Icbf682

10 DIARIO OFICIAL
Edición 50.491
Lunes, 29 de enero de 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO 0682 DE 2018
(enero 24)
por medio de la cual se adopta el procedimiento que debe seguirse en el trámite de las
denuncias de bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la
Fuente de Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas
en el literal b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 66 de la Ley 75 de 1968 establece que el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras (ICBF), tendrá en las sucesiones
intestadas los derechos que hasta entonces el artículo 82 de la Ley 153 de 1887 atribuía al
municipio de la vecindad del extinto, así como los que correspondían a otras entidades en
relación con los bienes vacantes y mostrencos.
Que el numeral 22 del artículo 17 del Decreto 1137 de 1999 señala como función
del Instituto la de promover las acciones en que tenga interés por razón de su vocación
hereditaria o de bienes vacantes o mostrencos.
Que la Sección 3 del Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1084 de 2015, reglamenta lo relacionado con las denuncias de vocaciones hereditarias y
bienes vacantes y mostrencos, ordenando, entre otros, que toda persona que descubra la
existencia de un bien vacante o mostrenco o de una vocación hereditaria, deberá hacer su
denuncia por escrito ante la Dirección General o Dirección Regional del ICBF, según la
ubicación del bien o el lugar de tramitación del respectivo juicio.
Que la Dirección General del Instituto, mediante Resolución número 690 de 27 de
abril de 2004, adoptó el Manual de denuncias de vocaciones hereditarias y bienes vacantes
y mostrencos, en el que se establece el procedimiento relacionado con el trámite de esta
clase de denuncias.
Que posteriormente se expidió la Resolución número 2200 del 31 de mayo de 2010,
mediante la cual adoptó el procedimiento que debe seguirse en el trámite de las denuncias
de vocaciones hereditarias y de bienes vacantes y mostrencos.
Que dadas las modificaciones normativas de los últimos años relacionadas con los
procedimientos administrativos y judiciales determinantes en el mencionado trámite, así
como en desarrollo de los procesos de mejora continua del ICBF, es necesario actualizar y
compilar en un solo documento, lo relacionado con el procedimiento para el trámite de las
denuncias de vocaciones hereditarias y bienes vacantes y mostrencos.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento
que se debe seguir en los trámites de denuncias de vocaciones hereditarias y de bienes
vacantes y mostrencos en las que tenga interés el ICBF, con el fin de mejorar su gestión
operativa y administrativa.
Artículo 2°. Alcance. El contenido de esta Resolución se aplicará a las denuncias
de vocaciones hereditarias y de bienes vacantes y mostrencos formuladas ante la
Dirección General y las Direcciones Regionales del ICBF, de acuerdo con sus respectivas
competencias, durante las diligencias administrativas, judiciales o notariales encaminadas
a la adjudicación de los bienes al ICBF y su registro y entrega, hasta la liquidación del
contrato de participación.
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución, ténganse como
criterio de interpretación las siguientes definiciones:
a) Vacantes: Bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional sobre los cuales
se ejerció propiedad privada pero se encuentran sin dueño aparente o conocido.
(Artículo 706 del Código Civil). En el trámite de las denuncias que interesan al
ICBF aplica para bienes vacantes urbanos y no aplica a los bienes baldíos ni a los
inmuebles vacantes rurales o aquellos que tienen destinación de vacantes para otras
entidades de acuerdo a la ley.
b) Mostrencos: Bienes muebles ubicados en el territorio nacional que se encuentran
abandonados material y jurídicamente sin que se conozca el dueño aparente o co-
nocido (Artículo 706 del Código Civil). Se entienden también incorporados como
mostrencos aquellos bienes crediticios o títulos valores de naturaleza negocial que
de acuerdo a la ley tienen dicha vocación.
c) Dueño aparente: En los términos de los artículos 704, 706 y 708 del Código Civil,
es dueño aparente el que ejerce actividades de uso, disfrute y disposición sobre los
bienes.
d) Dueño conocido: Es quien ejerce su derecho real con fundamento en títulos tras-
laticios de dominio y cuya propiedad es de conocimiento público. En el caso de
los bienes sujetos a registro, el dueño conocido es quien aparece inscrito como tal,
aunque esta condición presunta admite en contrario las pruebas de fallecimiento,
abandono y prescripción, entre otras. Téngase en cuenta que el dueño conocido
puede no aparecer al ser llamado, hecho que genera la reputación provisoria de
bien vacante o mostrenco que establece el inciso segundo del artículo 704 del Có-
digo Civil.
e) Búsqueda física y jurídica del dueño: El inciso primero del artículo 704 del Có-
digo Civil permite concluir que la primera responsabilidad de particulares y auto-
ridades ante el hallazgo de un bien que no se encuentre en poder de su dueño es la
de procurar su devolución, de manera que la adjudicación al ente beneficiario tiene
carácter subsidiario. Por esta causa, la actividad orientada a localizar al dueño debe
agotarse en cuanto la información disponible lo permita, y continuar mientras dure
el proceso correspondiente.
f) Aparición del dueño: Solo tras el fracaso de la búsqueda del dueño se tiene el bien
como “provisoriamente vacante o mostrenco” y procede emprender las acciones
orientadas a su adjudicación. La mencionada condición se da cuando el dueño “no
fuere conocido” o cuando, siéndolo, “no pareciere” (apareciere), según el artículo
704 del Código Civil. La segunda forma de aparición del dueño es la que ocurre
después de la adjudicación del bien y antes de su venta (artículo 708 ibídem); en
este caso, es condición de la devolución del bien que el dueño restituya las expen-
sas y, si fuere el caso, la participación del denunciante. Recuérdese que el artículo
709 del mencionado Código dispone la pérdida de todo derecho del dueño una vez
enajenado el bien.
g) Vocación hereditaria del ICBF: Capacidad del ICBF, por encontrarse en el quin-
to orden sucesoral, para heredar tanto los bienes pertenecientes a un patrimonio,
cuando al causante que no ha testado no le sobreviven hijos, cónyuge o compañero
permanente, padres, hermanos o sobrinos, o cuando en igual circunstancia el testa-
mento fuere declarado nulo.
h) Beneficio de inventario: Es la modalidad y condición de aceptación de una heren-
cia en la que el heredero solo se hace responsable de las obligaciones del causante
hasta el monto de los bienes que le han de corresponder. Por disposición legal
(artículo 1307 del Código Civil), los Establecimientos Públicos como el ICBF solo
pueden aceptar herencias con beneficio de inventario.
i) Factores de participación económica: Son aquellos frutos naturales y civiles que
entran a formar parte de los factores a tener en cuenta para la liquidación de la
participación económica del denunciante, en los casos en los que haya lugar a ella.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes
Artículo 4°. Competencias. Serán competentes para conocer de las denuncias de
vocaciones hereditarias y de bienes vacantes y mostrencos en las que tenga interés el
ICBF, los siguientes funcionarios:
a) Consejo Directivo: Decidir sobre la solicitud de mayor pago de participación eco-
nómica, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.3.1.3.10. del Decreto
1084 de 2015.
b) Director General: Resolver los recursos de apelación que se interpongan contra
los actos administrativos de que trata el literal c) del presente artículo.
c) Directores Regionales: Decidir sobre el reconocimiento o no de la calidad de
denunciante, mediante resolución motivada, de conformidad con lo establecido en
el artículo 2.4.3.1.3.5. del Decreto 1084 de 2015.
d) Secretario General: Reconocer y ordenar el pago de la participación económica
en los porcentajes fijados en el artículo 2.4.3.1.3.9. del Decreto 1084 de 2015; y en
los casos previstos en el literal a) de conformidad con lo establecido en el artículo
2.4.3.1.3.10. del Decreto 1084 de 2015.

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e) Jefe Oficina Asesora Jurídica:
1. Conocer de las denuncias de vocaciones hereditarias y bienes mostrencos que
comprendan acciones, cuotas de interés social, bonos obligatoriamente conver-
tibles en acciones y otros derechos similares en sociedades comerciales sujetas
a la legislación colombiana; operaciones financieras e inversiones nacionales
diferentes de cuentas bancarias y certificados de depósito a término (CDT);
operaciones financieras e inversiones de todo orden en el exterior del país; uti-
lidades obtenidas en el mercado público con infracción de las normas que regu-
lan la libre competencia, legalmente declaradas por la autoridad competente y
cuyo fruto no esté atribuido a otras entidades; así como vocaciones hereditarias
de ciudadanos colombianos que versen sobre bienes muebles e inmuebles en el
exterior del país.
2. Dirimir sobre la definición de competencias internas que surjan entre las Direccio-
nes Regionales frente al conocimiento y trámite de las denuncias por vocaciones
hereditarias que comprendan bienes ubicados en dos o más entidades territoriales.
3. Conocer sobre aquellas denuncias que versen sobre vocaciones hereditarias y de
bienes vacantes y mostrencos no contempladas en los numerales anteriores, ni en
el Decreto 1084 de 2015.
Parágrafo 1°. En virtud de las competencias aquí establecidas, el funcionario
competente deberá proferir todos los actos administrativos inherentes y necesarios para
el normal trámite de estas denuncias, incluyendo el acto administrativo que resuelve la
calidad de denunciante así como los recursos que se interpongan para la conclusión del
procedimiento administrativo. En todo caso se observará lo señalado en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo durante el trámite de
las denuncias aquí señaladas.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las competencias delegadas en el manual de contratación
del ICBF, los Directores Regionales y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en los casos
previstos en el numeral 1 del literal e) del presente artículo, celebrarán los respectivos
contratos de participación económica, incluyendo todos los actos que demanden la
ejecución de las etapas precontractual, contractual y poscontractual, de conformidad con
la ley.
CAPÍTULO III
DE LAS DENUNCIAS
Artículo 5°. Denuncia. Toda persona que descubra la existencia de un bien vacante o
mostrenco, o de una vocación hereditaria, deberá presentar denuncia por escrito en medio
virtual a través del módulo Denuncia de Bienes del portal web del Instituto o de manera
presencial ante la Sede de la Dirección General y/o sus Direcciones Regionales.
Parágrafo. No se entenderá como descubrimiento el de aquellos bienes cuya existencia
haya sido divulgada por cualquier medio de comunicación masiva o denunciada para
el ICBF por cualquier funcionario (servidor público o contratista) con anterioridad a la
pretensión del particular interesado.
Artículo 6°. Requisitos de la denuncia. Las denuncias se presentarán en línea en el
aplicativo que para ello disponga el ICBF en su página web, o a través de radicación
física, las cuales deberán hacerse por escrito con la información general contemplada
en la ley, incluyendo los datos del denunciante como nombre, apellidos, documento de
identificación, ciudad de domicilio, dirección de residencia y de oficina (de ser el caso),
así como teléfono de contacto y dirección de correo electrónico cuando se cuente con ella.
En el escrito de denuncia se debe incluir la siguiente información:
(i) Si se realiza a nombre propio o de un interviniente interesado, y en el caso de este
último, deberá aportarse el correspondiente poder para ello.
(ii) La clase de denuncia y la descripción de los bienes que permitan su identificación
incluyendo los registros públicos de aquellos bienes sujetos al mismo. Cuando se
trate de una vocación hereditaria, deberán incluirse además los datos del causante
y la fecha de su fallecimiento.
(iii) La manifestación expresa del propósito de celebrar el respectivo contrato.
(iv) La afirmación de que el denunciante procede de buena fe. Esta afirmación se en-
tenderá bajo la gravedad de juramento que se considera prestado por la presenta-
ción del escrito.
Parágrafo. Las denuncias que se presenten en físico por los canales presenciales,
deberán ser debidamente radicadas en la oficina de correspondencia de la Dirección
General o la Dirección Regional, según la ubicación del bien o lugar de tramitación del
proceso o trámite. En las peticiones que sean recepcionadas vía web, se tendrán como
datos fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los
registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos señalados con arreglo
en el artículo 15 parágrafo 1° de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la
Ley 1755 de 2015.
En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la
comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de
radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el
medio por el cual se han recibido los documentos.
Artículo 7°. Prevalencia entre denuncias. Se reconocerá al denunciante que hubiere
presentado la denuncia en primer término, siempre que reúna las condiciones de ley.
Artículo 8°. Deber de informar por parte de los servidores públicos. Toda persona
que ejerza funciones públicas está en la obligación legal de informar al ICBF, a la mayor
brevedad, de la existencia de las vocaciones hereditarias y bienes mostrencos o vacantes
de que tuviere conocimiento, sin que por ello sea reconocido como denunciante o pueda
contratar con la Entidad para ese mismo efecto; en tal caso, los trámites se adelantarán de
oficio por parte del Instituto.
Artículo 9°. Registro de expedientes de vocaciones hereditarias y bienes vacantes
y mostrencos. Toda denuncia presentada en la Dirección General del Instituto o en las
Direcciones Regionales deberá llevar un registro en el “Libro radicador” de los asuntos
o expedientes de vocaciones hereditarias y bienes vacantes y mostrencos, en el que se
anotará:
a) Nombre del denunciante.
b) Identificación de los bienes denunciados.
c) Número de la resolución por medio de la cual se le reconoce como tal.
d) Número del contrato y fecha de su perfeccionamiento.
e) Oficina o despacho donde se haya radicado el proceso.
f) Todos aquellos datos necesarios para la identificación del trámite y del bien.
Artículo 10. Radicación de informes y denuncias provenientes de entidades de derecho
público. Todas las denuncias o informes sobre existencia de vocaciones hereditarias y
bienes vacantes y mostrencos que provengan de otras entidades de derecho público
deberán ser atendidas y radicadas en las mismas condiciones que las que instauren los
particulares, tomándose como hora y fecha de presentación las que consigne la Oficina
de Correspondencia del ICBF o las que consten en la plataforma electrónica de denuncia
de bienes. Los actos administrativos que se profieran en razón de las denuncias les serán
notificados a estas en las mismas condiciones de los particulares, y el trámite administrativo,
judicial o notarial encaminado a la adjudicación de los bienes al Instituto será adelantado
de oficio por este, sin que haya lugar a pago de participación económica.
Artículo 11. Otorgamiento de garantía de seriedad. Cuando el ICBF lo considere
conveniente o necesario, el denunciante afianzará el cumplimiento de las obligaciones
contraídas mediante el otorgamiento de una garantía de seriedad en la cuantía que señale
el Instituto, la cual será proporcional al valor del bien y subsistirá hasta la fecha de
perfeccionamiento del contrato. El denunciante deberá adicionar esta garantía cuando a
juicio del Instituto se considere insuficiente.
Artículo 12. Confidencialidad de las denuncias. La información contenida en las
denuncias de vocaciones hereditarias y bienes vacantes y mostrencos tiene carácter
confidencial. En ningún caso se admitirá la intervención de personas distintas al
denunciante o a su apoderado.
Artículo 13. Cesión de la denuncia. La cesión consiste en el traspaso de la posición
íntegra que ocupa el particular dentro del trámite de la denuncia y se reconocerá mediante
resolución motivada suscrita por el funcionario competente.
Artículo 14. Facultades otorgadas en los poderes por denuncias. Los poderes que se
otorguen a abogados en razón de denuncias de vocaciones hereditarias y bienes vacantes y
mostrencos llevarán expresamente indicado que no comprenden la facultad de conciliar o
transigir ni las de recibir o disponer de los bienes objeto de denuncia. Además, para el caso
de las vocaciones hereditarias, se indicará expresamente que la herencia se deberá aceptar
con beneficio de inventario y que el inventario y avalúo de bienes y el trabajo de partición
deberán llevar un aval del ICBF.
CAPÍTULO IV
Trámite de la denuncia
Artículo 15. Recepción y direccionamiento de la denuncia. La Dirección General y
las Direcciones Regionales recibirán las denuncias presentadas por los particulares o los
informes de parte de otras entidades públicas. Cuando se verifique que la ubicación del
bien o el lugar de tramitación del respectivo proceso o trámite, no corresponde al lugar
de recibo, a más tardar al día siguiente de su recibo se le dará traslado a la Dirección u
Oficina, en virtud de las competencias asignadas o delegadas, con el fin de que adelante el
trámite administrativo, judicial o notarial que sea pertinente, y se enviará copia del oficio
remisorio al particular o a la entidad oficial informante.
Artículo 16. Registro de la denuncia. Una vez recibida la denuncia en la Oficina
de Correspondencia del ICBF, o presentada a través del aplicativo web, se surtirán los
siguientes pasos:
a) El escrito de denuncia o el oficio de puesta en conocimiento emanado de otra en-
tidad oficial deberá remitirse al Grupo Jurídico (para las Direcciones Regionales)
o a la Oficina Asesora Jurídica (para la Sede de la Dirección General), la cual
procederá a: (i) asignar el número consecutivo de registro en el libro radicador de
denuncias de conformidad con lo estipulado en el artículo 9° de la presente Reso-
lución, (ii) dar apertura al expediente, e (iii) incluir la denuncia en la base de datos
y en los reportes a la Dirección General.

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b) Previa consulta del libro radicador de la dependencia que ha recibido la denuncia,
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes se oficiará a la Dirección General y
a las Direcciones Regionales solicitando que, dentro de los tres (3) días hábiles
posteriores al recibo de la solicitud, certifiquen si existen o no denuncias anteriores
que comprometan los mismos bienes o causantes.
c) En caso de certificarse la existencia de denuncias anteriores que comprometan los
mismos bienes o causantes, se correrá traslado de los mismos al denunciante o a
su apoderado para que presente sus alegaciones antes de la expedición del acto
administrativo que resuelve sobre el reconocimiento de la calidad de denunciante.
En caso contrario se surtirá la fase probatoria si es del caso.
Artículo 17. Pruebas documentales. El Grupo Jurídico de la Dirección Regional o la
Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo con su competencia, una vez presentada la denuncia,
le exigirá al denunciante la documentación necesaria para comprobar la veracidad de los
hechos que sustentan la provisoria condición vacante o mostrenca del bien o la vocación
hereditaria del Instituto, así como la descripción detallada de los bienes objeto de denuncia
y todos aquellos hechos y circunstancias que den certeza acerca de la calidad de los
mismos. Cuando se trate de denuncias de carácter oficioso, el ICBF debe adelantar la labor
investigativa.
Para el recaudo de las pruebas requeridas se seguirán los siguientes pasos:
a) Oficiar al denunciante y/o apoderado o a la entidad pública informante para solici-
tarle, si fuere el caso, que en el término de los treinta (30) días siguientes allegue
las pruebas que acrediten la veracidad, naturaleza, descripción y ubicación de los
bienes denunciados.
b) Coadyuvar con el denunciante en la consecución de las pruebas, oficiando a enti-
dades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, las entidades financieras,
las Oficinas de Tránsito y Transporte, las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos y demás instituciones o entidades con la misma finalidad indicada en el
literal precedente.
c) Comunicar a los moradores de los inmuebles la existencia de la denuncia y solici-
tarles remitir la información pertinente para el desarrollo de la misma, destacándo-
se la referente a eventuales dueños de los bienes o herederos de mejor derecho.
d) Adjuntar al expediente las respuestas a todos los oficios señalados.
Artículo 18. Visita e inspección de inmuebles y muebles. La Oficina Asesora Jurídica o
el Grupo Jurídico de la Dirección Regional, de acuerdo con su competencia, deberá:
a) Coordinar con la Dirección Administrativa o el Grupo Administrativo de la Direc-
ción Regional o quien haga sus veces en donde se encuentren ubicados los bienes
muebles e inmuebles relacionados en la denuncia, para que esta efectúe la visita a
los mismos. De la diligencia se le hará saber al denunciante y/o apoderado con el
fin de que asista a ella, si así lo estima pertinente.
b) El área administrativa competente realizará la visita con el propósito de: (i) en el
caso de inmuebles, verificar su ubicación, realizar la estimación de su valor co-
mercial, determinar quiénes lo habitan y a qué título, describir su conformación y
revisar las demás circunstancias que permitan constatar la naturaleza del bien y la
veracidad de los hechos denunciados, elaborar un acta de la visita y fijar un aviso
informativo sobre ella, motivando en todo caso a sus ocupantes y vecinos en procu-
ra de que demuestren extrajudicialmente su mejor derecho o que informen a quien
consideren que lo tiene; (ii) en el caso de muebles, hacer su descripción, realizar
la estimación de su valor comercial, determinar si alguna persona reclama sobre él
propiedad, posesión o tenencia, determinar su naturaleza y demás circunstancias
que permitan constatar la veracidad de los hechos, elaborar un acta de la visita y
de ser posible, fijar en el lugar de ubicación del bien un aviso informativo sobre la
visita practicada.
c) El área administrativa competente remitirá las actas de visita al área jurídica com-
petente.
d) La Oficina Asesora Jurídica o el Grupo Jurídico competente oficiará a las personas
o entidades que, como resultado de la visita, se considere que podrían tener un
mejor derecho sobre el bien o información que permita clarificar la situación del
mismo.
Parágrafo. La Oficina Asesora Jurídica o el Grupo Jurídico de la Regional acompañará
la visita cuando lo considere pertinente.
Artículo 19. Estimación del valor del bien. La Dirección Administrativa, el Grupo
Administrativo de la Dirección Regional o quien haga sus veces, realizará la estimación
del valor del bien denunciado con fines estadísticos e informativos y los aplicables a la
eventual constitución de las garantías, la cual se incorporará al expediente. Con este objeto
emplearálosmediosasualcancequelepermitanestablecerloenformasiquieraaproximada,
tales como avalúo catastral de inmuebles, tablas oficiales de avalúo de automotores, valor
nominal de las acciones e inversiones, catálogos y similares. La valoración constituye una
aproximación razonable y no un avalúo técnico.
Artículo 20. Evaluación. La OficinaAsesora Jurídica o el Grupo Jurídico de la Dirección
Regional, de acuerdo con su competencia, deberá, una vez finalizado el término de treinta
(30) días de la etapa probatoria, evaluar la documentación del expediente de denuncia
con el fin de determinar dos aspectos: (i) Si el denunciante allegó la documentación
adecuada para comprobar la veracidad, naturaleza, descripción y ubicación de los bienes
denunciados y, de no haberlo realizado, si hubo justificación en su incumplimiento; y,
(ii) Si el bien denunciado reúne las características exigidas por la ley para considerarlo
provisoriamente vacante o mostrenco u objeto de la acción sucesoria.
Artículo 21. Definición de la calidad de denunciante. Una vez agotada la etapa
probatoria, la Oficina Asesora Jurídica o el Grupo Jurídico de la Dirección Regional, de
acuerdo con su competencia, debe adoptar mediante resolución motivada la determinación
de reconocer o negar la calidad de denunciante, de la siguiente manera:
a) Reconocer la calidad de denunciante. Se reconocerá la calidad de denunciante
cuando estén acreditadas sumariamente la veracidad, naturaleza, descripción y ubi-
cación del bien o calidad denunciados.
b) Negar la calidad de denunciante y ordenar continuar de oficio. Se negará
la calidad de denunciante mediante acto administrativo motivado y se ordenará
continuar de oficio cuando dentro de los treinta (30) días contados a partir de
la radicación de la denuncia, no se allegue la documentación que permita com-
probar la veracidad, naturaleza, descripción y ubicación de los bienes denun-
ciados, salvo que medie justificación para su incumplimiento. De igual manera
se procederá ante la renuncia voluntaria del denunciante, la cual deberá constar
por escrito.
c) Negar la calidad de denunciante, ordenar dar por terminado el trámite y ar-
chivar el expediente. Se negará la calidad de denunciante, se ordenará dar por
terminado el trámite y archivar el expediente cuando se verifiquen denuncias pre-
existentes, se compruebe la existencia de herederos con mejor derecho en las de
vocaciones hereditarias o aparezca el dueño de los bienes denunciados como va-
cantes y mostrencos.
Parágrafo. En ningún caso podrán transcurrir más de dos (2) meses, término prorrogable
hasta por otros tres (3) con la debida justificación, por trámites externos al ICBF, para
expedir la resolución que niegue o reconozca la calidad de denunciante. La prórroga
deberá ser autorizada por la Oficina Asesora Jurídica y se contará a partir del momento de
la radicación de la denuncia.
CAPÍTULO V
De los Contratos de Participación
Artículo 22. Contrato de Participación. En los casos en que se reconozca la calidad
de denunciante, se procederá a suscribir el contrato de participación con el fin de que el
denunciante se comprometa a adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias
para que los bienes denunciados le sean adjudicados y entregados real y materialmente al
ICBF.
Artículo 23. Naturaleza del contrato. El contrato que se suscriba con la persona a quien
se le reconozca la calidad de denunciante deberá reunir los requisitos de todo contrato
administrativo.
Artículo 24. Valor de los contratos. La cuantía de los contratos de participación será
indeterminada al momento de su celebración pero determinable en relación con el valor
esperado en la participación económica.
Artículo 25. Garantías. En los eventos en que el Instituto, en decisión debidamente
motivada, encuentre necesario exigir al denunciante la constitución de una garantía para
el cumplimiento de sus obligaciones, por las características aleatorias del contrato y
por desconocerse el valor de los bienes a la fecha de su suscripción, para efectos del
otorgamiento de pólizas la cuantía de los contratos se fijará de diez (10) a cuarenta (40)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 26. Plazo de duración del contrato. El plazo de duración de los contratos
suscritos por efecto del reconocimiento de la calidad de denunciante será hasta la
terminación de los procesos judiciales, trámites notariales y el ingreso material (físico) de
los bienes al patrimonio del ICBF. En todo caso, el denunciante deberá mantener vigentes
las pólizas, cuando estas se hayan exigido.
Artículo 27. De las demás formalidades del contrato. Se entenderá perfeccionado el
contrato cuando se eleve por escrito y se suscriba por las partes y para su legal ejecución
se requerirá la aprobación de las garantías en caso de que se hayan exigido.
Artículo 28. Gastos y costos. Los gastos y costos que se causen por efecto del
otorgamiento del contrato son a cargo del denunciante, quien tiene la responsabilidad de
sufragarlos so pena de incumplimiento del mismo.
Artículo 29. Cesión del Contrato. Cuando se trate del contrato de participación, este
solo podrá cederse con la autorización expresa del ICBF, en aquellos casos en que se haya
cedido la calidad de denunciante.
Artículo 30. Supervisión. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del contrato de participación, el respectivo supervisor realizará su seguimiento,
conforme a lo establecido en la Guía de Supervisión de Contratos y Convenios del ICBF
o el documento que haga sus veces.
Artículo 31. Otorgamiento de Poderes. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato de participación económica, se conferirán los
poderes necesarios para la representación del Instituto en los procesos judiciales y trámites
administrativos en los que intervenga a cualquier título.

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CAPÍTULO VI
Del ingreso de los bienes
Artículo 32. Ingreso real y material (físico) de los bienes. Como ingreso real se
entenderá la atribución jurídica de los bienes al ICBF mediante sentencia, escritura
debidamente protocolizada o acto administrativo y su respectivo registro en la oficina
de registro de instrumentos públicos según su tipo; y por ingreso material, se entenderá
la entrega física que permite al ICBF ejercer a plenitud el dominio del bien y usar, gozar
y disponer de él libremente con la respectiva incorporación a sus inventarios. Los bienes
denunciados no serán recibidos en forma material (física) por el ICBF mientras la justicia
ordinaria o el trámite notarial no se los haya adjudicado de manera formal y definitiva.
Parágrafo. Previo a la recepción de los bienes adjudicados por denuncias, deberá
solicitársele al denunciante la adjudicación debidamente protocolizada y registrada, en
caso de involucrar inmuebles, o la adjudicación protocolizada, en el caso en que se trate
de muebles. Además, se debe recibir las sentencias judiciales o decisiones de autoridad
proferidas en los demás procesos y trámites que eventualmente se hayan adelantado y que
afecten el bien.
Artículo 33. Elaboración de inventario. Una vez se obtenga la copia de la adjudicación,
se reportará inmediatamente a las áreas administrativa y financiera para que procedan a
elaborar el inventario y registro contable del incremento patrimonial.
Como única excepción al postulado anterior se encuentran las limitaciones fundadas
en contratos que tuvieran su origen en la voluntad del causante y que por ley no
desaparecen por la muerte del titular del bien y se transmiten a sus herederos, tales como
el arrendamiento, el comodato o el usufructo.
Artículo 34. Perfeccionamiento del ingreso real al patrimonio del ICBF. Para el
perfeccionamiento del ingreso real de los bienes al patrimonio del ICBF, se requiere:
a) Bienes inmuebles: Protocolización y registro de la escritura pública que contenga
la sentencia judicial de adjudicación o mediante el registro de la escritura de adju-
dicación.
b) Bienes muebles: Escritura de los bienes, para los casos de sucesiones con trámite
notarial, o sentencia ejecutoriada para las sucesiones judiciales.
c) Bienes muebles que requieren algún registro especial: El ingreso se produce
cuando se cumple el registro especial (cámaras de comercio, oficinas de tránsito,
registro aeronáutico, etc.).
d) Derechos, acciones o similares: Sentencia ejecutoriada, acto administrativo de
adjudicación e inscripción en los correspondientes libros de la sociedad.
Artículo 35. Perfeccionamiento del recibo material (físico) de los bienes al patrimonio
del ICBF. El ICBF solo recibirá materialmente los bienes adjudicados por denuncias
cuando los mismos se encuentren libres de condiciones resolutorias y demás situaciones
jurídicas que pudieren resolverse en traslación del dominio, arrendamientos sin contrato
escrito, ocupantes o poseedores y, en general, de cualquier circunstancia, afectación,
gravamen o carga que haga imposible su libre disposición.
CAPÍTULO VII
Procedimiento de ingreso de los bienes
Artículo 36. Ingreso de bienes muebles e inmuebles. Para el ingreso físico de bienes
muebles e inmuebles al ICBF se deben seguir los siguientes pasos:
a) El contratista o responsable del trámite debe presentar informe que señale la fecha
de ingreso del bien al Director Administrativo o al Coordinador del Grupo Admi-
nistrativo de la Dirección Regional o a quien haga sus veces, para que este último
reciba los bienes.
b) Una vez recibidos los bienes, se debe tramitar su avalúo y trasladar copia de este a
la Dirección Financiera y al Grupo de Gestión de Bienes en los casos de la Direc-
ción General y a Contabilidad y Almacén cuando se trate de la Dirección Regional,
para lo de su competencia en materia de inventarios y demás trámites necesarios.
De igual forma, se debe remitir al Grupo Jurídico de la Dirección Regional o a la
Oficina Asesora Jurídica, según corresponda, copia del avalúo y de los memoran-
dos enviados a Contabilidad y a Almacén.
Artículo 37. Ingreso de dineros, divisas, acciones y valores. Para el ingreso físico de
dinero, divisas, acciones y valores al ICBF, se deben seguir los siguientes pasos:
a) El Grupo Jurídico de la Dirección Regional o la Oficina Asesora Jurídica debe ela-
borar poder especial para la firma del Director Regional o General, según corres-
ponda, para otorgar facultades al Director Financiero o al Coordinador del Grupo
Financiero de la Dirección Regional o a quien haga sus veces, con el fin de que
este reciba las divisas, sumas de dinero por concepto de cuentas bancarias, títulos,
acciones y otros valores adjudicados.
b) El Director Financiero en la Dirección General o el Grupo Financiero de la Di-
rección Regional o quien haga sus veces, debe recibir las divisas, dineros, títulos,
acciones y otros valores, elaborando y gestionando el comprobante de Tesorería y
enviando copia del mismo al Grupo Jurídico de la Dirección Regional o la Oficina
Asesora Jurídica, según corresponda, con destino al expediente de denuncia para
comprobar su ingreso.
Artículo 38. De la enajenación o conservación de los bienes adjudicados. El Comité
de Gestión de Bienes de la Dirección General o de la Dirección Regional de acuerdo
con sus competencias, dentro de los dos (2) meses siguientes al ingreso al patrimonio
del Instituto con motivo de la declaración de vacantes o mostrencos o por vocación
hereditaria, previo análisis y recomendación de utilidad del Grupo de Gestión de Bienes
en la Sede Nacional o de los Grupos Administrativos en las Direcciones Regionales,
procederá a efectuar las respectivas recomendaciones de enajenación o conservación, de
lo cual se dejará constancia en el acta correspondiente. Lo anterior, de conformidad con el
procedimiento interno existente.
Parágrafo 1°. Una vez efectuada la recomendación del Comité, el funcionario
competente tomará, dentro del mes siguiente, la decisión de enajenar el bien adjudicado o
conservarlo para el uso del ICBF.
Parágrafo 2°. Dentro de los cuarenta (40) días siguientes al momento en que se
decida la conservación y uso del bien o se materialice su enajenación, deberá expedirse la
Resolución que reconozca y ordene el pago de la participación.
Artículo 39. Determinación del precio de venta de los bienes. Las reglas de referencia
que deben seguirse por el ICBF para determinar tanto el precio de venta de los bienes en
los casos en que se decida su venta porque el bien no pueda ser utilizado para los fines
propios del objeto de la entidad, como el valor efectivamente percibido por el Instituto
cuando decide conservar el bien para su uso, serán las que dispongan las normas internas
del Instituto.
Artículo 40. Adjudicación de acciones, cuotas o partes de interés en los procesos de
vocación hereditaria o de bienes mostrencos. En los casos en que el ICBF llegue a ser
titular de una participación en el capital social de una empresa como resultado de un
proceso de vocación hereditaria o de bienes mostrencos, se deben seguir las siguientes
pautas:
a) Obligación de enajenación. Las acciones o cuotas de interés en sociedades que
sean adjudicadas al ICBF, por tratarse de bienes que este no requiere para su fun-
cionamiento ni podría adquirir legalmente, deben ser enajenadas a la mayor bre-
vedad, dada la discordancia entre las funciones del Instituto y el objeto de las
personas jurídicas en las que adquiere esa participación.
b) Régimen jurídico aplicable a la enajenación obligatoria de la parte del ICBF
en el Capital Social de Empresas. La enajenación de las acciones o cuotas de
interés adjudicadas al ICBF se cumplirá de conformidad con las normas legales y
estatutarias aplicables a cada clase de bienes, o sea las relativas a la enajenación de
acciones, cuotas de interés, bonos convertibles en acciones, etc.
CAPÍTULO VIII
Participación económica
Artículo 41. Participación económica. La participación económica del denunciante se
reconocerá y pagará mediante resolución motivada expedida por el Secretario General o
el Director Regional.
El pago de la participación económica de que trata este artículo se podrá realizar
de manera parcial cada vez que un bien que haya ingresado al patrimonio del ICBF sea
enajenado o destinado al uso de la Entidad.
Artículo 42. Determinación del momento en que se debe iniciar el trámite del
reconocimiento y pago de la participación del denunciante y valor de la misma. El
momento en que se debe iniciar el trámite del reconocimiento y pago de la participación
del denunciante y el valor de la misma, será:
a) Cuando el Instituto decida quedarse con el bien adjudicado por requerirlo para su
uso de acuerdo con sus competencias. En este caso, el valor se determinará por
medio de avalúo comercial.
b) En los eventos en que la Dirección General del ICBF autorice la venta del bien, el
pago se hará sobre el valor efectivamente percibido por el Instituto producto de la
venta.
c) En los casos en que el Instituto determine la cesión a título gratuito a una entidad
pública de un bien que le haya sido adjudicado, el pago de la participación se hará
al momento en que por acto administrativo se tome esa decisión y con referencia al
valor determinado por medio de avalúo comercial.
d) Cuando sobre un bien adjudicado recaiga un contrato irrevocable de larga dura-
ción celebrado por el causante, tal como usufructo, comodato, arrendamiento por
escritura pública, anticresis, etc., la participación del denunciante se pagará una
vez perfeccionada la inscripción de la adjudicación y su valor se determinará por
medio del avalúo comercial.
e) En ningún caso habrá lugar al pago de la participación en especie, pero, en igual-
dad de condiciones o ventaja de la propuesta del denunciante respecto de otros
oferentes compradores, el valor de la participación le podrá ser descontado del
precio de venta.
Parágrafo. Para que proceda el pago de la participación económica del denunciante
respecto de los bienes que el ICBF decida reservar para su uso, estos deben encontrarse
debidamente saneados y en condiciones legales que permitan su inmediato goce, con
excepción de la limitación originada en contratos que tuvieren su origen en la voluntad del

14 DIARIO OFICIAL
Edición 50.491
causante, que no terminan por su muerte y que se transfieren a sus herederos, tales como
el arrendamiento, el comodato o el usufructo.
Artículo 43. Trámite. El procedimiento que deben seguir la Oficina Asesora Jurídica
o el Grupo Jurídico de la Dirección Regional competente y la Dirección Financiera o el
Grupo Financiero o quien haga sus veces en la Dirección Regional, cuando haya lugar al
pago de una participación económica al denunciante, es el siguiente:
a) El supervisor del contrato debe certificar el cumplimiento de las obligaciones con-
tractuales y remitir en un máximo de cinco (5) días al área financiera, la certifica-
ción sobre la enajenación o decisión de conservar los bienes, con el fin de que se
elabore la liquidación de la participación económica.
b) El área financiera tendrá diez (10) días para elaborar la liquidación de la participa-
ción económica y remitirla al área jurídica.
c) El área jurídica debe elaborar el proyecto de resolución que ordena el pago de la
participación económica, y, si este es definitivo, determinará en la misma el ar-
chivo de las actuaciones y señalará las notificaciones pertinentes. Posteriormente,
lo remitirá a la Dirección Administrativa, en un término que no podrá superar los
cinco (5) días.
d) La Dirección Administrativa tendrá cinco (5) días para revisar el antedicho proyec-
to y, si lo encuentra ajustado a la normativa vigente efectuará el traslado presupues-
tal en los casos adelantados por las Direcciones Regionales, para que la Regional
competente pueda realizar el pago.
En el caso en que la Dirección Administrativa no encuentre ajustada la liquidación,
deberá devolverla con las observaciones a que haya lugar.
Si las observaciones se refieren al Proyecto de Resolución, el área jurídica debe
estudiarlas y, si es del caso, corregirlas; si se refieren al Proyecto de Liquidación, debe
remitirlas al Grupo Financiero o Dirección Financiera, según corresponda, quien las
analizará y ajustará, de ser procedente. En ninguno de los casos el área competente podrá
exceder el término de cinco (5) días.
Si no contiene observaciones, el área jurídica solicitará al Grupo Financiero o a la
Dirección Financiera, según sea el caso, la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal, para lo cual, contará con un término de tres (3) días.
e) El Grupo Financiero o la Dirección Financiera tendrá tres (3) días para expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal y enviarlo al área jurídica competente,
quien lo remitirá junto con el Proyecto de Resolución que ordena el pago al Secre-
tario General o el Director Regional para su firma, en un término no mayor a tres
(3) días.
f) El área jurídica tendrá tres (3) días para remitir al área financiera competente la
Resolución en firme, para efectos de diligenciar el Registro Presupuestal y el pago
ordenado.
g) El área financiera tendrá cinco (5) días para emitir el Registro Presupuestal y pagar
la suma reconocida en la Resolución, los cuales contarán a partir de la activación
de la cuenta bancaria para realizar los pagos por el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público.
h) Una vez verificado el pago, el área jurídica tendrá cinco (5) días para archivar la
denuncia, conservando el expediente de la misma.
Artículo 44. Liquidación de participaciones económicas. Para la liquidación de
participaciones económicas se deberán observar las siguientes pautas:
a) Reintegro de gastos: Existen tres tipos de gastos generados tras la denuncia de un
bien como vacante o mostrenco o de una vocación hereditaria, los cuales son:
i. Los necesarios para efectuar la suscripción y perfeccionamiento del contrato de
participación, que en todo caso serán a cargo del denunciante.
ii. Los derivados del proceso judicial o trámite notarial instaurado para llevar al ICBF
a ser adjudicatario del bien (emplazamientos, notificaciones, pago a auxiliares de la
justicia, etc., sin incluir en ningún caso los honorarios del apoderado).
iii. Los gastos de propietario o del bien, que corresponden al titular del derecho de do-
minio o a quien tiene la vocación de heredarlo en virtud de las normas sucesorales,
y que, a manera de ejemplo, serían los gastos tributarios, declaración de renta de
la sucesión ilíquida, impuesto predial o contribución de valorización, impuesto de
rodamiento de vehículos, las mejoras necesarias, la vigilancia y custodia del bien,
los servicios públicos y cuotas de administración, más otros propios del heredero.
Para el reintegro al denunciante de los gastos tipo (ii) y (iii) debe procederse así: los
gastos inherentes al proceso judicial (ii) deben reembolsarse al momento de la venta
del bien o cuando el ICBF determine destinarlo para su uso. Los gastos tipo (iii) deben
reembolsarse a más tardar a la inscripción de la adjudicación de los bienes sometidos a
registro o la entrega física de los que no lo están.
Los gastos posteriores al registro de la adjudicación de un bien inmueble o a su entrega a
satisfacción (muebles) deberán ser asumidos por el ICBF como propietario de los mismos,
se haya o no recibido físicamente el bien por parte del Instituto e independientemente de
que se determine su uso por parte de la entidad, o su venta.
Se debe precisar que los gastos tipos (ii) y (iii) que se hayan reintegrado al denunciante
deben descontarse del valor tomado como base para calcular la participación económica.
b) De los frutos civiles y naturales: Los dividendos, intereses, arrendamientos y
demás frutos civiles o naturales provenientes de los bienes adjudicados al ICBF
formarán parte de la masa sobre la cual debe liquidarse la participación, hasta el
momento en que esté en firme la providencia que adjudica los bienes.
A partir de esta fecha, dichos frutos civiles o naturales corresponderán exclusivamente
al ICBF.
c) Liquidación de participación sobre acciones y otros títulos de renta variable:
La liquidación de la participación económica correspondiente a este tipo de títulos
se hará sobre el monto de venta o redención de los mismos, cualquiera que haya
sido el valor de su contabilización al ingreso de estos al patrimonio del Instituto,
teniendo en cuenta en todo caso los rendimientos (dividendos, intereses, etc.) cau-
sados hasta la fecha de la adjudicación.
Artículo 45. Reconocimiento de incremento de la participación económica. La facultad
de estudiar y decidir las solicitudes de incremento de la participación del denunciante en
virtud de su especial aporte profesional, técnico y económico es privativa del Consejo
Directivo del ICBF, al que se le allegarán aquellas, acompañadas del concepto legal
fundado en los principios de razonabilidad y proporcionalidad por parte la Regional y de
la Oficina Asesora Jurídica según corresponda, una vez que se haya producido el ingreso
al patrimonio del Instituto de los bienes en cuya adjudicación se sustentan.
Para tales efectos, no se tendrán como aporte especial aquellas actividades inherentes,
regularmente procedentes, ordinarias e intrínsecas de las gestiones que debe realizar para
la adjudicación del bien en cabeza del ICBF por cuanto estas se sufragan con cargo a los
porcentajes establecidos en el artículo 2.4.3.1.3.9. del Decreto 1084 de 2015. No obstante
ello, aquellas acciones extraordinarias y necesarias diferentes a las señaladas anteriormente
en procura de consolidar o mantener los bienes adjudicables o adjudicados al ICBF se
podrá recomendar el reconocimiento de una participación mayor a la señalada en la norma
citada, teniendo en cuenta las tarifas de los colegios profesionales o los servicios técnicos
adicionales que demande dicha gestión extraordinaria y especial.
Parágrafo. En ningún caso dicha participación podrá exceder del cincuenta por ciento
(50%).
Artículo 46. De la restitución de bienes adjudicados. Hay lugar a la restitución de los
bienes adjudicados al ICBF cuando antes de su enajenación aparezca quien por medios
idóneos acredite ser el dueño o heredero de mejor derecho antes de que aquellos se hayan
enajenado.
Para efectos de la restitución, se solicitará a quien acreditó ser el dueño o heredero
de mejor derecho el reembolso de los gastos en que el Instituto hubiere incurrido por los
conceptos de conservación y administración del bien, gastos procesales, tributos y pago de
participación económica, cuando hubiere lugar a este último.
En cualquier momento del trámite, cuando se encuentren denuncias preexistentes o
aparezcan herederos con mejor derecho en vocaciones hereditarias o quien se acredite
como dueño de los bienes vacantes y mostrencos y la denuncia haya sido realizada de
oficio, se ordenará dar por terminado el trámite y archivar el expediente.
En todo caso, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 709 del Código Civil.
CAPÍTULO IX
Notificaciones y recursos
Artículo 47. Notificaciones. Los actos administrativos que se produzcan dentro de la
presente actuación administrativa, cuando ellos deban ser notificados, lo harán conforme el
trámite contenido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Para lo anterior, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Enviar oficio por correo certificado al denunciante con el fin de que dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación, se acerque a la correspon-
diente dependencia a notificarse personalmente del acto. A las entidades oficiales
informantes se les notificará la denegación.
b) Si el denunciante acude, se le notificará del correspondiente acto administrativo,
suministrándole copia del mismo, e informándole si contra el mismo proceden
recursos. De todo ello se dejará constancia en un acta de notificación personal.
c) Si el denunciante no comparece dentro del plazo establecido, esta se hará por me-
dio de aviso que se remitirá a la dirección de notificación que figure en el expe-
diente acompañado de copia íntegra del acto administrativo. En el expediente se
dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por
este medio quedará surtida la notificación personal.
Artículo 48. Recursos. Contra los actos administrativos proferidos dentro de la
actuación administrativa aquí contenida, procederá el recurso de reposición respecto
del acto que resuelve la calidad de denunciante y aquellos relacionados con la gestión
contractual prevista en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual deberá ser interpuesto
ante el funcionario que lo expidió.
Frente al acto administrativo que resuelve la calidad de denunciante procederá también
el recurso de apelación ante la Dirección General, cuando haya sido suscrito por las
Direcciones Regionales.

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Edición 50.491
Noprocederánrecursoscontralosactosdecaráctergeneral,losdetrámite,preparatorios,
o de ejecución, conforme al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
CAPÍTULO X
Disposiciones finales
Artículo 49. Documentos de apoyo, modelos y minutas. La Oficina Asesora Jurídica y
la Dirección de Contratación suministrarán los documentos de apoyo, modelos y minutas
de los diferentes actos a que se refiere esta resolución, los cuales deberán ser adoptados en
su integridad por las Direcciones Regionales para el trámite de las denuncias de vocaciones
hereditarias, bienes vacantes y mostrencos y para las gestiones subsiguientes.
Artículo 50. Vigencia. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones y reglamentos internos que le sean contrarios, en especial la
Resolución número 2200 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de enero de 2018.
La Directora General,
Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).
VAr
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