método que a juicio considere más conve-niente,
de ser así el solicitante únicamente habrá de aprobarlo por escrito, el
caso contrario dará lugar a la revaloración de la solicitud por parte del Comité.
TÍTULO QUINTO
DE LA SUSPENSIÓN VOLUNTARIA DE TRATAMIENTO CURATIVO POR
DECLARACIÓN ANTICIPADA
CAPÍTULO ÚNICO
De la Declaración Anticipada
Artículo 51.- Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades
mentales, puede en cualquier momento e independientemente de su estado

de salud, expresar su voluntad de que le sea aplicada la suspensión voluntaria
de tratamiento curativo en caso de que llegase a padecer una enfermedad
terminal, por medio de la Carta de Declaración Anticipada.
Artículo 52.- La Carta de Declaración Anticipada deberá ser otorgada por escri-to
ante notario público y contendrá:
I. Nombre, edad, domicilio y firma de la persona que permite la Carta de
Declaración Anticipada.
II. Certificado de salud emitido por un especialista en salud mental donde se
determine que el declarante esta en pleno goce de sus facultades mentales;
III. Nombre, edad, dirección y firma de cuatro testigos;
IV. La manifestación de que ha sido clara y suficientemente informado acerca
su derecho a la suspensión voluntaria de tratamiento curativo por Carta de
Declaración Anticipada y sus derechos que le asisten en caso de llegar a pade-cer
una enfermedad terminal conforme a lo dispuesto por la presente Ley;
V. La manifestación detallada acerca de los casos en que podrá ser sujeto de la
aplicación de la suspensión voluntaria de tratamiento curativo, y
VI. La manifestación del método, lugar, circunstancias y personas que lo acom-pañarán
en la aplicación de la suspensión voluntaria.
Artículo 53.- La Carta de Declaración Anticipada surtirá efectos sólo en el caso
de que el declarante no pueda, por motivos de su estado de salud, manifestar
su voluntad respecto de los derechos que le otorga la presente Ley.
Artículo 51.- La Carta de Declaración Anticipada podrá ser revocada por el
declarante en cualquier momento, inclusive en los periodos de lucidez que su
enfermedad le permitiere, bastando para ello la simple manifestación oral ante
dos testigos y, en caso de ser posible, la posterior ratificación por escrito.
Artículo 55.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la presente Ley, toda persona
puede, mediante la Carta de Declaración Anticipada, manifestar su voluntad
para la no aplicación de la suspensión voluntaria de tratamiento curativo y, en
su caso, de la suspensión anticipada de tratamiento curativo.
Artículo 56.- La Carta de Declaración Anticipada, para los efectos de lo dis-puesto
en el artículo anterior, deberá otorgarse por escrito ante notario público
y deberá contener:
I. Nombre, edad, domicilio y firma de la persona que emite la Carta de Decla-ración
Anticipada;

II. Certificado de Salud emitido por un especialista en salud mental donde se
determine que el declarante está en pleno goce de sus facultades mentales;
III. Nombre, edad, dirección y firma de cuatro testigos, y
IV. La simple manifestación en relación a no ser sujeto de la aplicación de
ninguna de las formas de terminación de tratamiento curativo contenidas en la
presente Ley.
TÍTULO SEXTO
DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD
CAPÍTULO ÚNICO
De sus Facultades y Obligaciones
Artículo 57.- La Secretaría de Salud deberá emitir los reglamentos y Normas
Oficiales Mexicanas que considere conveniente para garantizar el ejercicio de
los derechos que concede la presente Ley.
Artículo 58.- Las unidades de atención hospitalaria de tercer y cuarto nivel que
integran el sector público, deberán contar con un Comité de Bioética Médica
para tal efecto es obligación de la Secretaría en coordinación con el Comité
Nacional de Bioética Médica, determinar las unidades que contarán con dichos
comités.
Artículo 59.- La Secretaría en coordinación con el Comité Nacional de Bioética
Médica, determinará las unidades a las que se canalizará a los pacientes en
estado terminal que quieran ejercer su derecho a la suspensión de tratamiento
curativo y que sean atendidos en instituciones de salud del sector privado.
Artículo 60.- La Secretaría en coordinación con el Comité Nacional de Bioética,
acordará el uso de material informativo, así como de su contenido, para dar a
conocer los derechos plasmados en la presente Ley. Dicho material informati-vo
se pondrá, además, a disposición de los pacientes en estado terminal y
demás personas que así lo soliciten.
Artículo 61.- Son obligaciones de la Secretaría:
I. Emitir formatos de las solicitudes de suspensión de tratamiento curativo y de
la Carta de Declaración Anticipada, mismos que serán puestos a disposición de
los pacientes en estado terminal y demás personas que así lo soliciten;
II. Conformar el Comité Nacional de Bioética Médica, encargado de la coordi-nación
de los Comités de Bioética a que hace referencia el Título Noveno de
la presente Ley;

III. Vigilar el proceso de solicitud de suspensión de tratamiento curativo, así
como la aplicación de la misma;
IV. Emitir los métodos y procedimientos para la aplicación de la suspensión de
tratamiento curativo;
V. Proporcionar, de acuerdo a su capacidad y en acuerdo con el Comité de
Bioética Médica y el solicitante de la suspensión de tratamiento curativo, el
lugar que cumpla las condiciones adecuadas para la aplicación de la misma, y
VI. Las demás que determine la presente Ley.
Artículo 62.- La Secretaría de Salud, en coordinación con el Comité de Bioética
Médica instrumentará programas de capacitación para los profesionales de la
salud sobre los derechos y obligaciones que se generan en torno a esta Ley.
De igual manera se instrumentarán programas de información para la sociedad
en general.
Artículo 63.- La Secretaría de Salud, en coordinación con el Comité de Bioética
Médica, autorizarán el uso de fármacos, para el tratamiento del dolor y cui-dados
paliativos, dicha facultad podrá delegarse a los Comités de Bioética
Médica.
Artículo 64.- El deber de las instituciones encargadas de la salud, sean públicas
o privadas, es capacitar a su personal médico en cuanto a los derechos que
otorga la presente Ley.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
CAPÍTULO ÚNICO
De las Obligaciones y Facultades de los Médicos
Artículo 65.- Son obligaciones del médico tratante:
I. Proporcionar al paciente en estado terminal toda la información relacionada
a su estado de salud y a los derechos que le concede la presente Ley;
II. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnós-tico
sea una enfermedad terminal;
III. Acatar la voluntad del paciente en estado terminal o, en su caso, del solici-tante
respecto de la aplicación de la suspensión de tratamiento curativo;

IV. Coadyuvar con el Comité Nacional de Bioética Médica y con los Comités de
Bioética Médica en todo lo necesario para que éstos se encuentren en condi-ciones
de emitir su resolución, y
V. Las demás que disponga la presente Ley; la Ley General de Salud y sus
reglamentos.
Artículo 66.- Son obligaciones del médico que aplica la suspensión de trata-miento
curativo:
I. Cumplir con los requisitos para el ejercicio profesional, en los términos de la
legislación aplicable;
II. Contar con la autorización del Comité de Bioética México para aplicar la
suspensión de tratamiento curativo;
III. Cerciorarse de que la resolución emitida por el Comité de Bioética Médica
sea favorable a la solicitud;
IV. Aplicar la terminación de tratamiento curativo en los términos de la resolu-ción
favorable;
V. Suspender la aplicación de la suspensión de tratamiento curativo en los
términos en la presente Ley o cuando observe vicios en el procedimiento;
VI. Anotar todas las circunstancias de la aplicación de la suspensión de trata-miento
curativo en el formato que, para tal efecto, determine la Secretaría, y
VII. Las demás que establezcan las leyes.
Artículo 67.- El o los médicos encargados de corroborar el diagnóstico y estado
de salud del paciente en estado terminal deberán:
I. Ser especialistas en el padecimiento en estado terminal y, en su caso, ser
especialistas en el tratamiento del dolor y cuidados paliativos;
II. Estar autorizados para tal efecto por el Comité de Bioética Médica o, en su
caso, por el Comité Nacional de Bioética Médica, y
III. En caso de que certifiquen el pleno goce de las facultades mentales del
paciente en estado terminal, ser especialistas en salud mental.
Artículo 68.- Los profesionales de la salud a los que se refiere el presente
Título, podrán, en todo momento y bajo el procedimiento que fije la Secreta-ría,
en Coordinación con el Comité Nacional de Bioética Médica, tener acceso
al expediente clínico del paciente.

TÍTULO OCTAVO
DE LOS DIAGNÓSTICOS
CAPÍTULO ÚNICO
Del Diagnóstico de Enfermedad Terminal
Artículo 69.- Para efectos de lo dispuesto por la presente Ley, el médico
tratante deberá ser especialista en el padecimiento del paciente en estado
terminal.
Artículo 70.- El médico tratante, una vez que haya determinado la existencia
de una enfermedad terminal deberá solicitar la opinión de otro médico espe-cialista
en el padecimiento.
Artículo 71.- El diagnóstico de enfermedad terminal se otorgará por escrito y
se comunicará, demás, en forma verbal al paciente en estado terminal. De
igual forma deberá contener el tipo de padecimiento, su pronóstico y alterna-tivas
terapéuticas.
Artículo 72.- El médico especialista consultado respecto de la enfermedad
terminal deberá emitir su diagnóstico de conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior.
Artículo 73.- Los diagnósticos a los que se refiere la presente Ley deberán
otorgarse por duplicado, entregando el respectivo al paciente en estado ter-minal
y constando el otro en el expediente clínico del paciente.
Artículo 74.- El diagnóstico de la enfermedad terminal, en su caso, deberá ser
comprobado por dos médicos especialistas en el padecimiento del paciente
en estado terminal autorizados y designados por el Comité de Bioética Médica
o, en su caso, del Comité Nacional de Bioética Médica.
Artículo 75.- La certificación de las capacidades mentales del paciente en esta-do
terminal y de las demás personas que estén facultadas en arreglo a la
presente Ley, para solicitar la suspensión de tratamiento curativo o emitir la
Carta de Declaración Anticipada, deberá ser expedida por un especialista en
salud mental y anexarse al expediente clínico que se presente al Comité de
Bioética Médica o, en su caso, del Comité Nacional de Bioética Médica, y al
expediente clínico institucional.
Artículo 76.- Los diagnósticos de enfermedad terminal, cualquiera que sea el
médico especialista que los emita, deberán contener:

I. Que se trata de un padecimiento reconocido, progresivo irreversible e incu-rable,
que se encuentra en estado avanzado, donde existe certeza razonable
de muerte en un periodo no mayor de seis meses;
II. Que los dolores sufridos por el paciente son insoportables y sin esperanzas
de mejoría;
III. Que se ha sometido al paciente en estado terminal a los tratamientos pa-liativos
adecuados y que los mismos no han logrado disminuir su sufrimiento;
IV. La manifestación de la inexistencia de un tratamiento que pueda aliviar su
sufrimiento o prolongar la vida del paciente en condiciones dignas, y
V. La manifestación de la inexistencia de alguna alternativa de curación.
TÍTULO NOVENO
DEL COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA MÉDICA
Y DE LOS COMITÉS DE BIOÉTICA MÉDICA
CAPÍTULO PRIMERO
De su Conformación, Facultades y Obligaciones
Artículo 77.- El Comité Nacional de Bioética Médica será conformado por la
Secretaría, y será el encargado de coordinar las labores de los Comités de
Bioética Médica de cada institución de salud; además tendrá las siguientes
facultades:
I. Nombrar a los integrantes de los Comités de Bioética Médica;
II. Supervisar y revisar las actuaciones de los Comités de Bioética Médica;
III. Aquéllas establecidas para los Comités de Bioética Médica, y
IV. Los demás que le otorgue la presente Ley y la Secretaría en el acuerdo
correspondiente.
Artículo 78.- Cada Comité de Bioética Médica estará integrado por siete miem-bros,
los cuales serán nombrados por el Comité Nacional de Bioética Médica.
Artículo 79.- Los integrantes del Comité Nacional de Bioética Médica y de los
Comités de Bioética Médica deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Contar con título y cédula profesional expedidos de conformidad con la ley
en la materia;

II. Contar con 35 años cumplidos al día de su designación;
III. No haber sido sentenciado por delito que merezca pena de prisión;
IV. En el caso del Comité Nacional de Bioética Médica, los demás que establez-ca
la Secretaría, y
V. En el caso de los Comités de Bioética Médica, los demás que establezca el
Artículo 80.- Los Comités sesionarán en privado y tomarán sus resoluciones
por mayoría simple de sus miembros.
Artículo 81.- Las sesiones de los Comités deberán constar por escrito y ante
dos testigos designados por la Secretaría.
Artículo 82.- La Secretaría de Salud dotará al Comité Nacional de Bioética
Médica y a los Comités de Bioética Médica de los recursos humanos y materia-les
necesarios para cumplir con su función.
Artículo 83.- Los Comités de Bioética Médica tienen las siguientes facultades:
I. Solicitar la intervención de los profesionales de la salud que considere perti-nentes
con el fin de estar en condiciones de emitir su resolución final;
II. Solicitar, siempre que lo considere pertinente, la realización de estudios
complementarios al paciente en estado terminal;
III. Declararse incompetente para resolver alguna solicitud de suspensión de
tratamiento curativo cuando, a juicio de la mayoría de sus integrantes, no
existan las condiciones para resolver en forma negativa o positiva;
IV. Turnar a la solicitud de suspensión de tratamiento curativo al Comité Nacio-nal
de Bioética en los casos en que se declare incompetente;
V. Allegarse de toda la información que requiera para estar en condiciones de
emitir su resolución final, y
VI. Las demás que establezca la presente Ley.
Artículo 84.- Los Comités, o alguno de sus integrantes, podrán en todo mo-mento,
suspender la aplicación de la suspensión de tratamiento curativo cuan-do
detecten que existieron vicios en el procedimiento de solicitud o resolución.
En tal caso se levantará un acta circunstanciada de los hechos, firmada por el
Comité o el miembro que solicite la suspensión.

Artículo 85.- Los Comités, y cada uno de sus integrantes deberán dirigir todas
sus actuaciones con ética y siempre en beneficio de los pacientes en estado
terminal.
Artículo 86.- Cuando los Comités, o alguno de sus integrantes, observe algún
indicio o tenga evidencia de alguna forma de presión sobre el paciente en
estado terminal, o de algún acto que contravenga la presente Ley, deberá, si
ya existe resolución positiva, ordenar la suspensión de la aplicación de la
suspensión de tratamiento curativo y hacerlo del conocimiento de la Secreta-ría
de Salud, quien a su vez, lo hará del Ministerio Público.
Artículo 87.- En caso de observarse algún indicio o contar con evidencia de
alguna forma de presión sobre el paciente en estado terminal, o de algún acto
que contravenga la presente Ley durante el periodo de análisis y resolución de
la solicitud de suspensión de tratamiento curativo, el Comité resolverá nega-tivamente.
Artículo 88.- Los miembros de los Comités, así como todas las personas que
intervengan durante el análisis, resolución y aplicación de una solicitud de
suspensión de tratamiento curativo deberán guardar estricta confidencialidad
respecto del caso.
Artículo 89.- Los miembros de los Comités deberán, como requisito para emitir
su resolución, tomar la declaración verbal del solicitante de la suspensión de
tratamiento curativo, para el caso de que el paciente sea menor de edad,
oirán, además del solicitante al propio menor.
Artículo 90.- El Comité Nacional de Bioética Médica y los Comités de Bioética
Médica podrán, en todo momento, solicitar el cotejo y ratificación de los datos
contenidos tanto en la solicitud de suspensión de tratamiento curativo como
en el expediente clínico del paciente.
Artículo 91.- Cuando el paciente en estado terminal, por motivos de salud no
pueda apersonarse en la sede de los Comités, estos se trasladarán al lugar
dónde se encuentre dicho paciente, tomando para ello en coordinación con la
Secretaría, las previsiones necesarias.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Resoluciones
Artículo 92.- Las resoluciones emitidas por el Comité de Bioética Médica serán
apelables.
Las resoluciones emitidas por el Comité de Bioética Médica serán apelables
ante el Comité Nacional de Bioética Médica en las circunstancias que el mismo
determine.

Artículo 93.- Los Comités de Bioética Médica, tanto nacional como el de cada
institución, emitirán sus resoluciones por escrito, siempre de forma respetuosa
y amable para el paciente en estado terminal o la persona solicitante.
Artículo 94.- Las resoluciones deberán contener:
I. Número de solicitud, nombre del paciente en estado terminal y, en su caso,
nombre del solicitante de la suspensión del tratamiento curativo;
II. Sentido de la resolución;
III. Las consideraciones para aprobar o rechazar una solicitud de suspensión de
tratamiento curativo, de forma detallada;
IV. En su caso, las consideraciones para recomendar un médico diverso al de la
solicitud para la aplicación de la suspensión de tratamiento curativo;
V. En caso de ser favorable, el tipo de tratamiento paliativo, el método, proce-dimiento
y fármacos a utilizar;
VI. Lugar, fecha y hora en que se aplicará la suspensión de tratamiento cu-rativo;
VII. Nombre y número de cédula del médico encargado de aplicar la suspen-sión
de tratamiento curativo;
VIII. Nombre y firma de los integrantes del Comité y el sentido de su voto, y
IX. Las demás que determine la Secretaría.
Artículo 95.- Los Comités de Bioética Médica contarán con cinco días hábiles
para emitir su resolución. El plazo será prorrogable, por causas suficientemen-te
justificadas, hasta por un máximo de cinco días hábiles a petición de la
mayoría de sus integrantes.
Artículo 96.- Para el caso de que el Comité de Bioética Médica no emita su
resolución en el plazo señalado por la presente Ley, o bien se declare incom-petente
para resolver, turnará la solicitud inmediatamente al Comité Nacional
de Bioética Médica, el cual contará con el mismo plazo para examinar la solici-tud
y emitir su resolución.
Artículo 97.- En caso de que el Comité Nacional de Bioética Médica o los
Comités de Bioética Médica no emitieran su resolución en el plazo concedido
para ello, se tomará como resolución negativa, dicha situación será inapelable
en el caso del Comité Nacional.

Artículo 98.- La falta de resolución del Comité Nacional de Bioética Médica y
de los Comités de Bioética Médica, así como las causas de incompetencia,
deberán justificarse plenamente por escrito.
TÍTULO DÉCIMO
DEL REGISTRO
CAPÍTULO ÚNICO
Del Registro de Suspensión de Tratamiento Curativo
Artículo 99.- Las instituciones de Salud contarán con un Registro de Suspensión
de Tratamiento Curativo el cual conservará en estricta confidencialidad los
expedientes, resoluciones y demás documentos relacionados con las solicitu-des
de suspensión de tratamiento curativo.
Artículo 100.- Los expedientes y documentos que consten en el Registro de
Suspensión de Tratamiento Curativo podrían ser consultados, en todo mo-mento,
por el solicitante de la suspensión de tratamiento curativo o la persona
que designe para tal fin, por una comisión revisora nombrada por la Secretaría
y, por el Comité Nacional de Bioética Médica o los Comités de Bioética Médi-ca.
Artículo 101.- El Registro de Suspensión de Tratamiento Curativo deberá llevar
los datos estadísticos que determine la Secretaría en coordinación el Comité
Nacional de Bioética Médica, en ningún caso podrán proporcionarse datos
personales de los pacientes en estado terminal, solicitantes de la suspensión
de tratamiento curativo y de ninguna que haya intervenido durante el proceso
de análisis, resolución y aplicación de la misma.
Artículo 102.- Toda la información contenida en el Registro de Suspensión de
Tratamiento Curativo podrá ser consultada, en los casos no previstos por esta
Ley, con autorización del Comité Nacional de Bioética Médica o mediante
orden judicial.
TÍTULO UNDÉCIMO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 102.- Toda persona que contravenga a la presente Ley será sanciona-da
de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Salud, sus regla-mentos
y el Código Penal Federal.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que contravenga el pre-sente
Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Salud emitirá, en un plazo no mayor a
60 días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario
Oficial de la Federación, las normas reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas
necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud conformará el Comité Nacional
de Bioética Médica en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez integrado Comité Nacional de Bioética Médica
entrará inmediatamente en funciones y en un plazo no superior a 60 días,
contados a partir de la fecha de su integración, designar a los Comités de
Bioética Médica y cumplirá con lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría de Salud, una vez que entre en funciones el
Comité Nacional de Bioética Médica, se coordinará con el mismo para el cum-plimiento
de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Suscribe,
Senador Lázaro Mazón Alonso.
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a los 12 días del mes
de abril de 2007.

Iniciativa para la creación
de la Ley de Voluntad
Anticipada
Aún no presentada a Comisiones por la diputada
local por el Distrito Federal Paula Soto
DIP. VÍCTOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita diputada a la Asamblea Legislativa por el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso h) de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 42 fracción XII y 46 fracción I y 47 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; el artículo 10 fracción I, 17 fracción
IV, 88 fracción I y 89 párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; artículo 85 fracción I y 86 párrafo
primero del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, someto a consideración de esta soberanía la siguiente,
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE VOLUNTAD ANTICI-PADA
PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-SOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y DE
LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL conforme a la siguiente:
La vida, como bien supremo tutelado y elemento inherente a la esencia de
todos los individuos, para ser susceptibles de todos los demás derechos; es la
máxima a proteger.
El tema de la “Eutanasia”, ha sido desde siempre un tema polémico para la
sociedad; un tema que de manera incorrecta ha sido abordado en defensa de
la muerte digna.
La vida, se vive dignamente, no se muere dignamente; sino que se debe evitar
el Encarnizamiento Terapéutico que prolongue de manera innecesaria la vida,
atentando en contra de la dignidad del ser humano.

Eutanasia proviene del vocablo grecolatino “Eu”, que significa bueno y
“Tanatos”, que significa muerte, por lo que el concepto de eutanasia se tradu-ce
como “la muerte buena”. Concepto que es el punto de partida de esta
discusión y que de manera incorrecta vierte argumentos a favor y en contra de
su reglamentación y aplicación.
Debemos entender que dentro de la mal llamada “muerte buena”, existen
derivaciones del concepto que es necesario precisar a fin de poder determinar
si se trata de la protección de la dignidad de la persona en la etapa terminal de
su vida, o propiamente de un homicidio calificado, de ayuda o inducción al
suicidio o de omisión de auxilio o de cuidado, con todos los elementos de los
tipos penales.
La Eutanasia tras esa definición anteriormente vertida, es el concepto general,
mismo que debe ser acotado en cuanto a sus formas de aplicación a fin de
determinar de qué tipo de Eutanasia se trata; podemos afirmar que como
concepto genérico consiste en el acortamiento voluntario de la vida, mediante
una acción directa o una omisión dolosa, a quien sufre una enfermedad consi-derada
incurable, para poner fin a sus sufrimientos.
De esta precisión básica, misma que ya se encuentra contemplada en la Ley
General de Salud y en la Ley de Salud para el Distrito Federal, queda claro que
bajo ciertas condiciones, es legal en México no usar o dejar de usar medios,
métodos o instrumentos artificiales y/o medicamentos, instrumentos quirúrgi-cos,
químicos, farmacéuticos o científicos que prolonguen la agonía de una
persona que padece muerte cerebral; posición que no presenta un dilema
moral por tratarse de una persona realmente muerta o en etapas terminales
irreversibles que mantiene algunos signos vitales en forma artificial.
TÍTULO TERCERO BIS. De la Protección Social en Salud
Capítulo IX. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios
Artículo 77 bis 37. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud
tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los si-guientes:
…
III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;
…
VIII. Decidir libremente sobre su atención;
IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar trata-mientos
o procedimientos;

…
Ahora bien, para poder determinar cuándo se trata de una correcta supresión
de un mantenimiento innecesario artificial y cuándo propiamente de la comi-sión
de un delito, debemos hacer referencia específica a diversos conceptos
según la acción del enfermo terminal y del médico encargado de practicarlo:
Eutanasia: Es la acción u omisión, por parte del médico, que acelera y adelan-ta
la muerte de un enfermo, por compasión.
Desde la perspectiva del enfermo, consiste en el acortamiento voluntario
de la vida, mediante una acción directa o una omisión dolosa, debido al sufri-miento
de una enfermedad considerada incurable, para poner fin a dicho
sufrimiento.
Se divide en dos, dependiendo de la acción o la omisión:
• Eutanasia Activa: se hace algo para llevarla a cabo; y,
• Eutanasia Pasiva: se suspende algo para lograrla.
También, de acuerdo con la aceptación, se divide en dos:
• Eutanasia Voluntaria: cuando el enfermo lo solicita; y,
• Eutanasia Involuntaria: sin consentimiento del enfermo.
Autotanasia: es cuando un enfermo se deja morir, dejando de comer o de
tomarse las medicinas que el médico ha recetado.
Distanasia: consiste en tratar de prolongar la vida por cualquier método posi-ble,
incluida la reanimación, sin importar las condiciones de dolor o dignidad
del paciente, de tratamientos inútiles desproporcionalmente molestos.
La Distanasia tiene relación con el “Ensañamiento Terapéutico”, “Encarniza-miento
Terapéutico” u “Obstinación Terapéutica”. Literalmente, significa “muer-te
mal hecha”, etimológicamente contrario a Eutanasia, que significa “buena
muerte”.
Adistanasia: a contrario sensu a la Distanasia es no tratar de prolongar la vida
por cualquier método posible, incluida la reanimación, evitando las condicio-nes
de dolor y procurando respeto a la dignidad de la persona, sin tratamientos
inútiles, desproporcionalmente molestos.
Cacotanasia: es la muerte de alguien aún no estando enfermo; o bien, quitarle
la vida a un enfermo, aunque nadie, ni el enfermo mismo, lo solicite. Propia-mente
es la Eutanasia activa equiparable a homicidio por misericordia.

Mistanasia: es la muerte por abandono social, médico y espiritual.
Ortotanasia: literalmente significa “muerte correcta”.
Distingue entre curar y cuidar, no se procura la muerte de manera activa ni
directa o indirecta, ni tiene prolongaciones irracionales, desproporcionadas o
crueles.
No acepta los métodos extraordinarios, definiendo en cada caso lo que es
extraordinario, procurando proteger la dignidad del paciente.
Estas definiciones establecen las formas de aplicación de la Eutanasia, las for-mas
específicas de conceptualización desde la perspectiva del paciente y del
médico tratante encargado para realizarlo. Igualmente cabe hacer referencia a
otros conceptos que nos permiten diferenciar los delitos propiamente tipificados:
Homicidio: consiste en la privación ilegal de la vida a cualquier persona.
Este concepto, en términos de la legislación penal, se encuentra sancionado, y
tendrá diferentes penas aplicables a la conducta punible, según las formas y
circunstancias de comisión del mismo.
Suicidio: es quitarse la vida por propia mano, pero puede motivarse u orillarse
a que alguien nos la quite, consciente o inconscientemente.
Un diagnóstico médico equivocado puede originar suicidio, pero también uno
acertado; o bien, la manipulación psicológica también puede orillar al paciente
enfermo al suicidio.
Suicidio Asistido: es ayudar, previa petición o aceptación, a morir a otro, aún
no estando en fase terminal o en proceso de una enfermedad degenerativa e
irreversible.
Normalmente es un médico el que da la “asistencia científica” para lograrlo,
pero no es él quien se encarga de ejecutarlo.
Ahora bien, a fin de poder determinar cuándo se trata de una muerte correcta
o incorrecta, que respete o no la dignidad del paciente en estado terminal, que
permita, faculte y exima de responsabilidad penal al médico de su aplicación,
debemos contemplar otros conceptos en relación con las circunstancias o for-mas
de su ejecución:
Cuidados Paliativos: Consisten en la utilización de todos los métodos científi-cos,
médicos, químicos, terapéuticos y/o farmacéuticos, mínimos, destinados
a hacer más soportable el sufrimiento de una enfermedad, procurando igual-mente
no menoscabar la dignidad del enfermo desahuciado o en etapa termi-

nal; así como el suministro o utilización de analgésicos y sedantes que pudie-ran
provocar la pérdida del conocimiento a fin de evitar sufrimientos innece-sarios.
Enfermo Desahuciado: es el que padece una enfermedad para la que no
existe un tratamiento curativo y que es mortal, aunque no necesariamente sea
a corto plazo.
Enfermo Terminal: es el que tiene una enfermedad o padecimiento irrecupe-rable,
previsiblemente mortal a corto plazo.
Puede ser aquel que:
a) Se encuentra en presencia de una enfermedad avanzada, irreversible,
incurable, progresiva y/o degenerativa.
b) Falto de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico.
c) Presencia de numerosos problemas y síntomas, secundarios o subse-cuentes.
d) Tiene un pronóstico de vida menor a seis meses.
Sedación Terminal Controlada: es la correcta práctica médica de inducir el
sueño del paciente, para que no sienta dolor, en los rarísimos casos de dolores
rebeldes a todo tratamiento.
Es una sedación suave acompañando a los analgésicos, que los potencia man-teniendo
la conciencia del paciente.
Con base en las definiciones anteriormente vertidas, debemos determinar cuando
se trata de una situación que pudiera ser considerada como delito en términos
de la legislación penal y cuando se trata propiamente de buscar aminorar el
sufrimiento de la persona enferma sin menoscabar su dignidad.
Eutanasia, como término genérico, debe diferenciar entre las acepciones y
tipos específicos que encuadran en algún tipo penal o que eximen de respon-sabilidad
a la acción realizada.
La Ortotanasia y los Cuidados Paliativos, la utilización de las medidas mínimas
extraordinarias, aunadas a la Sedación Terminal controlada inclusive, es la con-ducta
correcta que se encuentra eximida de responsabilidad para quien la
ejecuta a favor de otro, y que actualmente en la Legislación de Salud tanto
Federal como Local se encuentra regulada y permitida.
Cualquier otra combinación, llámese Adistanasia, Suicidio Asistido, Cacotanasia
o Distanasia inclusive, pudieran incurrir en los tipos penales de Auxilio Ejecu-tivo
del Suicidio, Homicidio o Inducción al Suicidio.

Ahora bien, entraremos al análisis puntual de las legislaciones de la materia
que contemplan y regulan estos tipos permitidos o sancionados.
Partiendo del Código Penal para el Distrito Federal como la legislación princi-pal
que establece la premisa general para poder analizar el tema, debemos
hacer referencia a los artículos 123, 127, 142, 143, 156 y 158, mismos que
analizaremos uno a uno.
El artículo 123 es el primer artículo contemplado en el Libro Segundo “Parte
Especial”, del Título Primero “Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal”,
en su Capítulo I. “Homicidio”, mismo que establece el tipo penal del delito de
homicidio y a la letra establece:
TÍTULO PRIMERO. DELITOS CONTRA LA VIDA
Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
CAPÍTULO I. HOMICIDIO
“Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte
años de prisión.”
Con base en ello podemos determinar que el homicidio consiste en la priva-ción
de la vida de una persona.
En cuanto a la forma o método en que se cometa dicha conducta, este mismo
capítulo establece diversas circunstancias para determinar si se agrava o ate-núa
dicha conducta.
Ahora bien, y de manera similar a como se hizo la correlación de las diversas
definiciones o acepciones de la Eutanasia, propiamente debemos determinar
cuando encuadra en algún tipo penal o no.
La Eutanasia activa propiamente se encuentra tipificada como delito en el
artículo 127 del mismo Código Penal, el cual, al igual que el artículo 123, se
encuentra regulado en el Capítulo de “Homicidio”.
“Artículo 127. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre,
impondrá prisión de dos a cinco años.”
Bajo el concepto genérico de Eutanasia anteriormente expuesto en el presen-te
documento, así como sus conceptos específicos de Distanasia, Adistanasia
y Sedación Terminal No Controlada, la Eutanasia como tal se encuentra tipificada
como una conducta ilícita que encuadra en el tipo penal en el artículo 127 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Ahora bien, la derogación de un artículo o la inclusión de causales excluyentes
de responsabilidad ante dicho tipo penal, pudieran generar en casos específi-cos,
permisiones incorrectas o excluyentes de responsabilidad que eximirían
de ésta a personas que estén contempladas dentro del espíritu de la ley.
El tipo penal contemplado en el artículo 127 no implica que se incurra en
responsabilidad penal, si se realiza bajo los términos y circunstancias de la
Ortotanasia, los Cuidados Paliativos aunados a la utilización de las medidas
mínimas extraordinarias, y la Sedación Terminal Controlada, ya que ello, pro-piamente
como conducta, no está induciendo, ni abandonando, ni dando muerte
a nadie, sino que está dando curso a un estado terminal de manera natural
simplemente auxiliando o evitando el Encarnizamiento Terapéutico Innecesa-rio,
y no integra el tipo penal contemplado por el numeral anteriormente
evocado.
Por otra parte los supuestos contemplados en los artículos 142 y 143 del
mismo Libro Segundo “Parte Especial”, pero ahora del Capítulo IV “Ayuda o
inducción al suicidio”, del propio Código Penal para el Distrito Federal, tampo-co
hacen referencia a la Ortotanasia, sino al Suicidio y al Suicidio Asistido,
mismos que no hacen referencia tampoco a los médicos en el ímpetu de
eximirlos de responsabilidad:
TÍTULO PRIMERO. DELITOS CONTRA LA VIDA
Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
CAPÍTULO IV. AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO
“Artículo 142. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá
prisión de uno a cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el
auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será
de cuatro a diez años de prisión.
Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de
tres a ocho años, si el suicidio se consuma.
Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o
ayuda, pero sí se causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la
pena anterior, sin que exceda de la pena que corresponda a las lesiones de
que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una cuarta parte de las
señaladas en este artículo.
Artículo 143. Si la persona a quien se induce o ayuda al suicidio fuere menor
de edad o no tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta o
determinarse de acuerdo con esa comprensión, se impondrán al homicida
o inductor las sanciones señaladas al homicidio calificado o a las lesiones cali-ficadas.”

En dicho texto antes reproducido queda claramente especificado que el tipo
penal se encuentra regulado en cuanto al Suicidio y al Suicidio Asistido, según
los sujetos, activo y pasivo, de la conducta realizada.
Igualmente que lo antes expuesto relacionado a la derogación o inclusión de
causales excluyentes de responsabilidad en el presente tipo penal, podría
generar conductas que no pretenden auspiciar y eximir de responsabilidad a la
práctica de la Ortotanasia, y permitir por tanto conductas que sí debieran estar
sancionadas, por no ser propiamente conductas que encuadren en la conducta
contemplada por el tipo penal y que pretendan eximir a los médicos y fami-liares
de enfermos terminales en cuanto a la decisión de dar término de mane-ra
legal, natural y sin encarnizamiento terapéutico, a una vida.
Por otra parte, debemos considerar la posible concurrencia o concurso de
delitos, mismos que derivado de la integración de los elementos del tipo,
pudiera llegar a constituirse otro delito más, o confundirse con algunas conduc-tas
y pudiera generar confusión en cuanto su punibilidad o no.
Tal es el caso de lo contemplado por los artículos 156 y 158 respecto a los
delitos que pudieran poner en peligro la vida o la salud de las personas y
causarle lesiones o inclusive la muerte al enfermo, mismos que a la letra dicen:
TÍTULO TERCERO. DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA
O LA SALUD DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I. OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO
ARTÍCULO 156. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí
misma teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres
años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese
ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria protestad o de la
tutela.
…
ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra per-sona
a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obliga-ción
de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres
meses a un año de prisión.
Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un
menor de doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese
sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito.
…

Bajo el principio de sistematización del derecho debemos considerar que toda
norma jurídica debe estar en estrecha relación con las demás normas existen-tes,
así como no violentar lo que las disposiciones anteriormente creadas esta-blecen.
Aunado a lo anterior debemos referenciar lo anteriormente expuesto a la Ley
de Salud del Distrito Federal, misma que específicamente hace puntual espe-cificidad
respecto a la Ortotanasia, aun cuando no la define exactamente bajo
ese concepto, pero si en cuanto a la forma de ejecución de la conducta.
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO II. DEL SISTEMA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 16 Bis 3. El usuario tendrá:
I. El respeto a la dignidad, a su vida privada, a su cultura y valores, en todo
momento durante la atención médica, y
II. Una atención terminal humanitaria y a recibir toda la ayuda disponible
para morir lo más digna y aliviadamente posible.
Aun cuando en la presente iniciativa se estableció anteriormente que conside-ramos
que no se muere dignamente, sino que se vive dignamente, el espíritu
del artículo anteriormente evocado hace referencia a salvaguardar la dignidad
de la persona hasta el último momento de su vida, aunado a la posibilidad de
la utilización de los Cuidados Paliativos y una Sedación Terminal Controlada,
sin atentar contra la vida ni contra la dignidad de la persona.
Si bien pareciera ser que existe una contradicción entre el Código Penal y la
Ley de Salud, ambos para el Distrito Federal, debemos entender claramente
que dicha aparente contradicción debe entenderse más en la práctica y en la
forma de ejecución de ciertas conductas, que en los supuestos normativos que
propiamente se encuentran regulados, ya que en las conductas consideradas
como delitos se hace referencia a una ejecución activa del delito, y en el caso
de la ley sanitaria, se refiere a una posibilidad de permitir que de manera
natural, con medidas humanitarias y controladas, se dé curso natural al fin de la
vida de una persona.
Ahora bien, una vez expuestas las regulaciones penal que hoy día tipifica
especialmente el Suicidio, el Auxilio Ejecutivo del Suicidio, El abandono u
Omisión de Auxilio o Cuidado, y de manera no explícita la Eutanasia activa,
podemos afirmar que en ello no va implícita la Ortotanasia, y la de materia de
salud que permite o contempla la Ortotanasia, debemos hacer una especial
referencia a la materia Civil en cuanto a la materia relativa a los Testamentos.
El Código Civil para el Distrito Federal, en el Libro Tercero “De las sucesiones”,
Titulo Segundo “De la sucesión por testamento”, Capítulo I “De los testamen-

tos en general” en el artículo 1295, establece propiamente lo que se define
como “Testamento”:
LIBRO TERCERO. DE LAS SUCESIONES.
TÍTULO SEGUNDO. DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO.
CAPÍTULO I. DE LOS TESTAMENTOS EN GENERAL.
Artículo 1295. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el
cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple
deberes para después de su muerte.
Debemos hacer un análisis parte por parte de dicho artículo, así como el
contexto de su regulación dentro del Código Civil para el Distrito Federal.
En primer lugar y para entender el contexto de su ubicación haremos referen-cia
a la definición. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, en
ello va implícita una serie de formalidades que más adelante quedarán mani-fiestas
para los efectos.
Al calificarlo de personalísimo debemos entender que la voluntad de la perso-na
debe manifestarse por ella misma, y que no acepta ningún tipo de manda-tario
o apoderado para su realización.
Revocable hace referencia a que en cualquier momento y por la misma volun-tad
de la persona, puede cambiar de parecer y determinar situación o destino
diferente para sus bienes; cabe mencionar que en este caso, el testamento
realizado con posterioridad deroga para los efectos de su ejecución todo lo
que anteriormente se hubiere manifestado en otro testamento.
Libre se refiere a que no debe existir ningún tipo de la voluntad sobre la
persona que lo realiza.
La capacidad de la persona igualmente regulada por el propio Código Civil,
hace referencia a que esa persona debe estar lúcida y en pleno conocimiento
del acto que se encuentra realizando, para lo cual el fedatario público deberá
constatar que esa persona cuenta con la capacidad mental para la manifesta-ción
que se encuentra realizando.
El fin que se persigue con el testamento es la disposición de sus bienes y
derechos así como la declaración o cumplimiento de deberes pendientes de
ejecución.

El momento de ejecución es después de su muerte.
Es aquí donde reside la característica principal del Testamento, que si bien
requiere de una serie de formalidades para su realización, establece claramen-te
como requisito sine qua non, que para que dicho documento, dicha mani-festación
de la voluntad pueda ser ejecutada requiere ser consecuencia “mortis
causa”, es decir, posterior a su muerte; debiendo considerarse que la muerte
no es el elemento que perfecciona el testamento sino el que determina la
producción de sus efectos jurídicos.
Es por ello que no podemos considerar, por ser contradictorio en su esencia
conceptual, que se defina para efectos de la presente iniciativa que la volun-tad
de un enfermo en etapa terminal a no recibir tratamientos que prolonguen
innecesariamente su vida se manifieste en un documento que se denomine
“Testamento de vida”, sino que se deben buscar acepciones muchas más cla-ras
respecto al fin que se persigue en dichos actos, tales como “Manifestación
de la voluntad en etapa terminal”, o más correctamente en cuanto al hecho y
fin que se persigue, “Voluntad anticipada”.
Si bien lo que se pretende establecer en la presente iniciativa es que no se de
una conducta que pueda ser susceptible de ser calificada como delito, o bien
que se busque atentar contra derechos irrenunciables, imprescriptibles e
inembargables, que se permita a quien así lo desee, en pleno uso de su capa-cidad
y facultades mentales, a no ser sometido a un tratamiento terminal, que
de manera innecesaria prolongue el mantenimiento de su vida y que no cuen-ta
con un método médico o científico capaz de sanar o remediar su situación,
que se regule bajo la figura jurídica correcta y bajo el auspicio de la materia
correcta, que en este caso es la civil, y que en su ejecución cuente con el
sustento de ser realizada por las personas indicadas, facultadas y especializa-das
en la materia.
Ahora bien y respecto al principio de sistematización del ordenamiento jurídi-co
y por consiguiente a legislar de manera consecuente y congruente, no
podemos atentar contra normas jurídicas creadas con anterioridad, y mucho
menos contra disposiciones del orden penal que pudieran violentarse por la
ejecución de ciertas conductas.
Debemos hacer especial referencia a las reglas generales de la materia penal
que establecen las formas excluyentes de responsabilidad y de aplicación de
sanciones penales, mismas que consideran diferentes situaciones en las que
una conducta no es considerada como delito o se exime de su punibilidad
relativa a la forma de ejecución, al ejercicio de un derecho, legítima defensa o
estado de necesidad entre otras.

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO SEGUNDO. EL DELITO
CAPÍTULO V. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO
Artículo 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando:
I. (Ausencia de conducta). La actividad o la inactividad se realice sin inter-vención
de la voluntad del agente;
II. (Atipicidad). Falte alguno de los elementos que integran la descripción
legal del delito de que se trate;
III.(Consentimiento del titular). Se actúe con el consentimiento del titular
del bien jurídico afectado, o del legitimado legalmente para otorgarlo,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para consentir,
tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y
c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del
consentimiento.
Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en cir-cunstancias
tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse
consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir,
éstos hubiesen otorgado el consentimiento.
IV. (Legítima defensa). Se repela una agresión real, actual o inminente y sin
derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que
exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa
suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.
Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuan-do
se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o
penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o perma-nente
el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona
respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus
dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos
respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá
cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en
alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la
posibilidad de una agresión.
V. (Estado de necesidad). Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien
jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasio-nado
dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor o igual
valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por
otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

VI.(Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho). La acción o la
omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio
de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta
empleada para cumplirlo o ejercerlo;
VII. (Inimputabilidad y acción libre en su causa). Al momento de realizar
el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carác-ter
ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en
virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no
ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese
estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico
producido en tal situación.
Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se encuentre
considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 65
de este Código.
VIII. (Error de tipo y error de prohibición). Se realice la acción o la omisión
bajo un error invencible, respecto de:
a) Alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal
del delito de que se trate; o
b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la exis-tencia
de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está
justificada su conducta.
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se
estará a lo dispuesto en el artículo 83 de este Código.
IX.(Inexigibilidad de otra conducta). En atención a las circunstancias que
concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente
exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no
haberse podido conducir conforme a derecho.
Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio, en cualquier
estado del proceso.
Si en los casos de las fracciones IV, V y VI de este artículo el sujeto se
excediere, se estará a lo previsto en el artículo 83 de este Código.
Concretamente y para efectos de poder establecer la necesidad de crear una
ley especial que regule la materia, podemos considerar que con base en el
Capítulo de Disposiciones Generales del Código Penal para el Distrito Federal
y específicamente en las fracciones II y VI del numeral 29 anteriormente
evocado, así como en el principio de sistematización del ordenamiento jurídi-co,
y en congruencia con las disposiciones civiles que rigen y establecen las
formalidades de ciertos actos, es factible esta Iniciativa de Ley de Voluntad
Anticipada, a fin de utilizar las reglas, disposiciones, instrumentos y mecanis-mos
civiles previamente establecidos, y la atipicidad de conductas punibles y
ejercicio de un derecho que se establecerá en dicha nueva ley.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
DE LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito
Federal:
LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y salud pública,
y tiene por objeto establecer las normas, requisitos y formas de ejecución, de
la voluntad de los enfermos en etapa terminal, respecto a la negativa a some-terse
a tratamientos, medicamentos o métodos médicos, químicos, terapéuti-cos
y/o científicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida y
menoscabar la dignidad de su persona.
Artículo 2. Para efectos de esta ley se define y entiende por:
I. Eutanasia: es la acción u omisión, por parte de un médico, que acelera y
adelanta la muerte de un enfermo, por compasión;
Desde la perspectiva del enfermo, consiste en el acortamiento voluntario
de la vida, mediante una acción directa o una omisión dolosa, debido al
sufrimiento de una enfermedad considerada incurable, para poner fin a
dicho sufrimiento.
a) Esta puede ser según su manera de ejecución:
1. Activa: es la acción de un médico mediante el uso de métodos
externos o ajenos a la forma natural de la muerte para acelerar su
consecución.
2. Pasiva: es la suspensión de utilización de instrumentos o medica-mentos
que prolonguen de manera innecesaria la vida de un pa-ciente
en desahuciado o en etapa terminal, a fin de dar curso natural
a su muerte.
b) Igualmente puede ser según quien la solicite:
1. Voluntaria: cuando el enfermo desahuciado o en etapa terminal,
solicita la acción u omisión por parte del médico a fin de dar conse-cución
a su muerte.

2. Involuntaria: cuando el enfermo desahuciado o en etapa terminal,
es incapaz por su estado físico o mental para solicitar la acción u
omisión por parte del médico a fin de dar consecución a su muerte,
y se realiza por parte de un pariente.
II. Autotanasia: es cuando un enfermo se deja morir, dejando de comer o
de tomar las medicinas que le han sido prescritas.
III. Distanasia: consiste en tratar de prolongar la vida por cualquier méto-do
posible, constitutivo de Ensañamiento o Encarnizamiento Tera-péutico,
sin importar las condiciones de dolor o dignidad, consistente
en tratamientos inútiles o desproporcionalmente molestos.
IV. Ensañamiento o Encarnizamiento Terapéutico: utilización de todos los
medios, instrumentos y métodos médicos, científicos, químicos, tera-péuticos
y/o farmacéuticos para mantener vivo a un enfermo des-ahuciado
o en etapa terminal sin importar los posibles dolores que
con ello le generen.
V. Reanimación: suministro de descargas eléctricas que procuren la re-animación
de las funciones cardiovasculares.
VI. Adistanasia: consiste en no tratar de prolongar la vida por cualquier
medio, instrumento y/o método médico, científico, químico, terapéu-tico
y/o farmacéutico inútil o desproporcionalmente molestos.
VII. Mistanasia: consiste en muerte por abandono.
VIII. Ortotanasia: literalmente significa muerte correcta, y distingue entre
curar y cuidar, sin procurar la muerte de manera activa, ni directa o
indirecta, mediante prolongaciones irracionales, desproporcionadas o
crueles, a través de la utilización de medios, instrumentos y métodos
médicos, científicos, químicos, terapéuticos y/o farmacéuticos inúti-les
o desproporcionalmente molestos y mediante la utilización de
medidas mínimas extraordinarias, definiendo en cada caso lo que es
extraordinario, y procurando no menoscabar la dignidad del enfermo
desahuciado o en etapa terminal.
IX. Cuidados Paliativos: Consisten en la utilización de todos los métodos
científicos, médicos, químicos, terapéuticos y/o farmacéuticos, míni-mos,
destinados a hacer más soportable el sufrimiento de una enfer-medad,
procurando igualmente no menoscabar la dignidad del enfermo
X. Sedación Terminal Controlada: es la correcta práctica médica de indu-cir
el sueño al enfermo, para evitar sufrimientos innecesarias deriva-dos
de la enfermad terminal, mediante elementos químicos o
farmacéuticos acompañando a los analgésicos o medicamentos pres-critos,
que los potencia manteniendo la conciencia del enfermo.
XI. Enfermo Desahuciado: es el que padece una enfermedad para la que
no existe un tratamiento curativo y que es mortal, aunque no necesa-riamente
sea a corto plazo.
XII. Enfermo en Etapa Terminal: es el que tiene una enfermedad o pade-cimiento
previsiblemente mortal a corto plazo, con base en las si-guientes
circunstancias:

a) Se encuentra en presencia de una enfermedad avanzada, irreversible,
incurable, progresiva y/o degenerativa.
b) Falto de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento especí-fico.
c) Presencia de numerosos problemas y síntomas, secundarios o subse-cuentes.
d) Tiene un pronóstico de vida menor a seis meses.
XIII. Médico tratante: médico encargado de llevar el caso del enfermo en
etapa terminal.
XIV. Historial Clínico: es el documento médico en el que versa expresa-mente
el estatus de la salud del enfermo y se determina su calidad de
XV. Documento de Voluntad Anticipada: consiste en el documento públi-co,
suscrito ante Notario en el que el paciente desahuciado o en etapa
terminal manifiesta la petición libre, consciente, seria inequívoca y
reiterada, de no utilizar medios, métodos o instrumentos médicos,
quirúrgicos, terapéuticos, químicos o farmacéuticos que prolonguen
de manera innecesaria su vida.
XVI. Suicidio: es quitarse la vida por propia mano.
XVII. Suicidio Asistido: es ayudar, previa petición o aceptación, a morir a
otro, estando o no en etapa terminal o en proceso de una enferme-dad
degenerativa e irreversible.
XVIII. Inducción al Suicidio: consiste en alentar al enfermo desahuciado o en
etapa terminal a dar término a su vida mediante la utilización de cual-quier
medio de para dar lugar a dicho fin.
XIX. Homicidio: consiste en la privación ilegal de la vida a cualquier per-sona.
XX. Omisión de Ayuda o de Cuidado: consiste en abandonar a una perso-na
incapaz de valerse por sí mismo, y que requiera de ayuda.
XXI. Secretaría: Secretaría de Salud para el Distrito Federal.
XXII. Notario: Notario Público para el Distrito Federal.
XXIII. Archivo: El Archivo General de Notarías.
XXIV. Código Civil: Código Civil para el Distrito Federal.
XXV. Ley de Salud: Ley de Salud para el Distrito Federal.
Para efectos de las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX, son conductas que se
encuentran tipificadas en términos de la legislación penal, y sancionadas con
diferentes penas, según las formas y circunstancias de comisión de las mismas.
Artículo 3. En lo no previsto en la presente ley, se aplicará de manera supletoria
lo dispuesto por el Código Civil cuando fuere aplicable, y no contravenga
a otras disposiciones legales igualmente vigentes, o afecte derechos de ter-ceros.
Artículo 4. La presente ley se aplicará única y exclusivamente en el territorio
del Distrito Federal y para los enfermos que se encuentren internados u hospi-

talizados en cualquier clínica y hospital ya sea público o privado, o mediante
las formas específicas que permitan y faculten realizarlo con base en lo dis-puesto
por la presente ley.
Artículo 5. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley,
son relativas a la Ortotanasia, o Eutanasia pasiva, cuya ejecución requiere for-zosamente
ser realizada mediante cuidados paliativos, con la posibilidad de
utilizar la sedación terminal controlada, o medidas mínimas extraordinarias se-gún
sea el caso específico, evitando siempre el encarnizamiento terapéutico
innecesario y protegiendo la dignidad del enfermo en etapa terminal.
La ejecución de la voluntad anticipada no exime de las responsabilidades y
aplicación de las sanciones penales contempladas en el Código Penal para el
Distrito Federal, cuando las conductas realizadas sean contrarias a las presentes
disposiciones y constitutivas de los tipos penales establecidos de conformidad
con la ley de la materia y lo dispuesto por el último párrafo del artículo 3 de
esta ley.
Así mismo no exime de responsabilidad civil, de los daños y perjuicios ocasio-nados
a las personas, cuando no se ejecuten de manera exacta las disposicio-nes
contenidas en la presente ley, así como la manifestación de la voluntad
del enfermo en etapa terminal en los términos del documento de voluntad
anticipada.
El documento de voluntad anticipada a que se hace referencia la presente ley,
no constituye excluyente de responsabilidad a las conductas cometidas o rea-lizadas
fuera de las formas y formalidades establecidas en éste y en la presente
ley y que sean constitutivas de los elementos del tipo penal contemplados
por la legislación de la materia, ni de los daños y perjuicios ocasionados en los
términos de los dos párrafos anteriores.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA
Artículo 6. El documento de voluntad anticipada de un enfermo en etapa
terminal deberá contar con las siguientes formalidades y requisitos:
I. Realizarse por escrito y ante Notario;
II. Ante 2 testigos;
III. Suscrito por el enfermo en etapa terminal en plena capacidad mental;
IV. Anexarse el historial clínico del enfermo en etapa terminal;
V. Contar con el aval de la dirección o encargado del hospital o clínica en el
que se encuentre hospitalizado el paciente;
VI. El nombramiento de uno o varios representantes a título de mandatarios
para corroborar la ejecución del documento de voluntad anticipada en

los términos y circunstancias determinadas en él, con el aval y opinión
del médico tratante; y,
VII.La manifestación del médico tratante respecto a la forma en que ha de
ejecutarse la cesación del uso de medios, métodos o instrumentos médi-cos,
quirúrgicos, terapéuticos, químicos y/o farmacéuticos que prolon-guen
de manera innecesaria la vida de un enfermo en etapa terminal, y/
o la utilización de las medidas mínimas extraordinarias constitutivas de
los cuidados paliativos, para cada caso específico.
Artículo 7. La voluntad anticipada deberá ser manifiesta de manera personal,
libre e inequívoca por el enfermo en etapa terminal, ante Notario los repre-sentantes
a título de mandatarios y frente a dos testigos, previo diagnóstico
del médico tratante que establezca que su enfermedad es terminal, irreversi-ble,
progresiva, degenerativa e incurable.
Los enfermos desahuciados podrán igualmente suscribir documento de volun-tad
anticipada en los términos y condiciones que establece la presente ley,
pero éste no podrá ser ejecutado hasta en tanto no se determine su calidad de
enfermo en etapa terminal.
Artículo 8. No podrán ser testigos:
I. Los menores que no han cumplido 16 años de edad;
II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio;
III. Los familiares del paciente en etapa terminal hasta el cuarto grado;
IV. Los amanuenses del Notario que lo autorice;
V. Los ciegos, sordos o mudos;
VI. Los que no entiendan el idioma que habla el paciente en etapa terminal;
VII.Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad.
Artículo 9. No podrán ser representantes a título de mandatarios para la ejecu-ción
del documento de voluntad anticipada:
I. Los menores que no han cumplido 16 años de edad;
II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio;
III. Los ciegos, sordos o mudos;
IV. Los que no entiendan el idioma que habla el enfermo en etapa terminal;
V. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad.
VI. Persona que no conozca al enfermo en etapa terminal.
Artículo 10. Cuando fueren varios los representantes a título de mandatarios
nombrados, el mandato será ejercido por cada uno de ellos, en el orden en
que se hubiesen sido designados, a no ser que el enfermo en etapa terminal
hubiere dispuesto expresamente que se ejerza de común acuerdo por todos
los nombrados, pues en este caso se considerarán mancomunados.

Artículo 11. Cuando los mandatarios fueren mancomunados sólo valdrá lo que
todos hagan de consenso; lo que haga uno de ellos, legalmente autorizado por
los demás, o lo que, en caso de disidencia, acuerde el mayor número.
Si no hubiere mayoría, decidirá el juez.
Artículo 12. En los casos de suma urgencia, puede uno de los mandatarios
mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren
necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás.
Artículo 13. El cargo de representante a título de mandatario es voluntario;
pero el que lo acepte, se constituye en la obligación de desempeñarlo.
Artículo 14. El cargo de representante a título de mandatario será a título
gratuito.
Artículo 15. El mandatario que presente excusas, deberá hacerlo al momento
en que tuvo noticia de su nombramiento.
Artículo 16. Pueden excusarse de ser representantes a título de mandatarios:
I. Los empleados y funcionarios públicos;
II. Los militares en servicio activo;
III. Los que por el mal estado habitual de salud, o por no saber leer ni
escribir, no puedan atender debidamente el mandato;
IV. Los que tengan sesenta años cumplidos;
V. Los que tengan a su cargo otra representación a título de mandatario en
los términos de la presente ley.
Artículo 17. Son obligaciones de los representantes a título de mandatarios:
I. La revisión y aprobación de documento de voluntad anticipada del en-fermo
en etapa terminal;
II. El aseguramiento de la ejecución exacta e inequívoca en los términos
dispuestos del documento de voluntad anticipada del enfermos en eta-pa
terminal que lo confirió el encargo;
III. La integración de los cambios y/o modificaciones que se realicen al do-cumento
de voluntad anticipada, al legajo del protocolo correspondiente
ante el Notario;
IV. La defensa, en juicio y fuera de él, así como de las circunstancias de
ejecución de la voluntad del enfermo en etapa terminal como de la
validez del documento;
V. Las demás que le imponga la ley.

Artículo 18. Los cargos de representante a título de mandatario, concluyen:
I. Por el término natural del encargo;
II. Por muerte;
III. Por incapacidad legal, declarada en forma;
IV. Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los intere-sados
y del Ministerio Público, cuando se interesen menores o el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal;
V. Por revocación de sus nombramientos, hecha por los enfermos en etapa
terminal o los familiares y personas facultadas para su ejecución; y,
VI. Por remoción.
Artículo 19. A falta expresa de disposiciones en esta ley, respecto a las reglas
en que deba ejecutarse la representación a título de mandatario, se regirán en
lo aplicable, de manera supletoria y que no contravenga a la presente, las
disposiciones establecidas en el Libro Cuarto, Título Noveno del Código Civil
para el Distrito Federal.
Artículo 20. En caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre incapa-citado
para manifestar su voluntad anticipada, y previo diagnóstico del médico
tratante que determine igualmente su estatus de salud, podrán solicitar la apli-cación
de la voluntad anticipada, por orden e importancia de prelación:
I. Los hijos mayores de edad consanguíneos o adoptados, el cónyuge o
concubino;
II. Los padres;
III. Los hermanos mayores de edad;
IV. Los familiares mayores de edad hasta el cuarto grado; y,
V. A falta de todos los anteriormente evocados, el representante legal del
enfermo en etapa terminal, siempre que medie disposición expresa para
hacerlo en documento previo ante Notario.
Artículo 21. En el caso de concurrir cónyuge o concubina con hijos mayores de
edad o ambos padres, o hermanos mayores de edad, o familiares mayores de
edad hasta el cuarto grado, la solicitud de voluntad anticipada deberá ir suscrita
por todos ellos solicitando su ejecución por la totalidad de ellos.
Artículo 22. Si alguno de los familiares objetare la suscripción del documento
de voluntad anticipada, deberá exponer sus razones por escrito ante el Notario
y el médico tratante a fin de que sea considerada su opinión, pero si ésta no
fuere lo suficientemente válida, podrá suscribirse el documento de voluntad
anticipada por el resto de la familia, sin que éstos incurran en ningún tipo de
responsabilidad frente a aquel.
Artículo 23. En caso de que existan hijos menores de 18 años y mayores de 16
años podrán igualmente suscribir el documento de voluntad anticipada, por sí

o por interpósita persona que ejerza la tutela o patria potestad, siempre y
cuando haya sido escuchada su opinión.
En caso de contravenir la decisión de la mayoría se estará a lo dispuesto por el
artículo anterior para el familiar que disienta de la suscripción del documento
de voluntad anticipada.
Artículo 24. El Notario una vez suscrito el documento de voluntad anticipada
dará lectura al mismo en voz alta a fin de que el enfermo en etapa terminal
asiente que es su voluntad la que propiamente se encuentra manifiesta en
dicho documento.
Cuando el paciente en etapa terminal ignore el idioma del país, el Notario
deberá nombrar un intérprete que sea perito traductor quien concurrirá al acto
y explicará totalmente al paciente en etapa terminal los términos y condicio-nes
en que se suscribe el documento de voluntad anticipada.
Artículo 25. Tanto el Notario como los testigos que intervengan en el acto de
suscripción del documento de voluntad anticipada, deberán conocer al enfer-mo
en etapa terminal o cerciorarse de algún modo de su identidad, y de que
se halla en su cabal juicio y libre de cualquier coacción.
Artículo 26. Si la identidad del enfermo en etapa terminal no pudiere ser
verificada, se declarará ésta circunstancia por el Notario o por los testigos, en
su caso, agregando uno u otros, todas las señales que caractericen la persona
de aquél.
Artículo 27. En el caso del artículo que precede, no tendrá validez el docu-mento
de voluntad anticipada mientras no se justifique la identidad del enfer-mo
en etapa terminal.
Artículo 28. Se prohíbe a los Notarios y a cualesquiera otras personas que
hayan de redactar disposiciones de voluntad anticipada, dejar hojas en blanco
y servirse de abreviaturas o cifras, bajo la pena de quinientos días de salario
como multa a los Notarios y de la mitad a los que no lo fueren.
Artículo 29. El enfermo en etapa terminal expresará de modo claro y termi-nante
su voluntad al Notario.
El Notario redactará por escrito las cláusulas del documento de voluntad antici-pada,
sujetándose estrictamente a la voluntad del enfermo en etapa terminal y
las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme.
Si lo estuviere, firmarán la escritura el paciente, el Notario el representante a
título de mandatario, los testigos y el intérprete, o las familiares y personas
facultadas para los efectos en su caso, asentándose el lugar, año, mes, día y
hora en que hubiere sido otorgado.

Artículo 30. En los casos previstos en los artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de
esta Ley, así como cuando el enfermo en etapa terminal o el Notario lo solici-ten,
dos testigos con carácter de instrumentales, deberán concurrir al acto de
otorgamiento y firmar el documento de voluntad anticipada.
Los testigos instrumentales a que se refiere este artículo podrán intervenir,
además, como testigos de conocimiento.
Artículo 31. Cuando el enfermo en etapa terminal declare que no sabe o no
puede firmar el documento de voluntad anticipada, uno de los testigos firmará
a ruego del enfermo en etapa terminal y éste imprimirá su huella digital.
Artículo 32. Si el enfermo en etapa terminal fuere enteramente sordo, pero
que sepa leer, deberá dar lectura a su documento de voluntad anticipada; si no
supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea a su nombre.
Artículo 33. Si el enfermo en etapa terminal fuere mudo pero que sepa leer,
deberá dar lectura a su documento de voluntad anticipada; si no supiere o no
pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea a su nombre.
Artículo 34. En el caso de los 2 artículos anteriores o que el enfermo en etapa
terminal fuere sordo mudo, y supiera el lenguaje a señas, el Notario estará a lo
dispuesto por el artículo 24 párrafo segundo de la presente ley.
Artículo 35. Cuando el paciente en etapa terminal sea ciego o no pueda o no
sepa leer, se dará lectura al documento de voluntad anticipada dos veces: una
por el notario, como está prescrito en el artículo 24 primer párrafo, y otra, en
igual forma, por uno de los testigos u otra persona que el paciente en etapa
terminal designe.
Artículo 36. Cuando el paciente en etapa terminal ignore el idioma del país, si
puede, escribirá su voluntad anticipada, que será traducida al español por el
intérprete a que se refiere el artículo 24 segundo párrafo.
La traducción se transcribirá como voluntad anticipada en el respectivo proto-colo
y el original, firmado por el paciente en etapa terminal, el intérprete y el
Notario, y se archivará, en el apéndice correspondiente del Notario que inter-venga
en el acto.
Si el paciente en etapa terminal no puede o no sabe escribir, el intérprete
escribirá la voluntad anticipada que dicte aquél y leído y aprobado por el
paciente en etapa terminal, se traducirá al español por el intérprete que debe
concurrir al acto; hecha la traducción se procederá como se dispone en el
párrafo anterior.

Si el paciente en etapa terminal no puede o no sabe leer, dictará en su idioma
la voluntad anticipada al intérprete. Traducida ésta, se procederá como dispo-ne
el párrafo primero de este artículo.
En este caso el intérprete podrá intervenir, además, como testigo de conoci-miento.
Artículo 37. Las formalidades expresadas en este capítulo se practicarán en un
solo acto que comenzará con la lectura del documento de voluntad anticipada
y el Notario dará fe de haberse llenado aquéllas.
Artículo 38. El Notario anexará al documento de Voluntad Anticipada, copia
del expediente clínico del enfermo en etapa terminal a fin de corroborar el
estatus de su salud, el cual deberá estar firmado por el médico tratante y
avalado por los directores o encargados del hospital o clínica en que se en-cuentre
internado el paciente.
En caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre en un domicilio
particular, deberá igualmente contarse con el historial clínico del médico tra-tante
y el aval de un médico designado como perito por parte de un juez a
solicitud del Notario.
Una vez concluido y suscrito el documento de voluntad anticipada, el Notario
deberá depositar un ejemplar del mismo, junto con el historial clínico del
enfermo en etapa terminal en el Archivo a fin de que obre constancia y fe
pública de dicho documento para los efectos legales conducentes, y dar vista
al Ministerio Público para su conocimiento.
Artículo 39. Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el docu-mento
de voluntad anticipada sin efecto, y el Notario será responsable de los
daños y perjuicios e incurrirá, además, en la pena de pérdida de oficio.
Artículo 40. En caso de controversia o interpretación del presente Título se
estará a lo dispuesto, en tanto no contravenga las disposiciones de la presente
ley, de manera supletoria, al Código Civil para el Distrito Federal y al Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
TÍTULO TERCERO
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA
POR PADRES O TUTORES DE MENORES E INCAPACES
Artículo 41. Cuando el enfermo en etapa terminal sea un menor de edad o un
incapaz podrán solicitar la ejecución de la voluntad anticipada, por orden e
importancia de prelación:

I. Los padres o tutores del menor o incapaz;
II. Los abuelos;
III. Los hermanos mayores de edad;
IV. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado; y,
V. A falta de todos los anteriormente evocados, el representante legal del
paciente en etapa terminal, siempre que medie disposición expresa para
hacerlo en documento previo ante Notario.
Artículo 42. Para efectos de los requisitos y ejecución de los documentos de
voluntad anticipada, se estará a lo dispuesto por el Título Segundo de la pre-sente
ley en lo aplicable.
Artículo 43. Además de los requisitos y formalidades establecidas en términos
del artículo anterior, los padres o tutores, deberán anexar a los documentos
requeridos el acta o partida de nacimiento o la ejecutoria en la que acredite la
tutela sobre éste, mismo que se integrará y formará parte del legajo del proto-colo
correspondiente del Notario.
Artículo 44. Los menores de edad emancipados o mayores de 16 años podrán
suscribir el documento de voluntad anticipada, previa explicación por parte
del médico de su estado de salud, atendiendo además de los requisitos y
circunstancias establecidas en el Título Primero de la presente ley a las dispo-siciones
contenidas en el Libro Primero, Título Décimo, Capítulo I, del Código
Civil para el Distrito Federal en lo conducente y aplicable.
El Notario deberá asentar en el protocolo correspondiente dicha circunstancia
refiriendo igualmente a que se brindó la explicación suficiente respecto a ello,
por parte del médico tratante frente a los 2 testigos.
TÍTULO CUARTO
DE LA NULIDAD DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA
Artículo 45. Es nulo el documento de voluntad anticipada hecha en memorias
o comunicados secretos.
Artículo 46. Es nulo el documento de voluntad anticipada que haga el enfermo
en etapa terminal bajo la influencia de amenazas contra su persona o sus
bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge, parientes o concubino.
Artículo 47. El enfermo en etapa terminal que se encuentre en el caso del
artículo que precede, podrá, luego que cese la violencia o disfrute de la liber-tad
completa, revalidar su documento de voluntad anticipada con las mismas
solemnidades que si lo otorgara de nuevo; de lo contrario será nula la revalida-ción.

Artículo 48. Es nulo el documento de voluntad anticipada captado por dolo o
fraude.
Artículo 49. El Notario que tuviere noticia de que alguno impide a otro suscri-bir
el documento de voluntad anticipada, se presentará sin demora en el hos-pital,
clínica o domicilio particular en que se encuentre el enfermo en etapa
terminal para asegurar el ejercicio de su derecho.
Deberá levantar un acta en que haga constar el hecho que ha motivado su
presencia, la persona o personas que causen la violencia y los medios que al
efecto hayan empleado o intentado emplear, y si el enfermo en etapa termi-nal
cuya libertad ampara hace uso de su derecho.
Las personas que incurran en la privación de la libertad para la suscripción del
documento de voluntad anticipada, así como en cualquier otro supuesto que
integre los elementos de algún tipo penal, estarán a lo dispuesto por la legis-lación
de la materia.
El Notario que tenga conocimiento de causa, y no concurra al lugar donde se
encuentre el enfermo en etapa terminal, así como no haga la denuncia corres-pondiente
de los hechos constitutivos de delitos en los términos del párrafo
anterior, incurrirán en responsabilidad de ejercicio de sus funciones, bajo la
pena de mil quinientos días de salario como multa y con la suspensión por seis
meses en el ejercicio de su profesión u oficio.
El Notario que se niegue a concurrir al lugar donde se encuentre un paciente
en etapa terminal en los términos de los párrafos precedentes del presente
artículo será además de las penas previstas en los mismos, responsable de los
daños y perjuicios ocasionados en los términos de la legislación civil vigente.
Artículo 50. Es nulo el documento de voluntad anticipada en que el enfermo
en etapa terminal no exprese cumplida y claramente su voluntad, sino sólo
por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen.
Artículo 51. No puede suscribirse documento de voluntad anticipada, por en-fermo
que no se encuentre en etapa terminal y cuente con el reconocimiento
del médico tratante de su estatus de salud mediante el historial clínico claro y
expreso.
Artículo 52. El documento de voluntad anticipada es nulo cuando se otorga en
contravención a las formas prescritas por la ley.
Artículo 53. El documento de voluntad anticipada es revocable en cualquier
momento antes de su ejecución por parte de las personas que lo suscriben
siempre que medie causa justificada para ello.

El documento de voluntad anticipada suscrito por el enfermo en etapa termi-nal
no podrá ser revocado por los familiares de éste, cuando su estatus de
salud impida estar consciente o en pleno uso de sus facultades mentales, salvo
que medie causa médica justificada que permita al enfermo en etapa terminal
superar dicho estatus y recobrar de manera inequívoca su salud.
Artículo 54. En caso de que el enfermo en etapa terminal decida dejar nulo el
documento de voluntad anticipada suscrito con anterioridad, deberá igualmen-te
realizarse ante Notario y con los testigos o traductor correspondientes en los
mismos términos establecidos en los artículos precedentes.
Artículo 55. La salvaguarda del derecho a suscribir nuevamente documento de
voluntad anticipada no podrá ser impedido por ninguna persona, salvo que se
demuestre de manera fehaciente e inequívoca que esa no era la voluntad del
enfermo en etapa terminal.
Artículo 56. El documento de voluntad anticipada anterior recobrará, no obs-tante,
su fuerza, si el enfermo en etapa terminal, revocando el posterior, decla-ra
ser su voluntad que el primero subsista.
TÍTULO QUINTO
DE LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA
Artículo 57. Para efectos de la ejecución del documento de voluntad anticipa-da,
el o los representantes legales a título de mandatarios, deberán solicitar al
médico tratante se efectúen inmediatamente las disposiciones establecidas en
dicho documento.
El médico tratante deberá realizar dichas disposiciones de manera exacta como
se solicitaron y en los términos prescritos por él mismo en el documento de
voluntad anticipada y en referencia al derecho establecido para ello en el
artículo 16 Bis 3 de la Ley de Salud para el Distrito Federal.
Artículo 58. El Notario dará vista al Ministerio Público de una copia completa
del legajo del protocolo en el que se integre el documento de voluntad antici-pada
a fin de que tenga conocimiento del mismo.
Artículo 59. Al momento en que el médico tratante de inicio a la ejecución de
los términos y especificaciones contenidas en el documento de voluntad an-ticipada
deberá asentar en el historial clínico del enfermo en etapa terminal el
lugar, año, mes, día y hora en que hubiere iniciado, y deberá llevar un registro
cronológico del estatus de la salud del enfermo en etapa terminal.
Artículo 60. Los cuidados paliativos deberán estar determinados en el protoco-lo
del documento de voluntad anticipada, especificando las medidas mínimas
extraordinarias a utilizar para los efectos conducentes.

En caso de que sea necesario determinar cuidados paliativos diferentes o me-didas
mínimas extraordinarias diversas a las establecidas en el documento de
voluntad anticipada, el médico tratante deberá integrar al historial clínico del
enfermo en etapa terminal las nuevas disposiciones y medidas adoptadas, así
como las razones o circunstancias derivadas del cambio en el estatus de su
salud.
Artículo 61. La revocación de las disposiciones contenidas y suscritas en el
documento de voluntad anticipada, por parte del enfermo en etapa terminal o
por los familiares y/o personas facultadas para hacerlo, seguirán las mismas
reglas establecidas para su suscripción en términos del Título Primero de la
presente Ley.
La cesación de los cuidados paliativos y de las medidas mínimas extraordina-rias
utilizadas por el médico tratante, operará en pleno.
La solicitud de cesación igualmente deberá realizarse ante Notario e integrarse
al legajo del protocolo correspondiente, dando vista al Ministerio Público co-rrespondiente
para su conocimiento.
Artículo 62. Cuando el Notario no pudiera comparecer al lugar al momento de
la cesación de la ejecución de las disposiciones establecidas en el documento
de voluntad anticipada, el enfermo en etapa terminal, el médico tratante junto
con 2 testigos y con el aval de los directores o encargados del hospital o clínica
en que se encuentren suscribirán documento privado que deberá protocolizarse
a la brevedad e integrarse igualmente al legajo del protocolo correspondiente
para los efectos legales conducentes.
En caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre en un domicilio
particular, el documento deberá ser suscrito por el médico tratante, el repre-sentante
a título de mandatario, el médico tratante y los 2 testigos de cargo,
debiendo protocolizarse a la brevedad ante el Notario, quien igualmente lo
integrará al legajo del protocolo correspondiente, para los efectos legales con-ducentes.
Artículo 63. Los médicos tratantes a quienes corresponda practicar la ejecución
del documento de voluntad anticipada en los términos de la presente ley, y
cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales
disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de
intervenir en la ejecución de dicho documento, debiendo referir al enfermo en
etapa terminal con un médico no objetor.
Artículo 64. Cuando sea urgente la ejecución de los términos y condiciones de
la voluntad anticipada para salvaguardar y minimizar el sufrimiento innecesario
y/o el encarnizamiento terapéutico, así como la aplicación de la sedación
terminal controlada y los cuidados paliativos y medidas mínimas extraordina-rias,
no podrá invocarse la objeción de conciencia.

Una vez aplicadas las disposiciones establecidas en el documento de voluntad
anticipada, el médico objetor podrá remitir al paciente en etapa terminal a un
médico no objetor, debiendo en cada caso obrar constancia de las razones por
las que se objeta y el nombre del nuevo médico tratante a fin de integrarse al
legajo del protocolo correspondiente ante el Notario.
Artículo 65. Los médicos objetores que actúen en contravención a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo anterior serán responsables de los daños y
perjuicios ocasionados al enfermo en etapa terminal.
Artículo 66. Será obligación de la Secretaría, garantizar en las instituciones
públicas de salud la oportuna prestación de los servicios y la permanente
disponibilidad de personal no objetor de conciencia en la materia, a fin de
ejecutar la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal.
Artículo 67. Una vez suscitado el deceso del enfermo en etapa terminal, el
médico tratante deberá asentar en el historial clínico, las circunstancias en que
se presentó, dando vista tanto al Notario para que se integre al legajo del
protocolo correspondiente, como al Ministerio Público para su conocimiento.
Artículo 68. Los médicos tratantes en ningún momento y bajo ninguna circuns-tancia
podrán suministrar medicamentos que aceleren el curso natural del de-ceso
del enfermo en etapa terminal.
En caso de que el médico tratante y/o quienes lo asistan, contravengan lo
dispuesto por el párrafo anterior y cuyas conductas sean integrantes de los
tipos penales establecidas en las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 3
de la presente ley, serán responsables de dichos delitos y sancionados además
de las penas correspondientes, con la suspensión por un tiempo igual al de la
pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el párrafo segundo al artículo 127, el artí-culo
143 bis y el artículo 158 bis al Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 127. …
En los supuestos previstos en el párrafo anterior no constituyen los elementos
del tipo penal de homicidio, las conductas realizadas por los médicos facultados
para los efectos en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley
de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y en el artículo 16 bis 3 de la
Ley de Salud para el Distrito Federal.
Artículo 143 Bis. En los supuestos previstos en los dos artículos anteriores no
constituyen los elementos del tipo penal de ayuda o inducción al suicidio, las
conductas realizadas por los médicos facultados para los efectos en cumpli-miento
de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para

el Distrito Federal y en el artículo 16 bis 3 de la Ley de Salud para el Distrito
Federal.
Artículo 158 Bis. En los supuestos previstos en el artículo 156 y primer párrafo
del artículo 158, no constituyen los elementos del tipo penal de omisión de
auxilio o de cuidado, las conductas realizadas por los médicos facultados para
los efectos en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y en el artículo 16 bis 3 de la Ley
de Salud para el Distrito Federal.
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona la fracción III al artículo 16 Bis 3, a la Ley
de Salud para el Distrito Federal.
Artículo 16 Bis 3. …
I. …
II. …
III. Asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Voluntad Antici-pada,
siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos estableci-dos
en la misma.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se abrogan las
demás disposiciones que contravengan a la misma.
TERCERO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá 60 días naturales
para emitir los lineamientos o Reglamento conducente a la presente ley.
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal
para su conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
Dado en el recinto Legislativo de Donceles ante la Comisión de Gobierno de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los siete días del mes de mayo
de dos mil siete.
Diputado Miguel Hernández Labastida
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado
Diputado Jacobo Bonilla Cedillo

Diputado Agustín Castilla Marroquín
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango
Diputada Kenia López Rabadán
Diputada Margarita Martínez Fisher
Diputada Elvira Murillo Mendoza
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo
Diputado Daniel Ramírez Del Valle
Diputado Ezequiel Retiz Gutiérrez
Diputado Jorge Romero Herrera
Diputada Celina Saavedra Ortega
Diputada María del Carmen Segura Rangel
Diputado Jorge Triana Tena
Diputado Alfredo Vinalay Mora
Diputado José Antonio Zepeda Segura

Anexo 1
Artículos de opinión

Artículo publicado
en el diario La Jornada
Opinión La calle
Eutanasia: la vuelta a la tuerca
Por Arnoldo Kraus / III y último
Al hablar de eutanasia, los seis casos narrados en la entrega previa ilustran los
avatares de voces y voluntades individuales contra los cánones médicos y
religiosos imperantes. El resumen podría ser: autonomía y dignidad versus
religión y momificación de la sociedad.
Al igual que no hay médicos abortistas tampoco existen doctores eutanatistas.
Es falsa la idea de que dentro de la profesión médica existan profesionales que
consideren que el aborto es una práctica adecuada para controlar la natalidad.
Es igualmente falaz la noción de que haya galenos que vean con buenos ojos
la eutanasia como vía para terminar con las vidas de enfermos cuyas deman-das
de atención rebasen la capacidad de los médicos para encargarse de ellos.
En la eutanasia, tal como ha demostrado la experiencia holandesa y la de
Oregon, también es mentira la idea pregonada ad nauseam por los grupos
que denuestan esta práctica, quienes aseveraban que las peticiones para optar
por la buena muerte se incrementarían en caso de que ésta se legalizara. El
tiempo ha demostrado lo contrario: las solicitudes en busca de eutanasia activa
(Holanda) o de suicidio asistido (Oregon) no han aumentado conforme pasan
los años.
Cuando se habla de temas tan ingentes como la eutanasia, el aborto u otros
relacionados con la ética médica, es evidente que la opinión pública se mueve
con mayor celeridad e inteligencia que las leyes de la sociedad. Las razones
son simples: los librepensadores modifican sus juicios de acuerdo con lo que
observan, su razonamiento no es rígido y su ideario se construye y se modifica
dependiendo de la lectura que se haga de la vida y de la realidad. En cambio,
modificar lo establecido es complicado: las leyes dependen de los intereses
del poder –políticos, religiosos, empresariales–, de cartabones vetustos y de la
sabiduría (o de su ausencia) de los encargados de rectificar algunas normas.
La eutanasia y el aborto ejemplifican bien este desaguisado. Cuando la ley es
sorda, e ignora la realidad, la comunidad busca caminos diferentes para expre-sarse
y viola, muchas veces con razón, las leyes. En ambas situaciones los
médicos pueden ser sancionados, y en algunos países las mujeres también son

penalizadas. Cuando se trata de abortos clandestinos muchas mujeres mueren o
sufren complicaciones muy graves. La ley calla, las mujeres fallecen.
En el caso de los enfermos que reclaman morir, pero que no cuentan con las
posibilidades de hacerlo debido a sus afectaciones –distrofias musculares, para-pléjicos–,
la agonía se transforma en un largo recorrido que puede finalizar sólo
tras la ingesta de un raticida. Existen otras circunstancias muy dolorosas como es
el dramático caso de Inmaculada Echeverría, una enferma española de 51 años,
víctima de una distrofia muscular progresiva desde que tiene 11 años y que ha
solicitado en repetidas ocasiones que se le ayude a morir (desde hace nueve
años está conectada a un ventilador mecánico); su petición ha sido denegada.
Aunque dignidad y libertad no son sinónimos, ambas cualidades tienen múlti-ples
interconexiones. El derecho de decidir acerca de lo que se desea hacer con
la vida propia es el ejercicio más contundente de libertad; actuar conforme a los
dictados de la visión personal del mundo y de uno mismo es ejercer la dignidad.
El pasado 6 de febrero, invitado por la Comisión Nacional de Bioética, el doctor
Johanes JM van Delden impartió la plática ¿Es posible avanzar hacia una muerte
digna? La situación en México vs. la situación en Holanda. Dentro de la
miriada de temas tratados por Van Delden, rescato tres ideas. La primera es que
las discusiones para legalizar la eutanasia en Holanda fueron lentas y complejas;
iniciadas en 1973 finalizaron casi tres décadas después, en 2002, año en que se
aprobó. La segunda es que la moral médica holandesa es admirable: cuando la
eutanasia se ejecuta es tácito que tanto médicos como pacientes cumplieron
estrictamente con los seis puntos estipulados por las leyes. La tercera es que los
holandeses no tratan de convencer a nadie acerca de la validez de la eutanasia,
punto que me remite a una idea propia y a la conclusión de estas reflexiones.
Los médicos nunca deben sugerir la eutanasia. Sólo deben ser guías y contar
con la capacidad de escuchar lo que desean los enfermos y sus familiares.
Escuchar es un arte complejo, pero obligado cuando se habla de la posibilidad
de decidir el momento de la muerte. En la actualidad, cuando la medicina ha
sufrido los embates de la tecnología, de las aseguradoras, de los abogados y de
tantas otras lacras, el arte de la escucha y la empatía deben renovarse.
Siempre me ha seducido la vieja sentencia de Francis Peabody. Más aún cuando
se trata de pacientes terminales o enfermos con padecimientos neurológicos
degenerativos: “The secret of the care of the patient is in caring of the patient”
(El secreto de cuidar al paciente radica en el arte de encargarse del paciente).
Si bien, por fortuna, en México el secreto de Peabody sigue vivo en muchas
almas médicas, las discusiones acerca de la eutanasia (casi) no se han iniciado.
Muchas de nuestras leyes, al igual que nuestros políticos, se encuentran enmo-hecidas.
Por fortuna, no toda la sociedad civil se ha contagiado de la mediocri-dad
gubernamental y reclama cambios. Bueno sería que José Ángel Córdova
Villalobos, secretario de Salud, expresase su opinión con respecto a la eutana-sia,
el aborto y otros temas relacionados.

Artículo publicado
en el diario Reforma
Jaque Mate
17 de abril de 2007
Eutanasia pasiva
Por Sergio Sarmiento
“La idea es morir joven... tan tarde como sea posible”.
Ashley Montagu
El senador perredista Lázaro Mazón, secretario de la Comisión de Salud del
Senado, ha presentado una iniciativa que busca legalizar la “eutanasia pasiva”.
La propuesta debe empezar a ser discutida esta semana en comisiones del
Senado y, si no se entiende bien, puede generar el mismo tipo de controversia
que ha rodeado a la iniciativa para despenalizar el aborto en el Distrito Federal.
Sería una lástima, sin embargo, que una polarización así de la sociedad mexi-cana
impidiera la legalización de la eutanasia pasiva, porque ésta debería ser
una medida que generara un consenso mucho mayor que el del aborto.
El senador Mazón es un médico muy consciente del debate ético sobre la
eutanasia. Por eso su propuesta ha sido deliberadamente moderada. No ha
promovido una legalización de la llamada “ eutanasia activa”, la cual implica
fundamentalmente matar –usualmente con fármacos y a petición del paciente
o de su familia– a una persona que se encuentra en la fase terminal de una
enfermedad. Su propuesta se limita a la eutanasia pasiva, que quiere decir
simplemente dejar de administrar tratamientos que sólo sirven para prolongar
la agonía de un enfermo que no tiene salvación.
Es significativo que el senador Ernesto Saro, del PAN, ha señalado ya públi-camente
que apoya la iniciativa del senador Mazón. Incluso ha señalado que
la propuesta no pretende realmente una “eutanasia”, en el sentido de provo-car
una “muerte buena”, que es el sentido etimológico del término, sino sim-plemente
buscar que “no se extienda extraordinariamente la vida de un
paciente”.
El ejemplo más característico de la eutanasia pasiva es el retiro de un respirador
u otro equipo que mantenga artificialmente la vida de un paciente que ya no
tiene posibilidades de cura y que se encuentra en los días o las semanas finales
de su vida. Apagar un equipo que mantiene la vida de manera artificial es
éticamente muy distinto a inyectar una solución intravenosa que provoque la

muerte de un paciente. Por eso la eutanasia pasiva les resulta aceptable a
muchos católicos y no sólo al senador Saro.
Debo reconocer que yo me inclino por una legislación que vaya más allá que
esta propuesta en materia de eutanasia. Estoy convencido de que hay casos
en que la eutanasia activa no sólo es pertinente sino incluso obligatoria desde
un punto de vista moral. Pero entiendo las dificultades de aprobar en estos
momentos una legislación que permita la eutanasia activa. El agravio para los
católicos sería enorme. Un intento por legalizar la eutanasia activa despertaría
un debate que dividiría a nuestro país tanto o más que el que estamos presen-ciando
en materia de aborto.
No veo razón, sin embargo, por la que justificadamente se pueda tratar de
detener la iniciativa del senador Mazón para legalizar la eutanasia pasiva. Si
bien uno puede argumentar que Dios es el dador de la vida y de la muerte, y
que por lo tanto no debe corresponder a un ser humano tomar la decisión de
detener la vida o adelantar la muerte, no puede decirse que haya una obliga-ción
moral de mantener una vida de manera artificial a través de ingenios de la
tecnología contemporánea. Dios no inventó los respiradores para preservar la
vida cuando ésta naturalmente acabaría.
Hay un momento en que la medicina contemporánea, la cual ha avanzado de
manera espectacular en los últimos años, deja de respetar los deseos legítimos
de pacientes y familiares y se convierte en un juego perverso, en el que se
mantiene viva a una persona a un costo muy elevado en sufrimiento y dinero
–lo cual es un incentivo para algunos médicos y hospitales– a pesar de que no
haya esperanzas de curación. Eliminar ese tipo de juego con la vida es lo que
pretende la legalización de la eutanasia pasiva.
El senador Mazón ha preparado una iniciativa muy cuidadosa que sólo va hasta
donde puede llegar un consenso razonable de la población mexicana. Esto
parece excluir de momento la eutanasia activa, pero no la pasiva. Ojalá que
la clase política entienda la relevancia de este esfuerzo conciliador y apruebe
la iniciativa del perredista.
Me doy cuenta de que son muy pocos los mexicanos que en un momento
dado se encuentran en el extremo de necesitar una acción de eutanasia,
pasiva o activa. Por eso quizá los políticos, siempre tan conscientes del rendi-miento
electoral de sus acciones, no sienten que éste es un tema realmente
importante. No hay muchos votos que conseguir con este esfuerzo.
Pero si la parte ética, o la simple misericordia humana, no convencen a los
políticos, quizá el simple hecho de saber que tarde o temprano todos vamos a
morir, lo cual nos llevará a ser víctimas potenciales de la tortura de la tecnolo-gía
médica, termine por persuadirlos. Y al final así se garantizaría nuestro
derecho de no ser mantenidos artificialmente vivos cuando ya no hay espe-ranzas
de curación.

Artículo publicado
en el diario Reforma
5 de enero de 2007
Lo natural
Por Paz Fernández Cueto
Volver a lo natural es lo de hoy, al grado que el respeto por la naturaleza y su
equilibrio ecológico se ha convertido en valor indiscutible trascendiendo na-ciones
y culturas. Llama la atención que el adjetivo natural, que se utiliza casi
con reverencia cuando se trata de jalea real, plantas medicinales, arrecifes de
corales o las mariposas monarca, se convierta en palabra tabú cuando se refie-re
al ser humano.
Consciente del peligro de no respetar los ecosistemas, paradójicamente la
sociedad actual se inclina a pensar que su propia naturaleza es totalmente
maleable, aceptando de hecho que nada hay de natural en el hombre, mode-lando
así la conducta a su gusto.
El respeto a las diferencias es también un rasgo característico de nuestra cultu-ra,
subrayando positivamente la dignidad de toda persona humana y su igual-dad
de derechos. El problema surge cuando para asegurar la igualdad de trato
se niega la misma noción de normalidad, lo que lleva a preguntarnos si la
carencia de algún atributo biológico característico de la especie humana cons-tituye
una disfunción, o es sólo una diferencia. Una vez más el hombre parece
no estar dispuesto a escuchar lo que la naturaleza tiene que decir, prefiere
librarse de su biología cuando ésta amenaza con poner límites a su comporta-miento;
basta analizar unos cuantos temas puestos a discusión en la mayoría
de los parlamentos contemporáneos.
El respeto a la vida en el vientre materno no es cuestionable cuando se trata
de los delfines o la ballena azul, sí en cambio cuando es la madre o terceros
quienes encuentran razones para eliminarla. La destrucción de un embrión en
gestación siempre es un delito cuando se trata de huevos de tortuga, no así
cuando por el aborto legal, la sociedad acepta la destrucción masiva de indivi-duos
pertenecientes a su misma especie, es decir, a su misma naturaleza, la
humana.
La experiencia con la eutanasia demuestra exactamente lo mismo. Es la vida o
más bien la muerte, la que se pone en juego ante la percepción subjetiva de
un médico, el peso de la carga económica de una enfermedad o la depresión

anímica del enfermo. O se respeta la vida absolutamente, o caemos en una
pendiente peligrosa según el criterio dominante.
Hablando de matrimonio y familia, más de 70 intelectuales relevantes: sociólo-gos,
juristas, economistas, expertos familiares, católicos, judíos, protestantes o
no creyentes, firmantes del documento Marriage and Public Good, http://
wins.org, se han lanzado por la defensa del matrimonio concebido como la
unión natural de un hombre y una mujer, no por tradición o motivos religiosos,
sino basados en la experiencia humana y en los beneficios sociales que esta
unión estable trae consigo.
Una sociedad con conciencia ecológica no tiene problemas en reconocer al
manglar como hábitat natural de los flamingos, no así a la familia fundada en el
matrimonio como el ámbito más propicio para crecer como personas. Con
frecuencia las leyes que promulgamos y las condiciones sociales y políticas
que favorecemos se dan con base en preferencias o conveniencias que, lejos
de respetar a la naturaleza, fuerzan sus límites. Tal es el caso de la manipula-ción
genética y la fecundación in vitro en donde el bien del concebido pasa a
segundo término, o de la adopción entre parejas de homosexuales, descono-ciendo
el derecho natural de toda persona a tener padre y madre de distinto
sexo. Cuando el hijo no se percibe como un don, se convierte en capricho.
Los animales respetan necesariamente su propia naturaleza. El hombre, por
ser libre, corre el riesgo de revelarse contra los límites de su ser biológico y, en
el fondo, de su condición de criatura. “El hombre tiene que ser su propio
creador, versión moderna de aquél seréis como dioses” (Peter Seewald, La sal
de la tierra). Sin embargo por ahora, no parece que el resultado sea precisa-mente
el paraíso en la tierra.
Correo electrónico: pazcueto@avantel.net

Artículo publicado
en el diario Milenio
18 de abril de 2007
Eutanasia y cuidados paliativos
Por Miguel Ángel Ochoa Covarrubias
El 4 de abril se publicó una nota sobre la iniciativa de la eutanasia propuesta
por senadores del PRI y del PRD. Según el texto de Angélica Mercado, “la inicia-tiva
será una opción para aquellos que no tienen esperanza o cuyo diagnóstico
no sea mayor a seis meses de vida y que quieran cambiar sus tratamientos
curativos por unos de tipo cualitativo”. En un recuadro, se decía: “La iniciativa
plantea que sólo se despenalice la eutanasia pasiva, es decir, aquella en la que
no se administren ya tratamientos curativos para que los procesos evolucionen
espontáneamente o naturalmente, como las infecciones intercurrentes, pero
se controla el dolor mientras muere, inclusive con medicamentos opiáceos y
sólo a aquellos enfermos cuyo diagnóstico de vida sea de hasta seis meses. Se
mantiene la sanción de uno a doce años a quien indujere a otro al suicidio o le
preste los medios, es decir, quien acelere su muerte con menos dolor. Se
propone la creación de una Comisión Nacional de Bioética [...] y en los centros
de salud para dictaminar las solicitudes de eutanasia”.
Aclaro que para el especialista en cuidados paliativos, la eutanasia nunca es ni
debe ser una opción terapéutica. Los paliativos nos dedicamos a dar calidad de
vida. Controlar el dolor de un paciente nunca acelera su muerte. Contamos
con especialistas algiólogos que evitan que el paciente tenga dolor. Y además,
¿quién asegura que el paciente se va a morir en menos de seis meses?
El paliativista tiene los conocimientos necesarios para controlar los síntomas
que se presentan durante una enfermedad que no tiene cura, para dar calidad
de vida que permita una muerte digna del paciente, apoyando igualmente a
su familia, acompañándolos en el proceso de enfermedad, denominado
ortotanasia.
Nuestro trabajo paliativo inicia al mismo tiempo que se realizó el diagnóstico
de la enfermedad. El paliativista siempre busca controlar los síntomas presen-tes
en la enfermedad. Existimos grupos formales interdisciplinarios que sabe-mos
acompañar al paciente y a su familia, evitando el dolor y el sufrimiento.
Propongo: 1. Asesoría por parte del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y
Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud Jalisco a los grupos parlamenta-rios,
colegios médicos, sociedades médicas y público en general. 2. Que los

recursos que se pensó asignar al comité de ética se canalicen al proyecto Palia
Hospice, que se presentó ante las autoridades de Jalisco y federales, dado que
ya estamos dando respuesta a la problemática planteada por el Senado de
proporcionar calidad de vida y una muerte digna, sin la necesidad de la euta-nasia.
Además de que ya se tiene, entre otras finalidades, ser el punto de
referencia a escala nacional e internacional para quienes buscan resolver el
problema de la atención del paciente doloroso crónico o que sufre de enfer-medades
que no tienen cura. 3. Que se revise y retome la propuesta presen-tada
en las cámaras federales por el grupo del Colegio de Médicos dedicado al
estudio y tratamiento del dolor y cuidados paliativos –Fabiola Montoya y Bea-triz
Montes de Oca– para que todos los mexicanos tengamos derecho a recibir
un tratamiento paliativo adecuado y digno cuando nuestra circunstancia de
salud lo amerite.
Director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos.

Anexo 2
Artículos, documentos
de fondo y encuestas

1
SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
DECLARACIÓN “IURA ET BONA” SOBRE LA EUTANASIA
Introducción
Los derechos y valores inherentes a la persona humana ocupan un puesto importante en
la problemática contemporánea. A este respecto, el Concilio Ecuménico Vaticano II ha
reafirmado solemnemente la dignidad excelente de la persona humana y de modo
particular su derecho a la vida. Por ello ha denunciado los crímenes contra la vida, como
"homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio
deliberado" (Gaudium et spes, 27).
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que recientemente ha recordado la
doctrina católica acerca del aborto procurado [1], juzga oportuno proponer ahora la
enseñanza de la Iglesia sobre el problema de la eutanasia.
En efecto, aunque continúen siendo siempre válidos los principios enunciados en este
terreno por los últimos Pontífices [2], los progresos de la medicina han hecho aparecer,
en los recientes años, nuevos aspectos del problema de la eutanasia que deben ser
precisados ulteriormente en su contenido ético.
En la sociedad actual, en la que no raramente son cuestionados los mismos valores
fundamentales de la vida humana, la modificación de la cultura influye en el modo de
considerar el sufrimiento y la muerte; la medicina ha aumentado su capacidad de curar y
de prolongar la vida en determinadas condiciones que a veces ponen problemas de
carácter moral. Por ello los hombres que viven en tal ambiente se interrogan con
angustia acerca del significado de la ancianidad prolongada y de la muerte,
preguntándose consiguientemente si tienen el derecho de procurarse a sí mismos o a sus
semejantes la "muerte dulce", que serviría para abreviar el dolor y sería, según ellos más
conforme con la dignidad humana.
Diversas Conferencias Episcopales han preguntado al respecto a esta Sagrada
Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual, tras haber pedido el parecer de personas
expertas acerca de los varios aspectos de la eutanasia, quiere responder con esta
Declaración a las peticiones de los obispos, para ayudarles a orientar rectamente a los
fieles y ofrecerles elementos de reflexión que puedan presentar a las autoridades civiles
a propósito de este gravísimo problema.
La materia propuesta en este documento concierne ante todo a los que ponen su fe y
esperanza en Cristo, el cual mediante su vida, muerte y resurrección ha dado un nuevo
significado a la existencia y sobre todo a la muerte del cristiano, según las palabras de
San Pablo: "pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, morimos para el
Señor. En fin, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos" (Rom. 14, 8; Flp 1,
20).

Por lo que se refiere a quienes profesan otras religiones, muchos admitirán con nosotros
que la fe —si la comparten— en un Dios creador, Providente y Señor de la vida
confiere un valor eminente a toda persona humana y garantiza su respeto.
Confiamos, sin embargo, en que esta Declaración recogerá el consenso de tantos
hombres de buena voluntad, los cuales, por encima de diferencias filosóficas o
ideológicas, tienen una viva conciencia de los derechos de la persona humana. Tales
derechos, por lo demás, han sido proclamados frecuentemente en el curso de los últimos
años en declaraciones de Congresos Internacionales [3]; y tratándose de derechos
fundamentales de cada persona humana, es evidente que no se puede recurrir a
argumentos sacados del pluralismo político o de la libertad religiosa para negarles valor
universal.
I. Valor de la vida humana
La vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuente y condición necesaria de
toda actividad humana y de toda convivencia social. Si la mayor parte de los hombres
creen que la vida tiene un carácter sacro y que nadie puede disponer de ella a capricho,
los creyentes ven a la vez en ella un don del amor de Dios, que son llamados a
conservar y hacer fructificar. De esta última consideración brotan las siguientes
consecuencias:
1. Nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin oponerse al amor de
Dios hacia él, sin violar un derecho fundamental, irrenunciable e inalienable, sin
cometer, por ello, un crimen de extrema gravedad [4].
2. Todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el designio de Dios. Esta le ha
sido encomendada como un bien que debe dar sus frutos ya aquí en la tierra, pero que
encuentra su plena perfección solamente en la vida eterna.
3. La muerte voluntaria o sea el suicidio es, por consiguiente, tan inaceptable como el
homicidio; semejante acción constituye en efecto, por parte del hombre, el rechazo de la
soberanía de Dios y de su designio de amor. Además, el suicidio es a menudo un
rechazo del amor hacia sí mismo, una negación de la natural aspiración a la vida, una
renuncia frente a los deberes de justicia y caridad hacia el prójimo, hacia las diversas
comunidades y hacia la sociedad entera, aunque a veces intervengan, como se sabe,
factores psicológicos que pueden atenuar o incluso quitar la responsabilidad.
Se deberá, sin embargo, distinguir bien del suicidio aquel sacrificio con el que, por una
causa superior —como la gloria de Dios, la salvación de las almas o el servicio a los
hermanos— se ofrece o se pone en peligro la propia vida.
II. La eutanasia
Para tratar de manera adecuada el problema de la eutanasia, conviene ante todo precisar
el vocabulario.
Etimológicamente la palabra eutanasia significaba en la antigüedad una muerte dulce
sin sufrimientos atroces. Hoy no nos referimos tanto al significado original del término,
cuanto más bien a la intervención de la medicina encaminada a atenuar los dolores de la
2

enfermedad y da la agonía, a veces incluso con el riesgo de suprimir prematuramente la
vida. Además el término es usado, en sentido mas estricto, con el significado de "causar
la muerte por piedad", con el fin de eliminar radicalmente los últimos sufrimientos o de
evitar a los niños subnormales, a los enfermos mentales o a los incurables la
prolongación de una vida desdichada, quizás por muchos años que podría imponer
cargas demasiado pesadas a las familias o a la sociedad.
Es pues necesario decir claramente en qué sentido se toma el término en este
documento.
Por eutanasia se entiende una acción o una omisión que por su naturaleza, o en la
intención, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa
pues en el nivel de las intenciones o de los métodos usados.
Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar
la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano,
enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí
mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o
implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se
trata en efecto de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la
persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad.
Podría también verificarse que el dolor prolongado e insoportable, razones de tipo
afectivo u otros motivos diversos, induzcan a alguien a pensar que puede legítimamente
pedir la muerte o procurarla a otros. Aunque en casos de ese género la responsabilidad
personal pueda estar disminuida o incluso no existir, sin embargo el error de juicio de la
conciencia —aunque fuera incluso de buena fe— no modifica la naturaleza del acto
homicida, que en sí sigue siendo siempre inadmisible. Las súplicas de los enfermos muy
graves que alguna vez invocan la muerte no deben ser entendidas como expresión de
una verdadera voluntad de eutanasia; éstas en efecto son casi siempre peticiones
angustiadas de asistencia y de afecto. Además de los cuidados médicos, lo que necesita
el enfermo es el amor, el calor humano y sobrenatural, con el que pueden y deben
rodearlo todos aquellos que están cercanos, padres e hijos, médicos y enfermeros.
III. El cristiano ante el sufrimiento y el uso de los analgésicos
La muerte no sobreviene siempre en condiciones dramáticas, al final de sufrimientos
insoportables. No debe pensarse únicamente en los casos extremos. Numerosos
testimonios concordes hacen pensar que la misma naturaleza facilita en el momento de
la muerte una separación que sería terriblemente dolorosa para un hombre en plena
salud. Por lo cual una enfermedad prolongada, una ancianidad avanzada, una situación
de soledad y de abandono, pueden determinar tales condiciones psicológicas que
faciliten la aceptación de la muerte.
Sin embargo se debe reconocer que la muerte precedida o acompañada a menudo de
sufrimientos atroces y prolongados es un acontecimiento que naturalmente angustia el
corazón del hombre.
El dolor físico es ciertamente un elemento inevitable de la condición humana, a nivel
biológico, constituye un signo cuya utilidad es innegable; pero puesto que atañe a la
3

vida psicológica del hombre, a menudo supera su utilidad biológica y por ello puede
asumir una dimensión tal que suscite el deseo de eliminarlo a cualquier precio.
Sin embargo, según la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo el de los últimos
momentos de la vida, asume un significado particular en el plan salvífico de Dios; en
efecto, es una participación en la pasión de Cristo y una unión con el sacrificio redentor
que Él ha ofrecido en obediencia a la voluntad del Padre. No debe pues maravillar si
algunos cristianos desean moderar el uso de los analgésicos, para aceptar
voluntariamente al menos una parte de sus sufrimientos y asociarse así de modo
consciente a los sufrimientos de Cristo crucificado (cf. Mt 27, 34). No sería sin embargo
prudente imponer como norma general un comportamiento heroico determinado. Al
contrario, la prudencia humana y cristiana sugiere para la mayor parte de los enfermos
el uso de las medicinas que sean adecuadas para aliviar o suprimir el dolor, aunque de
ello se deriven, como efectos secundarios, entorpecimiento o menor lucidez. En cuanto
a las personas que no están en condiciones de expresarse, se podrá razonablemente
presumir que desean tomar tales calmantes y suministrárseles según los consejos del
médico.
Pero el uso intensivo de analgésicos no está exento de dificultades, ya que el fenómeno
de acostumbrarse a ellos obliga generalmente a aumentar la dosis para mantener su
eficacia. Es conveniente recordar una declaración de Pío XII que conserva aún toda su
validez. Un grupo de médicos le había planteado esta pregunta: "¿La supresión del dolor
y de la conciencia por medio de narcóticos ... está permitida al médico y al paciente por
la religión y la moral (incluso cuando la muerte se aproxima o cuando se prevé que el
uso de narcóticos abreviará la vida)?". El Papa respondió: "Si no hay otros medios y si,
en tales circunstancias, ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y
morales: Sí" [5]. En este caso, en efecto, está claro que la muerte no es querida o
buscada de ningún modo, por más que se corra el riesgo por una causa razonable:
simplemente se intenta mitigar el dolor de manera eficaz, usando a tal fin los
analgésicos a disposición de la medicina.
Los analgésicos que producen la pérdida de la conciencia en los enfermos, merecen en
cambio una consideración particular. Es sumamente importante, en efecto, que los
hombres no sólo puedan satisfacer sus deberes morales y sus obligaciones familiares,
sino también y sobre todo que puedan prepararse con plena conciencia al encuentro con
Cristo. Por esto, Pío XII advierte que "no es lícito privar al moribundo de la conciencia
propia sin grave motivo" [6].
IV. El uso proporcionado de los medios terapéuticos
Es muy importante hoy día proteger, en el momento de la muerte, la dignidad de la
persona humana y la concepción cristiana de la vida contra un tecnicismo que corre el
riesgo de hacerse abusivo. De hecho algunos hablan de "derecho a morir" expresión que
no designa el derecho de procurarse o hacerse procurar la muerte como se quiere, sino el
derecho de morir con toda serenidad, con dignidad humana y cristiana. Desde este punto
de vista, el uso de los medios terapéuticos puede plantear a veces algunos problemas.
En muchos casos, la complejidad de las situaciones puede ser tal que haga surgir dudas
sobre el modo de aplicar los principios de la moral. Tomar decisiones corresponderá en
último análisis a la conciencia del enfermo o de las personas cualificadas para hablar en
4

su nombre, o incluso de los médicos, a la luz de las obligaciones morales y de los
distintos aspectos del caso.
Cada uno tiene el deber de curarse y de hacerse curar. Los que tienen a su cuidado los
enfermos deben prestarles su servicio con toda diligencia y suministrarles los remedios
que consideren necesarios o útiles.
¿Pero se deberá recurrir, en todas las circunstancias, a toda clase de remedios posibles?
Hasta ahora los moralistas respondían que no se está obligado nunca al uso de los
medios "extraordinarios". Hoy en cambio, tal respuesta siempre válida en principio,
puede parecer tal vez menos clara tanto por la imprecisión del término como por los
rápidos progresos de la terapia. Debido a esto, algunos prefieren hablar de medios
"proporcionados" y "desproporcionados". En cada caso, se podrán valorar bien los
medios poniendo en comparación el tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo
que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación con el resultado
que se puede esperar de todo ello, teniendo en cuenta las condiciones del enfermo y sus
fuerzas físicas y morales.
Para facilitar la aplicación de estos principios generales se pueden añadir las siguientes
puntualizaciones:
— A falta de otros remedios, es lícito recurrir, con el consentimiento del enfermo, a los
medios puestos a disposición por la medicina más avanzada, aunque estén todavía en
fase experimental y no estén libres de todo riesgo. Aceptándolos, el enfermo podrá dar
así ejemplo de generosidad para el bien de la humanidad.
— Es también lícito interrumpir la aplicación de tales medios, cuando los resultados
defraudan las esperanzas puestas en ellos. Pero, al tomar una tal decisión, deberá tenerse
en cuenta el justo deseo del enfermo y de sus familiares, así como el parecer de médicos
verdaderamente competentes; éstos podrán sin duda juzgar mejor que otra persona si el
empleo de instrumentos y personal es desproporcionado a los resultados previsibles, y si
las técnicas empleadas imponen al paciente sufrimientos y molestias mayores que los
beneficios que se pueden obtener de los mismos.
Es siempre lícito contentarse con los medios normales que la medicina puede ofrecer.
No se puede, por lo tanto, imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo de cura
que, aunque ya esté en uso, todavía no está libre de peligro o es demasiado costosa. Su
rechazo no equivale al suicidio: significa más bien o simple aceptación de la condición
humana, o deseo de evitar la puesta en práctica de un dispositivo médico
desproporcionado a los resultados que se podrían esperar, o bien una voluntad de no
imponer gastos excesivamente pesados a la familia o la colectividad.
— Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios empleados, es
lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos tratamientos que procurarían
únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir sin
embargo las curas normales debidas al enfermo en casos similares. Por esto, el médico
no tiene motivo de angustia, como si no hubiera prestado asistencia a una persona en
peligro.
5

Conclusión
Las normas contenidas en la presente Declaración están inspiradas por un profundo
deseo de servir al hombre según el designio del Creador. Si por una parte la vida es un
don de Dios, por otra la muerte es ineludible; es necesario, por lo tanto, que nosotros,
sin prevenir en modo alguno la hora de la muerte, sepamos aceptarla con plena
conciencia de nuestra responsabilidad y con toda dignidad. Es verdad, en efecto que la
muerte pone fin a nuestra existencia terrenal, pero, al mismo tiempo, abre el camino a la
vida inmortal. Por eso, todos los hombres deben prepararse para este acontecimiento a
la luz de los valores humanos, y los cristianos más aún a la luz de su fe.
Los que se dedican al cuidado de la salud pública no omitan nada, a fin de poner al
servicio de los enfermos y moribundos toda su competencia; y acuérdense también de
prestarles el consuelo todavía más necesario de una inmensa bondad y de una caridad
ardiente. Tal servicio prestado a los hombres es también un servicio prestado al mismo
Señor, que ha dicho: "...Cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos
menores, a mí me lo hicisteis" (Mt 25, 40).
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en el transcurso de una audiencia concedida al
infrascripto cardenal Prefecto ha aprobado esta Declaración, decidida en reunión
ordinaria de esta Sagrada Congregación, y ha ordenado su publicación.
Roma, desde la Sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina le la Fe, 5 de mayo
de 1980.
6
Cardenal Franjo SEPER
Prefecto
Jerôme HAMER,
Arzobispo titular de Lorium,
Secretario
Notas
[1] Declaración sobre el aborto procurado, 18 de noviembre de 1974, (AAS 66, 1974,
págs. 730-747)
[2] Pío XII, Discurso a los congresistas de la Unión Internacional de las Ligas
Femeninas Católicas, 11 de septiembre de 1947 (AAS 39, 1947 pág. 483); Alocución a
la Unión Católica Italiana de las Comadronas, 29 de octubre de 1951 (AAS 43, 1951,
págs. 835-854); Discurso a los miembros de la Oficina Internacional de
Documentación de Medicina Militar, 19 de octubre de 1953 (AAS 45, 1953, págs. 744-
754); Discurso a los participantes en el IX Congreso de la Sociedad Italiana de
Anestesiología, 24 de febrero de 1957 (AAS 49, 1957, pág. 146); cf. Alocución sobre la
"Reanimación", 24 de noviembre de 1957 (AAS 49, 1957, págs. 1027-1033). Pablo VI,
Discurso a los miembros del Comité Especial de las Naciones Unidas para la cuestión
del "Apartheid", 22 de mayo de 1974 (AAS 66, 1974, pág. 346). Juan Pablo II,

Alocución a los obispos de Estados Unidos de América, 5 de octubre de 1979 (AAS 71,
1979, pág. 1225).
[3] Recuérdese en particular la recomendación 779 (1976), referente a los derechos de
los enfermos y de los moribundos, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
en su XXVII sesión ordinaria. Cf. Sipeca, núm. 1, marzo de 1977, págs. 14-15.
[4] Se dejan completamente de lado las cuestiones de la pena de muerte y de la guerra,
que exigirían consideraciones específicas, ajenas al tema de esta Declaración.
[5] Pío XII, Discurso, del 24 de febrero de 1957 (AAS 49, 1957, pág. 147).
[6] Pío XII, Discurso, del 24 de febrero de 1957 (AAS 49, 1957, pág. 145, cf. Alocución,
del 9 de septiembre de 1958 (AAS 50, 1958, pág. 694).
Fuente:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc
_19800505_euthanasia_sp.html
7

Nota explicativa sobre el discurso de Juan Pablo II
ante la sociedad de transplantes
En el texto que se agrega, la Iglesia Católica Apostólica
Romana definió su postura a favor de considerar que la
muerte cerebral es equivalente a la muerte del individuo y,
por tanto, previo consentimiento, los médicos pueden
proceder a extraer órganos con fines de transplante y
desconectar al paciente de los aparatos que lo mantienen
con una vida artificial.
Año 2000-2001, Boletín Oficial del Estado de los Países Bajos

1
DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
CON OCASIÓN DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA SOCIEDAD DE TRASPLANTES
Martes 29 de agosto de 2000
Ilustres señoras y señores:
1. Me alegra saludaros con ocasión de este congreso internacional, en el que os habéis
reunido para reflexionar sobre el complejo y delicado tema de los trasplantes.
Agradezco a los profesores Raffaello Cortesini y Óscar Salvatierra las amables palabras
que me han dirigido. Saludo en particular a las autoridades italianas presentes.
A todos vosotros os expreso mi gratitud por la amable invitación a este encuentro, y
aprecio vivamente la disponibilidad que habéis manifestado para confrontaros con la
enseñanza moral de la Iglesia, la cual, respetando la ciencia y sobre todo atenta a la ley
de Dios, busca únicamente el bien integral del hombre.
Los trasplantes son una gran conquista de la ciencia al servicio del hombre y no son
pocos los que en nuestros días sobreviven gracias al trasplante de un órgano. La técnica
de los trasplantes es un instrumento cada vez más apto para alcanzar la primera
finalidad de la medicina: el servicio a la vida humana. Por esto, en la carta encíclica
Evangelium vitae recordé que, entre los gestos que contribuyen a alimentar una
auténtica cultura de la vida “merece especial reconocimiento la donación de órganos,
realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación
e incluso de vida, a enfermos tal vez sin esperanzas” (n. 86).
2. Sin embargo, como acontece en toda conquista humana, también este sector de la
ciencia médica, a la vez que ofrece esperanzas de salud y de vida a muchos, presenta
asimismo algunos puntos críticos, que es preciso analizar a la luz de una atenta
reflexión antropológica y ética.
En efecto, también en esta área de la ciencia médica, el criterio fundamental de
valoración debe ser la defensa y promoción del bien integral de la persona humana,
según su peculiar dignidad.
Por consiguiente, es evidente que cualquier intervención médica sobre la persona
humana está sometida a límites: no sólo a los límites de lo que es técnicamente posible,
sino también a límites determinados por el respeto a la misma naturaleza humana,
entendida en su significado integral: “lo que es técnicamente posible no es, por esa sola
razón, moralmente admisible” (Congregación para la doctrina de la fe, Donum vitae, 4).
3. Ante todo es preciso poner de relieve, como ya he afirmado en otra ocasión, que toda
intervención de trasplante de un órgano tiene su origen generalmente en una decisión de
gran valor ético: “la decisión de ofrecer, sin ninguna recompensa, una parte del propio
cuerpo para la salud y el bienestar de otra persona” (Discurso a los participantes en un
congreso sobre trasplantes de órganos, 20 de junio de 1991, n. 3: L'Osservatore
Romano, edición en lengua española, 2 de agosto de 1991, p. 9). Precisamente en esto

reside la nobleza del gesto, que es un auténtico acto de amor. No se trata de donar
simplemente algo que nos pertenece, sino de donar algo de nosotros mismos, puesto que
“en virtud de su unión sustancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser
reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, (...) ya que es parte constitutiva
de una persona, que a través de él se expresa y se manifiesta” (Congregación para la
doctrina de la fe, Donum vitae, 3).
En consecuencia, todo procedimiento encaminado a comercializar órganos humanos o a
considerarlos como artículos de intercambio o de venta, resulta moralmente inaceptable,
dado que usar el cuerpo “como un objeto” es violar la dignidad de la persona humana.
Este primer punto tiene una consecuencia inmediata de notable relieve ético: la
necesidad de un consentimiento informado. En efecto, la "autenticidad" humana de un
gesto tan decisivo exige que la persona sea debidamente informada sobre los procesos
que implica, de forma que pueda expresar de modo consciente y libre su consentimiento
o su negativa. El consentimiento de los parientes tiene su validez ética cuando falta la
decisión del donante. Naturalmente, deberán dar un consentimiento análogo quienes
reciben los órganos donados.
4. El reconocimiento de la dignidad singular de la persona humana implica otra
consecuencia: los órganos vitales singulares sólo pueden ser extraídos después de la
muerte, es decir, del cuerpo de una persona ciertamente muerta. Esta exigencia es
evidente a todas luces, ya que actuar de otra manera significaría causar
intencionalmente la muerte del donante al extraerle sus órganos. De aquí brota una de
las cuestiones más recurrentes en los debates bioéticos actuales y, a menudo, también en
las dudas de la gente común. Se trata del problema de la certificación de la muerte.
¿Cuándo una persona se ha de considerar muerta con plena certeza?
Al respecto, conviene recordar que existe una sola “muerte de la persona”, que consiste
en la total desintegración de ese conjunto unitario e integrado que es la persona misma,
como consecuencia de la separación del principio vital, o alma, de la realidad corporal
de la persona. La muerte de la persona, entendida en este sentido primario, es un
acontecimiento que ninguna técnica científica o método empírico puede identificar
directamente.
Pero la experiencia humana enseña también que la muerte de una persona produce
inevitablemente signos biológicos ciertos, que la medicina ha aprendido a reconocer
cada vez con mayor precisión. En este sentido, los “criterios” para certificar la muerte,
que la medicina utiliza hoy, no se han de entender como la determinación técnico-científica
del momento exacto de la muerte de una persona, sino como un modo seguro,
brindado por la ciencia, para identificar los signos biológicos de que la persona ya ha
muerto realmente.
5. Es bien sabido que, desde hace tiempo, diversas motivaciones científicas para la
certificación de la muerte han desplazado el acento de los tradicionales signos cardio-respiratorios
al así llamado criterio "neurológico", es decir, a la comprobación, según
parámetros claramente determinados y compartidos por la comunidad científica
internacional, de la cesación total e irreversible de toda actividad cerebral (en el
cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico). Esto se considera el signo de que se ha
perdido la capacidad de integración del organismo individual como tal.
2

Frente a los actuales parámetros de certificación de la muerte –sea los signos
“encefálicos” sea los más tradicionales signos cardio-respiratorios–, la Iglesia no hace
opciones científicas. Se limita a cumplir su deber evangélico de confrontar los datos que
brinda la ciencia médica con la concepción cristiana de la unidad de la persona,
poniendo de relieve las semejanzas y los posibles conflictos, que podrían poner en
peligro el respeto a la dignidad humana.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el reciente criterio de certificación de la
muerte antes mencionado, es decir, la cesación total e irreversible de toda actividad
cerebral, si se aplica escrupulosamente, no parece en conflicto con los elementos
esenciales de una correcta concepción antropológica. En consecuencia, el agente
sanitario que tenga la responsabilidad profesional de esa certificación puede basarse en
ese criterio para llegar, en cada caso, a aquel grado de seguridad en el juicio ético que la
doctrina moral califica con el término de “certeza moral”. Esta certeza moral es
necesaria y suficiente para poder actuar de manera éticamente correcta. Así pues, sólo
cuando exista esa certeza será moralmente legítimo iniciar los procedimientos técnicos
necesarios para la extracción de los órganos para el trasplante, con el previo
consentimiento informado del donante o de sus representantes legítimos.
6. Otra cuestión de gran importancia ética es la de la asignación de los órganos
donados, mediante listas de espera o establecimiento de prioridades. A pesar de los
esfuerzos por promover una cultura de donación de órganos, los recursos de que
disponen actualmente muchos países resultan aún insuficientes para afrontar las
necesidades médicas. De aquí nace la exigencia de elaborar listas de espera para
trasplantes, según criterios claros y bien razonados.
Desde el punto de vista moral, un principio de justicia obvio exige que los criterios de
asignación de los órganos donados de ninguna manera sean “discriminatorios” (es decir,
basados en la edad, el sexo, la raza, la religión, la condición social, etc.) o “utilitaristas”
(es decir, basados en la capacidad laboral, la utilidad social, etc.). Más bien, al
establecer a quién se ha de dar precedencia para recibir un órgano, la decisión debe
tomarse sobre la base de factores inmunológicos y clínicos. Cualquier otro criterio sería
totalmente arbitrario y subjetivo, pues no reconoce el valor intrínseco que tiene toda
persona humana como tal, y que es independiente de cualquier circunstancia externa.
7. Una última cuestión se refiere a la posibilidad, aún en fase experimental, de resolver
el problema de encontrar órganos para transplantar al hombre: los así llamados
xenotrasplantes, es decir, trasplantes de órganos procedentes de otras especies animales.
No pretendo afrontar aquí detalladamente los problemas suscitados por ese
procedimiento. Me limito a recordar que ya en 1956 el Papa Pío XII se preguntó sobre
su licitud: lo hizo al comentar la posibilidad científica, entonces vislumbrada, del
trasplante de córneas de animal al hombre. La respuesta que dio sigue siendo
iluminadora también hoy: en principio –afirmó– la licitud de un xenotrasplante exige,
por una parte, que el órgano trasplantado no menoscabe la integridad de la identidad
psicológica o genética de la persona que lo recibe; y, por otra, que exista la comprobada
posibilidad biológica de realizar con éxito ese trasplante, sin exponer al receptor a un
riesgo excesivo (cf. Discurso a la Asociación italiana de donantes de córnea, clínicos
oculistas y médicos forenses, 14 de mayo de 1956).
3

8. Al concluir, expreso mi esperanza de que la investigación científica y tecnológica en
el campo de los trasplantes, gracias a la labor de tantas personas generosas y
cualificadas, siga progresando y se extienda también a la experimentación de nuevas
terapias alternativas al trasplante de órganos, como las prometedoras invenciones
recientes en el área de las prótesis. De todos modos, se deberán evitar siempre los
métodos que no respeten la dignidad y el valor de la persona. Pienso, en particular, en
los intentos de clonación humana con el fin de obtener órganos para trasplantes: esos
procedimientos, al implicar la manipulación y destrucción de embriones humanos, no
son moralmente aceptables, ni siquiera cuando su finalidad sea buena en sí misma. La
ciencia permite entrever otras formas de intervención terapéutica, que no implicarían ni
la clonación ni la extracción de células embrionarias, dado que basta para ese fin la
utilización de células estaminales extraíbles de organismos adultos. Esta es la dirección
por donde deberá avanzar la investigación si quiere respetar la dignidad de todo ser
humano, incluso en su fase embrionaria.
Para afrontar todas estas cuestiones, es importante la aportación de los filósofos y de los
teólogos. Su reflexión sobre los problemas éticos relacionados con la terapia de los
trasplantes, desarrollada con competencia y esmero, podrá ayudar a precisar mejor los
criterios de juicio sobre los cuales basarse para valorar qué tipos de trasplante pueden
considerarse moralmente admisibles y bajo qué condiciones, especialmente por lo que
atañe a la salvaguarda de la identidad personal de cada individuo.
Espero que los líderes sociales, políticos y educativos renueven su compromiso de
promover una auténtica cultura de generosidad y solidaridad. Es preciso sembrar en el
corazón de todos, y especialmente en el de los jóvenes, un aprecio genuino y profundo
de la necesidad del amor fraterno, un amor que puede expresarse en la elección de donar
sus propios órganos.
Que el Señor os sostenga a cada uno de vosotros en vuestro trabajo y os guíe a servir al
verdadero progreso humano. Acompaño este deseo con mi bendición.
4
Fuente: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2000/jul-sep/
documents/hf_jp-ii_spe_20000829_transplants_sp.html

Sixth Annual Report on
Oregon’s Death with
Dignity Act
Department of Human Services
Office of Disease Prevention and Epidemiology
March 10, 2004

Oregon’s Death with Dignity Act
2
Sixth Annual Report on
Oregon’s Death with
Dignity Act
For more information contact:
Darcy Niemeyer
Department of Human Services, Health Services
Office of Disease Prevention and Epidemiology
800 N.E. Oregon Street, Suite 730
Portland, OR 97232
E-mail: darcy.niemeyer@state.or.us
Phone: 503-731-4023
Fax: 503-731-4082
http://www.dhs.state.or.us/publichealth/chs/pas/pas.cfm
Contributing Editor: Richard Leman, MD
Data Analysis: David Hopkins, MS
Acknowledgements
This assessment was conducted as part of the required surveillance and
public health practice activities of the Department of Human Services and
was supported by Department funds.

3
Table of Contents
Summary.............................................................................................................4
Introduction.........................................................................................................6
History........................................................................................................6
Requirements.............................................................................................7
Methods
The Reporting System ...............................................................................9
Data Analyses..........................................................................................10
Results...............................................................................................................11
Patient Characteristics .............................................................................12
Physician Characteristics .........................................................................13
Lethal Medication.....................................................................................13
Complications...........................................................................................14
End of Life Concerns................................................................................14
Comments.........................................................................................................15
References ........................................................................................................17
Tables
Table 1 .....................................................................................................19
Table 2 .....................................................................................................21
Table 3 .....................................................................................................22
Table 4 .....................................................................................................23

4
Summary
Physician-assisted suicide (PAS) has been legal in Oregon since November
1997, when Oregon voters approved the Death with Dignity Act (DWDA) for the second
time (see History, page 6). The Department of Human Services (DHS) is legally
required to collect information regarding compliance with the Act and make the
information available on a yearly basis. In this sixth annual report, we characterize the
42 Oregonians who, in 2003, ingested medications prescribed under provisions of the
Act, and look at whether the numbers and characteristics of these patients differ from
those who used PAS in prior years. Patients choosing PAS were identified through
mandated physician and pharmacy reporting. Our information comes from these
reports, physician interviews and death certificates. We also compare the demographic
characteristics of patients participating during 1998-2003 with other Oregonians who
died of the same underlying causes.
In 2003, 42 physicians wrote a total of 67 prescriptions for lethal doses of
medication. The number of prescriptions written increased in each of the previous
years: 58 prescriptions were written in 2002, 44 in 2001, 39 in 2000, 33 in 1999, and 24
in 1998. Thirty-nine of the 2003 prescription recipients died after ingesting the
medication. Of the 28 persons who did not ingest the prescribed medication, 18 died
from their illnesses, and 10 were alive on December 31, 2003. In addition, two patients
who received prescriptions during 2002 and another who received a prescription in
2001 died in 2003 after ingesting their medication for a total of 42 PAS deaths during
2003.
There were four more patients who used PAS in 2003 than in 2002, and the
number of patients ingesting lethal medication has increased over the six years since
legalization. In 2003, 42 patients died from PAS, compared to 38 in 2002, 21 in 2001,
27 in 2000, 27 in 1999, and 16 in 1998 [1-5]. The 42 patients who ingested lethal
medications in 2003 represent an estimated 14/10,000 total deaths, compared with 12.2
in 2002, 7.0 in 2001, 9.1 in 2000, 9.2 in 1999, and 5.5 in 1998. Compared to all Oregon
decedents in 2003, PAS participants were more likely to have malignant neoplasms

(83%), to be younger (median age 73 years), and to have more formal education (48%
had at least a baccalaureate degree).
During the past six years, the 171 patients who took lethal medications differed in
several ways from the 53,544 Oregonians dying from the same underlying diseases.
Rates of participation in PAS decreased with age, but were higher among those who
were divorced or never married, those with more years of education, and those with
amyotrophic lateral sclerosis, HIV/AIDS, or malignant neoplasms (see Patient
Characteristics, page 12).
Physicians indicated that patient requests for lethal medications stemmed from
multiple concerns related to autonomy and control at the end of life. The three most
commonly mentioned end-of-life concerns during 2003 were: loss of autonomy, a
decreasing ability to participate in activities that made life enjoyable, and a loss of
dignity (see End of Life Concerns, page 15).
During 2003, 37 patients (88%) used pentobarbital as their lethal medication, four
patients (10%) used secobarbital, and one (2%) used secobarbital/amobarbital (Tuinal).
(see Lethal Medication, page 14).
5
During 2003, complications were reported for three patients. All involved
regurgitation and none involved seizures (see Complications, page 14). One-half of
patients became unconscious within four minutes of ingestion of the lethal medication
and died within 20 minutes. The range of time from ingestion to death was five minutes
to 48 hours. Emergency medical services were called by one patient’s family to
pronounce death; neither resuscitation nor transport was requested.
Although the number of Oregonians ingesting legally prescribed lethal
medications has increased, the overall number of terminally ill patients ingesting lethal
medication has remained small, with about 1/7 of one percent of Oregonians dying by
physician-assisted suicide.

6
Introduction
This sixth annual report reviews the monitoring and data collection system that
was implemented under Oregon’s Death with Dignity Act (DWDA), which legalizes
physician-assisted suicide (PAS) for terminally ill Oregon residents. This report
summarizes the information collected on patients and physicians who participated in the
Act in its sixth year of implementation (January 1, 2003 to December 31, 2003) and
examines trends over the six years since legalization. Using physician reports,
interviews, and death certificates, we address the following questions: Is the number of
residents using legal PAS in Oregon increasing? Do patients who participated in 2003
resemble patients using PAS in previous years and other Oregonians dying from similar
diseases? Have any changes occurred in the PAS process during the past six years?
History
The Oregon Death with Dignity Act was a citizen's initiative first passed by
Oregon voters in November 1994 with 51% in favor. Implementation was delayed by a
legal injunction, but after proceedings that included a petition denied by the United
States Supreme Court, the Ninth Circuit Court of Appeals lifted the injunction on
October 27, 1997. In November 1997, a measure asking Oregon voters to repeal the
Death with Dignity Act was placed on the general election ballot (Measure 51,
authorized by Oregon House Bill 2954). Voters rejected this measure by a margin of
60% to 40%, retaining the Death with Dignity Act. After voters reaffirmed the DWDA in
1997, Oregon became the only state allowing legal physician-assisted suicide [6].
Although physician-assisted suicide has been legal in Oregon for six years, it
remains highly controversial. On November 6, 2001, US Attorney General John Ashcroft
issued a new interpretation of the Controlled Substances Act, which would prohibit
doctors from prescribing controlled substances for use in physician-assisted suicide. To
date, all the medications prescribed under the Act have been barbiturates, which are
controlled substances and therefore, would be prohibited by this ruling for use in PAS.
In response to a lawsuit filed by the State of Oregon, on November 20, 2001, a US

district court issued a temporary restraining order against Ashcroft’s ruling pending a
new hearing within 5 months. On April 17, 2002, U.S. District Court Judge Robert
Jones upheld the Death with Dignity Act. In September 2002, Attorney General
Ashcroft filed an appeal, asking the Ninth U.S. Circuit Court of Appeals to overturn the
District Court’s ruling. At this time, Oregon’s law remains in effect.
7
Requirements
The Death with Dignity Act allows terminally ill Oregon residents to obtain and
use prescriptions from their physicians for self-administered, lethal medications. Under
the Act, ending one's life in accordance with the law does not constitute suicide.
However, we use the term "physician-assisted suicide" because it is used in the medical
literature to describe ending life through the voluntary self-administration of lethal
medications prescribed by a physician for that purpose. The Death with Dignity Act
legalizes PAS, but specifically prohibits euthanasia, where a physician or other person
directly administers a medication to end another's life. [6]
To request a prescription for lethal medications, the Death with Dignity Act requires
that a patient must be:
· An adult (18 years of age or older),
· A resident of Oregon,
· Capable (defined as able to make and communicate health care decisions),
· Diagnosed with a terminal illness that will lead to death within six months.
Patients meeting these requirements are eligible to request a prescription for lethal
medication from a licensed Oregon physician. To receive a prescription for lethal
medication, the following steps must be fulfilled:
· The patient must make two oral requests to his or her physician, separated by at
least 15 days.
· The patient must provide a written request to his or her physician, signed in the
presence of two witnesses.

· The prescribing physician and a consulting physician must confirm the diagnosis
8
and prognosis.
· The prescribing physician and a consulting physician must determine whether
the patient is capable.
· If either physician believes the patient's judgment is impaired by a psychiatric or
psychological disorder, the patient must be referred for a psychological
examination.
· The prescribing physician must inform the patient of feasible alternatives to
assisted suicide including comfort care, hospice care, and pain control.
· The prescribing physician must request, but may not require, the patient to notify
his or her next-of-kin of the prescription request.
To comply with the law, physicians must report to the Department of Human
Services (DHS) all prescriptions for lethal medications [7]. Reporting is not required if
patients begin the request process but never receive a prescription. In the summer of
1999, the Oregon legislature added a requirement that pharmacists must be informed of
the prescribed medication's ultimate use. Physicians and patients who adhere to the
requirements of the Act are protected from criminal prosecution, and the choice of legal
physician-assisted suicide cannot affect the status of a patient's health or life insurance
policies. Physicians and health care systems are under no obligation to participate in
the Death with Dignity Act [6].

9
Methods
The Reporting System
DHS is required by the Act to develop and maintain a reporting system for
monitoring and collecting information on PAS [6]. To fulfill this mandate, DHS uses a
system involving physician and pharmacist compliance reports, death certificate
reviews, and follow-up interviews [7].
When a prescription for lethal medication is written, the physician must submit to
DHS information that documents compliance with the law. We review all physician
reports and contact physicians regarding missing or discrepant data. DHS Vital Records
files are searched periodically for death certificates that correspond to physician reports.
These death certificates allow us to confirm patients' deaths, and provide patient
demographic data (e.g., age, place of residence, level of education).
In addition, using our authority to conduct special studies of morbidity and
mortality [8], DHS has conducted telephone interviews with prescribing physicians after
receipt of the patients' death certificates. Each physician was asked to confirm whether
the patient took the lethal medications. If the patient had taken the medications, we
asked physicians for information that was not available from physician reports or death
certificates--including insurance status and enrollment in hospice. We asked why the
patient requested a prescription, specifically exploring concerns about the financial
impact of the illness, loss of autonomy, decreasing ability to participate in activities that
make life enjoyable, being a burden, loss of control of bodily functions, uncontrollable
pain, and loss of dignity. We collected information on the time to unconsciousness and
death, and asked about any adverse reactions. Because physicians are not legally
required to be present when a patient ingests the medication, not all have information
about what happened when the patient ingested the medication. If the prescribing
physician was not present, we accepted information they had based on discussions with
family members, friends or other health professionals who attended the patients' deaths.
We do not interview or collect any information from patients prior to their death.
Reporting forms and the physician questionnaire are available at
http://www.dhs.state.or.us/publichealth/chs/pas/pasforms.cfm

10
Data Analyses
We classified patients by year of participation based on when they ingested the
legally-prescribed lethal medication. Using demographic information from 1997-2002
Oregon death certificates (the most recent years for which complete data are available),
we compared patients who used legal PAS with other Oregonians who died from the
same diseases. Demographic- and disease-specific PAS rates were computed using
the number of deaths from the same causes as the denominator. The overall PAS rates
by year were computed using the total number of resident deaths. Annual rates were
calculated using numerator and denominator data from the same year, except for 2003
where the number of resident deaths from 2002 was used as the denominator.

11
Results
Both the number of prescriptions written and the number of Oregonians using
PAS have increased over the six years that PAS has been legal in Oregon. In 2003, 42
physicians wrote 67 prescriptions for lethal doses of medication. The number of
prescriptions written has increased over the six years since legalization: 58
prescriptions were written in 2002, 44 in 2001, 39 in 2000, 33 in 1999 and 24 in 1998.
Thirty-nine of the 2003 prescription recipients died after ingesting the medication. Of
the 28 recipients who did not ingest the prescribed medication in 2003, 18 died from
their illnesses, and 10 were alive on December 31, 2003. In addition, two patients who
received prescriptions during 2002 and another who received a prescription in 2001
died in 2003, after ingesting their medication, giving a total of 42 PAS deaths during
2003 (Figure 1). Thirty different physicians wrote the 42 prescriptions for lethal
medication.
Figure 1. Number of DWDA Applicants and Deaths by Year,
Oregon, 1998-2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Number
Year
Applicants Deaths
The number of patients ingesting lethal medication has increased over the six
years since legalization. The 42 PAS deaths in 2003 compare to 38 in 2002, 21 in
2001, 27 in 2000, 27 in 1999, and 16 in 1998. The 42 patients who ingested lethal
medications in 2003 represent an estimated 14/10,000 total deaths compared with 12.2
in 2002, 7.0 in 2001, 9.1 in 2000, 9.2 in 1999, and 5.5 in 1998.
The percentage of patients referred to a specialist for psychological evaluation
has declined, falling from 31 percent in 1998 to five percent in 2003.

12
Patient Characteristics
Oregonians using PAS during 2003 differed from those of previous years in
several ways. They were more apt to be older (their median age was 73 compared to
69 for those using PAS in preceding years); they were more apt to have at least a
baccalaureate degree (48% did so compared to 38% of their predecessors); and a
greater proportion of patients resided in Multnomah, Clackamas, and Washington
counties (45% vs. 37%). However, these figures are based on relatively few events and
do not represent statistically significant differences (Table 1).
Although year-to-year variations occur, certain demographic patterns have
become evident over the past six years. Males and females were equally likely to take
advantage of the DWDA, but terminally ill younger persons were significantly more likely
to turn to PAS than their older counterparts; 18- to 34-year-olds were 5.3 times more
likely to use PAS than were those 85 or older (Table 2 and Figure 2). Asian Oregonians
were about three times as likely to use PAS as were white Oregonians. Divorced and
never-married persons were about two times more likely to use PAS than married and
widowed residents. A higher level of education was strongly associated with the use of
PAS; Oregonians with a baccalaureate degree or higher were 7.6 times more likely to
use PAS than those without a high school diploma. By region, residents living east of
the Cascade Range were less than half as likely to use PAS as those living in western
Oregon.
Figure 2. DWDA Deaths per 10,000 Oregon Deaths Resulting from the
Same Causes, by Age Groups, Oregon, 1998-2003
18-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rate
Age Groups

The type of terminal illness is a strong predictor of the likelihood of a patient
using PAS (Table 3). The rates of DWDA deaths to non-PAS deaths resulting from the
same causes were high for three conditions: amyotrophic lateral sclerosis (ALS) (249.0
per 10,000), HIV/AIDS (171.4), and malignant neoplasms (37.6). Among the causes
associated with at least three deaths, the lowest rate (9.7) was for patients with chronic
lower respiratory diseases (CLRD), such as emphysema. Persons with ALS (Lou
Gehrig’s disease) were more than 25 times as likely to use PAS as were those with
CLRD.
13
During 2003, most patients died at home, but two died at assisted living
residences while another died in a physician’s office. All individuals had some form of
health insurance (Table 4). As in previous years, most (93%) of the patients who used
PAS in 2003 were enrolled in hospice care. The median length of the patient-physician
relationship was ten weeks.
Physician Characteristics
The prescribing physicians of patients who used PAS during 2003 had been in
practice a median of 21.5 years (range 3-35). Their medical specialties included:
internal medicine (12%), oncology (38%), family medicine (45%), and other (5%).
Prescribing physicians were present while 12 (29%) of the 42 patients ingested
the lethal medications. Among the remaining 30 patients, 67% ingested the medication
in the presence of another health-care provider/volunteer.
During 2003, one case involving possible non-compliance with DWDA provisions
regarding witnessing of signatures was reported to the Oregon Board of Medical
Examiners.
Lethal Medication
During 1998-2002, secobarbital was the lethal medication prescribed for 85 of
the 129 patients (66%). During 2003, 37 patients (88%) used pentobarbital, four
patients used secobarbital, and one used secobarbital/amobarbital. Since the DWDA
was implemented, 52% of the PAS patients used secobarbital, 46% used pentobarbital,
and 2% used other medications (mostly secobarbital/amobarbital).

14
Complications
During 2003, physicians reported that three patients experienced complications:
a small emesis was reported for one patient who died 20 minutes after ingestion of the
lethal medication. Another patient consumed about 60% of the prescribed
pentobarbital, regurgitated about one-third of the medication consumed to that point,
and then drank one-half of the remaining medication, dying 20 minutes later. A third
patient drank one-half of the prescribed medication and about 30 seconds later
regurgitated one-third of what had been consumed, retaining only about 3 grams of the
barbiturate. This patient lived for 48 hours after having ingested only about one-third of
the intended dose.
One physician reported that a patient fell asleep before ingesting the entire dose
of medication. The patient died 40 minutes after ingestion.
None of the patients regained consciousness after ingesting the lethal
medication.
Emergency medical services were contacted by a family in one case to
pronounce death but not to intervene or transport the patient.
End of Life Concerns
Physicians were asked if, based on discussions with patients, any of seven end-of-
life concerns might have contributed to the patients’ requests for lethal medication
(Table 4). In nearly all cases, physicians reported multiple concerns contributing to the
request. During 2003, one patient (2%) was reported to have one end-of-life concern,
13 (31%) had two concerns, 15 (36%) had three concerns, nine (21%) had four
concerns, and four (10%) had five concerns. The most frequently reported concerns
included losing autonomy (93%), a decreasing ability to participate in activities that
make life enjoyable (93%), and loss of dignity (82%). (The frequency of the latter
concern was assessed for the first time in 2003.)

15
Comments
During the six years since legalization, the number of prescriptions written for
physician-assisted suicide and the number of terminally ill patients taking lethal
medication has increased. However, the number has remained small compared to the
total number of deaths in Oregon, with about 1/7 of one percent of Oregonians dying by
PAS. This proportion is consistent with numbers from a survey of Oregon physicians
[9]. Overall, smaller numbers of patients appear to use PAS in Oregon compared to the
Netherlands [10]. However, as detailed in previous reports [1-5], our numbers are based
on a reporting system for terminally ill patients who legally receive prescriptions for
lethal medications, and do not include patients and physicians who may act outside the
provisions of the DWDA.
Over the last six years the rate of PAS among patients with ALS in Oregon has
been substantially higher than among patients with other illnesses. This finding is
consistent with other studies. In the Netherlands, where both PAS and euthanasia are
openly practiced, one in five ALS patients died as a result of PAS or euthanasia [11]. A
study of Oregon and Washington ALS patients found that one-third of these patients
discussed wanting PAS in the last month of life [12]. It is not known with certainty why
ALS patients would be more likely to choose PAS than would other terminally ill
patients. Oregon HIV/AIDS patients are also disproportionately likely to use PAS, a
finding consistent with studies elsewhere [13].
Physicians have consistently reported that concerns about loss of autonomy and
decreased ability to participate in activities that make life enjoyable are important
motivating factors in patient requests for lethal medication across all six years.
Interviews with family members during 1999 corroborated physician reports [2]. These
findings were supported by a recent study of hospice nurses and social workers caring
for PAS patients in Oregon [14].
The availability of PAS may have led to efforts to improve end-of-life care through
other modalities. While it may be common for patients with a terminal illness to
consider PAS, a request for PAS can be an opportunity for a medical provider to explore
with patients their fears and wishes around end-of-life care, and to make patients aware

of other options. Often once the provider has addressed a patient’s concerns, he or she
may choose not to pursue PAS [15]. The availability of PAS as an option in Oregon
also may have spurred Oregon doctors to address other end-of life care options more
effectively. In one study, Oregon physicians reported that, since the passage of the
Death with Dignity Act in 1994, they had made efforts to improve their knowledge of the
use of pain medications in the terminally ill, to improve their recognition of psychiatric
disorders such as depression, and to refer patients more frequently to hospice [16].
16

17
References
1. Chin G, Hedberg K, Higginson G, Fleming D. Legalized physician-assisted suicide in
Oregon—The first year's experience. N Engl J Med, 1999;340:577-83.
2. Sullivan AD, Hedberg K, Fleming D. Legalized physician-assisted suicide in
Oregon—The second year. N Engl J Med, 2000;342:598-604.
3. Sullivan AD, Hedberg K, Hopkins D. Legalized physician-assisted suicide in Oregon,
1998-2000. N Engl J Med, 2001;344:605-7.
4. Hedberg K, Hopkins D, Southwick K. Legalized physician-assisted suicide in Oregon,
2001. N Engl J Med, 2002;346:450-2.
5. Hedberg K, Hopkins D, Kohn M. Five years of legal physician-assisted suicide in
Oregon. N Engl J Med, 2003;348:961-4.
6. Oregon Revised Statute 127.800-127.995. Available at
http://www.dhs.state.or.us/publichealth/chs/pas/ors.cfm
7. Oregon Administrative Rules 333-009-000 to 333-009-0030. Available at
http://www.dhs.state.or.us/publichealth/chs/pas/oars.cfm
8. Oregon Revised Statute 432.060. http://www.leg.state.or.us/ors/432.html
9. Ganzini L, Nelson HD, Schmidt TA, et al. Physicians' experiences with the Oregon
Death with Dignity Act. N Engl J Med, 2000;342:557-63.
10. Willems DL, Daniels ER, van der Wal G, et al. Attitudes and practices concerning
the end of life: A comparison between physicians from the United States and from The
Netherlands. Arch Intern Med, 2000;160:63-8.
11. Vledink JH, Wokke JHJ, Van Der Wal G, et al. Euthanasia and physician-assisted
suicide among patients with amyotrophic lateral sclerosis in the Netherlands. N Engl J
Med, 2002;346:1638-44.
12. Ganzini L, Silveira MJ, Johnston WS. Predictors and correlates of interest in
assisted suicide in the final month of life among ALS patients in Oregon and
Washington. J Pain Symptom Manage, 2002;3:312-7.
13. Bosshard G, Ulrich E, Bar W. 748 Cases of suicide assisted by a Swiss right-to-die
organization. Swiss Med Wkly, 2003;133:310-317.

14. Ganzini L, Harvath TA, Jackson A, et al. Experiences of Oregon nurses and social
workers with hospice patients who requested assistance with suicide. N Engl J Med,
2002;347:582-8.
15. Bascom PB, Tolle SW. Responding to requests for physician-assisted suicide:
“these are uncharted waters for both of us…”. JAMA, 2002;288:91-8.
16. Ganzini L, Nelson HD, Lee MA, et al. Oregon physicians’ attitudes about and
experiences with end-of-life care since the passage of the Oregon Death with Dignity
Act. JAMA 2001;285:2363-9.
18

Table 1. Demographic characteristics of 171 DWDA patients who died after ingesting a lethal dose of
medication, by year, Oregon, 1998-2003.
2003 1998-2002 Total
Characteristics (N = 42)* (N= 129)* (N = 171)*
Sex
Male (%) 19 (45) 71 (55) 90 (53)
Female (%) 23 (55) 58 (45) 81 (47)
Age
18-34 (%) 0 (0) 2 (2) 2 (1)
35-44 (%) 2 (5) 3 (2) 5 (3)
45-54 (%) 4 (10) 10 (8) 14 (8)
55-64 (%) 8 (19) 21 (16) 29 (17)
65-74 (%) 9 (21) 46 (36) 55 (32)
75-84 (%) 14 (33) 37 (29) 51 (30)
85+ (%) 5 (12) 10 (8) 15 (9)
Median years (Range) 73 (40-93) 69 (25-94) 70 (25-94)
Race
White (%) 41 (98) 125 (97) 166 (97)
Asian (%) 1 (2) 4 (3) 5 (3)
Other (%) 0 0 0
Marital status
Married (%) 15 (36) 60 (47) 75 (44)
Widowed (%) 12 (29) 29 (23) 41 (24)
Divorced (%) 10 (24) 32 (25) 42 (25)
Never married (%) 5 (12) 8 (6) 13 (8)
Education
Less than high school (%) 2 (5) 14 (11) 16 (9)
HS graduate (%) 8 (19) 43 (33) 51 (30)
Some college (%) 12 (29) 23 (18) 35 (21)
Baccalaureate or higher (%) 20 (48) 49 (38) 69 (40)
Residence
Metro counties (%)** 19 (45) 48 (37) 67 (39)
Coastal counties (%)*** 3 (7) 11 (9) 14 (8)
Other W. counties (%) 19 (45) 60 (47) 79 (46)
E. of the Cascades (%) 1 (2) 10 (8) 11 (6)
Underlying illness
Malignant neoplasms (%) 35 (83) 100 (78) 135 (79)
Lung and bronchus (%) 9 (21) 24 (19) 33 (19)
Breast (%) 6 (14) 10 (8) 16 (9)
Pancreas (%) 4 (10) 12 (9) 16 (9)
Colon (%) 3 (7) 7 (5) 10 (6)
Other (%) 13 (31) 47 (36) 60 (35)
19

2003 1998-2002 Total
Characteristics (Cont'd) (N=42)* (N=129)* (N=171)*
Underlying Illness (Cont'd)
Amyotrophic lateral sclerosis (%) 3 (7) 10 (8) 13 (8)
Chronic lower respiratory dis. (%) 1 (2) 8 (6) 9 (5)
HIV/AIDS (%) 2 (5) 1 (1) 3 (2)
Illnesses listed below (%)# 1 (1) 10 (8) 11 (6)
* Unknowns are excluded when calculating percentages.
** Clackamas, Multnomah, and Washington counties.
*** Excluding Douglas and Lane counties.
# Includes aortic stenosis, congestive heart failure, diabetes mellitus with renal complications,
gastrointestinal stromal tumor, myelodysplastic syndrome, pulmonary disease with fibrosis, scleroderma,
and Shy-Drager syndrome.
20

Table 2. Demographic characteristics of 171 patients who died during 1998-2003 after ingesting a
lethal dose of medication compared with 53,544 Oregonians dying from the same underlying diseases.
21
Characteristics
PAS patients
1998-2003
(N = 171)*
Oregon deaths,
same diseases
(N =53,544)*
DWDA deaths
per 10,000
Oregon deaths
Rate ratio
(95% CI**)
Sex
Male (%) 90 (53) 26,972 (50) 33.4 1.1 (0.8-1.5)
Female (%) 81 (47) 26,572 (50) 30.5 1.0
Age
18-34 (%) 2 (1) 281 (1) 71.2 5.3 (1.2-22.9)#
35-44 (%) 5 (3) 985 (2) 50.8 3.8 (1.4-10.3)
45-54 (%) 14 (8) 3,235 (6) 43.3 3.2 (1.6-6.6)
55-64 (%) 29 (17) 6,674 (13) 43.5 3.2 (1.7-6.0)
65-74 (%) 55 (32) 13,309 (25) 41.3 3.1 (1.7-5.4)
75-84 (%) 51 (30) 17,969 (34) 28.4 2.1 (1.2-3.7)
85+ (%) 15 (9) 11,091 (21) 13.5 1.0
Median years 70 76
Race
White (%) 166 (97) 52,100 (97) 31.9 1.0
Asian (%) 5 (3) 535 (1) 93.5 2.9 (1.2-7.1)+
Other (%) 0 898 (2) 0 0
Unknown 0 11
Marital status
Married (%) 75 (44) 26,003 (49) 28.8 1.0
Widowed (%) 41 (24) 17,742 (33) 23.1 0.8 (0.6-1.2)
Divorced (%) 42 (25) 7,530 (14) 55.8 1.9 (1.3-2.8)+
Never married (%) 13 (8) 2,168 (4) 60.0 2.1 (1.2-3.7)+
Unknown 0 101
Education
Less than high school (%) 16 (9) 12,954 (25) 12.4 1.0
HS graduate (%) 51 (30) 22,855 (43) 22.3 1.8 (1.0-3.2)
Some college (%) 35 (21) 9,598 (18) 36.5 3.0 (1.6-5.3)
Baccalaureate or higher (%) 69 (40) 7,392 (14) 93.3 7.6 (4.4-13.0)#
Unknown 0 745
Residence
Metro counties (%) 67 (39) 19,333 (36) 34.7 1.0
Coastal counties (%) 14 (8) 4,374 (8) 32.0 0.9 (0.5-1.6)
Other W. counties (%) 79 (46) 22,259 (42) 35.5 1.0 (0.7-1.4)
E. of the Cascades (%) 11 (6) 7,578 (14) 14.5 0.4 (0.2-0.8)+
* Unknowns are excluded when calculating percentages.
** Confidence interval.
# The ratio is statistically significant according to the chi-square test for trend.
+ The ratio is statistically significant according to the chi-square test.

Table 3. Underlying illnesses of 171 patients who died during 1998-2003 after ingesting a lethal dose of
medication compared with 53,544 Oregonians dying from the same underlying diseases.
22
Underlying illnesses
PAS
patients
1998-2003
(N = 171)
Oregon
deaths,
same
diseases
(N =53,544)
DWDA
deaths
per
10,000
Oregon
deaths
Rate ratio
(95% CI*)
Malignant neoplasms (%) 135 (79) 35,906 (67) 37.6 3.9 (2.0-7.6)+
Lung and bronchus (%) 33 (19) 12,037 (23) 27.4 2.8 (1.4-5.9)+
Breast (%) 16 (9) 3,037 (6) 52.7 5.4 (2.4-12.3)+
Pancreas (%) 16 (9) 2,190 (4) 73.1 7.5 (3.3-17.1)+
Colon (%) 10 (6) 3,171 (6) 31.5 3.3 (1.3-8.0)+
Prostate (%) 9 (5) 2,670 (5) 33.7 3.5 (1.4-8.8)+
Ovary (%) 9 (5) 1,178 (2) 76.4 7.9 (3.1-19.9)+
Skin (%) 6 (4) 522 (1) 114.9 11.9 (4.2-33.2)+
Other (%) 36 (21) 11,101 (21) 32.4 3.4 (1.6-7.0)+
Amyotrophic lateral sclerosis (%) 13 (8) 522 (1) 249.0 25.7 (11.1-59.9)+
Chronic lower respiratory dis. (%) 9 (5) 9,300 (17) 9.7 1.0
HIV/AIDS (%) 3 (2) 175 (<1) 171.4 17.7 (4.8-64.9)+
Illnesses listed below (%)** 11 (6) 7,641 (14) 14.4 1.5 (0.6-3.6)
* Confidence interval.
** Includes aortic stenosis, congestive heart failure, diabetes mellitus with renal complications,
gastrointestinal stromal tumor, myelodysplastic syndrome, pulmonary disease with fibrosis, scleroderma,
and Shy-Drager syndrome.
+ The ratio is statistically significant according to the chi-square test.

Table 4. Death with Dignity Act participant end of life care and DWDA utilization. Based on physician
interviews for 171 patients who died after ingesting a lethal dose of medication - Oregon, 1998-2003.
2003 1998-2002 Total
Characteristics (N=42)* (N=129)* (N=171)*
End of Life Care
Hospice
Enrolled (%) 39 (93) 106 (83) 145 (86)
Declined by patient (%) 3 (7) 21 (17) 24 (14)
Unknown - 2 2
Insurance
Private (%) 22 (52) 80 (63) 102 (61)
Medicare or Medicaid (%) 20 (48) 44 (35) 64 (38)
None (%) - 2(2) 2(1)
Unknown - 3 3
End of Life Concerns+
Losing autonomy (%) 39 (93) 106 (85) 145 (87)
Less able to engage in activities making life enjoyable (%) 39 (93) 99 (79) 138 (83)
Loss of dignity (%)++ 31 (82) - 31 (82)
Losing control of bodily functions (%) 24 (57) 73 (58) 97 (58)
Burden on family, friends/caregivers (%) 16 (38) 44 (35) 60 (36)
Inadequate pain control (%)** 9 (21) 28 (22) 37 (22)
Financial implications of treatment (%) 1 (2) 3 (2) 4 (2)
PAS Process
Referred for psychiatric evaluation (%) 2 (5) 28 (23) 30 (18)
Patient died at
Home (patient, family or friend) (%) 39 (93) 121 (94) 160 (94)
Long term care, assisted living or foster care facility (%) 2 (5) 6 (5) 8 (5)
Hospital (%) 0 1 (1) 1 (1)
Other (%) 1 (2) 1 (1) 2 (1)
Lethal Medication
Secobarbital (%) 4 (10) 85 (66) 89 (52)
Pentobarbital (%) 37 (88) 41 (32) 78 (46)
Secobarbital/amobarbital (%) 1 (2) 2 (2) 3 (2)
Other (%) 0 1 (1) 1 (1)
Health-care provider present when medication ingested#
Prescribing physician (%) 12 (29) 22 (39) 34 (34)
Other provider, prescribing physician not present (%) 20 (48) 29 (51) 49 (49)
No provider (%) 10 (24) 6 (11) 16 (16)
Unknown 0 2 2
Regurgitation/seizures after medication ingested
Regurgitated (%) 3 (7) 4 (3) 7 (4)
Seizures (%) 0 0 0
Neither (%) 39 (93) 121 (97) 160 (96)
Unknown 0 4 4
23

2003 1998-2002 Total
Characteristics (cont'd) (N=42)* (N=129)* (N=171)*
Emergency Medical Services
Called for intervention after lethal medication ingested (%)*** 0 0 0
Not called after lethal medication ingested (%) 42 (100) 126 (100) 168 (100)
Unknown 0 3 3
Timing of PAS Event
Duration (weeks) of patient-physician relationship
Median 10 13 13
Range 0-405 0-851 0-851
Duration (days) between 1st request and death
Median 36 43 39
Range 16-737 15-466 15-737
Minutes between ingestion and unconsciousness
Median 4 5 5
Range 1-20 1-38 1-38
Unknown 2 18 20
Minutes between ingestion and death
Median 20 30 25
Range (minutes - hours) 5m-48h 4m-37h 4m-48h
Unknown 1 12 13
* Unknowns are excluded when calculating percentages unless otherwise noted.
** Patients discussing concern about inadequate pain control with their physicians were not necessarily
experiencing pain.
*** Excludes calls to pronounce death.
# The data shown are for 2001-2003. Information about the presence of a health care provider/volunteer,
in absence of the prescribing physician, was first collected in 2001. Attendance by the prescribing
physician has been recorded since 1998. During 1998-2002 the prescribing physician was present when
47% of the patients ingested the lethal medication.
+ Affirmative answers only ("Don't know" included in negative answers). Available for 17patients in
2001.
++ First asked in 2003.
24

Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del
Auxilio al Suicidio
Año 2000-2001, Boletín Oficial del Estado de los Países Bajos

Comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al
suicidio y modificación del Código Penal y de la Ley reguladora de los
funerales (Ley de Comprobación de la terminación de la vida a petición propia
y del auxilio al suicidio)
1
Capítulo 1. Definiciones
Artículo 1
En esta ley, se entenderá por:
a. Nuestros ministros: el ministro de Justicia y el ministro de Sanidad, Bienestar y
Deporte;
b. Auxilio al suicidio: ayudar deliberadamente a una persona a suicidarse o facilitarle
los medios necesarios a tal fin, tal y como se recoge en el artículo 294, párrafo
segundo, segunda frase, del Código Penal;
c. El médico: el médico que, según la notificación, ha llevado a cabo la terminación
de la vida a petición del paciente o ha prestado auxilio al suicidio;
d. El asesor: el médico al que se ha consultado sobre la intención de un médico de
llevar a cabo la terminación de la vida a petición del paciente o de prestar auxilio
al suicidio;
e. Los asistentes sociales: los asistentes sociales a que se refiere el artículo 446,
párrafo primero, del libro 7 del Código Civil;
f. La comisión: comisión de comprobación a que se refiere el artículo 3;
g. Inspector regional: inspector regional de la Inspección de la Asistencia Sanitaria
del Control Estatal de la Salud Pública.
Capítulo 2. Requisitos de cuidado y esmero profesional
Artículo 2
1. Los requisitos de cuidado a los que se refiere el artículo 293, párrafo segundo,
del Código Penal, implican que el médico:

a. ha llegado al convencimiento de que la petición del paciente es voluntaria y bien
2
meditada,
b. ha llegado al convencimiento de que el padecimiento del paciente es insoportable
y sin esperanzas de mejora,
c. ha informado al paciente de la situación en que se encuentra y de sus
perspectivas de futuro,
d. ha llegado al convencimiento junto con el paciente de que no existe ninguna otra
solución razonable para la situación en la que se encuentra este último,
e. ha consultado, por lo menos, con un médico independiente que ha visto al
paciente y que ha emitido su dictamen por escrito sobre el cumplimiento de los
requisitos de cuidado a los que se refieren los apartados a. al d. y
f. ha llevado a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo
cuidado y esmero profesional posibles
2. El médico podrá atender la petición de un paciente, que cuente al menos con
dieciséis años de edad, que ya no esté en condiciones de expresar su voluntad
pero que estuvo en condiciones de realizar una valoración razonable de sus
intereses al respecto antes de pasar a encontrarse en el citado estado de
incapacidad y que redactó una declaración por escrito que contenga una petición
de terminación de su vida. Se aplicarán por analogía los requisitos de cuidado a
los que se refiere el párrafo primero.
3. Si se trata de un paciente menor de edad, cuya edad esté comprendida entre los
dieciséis y los dieciocho años, al que se le pueda considerar en condiciones de
realizar una valoración razonable de sus intereses en este asunto, el médico
podrá atender una petición del paciente de terminación de su vida o una petición
de auxilio al suicidio, después de que los padres o el padre o la madre que
ejerza(n) la patria potestad o la persona que tenga la tutela sobre el menor,
haya(n) participado en la toma de la decisión.
4. En caso de que el paciente menor de edad tenga una edad comprendida entre
los doce y los dieciséis años y que se le pueda considerar en condiciones de
realizar una valoración razonable de sus intereses en este asunto, el médico
podrá atender una petición del paciente de terminación de su vida o a una
petición de auxilio al suicidio, en el caso de que los padres o el padre o la madre
que ejerza(n) la patria potestad o la persona que tenga la tutela sobre el menor,

esté(n) de acuerdo con la terminación de la vida del paciente o con el auxilio al
suicidio. Se aplicará por analogía el párrafo segundo.
Capítulo 3. Comisiones regionales de comprobación de la terminación de la
vida a petición propia y del auxilio al suicidio
Párrafo 1: Creación, composición y nombramiento
3
Artículo 3
1. Existen comisiones regionales para la comprobación de las notificaciones de
casos en los que se ha llevado a cabo la terminación de la vida a petición propia
y el auxilio al suicidio a las que se refieren el artículo 293, párrafo segundo, y el
artículo 294, párrafo segundo, segunda frase del Código Penal.
2. Una comisión estará compuesta por un número impar de miembros, de los cuales
al menos uno deberá ser jurista, y que a la vez será presidente, un médico y un
experto en cuestiones éticas o en problemas de aplicación de las normas al caso
concreto. También formarán parte de esta comisión los suplentes de las
personas de cada una de las categorías nombradas en la primera frase.
Artículo 4
1. El presidente y los miembros de la comisión, así como los miembros suplentes,
serán nombrados por Nuestros Ministros para un periodo de seis años. Los
miembros serán susceptibles de un único nuevo nombramiento para otro periodo
de seis años.
2. Cada comisión tendrá un secretario y uno o varios secretarios suplentes, todos
ellos juristas, que serán nombrados por Nuestros Ministros. El secretario tendrá
un voto consultivo en las reuniones de la comisión.
3. En todo lo relativo a su trabajo para la comisión, el secretario únicamente deberá
rendir cuentas ante dicha comisión.
Párrafo 2: Despido

4
Artículo 5
El Presidente, los miembros y los miembros suplentes podrán solicitar siempre el
despido a Nuestros Ministros.
Artículo 6
El Presidente, los miembros y los miembros suplentes podrán ser despedidos por
Nuestros Ministros por razón de ineptitud o incapacidad o por cualquier otra razón
bien fundada.
Párrafo 3: Remuneración
Artículo 7
El Presidente, los miembros y los miembros suplentes percibirán dietas y el
reembolso de los gastos de viaje y alojamiento conforme al actual baremo oficial, lo
anterior en la medida en que no se conceda por otro concepto una remuneración del
Tesoro Público en concepto de los citados gastos.
Párrafo 4: Tareas y competencias
Artículo 8
1. Partiendo del informe referido en el artículo 7, párrafo dos, de la Ley reguladora
de los funerales, la comisión juzgará si el médico que ha realizado la terminación
de la vida a petición del paciente o el auxilio al suicidio, ha actuado conforme a
los requisitos de cuidado referidos en el artículo 2.
2. La comisión podrá solicitar al médico que complemente su informe por escrito u
oralmente, en el caso de que esta medida se considere necesaria para poder
juzgar convenientemente la actuación del médico.
3. La comisión podrá pedir información al médico forense, al asesor o a los
asistentes pertinentes, en el caso de que ello sea necesario para poder juzgar
adecuadamente la actuación del médico.

5
Artículo 9
1. La comisión comunicará al médico por escrito su dictamen motivado dentro del
plazo de seis semanas contadas a partir de la recepción del informe al que se
refiere el artículo 8, párrafo primero.
2. La comisión comunicará su dictamen a la Fiscalía General del Estado y al
inspector regional para la asistencia sanitaria:
a. en el caso de que, en opinión de la comisión, el médico no haya actuado
conforme a los requisitos de cuidado referidos en el artículo 2; o
b. en caso de que se produzca una situación como la recogida en el artículo 12,
última frase de la Ley reguladora de los funerales. La comisión comunicará
esta circunstancia al médico.
3. El plazo citado en el apartado 1 podrá ser prolongado una sola vez por un
máximo de seis semanas. La comisión se lo comunicará al médico.
4. La comisión tendrá competencia para dar una explicación oral al médico sobre su
dictamen. Esta explicación oral podrá realizarse a petición de la comisión o a
petición del médico.
Artículo 10
La comisión estará obligada a facilitar al fiscal toda la información que solicite y que
sea necesaria:
1º para poder juzgar la actuación del médico en un caso como el referido en el
artículo 9, párrafo segundo; o
2º para una investigación criminal.
Si se ha facilitado información al fiscal, la comisión se lo comunicará al médico.
Párrafo 6: Método de trabajo
Artículo 11
La comisión se encargará de llevar un registro de los casos de terminación de la vida
a petición propia o de auxilio al suicidio que se le hayan notificado y hayan sido

sometidos a su juicio. Nuestros Ministros podrán establecer reglas más detalladas al
respecto mediante orden ministerial.
6
Artículo 12
1. El dictamen se aprobará por mayoría simple de votos.
2. Un dictamen sólo podrá ser aprobado por la comisión en el caso de que todos los
miembros de la comisión tomen parte en la votación.
Artículo 13
Los presidentes de las comisiones regionales de comprobación se reunirán por lo
menos dos veces al año para tratar el método de trabajo y el funcionamiento de las
comisiones. A la reunión acudirán un representante de la Fiscalía General del
Estado y un representante de la Inspección para la Asistencia Sanitaria de la
Inspección del Estado de la Sanidad Pública.
Apartado 7: Secreto y Abstención
Artículo 14
Los miembros o los miembros suplentes de la comisión estarán obligados a
mantener en secreto los datos de los que dispongan en la realización de sus tareas,
salvo que alguna disposición legal les obligue a comunicarlo (y con el alcance
concreto de la obligación correspondiente) o que su tarea haga necesaria la
realización de un comunicado.
Artículo 15
Un miembro de la comisión que ocupe su puesto en la misma con el fin de tratar un
asunto, deberá abstenerse y podrá ser recusado en el caso de que se produzcan
hechos o circunstancias que pudieran afectar a la imparcialidad de su dictamen.

7
Artículo 16
Los miembros, los miembros suplentes y el secretario de la comisión se abstendrán
de opinar acerca de la intención de un médico de llevar a cabo la terminación de la
vida a petición del paciente o de prestar auxilio al suicidio.
Párrafo 8: Presentación de informes
Artículo 17
1. Una vez al año, antes del 1 de abril, las comisiones presentarán ante Nuestros
Ministros un informe común del trabajo realizado en el pasado año natural.
Nuestros Ministros redactarán un modelo mediante orden ministerial.
2. En el informe del trabajo realizado referido en el párrafo 1 se hará mención en
cualquier caso:
a. del número de casos de terminación de la vida a petición propia y de auxilio al
suicidio que se les hayan notificado y sobre los cuales la comisión ha emitido un
dictamen;
b. la naturaleza de estos casos;
c. los dictámenes y las consideraciones que han llevado a los mismos.
Artículo 18
Con ocasión de la presentación del presupuesto al Parlamento, Nuestros Ministros
entregarán anualmente un informe sobre el funcionamiento de las comisiones,
partiendo del informe del trabajo realizado mencionado en el artículo 17, párrafo
primero.
Artículo 19
1. A propuesta de Nuestros Ministros y por medio de decreto legislativo, se
establecerán reglas sobre las comisiones con respecto a:
a. su número y competencias relativas;
b. su sede.
2. En virtud de o mediante decreto legislativo,

Nuestros Ministros podrán establecer más reglas sobre las comisiones en lo relativo
a
A: el número de miembros y la composición;
B. el método de trabajo y la presentación de informes.
Capítulo 4. Modificaciones en otras leyes
8
Artículo 20
El Código Penal va a ser modificado de la siguiente manera.
A
El artículo 293 pasa a tener el siguiente texto:
Artículo 293
1. El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y serio de la
misma, será castigado con pena de prisión de hasta doce años o con una pena
de multa de la categoría quinta.
2. El supuesto al que se refiere el párrafo 1 no será punible en el caso de que haya
sido cometido por un médico que haya cumplido con los requisitos de cuidado
recogidos en el artículo 2 de la Ley sobre comprobación de la terminación de la
vida a petición propia y del auxilio al suicidio, y se lo haya comunicado al forense
municipal conforme al artículo 7, párrafo segundo de la Ley Reguladora de los
Funerales.
B
Artículo 294

1. El que de forma intencionada indujere a otro para que se suicide será, en caso
de que el suicidio se produzca, castigado con una pena de prisión de hasta tres
años o con una pena de multa de la categoría cuarta.
2. El que de forma intencionada prestare auxilio a otro para que se suicide o le
facilitare los medios necesarios para ese fin, será, en caso de que se produzca el
suicidio, castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una pena
de multa de la categoría cuarta. Se aplicará por analogía el artículo 293, párrafo
segundo.
C
En el artículo 295 se añadirá después de ‘293’: , párrafo primero,.
D
En el artículo 422 se añadirá después de ‘293’: , párrafo primero,.
9
Artículo 21
La Ley Reguladora de los Funerales se modifica de la siguiente manera:
A
Artículo 7
1. El que haya realizado la autopsia procederá a expedir una certificación de
defunción si está convencido de que la muerte se ha producido por causas
naturales.
2. En el caso de que el fallecimiento se haya producido como consecuencia de la
aplicación de técnicas destinadas a la terminación de la vida a petición propia o
al auxilio al suicidio, a los que se refiere el artículo 293, párrafo segundo y el
artículo 294, párrafo segundo, segunda frase del Código Penal, el médico que
trata el paciente no expedirá ningún certificado de defunción e informará
inmediatamente, mediante la cumplimentación de un formulario, al forense
municipal o a uno de los forenses municipales, de las causas de dicho
fallecimiento. Además del formulario, el médico enviará un informe motivado
sobre el cumplimiento de los requisitos de cuidado a los que se refiere el artículo

2 de la Ley de comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del
auxilio al suicidio.
3. Si se producen otros casos distintos de los mencionados en el párrafo segundo y
el médico que trata al paciente considera que no puede proceder a expedir un
certificado de defunción, se lo comunicará (rellenando un formulario)
inmediatamente al forense municipal o a uno de los forenses municipales.
B
Artículo 9
1. La forma y la composición de los modelos de certificado de defunción a presentar
por el médico que trata al paciente y por el forense municipal, se regularán por
medio de decreto legislativo.
2. La forma y la composición de los modelos para la notificación y el informe a los
que se refiere el artículo 7, párrafo segundo, de la notificación a que se refiere el
artículo 7, párrafo tercero y de los formularios a que se refiere el artículo 10,
párrafos primero y segundo, serán regulados por medio de decreto legislativo a
propuesta de Nuestro ministro de Justicia y Nuestro ministro de Bienestar,
Sanidad y Deportes.
10
Artículo 10
1. Si el forense municipal cree que no puede proceder a expedir una certificación de
defunción, informará inmediatamente al fiscal a este respecto rellenando el
formulario establecido por medio de decreto legislativo y avisará en el acto al
funcionario del registro civil.
2. Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo primero y en caso de que se produzca
una notificación como las mencionadas en el artículo 7, párrafo segundo, el forense

municipal se lo comunicará (rellenando un formulario) inmediatamente a la comisión
regional de comprobación a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de comprobación
de la terminación de la vida a petición propia y de auxilio al suicidio.
Asimismo, adjuntará el informe motivado al que se refiere el artículo 7, párrafo
segundo.
11
D
Al artículo 12 se le añade una frase con el siguiente texto:
En caso de que el fiscal, en los casos referidos en el artículo 7, párrafo segundo,
considere que no puede proceder a expedir una certificación de no objeción al
entierro o a la incineración, se lo comunicará inmediatamente al forense municipal y
a la comisión regional de comprobación a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de
comprobación de la terminación de la vida a petición propia y de auxilio al suicidio.
E
En el artículo 81, parte primera, se sustituye “7, párrafo primero” por: 7, párrafos
primero y segundo,.
Artículo 22
La Ley General de Derecho Administrativo es modificada de la siguiente manera:
En el artículo 1:6, al final de la parte d, se sustituye el punto por un punto y coma y
se añade una parte quinta que reza así:
e. decisiones y actuaciones en ejecución de la Ley de la comprobación de la
terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio.
Capítulo 6. Disposiciones finales

12
Artículo 23
Esta ley entrará en vigor en la fecha que se estipule mediante Decreto Real.
Artículo 24
Esta ley se denominará: Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del
Auxilio al Suicidio.
Ordeno que esta ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado de los Países
Bajos y que todos los ministerios, autoridades, colegios y funcionarios relacionados
con ella, la lleven a la práctica.
El ministro de Justicia,
El ministro de Sanidad, Bienestar y Deporte
Senado, año 2000-2001, 26691 nº 137

1
Abril de 2007
“Cumplimos 5 años de trabajo”
Eutanasia:
tendencias
predominantes en
estudios de opinión

2
Í N D I C E
1. Tendencias principales
Comparativo encuestas nacionales en vivienda ……………………….………..… 5
Comparativo encuestas nacionales telefónicas……………….……………….…… 6
Comparativo encuestas telefónicas en el DF……………………………………….. 7
Variables sociodemográficas ............................................................................... 8
2. Encuestas nacionales telefónicas …………………………………………….… 12
3. Encuestas nacionales en vivienda ................................................................ 17
4. Encuestas telefónicas en el Distrito Federal ………………………………… 26
Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas ………………………………………. 28

Fecha Empresa Reactivo utilizado:
BGC, Ulises “Piensa que la eutanasia es un asesinato” 70%
Beltrán y
Asociados
4
Marzo de
2007
“Piensa que la eutanasia es una práctica contraria al estado de 67%
derecho porque atenta contra la vida”
BGC, Ulises
Beltrán y
Asociados
Marzo de
2007
“Está de acuerdo en permitir que se ayude a morir a una persona 55%
desahuciada o en fase terminal”
BGC, Ulises
Beltrán y
Asociados
Octubre de
2005
“Estaría de acuerdo con que se legalizara la muerte asistida en 56%
México”
Consulta
Mitofsky
Mayo de
2005
“Está de acuerdo en permitir que se ayude a morir a una persona 58%
desahuciada o en fase terminal”
BGC, Ulises
Beltrán y
Asociados
Marzo de
2007
ENCUESTAS NACIONALES TELEFÓNICAS
Fuente: Páginas 22 a la 25 de este documento.

ENCUESTAS NACIONALES EN VIVIENDA
Noviembre Parametría “Considera que la eutanasia es un pecado” 49%
de 2005
“Está en desacuerdo con que la ley castigue a quien ayude o permita 58%
que muera un familiar de manera asistida a petición de éste”
5
Consulta
Mitofsky
Octubre de
2005
Consulta “Está de acuerdo en que se legalice la eutanasia en nuestro país” 64%
Mitofsky
Octubre de
2005
“No es aceptable que un doctor permita morir a un paciente con una 48%
enfermedad incurable con una inyección o alguna droga”
Noviembre Parametría
de 2006
“Desaprueba que se termine con la vida de un paciente en caso de 46%
que un grupo de especialistas pruebe que su enfermedad no tiene
cura”
Noviembre Parametría
de 2006
Fuente: Páginas 13, 15, 16, 17 y 19 de este documento.

“Está de acuerdo con que si se legaliza la eutanasia se puede dar 53%
lugar a una serie de asesinatos o de abusos”
6
María de las
Heras
Octubre de
2005
“Está de acuerdo con que la decisión de vivir con una enfermedad 75%
incurable, estar totalmente inhabilitado o tener derecho a pedir una
muerte asistida sólo le corresponde al enfermo”
María de las
Heras
Octubre de
2005
ENCUESTAS TELEFÓNICAS EN EL DF
Fuente: Página 27 de este documento.

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
¿Usted aprueba o desaprueba que se termine con la vida de un paciente en caso de que un grupo
de especialistas apruebe que la enfermedad del paciente no tiene cura? (%)
RESULTADO NACIONAL: 39 POR CIENTO QUE APRUEBA
7
59 60
38
22
31
57
43 43
31
19
34 32
42 38
47
39
Todos
18-25
26-35
36-45
46-55
56 o más
Sin estudios
Primaria o menos
Secundaria
Preparatoria
Universidad y más
Una vez a la semana
Más de una vez a la
semana
Al menos una vez al mes
Al menos una vez al año
Nunca asiste
Edad Escolaridad Asistencia a la iglesia
Vivienda nacional
8 al 11 de noviembre
de 2006
Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 24 de noviembre de 2006.

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se legalizara la eutanasia en nuestro país? (%)
RESULTADO NACIONAL: 64 POR CIENTO QUE ESTÁ DE ACUERDO
8
49
66
58
77
61
49
69 69
62
64 67
Todos
Hombre
Mujer
18-29
30-49
50 y más
Ninguno y
primaria
Secundaria
preparatoria
Universidad
y
y más
Alto/Medio
Bajo
Edad Escolaridad Nivel
socioeconómico
Sexo
Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, Núm. 153, octubre de 2005.
Vivienda nacional
16-30 de octubre
de 2005

¿Y estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en que la ley castigue a quien ayude o permita que muera
un familiar suyo de manera asistida aunque éste lo pidiera? (%)
RESULTADO NACIONAL: 58 POR CIENTO QUE NO ESTÁ DE ACUERDO
9
50
55
61 59
66
55
48
58 58 58 62 60
Todos
Hombre
Mujer
18-29
30-49
50 y más
Ninguno y
primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
y más
Alto/Medio
Bajo
Edad Escolaridad Nivel
socioeconómico
Sexo
Vivienda nacional
16-30 de octubre
de 2005

Recientemente algunos diputados presentaron una propuesta para que la muerte asistida o eutanasia
fuera legalizada en nuestro país, esta posibilidad sería contemplada en los casos de los pacientes con
enfermedades terminales que junto con sus familiares dieran su aprobación. Por lo que usted sabe al
respecto, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se legalizara la muerte asistida en México? (%)
RESULTADO NACIONAL: 56 POR CIENTO ESTÁ DE ACUERDO O DE ACUERDO EN PARTE
10
42
65
57
35
54
67
56 58 54
Todos
Hombre
Mujer
18-29
30-49
50 y más
Ninguno y
primaria
Secundaria
preparatoria
y
Universidad
y más
Sexo Edad Escolaridad
Fuente: Consulta Mitofsky, junio de 2005.
Telefónica
Nacional
14 de mayo de 2005

3. Encuestas nacionales telefónicas
11

12
Argumentos que se hacen sobre la eutanasia:
es un asesinato
70%
62%
23%
33%
Nacional
DF
Cierto/en parte Falso
Argumentos que se hacen sobre la eutanasia:
es una práctica contraria al Estado de Derecho
porque atenta contra la vida
67%
61%
27%
33%
Nacional
DF
Cierto/en parte Falso
Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, Marzo de 2007.
Telefónica nacional
15 de marzo
de 2007

También recientemente se propuso una iniciativa de ley en el DF para permitir la
eutanasia es decir ayudar a morir a personas desahuciadas o en fase terminal. Dígame,
¿está usted de acuerdo o en un desacuerdo en permitir que se ayude a morir a una
persona desahuciada o en fase terminal?
Nacional
13
55%
41%
58%
40%
Acuerdo/en parte
Desacuerdo/ en
parte
20/10/2005 15/03/2007
Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,
Marzo de 2007.
Telefónica nacional
15 de marzo
de 2007

Recientemente algunos diputados presentaron una propuesta para que la muerte asistida o
eutanasia fuera legalizada en nuestro país, esta posibilidad sería contemplada en los casos de
los pacientes con enfermedades terminales que junto con sus familiares dieran su aprobación.
Por lo que usted sabe al respecto, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se legalizara la
14
Acuerdo/en
parte
56%
Ns / Nc
2%
Desacuerdo/en
parte
42%
58%
54%
40%
44%
2% 2%
Acuerdo/en parte Desacuerdo/en
parte
Ns / Nc
Hombres Mujeres
muerte asistida en México?
Fuente: Consulta Mitofsky, mayo de 2005.
Telefónica
Nacional
14 de mayo de 2005

Recientemente algunos diputados presentaron una propuesta para que la muerte asistida o eutanasia
fuera legalizada en nuestro país, esta posibilidad sería contemplada en los casos de los pacientes con
enfermedades terminales que junto con sus familiares dieran su aprobación. Por lo que usted sabe al
respecto, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se legalizara la muerte asistida en México?
Sexo
Hombre 58% 40% 2% 100%
Mujer 54% 44% 2% 100%
Edad
18-29 años 67% 32% 1% 100%
30-49 años 54% 44% 3% 100%
50 y más años 42% 56% 3% 100%
Ninguno y primaria 35% 60% 6% 100%
Secundaria y preparatoria 57% 42% 1% 100%
Universidad y más 65% 33% 2% 100%
TODOS 56% 42% 2% 100%
15
Escolaridad
Acuerdo/ En parte Desacuerdo/ En parte Ns/ Nc Total
Fuente: Consulta Mitofsky, junio de 2005.
Telefónica
Nacional
14 de mayo de 2005

2. Encuestas nacionales en vivienda
16

17
¿Usted aprueba o desaprueba que se termine
con la vida de un paciente en caso de que un
grupo de especialistas apruebe que la
enfermedad del paciente no tiene cura?
Indeciso
15%
Aprueba
39%
Desaprueba
46%
¿Usted aprueba o desaprueba que se termine
con la vida de un paciente en caso de que un
grupo de especialistas apruebe que la
enfermedad del paciente no tiene cura?
Vivienda nacional
de 2006
(por género)
42%
36%
41%
51%
17%
13%
Aprueba Desaprueba Indeciso
Hombres Mujeres

¿Usted aprueba o desaprueba que se termine con la vida de un paciente
en caso de que un grupo de especialistas apruebe que la enfermedad del
paciente no tiene cura?
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indeciso
15%
17%
13%
13%
12%
19%
18%
10%
9%
15%
20%
12%
7%
Desaprueba
46%
41%
51%
40%
46%
43%
48%
58%
72%
Variable demográfica
Población general
Aprueba
39%
Hombre 42%
Mujer 36%
18 a 25 años 47%
26 a 35 años 42%
36 a 45 años 38%
46 a 55 años 34%
56 años o más 32%
Sin estudios 19%
Primaria 31% 54%
37%
45%
36%
Escolaridad Secundaria 43%
Preparatoria 43%
Universidad o más 57%
Una vez a la semana 31% 57% 12% 100%
Más de una vez a la semana 22% 55% 23% 100%
Al menos una vez al mes 38% 42% 20% 100%
Al menos una vez al año 59% 29% 12% 100%
Nunca asiste 60% 35% 5% 100%
18
Vivienda nacional
de 2006
Género
Edad
Asistencia a
la iglesia

¿Para usted es aceptable o no que un doctor le permita morir a un paciente
que tiene una enfermedad incurable con una inyección o alguna droga?
No contestó
19
Vivienda nacional
de 2006
No sabe
9%
Es aceptable
41%
No es
aceptable
48%
2%

Le voy a leer una serie de acciones. Dígame si usted considera que son pecados o que no lo son.
Opiniones de la ciudadanía en general
El aborto 67% 28% 5%
56% 36% 8%
49% 41% 10%
22% 73% 5%
20
Vivienda nacional
25 de noviembre al 4
de diciembre de 2005
Fuente: Ipsos-Bimsa, noviembre de 2005.
La pena de muerte
La eutanasia
El uso de métodos
anticonceptivos
Si es pecado No es pecado Ns/Nc

21
Acuerdo
64%
Ns / Nc
4%
Desacuerdo
32%
67%
62%
28%
35%
5% 3%
Acuerdo Desacuerdo Ns / Nc
Hombres Mujeres
¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con
que se legalizara la eutanasia en nuestro país?
¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con
que se legalizara la eutanasia en nuestro país?
Vivienda nacional
16-30 de octubre
de 2005

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se legalizara la eutanasia en nuestro país?
Sexo
Acuerdo Desacuerdo
Hombre 67% 28%
Mujer 62% 35%
Edad
18-29 años 69% 27%
30-49 años 69% 28%
50 y más años 49% 45%
Escolaridad
Ninguno y primaria 49% 46%
Secundaria y preparatoria 61% 34%
Universidad y más 77% 22%
Nivel Socioeconómico
Alto/ Medio 66% 30%
Bajo 58% 38%
22
Vivienda nacional
16-30 de octubre
de 2005
TODOS 64% 32%

23
Ns / Nc
5%
Acuerdo
37%
Desacuerdo
58%
37% 38%
58% 58%
5% 4%
Acuerdo Desacuerdo Ns / Nc
Hombres Mujeres
Vivienda nacional
16-30 de octubre
de 2005
¿Y estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en
que la ley castigue a quien ayude o permita que
muera un familiar suyo de manera asistida
aunque éste lo pidiera?
¿Y estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en
que la ley castigue a quien ayude o permita que
muera un familiar suyo de manera asistida
aunque éste lo pidiera?

¿Y estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en que la ley castigue a quien ayude o permita que muera
Sexo
un familiar suyo de manera asistida aunque éste lo pidiera?
Hombre 37% 58%
Mujer 38% 58%
Edad
18-29 años 34% 62%
30-49 años 36% 60%
50 y más años 44% 50%
Escolaridad
Ninguno y primaria 46% 48%
Secundaria 39% 55%
Preparatoria 28% 66%
Universidad y más 38% 61%
Alto/ Medio 37% 59%
Bajo 40% 55%
TODOS 37% 58%
24
Nivel Socioeconómico
Acuerdo Desacuerdo
Vivienda nacional
16-30 de octubre
de 2005

4. Encuestas telefónicas en el
Distrito Federal
25

ENCUESTAS TELEFÓNICAS EN EL DF
26
Ns / Depende
4%
Sí estoy de
acuerdo
53% No estoy de
acuerdo
43%
Telefónica en el
Distrito Federal
8 de octubre de 2005
Hay personas que dicen que si se legaliza la
eutanasia o muerte asistida puede dar lugar a
una serie de asesinatos o de abusos que
quedarían impunes, ¿está usted de acuerdo con
esta opinión o no?
Si usted, en lo personal, se viera con una
enfermedad incurable muy dolorosa o que lo
dejara totalmente inhabilitado ¿cree que la
decisión de seguir viviendo en esas condiciones
debería ser tomada únicamente por usted, y si
fuera su decisión debería tener derecho a pedir
una muerte asistida o no?
Ns / Depende
12%
La decisión no
la debería
tomar yo como
enfermo
13%
La decisión es mía y debería tener
derecho a una muerte asistida
75%
Fuente: Milenio Diario, 11 de octubre de 2005, pp. 10.

VITRINA METODOLÓGICA
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS
Tipo Cobertura Responsable Fuente de confianza Fecha del
27
40 entrevistas efectivas a mayores
de edad. Con nivel de confianza de
95% y margen de error de +/-5%.
BGC, Ulises
Beltrán y Asoc.
BGC, Ulises
Beltrán y
Asoc.
15 de marzo de 2007 Telefónica Nacional
Temas de la
agenda
legislativa
Despenalización
de la eutanasia
en el Distrito
Federal
500 entrevistas a mayores de
edad, con 90% de confianza y +/ -
4% de margen de error.
Consulta Consulta Mitofsky
14 de mayo de 2005 Telefónica Nacional Mitofsky
Temas de la
agenda
legislativa
Los temas que
dividen
1 000 entrevistas a ciudadanos
mayores de edad. Nivel de
confianza de 95% y margen de
error de +/-3.8%.
Vivienda Nacional Ipsos-Bimsa Ipsos-Bimsa
25 de noviembre al 4
de diciembre de
2005
Temas de la
agenda
legislativa
Imagen de la
Iglesia católica
3500 entrevistas a mayores de 18
años. Con nivel de confianza de
95 % y margen de error +/- 4.1%.
Consulta Consulta Mitofsky
Vivienda Nacional Mitofsky 16 al 30 de octubre
de 2005
Temas de la
agenda
legislativa
Eutanasia, Aborto
y otros temas
parecidos
1, 000 entrevistas a ciudadanos
mayores de edad. Nivel de
confianza de 95% y margen de
error de +/-3.1%.
Del 8 al 11 de Vivienda Nacional Parametría Carta paramétrica
septiembre del 2006
Temas de la
agenda
legislativa
Eutanasia:
mexicanos ante
la muerte asistida
300 casos, 95% de confianza con
error máximo que se tiene de +/-
5.8%
Milenio Diario, 11
de octubre de
2005, p. 10.
María de la
Heras
Distrito
8 de octubre de 2005 Telefónica Federal
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el derecho a una
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