Discriminación múltiple y discapacidad.

José María Olayo olayo.blogspot.com
Discriminación
Múltiple y
Discapacidad

Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna
persona, o tratarla como un ser inferior, o privarle
de derechos, por ciertas características físicas, por
sus ideas, por su religión, cultura, orientación sexual,
posición económica, u otros motivos aparentes.
Este menosprecio hacia el considerado “diferente”
afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos
y abusos. Una forma positiva de discriminación sería
diferenciar los grupos o personas con mayores
carencias, con el fin de ayudarlos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de 1948, proclamó en su artículo 7, la igualdad
de todos ante la ley, y el derecho a que ésta
los proteja contra toda discriminación.

En la Convención para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial celebrada por las
Naciones Unidas en 1963, se definió la discriminación
racial como: “Toda distinción, exclusión, restricción,
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje
u origen nacional o étnico que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades”.
Muchas veces identificamos la discriminación racial
solamente con las reacciones más agresivas de
rechazo racista, pero como vemos en la definición,
se manifiesta a través de otras muchas prácticas
que la sociedad tiene asumidas como normales y
que, de hecho, están provocando una desigualdad
material en determinados grupos de ciudadanos,
tener un origen étnico o unas características
culturales diferenciadas de la mayoría.

La discriminación múltiple es aquella forma de
discriminación en la que se dan dos o más motivos
de discriminación, ya sea de forma acumulativa o
Interseccional.
La discriminación supone que una persona es tratada
de forma menos favorable de lo que hubiera sido
otra en su misma situación; la discriminación
múltiple supone que dicha discriminación se
debe a diferentes motivos, un fenómeno que está
íntimamente relacionado con la circunstancia de
que las personas tenemos una identidad que se
compone de múltiples características diferenciales.

“La discriminación múltiple interseccional describe
una situación en que la coexistencia de varios motivos
de discriminación produce una forma única y nueva de
discriminación que implica que dichos motivos no
puedan analizarse de forma separada. Aquí la
discriminación se identifica con la concurrencia
de varios factores de discriminación que
interactúan de tal forma que surge de ellos
una situación discriminatoria diferente.
(…) La denominada discriminación interseccional es
probablemente el caso más claro de discriminación
múltiple pues en ella la interrelación entre los
factores de discriminación provoca que salgan
a la luz supuestos de discriminación que de
considerarse aisladamente quedarían velados”.
Alejandra de Lama Aymá
Profesora Lectora de Derecho Civil
Universidad Autónoma de Barcelona

Un informe que analiza los distintos factores que
influyen para que las personas con discapacidad sufran
situaciones de discriminación múltiple, y ofrece una
batería de propuestas que permitan orientar distintas
actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad.
Con ello, el Observatorio Estatal de la Discapacidad
pretende contribuir al cumplimiento del objetivo
operativo 1 (Combatir la discriminación múltiple
y erradicar toda forma de discriminación) del eje
estratégico C-1 (Igualdad para todas las personas)
del Plan de Acción de la Estrategia Española de
Discapacidad 2014-2020.
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf

Según el autor, en el derecho español, la discriminación ha sido definida
en términos análogos a los empleados en las dos directivas europeas
citadas por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, que llevó a cabo la transposición de
las referidas directivas a nuestro ordenamiento; en la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, LIONDAU
(derogada al haberse integrada en el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), y
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, entre otras normas jurídicas.
A grandes rasgos, pues, desde el punto de vista jurídico, la discriminación
puede ser entendida como el trato diferenciado y desfavorable hacia una
persona o grupo de personas, basado en unos determinados rasgos, motivos,
condiciones o circunstancias personales o sociales, que carece de una
justificación objetiva y razonable, y que tiene por consecuencia privarle
de los mismos derechos y oportunidades que disfrutan otras personas.

Es de destacar que la citada Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social ha definido con mayor precisión
de como lo hizo originalmente la LIONDAU lo que se ha de entender
por discriminación directa, indirecta, por asociación y acoso con
motivo o por razón de la discapacidad (art. 2, párrafos c, d, e y f:
c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona
con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra
en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o
reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto
individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un
entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar
una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de
o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan
a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta
finalidad no sean adecuados y necesarios.

e) Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo
en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a
su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.
f) Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad
de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar
contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

La discriminación múltiple.
En muchas ocasiones, la discriminación no se produce por un motivo
aislado, sino debido a la concurrencia simultánea de varios motivos.
Ocurre así porque las personas tienen una identidad compuesta por
múltiples facetas (por ejemplo, mujer, joven, soltera, inmigrante, de
religión musulmana, con discapacidad física y residente en una zona
rural) y porque la sociedad tiende a ver y tratar al individuo como un
todo que engloba esas diversas identidades. Así, una persona puede
pertenecer simultáneamente a varios grupos en desventaja, y ello
puede hacer que sufra formas agravadas y específicas de discriminación.
Esta realidad fue identificada, analizada y denominada “discriminación
múltiple” o “discriminación interseccional” por algunas estudiosas
feministas afroamericanas estadounidenses en el último tercio del
siglo XX (Rey Martínez, 2008, p. 255), en un contexto de crítica al
feminismo abanderado por las mujeres blancas, que no respondía
a las necesidades de las mujeres afroamericanas, ni reconocía
otras desigualdades aparte del género.

En la elaboración teórica del concepto de discriminación interseccional
o múltiple, cabe destacar el trabajo del grupo afroamericano feminista
Combahee River Collective, que publicó en 1977 “A Black feminist
Statement” (Un Manifiesto feminista negro), en el que señalaban la
forma en la que tanto la discriminación vivida como las estrategias de
resistencia que desarrollaban las mujeres negras estaban enraizadas
en las interrelaciones de clase, género, raza y sexualidad (Platero, 2009).
El término “interseccionalidad” comenzó a popularizarse en los ámbitos
académico y jurídico a finales de los años ochenta. Cabe destacar, en
ese sentido, un artículo de Kimberlé Crenshaw (1989) en el que analizó
críticamente algunas decisiones judiciales que, por razones procesales,
se habían negado a tomar en consideración una serie de demandas
presentadas desde una perspectiva conjunta de género y de raza.

El fundamento de su crítica era la constatación de que el racismo no
tenía los mismos efectos sobre los hombres que sobre las mujeres
negras y que tampoco éstas vivían las consecuencias del sexismo
de igual forma que las mujeres blancas.
En su análisis, Crenshaw diferenciaba entre tres niveles interconectados
de interseccionalidad: el nivel estructural, que hacía referencia a las
consecuencias del cruce de varias desigualdades (y, por tanto, de varios
sistemas de subordinación que interactúan y se amplifican mutuamente)
en la vida de las personas; el nivel político, referida a la forma en que
se contemplan estas desigualdades y cómo se abordan en los procesos de
formulación de políticas y en los instrumentos adoptados para garantizar
la igualdad, y el nivel representacional o simbólico, que explora la
construcción cultural de la identidad de los sujetos subordinados, y en
qué medida el discurso público y los medios de comunicación reproducen
las situaciones de desventaja y marginación (La Barbera, 2016).

La realidad de la discriminación múltiple y su relevancia también
han sido reconocidas en la legislación comunitaria europea, en
concreto en el párrafo 14 del preámbulo de la Directiva 2000/43/CE
sobre igualdad de trato con independencia del origen racial o étnico,
que establecía como meta la igualdad entre mujeres y hombres, “sobre
todo considerando que, a menudo, las mujeres son víctimas de
discriminaciones múltiples”, y en términos muy similares, el párrafo
3 del preámbulo de la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
Sin embargo, estas directivas abordaron en su parte dispositiva de forma
separada las distintas dimensiones de desigualdad, y no incluían ninguna
mención a la interseccionalidad.

En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres ha contemplado, según expresaba en su
Exposición de Motivos, una especial consideración de los supuestos de
doble discriminación y las singulares dificultades en que se encuentran
las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que
pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con
discapacidad, aunque en su articulado no hacía ninguna definición del
concepto de doble discriminación ni desarrollaba medidas concretas
para luchar contra ella, más allá de establecer, en su artículo 14.6,
como criterio general de actuación de los poderes públicos la
“consideración de las singulares dificultades en que se encuentran
las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las
que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las
mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas
y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los
poderes públicos podrán adoptar, igualmente medidas de acción positiva”.

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, incluye en su articulado dos
referencias a la discriminación múltiple: el apartado 4 del artículo 7
(Derecho a la igualdad), en el que establece que “las administraciones
públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas
o grupo de personas especialmente vulnerables a la discriminación
múltiple como las niñas, niños y mujeres con discapacidad, mayores
con discapacidad, mujeres con discapacidad víctimas de violencia
de género, personas con pluridiscapacidad u otras personas con
discapacidad integrantes de minorías.
El apartado 1 del artículo 67 (Medidas de acción positiva), que dispone
que “los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva en
beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser
objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación
múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades, como son
las mujeres, los niños y niñas, quienes precisan de mayor apoyo para
el ejercicio de su autonomía o para la toma libre de decisiones y las
que padecen una más acusada exclusión social, así como las personas
con discapacidad que viven habitualmente en el medio rural”.

Las políticas públicas dedican una atención creciente al fenómeno de la
discriminación múltiple. El Plan de Acción de la Estrategia Española de
Discapacidad 2014-2020 establece como uno de sus ámbitos prioritarios
de acción la lucha contra la discriminación múltiple, en concreto la
derivada de la interrelación de la discapacidad con los factores
de género, infancia y medio rural.
De hecho, el primer objetivo operativo de su primer eje estratégico
(Igualdad para todas las personas) es combatir la discriminación múltiple y
erradicar toda forma de discriminación. Este objetivo se fundamenta en la
constatación de que las personas con discapacidad son un grupo con alta
probabilidad de soportar situaciones de exclusión social motivada en parte
por los obstáculos a la participación en forma de barreras de accesibilidad
física o sensorial, legales, laborales, educativas o de actitud de las personas
a las que han de enfrentarse, y esa vulnerabilidad frecuentemente se
potencia por otros factores multiexcluyentes que tienen su origen en el
sexo, en la pertenencia a un grupo social determinado, en la edad, la etnia,
la nacionalidad, la orientación o identidad sexual o el ámbito residencial.
Es necesario, por lo tanto, actuar para contrarrestar estas situaciones y
limitar su impacto excluyente.

Evidencias sobre discriminación múltiple y discapacidad en la ECV 2016.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es una encuesta anual dirigida a
hogares, que se viene realizando sede 2004. Esta encuesta, que sucedió
al Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE), realizado durante el
periodo 1994-2001, pertenece al conjunto de operaciones estadísticas
armonizadas para los países de la Unión Europea.
Su objetivo fundamental es disponer de una fuente de referencia sobre
estadísticas comparativas de la distribución de ingresos y la exclusión
social en el ámbito europeo. Ofrece información sobre los siguientes
aspectos del nivel y condiciones de vida y cohesión social:
- Ingreso de los hogares.
- Pobreza y privación.
- Igualdad de trato del hombre y de la mujer.
- Empleo y actividad. Cuidado de niños.
- Jubilaciones, pensiones y situación socioeconómica de las personas mayores.
- Vivienda.
- Desarrollo regional. Movimientos migratorios.
- Nivel de formación, salud y efectos sobre la condición socioeconómica.

Entre los diversos indicadores de discriminación que pueden encontrarse en
la ECV, uno de los más significativos es el riesgo de pobreza o exclusión social.
Según la Estrategia Europa 2020, se consideran personas en riesgo de pobreza
o exclusión social a quienes se encuentra en alguna de las tres situaciones
que se definen a continuación:
- Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente
o por unidad de consumo).
- Personas que sufren privación material severa, apreciándose como tal el hecho
de vivir en hogares que cumplen al menos cuatro de los nueve criterios siguientes:
o No pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
o No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
o No pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
O No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).
o Han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal
(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en
los últimos 12 meses.
o No pueden permitirse disponer de un automóvil.
o No pueden permitirse disponer de teléfono.
o No pueden permitirse disponer de un televisor.
o No pueden permitirse disponer de una lavadora.
- Personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja (por debajo
del 20% del total de su potencial de trabajo en el año anterior a la entrevista).

La situación de discapacidad, apreciada a partir de las limitaciones
autopercibidas para la realización de las actividades de la vida diaria, es un
factor que se asocia claramente a una mayor probabilidad de encontrarse en
riesgo de pobreza o exclusión social: frente al 27,2% de todos los mayores de
16 años en esta situación de riesgo, y al 26,1% de quienes no tienen limitaciones
por problemas de salud para las actividades de la vida diaria, la proporción se
eleva hasta el 29,7% en el caso de las personas con limitaciones no graves y
hasta el 35,7% en el caso de las personas con limitaciones graves.
En términos relativos, la proporción de personas gravemente limitadas para
realizar las actividades de la vida diaria que se encuentran en riesgo de
pobreza o exclusión social es un 31,2% más alta que la de la población total.
En el caso de personas limitadas, pero no gravemente, para la realización de
esas actividades, la proporción de las que se encuentran en riesgo de pobreza
o exclusión social es un 9,2% más alta que la del conjunto de la población.
Por el contrario, entre quienes no tienen limitaciones, la proporción en
riesgo de pobreza o exclusión es un 4,0% más baja que la media.

El género no parece influir significativamente, cuando los datos se refieren
al conjunto de la población, en el riesgo de pobreza o exclusión social.
Lasproporciones de hombres y de mujeres en ese riesgo son, como puede
apreciarse en la Tabla 5, muy similares (27,1% de los hombres frente al
27,3% de las mujeres), y, en consecuencia, las diferencias relativas
respecto a la media, muy escasas (0,4% por debajo o por encima de
la media según se trate de hombres o de mujeres, respectivamente).
Sin embargo, cuando se asocia a la discapacidad, el género sí que tiene una
influencia perceptible en el riesgo de pobreza o exclusión: como se muestra
claramente en la Tabla 6, los varones con limitaciones son más propensos a
encontrarse en esa situación de riesgo que las mujeres con limitaciones,
llegando la diferencia relativa en el porcentaje de personas en riesgo
respecto a la media de la población a suponer el 43,2% en el caso de los
varones gravemente limitados para realizar las actividades de la vida diaria.

http://observatoriodeladiscapacidad.info/attachments/article/102/DISCRIMINACION%20MULTIPLE%20OED.pdf

Por lo que respecta a la edad, los datos de la ECV muestran que las mayores
proporciones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se dan entre
quienes tienen entre 16 y 29 años y, en menor medida, entre los comprendidos
entre los 45 y los 64 años, siendo esa proporción entre quienes tienen de 30 a
44 años similar a la del conjunto de la población, y descendiendo de forma muy
perceptible entre los mayores de 65 años.

Al asociar la edad a la discapacidad (ver Tabla 8), se constata que el riesgo
de pobreza o exclusión social se agrava significativamente en todos los
grupos de edad, y que ese agravamiento es especialmente significativo en
los grupos de edad intermedios (de 30 a 44 y de 45 a 64 años).

Los bajos niveles de estudios influyen de forma significativa, de
acuerdo con la ECV, en el riesgo de pobreza o exclusión social, que es
particularmente alto entre quienes tienen un nivel de estudios bajo
(grupos 0 a 2 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación,
ISCED, que incluye a todas aquellas personas que no han cursado más que,
como máximo, la educación secundaria obligatoria). Al asociarse a la
discapacidad, sin embargo, se percibe que el riesgo de pobreza o exclusión
social se agrava significativamente en las personas con altos niveles de
estudios (grupos 5 a 8 de la Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación, ISCED, que incluye a quienes han cursado ciclos formativos
de grado superior, grados y postgrados universitarios), y, en el caso de
personas con limitaciones graves, también entre quienes tienen un nivel
de estudios intermedio (grupos 3 y 4 del ISCED, que incluye a quienes
tienen bachillerato y certificado de profesionalidad), mientras que tiende
a reducirse, aunque muy levemente, entre las personas con discapacidad
que tienen bajos niveles de estudios.

El grado de urbanización se correlaciona negativamente con el riesgo de
pobreza o exclusión social (ver Tabla 11, de manera que la proporción de
personas en situación de riesgo es más elevada cuando menos densamente
poblada está la zona de residencia. Al asociar el grado de urbanización a la
discapacidad, se constata que el riesgo de pobreza o exclusión social se
agrava significativamente en el caso de las personas con discapacidades
severas que viven en zonas de densidad poblacional media o muy pobladas.
El hecho de tener nacionalidad extranjera, sobre todo cuando el país de
nacionalidad no es miembro de la Unión Europea, agrava de forma muy
significativa el riesgo de pobreza o exclusión social (Tabla 13). Cuando
al hecho de tener nacionalidad extranjera extracomunitaria se suma una
situación de discapacidad, el riesgo de pobreza o exclusión se incrementa
de forma dramática, hasta el punto de que más del 80% de las personas
con nacionalidad extracomunitaria y discapacidad severa se encuentran
en riesgo de pobreza o exclusión social.

El monográfico Personas con discapacidad y
discriminación múltiple en España: situación
y propuestas, editado por rel Observatorio Estatal
de la Discapacidad (OED), tiene como autor a Antonio
Jiménez Lara, quien en la introducción del mismo
explicita que buena parte de las personas con
discapacidad en España afrontan situaciones
discriminatorias que limitan su derecho a
una vida plena.
Existen factores añadidos que aumentan esta
discriminación. Así, el género, la edad, el hábitat,
el origen étnico junto con la discapacidad multiplican
la vulnerabilidad y la restricción de opciones de las
personas con discapacidad.

Cuando se analizan las combinaciones de más de dos factores
de vulnerabilidad, aparecen algunos perfiles de personas con
discapacidad en las que el riesgo de pobreza o exclusión social
es particularmente acusado, como ocurre en el caso de los
varones con discapacidades severas de edades jóvenes (entre
16 y 29 años) o entre las mujeres con discapacidades severas
de mediana edad (entre 45 y 64 años).

Conclusiones: las situaciones de discriminación múltiple que afectan
a las personas con discapacidad en España
La experiencia de discriminación múltiple no es infrecuente en las personas
con discapacidad. De acuerdo con la encuesta CIS-3000 sobre percepción
de la discriminación en España, realizada en 2013, casi seis de cada diez
personas que se han sentido discriminadas a causa de su discapacidad
han sufrido discriminación, además, por otros motivos distintos.
Las asociaciones más fuertes detectadas en esta encuesta entre la discapacidad
y otros motivos de discriminación se dan con la edad, la escasez de recursos
económicos y el aspecto físico, mientras que se detecta una asociación más
débil con el sexo, el origen étnico, la nacionalidad, las enfermedades
crónicas o infecciosas y las ideas políticas.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), cuya última aplicación se realizó
en 2016, también facilita algunos datos sobre discriminación múltiple
experimentada por personas con limitaciones para las actividades de la
vida diaria debidas a problemas de salud, un colectivo que puede asimilarse,
con algunas salvedades, al de personas con discapacidad moderada o leve.
La situación de discapacidad, apreciada a partir de las limitaciones autopercibidas
para la realización de las actividades de la vida diaria, se asocia claramente a una
mayor probabilidad de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social, sobre
todo cuando esas limitaciones son graves (en términos relativos, la proporción de
personas gravemente limitadas para realizar las actividades de la vida diaria que
se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social es un 31,2% más alta que
la de la población total). Los datos de esta encuesta permiten detectar algunos
patrones de asociación entre la discapacidad y otras variables que agravan el
riesgo de pobreza o exclusión.

Estas asociaciones son las siguientes:
- Discapacidad y género: Aunque el género no parece influir significativamente, cuando
los datos se refieren al conjunto de la población, en el riesgo de pobreza o exclusión
social, cuando se asocia a la discapacidad, el género sí que tiene una influencia
perceptible en el riesgo de pobreza o exclusión. De acuerdo con la ECV 2016, los
varones con limitaciones son más propensos a encontrarse en riesgo de pobreza
o exclusión que las mujeres con limitaciones.
- Discapacidad y edad: Los datos de la ECV 2016 muestran que las mayores proporciones
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se dan entre los 16 y 29 años y, en
menor medida, entre los 45 y los 64 años, siendo esa proporción entre quienes tienen
de 30 a 44 años similar a la del conjunto de la población, y descendiendo de forma muy
perceptible entre los mayores de 65 años. Al asociar la edad a la discapacidad, se constata
que el riesgo de pobreza o exclusión social se agrava significativamente en todos los grupos
de edad, y que ese agravamiento es especialmente significativo en los grupos de edad
intermedios (de 30 a 44 y de 45 a 64 años).

- Discapacidad y nivel educativo: Los bajos niveles de estudios influyen de forma
significativa en el riesgo de pobreza o exclusión social, que es particularmente elevado
entre quienes tienen un nivel de estudios más bajo. Al asociarse a la discapacidad, sin
embargo, se percibe que el riesgo de pobreza o exclusión social se agrava significativamente
en las personas con altos niveles de estudios y entre quienes tienen un nivel de estudios
intermedio, mientras que tiende a reducirse, aunque muy levemente, entre las personas
con discapacidad que tienen bajos niveles de estudios.
- Discapacidad y hábitat: El grado de urbanización se correlaciona negativamente con el riesgo
de pobreza o exclusión social, de manera que la proporción de personas en situación de riesgo
es más elevada cuando menos densamente poblada está la zona de residencia. Al asociar el
grado de urbanización a la discapacidad, se constata que el riesgo de pobreza o exclusión
social se agrava significativamente en el caso de las personas con discapacidades severas
que viven en zonas de densidad poblacional media o muy pobladas.
- Discapacidad y extranjería: El hecho de tener nacionalidad extranjera, sobre todo cuando
el país de nacionalidad no es miembro de la Unión Europea, agrava de forma muy significativa
el riesgo de pobreza o exclusión social. Cuando al hecho de tener nacionalidad extranjera
extracomunitaria se suma una situación de discapacidad, el riesgo de pobreza o exclusión
se incrementa de forma dramática.

La ECV 2016 también permite detectar algunos perfiles de personas en los que,
como resultado de la combinación de la discapacidad con otros dos o más factores
de vulnerabilidad, el riesgo de pobreza o exclusión social es particularmente
acusado: ocurre así, por ejemplo, en el caso de los varones con discapacidades
severas de edades jóvenes (entre 16 y 29 años) o entre las mujeres con
discapacidades severas de mediana edad (entre 45 y 64 años).
Otro de los factores que, al interrelacionarse con la discapacidad, da lugar a
experiencias de discriminación múltiple es el origen étnico.
La Encuesta FOESSA 2013 sobre integración social y necesidades sociales
(EINSFOESSA 2013) permite analizar las situaciones de discriminación que
experimentan los hogares de etnia gitana y de los hogares cuyos miembros
son ciudadanos extranjeros extracomunitarios en los que existen miembros con
discapacidad, en comparación con las que experimentan los hogares compuestos
por ciudadanos españoles o comunitarios y los hogares en los que no existen
miembros con discapacidad.

De este análisis pueden extraerse las siguientes conclusiones:
- La presencia de una discapacidad en el hogar supone un agravamiento del
riesgo de exclusión en los hogares formados mayoritariamente por españoles
o ciudadanos comunitarios y también en los formados mayoritariamente por
extranjeros de etnia no gitana, mientras que en hogares de etnia gitana ese
agravamiento solo se produce cuando en el hogar está presente alguna
discapacidad severa.
- La discapacidad, sobre todo cuando es severa, agrava significativamente la
exclusión en salud, educación, aislamiento social y, en menor medida, conflicto
social, mientras que parece asociarse a una cierta reducción de los niveles de
exclusión en empleo, consumo, participación política y vivienda.
Las evidencias empíricas acerca de las situaciones de discriminación múltiple que
afectan a las personas con discapacidad son todavía fragmentarias, aunque permiten
identificar algunas de las combinaciones de factores de vulnerabilidad que se traducen
en un incremento más perceptible del riesgo de exclusión social y pobreza. Es necesario
establecer metodologías estables de medición y desarrollar nuevas fuentes de datos que
permitan mejorar el conocimiento de los fenómenos discriminatorios.

Propuestas para combatir la discriminación múltiple
que afecta a las personas con discapacidad
- La estrategia de transversalización se ha mostrado eficaz para abordar
fenómenos complejos, como la discriminación múltiple, que requieren
un abordaje integral. Por ello, se debe incluir la discapacidad como factor
de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas
de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse
de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan
frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción
contra la discriminación por discapacidad. Asimismo, sería muy oportuno
impulsar iniciativas de cooperación entre organizaciones especializadas
en diferentes colectivos en riesgo de exclusión o discriminación.

- Se deben incluir herramientas de medición precisa de situaciones de
multidiscriminación, o de riesgo de estas situaciones, en las valoraciones
de discapacidad y dependencia.
- Con el fin de avanzar en la generación de datos que permitan disponer
de un conocimiento más preciso de las situaciones de discriminación que
afectan a las personas con discapacidad, se debe habilitar la identificación
de la discapacidad en todos los registros administrativos derivados de
intervención con colectivos en situación de discriminación y
multidiscriminación. En este empeño juegan un papel especialmente
relevante las comunidades autónomas, como administraciones competentes
en esas intervenciones.

- Se debe consolidar un marco jurídico adaptado a los desafíos específicos
derivados de las situaciones de multidiscriminación.
- Han de implementarse itinerarios personalizados de formación y empleo
ligados a los proyectos de vida de las personas con discapacidad, con
previsión y prevención de posibles escenarios de multidiscriminación.
- Debe promoverse la conciencia social acerca de los fenómenos de
multidiscriminación a través de acciones formativas, campañas
de información y sensibilización, etc.

- La consideración de las diferentes formas de discriminación y de
sus interrelaciones en las fuentes estadísticas relacionadas con
la medición de la calidad de vida y/o la exclusión social podría
proporcionar una información muy valiosa para fundamentar las
políticas públicas de lucha contra la discriminación múltiple.
- Se deben realizar estudios y seguimiento específicos sobre las
situaciones de multidiscriminación que enfrentan las mujeres
con discapacidad en diferentes contextos.

- Es necesario el desarrollo de medidas de detección y prevención
de los riesgos y de las situaciones de discriminación en contextos
y colectivos que sufren con frecuencia exclusión social y/o discriminación.
Así, por ejemplo, se deben desarrollar actuaciones dirigidas a prevenir el
progresivo deterioro de las relaciones sociales conforme avanza la edad,
que además de generar aislamiento, reduce la disponibilidad de apoyos
naturales para las personas con discapacidad que envejecen.

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http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf

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