KIL

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JUSTICIA JUVENIL
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE NACIONES
UNIDAS Y LA EXPERIENCIA DE COSTA RICA
Carlos Tiffer
Consultor UNICEF

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Justicia Juvenil Instrumentos Internacionales de Naciones
Unidas y la Experiencia de Costa Rica
Elaborado por: Prof. Dr. Carlos Tiffer.
Consultor UNICEF
UNICEF- México
Octubre del 2000
Sumario para los Talleres en México
1. Los modelos de Justicia Juvenil y su desarrollo histórico
1.1 Modelo Comunal
1.2 Modelo Tutelar
1.3 Modelo de Justicia
1.4 Comparación entre el modelo tutelar y el modelo de justicia
1.5 Esquema histórico del derecho penal juvenil
2. Sistema de responsabilidad juvenil
2.1 Características teóricas del modelo de justicia
a- Especificidad del derecho penal juvenil en relación con el derecho penal de adultos
b- Desjudicialización o diversificación de la intervención penal Intervención mínima y principio de
subsidiariedad
c- Diferenciación de grupos etarios
d- Proceso garantista, flexible, sumario, único y confidencial.
e- Amplio cuadro de sanciones
2.2 Formas de desjudicialización
a- Conciliación
b- Suspensión del proceso a prueba
c- Criterio de oportunidad reglado
d- Remisión
2.3 Sistema sancionatorio
a- Sanciones privativas de libertad ambulatorias
b- Sanciones privativas de libertad estacionarias
3. Los diferentes instrumentos internacionales de Naciones Unidas referentes a justicia penal juvenil
3.1 Convención sobre los Derechos del Niño
3.2 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de los menores
3.3 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
3.4 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
4. Experiencia de Costa Rica en la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil
4.1 Antecedentes sociales de la ley
4.2 Fuentes formales de promulgación de la ley
4.3 Resultados después de cuatro años de vigencia.
4- Comentario Final

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1. Los modelos de Justicia Juvenil y su desarrollo histórico
1.1 Modelo Comunal
Este modelo se ha utilizado en diferentes países y aún se sigue aplicando en algunos (Africa y Asia). Este
modelo no se ha aplicado en América Latina, en una forma pura, pero si se ha aplicado con ciertas variantes,
el modelo mexicano tiene algunas similitudes.
Este modelo se caracteriza por lo siguiente:
a. El menor tiene un status real dependiente de los adultos, y son éstos los que toman las últimas decisiones.
b. Los Consejos o Comités de la Infancia están compuestos por miembros de la comunidad sin que sean
necesariamente juristas.
c. Se valora la conducta infractora del niño como producto de su evolución tomando en consideración la
influencia ejercida por las instancias resocializadoras.
d. Plantea este modelo que las actividades infractoras no se solucionan en el ámbito jurisdiccional, sino con
un tratamiento de las situaciones y condiciones en que se desarrollan los menores infractores.
e. Se considera al menor inimputable penalmente.
f. Esta irresponsabilidad del menor implica que el Estado estará imposibilitado para someterlo a
procedimientos punitivos por la comisión de infracciones.
g. Los Consejos o Comités se erigen como titulares de la patria potestad en defecto de padres.
h. No existe propiamente un proceso, sino lo que se busca es la solución a un conflicto social.
i. Impera el interés superior del menor y el fomento de su reinserción activa en la sociedad.
j. Específicamente en el caso del derecho a la libertad, los menores pueden ser privados de ella para ser
sometidos a un tratamiento educativo.
k. Las medidas a adoptar se han de tomar en función del interés superior del menor.
l. La decisión de los jurados o comités no tiene la connotación de una sanción negativa.
m. Los mismos comités de la Infancia, tienen funciones preventivas, de juzgamiento y de ejecución de las
medidas impuestas.
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1.2 Modelo Tutelar
Este modelo se constituyó en la base de muchas de las legislaciones de menores de edad en América Latina
empezando por Argentina (1919) e incluyendo los países restantes. Este modelo surge como resultado de la
internalización del tema de la niñez, además de la influencia de las disposiciones legales para jóvenes
delincuentes en los Estados Unidos de Norte América.
a. El menor de edad es considerado como objeto y no como sujeto de derecho.
b. Se considera que el menor es un ser incompleto, inadaptado y que requiere ayuda para su reincorporación
en la sociedad.
c. El menor es considerado inimputable “no imputable”, y no puede atribuírsele responsabilidad penal.
d. Se busca solución para el menor en situación irregular.
e. El juez determina que es la situación irregular, por ejemplo:
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Estado de abandono.
Falta de atención de las necesidades del menor.
Menor autor o partícipe de un delito.
Menor sin representación legal.
Menor adicto a drogas.
Dependencia o incapacidad del menor.
Otras situaciones que el juez considere.
f. No se reconocen las garantías del derecho penal de adultos.
g. Sistema inquisitivo: el juez tiene un doble carácter, como órgano acusador y como órgano de decisión.
h. El juez es la figura central con un carácter paternalista.
i. Las medidas aplicadas, tienen como único fin teórico la adaptación del menor en la sociedad.
j. Se confunden en la figura del juez, la función jurisdiccional y la función administrativa - asistencialista.
k. Las medidas de internamiento son indeterminadas.
l. Estas medidas se aplican indiscriminadamente en centros no aptos para los fines declarados.
m. Las medidas que se aplican son consideradas beneficiosas. Nunca se considera la restricción de los
derechos del menor, por tratarse de medidas de tutela, apoyo y asistencia.
n. En la práctica se tratan de ocultar, con eufemismos, situaciones que atentan contra la dignidad y derechos
humanos de los menores.
1.3 Modelo de Justicia
Este modelo se orienta hacia una protección legal de las personas menores de edad. Se da una clara separación
de los conflictos sociales y familiares de los adolescentes y las conductas delictivas. Se da una separación
entre las funciones administrativas y jurisdiccionales.
Separando de esta manera las funciones asistenciales del Estado con las actividades jurisdiccionales. Este
modelo fue inspirado en la Convención de Derechos del Niño de 1989. Y otros instrumentos internacionales
de Naciones Unidas referentes a la justicia juvenil. Los cuales más adelante se analizarán.
a- Se da un acercamiento a la justicia penal de adultos en cuanto a derechos y garantías.
b- Se refuerza la posición legal de los jóvenes en comparación a la de los adultos.
c- Se considera al menor de edad responsable por actos delictuosos.
d- El derecho penal juvenil se considera necesariamente autónomo en comparación con el derecho penal de
adultos. Aunque se nutre de los principios generales del derecho penal de adultos.
e- Se busca una jurisdicción especializada para el juzgamiento de delitos cometidos por los menores.
f- Se garantiza una descripción detallada de los derechos de los menores en un proceso “limpio y
transparente”.
g- Se limita al mínimo posible la intervención de la justicia penal, por medio de los principios de
“intervención mínima” y de “subsidiariedad”.
h- Se establece una amplia gama de sanciones.
i- Las sanciones se basan en principios educativos.
j- Se reduce al mínimo la sanción privativa de libertad.
k- Se da una mayor participación a la víctima bajo la concepción de la reparación del daño.
l- Se da una menor importancia en la personalidad del menor y más hincapié en su responsabilidad por los
actos cometidos.
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m- La sanción tiene una connotación negativa, el menor tiene que cargar con las consecuencias de su
comportamiento.
n- Se establecen límites inferiores de edad en los cuales se considera que no existe capacidad de culpabilidad
o de infracción de las leyes penales.
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1.4 Comparación entre el modelo tutelar y el modelo de justicia
Como se observa en las características principales de cada uno de estos modelos, se da una gran diferencia
entre los mismos, sobre todo en el ámbito procesal, a continuación presentamos un cuadro comparativo donde
se muestran mejor estas diferencias.
Características procesales de los diferentes Modelos de Justicia Juveniles
Modelo Tutelar Modelo de justicia
Características: Características:
√ Sistema Inquisitivo.
√ El juez es la figura central del proceso.
√ El proceso se inicia sin acusación.
√ Abogado defensor es posible, no necesario.
√ Proceso escrito, secreto y privado.
√ Limitación a recursos legales.
√ Rol preponderante de trabajadores sociales.
√ Objeto del proceso: investigación de la personalidad y peligrosidad del menor.
√ Sistema predominantemente acusatorio.
√ El menor, figura central en el proceso.
√ El proceso se divide en fases.
√ Abogado defensor obligatorio.
√ Tiene una jurisdicción especializada.
√ Amplia utilización de recursos legales.
√ El menor de edad responsable de sus actos.
√ Se aplican formas anticipadas para la conclusión del proceso.
Países: Países:
Argentina. Ley del Régimen Penal de la Minoridad, (1980)
México. Ley para el tratamiento de Menores Infractores, para el
Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la
República en materia de Fuero Federal (1991)
Chile. Ley de menores, (1967)
Brasil. Estatuto del niño y del adolescente, (1990)
Costa Rica. Ley de justicia Penal Juvenil, (1996)
El Salvador. Ley del menor infractor, (1994).
Panamá. Ley del Régimen Especial de Responsabilidad Penal
para la Adolescencia. (1999)
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1.5 Esquema histórico del derecho penal juvenil
Una vez que se han explicado cuales son los dos modelos más importantes que han existido, vamos a mostrar
en que momentos históricos se han presentado. Dividiéndolo en dos fases, la primera fase que corresponde al
modelo tutelar y la segunda fase que corresponde la modelo de justicia. Tomando como referencia la
aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niño (1989).
Primera fase: Corresponde al modelo tutelar
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Se dan una serie de acontecimientos que influyen en el surgimiento del modelo tutelar, el cual como se mostró
anteriormente, tiene entre sus características principales, que el menor de edad, es considerado objeto y no-sujeto
de derecho, que por lo anterior no tiene derecho a las garantías procesales, pues es objeto de protección,
entre otras. A continuación presentamos los hechos más importantes que dieron nacimiento a este modelo:
Internalización del tema de la niñez: (París 1905, Bruselas 1907, Washington 1909, Buenos Aires 1916).
Creación del primer Tribunal Juvenil. Chicago de 1889.
Se da la necesidad de una jurisdicción especializada.
Se da la primer ley especializada Ley Agote. Argentina 1919.
El resto de países latinoamericanos se adaptan a la corriente tutelar.
Toda esta legislación que va naciendo es producto del modelo tutelar. Centrados en la “Doctrina de la
situación irregular”.
Segunda fase: Corresponde al modelo de justicia
Este modelo surge con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
(1989). Debido a que es la Convención la que reconoce el carácter de sujeto a la persona menor de edad,
obligando a los Estados partes que la ratifican, a reconocer todos los derechos y garantías procesales, que
tienen los sujetos de derecho. La doctrina de la protección integral estableció que las personas menores de
edad como sujetos de derecho y deberes, son responsables de los actos que realizan y que como tales, serán
juzgados en una sede jurisdiccional, la cual estará sometida al principio de legalidad, donde se le respetará el
debido proceso legal. Estableciéndose así, una total separación entre el poder jurisdiccional y el carácter
asistencial del Estado. A continuación presentamos los hechos más importantes que dieron nacimiento a este
modelo:
Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. (Antecedentes de la Convención, las Reglas mínimas de
las Naciones Unidas para la administración de justicia de los menores.)
Se establece un nuevo modelo de derecho de la niñez. Nace la concepción punitivo garantista del derecho
penal juvenil. La doctrina de la protección integral, tiene como ideas principales el reconocimiento del status
de sujeto de derecho a la persona menor de edad, otorgándole así los derechos que tiene por su condición,
pero también estableciendo la responsabilidad por los actos ilícitos que llegaré a realizar.
Se da un reconocimiento de los derechos del niño como una categoría de los Derechos Humanos.
Antes de la Convención se han aprobado una serie de instrumentos internacionales referentes a la justicia
juvenil, sin embargo es la Convención el instrumento más importante, debido a fuerza vinculante que este
tiene para los Estados. Otros de los instrumentos aprobados han sido:
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de los menores (Reglas de
Beijing 1985).
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices del Riad,
1990).
Dentro del nuevo modelo de justicia, el niño es considerado sujeto de derecho.
Este modelo responde a las tendencias actuales de política criminal.
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Legislación Iberoamericana en Materia Penal Juvenil
Países Fecha de aprobación Forma de Adecuación Legislativa
Argentina 25-8-1980 (1) Ley especial
Bolivia 27.10.1999 Código integral
Brasil 13.7.90 Código integral
Chile 1967 Ley especial
Colombia 27-11-1989 Ley especial
Costa Rica 1-5-1996 Ley especial
Ecuador 16-7-1992 Código integral
El Salvador junio-1994 Ley especial
Guatemala 11-09-1996 (3) Código integral
Honduras 5-09-1996 Código integral
México 24-2-1991 Ley especial.(2)
Nicaragua mayo-1998 Código integral
Panamá 26-8-1999 Ley especial
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Perú 28-12-1992 Código integral
Venezuela 2-10-1998 Código integral
España 13-01-2000 Ley especial
1- En esta fecha se aprueba la ley núm. 22.278, la cual fue modificada el 5 de mayo de 1983 por la ley núm.
22 803,
que extiende la edad de la inimputabilidad a los 16 años de edad, modificando los art. 3 y 4 de la ley
núm.22.278.
2- Es importante rescatar que esta es una ley para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la
República en materia de Fuero Federal. Lo que significa que cada una de las provincias tienen leyes que
regulan la materia de fuero común.
3- Está aprobado, pero no se encuentra vigente aún.
2. Sistema de responsabilidad juvenil
2.1 Características teóricas del modelo de justicia
Las leyes que se han dictado con posterioridad a Convención sobre los Derechos del Niño, se ubica dentro de
un modelo de responsabilidad, esto significa un cambio dentro de la concepción de la política criminal de los
Estados, ya que de un modelo tutelar que consideraba a los jóvenes sin responsabilidad e incapaces de
infringir la ley penal, se pasa a un modelo, que por el contrario establece la posibilidad de infringir y
encontrar culpable a un joven por infracción de la ley penal y consecuentemente la posibilidad de imponerle
una sanción con una connotación negativa. Como complemento de esta responsabilidad también surge
obligatoriamente dentro de este modelo
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incorporado por la Ley el tema de las garantías procesales, ya que no puede explicarse ni justificarse en un
Estado de derecho la posibilidad de imputarse una sanción penal sin el cumplimiento de las garantías penales
internacionalmente reconocidas para los adultos y las garantías especiales para el juzgamiento de los jóvenes
en razón de su edad.
Dentro de las características más importantes se pueden destacar las siguientes:
a- Especificidad del derecho penal juvenil en relación con el derecho penal de adultos
Una característica básica del derecho penal juvenil es su especificidad. Especialidad que se manifiesta en el
uso de sanciones de carácter educativo, en primer lugar; y en segundo lugar, por la estructuración particular
del proceso. La especialidad lleva a que este derecho deba estar organizado exclusivamente para personas
menores de edad con mayores atenuantes que las utilizadas para adultos. No obstante, el derecho penal común
nutre a este derecho penal juvenil en sus principios, como por ejemplo: el principio de legalidad, el principio
de tipicidad y el principio de culpabilidad.
b- Desjudicialización o diversificación de la intervención penal
Al contrario del derecho penal de adultos tradicional, este modelo de justicia penal juvenil se caracteriza por
la acentuación en resolver el menor número de conflictos en un nivel judicial, de ahí que las medidas
desjudicializadoras forman parte fundamental de él. La diversificación de la intervención penal obliga a que
en determinados casos la posible intervención penal sea referida a otros órganos de control informal por
medio de la remisión y la conciliación entre autor y víctima.
c- Intervención mínima y principio de subsidiariedad
La intervención mínima se refleja en este modelo desde la fase de la denuncia y la investigación. El derecho
penal juvenil debe tener un carácter subsidiario y sus aspiraciones deben ser modestas, especialmente en la
intervención y en la imposición de sanciones, debido a que las infracciones o delitos cometidos por la mayoría
de los jóvenes son en muchos casos “episodios” de una delincuencia juvenil y corresponden a conductas
generalmente de bagatela de pequeña y mediana criminalidad.
d- Diferenciación de grupos etarios
Este modelo también se caracteriza por diferenciar la intervención penal según criterios objetivos como por
ejemplo el establecimiento de una edad mínima en la cual los sujetos son destinatarios de estas leyes penales
juveniles. La diferenciación de grupos etarios se justifica por el período de desarrollo en que se encuentran los
destinatarios de estas leyes entre la niñez y la edad adulta. Existen distintas categorías, por ejemplo de [12 a
15 ó 16] años, esto para que los grupos etarios o más jóvenes puedan obtener aún más garantías y ventajas en
comparación no sólo con los adultos sino también con los sujetos mayores que ellos.
e-Proceso garantista, flexible, sumario, único y confidencial.
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Este modelo plantea que se le den al menor de edad los derechos y garantías que le corresponden, sea por su
condición de persona y por su especial condición de persona en desarrollo. La flexibilidad trata de dar
alternativas de terminación del proceso diferentes a la sentencia, como es el caso de la conciliación, arreglos
con la víctima, etc. También se presenta la flexibilidad en el gran número de sanciones aplicables. Respecto al
carácter sumario del proceso penal juvenil, este modelo propone que la intervención procesal debe ser mínima
y con la mayor celeridad posible, se establecen plazos cortos, situaciones de máxima prioridad y la prórroga
de estos plazos es excepcional.
Además se establece un proceso único, no existe una pluralidad de procesos como en la legislación penal de
adultos, donde se diferencian el proceso de instrucción formal, la querella, el proceso contravencional, el
proceso de citación directa, etc., lo que consideramos reduce la intervención judicial.
f- Amplio cuadro de sanciones
Lo que se pretende con este modelo en cuanto a las sanciones es, reducir las potestades discrecionales del juez
en la imposición de sanciones, prohibir las sanciones indeterminadas, establecer una variedad de sanciones y
preferir las sanciones educativas en lugar de las privativas de libertad.
2.2 Formas de desjudicialización
Este modelo se caracteriza por la acentuación en resolver el menor número de conflictos en un nivel judicial,
de ahí que las medidas
desjudicializadoras forman parte fundamental de él. La diversificación de la intervención penal obliga a que
en determinados casos la
posible intervención penal sea referida a otros órganos de control informal por medio de la remisión y la
conciliación entre autor y víctima.
Las formas de desjudicialización presentes en la ley son las siguientes:
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a- Conciliación: La conciliación es un acto jurisdiccional voluntario entre el ofendido o su representante y el
menor de edad, quienes
serán las partes necesarias en ella”. … “El arreglo conciliatorio suspenderá el procedimiento e interrumpirá la
prescripción de la acción,
mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Este mecanismo trata de buscar una solución efectiva al conflicto penal. Se trata de un medio informal de
control social y se procura
buscar la forma de poner en práctica la idea de que en materia de justicia penal juvenil en muchos casos la no-intervención
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será la mejor
respuesta. Paralelamente, se trata de reconocer el protagonismo que corresponde a la víctima y al acusado del
delito. Es además una buena
posibilidad de solución al conflicto y de un valor potencial educativo para el joven acusado.
El procedimiento conciliatorio se desarrolla de la siguiente manera:
La conciliación procede a partir del establecimiento de la acusación, o en cualquier momento posterior y
hasta antes de dictar la
resolución definitiva en primera instancia
El Juez Penal Juvenil debe citar a las partes a la audiencia de Conciliación.
Los participantes esenciales de esta audiencia son: el acusado con su defensor y la víctima. Además podrán
asistir los padres y el
representante del Patronato Nacional de la Infancia
Estando las partes reunidas, el Juez las invita a llegar a un acuerdo para la solución del conflicto que han
producido los hechos
acusados. Luego se escucharán las propuestas del joven o adolescente y del ofendido.
Si no se llega a un acuerdo, el proceso continua en el estado en que estaba.
Si se llega a un acuerdo y el Juez lo aprueba, las partes firmarán el acta de conciliación. Además el proceso
se suspende pero no corre
la prescripción de la acción penal. Si el acuerdo conciliatorio se incumple, entonces se continúa con el
proceso.

Si todo lo acordado en la conciliación se cumple, entonces el Juez dicta una resolución dando por
terminado el proceso.
b- Suspensión del proceso a prueba. Resuelta la procedencia de la acusación, el Juez, de oficio o a solicitud
de parte, podrá ordenar la
suspensión del proceso a prueba, en todos los casos en que proceda la ejecución condicional de la sanción
para el menor de edad.
La suspensión del proceso a prueba consiste en la interrupción o cesación del proceso, evitando la etapa del
debate, en todos aquellos casos
en los que procedería la suspensión condicional de la pena, así se vuelve innecesaria la realización de la fase
del debate. De esta manera se
logra, el mismo objetivo con mayor celeridad, menor gasto de recursos humanos y económicos, mayor
eficiencia y lo que es más
importante, teniendo siempre como primer presupuesto el interés superior del joven.
Ahora bien, esta suspensión del proceso, tiene fines educativos también, pues la ley establece que junto con la
suspensión el Juez puede
decretar cualesquiera de las órdenes de orientación y supervisión. Se debe anotar, que sólo procede la
suspensión del proceso a prueba en
los casos en que proceda la ejecución condicional de la sanción de internamiento, éstos son:
[Cuando el menor] realiza esfuerzos por reparar el daño.
[Por] la falta de gravedad de los hechos cometidos.
[Para mantener] la convivencia …educativa o laboral del menor.
[Para proteger] la situación familiar y social en que se desenvuelve [el joven].
[Cuando] el menor de edad haya podido construir [por sus propios medios] un proyecto de vida
alternativo.
En caso que proceda la suspensión del proceso a prueba, no significa que la persona menor de edad ha
aceptado la comisión de los hechos, ni tampoco se espera que este instituto promueva obtener una declaración
de culpabilidad anticipada. Es claro que si el joven no desea que se suspenda el proceso a prueba y su deseo
es ir a juicio, no debe existir ningún obstáculo para que la suspensión del proceso a prueba no se produzca. La
duración de la suspensión del proceso a prueba debe estar determinada por la resolución que la dicta, no
mayor de 3 años (LJPJ artículo 90.c), siendo este un requisito de validez de esa resolución. En el caso que el
joven o adolescente incumpla las eventuales condiciones injustificadamente de la suspensión del proceso a
prueba, se revocará la resolución que la dicta y se continuará con el proceso.
Si el adolescente cumple con las obligaciones impuestas, el Juez al final del plazo de la suspensión, dictará
una resolución y dará por terminado el proceso y se archivará el expediente (LJPJ, artículo 92). Esta
resolución no debe tener las formalidades de una sentencia, pero si tiene el efecto de cosa juzgada material y
produce la extinción de la acción penal.
c- Criterio de Oportunidad Reglado: Los funcionarios del Ministerio Público tienen la potestad de aplicar
el criterio de oportunidad en los siguientes casos:
[Cuando] se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo exiguo de la contribución del partícipe o su
mínima culpabilidad, no afecte el interés público.
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[Cuando] el menor de edad colabore eficazmente con la investigación [para ayudar] a esclarecer el hecho
investigado u otros [delitos] conexos.
[Cuando] el menor de edad haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico moral grave.
[Cuando] la sanción que se espera [imponer] carezca de importancia
El criterio de oportunidad reglado trata de establecer reglas claras para prescindir de la acusación penal frente
a casos en los cuales, debería acusarse por un aparente hecho delictivo. Es una excepción al principio de
obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. No se trata de autorizar al Ministerio Público para transar a su
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antojo con la defensa, sino de reconocer superiores intereses jurídicos que hacen innecesario la iniciación del
proceso y la eventual pena1.
El juez debe homologar la decisión tomada por el Ministerio Público, lo cual está concebido como un
requisito para darle firmeza al fallo.
Esto es lo que conocemos como principio de oportunidad reglado: “el ente acusador no tendrá pleno control
de la acusación, sino que siempre sería la autoridad jurisdiccional la que fiscalizaría, en último término la
decisión de no perseguir penalmente ciertos casos”2.
Un aspecto relevante de esta forma de desjudicialización es que su utilización produce cosa juzgada material,
es decir una vez decretado el criterio de oportunidad se extingue la acción penal, esto por razones de
seguridad jurídica.
d- Remisión: La remisión entraña la supresión del procedimiento ante la justicia penal, y con frecuencia la
reordenación hacia servicios apoyados por la comunidad, se practica habitualmente en muchos sistemas
jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar los efectos negativos de la
continuación del procedimiento en la administración de la justicia penal para jóvenes (por ejemplo el estigma
de la condena o la sentencia).
En muchos casos la no-intervención sería la mejor respuesta. Por ello la remisión desde el comienzo y sin
envíos a servicios sustitutorios (sociales) puede constituir la respuesta óptima. Así sucede cuando el delito no
tiene un carácter grave y cuando la familia, la escuela y otras instituciones de control social oficioso han
reaccionado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese modo.
Como se prevé en el artículo 11.2 de las Reglas de Beijing, la remisión puede utilizarse en cualquier momento
del proceso de adopción de decisiones por la policía, el Ministerio Fiscal u otros órganos como los tribunales,
juntas o consejos. La remisión puede realizarla según las reglas y normas de los respectivos sistemas y en
consonancia con las Reglas de Beijing. No debe limitarse necesariamente a los casos menores, de modo que la
remisión se convierta en un instrumento importante.
La regla 11.3 de las Reglas de Beijing pone de relieve el requisito principal de asegurar el consentimiento del
joven delincuente (o de sus padres o tutores) con respecto a las medidas de remisión recomendadas (la
remisión que consiste en la prestación de servicios a la comunidad sin dicho consentimiento, constituiría una
infracción al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso). No obstante es necesario que la validez del
consentimiento se pueda impugnar, ya que el adolescente algunas veces podría prestarlo por pura
desesperación. Las Reglas de Beijing subrayan que se deben tomar precauciones para disminuir al mínimo la
posibilidad de coerción e intimidación en todos los niveles del proceso de remisión.
Los jóvenes no han de sentirse presionados (por ejemplo a fin de evitar la comparecencia ante el tribunal) no
deben ser presionados para lograr su consentimiento en los programas de remisión. Por ello se aconseja que se
tomen disposiciones para una evaluación objetiva de la convivencia de que intervenga una autoridad
competente cuando así se solicite en las actuaciones relativas a delincuentes juveniles.
La regla 11.4 recomienda que se prevean opciones substitutivas viables del procesamiento ante la justicia
penal para jóvenes en la forma de una remisión basada en la comunidad. Se recomienda principalmente los
programas que entrañan la avenencia mediante la indemnización de la víctima y los que procuran evitar
futuras transgresiones de la ley gracias a la supervisión y orientación temporales. Los antecedentes de fondo
de los casos particulares determinarán el carácter adecuado de la remisión, aun cuando se hayan cometido
delitos más graves (por ejemplo, el primer delito, el hecho que se haya cometido bajo la presión de los
compañeros del adolescente, etc.).
2.3 Sistema Sancionatorio
Uno de los aspectos comunes de las leyes centroamericanas que se ocupan del tema de la responsabilidad de
los adolescentes es la amplia gama de sanciones o medidas previstas, así como la limitación a la utilización de
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la sanción privativa de libertad. De esta forma, todas estas legislaciones pretenden lograr el objetivo de
superar la percepción, muy arraigada culturalmente, especialmente en el derecho penal de adultos, que
considera a la sanción privativa de libertad como sanción penal única.
1 GONZÁLEZ (DANIEL). “El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal”. En: Ciencias Penales. Revista de la Asociación de
Ciencias Penales de Costa Rica.
San José, Nº 7, p. 67
2 CRUZ (FERNANDO) “Principios fundamentales de la reforma de un sistema procesal mixto. El caso de Costa Rica”. En: Ciencias
Penales. Revista de la Asociación de
Ciencias Penales de Costa Rica. San José, Nº 8, año 5, marzo, 1994, p. 49.
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Por tanto, se parte de presupuestos diferentes en las leyes penales juveniles, en las que las sanciones no
privativas de libertad son vistas
como principales y de prioritaria aplicación, en tanto las privativas de este derecho fundamental quedan
relegadas a la subsidiariedad, es
decir, a ser utilizadas sólo ante la imposibilidad de utilizar las primeras y en casos que revistan cierta
gravedad.
Idea esta que concuerda, además, con el objetivo que se ha asignado a las sanciones o medidas, que son fines
de prevención especial
positiva, es decir, se pretende la socialización, resocialización, integración familiar o educación del
adolescente sancionado. Es claro que
con la privación de libertad estos objetivos no se garantizan, de ahí la justificación de su relegación a un
segundo plano y, por el contrario,
la potencia de otro tipo de sanciones como por ejemplo la libertad asistida o la prestación de servicios a la
comunidad.
En consecuencia, el sistema sancionatorio en los sistemas penales juveniles centroamericanos ha ampliado sus
perspectivas y su catálogo
de sanciones, estableciendo una serie de éstas que pueden ser cumplidas en libertad, de forma que no
impliquen una restricción tan severa
de derechos y coadyuve, de mejor manera, a la formación y educación de los adolescentes, no a su
destrucción. Tal es el caso, por
ejemplo, de la amonestación y advertencia, de la libertad asistida, de la prestación de servicios a la comunidad
y de las órdenes de
orientación y supervisión o reglas de conducta, etc.
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TABLA No. 5
Cuadro de Sanciones
Países Amonestación Libertad
Asistida
Prestación Serv.
Com.
Reparación del
Daño
Ordenes
Orientación y
Superv.
Intern
domic.,
Tiempo libre
o
semilibertad
Privación
de Libertad
Costa Rica Si Si Si Si Si Si Si
El Salvador Si Si Si No Si No Si
Guatemala Si Si Si Si Si Si Si
Honduras Si Si Si Si Si Si Si
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Nicaragua Si Si Si Si Si Si Si
Panamá Si Si Si Si Si Si Si
En la ejecución de estas sanciones y siempre con miras al cumplimiento del objetivo señalado, en todos los
países se ha previsto la
integración de equipos interdisciplinarios, compuestos por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y
pedagogos, que, con su
participación, pretenden llenar las diversas necesidades que puedan poseer los adolescentes sancionados.
No obstante, la tarea no ha sido difícil, especialmente por lo novedoso de las sanciones y la falta de
experiencia de todos los funcionarios
en su implementación, sin embargo, con un grado importante de creatividad se han establecido programas
que, con el apoyo de la
comunidad o sociedad civil, han empezado a tener algún grado de éxito.3
A pesar de ello, debe reconocerse que el cumplimiento de los fines de la sanción en uno de los aspectos
menos desarrollados y en el que
aún hay mucho por avanzar, por lo que, a futuro, podría ser útil el compartir experiencias entre los diferentes
países del área.
3 Tal es el caso, por ejemplo, de Costa Rica en el que el programa de sanciones alternativas del Ministerio de
Justicia ha establecido una
red de organizaciones no gubernamentales que colaboran y participan en la ejecución de estas sanciones.
Igual ha sucedido en El Salvador
en donde que los equipos multidisciplinarios ha jugado un papel fundamental en la apertura de puertas de la
comunidad (escuelas,
empresas y organismos no gubernamentales). DE VARELA (Karla) y MARTÍNEZ VENTURA (Jaime).
Comentario al Proceso de
Reforma legislativa en El Salvador. En GARCÍA MÉNDEZ (Emilio) y otra. Op Cit. pp. 541.
13
TABLA No. 5
Límites Máximos de la Sanción de Privación de Libertad
contra Adolescentes en Centroamérica
Países Extremo Mayor
Costa Rica 15 años. (1)
El Salvador 7 años
Guatemala 5 años
Honduras 8 años
Nicaragua 6 años
Panamá 5 años
(1)- Para los adolescentes mayores de 15 años de edad y menores de 18 años de edad.
a- Sanciones privativas de libertad ambulatorias
Se incluye en este apartado sanciones que si bien es cierto se denominan privativas de libertad, son de carácter
ambulatorio, es decir que no
se cumplen dentro de un proceso de institucionalización, sino más bien desde la casa o el domicilio del joven,
y busca también una
intervención mínima a la afectación de derechos, por eso también la hemos ubicado como una sanción
alternativa a la sanción de
internamiento en centro especializado.
Internamiento domiciliario. Consiste en la privación de libertad del adolescente que se ejecutará en su casa
de habitación con su familia,
a quien no se le permitirá salir de su domicilio por su propia voluntad sólo con autorización. De no poder
cumplirse en su casa de
habitación se practicará en la casa de algún familiar cercano, familia sustituta o entes privados, previo
consentimiento del joven sancionado
y del lugar seleccionado.
El Juez Penal Juvenil debe indicar el domicilio en el que se deba cumplir el internamiento. Los funcionarios
del Ministerio de Justicia
elaborarán un plan de ejecución, donde se fijarán las medidas de control, las cuales, deberán respetar el
tiempo que el joven dedica a su
12

estudio, su trabajo y su descanso, lo mismo que su dignidad y su integridad física. Dentro de este plan se
programarán actividades con el
objetivo de fomentar en el adolescente actitudes sanas de convivencia social.
Internamiento durante el tiempo libre. Consiste en una restricción a la libertad ambulatoria que debe
cumplirse en un centro
especializado en cualquier momento del día o de la semana en que el joven no esté realizando actividades
laborales o de estudio. El
adolescente que se encuentre condenado a esta sanción tendrá derecho a que los funcionarios del Ministerio
de Justicia fomenten y apoyen
materialmente el trabajo y estudio que esté realizando. Se elaborará un plan de ejecución, al menos con los
siguientes aspectos, 1) El
establecimiento en que se debe cumplir la sanción; 2) El horario diario o semanal; y 3) Las actividades que
debe realizar en el
establecimiento.
Los establecimientos para internamientos durante tiempo libre no tendrán seguridad extrema, podrán ser
públicos o privados, pero deberán
estar especializados, con personal, áreas y condiciones adecuadas para el cumplimiento efectivo de esta
sanción. Se preferirán los
establecimientos más cercanos a la comunidad donde el joven reside. El Director del establecimiento deberá
rendir un informe mensual al
Juez de Ejecución de las Sanciones. Káiser nos indica que esta ha sido una alternativa a la clásica privación de
libertad, con esto se
procura que el joven conserve el ritmo diario, normal y el entorno social, pues está limitada a determinados
periodos, generalmente los
fines de semana, después de la jornada laboral o durante la noche. Hay que diferenciar esta sanción de la
libertad controlada (Italia) o la
prohibición de conducir vehículos (Polonia y Alemania)4
b- Sanciones privativas de libertad estacionarias
Las sanciones estacionarias están dirigidas a restringir la libertad de circulación y el libre traslado de las
personas, manteniéndolas en un
recinto durante determinado tiempo. Se catalogan como estacionarias porque el sujeto a quien se le impone no
puede salir del recinto
libremente. Si bien dicho sujeto cumple con un proceso de institucionalización, debe procurarse una
afectación mínima de los derechos del
joven; en este sentido ha de considerarse que sólo se debe restringir la libertad ambulatoria, en tanto todos los
demás derechos no deben
4 KAISER (GÜNTER). Op. cit. p. 197.
14
verse limitados. Además, únicamente se justifica por fines de prevención especial, es decir, para influir en
forma particular en la vida futura
del adolescente y procurar que lleve una vida sin la omisión de nuevos delitos.
i.Internamiento en centro especializado. Por internamiento en centro especializado se entiende toda forma
de privación de libertad
ambulatoria en establecimiento Público o privado del que no se permite salir a la persona menor de edad por
su propia voluntad, sin que
sea ordenado por autoridad administrativa o judicial.5
Esta sanción reviste un carácter excepcional, es decir, el Juez siempre debe completar la posibilidad de
ampliar cualquier otro tipo de
sanción menos drástica antes de disponer de esta.
El quantum máximo de la sanción de internamiento en centro especializado está determinado según la edad
del joven. Así:
Para jóvenes con edades entre los 12 y los 15 años de edad, se dispone un plazo máximo de internamiento
de 10 años.
Para jóvenes cuyas edades estén entre los 15 y menos de 18 años, un plazo máximo de internamiento de 15
años.
Esta medida procede únicamente en los siguientes casos:
13

Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, para mayores de edad
con pena de prisión mayor
de seis años, o
Cuando el joven haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de
orientación y supervisión
impuestas.
Es importante considerar que la imposición de la sanción de internamiento en centro especializado no debe
darse en forma automática, es
decir, tan solo con que se cumplan los presupuestos objetivos antes enumerados. Por el carácter excepcional
de esta medida, el juez esta
obligado a justificar su imposición; además, ha de sustentarse en los fines educativos que se buscan al
imponer esta sanción extrema.
Nunca se debe imponer una sanción de internamiento en centro especializado cuando se presenten alguno de
los siguientes casos:
En los delitos culposos, independientemente del monto de su pena (por ejemplo, el homicidio culposo)
En los delitos cuya pena según el Código penal y leyes especiales sea igual o menor de seis años de prisión
Cuando no proceda para un adulto, según el tipo penal
En ningún delito en que no corresponda al grado de culpabilidad, a la racionalidad o a los fines educativos
Esta medida posee rasgos especiales que la diferencian de la tradicional sanción de prisión del derecho penal
de adultos6. No se debe
homologar o confundir con la pena de prisión establecida para adultos, ya que responde a otras necesidades,
presupuestos y fines muy
diferentes de los señalados por el Código Penal para adultos.
Primero, el lugar de ejecución debe estar acondicionado especialmente para este fin, y han de ser centros
diferentes de los destinados a los
delincuentes sujetos a la legislación penal común.7 Cuando un joven alcance la mayoría de edad y este
cumpliendo la sanción de
internamiento en centro especializado, se le deberá trasladar a uno de adultos, pero física y materialmente
debe estar en un recinto
separado. Además, los centros de ejecución de esta sanción deberán estar seccionados según características de
los jóvenes (sexo, edad) y
de acuerdo con la categoría del internamiento en centro especializado (detención provisional, sentencia
condenatoria). Debe existir por lo
menos un centro especializado para atender a los jóvenes varones y otro para las mujeres. Cada centro debe
mantener una sección para los
jóvenes para los jóvenes entre los 12 y menos 15 años de edad y otra sección para los jóvenes entre los 15 y
menos 18 años de edad. Por
último, debe mantenerse en recintos separados a los jóvenes detenidos provisionalmente de aquellos que se
encuentran cumpliendo una
condena.
En segundo lugar, la sanción de internamiento en centro especializado se caracteriza porque debe cumplir los
fines, o sea, procurar la
protección integral y el interés superior del niño, así como los fines de prevención especial.
En tercer lugar, durante el cumplimiento de la sanción de internamiento se debe garantizar que el joven
disfrute de todos sus otros
derechos, excepto los restringidos en la sentencia. Asimismo por su especial condición de sujeto en
formación, el joven mantiene -además
de todos los derechos de que disfrutan los adultos- derechos especiales, los cuales deben ser respetados aun
cuando esté cumpliendo una
sanción de esta índole.
3- Los diferentes instrumentos internacionales de Naciones Unidas referentes a justicia penal juvenil
5 Reglas 11.b y 12 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores privados de
libertad.
6 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, art 9
7 Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establece una
excepción con el fin de
14

proteger la integración familiar. Regla 29
15
3.1 - Convención sobre los Derechos del Niño.(adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, mediante
resolución A/RES/44/XXV)
Es la norma de más alta jerarquía con relación a las restantes normas de carácter internacional, esto por cuanto
es la única que es de
acatamiento obligatorio para los Estados partes que la suscribieron. La Convención comprende 54 artículos
que dan una amplia protección
a las personas menores de edad.
En este apartado vamos hacer énfasis a algunos artículos de la Convención, que son los que nos interesan con
relación a la materia penal
juvenil y al status que le ha reconocido a la persona menor de edad.
a- Concepto de niño.
El artículo primero de la Convención es el que reconoce a la persona menor de edad, su status de persona
dentro del ordenamiento
internacional.
“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”
b- La obligación de acatamiento obligatorio de la Convención para los Estados parte.
El artículo segundo establece la obligatoriedad para los Estados partes de hacer realidad las normas
contenidas en la misma tanto en el
respeto a sus derechos fundamentales como a un trato no discriminatorio.
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su
aplicación a cada niño sujeto a su
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del
niño, de sus padres o de sus representantes legales.”
c- Ámbito del concepto de interés superior del niño.
El artículo tercero nos establece el principio rector del “Interés superior del niño”, este principio es la
columna vertebral del nuevo
sistema de justicia, el cual forma parte de la protección integral, pero sin desconocer la especial condición de
desarrollo, que tiene la
persona menor de edad.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese
fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán que las instituciones,
servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia
de una supervisión
adecuada.”
15

d- La obligación de los Estados por velar que se protejan los derechos fundamentales de las personas
menores de edad.
El artículo 37 en el inciso a de la Convención, viene a proteger al niño, de torturas y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o
degradantes, buscando en todo momento que se respete su condición de persona, de sujeto y no de objeto. Por
supuesto este mismo
artículo es el que prohibe la pena de muerte y la prisión perpetua.
a ) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se
impondrá la pena capital ni la
de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
e- Prohibición de la detención ilegal o arbitraria
En el inciso b (Art. 37), sé prohibe la detención ilegal o arbitraria.
b ) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la
prisión de un niño se llevará a
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período
más breve que proceda;
f- La obligación de respetar los derechos humanos a las personas menores de edad.
16
En el inciso c (Art. 37), se busca que las personas menores de edad, privadas de libertad sean tratadas con
humanidad y respeto, de manera
que se respete su dignidad y que se tengan en cuenta en todo momento las necesidades que tienen. Y establece
una garantía muy
importante, que se dé una separación de los niños privados de libertad de los adultos y el derecho a mantener
contacto con su familia.
c ) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente
a la persona humana, y de
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado
de libertad estará separado
de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a
mantener contacto con su familia
por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
g- El derecho a la justicia pronta, a la inviolabilidad de la defensa y a la impugnación.
En el inciso d (Art. 37), se establece que toda persona menor de edad cuando sea privada de su libertad, se le
conceda el derecho a un
pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada y el derecho a impugnar la legalidad de su
privación de libertad.
d ) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra
asistencia adecuada, así como
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente,
independiente e imparcial y
a una pronta decisión sobre dicha acción.
h- Derecho al debido proceso o a un proceso amplio y transparente.
Por su parte el artículo 40 de la Convención requiere que el Estado reconozca el derecho de todo niño de
quien se alegue que ha infringido
las leyes penales o a quien se acuse o se declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de
manera, acorde con el fomento de
su sentido de la dignidad y el valor, que se le fortalezca a la persona menor de edad en el respeto de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales de las demás personas. Sobretodo que se tenga en cuenta en todo momento la edad del niño y
promover la reintegración del
niño y que este así, asuma su función constructiva en la sociedad.
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse o
declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido
de la dignidad y el valor, que
16

fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la
que se tengan en cuenta la
edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función
constructiva en la sociedad.
2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los
Estados Partes garantizarán, en
particular:
a ) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún
niño de haber infringido
esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el
momento en que se
cometieron;
b ) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber
infringido esas leyes se le garantice,
por lo menos, lo siguiente:
i ) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
ii ) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o
sus representantes legales,
de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la
preparación y presentación de
su defensa;
iii ) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e
imparcial en una audiencia
equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos
que se considerare que ello
fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus
padres o representantes legales;
iv ) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se
interrogue a testigos de
cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v ) Si se considerare que ha infringido, en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta
a consecuencia de ella serán
sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la
ley;
vi ) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma
utilizado;
17
vii ) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes,
procedimientos, autoridades e
instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes
se acuse o declare culpables
de haber infringido esas leyes, y en particular:
a ) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad
para infringir las leyes
penales;
b ) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a
procedimientos judiciales, en el
entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el
asesoramiento, la libertad
vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como
otras posibilidades
alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera
apropiada para su bienestar y que
guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.”
17

i- Intervención mínima y principio de subsidiariedad
El artículo 40.3.b de la Convención requiere que siempre que sea conveniente, se tomen medidas fuera del
ámbito judicial, bajo el respeto
de sus derechos y garantías.
Art.40 inc.3.b
“Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurir a
procedimientos judiciales, en el
entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías penales.”
j- Garantías Jurisdiccionales
El Art. 40.inc.2.iii nos da dos de las garantías más importantes que establece este nuevo sistema de justicia
juvenil, las cuales son la
constitución de tribunales especializados que estén dentro de la estructura del Poder Judicial y la asistencia de
un abogado defensor, el cual
debe ser un técnico jurídico.
Art.40 inc.2.iii “ A que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente,
independiente e imparcial en
una audiencia equitativa conforme con l a ley, en presencia de un asesor jurídico y otro tipo de asesor
adecuado y, a menos que se
considere que ello sería contrario al mejor interés del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o
situación y sus padres o
representantes legales.”
Esquema de las normas más importantes de la Convención
Referentes a la Justicia Juvenil
Convención sobre a- Concepto de niño. Art. 1
Los derechos del niño b- Obligación de acatamiento obligatorio de la Convención para los Estados
parte. Art. 2
c- Ámbito del concepto de interés superior del niño. Art. 3
d- Obligación de los Estados por velar que se protejan los derechos fundamentales de las personas
menores de edad. Art. 37. Inc. a
e- Prohibición de la detención ilegal o arbitraria. Art. 37. Inc. b
f- Obligación de respetar los derechos humanos a las personas menores de edad. Art. 37.Inc. c
g- Derecho a la justicia pronta, a la inviolabilidad de la defensa y a la impugnación. Art. 37. Inc. D
h- Derecho al debido proceso o a un proceso amplio y transparente. Art. 40
i- Intervención mínima y principio de subsidiariedad
j- Garantía jurisdiccional
3.2- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de los menores (Reglas de
Beijing, adoptada por la
Asamblea de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, mediante resolución 40/33)
18
El objeto de estas reglas es buscar el bienestar de la persona menor de edad, a fin de reducir la necesidad de
intervenir con arreglo a la ley,
y de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo a la persona menor de edad que tenga problemas con
la ley, se debe conceder la
debida importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar plenamente todos los recursos
disponibles, con inclusión
de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras
instituciones de la comunidad. (regla
1.3)
a- Alcance y limitaciones de las facultades discrecionales.
De los artículos posteriormente transcritos se permite deducir un ejercicio de facultades discrecionales en
todos los niveles importantes del
procedimiento, a fin de tomar las medidas que estiman más adecuadas (regla 6.1). No obstante en la regla 6.2
se prevén controles y
equilibrios a fin de evitar en la medida de lo posible cualquier abuso en el uso de estas facultades
discrecionales por parte de las
autoridades encargadas de la justicia juvenil.
18

“Regla 6.1: Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores así como de la diversidad
de medidas disponibles, se
facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los
juicios y en los distintos
niveles de la administración de justicia de los menores, incluidos los de investigación, procesamiento,
sentencia y de las medidas
complementarias de las decisiones.
Regla 6.2: Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en todas las fases y niveles en el
ejercicio de cualquiera de esas
facultades discrecionales.”
b- Remisión de los casos.
Principio de diversificación: Con este principio se busca que se examine bien la posibilidad de ocuparse de los
menores delincuentes sin
recurrir a su enjuiciamiento oficial. Y en estos casos es muy importante el papel de la policía, que estarán
facultados para fallar dichos
casos discrecionalmente sin necesidad de vista oficial.
“Regla 11.1: Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin
recurrir a las autoridades
competentes, mencionados en la regla 14.1 infra, para que los juzguen oficialmente.”
c- Principio de especialización, en especial policial.
Esta regla establece la obligación, de que los agentes de policía que tratan sólo con personas menores de edad,
deben estar lo
suficientemente capacitados e instruidos de forma especial. De allí la necesidad de impartir una formación
especializada a todos los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en la administración de la justicia de
menores. Como la policía es el
primer punto de contacto con el sistema de la justicia de menores, es muy importante que actúe de manera
informada y adecuada.
Aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin duda compleja, el incremento de la delincuencia
juvenil va unido al crecimiento
de las grandes ciudades, sobre todo a un crecimiento rápido y no planificado. Por consiguiente, son
indispensables contingentes
especializados de policía en las ciudades particulares, no sólo como garantía de la aplicación de los principios
concretos previstos en el
presente instrumento (como la regla 1.6 ), sino también, de forma más general, para mejorar la prevención.
“Regla 12.1: Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de
manera exclusiva con menores
o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán instrucción y
capacitación especial. En las
grandes ciudades habrá contingentes especiales de policía con esta finalidad”.
d- La exepcionalidad de la prisión preventiva.
La regla 13 nos establece una de las obligaciones más importantes en cuanto a la protección de las personas
menores de edad, la cual se ha
establecido en casi todos los instrumentos internacionales, y es el carácter de último recurso y durante el plazo
más breve posible. Esto por
cuanto no se debe subestimar el peligro de que los menores sufran influencias corruptoras mientras se
encuentren en prisión preventiva.
De ahí la importancia de insistir en la necesidad de medidas sustitutorias. De esta forma la regla 13.1 anima a
idear medidas nuevas e
innovadoras que permitan evitar dicha prisión preventiva en interés del bienestar del menor.
Los menores que se encuentren en prisión preventiva deben gozar de todos los derechos y garantías previstos
en las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente
en el artículo 9, en el inciso
b del párrafo 2 del artículo 10 y en el párrafo 3 de dicho artículo.
19

La regla 13.4 no impedirá a los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa de los delincuentes
adultos que sean al menos tan
eficaces como las mencionadas en la regla.
Las diferentes formas de asistencia que pueden llegar a ser necesarias se han enumerado para señalar la
amplia gama de necesidades
concretas de los jóvenes reclusos que hay que atender (por ejemplo, mujeres u hombres, toxicómanos,
alcohólicos, menores con
perturbaciones mentales, jóvenes que sufren el trauma, por ejemplo, del propio arresto, etc. ).
19
Las diversas características físicas y psicológicas de los jóvenes reclusos pueden justificar medidas de
clasificación por las que algunos de
ellos estén recluidos aparte mientras se encuentren en prisión preventiva, lo que contribuye a evitar que se
conviertan en víctimas de otros
reclusos y permite prestarles una asistencia más adecuada.
“13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible.
13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la
supervisión estricta, la custodia
permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa.
13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías
previstos en las Reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.
13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos en
establecimientos distintos o en
recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos.
13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia
social, educacional,
profesional, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características
individuales.”
e- Principio de celeridad procesal.
La regla 20 establece la obligación de que se dé una rapidez en la tramitación de los casos de las personas
menores, lo cual es de
fundamental importancia. De no ser así, peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la
resolución pudieran acarrear.
Con el transcurso del tiempo, la persona menor de edad tendrá dificultades intelectuales y psicológicas cada
vez mayores, por no decir
insuperables, para establecer una relación entre el procedimiento y la resolución, por una parte, y el delito, por
otra. Este es lo que se
conoce como el principio de celeridad.
“20. Prevención de demoras innecesarias
20.1 Todos los casos se tramitarán desde el comienzo de manera expedita y sin demoras innecesarias.”
f- Principio de confidencialidad.
La regla 21 busca que los archivos de las personas menores de edad, sean de carácter estrictamente
confidencial y no puedan ser
consultados por terceros. También trata de establecer una transacción entre intereses contrapuestos en materia
de registros y expedientes:
los de los servicios de policía, el Ministerio fiscal y otras autoridades por aumentar la vigilancia, y los
intereses del delincuente. ( Véase
también la regla 8. ) La expresión otras personas debidamente autorizadas suele aplicarse, entre otros, a los
investigadores.
“21.1 Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser
consultados por terceros. Sólo
tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en
curso, así como otras
personas debidamente autorizadas.
21.2 Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos
subsiguientes en los que esté
20

implicado el mismo delincuente.”
g- Necesidad de personal especializado y capacitado.
La regla 22 nos subraya la necesidad de la capacitación profesional para la adquisición y el mantenimiento de
la competencia profesional
de todo el personal que tenga relación con las personas menores de edad. Es indispensable que todas estas
personas tengan siquiera una
formación mínima en materia de derecho, sociología, sicología, criminología y ciencias del comportamiento.
Esta es una cuestión a la que
se atribuye tanta importancia como a la especialización orgánica y a la independencia de la autoridad
competente.
Las titulaciones profesionales constituyen un elemento fundamental para garantizar la administración
imparcial y eficaz de la justicia de
menores. Por consiguiente, es necesario mejorar los sistemas de contratación, ascenso y capacitación
profesional del personal y dotarlo de
los medios necesarios para el desempeño correcto de sus funciones.
Para lograr la imparcialidad de la administración de la justicia de menores debe evitarse todo género de
discriminación por razones
políticas, sociales, sexuales, raciales, religiosas, culturales o de otra índole en la selección, contratación y
ascenso del personal encargado
de la justicia de menores.
“22.1 Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria a todo el
personal que se ocupa de
casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y cursos de
repaso, y se emplearán
otros sistemas adecuados de instrucción.
22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas características
de los menores que entran en
contacto con dicho sistema. Se procurará garantizar una representación equitativa de mujeres y de minorías
en los organismos de
justicia de menores.
Esquema de las normas más importantes de las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de los menores
20
Reglas Mínimas a- Alcance y limitaciones de las facultades discrecionales. Regla 6.1 y 6.2
de las Naciones b- Remisión de los casos. Regla 11
Unidas para la c- Principio de especialización, en especial policial. Regla 12
Administración de d- La exepcionalidad de la prisión preventiva. Regla 13
Justicia menores e- Principio de celeridad procesal. Regla 20
f- Principio de confidencialidad. Regla 21
g- Necesidad de personal especializado y capacitado. Regla 22
21
3.3- Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices del Riad,
adoptada por la Asamblea
de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990, mediante resolución 45/112
Las directrices del Riad establecen un marco general de prevención del delito infanto juvenil. Debido a que se
considera esencial la
prevención del delito en la sociedad, estableciendo como presunción que para lograr prevenir eficazmente la
delincuencia juvenil es
necesario el esfuerzo de toda la sociedad, y sin dejar de lado que todo los programas de prevención que se
establezcan deben centrarse en
el bienestar de las personas menores de edad, buscando desde luego, la aplicación de una política social,
elaborando medidas pertinentes
que eviten criminalizar y penalizar a los niños y adolescentes. ( artículos 1 al 6)
a- Alcance de las directrices
21

El artículo 7 establece que las directrices deberán interpretarse y aplicarse en el marco general de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y otros instrumentos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención sobre los derechos del
niño y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Y deberán
aplicarse igualmente en el
contexto de las condiciones económicas, sociales, y culturales imperantes en cada uno de los Estados
miembros.
“7. Las presentes Directrices deberán interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la
Declaración de los Derechos del Niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el contexto de las
Reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ( Reglas de Beijing ), así como de otros
instrumentos y normas
relativos a los derechos, los intereses y el bienestar de todos los menores y jóvenes.
8. Las presentes Directrices deberán igualmente aplicarse en el contexto de las condiciones económicas,
sociales y culturales imperantes
en cada uno de los Estados Miembros.”
b- La necesidad de realizar planes generales, en todos los niveles del gobierno, de prevención general.
Es importante señalar que en la tercera parte se hace una referencia directa a la necesidad de requerir que se
formulen planes generales de
prevención en todos los niveles públicos y privados, que comprenda aspectos como los siguientes: análisis del
problema y reseñas de
programas, servicios, facilidades y recursos disponibles; establecer funciones bien definidas de los
organismos, instituciones y personal que
se ocupen de la actividad preventiva; métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos
de delincuencia; mantener
personal especializado en todos los niveles, etc.
“9. Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que, entre otras
cosas, comprendan:
a ) Análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y recursos disponibles;
b ) Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes que se ocupan de
actividades preventivas;
c ) Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los organismos
gubernamentales y no
gubernamentales;
d ) Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia
permanente y evaluación
cuidadosa en el curso de su aplicación;
e ) Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil;
f ) Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas;
g ) Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y
municipales, con la participación del
sector privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de
cuidado del niño, de educación
sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas
coordinadas para prevenir la
delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes;
h ) Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil,
incluida la utilización de los
recursos comunitarios, y la aplicación de programas de auto ayuda juvenil y de indemnización y asistencia a
las víctimas;
i ) Personal especializado en todos los niveles.”
c- La protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas menores de edad
22

La sexta parte de las Directrices del Riad nos señalan las disposiciones sobre la aplicación de la ley. En esta
parte haremos una referencia
expresa a la obligación que se establece de promulgar y aplicar leyes que prohiban la victimización, los malos
tratos y la explotación de los
niños y jóvenes así como su utilización en actividades delictivas.
Se prohibe que ningún niño o joven sea objeto de medidas de corrección o castigos severos o degradantes en
el hogar, la escuela ni en
ninguna otra institución.
Exige la promulgación de leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea
sancionado cuando lo comete un
adulto, se considerado delito y sea objeto de sanción cuando es cometido por un joven, a fin de impedir la
estigmatización y
criminalización de los jóvenes.
22
Y por último entre las normas que consideramos más importantes es la que establece la obligación de
capacitar personal de ambos sexos
encargado de hacer cumplir la ley para que pueda atender las necesidades de los jóvenes; ese personal estará
al corriente con los programas
y posibilidades de remisión a otros servicios y de recurrir a ellos con el fin de sustraer a los jóvenes del
sistema de justicia penal.
“53. Deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohiban la victimización, los malos tratos y la explotación
de los niños y jóvenes, así
como su utilización para actividades delictivas…
54. Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo severos o degradantes en el
hogar, en la escuela ni en
ninguna otra institución…
56. A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, deberán
promulgarse leyes que
garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se
considere delito ni sea objeto
de sanción cuando es cometido por un joven…
58. Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer cumplir la ley y de otras funciones
pertinentes para que pueda
atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese personal deberá estar al corriente de los programas
y posibilidades de remisión a
otros servicios, y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes al sistema de
justicia penal.”
Esquema de las normas más importantes de las Directrices de las Naciones Unidas para
la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices del Riad).
Directrices de las
Naciones Unidas
a- Alcance de las directrices
para la prevención de la
delincuencia juvenil
b- La necesidad de realizar planes generales, en todos los niveles del gobierno, de prevención
general.
c- La protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas menores de edad
3.4 - Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores de privados de libertad (adoptada
por la Asamblea de las
Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990, mediante resolución 45/113)
Este instrumento se aplica a todos los tipos y formas de establecimientos de detención en donde se priva a las
personas menores de edad de
su libertad. Aunque si bien es cierto, muchas de sus normas se aplican para la ejecución y cumplimiento de las
sanciones, también es de
aplicación por detención policial, aunque sean normalmente de corta duración y por motivos generalmente
relacionados a la investigación
23

en la comisión o participación de delitos.
a- perspectivas fundamentales.
La primera sección de este instrumento nos establece las reglas pertinentes para que se lleve a cabo la
detención policial. Entre ellas nos
indica que el sistema de Justicia para las personas menores de edad debe respetar los derechos y la seguridad
de las personas menores de
edad y fomentar a su vez el bienestar físico y mental. También obliga a que la privación de libertad de una
persona menor de edad debe
decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario.
“1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar
su bienestar físico y mental.
El encarcelamiento deberá usarse como último recurso.
2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos
establecidos en las presentes
Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores ( Reglas de Beijing ). La
privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y
limitarse a casos
excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la
posibilidad de que el menor sea
puesto en libertad antes de ese tiempo.”
b- El respeto a la persona menor de edad de sus derechos humanos y control de la detención.
En la segunda sección nos establece el alcance y la aplicación de las reglas, entre las normas que nos explica
las más importantes son las
siguientes: nos indica que la privación de libertad debe efectuarse en condiciones y circunstancias que
garanticen el respeto de los derechos
humanos de los menores; no deben negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los
derechos civiles, económicos
políticos, sociales; estas reglas se aplican a todos los centros; y que la protección de las personas menores de
edad por lo que respecta a la
legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente.
“12. La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto
de los derechos humanos de
los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y
programas útiles que sirvan
23
para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e
infundirles actitudes y
conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad.
13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles,
económicos, políticos,
sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho
internacional y que sean compatibles
con la privación de la libertad.
14. La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta especialmente a la
legalidad de la ejecución de las
medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, mientras que los objetivos de
integración social deberán
garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de conformidad con
las normas internacionales,
la legislación y los reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido que esté autorizado para
visitar a los menores y que
no pertenezca a la administración del centro de detención.
15. Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de detención de cualquier clase o
tipo en donde haya menores
24

privados de libertad. Las partes I, II, IV y V de las Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de
internamiento en donde
haya menores detenidos, en tanto que la parte III se aplica a menores bajo arresto o en espera de juicio.
16. Las Reglas serán aplicadas en el contexto de las condiciones económicas, sociales y
culturales imperantes en cada Estado Miembro.”
c- El carácter excepcional de la prisión preventiva y su relación con la presunción de inocencia.
En la tercera sección nos habla sobre las personas menores de edad detenidas y la prisión preventiva, la cual
contiene dos reglas, que
reafirman la presunción de inocencia del acusado pero no declarado culpable, las cuales dicen así: se presume
que las personas menores de
edad detenidos bajo arrestos en espera de juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales y en la
medida de lo posible, deberá
evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio.
“17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán ser
tratados como tales. En la
medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio.
En consecuencia, deberá
hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detención
preventiva, los tribunales de
menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación
posible de esos casos a fin de que
la detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de
los declarados culpables.
18. Las condiciones de detención de un menor que no haya sido juzgado deberán ajustarse a las reglas
siguientes, y a otras disposiciones
concretas que resulten necesarias y apropiadas, dadas las exigencias de la presunción de inocencia, la
duración de la detención y la
condición jurídica y circunstancias de los menores. Entre esas disposiciones figurarán las siguientes, sin que
esta enumeración tenga
carácter taxativo:
a ) Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita,
cuando ésta exista, y
comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial
de esas comunicaciones;
b ) Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de
proseguir sus estudios o
capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones de
trabajo, de estudios o de
capacitación;
c ) Los menores estarán autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo que sea
compatible con los intereses de la
administración de justicia.”
Esquema de las normas más importantes de las Reglas de las Naciones Unidas para
la protección de los menores de privados de libertad.
Reglas de las 1- Perspectivas fundamentales.
Naciones Unidas para la 2- Respeto a la persona menor de edad de sus derechos humanos y control de
la detención.
Protección de los menores
de privados de libertad
3- El carácter excepcional de la prisión preventiva y su relación con la presunción de inocencia.
4.Experiencia de Costa Rica en la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil
4.1 Antecedentes sociales de la ley
Costa Rica, al igual que el resto de países centroamericanos, sometió a sus adolescentes a los nefastos efectos
de la doctrina de la situación
irregular durante más de treinta años, pues desde mil novecientos sesenta y tres las situaciones atinentes a la
niñez y la adolescencia fueron
25

reguladas por lo establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción de Menores, fiel exponente de esta
doctrina.
24
No obstante, con la entrada en vigencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, en 1990, que variaba
substancialmente la mencionada doctrina, se dio una dicotomía contradictoria entre estos dos instrumentos
legales, por lo que resultó
necesario realizar la respectiva adecuación de la ley interna, de forma que atendiera a los parámetros fijados
por la protección integral.
Dos manifestaciones jurídicas claras que pueden caracterizar la política criminal costarricense8 para la época
en que fue aprobada la LJPJ
son la Ley de aumento de las penas9 y el Proyecto de Ley de Reformas Penales Urgentes10. Ambas
manifestaciones o respuestas
legislativas se fundamentan en la ideología de la seguridad ciudadana11 y responden a la dramatización del
delito y a una percepción de
crecimiento y aumento de la criminalidad y, en general, a un ambiente de inseguridad personal y patrimonial
de los ciudadanos12.
La Ley de aumento de las penas vino a modificar los artículos 51 y 76 del Código Penal aumentando el límite
máximo de la pena de
prisión y de las medidas de seguridad de 25 a 50 años13. Esta reforma caracterizó una nueva política criminal
costarricense diferente a la
establecida en el Código Penal de 1970. Es claro que con esta reforma del 94, los principios de intervención
mínima, racionalidad y el
principio de humanidad, que deben guiar las penas en un sistema penal democrático, fueron desconocidos.
Incluso además de irreal, una
pena con estos largos extremos tendría efectos prácticos de pena perpetua14.
El Proyecto de Ley de Reformas Penales Urgentes se apoyaba en la idea de la inseguridad ciudadana y en el
supuesto crecimiento y
aumento acelerado de la criminalidad, expresada en asesinatos, agresiones y violaciones cometidas por
jóvenes y adolescentes, lo cual no
se había empíricamente comprobado, sino, más bien se trataba de una percepción social. Este proyecto,
denominado de emergencia,
establecía la necesidad de una profunda revisión del ordenamiento jurídico penal y además consideraba
impostergable la reforma de ciertas
normas penales que permitieran combatir efectivamente el crimen organizado, la criminalidad juvenil y otras
conductas antisociales15.
Algunas reformas que se pretendieron por medio de este proyecto consisten en potenciar la pena de prisión –
aún sobre la multa, por
ejemplo para las contravenciones–, aumento de penas y limitación para los casos en los que se acusen delitos
relacionados con
automotores. Además, este proyecto pretendió la modificación de la edad penal y lo más polémico fue que se
pretendió la posibilidad de
establecer penas de prisión para jóvenes adictos a la droga o al alcohol, lo cual es un claro ejemplo de la
orientación política de este
proyecto16.
8 La política criminal es una estrategia social, que como toda regulación jurídica, se desarrolla en el marco de
un determinado sistema y
está a su servicio. La política criminal está en un peculiar punto medio entre la ciencia y la estructura social,
entre la teoría y la práctica.
Por una parte, como ciencia se basa en los conocimientos objetivos sobre el delito, en sus formas de
manifestación empíricas y jurídicas;
por otra parte, como una forma de política, quiere establecer determinadas ideas o intereses8. Se concibe a la
política criminal como “el
conjunto sistemático de los principios fundados en la investigación científica de las causas del delito y de los
efectos de la pena, según los
26

cuales el Estado ha de llevar a cabo la lucha contra el delito por medio de la pena y de las instituciones con
ella relacionadas”8. La
finalidad de la política criminal es la prevención del delito y sus efectos8. La política criminal debe
ocuparse de la remodelación de las
normas jurídico-penales y de la adecuada organización y perfeccionamiento del dispositivo estatal de
persecución penal y ejecución de la
pena8. De la definición anterior podemos extraer algunos aspectos importantes para definir la política criminal
de un Estado. Para
concretizar una política criminal, en primer lugar deben tomarse en cuenta los resultados de la ciencia jurídica
y cómo esta se ve
incorporada en una manifestación estatal por medio de nuevas leyes o de cambios de estrategias en la lucha
contra el delito. Además
deberían considerarse también las formas de manifestación del delito y cuál es la respuesta del Estado para su
control. Sobre todo, debe
considerarse la pena o las consecuencias jurídicas que el Estado ha decido aplicar ante la infracción penal.
9 Ley N° 7398 de 3 de mayo de 1994, publicada en La Gaceta N° 89 del 10 de mayo de 1994.
10 Proyecto de Ley de Reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de la
Jurisdicción Tutelar de Menores,
expediente N° 12167, publicado en La Gaceta N° 39, 23 de febrero de 1995.
11 MURILLO RUIN, 1996, p. 167.
12 Otras leyes que podrían servir para caracterizar la política criminal son la Ley sobre estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, drogas de
uso no autorizado y sustancias conexas, N° 7233 del 8 de mayo de 1991 y la Ley de armas y explosivos N°
7530 del 10 de julio de 1995.
13 Por medio de esta ley también se incrementaron los extremos máximos de las penas en los delitos de
homicidio simple (8 a 15 pasó 12 a
18 años de prisión), homicidio calificado (15 a 25 pasó de 20 a 35 años de prisión), violación (5 a 10 pasó a
10 a 16 años de prisión),
violación calificada (12 a 15 pasó 12 a 18 años de prisión), violación agravada (6 a 12 pasó 12 a 18 años de
prisión), estupro (1 a 4 pasó 2
a 6 años de prisión) y abusos deshonestos (2 a 4 y 4 a 6 pasaron a 2 a 6 y 4 a 12 años de prisión).
14 Lo cual sería contrario a la Constitución Política que establece en el artículo 40 la prohibición de
tratamientos crueles o degradantes y la
pena perpetua.
15 Los jóvenes vistos como responsables directos, se puede ver en la exposición de motivos del proyecto de
ley.
16 Afortunadamente este proyecto de ley no fue aprobado, por cuanto imperó la tesis de la reforma integral y
no la reforma parcial, por lo
menos en lo que se refiere al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Justicia Penal Juvenil,
instrumentos que hoy son leyes de la
República.
25
Estas dos manifestaciones estatales nos hacen pensar que la respuesta del Estado costarricense sobre el delito
es claramente represiva y con
una orientación centrada en la pena de prisión. Incluso, pretendiendo en algunos casos (como en el proyecto
de reformas penales urgentes)
sacrificar derechos fundamentales y principios como el de legalidad, o violando los principios de racionalidad
y proporcionalidad (como
en la ley de aumento de las penas).
Ante esta respuesta de rasgos autoritarios y violentos en detrimento del Estado de derecho, surgió el Proyecto
de Ley de Justicia Penal
Juvenil17 como una respuesta orientada por las recomendaciones de Instrumentos y Convenciones
Internacionales18, reforma preparada
por técnicos y expertos con participación de académicos y sectores de la sociedad civil. En síntesis, podría
decirse que este proyecto de ley
27

representó una respuesta de carácter técnico dentro de un ambiente de inseguridad ciudadana. Este proyecto
de ley pretendió ser una
respuesta garantista dentro de una concepción de un Estado de derecho e intentó diferenciar claramente los
problemas de índole social
(quizá los mayores) de los conflictos estrictamente jurídico-penales en que se ven involucrados los
adolescentes, en las infracciones a la ley
penal.
El PLJPJ surge en un ambiente de alarma social por el delito, lo cual se ve claramente expresado en los
extremos máximos de las
sanciones. La justificación de esta nueva ley es la gran alarma social producida por la delincuencia juvenil
que azota nuestra sociedad,
tanto por su creciente volumen como por su alto nivel de agresividad; además se le atribuye falta de eficacia a
la legislación tutelar y
generadora de un sentimiento de impotencia de parte de la autoridad para castigar la delincuencia de las
personas menores de edad19.
La estigmatización llevada a cabo por algunos de los medios de comunicación, referente a la delincuencia
juvenil, por un lado influyó
decisivamente en su aprobación un tanto rápida si se quiere; y por otro, en el aumento de las penas20. Esta
modificación de los extremos de
las sanciones, elemento fundamental en una ley penal y criterio característico de la política penal del Estado,
podría servirnos para
caracterizar a la LJPJ dentro del contexto de la política criminal del Estado.
Podríamos caracterizar a la LJPJ como una respuesta técnica que incorpora un nuevo modelo
responsabilizador por los actos delictivos
cometidos por las personas menores de edad, que se apoya en un concepto de derecho penal especial y
mínimo, en donde se reconocen
especialmente los principios de legalidad y de culpabilidad por el hecho. Incluyendo garantías procesales
como, por ejemplo, el derecho
de defensa, la presunción de inocencia y el derecho al juzgamiento por una justicia especializada en razón de
la condición personal de los
destinatarios de la norma.
Esta caracterización de la política criminal significa un cambio más profundo que una mera modificación o
respuesta legislativa. La LJPJ
ubicó a la adolescencia no como objetos sino como sujetos portadores de derechos inherentes, pero también
con obligaciones y
responsabilidades. Esta ley se apoya en la doctrina de la protección integral, es decir una protección no sólo
legal sino que también social;
esto significa respeto por los derechos humanos, particularmente los derechos de los adolescentes.
4.2 Fuentes formales de promulgación de la ley
La aprobación de la LJPJ se dio en un marco de reforma legislativa. Si observamos por ejemplo que durante
el gobierno (1994-98) el
Congreso de la República creó una Comisión Especial de Reformas Penales, debemos reconocer que el tema
de la actualización y
mejoramiento de la legislación penal nacional fue un tema de interés y prioridad gubernamental21. La
priorización de este tema responde,
no precisamente a un objetivo claro de política criminal, sino más bien es el resultado de lo que podríamos
denominar presión de las
fuerzas sociales o grupos de interés. No debemos olvidar que en los últimos años el tema de la seguridad
ciudadana –visto desde la
perspectiva de los miembros de la comunidad como una ineficacia del sistema penal– ha servido para
cuestionar las leyes penales vigentes
y promover nuevas legislaciones.
Nos encontramos, entonces, frente a una coyuntura social al momento de la aprobación de la LJPJ: por un
lado, el cuestionamiento de la
comunidad al sistema penal, ante un supuesto aumento de la criminalidad; y por otro, un deseo de parte de los
legisladores de responder a
28

17 En adelante PLJPJ.
18 El desarrollo de las fuentes formales que inspiraron el PLJPJ se da en el punto N° 5 de esta primera parte.
19 PLJPJ, exposición de motivos, expediente N° 12474, La Gaceta N° 239 del 18 de diciembre de 1995.
20 El proyecto de ley propuso para la pena privativa de libertad un extremo máximo de 3 a 5 años de prisión
según los grupos etarios. La
LJPJ dispuso imponer un periodo máximo de 10 años de prisión para menores con edades entre los 12 y
menos 15 años y un periodo
máximo de 15 años de prisión para menores entre los 15 y 18 años de edad.
21 Otro ejemplo de esta priorización e importancia de la reforma penal lo fue la creación del Foro para la
Actualización de la Legislación
Penal, compuesto principalmente por la comunidad académica nacional de ciencias penales, cuya dirección
estuvo a cargo del Prof. Henry
Issa El Khoury, director de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa
Rica. Mérito de este grupo
fue la propuesta de un nuevo Código Penal, que aún continua en la Asamblea Legislativa.
26
esta ineficacia con nuevas leyes penales. De ahí que sea tan importante observar ¿qué clase de respuestas
institucionales son las que se han
dado con la aprobación de nuevas leyes, como por ejemplo, la Ley de armas y explosivos, la Ley de reformas
a las penas, el Código
Procesal Penal y la misma LJPJ?
Sin duda que esta coyuntura social tiene una raíz más profunda, de cuestionamiento no sólo del sistema penal
en sí mismo, sino, en general,
de la efectividad de la actividad estatal o pública. La búsqueda de la solución por medios punitivos es el
reflejo del abandono de los
planteamientos idealistas y su sustitución por elementos pragmáticos o realistas que buscan terminar con el
problema. Ley y Orden
parecieran ser los paradigmas por los cuales se orienta la política criminal, no sólo en el contexto nacional
sino que también
internacional.
No podemos omitir que –desde mi punto de vista–, la búsqueda de soluciones al problema de la criminalidad
por ejemplo, es una
manifestación de la crisis del Estado de bienestar o Estado asistencial. Cada vez son menos las áreas de
prioridad y de interés del Estado
en funciones que el Estado costarricense llevaba a cabo tradicionalmente. La respuesta sólo punitiva resulta
ser una respuesta desesperada
e ineficaz. El origen de estos conflictos sociales y del aumento en cierta forma de la criminalidad no se
encuentra en la ley, y ya sea con
leyes nuevas o viejas, la criminalidad aumentará.
Costa Rica no es ajena a esta desesperada búsqueda de soluciones por vías punitivas. La reacción estatal
entonces debe ser mesurada y
cuidadosa, porque de lo contrario, podría configurarse una respuesta institucional tan violenta o más violenta
que las mismas conductas que
se quieren reprimir. La violencia produce violencia.
Frente a esta coyuntura, las respuestas que se proponen no son uniformes; por el contrario, se escuchan
respuestas que podríamos
denominar duras, que propugnan por más penas, más policías, y más prisiones. Opuesta a esta reacción
encontramos otra respuesta, que
podríamos denominar una solución técnica, apoyada principalmente por la comunidad académica de las
ciencias penales. Hasta la fecha,
en Costa Rica encontramos una combinación de estas reacciones o propuestas. Por un lado, legislaciones
técnicamente bien elaboradas
como es el caso de la LJPJ; y por otro lado, con una respuesta punitiva dura, como es el caso de esta misma
Ley que establece penas de
prisión de hasta 15 años.
29

También encontramos respuestas exclusivamente represivas como la Ley de psicotrópicos, con penas severas
y altas de hasta 20 años de
prisión y limitaciones a la libertad provisional. Lo mismo podríamos decir de la reforma a las penas de
algunos de los delitos que
producen alarma social, como es el caso de las reformas a las penas de los delitos de homicidio, violación, y
otros delitos sexuales.
Por el contrario, también se ha producido durante el periodo en que se aprobó la LJPJ la aprobación de un
nuevo Código Procesal Penal,
que es, desde todo punto de vista, una respuesta adecuada, moderna y que aumentará la efectividad del
sistema de justicia penal
costarricense. El nuevo Código Procesal Penal se inspira en una concepción moderna del proceso, con un
modelo eminentemente
acusativo, con soluciones desjudicializadoras, como el criterio de oportunidad, la conciliación y la suspensión
del proceso a prueba, con
términos perentorios, lo que visualiza procesos realmente sumarios. Pero sobre todo, con un fuerte énfasis en
el respeto de la dignidad
humana no solo del autor o acusado sino también de la víctima o el damnificado. Y, desde luego, con un
marcado énfasis en el respeto de
las garantías procesales internacionalmente aceptadas.
La LJPJ es un cuerpo legal con normas de contenido formal, material y de ejecución. Sin embargo hay que
destacar que es una ley con un
marcado énfasis procesal. Establece un procedimiento que se inspira en los mismos principios en los que se
apoya la reforma procesal
penal de adultos; de ahí la importancia de la aprobación de esta LJPJ, y también del Código Procesal Penal.
Aunque se debe de reconocer
la especialidad de la materia y la prioridad que tienen como normas especiales las disposiciones en la LJPJ,
las cuales deben de prevalecer
con respecto a las normas procesales de adultos.
Además de este marco de reforma global en la que se encuentra la LJPJ, es necesario destacar dos proyectos
de ley que se encuentran en la
Asamblea Legislativa y forman parte de todo este movimiento de reforma; nos referimos al Proyecto de
Reforma del Código Penal22 y al
Proyecto de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles23. El primero de estos proyectos también propone
una reforma moderna y
democrática del Código Penal. Una nueva legislación penal resulta desde todo punto de vista necesaria, ya
que el actual Código Penal fue
promulgado en 1970 y en 27 años la realidad social y económica del país ha cambiado y se ha profundizado el
avance y el estudio de las
ciencias penales. En lo que se refiere al Proyecto de ejecución de las sanciones penales juveniles, es de
importancia fundamental, ya que,
se busca una regulación legal de las relaciones entre el sancionado y la administración, lo mismo que un
respeto de los derechos
fundamentales durante la fase de ejecución y formas de materializar o de cumplir realmente con los fines
educativos establecidos en la
sanción penal juvenil.
22 Ver Proyecto de Ley, expediente N° 12.681, Asamblea Legislativa.
23 Ver Proyecto de Ley, expediente N° 13.001, Asamblea Legislativa.
27
Como observamos, la LJPJ fue aprobada en un ambiente de cambio legislativo, pero la respuesta para que sea
una reacción realista y
verdaderamente efectiva no debe quedarse sólo en lo punitivo o represivo, porque es conocido que ni el delito
ni la delincuencia se
terminarán, por buenas que sean las leyes; por el contrario, lo que se requiere es mucha política social, apoyo
a los sectores económicos
más débiles y un verdadero cumplimiento de los fines educativos; esto último me parece lo más correcto, ya
que si bien no podemos
30

eliminar el delito en general, en particular en los jóvenes, con política social por lo menos podemos contener
las tasas de criminalidad, y,
aún más, podemos reducirlas; pero, para esto se requiere una política pública que procure la mayor igualdad,
justicia y tolerancia.
Otra de las fuentes formales que tuvo la aprobación de la LJPJ, fue los fallos emitidos por la Sala
Constitucional, los cuales se convirtieron
en un antecedente muy importante para la reforma.24
4.3 Resultados después de cuatro años de vigencia.
Después de cuatro años de vigencia en Costa Rica, el sistema de justicia penal juvenil ha avanzado bastante,
aunque queda mucho por
hacer. A continuación haré una anotación de cómo se han constituido cada uno de los órganos que intervienen
en el sistema de
juzgamiento.
El Ministerio Público y la Policía han tenido un gran avance en lo que es la constitución de órganos
especializados. El Ministerio Público,
actualmente cuenta con 18 fiscales, y la Policía Judicial cuenta con una unidad especializada, encargada de la
investigación de los actos
ilícitos cometidos por menores de edad. También, se cuenta con un grupo de defensores especializados en el
área de justicia penal juvenil,
que funciona en todo el país.
En el ámbito jurisdiccional, se cuenta con un Juzgado Penal Juvenil especializado en la capital de San José, y
en provincia, aún son los
jueces de familia los encargados de conocer los actos ilícitos cometidos por las personas menores de edad.
Además, se cuenta con un
Tribunal Superior Penal Juvenil, que tiene jurisdicción en todo el país.
En el ámbito de ejecución de las sanciones, se organizó un centro especializado para la atención de las
personas menores de edad
infractoras, para varones y mujeres, y se cerró el antiguo centro “Luis Felipe González”. En la ejecución de
las sanciones, es donde más se
ha reflejado el cambio. Esto por cuanto se paso de una población, de un promedio 120 personas menores de
edad privadas de libertad o
más, por año (modelo tutelar), a menos, de 50 personas privadas de libertad, en todo el país, por año (modelo
de protección integral).
A continuación presentaremos cuadros estadísticos, comparativos, que reflejan mejor lo que significa el
cambio del modelo de justicia
juvenil en Costa Rica.
Jóvenes privados de libertad en centros de detención bajo la
Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar 1994,1995,1996.25
Sexo Abs. % Abs. % Abs. %
Total 98 100% 123 100% 99 100%
Hombres 76 77.55% 105 85.36% 86 86.86%
Mujeres 22 22.44% 18 14.63% 13 13.13%
24 Sobre la influencia que tuvo la Sala Constitucional en Costa Rica, en el cambio de modelo sobre el
juzgamiento de las personas menores
de edad, véase. TIFFER, Carlos “Ley de Justicia Penal Juvenil dentro de los Modelos Teóricos de Política
Criminal y Fuentes Legales”.
En: UNICEF “De la arbitrariedad a la justicia: Adolescentes y Responsabilidad Penal en Costa Rica”, San
José- Costa Rica, p. 91-180,
2000.
25 Esta información fue tomada del Proyecto Estado de la Nación “Estado de la Nación”, informe 4, San José -
Costa Rica, 1998, p. 232 y
del Poder Judicial de Costa Rica “ Informe de Estadísticas Movimiento del Trabajo realizado por el
Ministerio Público ”, Departamento
de Planificación, Sección de Estadística, San José – Costa Rica, 2000, p. 16-17.
1995 1996 1994
28
31

Jóvenes privados de libertad en centros de detención bajo la
Ley de Justicia Penal Juvenil 1996,1997.26
Sexo Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 49 100% 53 100% 34 100% 30 100%
Hombres 43 87.75% 48 90.56% 31 91.17% 28 93.33%
Mujeres 6 12.24% 5 9.43% 3 8.82% 2 6.66%
También es muy interesante lo que sucede con los casos que llegan al sistema, por ejemplo en 1997 llegaron
7576 denuncias (100%) y
hubo 513 sentencias (6.77%), de las cuales 302 fueron condenatorias judiciales (3.98%) y 211 absolutorias
(2.78%). De esto se
desprende que llegan a juicio sólo los casos que en realidad lo ameriten. Y de estas 302 condenatorias sólo 49
fueron condenados a
internamiento en centro especializado(0.64%). 27
Abs. % Abs. % Abs. %
Denuncia 7576 100% 8383 100% 9554 100%
Sentencias dictadas 513 6.77% 360 4.29% -
Sentencias condenatorias 302 3.98% 246 2.93% 226 2.36%
Sentencias Absolutorias 211 2.78% 114 1.35% -
Sanciones Alternativas 253 3.33% 193 2.30% 192 2.00%
Sanciones privativas de
libertad en centro especializado
.
49 0.64% 53 0.63% 34 0.35%
Como se puede observar son muchas las denuncias que ingresan al sistema. Sin embargo son pocas las
sentencias condenatorias y mucho
menos el dictado de sanciones privativas de libertad. Lo que demuestra el uso de las soluciones procesales
(criterio de oportunidad) y
medidas alternativas (conciliación, suspención del proceso a prueba).
5. Comentarios Finales.
La promulgación de la nueva LJPJ, provocó en Costa Rica una nueva concepción de política criminal, por lo
menos referente al
juzgamiento de los menores de edad. Se transformó el modelo tutelar paternalista por una orientación
garantista de responsabilidad. Se
entiende al joven o adolescente como un sujeto, no sólo titular de derechos legales y sociales, sino como un
sujeto responsable por sus
actuaciones frente a la Ley penal.
La idea de la responsabilidad del joven y del adolescente está fundada en la convicción de la comprensión de
la ilicitud del hecho.
Actualmente, sería muy difícil sostener que un joven o adolescente de 12 a 18 años, tiene una incapacidad, o
una falta de madurez para
comprender la ilicitud del hecho.
Sin embargo, el juzgamiento de la comisión de un hecho delictivo cometido por un menor de edad debe ser un
asunto especializado de la
justicia penal juvenil. Por eso, desde la fase de investigación del delito, intervienen órganos como la Policía
Judicial Juvenil, un Ministerio
26 Esta información fue tomada del Poder Judicial de Costa Rica “Anuario de Estadísticas 1998”,
Departamento de Planificación, Sección
de Estadística, San José – Costa Rica, 1998, p. 140. Y del Ministerio de Justicia y Gracia “ Ejecución de las
Sanciones Penales Juveniles”,
Dirección General de Adaptación Social, Nivel Atención de la Población Penal Juvenil, San José- Costa Rica,
1999, p. 18.
27 Esta información fue tomada del Poder Judicial de Costa Rica “ Informe de Estadísticas del Movimiento del
Trabajo realizado por el
Ministerio Público ”, Departamento de Planificación, Sección de Estadística, San José – Costa Rica, 2000, p.
16-17.
1997 2000 1999 1998
32

1997 1999 1998
29
Público con fiscales especializados, una Defensa Pública, también, con defensores especializados. Se crearon
Juzgados Penales Juveniles,
así como una segunda instancia, también especializada, que es el Tribunal Superior Penal Juvenil. El principio
de especialización responde
también al mandato de los instrumentos internacionales.
Como principio básico para la intervención jurídico penal es necesaria la atribución de haber cometido o
participado en un hecho delictivo,
lo cual no estaba claramente establecido en la Ley Tutelar. Infracción que debe estar expresamente
consagrada en la Ley penal vigente en
el momento en que se cometió el hecho. De un derecho de menores caracterizado por el modelo de la
culpabilidad del autor y la
peligrosidad, se ha pasado a un derecho penal juvenil de culpabilidad por el hecho con una intervención
judicial mínima. Es decir, que
cualquier sanción debe suponer la culpabilidad, y que la sanción no debe sobrepasar (aunque puede ser
inferior) la medida de esta
culpabilidad, aquí es donde se manifiesta plenamente el principio de la racionalidad y proporcionalidad.
La Ley que hoy esta vigente, recoge las garantías procesales internacionalmente admitidas para adultos, como
por ejemplo: el principio de
legalidad, presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa, doble instancia, etc. Además de
aquellas garantías especiales que
corresponden, por la condición de jóvenes y adolescentes, como por ejemplo: trato diferencial, justicia
especializada, reducción de plazos
de internamiento y mayores beneficios institucionales que a los adultos, principio de celeridad, proceso único,
etc.
La reacción judicial ante la comisión de un hecho delictivo es denominada sanción y no medida. El derecho
penal de medidas responde a
un derecho penal de autor y de peligrosidad. Por el contrario, la sanción o pena negativa es la reacción normal
ante la comisión de un
delito. Sin embargo, la sanción tiene un fin predominantemente pedagógico. Por medio de la sanción se
procura alcanzar una meta
inconfundible: preparar al joven o adolescente para ser una persona responsable, apta para la normal
convivencia y su reinserción social.
La sanción debe de apoyarse solo en fines preventivos especiales positivos.
Sin dudas el tema de la niñez y la adolescencia que delinque trasciende lo jurídico y particularmente, el
derecho punitivo. El tema central
se encuentra quizás en el deterioro económico y social de la población, en el tipo de familias actuales y las
oportunidades que cada grupo
social tiene para el desarrollo de sus vidas en particular. En el pasado, como hemos podido constatar,
amparados en un modelo asistencial,
la delincuencia cometida por personas menores de edad y otras situaciones de pobreza, se reducía a paliar los
estados de “peligro social”
en que se encontraban los adolescentes y jóvenes en nuestro medio. Sin garantías legales esos fines se
prestaban más para los abusos de
poder que para la búsqueda de soluciones al problema del menor que delinque.
Actualmente con la vigencia de la LJPJ se ha puesto en práctica un modelo de justicia, que pretende promover
un juzgamiento y ejecución
penal garantista y mínimo. La ley ha iniciado la ideología del garantísmo para el juzgamiento de menores de
edad, que con una sana
separación de los abordajes sociales y jurídicos, ha comprobado los beneficios para los menores de edad
acusados de la comisión de un
delito.
Sin embargo, este nivel de aceptación e incorporación no ha alcanzado una plena vigencia en el ámbito
legislativo, por el contrario nos
33

encontramos algunos casos en donde pareciera que la respuesta al delito o la delincuencia es la tradicional
reacción de castigo y penas
severas.28
En Costa Rica en el ámbito legislativo se ha logrado la incorporación de institutos que promueven la
desjudicialización. Incorporamos el
criterio de oportunidad reglado que es una forma efectiva de reducir la intervención judicial. La conciliación
también fue incorporada y es
una forma excelente de desjudicialización, por cuanto se involucra a la víctima del delito con un gran
potencial educativo para el joven.
También la Ley de Justicia Penal Juvenil promueve la desjudicialización por medio de la suspención del
proceso a prueba, de una manera
amplia se posibilita al juez decidir no continuar todos los casos hasta la etapa final de juicio, en donde desde
luego aumentan las
posibilidades de una sanción. La suspención del proceso a prueba con la imposición de reglas de conducta
(órdenes de orientación y
supervisión) por un plazo determinado es una excelente oportunidad para que se continúe con el normal
desarrollo del joven. En la
mayoría de los casos los jóvenes han cumplido las condiciones y los procesos han terminado, sin necesidad de
la celebración del juicio o
debate. También la ejecución condicional de la sanción de internamiento, sin límite por los tipos de delito o
monto de la sanción permiten
al juez aplicar esta modalidad en forma amplia y convertir realmente la sanción de privación de libertad en
“última ratio.”
El pesimismo que en muchos casos reina o impera en el derecho penal de adultos por la ineficacia de las ideas
resocializadoras no debería
influir negativamente en el sistema de justicia juvenil. Por el contrario deberíamos de ser optimistas cuando se
trata del juzgamiento de
personas jóvenes, sabemos que una gran cantidad de personas jóvenes tienen un gran potencial de trabajo, de
cambio y de adaptación para
superar las condiciones negativas en que se encuentran. Negar el desarrollo de este potencial con una
reacción, respuesta tradicional o
represiva, sería enterrar la idea del mejoramiento que puede lograr toda persona, especialmente los jóvenes.
28 Este es el mismo caso de Costa Rica, en el que se estableció penas privativas de libertad de hasta 10 años para jóvenes con edades entre
12 y menos 15 años de edad, y 15
años de prisión para jóvenes con edades entre 15 y menos 18 años de edad. Ver artículo 131 Ley de Justicia Penal Juvenil.
30
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El documento Justicia Juvenil, Instrumentos Internacionales de Naciones Unidas y la Experiencia de Costa Rica,
Elaborado por: Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Consultor de UNICEF, ha sido publicado en la Serie Documentos de Trabajo
(Número 2) de UNICEF México. © UNICEF 2000
La Serie Documentos de Trabajo publicados por UNICEF México es una recopilación de textos e investigaciones sobre
temas relevantes en el campo de la infancia y los derechos de la niñez, preparados por funcionarios de UNICEF, o por
consultores externos y expertos en temas de infancia. Su objetivo es facilitar el intercambio de ideas y de enfoques
diferentes sobre un mismo tema. Los textos que aquí aparezcan pueden ser reproducidos citando siempre su fuente. Las
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opiniones expresados en esta publicación son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la opinión
de UNICEF.
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