Norma adjunta

Tipo Norma :Código DE COMERCIO
Fecha Publicación :23-11-1865
Organismo :MINISTERIO DE JUSTICIA
Título :CODIGO DE COMERCIO
Tipo Version :Ultima Version De : 01-01-2011
Inicio Vigencia :01-01-2011
Id Norma :1974
Ultima Modificación :20-OCT-2009 Ley 20382
URL :http://www.leychile.cl/N?i=1974&f=2011-01-01&p=
(Texto no Oficial)

El Presidente de la República Santiago, Noviembre 23 de 1865
Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente
CODIGO DE COMERCIO

TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes
que se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no
comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que
resulten de contratos exclusivamente mercantiles.

Art. 2° En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, se
aplicarán las disposiciones del Código Civil.
Art. 3° Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
uno de ellos:
1° La compra y permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de venderlas,
permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o
arrendamiento de estas mismas cosas.
Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a
complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no
comercial.
2° La compra de un establecimiento de comercio.
3° El arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo de subarrendarlas.
4° La comisión o mandato comercial.
5° Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas,
cafées y otros establecimientos semejantes.
6° Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables.
7° Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, las
agencias de negocios y los martillos.
8° Las empresas de espectáculos públicos, sin perjuicio de las medidas de
policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa.
9° Las empresas de seguros terrestres a prima, inclusas aquellas que aseguran
mercaderías transportadas por canales o ríos.
10 Las operaciones sobre letras de cambio, pagarés y cheques sobre documentos a
la orden, cualesquiera que sean su causa y objeto y las personas que en ella
intervengan, y las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un
contrato de cambio.
11. Las operaciones de banco, las de cambio y corretaje.
12. Las operaciones de bolsa.
13. Las empresas de construcción, carena, compra y venta de naves, sus aparejos
y vituallas.
14. Las asociaciones de armadores.
15. Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas.
16. Los fletamentos, seguros y demás contratos concernientes al comercio
marítimo.

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17. Los hechos que producen obligaciones en los casos de averías, naufragios y
salvamentos.
18. Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, capitán, oficiales
y tripulación.
19. Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y gente de mar
para el servicio de las naves.
20. Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia, como
edificios, caminos, puentes, canales, desagües, instalaciones industriales y de
otros similares de la misma naturaleza.

Art. 4° Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los
hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la
República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de
tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio.
Art. 5° No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión
entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque, sólo podrá ser probada
por alguno de estos medios:
1° Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia
de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella;
2° Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio
en que debe obrar la prueba.
Art. 6° Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido
de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o
convenciones mercantiles.
Libro I
DE LOS COMERCIANTES Y DE LOS AGENTES DEL COMERCIO

TITULO I
DE LA CALIFICACION DE LOS COMERCIANTES Y DEL
REGISTRO DEL COMERCIO

§ 1. De la calificación de los comerciantes

Art. 7° Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del
comercio su profesión habitual.

Art. 8° No es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio;
pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto.
Art. 9° DEROGADO

Art. 10. Cuando los hijos de familia y los menores que administran su peculio
profesional en virtud de la autorización que les confieren los artículos 246 y 439
del Código Civil ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados hasta
concurrencia de su peculio y sometidos a las leyes de comercio.
Art. 11. La mujer casada comerciante se regirá por lo dispuesto en el artículo
150 del Código Civil.
INCISO DEROGADO

Art. 12 DEROGADO

Art. 13. DEROGADO
Art. 14. La mujer casada no será considerada como comerciante si no hace un
comercio separado del de su marido.


Art. 15. DEROGADO

Art. 16. La mujer divorciada y la separada de bienes pueden comerciar, previo al
registro y publicación de la sentencia de divorcio y separación o de las
capitulaciones matrimoniales, en su caso, y sujetándose, además, si fueren menores
de dieciocho años, a las reglas concernientes a los menores bajo guarda.

Art. 17. DEROGADO

Art. 18. El menor comerciante puede comparecer en juicio por sí solo en todas
las cuestiones relativas a su comercio.

Art. 19. Los contratos celebrados por personas a quienes esté prohibido por las
leyes el ejercicio del comercio, no producen acción contra el contratante capaz;
pero confieren a éste derecho para demandar a su elección la nulidad o cumplimiento
de ellos, a menos que se pruebe que ha procedido de mala fe.
2. Del registro del comercio
Art. 20. En la cabecera de cada departamento se llevará un registro en que se
anotarán todos los documentos que según este Código deben sujetarse a
inscripción.

Art. 21. Las reglas y formalidades relativas a la organización del registro del
comercio, a los deberes y funciones del secretario encargado de él y a la forma y
solemnidad de las inscripciones, se determinarán en un reglamento especial.

TITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES
§ 1. De la inscripción de documentos

Art. 22 En el registro del comercio se tomará razón en extracto y por orden de
números y fechas de los siguientes documentos:
1° De las capitulaciones matrimoniales, el pacto de separación de bienes a que
se refiere el artículo 1723 del Código Civil, inventarios solemnes, testamentos,
actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de donación,
venta, permuta, u otras de igual autenticidad que impongan al marido alguna
responsabilidad a favor de la mujer;
2° De las sentencias de divorcio o separación de bienes y de las liquidaciones
practicadas para determinar las especies o cantidades que el marido deba entregar a
su mujer divorciada o separada de bienes;
3° De los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está
bajo la potestad del padre, madre o guardador;
4° De las escrituras de sociedad, sea ésta colectiva, en comandita o anónima,
y de las en que los socios nombraren gerente de la sociedad en liquidación;
5° De los poderes que los comerciantes otorgaren a sus factores o dependientes
para la administración de sus negocios.

Art. 23. La toma de razón de los documentos especificados en el artículo
anterior deberá todo comerciante hacerla efectuar dentro del término de quince
días, contados, según el caso, desde el día del otorgamiento del documento sujeto
a inscripción, o desde la fecha en que el marido, padre, madre o guardador principie
a ejercer el comercio.

Art. 24. Las escrituras sociales y los poderes de que no se hubiere tomado
razón, no producirán efecto alguno entre los socios, ni entre el mandante y
mandatario; pero los actos ejecutados o contratos celebrados por los socios o
mandatarios surtirán pleno efecto respecto de terceros.
§ 2. De la contabilidad mercantil


Art. 25. Todo comerciante está obligado a llevar para su contabilidad y
correspondencia:
1° El libro diario;
2° El libro mayor o de cuentas corrientes;
3° El libro de balances;
4° El libro copiador de cartas.

Art. 26. Los libros deberán ser llevados en lengua castellana.

Art. 27. En el libro diario se asentarán por orden cronológico y día por día
las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, expresando detalladamente el
carácter y circunstancias de cada una de ellas.
Art. 28. Llevándose libro de caja y de facturas, podrá omitirse en el diario el
asiento detallado, tanto de las cantidades que entraren, como de las compras, ventas
y remesas de mercaderías que el comerciante hiciere.
Art. 29. Al abrir su giro, todo comerciante hará en el libro de balances una
enunciación estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos
sus créditos activos y pasivos.
Al fin de cada año formará en este mismo libro un balance general de todos sus
negocios, bajo las responsabilidades que se establecen en el Libro IV de este
Código.
Art. 30. Los comerciantes por menor llevarán un libro encuadernado, forrado y
foliado, y en él asentarán diariamente las compras y ventas que hagan tanto al
fiado como al contado.
En este mismo libro formarán al fin de cada año un balance general de todas las
operaciones de su giro.
Se considera comerciante por menor al que vende directa y habitualmente al
consumidor.

Art. 31. Se prohíbe a los comerciantes:
1° Alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones descritas;
2° Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos;
3° Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos;
4° Borrar los asientos o parte de ellos;
5° Arrancar hojas, alterar la encuardenación y foliatura y mutilar alguna parte
de los libros.
Art. 32. Los errores y omisiones que se cometieren al formar un asiento se
salvarán en otro nuevo en la fecha en que se notare la falta.
Art. 33. El comerciante que oculte alguno de sus libros, siéndole ordenada la
exhibición, será juzgado por los asientos de los libros de su colitigante que
estuvieren arreglados, sin admitírsele prueba en contrario.
Art. 34. Los libros que adolezcan de los vicios enunciados en el artículo 31 no
tendrán valor en juicio a favor del comerciante a quien pertenezcan, y las
diferencias que le ocurran con otro comerciante por hechos mercantiles, serán
decididas por los libros de éste, si estuvieren arreglados a las disposiciones de
este Código y no se rindiere prueba en contrario.
Art. 35. Los libros de comercio llevados en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 31, hacen fe en las causas mercantiles que los comerciantes agiten entre
sí.
Art. 36. Si los libros de ambas partes estuvieren en desacuerdo, los tribunales
decidirán las cuestiones que ocurran según el mérito que suministren las demás
pruebas que se hayan rendido.
Art. 37. Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por lo que constare de los
libros de su contendor, y éste se niega a exhibirlos sin motivo bastante en concepto
de los juzgados de comercio, podrán los mismos juzgados deferir el juramento
supletorio a la parte que ha exigido la exhibición.
Art. 38. Los libros hacen fe contra el comerciante que los lleva, y no se le


admitirá prueba que tienda a destruir lo que resultare de sus asientos.
Art. 39. La fe de los libros es indivisible, y el litigante que aceptare en lo
favorable los asientos de los libros de su contendor, estará obligado a pasar por
todas la enunciaciones adversas que ellos contengan.
Art. 40. Los libros auxiliares no hacen prueba en juicio independientemente de
los que exige el artículo 25; pero si el dueño de éstos los hubiere perdido sin su
culpa, harán prueba aquellos libros con tal que hayan sido llevados en regla.
Art. 41. Se prohíbe hacer pesquisas de oficio para inquirir si los comerciantes
tienen o no libros, o si están o no arreglados a las prescripciones de este Código.
Art. 42. Los tribunales no pueden ordenar de oficio, ni a instancia de parte, la
manifestación y reconocimiento general de los libros, salvo en los casos de
sucesión universal, comunidad de bienes, liquidación de las sociedades legales o
convencionales y quiebras.
Art. 43. La exhibición parcial de los libros de alguno de los litigantes podrá
ser ordenada a solicitud de parte o de oficio.
Verificada la exhibición, el reconocimiento y compulsa serán ejecutados en el
lugar donde los libros se llevan y a presencia del dueño o de la persona que él
comisione, y se limitarán a los asientos que tengan una relación necesaria con la
cuestión que se agitare, y a la inspección precisa para establecer que los libros
han sido llevados con la regularidad requerida.
Sólo los jueces de comercio son competentes para verificar el reconocimiento de
los libros.
Art. 44. Los comerciantes deberán conservar los libros de su giro hasta que
termine de todo punto la liquidación de sus negocios.
La misma obligación pesa sobre sus herederos.
§ 3. De la correspondencia

Art. 45. Los comerciantes deberán dejar copia íntegra y a la letra de todas las
cartas que escribieren sobre negocios de su giro en el libro destinado a este
objetivo.

Art. 46. Las cartas se pondrán en el libro copiador unas en pos de otras, sin
dejarse blancos, y guardándose el orden de sus fechas.
Art. 47. Los juzgados de comercio pueden decretar de oficio, o a instancia de
parte, la exhibición de las cartas originales que tengan relación con el asunto
litigioso, y ordenar que se compulsen de los libros respectivos las de igual clase
que se hayan dirigido los litigantes.
En uno y otro caso se designarán previa y determinadamente las cartas que deban
exhibirse o copiarse.
Título III
DE LOS CORREDORES

Art. 48. Los corredores son oficiales públicos instituidos por la ley para
dispensar su mediación asalariada a los comerciantes y facilitarles la conclusión
de sus contratos.

Art. 49. En las plazas de comercio que designare el Presidente de la República
habrá un número fijo de corredores, proporcionado a su población y a la extensión
de su tráfico.
El número será fijado por reglamentos particulares.
Art. 50. Los corredores serán nombrados por el Presidente de la República a
propuesta en terna de los juzgados de comercio.
En los distritos donde hubiere dos o más juzgados que conozcan de asuntos
mercantiles, la propuesta se hará por el que estuviere de turno al tiempo de la
creación de la plaza o de su vacante.
Art. 51. Para formar la terna los juzgados de comercio convocarán a concurso, y


las personas que quieran tomar parte en él deberán acreditar de una manera
fehaciente su aptitud legal y moral, y la posesión de los conocimientos necesarios
para el exacto desempeño de las funciones de corredor.
Art. 52. Antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, los corredores
prestarán ante el respectivo juzgado de comercio juramento de desempeñar fiel y
lealmente el cargo, y rendirán una fianza para responder de las condenaciones que se
pronunciaren contra ellos por hechos relativos al desempeño de su profesión.
Art. 53. La fianza de los corredores será de uno a cinco escudos.
El Presidente de la República designará la cantidad de la fianza, según la
importancia de las plazas de comercio donde los corredores deban desempeñar sus
funciones.
Art. 54. Si de cualquier modo llegare a noticia del juzgado de comercio que la
fianza del corredor se halla disminuida o agotada, le ordenará que la reponga dentro
de treinta días; y si el corredor no lo hiciere, se declarará vacante el destino.
Art. 55. No pueden ser corredores:
1° Los que tienen prohibición de comerciar;
2° Los menores de veintiún años;
3° Los que han sido destituidos de este cargo;
4° Los que hubieren sido condenados a pena aflictiva o infamante.

Art. 56. Los corredores están obligados:
1° A responder de la identidad de las personas que contrataren por su intermedio
y a asegurarse de su capacidad legal.
Interviniendo en contratos celebrados por personas incapaces, responderán de los
perjuicios que resultaren directamente de la incapacidad.
2° A ejecutar por sí mismos las negociaciones que se les encomendaren.
3° A llevar un registro encuadernado y foliado, en el cual asentarán día a
día, por el orden de fechas, en numeración progresiva, sin raspaduras,
interlineaciones, notas marginales, abreviaturas o cifras, todas las compraventas,
seguros, préstamos a la gruesa, fletamentos, y en general todas las operaciones
ejecutadas por su mediación.
No pudiendo hacer por sí mismos los asientos, les será permitido ejecutarlos,
bajo su responsabilidad, por medio de un dependiente, y a condición de rubricarlos
al margen.
4° A llevar un libro manual en el cual consignarán los nombres y domicilios de
los contratantes, la materia del contrato y las condiciones con que se hubiere
celebrado.
Los asientos se harán en el caso de ajustarse las operaciones.
Siempre que negociaren letras de cambio, deberán asentar sus fechas, términos y
vencimientos, las plazas sobre que estén giradas, los nombres del librador,
endosantes y pagador, los del último cedente y tomador, y el cambio convenido entre
éstos.
5° A recoger del cedente los documentos de comercio que hubieren negociado y
entregarlos al tomador, de quien recibirán el precio para llevarlo al cedente.
6° A entregar a cada uno de los interesados, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la conclusión del negocio, un extracto firmado por ellos y por los
mismos interesados del asiento que hubieren verificado en su registro. Este extracto
firmado por las partes hace fe del contrato.
7° A presentar su registro y manual a los tribunales o jueces árbitros, siempre
que fueren requeridos al efecto.
Art. 57. Se prohíbe a los corredores ejecutar operaciones de comercio por su
cuenta o tomar interés en ellas, bajo nombre propio o ajeno, directa o
indirectamente; y también desempeñar en el comercio el oficio de cajero, tenedor de
libros o dependiente, cualquiera que sea la denominación que llevaren.
Art. 58. Se les prohíbe asimismo:
1° Exigir o recibir salarios superiores a los designados en los aranceles
respectivos.
2° Dar certificaciones sobre hechos que no consten de los asientos de sus
registros.
Podrán sin embargo declarar, en virtud de orden de tribunal competente y no de
otro modo, lo que hubieren visto o entendido en cualquier negocio.
Art. 59. Los corredores que no cumplieren con las obligaciones que les impone
este Código, o que ejecutaren alguno de los actos que les están prohibidos, podrán


ser suspendidos o destituidos de su oficio discrecionalmente por los juzgados de
comercio.
Art. 60. Los registros de los corredores no prueban la verdad del contrato a que
ellos se refieren; pero estando las partes de acuerdo acerca de la existencia de
éste, se estará para determinar su carácter y condiciones a lo que conste de los
mismos registros.
Art. 61. Las minutas que entregaren a sus clientes y las que se dieren
recíprocamente, en los casos en que dos o más corredores concurrieren a la
celebración de un negocio por comisión de diversas personas, hacen prueba contra el
corredor que las suscribe.
Art. 62. Los libros de los corredores que cesaren en su oficio serán recogidos
por los secretarios de los juzgados de comercio y depositados en la secretaría.
Art. 63. La responsabilidad de los corredores por razón de las operaciones de su
oficio prescribe en dos años, contados desde la fecha de cada una de éstas.
Art. 64. Las quiebras de los corredores se presumen fraudulentas.
Art. 65. Los corredores no están obligados personalmente a cumplir los contratos
celebrados por su mediación ni a garantir la solvencia de sus clientes, salvas las
excepciones establecidas en este Código respecto de las negociaciones de efectos
públicos.
Art. 66. Un reglamento especial, dictado por el Presidente de la República,
fijará los derechos de corretaje.
Art. 67. Los corredores encargados de comprar o vender efectos públicos quedan
personalmente obligados a pagar el precio de la compra o hacer la entrega de los
efectos vendidos, y en caso alguno se les admitirá la excepción de falta de
provisión.
Art. 68. Bajo la denominación de efectos públicos se comprenden:
1° Los títulos de créditos contra el Estado reconocidos como negociables;
2° Los de establecimientos públicos y empresas particulares autorizadas para
crearlos y hacerlos circular;
3° Los emitidos por los gobiernos extranjeros, siempre que su negociación no se
encuentre prohibida.
Art. 69. El que ha empleado un corredor para comprar o vender efectos públicos
sólo tiene acción contra el corredor que ha empleado.
Art. 70. El corredor no puede compensar las sumas que recibiere para comprar
efectos públicos, ni el precio que se le entregare de los vendidos por él, con las
cantidades que le deba su cliente, comprador o vendedor.
Art. 71. El corredor es responsable de la autenticidad de la última firma de los
documentos que negociare.
Cesa esta responsabilidad cuando los interesados han tratado directamente entre
sí y el corredor ha intervenido en la negociación como simple intermediario.
Art. 72. Es también responsable de la legitimidad de los efectos públicos al
portador, negociados por su mediación. Pero si los documentos no tienen signos
externos y visibles por los que pueda establecerse su identidad, no es responsable.
Art. 73. El corredor que intervenga en la venta de mercaderías está obligado:
1° A expresar la calidad, cantidad y precio de la cosa vendida, el lugar y
época de la entrega, y la forma en que deba pagarse el precio;
2° A asistir a la entrega de las que se hubieren vendido con su intervención,
siempre que al efecto sea requerido por alguno de los contratantes.
Art. 74. El corredor no garantiza la cantidad de las mercaderías vendidas ni su
calidad, aun cuando éstas no resulten conformes con las muestras que hubiere
exhibido al comprador, salvo el caso de mala fe.
Art. 75. El corredor no puede demandar a su nombre el precio de las mercaderías
vendidas por su intermedio, ni reivindicarlas por falta de pago.
Sin embargo, si el corredor obrare como comisionista, quedará sujeto a todas las
obligaciones y podrá ejecutar todos los derechos que nazcan del contrato.


Art. 76. El carácter de intermediario no inhabilita al corredor para desempeñar
las funciones de mandatario del vendedor y recibir como tal el precio de las
mercaderías vendidas por su mediación.
Art. 77. El corredor a quien su cliente entregare un documento de comercio
endosado con la cláusula valor recibido al contado, se entiende constituido
mandatario para el efecto de recibir el precio y libertar válidamente al comprador.
Art. 78. En materia de seguros las funciones de los corredores son: intervenir en
la realización de los contratos de seguros marítimos o fluviales, redactar las
pólizas a prevención con los escribanos públicos, autorizar las ejecutadas entre
las partes, y certificar previamente la tasa de las primas en todos los viajes por
mar, ríos y canales navegables.
En los asientos que hicieren en conformidad al número 3° del artículo 56,
expresarán los nombres de los contratantes, la cosa asegurada, el valor que se le
hubiere fijado, el lugar de la carga y descarga, la prima estipulada, el nombre del
buque, su matrícula, pabellón y porte, y el nombre del capitán que lo mandare.
Art. 79. En las operaciones de corretaje marítimo los corredores deberán
asentar en el registro de que habla el número 3° del artículo 56 los contratos de
fletamento en que intervinieren, expresando los nombres del capitán y fletador,
nombre, pabellón, matrícula y porte del buque, el puerto de carga y descarga, el
flete, los efectos del cargamento, las estadías convenidas y el plazo fijado para
principiar y concluir la carga.
Deberán asimismo conservar un ejemplar de las cartas de los fletamentos
ajustados por su intermedio.
Art. 80. Sólo los corredores titulados tendrán el carácter de oficiales
públicos. Sin embargo, podrá ejercer la correduría cualquiera persona que no se
halle incluida en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 55.
TITULO IV
DE LOS MARTILLEROS

DEROGADO

Libro II
DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES
MERCANTILES EN GENERAL

Título IX
§ 1. De la constitución, forma y efectos de
los contratos y obligaciones

Art. 96. Las prescripciones del Código Civil relativas a las obligaciones y
contratos en general son aplicables a los negocios mercantiles, salvas las
modificaciones que establece este Código.

Art. 97. Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la
respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por
la persona a quien se dirigiere; y no mediando tal aceptación, queda el proponente
libre de todo compromiso.
Art. 98. La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro
de veinticuatro horas, si la persona a quien se ha dirigido residiere en el mismo
lugar que el proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso.
Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando
hubiere sido aceptada.
En caso de aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo
responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación.
Art. 99. El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de
la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar


contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o
de transcurrido un determinado plazo.
El arrepentimiento no se presume.
Art. 100. La retractación tempestiva impone al proponente la obligación de
indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiere
hecho, y los daños y perjuicios que hubiere sufrido.
Sin embargo, el proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar,
cumpliendo el contrato propuesto.
Art. 101. Dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la
propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos
legales, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o
incapacidad legal del proponente.

Art. 102. La aceptación condicional será considerada como una propuesta.
Art. 103. La aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las
mismas reglas que la expresa.
Art. 104. Residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá
celebrado el contrato, para todos sus efectos legales, en el de la residencia del que
hubiere aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada.
Art. 105. Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas
de precios corrientes, prospectos, o en cualquiera otra especie de anuncios impresos,
no son obligatorias para el que las hace.
Dirigidos los anuncios a personas determinadas, llevan siempre la condición
implícita de que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos
ofrecidos, de que no hayan sufrido alteración en su precio, y de que existan en el
domicilio del oferente.
Art. 106. El contrato propuesto por el intermedio de corredor se tendrá por
perfecto desde el momento en que los interesados aceptaren pura y simplemente la
propuesta.
Art. 107. La dación de arras no importa reserva del derecho de arrepentirse del
contrato ya perfecto, a menos que se hubiere estipulado lo contrario.
Art. 108. La oferta de abandonar las arras o de devolverlas dobladas no exonera a
los contratantes de la obligación de cumplir el contrato perfecto o de pagar daños
y perjuicios.
Art. 109. Cumplido el contrato o pagada una indemnización, las arras serán
devueltas, sea cual fuere la parte que hubiere rehusado el cumplimiento del contrato.
Art. 110. En la computación de los plazos de días, meses y años, se
observarán las reglas que contienen los artículos 48 y 49 del Código Civil, a no
ser que la ley o la convención dispongan otra cosa.
Art. 111. La obligación que vence en día domingo o en otro día festivo, es
pagadera al siguiente.
La misma regla se aplicará a las obligaciones que venzan los días Sábado de
cada semana y 31 de diciembre de cada año.

Art. 112. No se reconocen términos de gracia o uso que difieran el cumplimiento
de las obligaciones más allá del plazo que señale la convención o la ley.
Art. 113. Todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos
celebrados en país extranjero y cumplideros en Chile, son regidos por la ley
chilena, en conformidad a lo que se prescribe en el inciso final del artículo 16 del
Código Civil.
Así la entrega y pago, la moneda en que éste deba hacerse, las medidas de toda
especie, los recibos y su forma, las responsabilidades que imponen la falta de
cumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío, y cualquiera otro acto relativo
a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a las disposiciones de las
leyes de la República, a menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa.
Art. 114. Siempre que en los contratos enunciados en el inciso primero del


anterior artículo se estipule que el pago deba hacerse en las monedas o medidas
legales del lugar donde fueren celebrados, serán éstas reducidas por convenio de
las partes, o a juicio de peritos, a las monedas o medidas legales de Chile al tiempo
del cumplimiento.
La misma regla será aplicada cuando en los contratos celebrados en Chile se
estipulare que la entrega o pago haya de hacerse en medidas o monedas extranjeras.

Art. 115. Cuando las partes se refieran a medidas desautorizadas por la ley,
serán obligatorias las usadas en el lugar donde deba cumplirse el contrato.
Art. 116. Si antes del vencimiento del plazo fueren excluidas de la circulación
las piezas de moneda a que se refiera la obligación, el pago se hará en las monedas
corrientes al tiempo del cumplimiento del contrato según el valor legal que éstas
tuvieren.
Art. 117. El acreedor no está obligado a aceptar el pago antes del vencimiento
de la obligación.
Art. 118. Ninguna persona, con excepción del Fisco, sus reparticiones y demás
instituciones públicas, de las empresas estatales y del Banco Central de Chile,
está obligada a recibir en pago y de una sola vez más de cincuenta monedas de cada
tipo de las que se acuñen en el país.
Las monedas cortadas, perforadas, corroídas o deterioradas en cualquiera forma
en que no sea visible la acuñación, perderán su carácter de moneda legal.

Art. 119. El deudor que paga tiene derecho a exigir un recibo, y no está
obligado a contentarse con la devolución o entrega del título de la deuda.
El recibo prueba la liberación de la deuda.
Art. 120. El finiquito de una cuenta hará presumir el de las anteriores, cuando
el comerciante que lo ha dado arregla sus cuentas en períodos fijos.
Art. 121. El acreedor que tiene varios créditos vencidos contra un deudor, puede
imputar el pago a cualquiera de las deudas, cuando el deudor no hubiere hecho la
imputación al tiempo de hacer el pago.
Art. 122. El comerciante que al recibir una cuenta paga o da finiquito, no pierde
el derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas
duplicadas u otros vicios que aquélla contenga.
Art. 123. DEROGADO

Art. 124. DEROGADO

Art. 125. Si se dieren en pago documentos al portador, se causará novación si
el acreedor al recibirlos no hubiere hecho formal reserva de sus derechos para el
caso de no ser pagados.

Art. 126. No hay rescisión por causa de lesión enorme en los contratos
mercantiles.
§ 2. De la prueba de los contratos y obligaciones
Art. 127. Las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los
comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aun fuera de los casos que
enumera el artículo 1703 del Código Civil.

Art. 128. La prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles, cualquiera
que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar, salvo los
casos en que la ley exija escritura pública.
Art. 129. Los juzgados de comercio podrán, atendidas las circunstancias de la
causa, admitir prueba testimonial aun cuando altere o adicione el contenido de las
escrituras públicas.


Título II
DE LA COMPRAVENTA

§ 1. De la cosa vendida

Art. 130. En la venta de una cosa que se tiene a la vista y es designada al
tiempo del contrato sólo por su especie, no se entiende que el comprador se reserva
la facultad de probarla.
Esta disposición no es extensiva a las cosas que se acostumbra comprar al gusto.

Art. 131. Cuando el comprador de una cosa a la vista se reserva expresamente la
prueba sin fijar plazo para hacerla, la compra se reputa verificada bajo condición
suspensiva potestativa durante el término de tres días.
Este término se contará desde el día en que el vendedor requiera al comprador
para que verifique la prueba, y si el comprador no la hiciere dentro de él, se
tendrá por desistido del contrato.
Art. 132. Siempre que la cosa vendida a la vista sea de las que se acostumbra
comprar al gusto, la reserva de la prueba se presume, y esta prueba implica la
condición suspensiva de si la cosa fuere sana y de regular calidad.
Art. 133. Si el contrato determina simultáneamente la especie y la calidad de la
cosa que se vende a la vista, se entiende que la compra ha sido hecha bajo la
condición suspensiva casual de que la cosa sea de la especie y calidad convenidas.
Si al tiempo de entregarse la cosa que ha sido materia del contrato, el comprador
pretendiere que su especie y calidad no son conformes, con la especie y calidad
estipuladas, la cosa será reconocida por peritos.
Art. 134. La compra por orden de una cosa designada sólo por su especie, y que
el vendedor debe remitir al comprador, implica de parte de éste la facultad de
resolver el contrato, si la cosa no fuere sana y de regular calidad.
Siendo la cosa designada a la vez por su especie y calidad, el comprador tendrá
también la facultad de resolver el contrato si la cosa no fuere de la calidad
estipulada.
Habiendo desacuerdo entre las partes en los dos casos propuestos, se ordenará
que la cosa sea reconocida por peritos.
Art. 135. Cuando la compra fuere ejecutada sobre muestras, lleva implícita la
condición de resolverse el contrato si las mercaderías no resultaren conformes con
las muestras.
Art. 136. Vendida una cosa durante su transporte por mar, tierra, ríos o canales
navegables, el comprador podrá disolver el contrato toda vez que la cosa no fuere de
recibo o de la especie y calidad convenidas.
Art. 137. Comprada y expedida por orden la cosa vendida bajo condición de
entregarla en lugar determinado, se entiende que la compra ha sido verificada bajo la
condición suspensiva casual de que la cosa llegue a su destino.
Cumplida la condición, el comprador no podrá disolver el contrato, salvo que la
cosa no fuere de recibo o de la especie y calidad estipuladas.
Art. 138. La compra de un buque o de cualquier otro objeto que no existe y se
supone existente, no vale.
Pero si tal compra fuere hecha tomando en cuenta los riesgos que corre el objeto
vendido, el contrato se reputará puro, si al celebrarlo ignoraba el vendedor la
pérdida de este objeto.
§ 2. Del precio

Art. 139. No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en
la manera de determinarlo; pero si la cosa vendida fuere entregada, se presumirá que
las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y lugar en que se
hubiere celebrado el contrato.
Habiendo diversidad de precios en el mismo día y lugar, el comprador deberá
pagar el precio medio.
Esta regla es también aplicable al caso en que las partes se refieran al precio
que tenga la cosa en un tiempo y lugar diversos del tiempo y lugar del contrato.


Art. 140. Si el tercero a quien se ha confiado el señalamiento del precio no lo
señalare, sea por el motivo que fuere, y el objeto vendido hubiere sido entregado,
el contrato se llevará a efecto por el que tuviere la cosa el día de su
celebración y en caso de variedad de precios, por el precio medio.
Art. 141. En el caso de compra de mercaderías por el precio que otro ofrezca, el
comprador, en el acto de ser requerido por el vendedor, podrá o llevarla a efecto o
desistir de ella. Pasados tres días sin que el vendedor requiera al comprador, el
contrato quedará sin efecto.
Pero si el vendedor hubiere entregado las mercaderías, el comprador deberá
pagar el precio que aquéllas tuvieren el día de la entrega.
§ 3. De los efectos del contrato de venta
Art. 142. La pérdida, deterioro o mejora de la cosa, después de perfeccionado
el contrato, son de cuenta del comprador, salvo el caso de estipulación en
contrario, o de que la pérdida o deterioro hayan ocurrido por fraude o culpa del
vendedor o por vicio interno de la cosa vendida.

Art. 143. Aunque la pérdida o deterioro sobrevinientes a la perfección del
contrato provengan de caso fortuito, serán de cargo del vendedor:
1° Cuando el objeto vendido no sea un cuerpo cierto y determinado, con marcas,
números o cualesquiera otras señales que establezcan su identidad y lo diferencien
de otro de la misma especie;
2° Si teniendo el comprador, por la convención, el uso o la ley, la facultad de
examinar y probar la cosa, pereciere ésta o se deteriorare antes que el comprador
manifieste quedar contento con ella;
3° Cuando las mercaderías, debiendo ser entregadas por peso, número o medida,
perecieren o se deterioraren antes de pesarse, contarse o medirse, a no ser que
fueren compradas a la vista y por un precio alzado, o que el comprador hubiere
incurrido en mora de concurrir al peso, numeración o medida.
Esta regla se aplicará también a la venta alternativa de dos o más cosas
fungibles que deban ser entregadas por número, peso o medida;
4° Siempre que la venta se hubiere verificado a condición de no entregarse la
cosa hasta vencido un plazo determinado, o hasta que se encuentre en estado de ser
entregado con arreglo a las estipulaciones del contrato;
5° Si estando dispuesto el comprador a recibir la cosa, el vendedor incurriere
en mora de entregarla, a no ser que hubiera debido perecer igualmente en poder del
comprador si éste la hubiera recibido;
6° Si en las obligaciones alternativas pereciere fortuitamente una de las cosas
vendidas.
Pereciendo las dos, y una de ellas por hecho del vendedor, éste deberá el
precio corriente de la última que pereció, siempre que le corresponda la elección.
Si la elección no perteneciere al vendedor, y una de las cosas hubiere perecido
por caso fortuito, el comprador deberá contentarse con la que exista; mas si hubiere
perecido por culpa del vendedor, podrá exigir la entrega de la existente o el precio
de la perdida.
§ 4. De las obligaciones del vendedor y comprador
Art. 144. Perfeccionado el contrato, el vendedor debe entregar las cosas vendidas
en el plazo y lugar convenidos.
No estando señalado el plazo, el vendedor deberá tener las mercaderías
vendidas a disposición del comprador dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la celebración del contrato.
A falta de designación de lugar para la entrega, se hará en el lugar donde
existían las mercaderías al tiempo de perfeccionarse la compraventa.

Art. 145. Si las mercaderías vendidas no hubieren sido individualizadas, el
vendedor cumplirá su obligación entregándolas sanas y de regular calidad.
Art. 146. En el acto de la entrega puede el vendedor exigir del comprador el
reconocimiento íntegro de la calidad y cantidad de las mercaderías.
Si el comprador no hiciere el reconocimiento, se entenderá que renuncia todo
ulterior reclamo por falta de cantidad o defecto de calidad.
Art. 147. Si en el tiempo medio entre la fecha del contrato y el momento de la


entrega hubieren decaído las facultades del comprador, el vendedor no estará
obligado a entregar la cosa vendida, aun cuando haya dado plazo para el pago del
precio, si no se rindiere fianza que le dé una seguridad satisfactoria.
Art. 148. El envío de las mercaderías hecho por el vendedor al domicilio del
comprador o a cualquiera otro lugar convenido, importa la tradición efectiva de
ellas.
El envío no implicará entrega cuando fuera efectuado sin ánimo de transferir
la propiedad, como si el vendedor hubiese remitido las mercaderías a un
consignatario con orden de no entregarlas hasta que el comprador pague el precio o
dé garantías suficientes.
Art. 149. La entrega de la cosa vendida se entiende verificada:
1° Por la transmisión del conocimiento, carta de porte o factura en los casos
de venta de mercaderías que vienen en tránsito por mar o por tierra;
2° Por el hecho de fijar su marca el comprador, con consentimiento del vendedor,
en las mercaderías compradas;
3° Por cualquier otro medio autorizado por el uso constante del comercio.
Art. 150. Mientras que el comprador no retire y traslade las mercaderías, el
vendedor es responsable de su custodia y conservación hasta el dolo y culpa lata.
Art. 151. Estando las mercaderías en poder del vendedor, aunque sea por vía de
depósito, éste podrá retenerlas hasta el entero pago del precio y los intereses
correspondientes.
Art. 152. Si después de perfeccionada la venta el vendedor consume, altera, o
enajena y entrega a otro las mercaderías vendidas, deberá entregar al comprador
otras equivalentes en especie, calidad y cantidad, o en su defecto abonarle su valor
a juicio de peritos, con indemnización de perjuicios.
Art. 153. Rehusando el comprador, sin justa causa, la recepción de las
mercaderías compradas, el vendedor podrá solicitar la rescisión de la venta con
indemnización de perjuicios, o el pago del precio con los intereses legales,
poniendo las mercaderías a disposición del juzgado de comercio para que ordene su
depósito y venta en martillo por cuenta del comprador.
El vendedor podrá igualmente solicitar el depósito siempre que el comprador
retardare la recepción de las mercaderías; y en este caso serán de cargo del
último los gastos de traslación de las mercaderías al depósito y de su
conservación en él.
Art. 154. El vendedor está obligado a sanear las mercaderías vendidas y a
responder de los vicios ocultos que contengan conforme a las reglas establecidas en
el título De la compraventa del Código Civil.
Las acciones redhibitorias prescribirán por el lapso de seis meses contados
desde el día de la entrega real de la cosa.
Art. 155. Puesta la cosa a disposición del comprador, y dándose éste por
satisfecho de ella, deberá pagar el precio en el lugar y tiempo estipulados.
No habiendo término ni lugar señalados para el pago del precio, el comprador
deberá hacerlo en el lugar y tiempo de la entrega, y no podrá exigir que ésta se
efectúe sino pagando el precio en el acto.
Art. 156. No entregando el vendedor dentro del plazo estipulado las mercaderías
vendidas, el comprador podrá solicitar el cumplimiento o la rescisión del contrato,
y en uno u otro caso la reparación de los perjuicios que hubiere sufrido.
Art. 157. El comprador que contratare en conjunto una determinada cantidad de
mercaderías, no está obligado a recibir una porción de ellas bajo promesa de que
se le entregará posteriormente lo restante.
Pero si el comprador aceptare las entregas parciales, la venta se tendrá por
consumada en cuanto a las porciones recibidas, aun cuando el vendedor no le entregue
las restantes.
En este caso el comprador podrá compeler al vendedor a que cumpla íntegramente
el contrato o a que le indemnice los perjuicios que le cause el cumplimiento
imperfecto.
Art. 158. Entregadas las mercaderías vendidas, el comprador no será oído sobre
defecto de calidad o falta de cantidad, siempre que las hubiere examinado al tiempo
de la entrega y recibídolas sin previa protesta.
Art. 159. Cuando las mercaderías fueren entregadas en fardos o bajo cubierta que


impidan su reconocimiento, y el comprador hiciere una formal y expresa reserva del
derecho de examinarlas, podrá reclamar en los tres días inmediatos al de la entrega
las faltas de cantidad o defecto de calidad, acreditando en el primer caso que los
cabos de las piezas se encuentran intactos, y en el segundo que las averías o
defectos son de tal especie que no han podido ocurrir en su almacén por caso
fortuito, y que no habrían podido ser causados dolosamente sin que aparecieren
vestigios del fraude.
Art. 160. El comprador tiene derecho a exigir del vendedor que forme y le
entregue una factura de las mercaderías vendidas, y que ponga al pie de ellas el
recibo del precio total o de la parte que se le hubiere entregado.
No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días
siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.
Título III
DE LA PERMUTACIÓN

Art. 161. La permutación mercantil se califica y rige por las mismas reglas que
gobiernan la compraventa, en cuanto no se opongan a la naturaleza de aquel contrato.

Título IV
DE LA CESION DE CREDITOS MERCANTILES

Art. 162. La cesión de un crédito no endosable se sujetará a las reglas
establecidas en el título De la cesión de derechos del Código Civil.
La notificación de la cesión se hará por un ministro de fe, con exhibición
del respectivo título.
Para que se haga bastará el simple requerimiento del cesionario.

Art. 163. El deudor a quien se notifique la cesión y que tenga que oponer
excepciones que no resulten del título cedido, deberá hacerlas presentes en el acto
de la notificación, o dentro de tercero día a más tardar, so pena de que más
adelante no serán admitidas.
Las excepciones que aparezcan a la vista del documento o que nazcan del contrato,
podrán oponerse contra el cesionario en la misma forma que habrían podido oponerse
contra el cedente.
Art. 164. La cesión de los documentos a la orden se hará por medio del endoso,
y la de los documentos al portador por la mera tradición manual.

Art. 165. La cesión de efectos públicos negociables se hará en la forma que
determinen las leyes de su creación o los decretos que autoricen su emisión.
Título V
DEL TRANSPORTES POR TIERRA, LAGOS, CANALES O RIOS NAVEGABLES

§ 1. Definiciones y reglas generales

Art. 166. El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por
cierto precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o ríos
navegables, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien
vayan dirigidas.
Llámase porteador el que contrae la obligación de conducir.
El que hace la conducción por agua toma el nombre de patrón o barquero.
Denomínase cargador, remitente o consignante el que por cuenta propia o ajena
encarga la conducción.
Se llama consignatario la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma
persona puede ser a la vez cargador y consignatario.
La cantidad que el cargador o, en su caso, el consignatario, están obligados a
pagar por la conducción, se llama porte.
El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías por sus
dependientes asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se
llama empresario de transportes, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí
mismo.


Art. 167. El transporte participa a la vez del arrendamiento de servicios y del
depósito.
Art. 168. Aunque el transporte imponga la obligación de hacer, el que se obliga
a conducir personas o mercaderías puede, bajo su responsabilidad, encargar la
conducción a un tercero.
En este caso el que primitivamente ha tomado sobre sí la obligación de conducir
conserva su carácter de porteador respecto del cargador con quien ha tratado, y toma
el carácter de cargador respecto del que efectivamente haga la conducción de las
personas o mercaderías.
Art. 169. El transporte es rescindible, a voluntad del cargador, antes o después
de comenzado el viaje.
En el primer caso, el cargador pagará al porteador la mitad, y en el segundo la
totalidad del porte estipulado.
Art. 170. Es también rescindible de parte de ambos contratantes por la
superveniencia de un suceso que impida emprender el viaje, como pérdida de los
efectos, declaración de guerra, prohibición de comerciar, interceptación de
caminos por tropas enemigas u otros acontecimientos análogos.
En cualquiera de estos casos la rescisión se verifica sin indemnización, y cada
una de las partes sufre las pérdidas de sus aprestos y los perjuicios que le cause
la rescisión.
Art. 171. Las disposiciones del presente título son obligatorias a toda clase de
porteadores, cualquiera que sea la denominación que vulgarmente se les aplique,
inclusas las personas que se obligan ocasionalmente a conducir pasajeros o
mercaderías.
Art. 172. Hay empresarios particulares y empresarios públicos de conducciones.
Son empresarios particulares los que, ejerciendo la industria de conductor, no
han ofrecido al público sus servicios y se encargan libremente de la conducción de
las personas o mercaderías a precios convenidos.
Son empresarios públicos lo que tienen anunciado y abierto al público un
establecimiento de conducciones, y las ejecutan en los períodos, por el precio y las
condiciones que prefijan sus anuncios.
§ 2. De la carta de porte o carta guía

Art. 173. Llámase carta de porte el documento que las partes otorgan para
acreditar la existencia y condiciones del contrato, y la entrega de las mercaderías
al porteador.

Art. 174. Convenidos los contratantes en el otorgamiento de la carta de porte,
deberán extenderla y firmarla por duplicado.
Art. 175. La carta de porte debe expresar:
1° El nombre, apellido y domicilio del cargador, porteador y consignatario;
2° La calidad genérica de las mercaderías, su peso y las marcas y número de
los bultos que las contengan;
3° El lugar de la entrega;
4° El precio de la conducción y la designación del obligado al pago;
5° El plazo en que debe hacerse entrega de la carga;
6° El lugar, día, mes y año del otorgamiento;
7° El nombre, apellidos y firma de las personas que concurren a su otorgamiento,
presumiéndose que éstas representan al cargador y al porteador, y
8° Cualesquiera otros pactos o condiciones que acordaren los contratantes.

Art. 176. La carta de porte puede ser nominativa, a la orden o al portador.
El cesionario, endosatario o portador de la carta de porte se subroga en todas
las obligaciones y derechos del cargador.
Art. 177. La omisión de alguna de las enunciaciones que prescribe el artículo
175 no destruye el mérito probatorio de la carta de porte, y las designaciones
omitidas podrán ser suplidas por cualquiera especie de prueba legal.
Art. 178. No se admitirán contra el tenor de la carta de porte otras excepciones
que las de falsedad, omisión y error involuntario.


Art. 179. En defecto de carta de porte, la entrega de la carga hecha por el
cargador al porteador podrá jutificarse por cualquier medio probatorio.
§ 3. De las obligaciones y derechos del cargador
Art. 180. El cargador está obligado a entregar las mercaderías al porteador
bien acondicionadas y en el tiempo y lugar convenidos, y a suministrarle los
documentos necesarios para el libre tránsito o pasaje de la carga.
INCISO DEROGADO

Art. 181. No habiendo carta de porte, o no enunciándose en ella el estado de las
mercaderías, se presume que han sido entregadas al porteador sanas y en buena
condición.
Art. 182. No verificándose la entrega de los efectos en el tiempo y paraje
convenidos, podrá el porteador solicitar la rescisión del contrato y el pago de la
mitad del porte estipulado; pero si prefiriese llevar a cabo la conducción, el
cargador deberá pagarle el aumento de costos que le ocasionare el retardo de la
entrega.
Art. 183. Los comisos, multas, y en general todos los daños y perjuicios que
sufriere el porteador por estar desprovisto de los documentos indispensables para el
expedito pasaje de las mercaderías, serán de la exclusiva responsabilidad del
cargador.
Art. 184. Las mercaderías se transportan a riesgo y ventura del cargador, del
consignatario o de la persona que invistiere el carácter de propietario de ellas, y
por consiguiente serán de su cuenta las pérdidas y averías que sufran durante la
conducción por caso fortuito o vicio propio de las mismas mercaderías, salvo en
estos casos:
1° Si un hecho o culpa del porteador hubiere contribuido al advenimiento del
caso fortuito;
2° Si el porteador no hubiere empleado toda la diligencia y pericia necesarias
para cortar o atenuar los efectos del accidente que hubiere causado la pérdida o
avería;
3° Si en la carga, conducción y conservación de las mercaderías no hubiere
puesto la diligencia y cuidado que acostumbran los porteadores inteligentes y
precavidos.
Art. 185. Aun cuando el cargador no sea propietario de las mercaderías, sufrirá
las pérdidas y averías de ellas siempre que en la redacción de la carta de porte
les hubiere atribuido una distinta calidad genérica de la que realmente tuvieren.
En ningún caso podrá el cargador hacer responsable al porteador de las
pérdidas o averías que sufrieren los efectos que no se han expresado en la carta de
porte, ni pretender que los efectos expresados en la carta tenían una calidad
superior a la enunciada en ella.
Art. 186. Sin embargo de lo dispuesto en el precedente artículo, las pérdidas,
faltas o averías serán de la responsabilidad del porteador si hubieren ocurrido por
infidelidad o dolo de su parte, sin perjuicio de la aplicación de las penas
correspondientes al delito.
Art. 187. El cargador puede variar el destino y consignación de las mercaderías
mientras estuvieren en camino, siempre que no las hubiere negociado con el
consignatario u otro tercero; y el porteador deberá cumplir la orden que para este
efecto recibiere, con tal que al impartírsela se le devuelva el duplicado de la
carta de porte.
Cumpliendo la orden sin este requisito, el porteador será responsable de los
daños y perjuicios que acredite la persona damnificada por el cambio de destino o
consignación.
Art. 188. Si la variación de destino exigiere el cambio de ruta o un viaje más
largo y dispendioso, el cargador y porteador acordarán la alteración que haya de
hacerse en el porte estipulado; y en efecto de acuerdo, el porteador cumplirá su
obligación entregando las mercaderías en el lugar que designe el contrato.
Art. 189. Si el valor de las mercaderías fuere insuficiente para cubrir el porte
y los gastos de conservación, y por este motivo no quisiere recibirlas el
consignatario, el cargador deberá pagarlos.


Art. 190. El cargador tiene preferencia sobre todos los acreedores del porteador
para ser pagado del importe de las indemnizaciones a que tenga derecho por causa de
retardo, pérdidas, faltas o averías, con el valor de las bestias, carruajes,
barcas, aparejos y demás instrumentos principales o accesorios del transporte.
§4. De las obligaciones y derechos del porteador

Art. 191. El porteador está obligado a recibir las mercaderías en el tiempo y
lugar convenidos, a cargarlas según el uso de las personas inteligentes, y a
emprender y concluir el viaje en el plazo y por el camino que señale el contrato.
La violación de cualquiera de estos deberes impone al porteador la
responsabilidad de los daños y perjuicios causados al cargador.

Art. 192. No habiendo plazo prefijado para cargar las mercaderías, el porteador
deberá recibirlas y conducirlas en el primer viaje que emprenda al lugar a que
fueren destinadas.
Art. 193. Si la ruta no estuviere designada, el porteador podrá elegir, habiendo
dos o más, la que mejor le acomode, con tal que la elegida se dirija vía recta al
punto en que debe entregar las mercaderías.
Art. 194. La variación voluntaria de la ruta convenida hace responsable al
porteador, tanto de las pérdidas, faltas o averías, sea cual fuere la causa de que
provengan, como de la multa que se hubiere estipulado.
Art. 195. Si después de comenzado el viaje sobreviniere un obstáculo de fuerza
mayor, el porteador podrá rescindir el contrato o continuar el viaje, tan pronto
como se haya removido el obstáculo, por otra ruta o por la designada.
Elegida la rescisión, podrá depositar la carga en el lugar más próximo al de
su destino o retornarla al de su procedencia, cobrándose el porte a prorrata del
camino que se hubiere andado, tanto de ida como de vuelta, no pudiendo pasar en
ningún caso del porte íntegro.
Si la ruta que tomare fuere más larga y dispendiosa que la designada, el
porteador tendrá derecho a un aumento de porte; pero si después de allanado el
obstáculo continuare el viaje por la ruta convenida, no podrá exigir indemnización
alguna por el retardo sufrido.
Art. 196. El porteador es responsable de todas las infracciones de las leyes,
ordenanzas y reglamentos que cometiere, tanto en el curso del viaje, como en su
entrada al lugar del destino de las mercaderías.
Art. 197. Si la infracción hubiere sido formalmente ordenada por el cargador o
consignatario, el porteador tendrá recurso contra éstos por la responsabilidad
civil a que hubiere sido condenado.
Art. 198. Contratado un vehículo para que vaya de vacío con el exclusivo objeto
de recibir mercaderías en un lugar determinado y conducirlas al domicilio del
cargador, el porteador tiene derecho al porte estipulado, aunque no realice la
conducción, previa la justificación de los siguientes hechos:
1° Que el cargador o su comisionista no le ha entregado las mercaderías
ofrecidas;
2° Que a pesar de sus diligencias no ha conseguido otra carga para el lugar de
su procedencia.
Habiendo conducido carga en el viaje de regreso, el porteador sólo podrá cobrar
al cargador primitivo la cantidad que falte para cubrir el porte estipulado con él.
Art. 199. El porteador es obligado a la custodia y conservación de las
mercaderías en la misma forma que el depositario asalariado.
Art. 200. La responsabilidad del porteador principia desde el momento en que las
mercaderías quedan a su disposición o a las de sus dependientes, y concluye con la
entrega hecha a satisfacción del consignatario.
Art. 201. El transporte obliga directamente al porteador a favor del
consignatario designado, debiendo en consecuencia el primero entregar al segundo las
mercaderías, so pena de daños y perjuicios, tan luego como hubiere llegado con
ellas a su destino.
El porteador carece de personería para examinar la validez del título que tenga
el consignatario para recibir los efectos consignados.


Art. 202. Si la carta de porte hubiere sido cedida o negociada, la entrega de las
mercaderías se hará al cesionario, endosatario o al portador en su caso.
Art. 203. Si las indicaciones de la carta de porte fueren insuficientes para
descubrir al consignatario, o si éste se encontrare ausente del lugar, o estando
presente rehusare recibir las mercaderías, el porteador las depositará en el lugar
que determine el juzgado de comercio por cuenta de a quien corresponda recibirlas.
Este depósito no se hará sin que el estado de las mercaderías sea previamente
reconocido y certificado por uno o tres peritos que elegirá el mismo juzgado.
Art. 204. Recibiendo mercaderías encajonadas, enfardadas, embarricadas o
embaladas, el porteador cumple con entregar los cajones, fardos, barricas o balas sin
lesión alguna exterior.
En estos casos el porteador podrá exigir al consignatario la apertura y
reconocimiento de los bultos en el acto de la recepción; y si éste rehusare u
omitiere la diligencia requerida, el porteador quedará exento, por este solo hecho,
de toda responsabilidad que no provenga de fraude o infidelidad.
Art. 205. No está obligado el porteador a entregar las mercaderías al peso, por
cuenta o medida, salvo que en la carta de porte se exprese que las ha recibido en
alguna de estas formas.
Cesa aún en este caso la obligación del porteador, si el remitente hubiere
puesto un sobrecargo o guarda de vista que vigile la conservación de la
mercaderías.
Art. 206. Estipulada una multa por indemnización del retardo, el consignatario
podrá hacerla efectiva por el mero hecho de la demora y sin necesidad de acreditar
perjuicio, deduciendo su importe del precio convenido.
El pago de la multa no exime al porteador de la obligación de indemnizar los
perjuicios que el interesado en el arribo de las mercaderías hubiere sufrido por
efecto directo o inmediato del retardo.
Art. 207. El porteador responde de la culpa leve en el cumplimiento de las
obligaciones que le impone el transporte.
Se presume que la pérdida, avería o retardo ocurre por culpa del porteador.
Art. 208. Ocurriendo diferencias entre el porteador y el consignatario acerca del
estado de las mercaderías, nombrarán judicial o extrajudicialmente uno o más
peritos que las reconozcan y certifiquen el resultado de su operación.
Si el parecer del perito o peritos no pusiere término a la diferencia, las
mercaderías serán depositadas en el lugar que designe el juzgado de comercio, y los
interesados usarán de su derecho como mejor les convenga.
Art. 209. En caso de pérdida el porteador pagará las mercaderías al precio que
tengan a juicio de peritos en el día y lugar en que él debió verificar la entrega.
La estimación se hará con sujeción estricta a las indicaciones de la carta de
porte.
Art. 210. Averiadas las mercaderías hata el punto de quedar inútiles para su
venta y consumo, el consignatario podrá abandonarlas por cuenta del porteador y
exigir su valor en los términos del precedente artículo.
Si la avería sólo hubiere producido disminución en el valor de las
mercaderías, el consignatario deberá recibirlas y cobrar al porteador el importe
del menoscabo.
Hallándose entre las mercaderías averiadas algunas piezas enteramente ilesas,
el consignatario estará obligado a recibirlas, salvo que fueren de las que componen
un juego.
Art. 211. Pasadas veinticuatro horas desde la entrega de las mercaderías, el
porteador puede cobrar el porte convenido y las expensas que hubiere hecho para la
conservación de ellas.
No obteniendo el pago, podrá solicitar el depósito y venta en martillo de las
que considere suficientes para cubrirse de su crédito.
Las acciones señaladas en los incisos anteriores se sustanciarán de acuerdo con
el procedimiento sumario, sin que sea aplicable el artículo 681 del Código de
Procedimiento Civil.
Con todo, constituirá título ejecutivo en contra de los obligados al pago la
carta de porte en la que conste el recibo de la mercadería que ordena el número 1
del artículo 216, cuando, puesta en su conocimiento por notificación judicial, no
se alegue en ese mismo acto, o dentro de tercero día, que el documento ha sido
falsificado materialmente, o cuando, opuesta la tacha, ésta fuere rechazada por


resolución judicial. Esta impugnación se tramitará como incidente y en contra de
la resolución que la deniegue no procederá recurso alguno.
El que maliciosamente impugnare de falsedad el documento y tal impugnación fuere
rechazada en el incidente respectivo, incurrirá en la pena de presidio menor en su
grado mínimo.
La carta de porte en que conste el recibo de la mercadería por el consignatario
será transferible por endoso, constituyéndose el endosante en codeudor solidario
del pago del valor que se establezca en ella. El endoso deberá contener el nombre,
apellidos y domicilio del endosante y endosatario y la firma del endosante, y se
perfeccionará por la entrega de la carta de porte.

Art. 212. Sobre los efectos que el porteador conduzca, goza de privilegio para
ser pagado, con preferencia a todos los demás acreedores que el propietario tenga,
del porte y gastos que hubiere hecho.
Este privilegio se transmite de un porteador a otro hasta el último que
verifique la entrega.
Art. 213. Cesa el privilegio del porteador:
1° Si las mercaderías hubieren pasado a tercer poseedor por título legal
después de transcurridos tres días desde la entrega;
2° Si dentro de un mes, contado desde la fecha de la entrega, el porteador no
hubiere usado de su derecho.
Art. 214. La responsabilidad del porteador por pérdidas, desfalcos y averías,
se extingue:
1° Por la recepción de las mercaderías y el pago del porte y gastos, salvo que
cualquiera de estos actos fuere ejecutado bajo la competente reserva.
El canje del original de las cartas de porte prueba la recepción de las
mercaderías y el pago del porte y gastos;
2° Si el consignatario recibiere los bultos que presenten señales exteriores de
faltas o averías, y no protestare en el acto usar de su derecho;
3° Si notándose sustracción o daño al tiempo de abrir los bultos, el
consignatario no hiciere reclamación alguna dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la recepción;
4° Por la prescripción de seis meses en las expediciones realizadas dentro de
la República, y de un año en las dirigidas a territorio extranjero.
En caso de pérdida la prescripción principiará a correr desde el día en que
debió ser cumplida la conducción, y en el de avería desde la fecha de la entrega
de las mercaderías.
Art. 215. Las disposiciones del artículo precedente se refieren exclusivamente a
las responsabilidades provenientes del mero hecho o culpa del porteador.
Las que nazcan de fraude, infidelidad o delito, sólo se extinguen por el
vencimiento de los plazos que establece el Código Penal.
§5. De las obligaciones y derechos del consignatario

Art. 216. El consignatario, además de las obligaciones que son correlativas a
los derechos del porteador, tiene las siguientes:
1º.- La de otorgar al porteador, en la carta de porte, recibo de las
mercaderías que éste le entregare, con indicación del recinto y fecha de la
entrega y del nombre y apellidos del consignatario o de quien reciba en su nombre,
aunque esas menciones sean distintas de las expresadas en dicho documento. Se
presume que representa al consignatario la persona adulta que recibe a su nombre la
mercadería, en el recinto indicado para ello en la carta de porte.
2º.- La de pagar, en su caso, el porte y gastos inmediatamente después de
vencido el término que señala el artículo 211.

Art. 217. El consignatario es responsable al cargador del cumplimiento de las
obligaciones que le impone su calidad de comisionista, o cualquiera otra que le
autorice para recibir por su cuenta o la del cargador las mercaderías porteadas.
Art. 218. Tiene el consignatario los derechos correlativos a las obligaciones del
cargador y porteador; pero en ningún caso podrá obligar a éste a que reciba las
mercaderías conducidas en pago del porte o gastos que se le deban.
§ 6. Reglas especiales relativas al transporte ajustado con empresario


públicos

Art. 219. Los empresarios públicos de transportes están sujetos no sólo a las
disposiciones del presente título, sino también a los reglamentos que se dicten
para regularizar el ejercicio de su industria.

Art. 220. El contrato de transporte de pasajeros o mercaderías se entiende
ajustado bajo las condiciones que contengan los reglamentos y anuncios de la empresa,
sin perjuicio del derecho de las partes para agregar otras según las circunstancias.
Art. 221. Los conductores de carruajes o caballerías, los jefes de estación y
los patrones de barcos pueden recibir pasajeros y efectos durante el viaje, y
recibiéndolos imponen al respectivo empresario todas las obligaciones concernientes
al porteador.
Habiendo en el tránsito oficinas encargadas de la recepción e inscripción,
sólo ellas podrán admitir pasajeros y recibir carga.
Art. 222. Los empresarios están obligados:
1° A llevar un registro en que se asienten por orden progresivo de números el
dinero, efectos, cofres, valijas y paquetes que conduzcan;
2° A dar a los pasajeros billetes de asiento, y otorgar recibos o conocimientos
de los objetos que se obligan a conducir;
3° A emprender y concluir sus viajes en los días y horas que fijaren sus
anuncios, aun cuando no estén tomados todos los asientos, ni tengan los efectos
necesarios para completar la carga.
Art. 223. Los empresarios deben hacer los asientos en sus registros sin necesidad
de requerimiento de parte del viajero o cargador, y aun cuando éste oponga
resistencia a ello.
Art. 224. Respecto del contenido de los paquetes, cofres o cajones, cualquiera
que él sea, estará el pasajero o cargador obligado a declararlo a requerimiento
verbal del empresario o sus agentes o factores.
Art. 225. Los pasajeros no están obligados a hacer registrar los sacos de noche,
valijas o maletas que según la costumbre no pagan porte; pero si se entregaren a los
conductores en los momentos de la partida, los empresarios quedan obligados a su
restitución.
Art. 226. En caso de pérdida de los objetos entregados a los empresarios, a sus
agentes o factores, el pasajero o cargador deberá acreditar su entrega e importe.
Art. 227. Si la prueba fuere imposible o insuficiente para fijar el valor de los
objetos perdidos, se deferirá el juramento al pasajero o cargador acerca de este
solo punto.
Después de prestado el juramento, el juez determinará prudencialmente la
cantidad que deban pagar los empresarios por vía de indemnización, atendida la
clase y moralidad del reclamante, su posibilidad pecuniaria y las circunstancias
especiales del caso.
Art. 228. Los empresarios no serán responsables del dinero, alhajas, documentos
o efectos de gran valor que contengan los cofres, paquetes o cajones transportados,
si al tiempo de la entrega los pasajeros o cargadores no hubieren declarado su
contenido.
Art. 229. Los billetes impresos que entregan los empresarios con cláusulas
limitativas de su responsabilidad a una determinada cantidad, no los eximen de
indemnizar a los pasajeros y cargadores, con arreglo a los artículos precedentes,
las pérdidas que justificaren haber sufrido.
Art. 230. Si dentro de los seis meses siguientes a la terminación del viaje los
pasajeros o consignatarios no reclamaren los objetos porteados, el juzgado de
comercio que hubiere ordenado el depósito conforme al artículo 203, dará aviso de
la existencia de los efectos depositados al intendente de la provincia para que los
mande vender en el martillo y ponga su producto líquido en las arcas fiscales por
cuenta de a quien corresponda reclamarlos.
Art. 231. No presentándose el dueño a reclamar el precio consignado dentro de
un año contado desde la fecha de la venta, será aplicado al Fisco.


Art. 232. Las disposiciones del presente párrafo no derogan la ley de policía
de ferrocarriles.
Título VI
DEL MANDATO COMERCIAL

§ 1. Definiciones y clasificaciones

Art. 233. El mandato comercial es un contrato por el cual una persona encarga la
ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a
administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su
desempeño.

Art. 234. Hay tres especies de mandato comercial:
La comisión, El mandato de los factores y mancebos o dependientes de comercio,
La correduría, de que se ha tratado ya en el Título III del Libro I.
Art. 235. El mandato comercial toma el nombre de comisión cuando versa sobre una
o más operaciones mercantiles individualmente determinadas.
Art. 236. La persona que desempeña una comisión se llama comisionista.
Hay cuatro clases de comisionistas:
Comisionistas para comprar, Comisionistas para vender, Comisionistas de
transporte por tierra, lagos, ríos o canales navegables,
Comisionistas para ejecutar operaciones de banco.
De esta última clase se trata en el título Del contrato y de las letras de
cambio.
Art. 237. Factor es el gerente de un negocio o de un establecimiento comercial o
fabril, o parte de él, que lo dirige o administra según su prudencia por cuenta de
su mandante.
Denomínanse mancebos o dependientes los empleados subalternos que el comerciante
tiene a su lado para que le auxilien en las diversas operaciones de su giro, obrando
bajo su dirección inmediata.
El mandante toma el nombre de principal con relación a sus factores o
dependientes.
§ 2. Reglas generales relativas a la comisión
Art. 238. La comisión puede ser conferida por cuenta ajena, y en este caso los
efectos que ella produce sólo afectan al tercero interesado y al comisionista.

Art. 239. La comisión es por su naturaleza asalariada.
Art. 240. La comisión no se acaba por la muerte del comitente: sus derechos y
obligaciones pasan a sus herederos.
Art. 241. El comitente no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada,
cuando su ejecución interesa al comisionista o a terceros.
Art. 242. La renuncia no pone término a la comisión toda vez que cause al
comitente un perjuicio irreparable, sea porque no pueda proveer por sí mismo a las
necesidades del negocio cometido, sea por la dificultad de dar un sustituto al
comisionista.
§ 3. Disposiciones comunes a toda clase de comisionistas

Art. 243. El comisionista puede o no aceptar a su arbitrio el encargo que se le
hace; pero rehusándolo quedará obligado bajo responsabilidad de daños y
perjuicios:
1° A dar aviso al comitente de su repulsa en primera oportunidad;
2° A tomar, mientras no llegue el aviso al comitente, las medidas conservativas
que la naturaleza del negocio requiera, como son las conducentes a impedir la
pérdida o deterioro de las mercaderías consignadas, la caducidad de un título, una
prescripción o cualquier otro daño inminente.
Art. 244. Si después de avisado el comitente de la repulsa no eligiere dentro de


un término razonable, atendida la distancia, persona que subrogue al comisionista,
podrá éste pedir al juzgado de comercio el depósito de las mercaderías
consignadas y la venta de las que considere suficientes para el reembolso de las
cantidades que hubiere anticipado.
Art. 245. Aceptada expresa o tácitamente la comisión, el comisionista deberá
ejecutarla y concluirla, y no haciéndolo sin causa legal, responderá al comitente
de los daños y perjuicios que le sobrevinieren.
Art. 246. El comisionista es responsable de la custodia y conservación de los
efectos sobre que versa la comisión, cualquiera que sea el objeto con que se le
hayan entregado.
Art. 247. En ningún caso podrá el comisionista alterar la marca de los efectos
sin expresa autorización de su comitente.
Art. 248. El deterioro o pérdida de las mercaderías existentes en poder del
comisionista no es de su responsabilidad, si ocurriere por caso fortuito o por vicio
inherente a las mismas mercaderías.
Ocurriendo el deterioro o pérdida por culpa del comisionista, deberá éste
indemnizar cumplidamente a su comitente de todo los daños y perjuicios que le
sobrevengan.
A esta misma responsabilidad quedará sometido el comisionista, cuando el
deterioro o la pérdida causada por un caso fortuito o por vicio propio de la cosa
fuere consecuencia de su culpa.
Art. 249. Es de la obligación del comisionista hacer constar en forma legal el
deterioro o pérdida de las mercaderías consignadas y dar aviso a su comitente sin
demora alguna.
Art. 250. El comisionista debe comunicar oportunamente al interesado todas las
noticias relativas a la negociación de que estuviere encargado que puedan inducir a
su comitente a confirmar, revocar o modificar sus instrucciones.
Art. 251. El comisionista que habiendo recibido fondos para evacuar un encargo,
los distrajere para emplearlos en un negocio propio, abonará al comitente el
interés legal del dinero desde el día en que hubieren entrado a su poder dichos
fondos, y deberá también indemnizarle los perjuicios resultantes de la falta de
cumplimiento del encargo.
Incurrirá además en las penas del abuso de confianza, y en caso de quiebra
será tratado como fallido fraudulento.
Art. 252. Se prohíbe al comisionista dar en prenda de sus propias obligaciones
las mercaderías que con cualquier objeto tuviere en consignación.
Si contraviniendo a esta prohibición las entregare a su acreedor, el comitente
no podrá reivindicarlas sino pagando la deuda garantida hasta la cantidad
concurrente al valor de las mercaderías, salvo si probare que el acreedor, al
recibirlas, tuvo conocimiento de que no pertenecían al comisionista.
Por el mero hecho de la constitución de la prenda el comisionista comete un
abuso de confianza, y será castigado con arreglo al Código Penal.
Art. 253. Son de cargo del comisionista los préstamos, anticipaciones y ventas
al fiado, siempre que procediere sin autorización de su comitente; y en tal caso
podrá éste exigir que se le entreguen al contado las cantidades prestadas,
anticipadas o fiadas, dejando de cuenta del comisionista los contratos celebrados.
Art. 254. El comisionista puede obrar en nombre propio o a nombre de sus
comitentes.
Art. 255. El comisionista que obra a su propio nombre se obliga personal y
exclusivamente a favor de las personas que contraten con él, aun cuando el comitente
se halle presente a la celebración del contrato, se haga conocer como interesado en
el negocio, o sea notorio que éste ha sido ejecutado por su cuenta.
Art. 256. Puede el comisionista reservarse el derecho de declarar más tarde por
cuenta de qué persona celebra el contrato.
Hecha la declaración, el comisionista quedará desligado de todo compromiso, y
la persona nombrada le sustituirá retroactivamente en todos los derechos y
obligaciones resultantes del contrato.
Art. 257. El comitente carece de acción directa contra los terceros con quienes


el comisionista hubiere contratado en su propio nombre; pero podrá compeler a éste
a que le ceda las acciones que hubiere adquirido.
Art. 258. El comitente puede declarar a los terceros que han contratado con el
comisionista que el contrato le pertenece y que toma sobre sí su cumplimiento.
La declaración en tal caso, dejando subsistentes las relaciones establecidas
entre el comisionista y los terceros, constituirá al comitente fiador de los
contratos que aquél hubiere celebrado a su propio nombre.
Art. 259. En caso de duda se presume que el comisionista ha contratado a su
nombre.
Art. 260. Obrando el comisionista a nombre de su comitente, sólo éste quedará
obligado a favor de los terceros que trataren con aquél.
El comisionista, sin embargo, conservará respecto del comitente y terceros los
derechos y obligaciones de mandatario comercial.
Art. 261. El comisionista debe desempeñar por sí mismo la comisión, y no
podrá delegarla sin previa autorización explícita o implícita de su comitente.
Art. 262. La precedente prohibición no comprende la ejecución de aquellos actos
subalternos que según la costumbre del comercio se confían a los dependientes.
Art. 263. Autorizado explícitamente para delegar, el comisionista deberá
hacerlo en la persona que le hubiere designado el comitente.
Si la persona designada no gozare al tiempo de la sustitución del concepto de
probidad y solvencia que tenía en la época de la designación, y el negocio no
fuere urgente, deberá dar aviso a su comitente para que provea lo que más
conviniere a sus intereses.
Si el negocio fuere urgente, hará la sustitución en otra persona que la
designada.
Art. 264. Se entiende que el comisionista tiene autorización implícita para
delegar, cuando estuviere impedido para obrar por sí mismo y hubiere peligro en la
demora.
No habiéndolo, el comisionista impedido deberá dar pronto aviso del impedimento
y esperar las órdenes de su comitente.
Art. 265. El que delega sus funciones en virtud de autorización explícita o
implícita, no habiéndose designado la persona por el comitente, es responsable de
los daños y perjuicios que sobrevinieren a éste, si el delegado no fuere persona
notoriamente capaz y solvente, o si al verificar la sustitución hubiere alterado de
algún modo la forma de la comisión.
Art. 266. La delegación ejecutada a nombre del comitente pone término a la
comisión respecto del comisionista.
Verificada la delegación a nombre del comisionista, subsiste la comisión con
todos sus efectos legales, y se constituye otra nueva entre el delegante y el
delegado.
Art. 267. En todos los casos en que el comisionista delegue su comisión, deberá
dar aviso a su comitente de la delegación y de la persona delegada.
Art. 268. El comisionista deberá sujetarse estrictamente en el desempeño de la
comisión a las órdenes o instrucciones que hubiere recibido de su comitente.
Pero si creyere que cumpliéndolas a la letra debe resultar un daño grave a su
comitente, será de su deber suspender la ejecución y darle aviso en primera
oportunidad.
En ningún caso podrá obrar contra las disposiciones expresas y claras de su
comitente.
Art. 269. En todos los casos no previstos por el comitente, el comisionista
deberá consultarle y suspender la ejecución de su encargo mientras reciba nuevas
instrucciones.
Si la urgencia y estado del negocio no permitieren demora alguna, o si estuviere
autorizado para obrar a su arbitrio, el comisionista podrá hacer lo que le dicte su
prudencia y sea más conforme a los usos y procedimientos de los comerciantes
entendidos y diligentes.
Art. 270. Sólo el comitente puede reclamar la violación de las órdenes o
instrucciones que hubiere comunicado al comisionista.


Ni el comisionista ni los terceros que hubieren contratado con él, podrán en
ningún caso prevalerse de la infracción como de un medio de nulidad.
Art. 271. Se prohíbe al comisionista, salvo el caso de autorización formal,
hacer contratos por cuenta de dos comitentes o por cuenta propia y ajena, siempre que
para celebrarlos tenga que representar intereses incompatibles.
Así, no podrá:
1° Comprar o vender por cuenta de un comitente mercaderías que tenga para
vender o que esté encargado de comprar por cuenta de otro comitente;
2° Comprar para sí mercaderías de sus comitentes, o adquirir para ellos
efectos que le pertenezcan.
Art. 272. Cuando la comisión requiera provisión de fondos, y el comitente no la
hubiere verificado en cantidad suficiente, el comisionista podrá renunciar su
encargo en cualquier tiempo o suspender su ejecución, a no ser que se hubiere
obligado a anticipar las cantidades necesarias al desempeño de la comisión bajo una
forma determinada de reintegro.
Art. 273. Podrá asimismo renunciar la comisión toda vez que el valor presunto
de las mercaderías no alcanzare a cubrir los gastos del transporte y recibo.
En este caso deberá el comisionista dar pronto aviso a su comitente y pedir el
depósito judicial de las mercaderías.
Art. 274. Puede el comisionista exigir se le paguen al contado sus
anticipaciones, intereses corrientes y costos, aun cuando no haya evacuado
cumplidamente el negocio cometido.
Para usar de este derecho deberá presentar su cuenta con los documentos que la
justifiquen.
Art. 275. El comisionista tiene derecho a que se le retribuyan competentemente
sus servicios.
Si las partes no hubieren determinado la cuota de la retribución, el
comisionista podrá exigir la que fuere de uso general en la plaza donde hubiere
desempeñado la comisión, y en su defecto, la acostumbrada en la plaza más
inmediata.
No resultando bien establecida la cuota usual, el juzgado de comercio fijará la
suma que deba abonarse al comisionista, calculándola sobre el valor de la
operación, inclusos los gastos.
Art. 276. Ejecutando alguno de los contratos de que habla el artículo 271 con
previa autorización de su comitente, sólo percibirá el comisionista la mitad de la
comisión ordinaria en defecto de pacto expreso.
Art. 277. Revocada la comisión antes de evacuar el encargo, el comitente
abonará al comisionista una retribución proporcional a la parte en que éste
hubiere ejecutado el encargo recibido.
La retribución sólo podrá cobrarla el comisionista por el trabajo desempeñado
antes de haber llegado a su conocimiento la revocación.
Art. 278. Fuera de su salario el comisionista no puede percibir lucro alguno de
la negociación que se le hubiere encomendado.
En consecuencia, deberá abonar a su comitente cualquier provecho directo o
indirecto que obtuviere en el desempeño de su mandato.
Art. 279. Evacuada la negociación encomendada, el comisionista está obligado:
1° A dar inmediatamente aviso a su comitente;
2° A poner en manos del mismo, a la mayor brevedad posible, una cuenta detallada
y justificada de su administración, devolviéndole los títulos y demás piezas que
el comitente le hubiere entregado, salvo las cartas misivas;
3° A reintegrar al comitente el saldo que resulte a favor de él, debiendo
valerse para ello de los medios que el mismo comitente hubiere designado, o en su
defecto, de los que fueren de uso general en el comercio.
Art. 280. Las cuentas que rindiere el comisionista deberán concordar con los
asientos de sus libros.
Si no estuvieren conformes con ellos, el comisionista será castigado como reo de
hurto con falsedad.
En la misma pena incurrirá el comisionista que altere en sus cuentas los precios
o las condiciones de los contratos, suponga gastos o exagere los que hubiere hecho.
Art. 281. El comisionista abonará a su comitente intereses corrientes, aunque no
preceda interpelación, si fuere moroso en rendir su cuenta o remitir el saldo en la


forma especificada en el artículo 279.
Art. 282. Los riesgos de la remisión del saldo son de cargo del comitente,
siempre que el comisionista la hubiere verificado en la forma que indica el número
3° del artículo 279.
Art. 283. Siendo moroso en la rendición de su cuenta, el comisionista no podrá
cobrar intereses de sus anticipaciones desde el día en que hubiere incurrido en
mora.
Art. 284. El comisionista tiene derecho para retener las mercaderías consignadas
hasta el preferente y efectivo pago de sus anticipaciones, intereses, costos y
salario, concurriendo estas circunstancias:
1a. Que las mercaderías le hayan sido remitidas de una plaza a otra;
2a. Que hayan sido entregadas real o virtualmente al comisionista.
Art. 285. Para determinar si hay expedición de una plaza a otra, no se tomará
en cuenta el domicilio del comitente, ni del comisionista.
Art. 286. Hay entrega real cuando las mercaderías están a disposición del
comisionista en sus almacenes o en ajenos, en los depósitos de aduana o en cualquier
otro lugar público o privado.
Hay entrega virtual si antes que las mercaderías se hallen a disposición del
comisionista, éste pudiere acreditar que le han sido expedidas con una carta de
porte o un conocimiento, nominativos o a la orden.
Art. 287. Goza asimismo el comisionista, para ser pagado preferentemente a los
demás acreedores del comitente, del derecho de retener el producto de las
mercaderías consignadas, sea cual fuere la forma en que exista al tiempo de la
quiebra del comitente.
Art. 288. El comisionista que recibiere mercaderías expedidas de una plaza a
otra en prenda de un préstamo o anticipación, gozará del derecho de retención,
con tal que la factura contenga la declaración de la suma prestada o anticipada, y
la especie y naturaleza de los efectos remitidos.
Art. 289. No habiendo expedición de una plaza a otra, el comisionista sólo
gozará del derecho de prenda sobre las mercaderías que se le hubieren entregado
real o virtualmente.
Art. 290. La comisión colectivamente conferida por muchos comitentes produce en
ellos obligaciones solidarias a favor del comisionista, del mismo modo que la
aceptación colectiva de varios comisionistas produce obligación solidaria a favor
del comitente.
§ 4. De los comisionistas para comprar
Art. 291. El comisionista encargado de comprar deberá observar estrictamente las
instrucciones que tenga en cuanto a la especie, calidad, cantidad, precio y demás
circunstancias de las mercaderías que su comitente le pidiere.

Art. 292. Excediendo el comisionista sus instrucciones respecto a la especie y
calidad de las mercaderías, el comitente no estará obligado a recibirlas.
Pero si el exceso fuere en la cantidad, el comitente deberá aceptar las
mercaderías pedidas, dejando las demás a cargo del comisionista.
Art. 293. El comitente podrá usar del derecho que le confiere el primer inciso
del precedente artículo, aun cuando haya pagado el precio del transporte de las
mercaderías, con tal que, en el acto de abrir los embalajes que las contengan,
proteste no recibirlas por no ser de la misma especie o calidad indicadas en sus
instrucciones.
Art. 294. Compradas las mercaderías a precios más subidos que los señalados en
las instrucciones, el comitente podrá aceptarlas o dejarlas por cuenta del
comisionista.
Conviniendo éste en percibir solamente el precio señalado, el comitente será
obligado a recibir las mercaderías.
Art. 295. El comisionista encargado de comprar y hacer transportar mercaderías
por precios fijos, no podrá exigir se compense el exceso de precio de una de estas


operaciones con la baja que hubiere obtenido en la otra.
Art. 296. No podrá comprar efectos por cuenta de su comitente a mayor precio del
que tuvieren en la plaza los que se le han pedido, aun cuando el comitente le hubiere
señalado otro precio más alto.
Contraviniendo a esta prohibición, el comisionista abonará al comitente la
diferencia entre el precio de plaza y el precio de la compra.
Art. 297. Comprando a condiciones más onerosas que las que rijan en la plaza,
responderá a su comitente del perjuicio que le causare, sin que le sirva de
excepción el haber hecho compras por cuenta propia en iguales términos.
Art. 298. El dominio de las mercaderías compradas y recibidas por el
comisionista pertenece al comitente, sin perjuicio de la obligación impuesta al
primero en el artículo 246.
Art. 299. Expedidas las mercaderías, cesa la responsabilidad del comisionista, y
ellas corren de cuenta y riesgo del comitente, salvo que hubiere convención en
contrario.
Art. 300. El comisionista goza del derecho de retención que sanciona el
artículo 284, aun respecto de las mercaderías que se encontraren en tránsito al
tiempo de la quiebra de su comitente.
Art. 301. Cesa el derecho de retención desde el momento en que las mercaderías
sean entregadas realmente al comitente.
§ 5. De los comisionistas para vender

Art. 302. El comisionista que al recibir los efectos notare que se hallan
averiados o en distinto estado del que indicare la carta de porte o el conocimiento,
deberá practicar inmediatamente las diligencias que prescribe el artículo 249.

Art. 303. No haciendo constar las averías en los términos del artículo
precitado, se presume que el comisionista ha recibido las mercaderías en el mismo
estado que enuncia la carta de porte o el conocimiento, y responderá de ellas a su
comitente, a menos que justifique que han sido averiadas antes de su recepción.
Art. 304. Cuando la alteración de las mercaderías hiciere tan urgente su venta
que no haya tiempo para dar aviso al comitente, el comisionista acudirá al juzgado
de comercio para que autorice la venta en los términos que juzgue más convenientes
a los intereses del propietario.
Art. 305. En cuanto al precio, lugar, época, modo y demás circunstancias de la
venta encomendada, el comisionista se conformará rigurosamente a sus instrucciones.
Art. 306. Vendiendo a precios más subidos que los designados en las
instrucciones, facturas o correspondencia, el comisionista deberá abonarlos
íntegramente a su comitente, salvo que por un convenio especial se hiciere la venta
a provecho común.
Si vendiere a precios más bajos que los señalados, el comisionista será
responsable de la diferencia.
Art. 307. El comisionista podrá vender a los plazos de uso general en la plaza,
a no ser que se lo prohíban sus instrucciones.
Art. 308. Aun cuando el comisionista estuviere autorizado tácita o expresamente
para vender a plazo, sólo podrá verificarlo a personas notoriamente solventes.
Art. 309. Vendiendo a plazo, deberá expresar en las cuentas que rindiere los
nombres de los compradores; y no haciéndolo, se entenderá que las ventas han sido
verificadas al contado.
Aún en las que hiciere en esta forma, deberá manifestar los nombres de los
compradores si el comitente se lo exigiere.
Art. 310. El comisionista que, teniendo orden de vender al contado y por un
precio fijo, vendiere al fiado por otro más subido, hará suya la diferencia, toda
vez que el comitente le exija el pago en la forma prescrita en sus instrucciones.
Art. 311. No pudiendo vender a los precios y condiciones que se le hubieren


señalado, deberá el comisionista dar aviso y esperar las órdenes de su comitente.
En ningún caso podrá devolver las mercaderías sin previa orden de su
comitente.
Art. 312. El comisionista deberá verificar la cobranza de los créditos de su
comitente en las épocas en que se hicieren exigibles, y no haciéndolo, responderá
de los perjuicios que causare su omisión.
Art. 313. Cuando el comisionista recibiere mercaderías de distintos comitentes,
deberá distinguirlas por una contramarca que designe la respectiva propiedad.
Art. 314. Comprendiendo en una misma negociación mercaderías de distintos
comitentes, o de sí mismo y alguno de sus comitentes, será obligado a distinguirlas
en las facturas con sus respectivas marcas y contramarcas, y a anotar en sus libros
las que correspondan a cada propietario.
Art. 315. El comisionista que tuviere contra una misma persona diversos créditos
procedentes de operaciones ejecutadas por cuenta de distintos comitentes, o bien por
cuenta propia y ajena, deberá anotar en sus libros y en los recibos que otorgue el
nombre del interesado por cuya cuenta haga el deudor entregas parciales.
Art. 316. Omitida la anotación que prescribe el precedente artículo, la
imputación de los pagos se hará conforme a las reglas siguientes:
1a Si el crédito procediere de una sola operación ejecutada por cuenta de
distintas personas, las entregas que haga el deudor serán distribuidas por el
comisionista entre los interesados a prorrata de sus respectivos haberes;
2a Si los créditos provinieren de distintas operaciones practicadas con una sola
persona, el pago se imputará al crédito que designe el deudor, con tal que ninguno
de ellos se halle vencido o que lo estén todos a la vez;
3a Si en la época del pago alguno o algunos de los plazos estuvieren vencidos, y
hubiere otros por vencer, se aplicará precisamente la cantidad que entregare el
deudor a los créditos vencidos, y el exceso, si lo hubiere, se distribuirá sueldo a
libra entre los créditos no vencidos.
Art. 317. El comisionista que asegurando la solvencia de los deudores no corriere
riesgo alguno, no tendrá derecho sino al pago de la comisión simple.
Así, no podrá llevar comisión de garantía, aun cuando haya sido estipulada;
1° Si las ventas fueren hechas a condición de entregar el precio en el acto de
recibir las mercaderías;
2° Si al tiempo de recibir los efectos vendidos a plazo, el comprador pagare el
precio con descuento.
§ 6. De las comisionistas de transportes por tierra, ríos o canales
navegables

Art. 318. Comisionista de transporte es aquel que, en su propio nombre pero por
cuenta ajena, trata con un porteador la conducción de mercaderías de un lugar a
otro.

Art. 319. No es comisionista de transportes el que, habiendo vendido mercaderías
por correspondencia, se encarga de remitirlas al comprador.
Pero la aceptación de este encargo impone al vendedor las obligaciones de
mandatario; y en consecuencia responderá como tal aun de la culpa que cometiere en
la elección de porteador.
Art. 320. Fuera de los libros cuya teneduría prescribe el artículo 25, el
comisionista deberá llevar un registro especial en que copiará
íntegramente las cartas de porte que suscribiere.
Art. 321. Es obligación del comisionista asegurar las mercaderías que remitiere
por cuenta ajena, teniendo orden y provisión para hacerlo, o dar pronto aviso a su
comitente si no pudiere realizar el seguro por el precio y condiciones que le
designaren sus instrucciones.
Ocurriendo la quiebra del asegurador, pendiente el riesgo de las mercaderías, el
comisionista deberá renovar el seguro, aun cuando no tenga encargo especial al
efecto.
Art. 322. El comisionista es responsable de los hechos del comisionista
intermediario a quien hubiere encomendado la dirección de las mercaderías, a no ser


que éste hubiere sido designado por el comitente.
Art. 323. El comisionista intermediario toma sobre sí el cumplimiento de las
obligaciones que contrae el comisionista principal respecto de su comitente.
Sin embargo, no responderá de las pérdidas o daños que se causaren por haber
cumplido literalmente las instrucciones del comisionista principal, aun cuando éstas
fueren contrarias a las del comitente.
Art. 324. Las disposiciones contenidas en el Título V de este libro son
obligatorias a los comisionistas de transportes y a los asentistas en una operación
particular y determinada, aun cuando no verifiquen por sí mismos la conducción de
mercaderías.
§ 7. Disposiciones comunes a los factores y Dependientes de comercio.

Art. 325. Cuando los factores y dependientes contrataren a nombre de sus
comitentes, expresarán en la ante-firma de los documentos que otorgaren que los
suscriben por poder.

Art. 326. Obrando en la forma que indica el precedente artículo, los factores y
dependientes obligan a sus comitentes al cumplimiento de los contratos que celebren,
sin quedar ellos personalmente obligados.
Art. 327. La violación de las instrucciones, la apropiación del resultado de
una negociación, o el abuso de confianza de parte de los factores o dependientes, no
exoneran a sus comitentes de la obligación de llevar a efecto los contratos que
aquéllos hagan a nombre de éstos.
Art. 328. Los factores o dependientes que obraren en su propio nombre quedan
personalmente obligados a cumplir los contratos que ajustaren; pero se entenderá que
los han ajustado por cuenta de sus comitentes en los casos siguientes:
1° Cuando tal contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento que
administran;
2° Si hubiere sido celebrado por orden del comitente, aun cuando no esté
comprendido en el giro ordinario del establecimiento;
3° Si el comitente hubiere ratificado expresa o tácitamente el contrato, aun
cuando se haya celebrado sin su orden.
4° Si el resultado de la negociación se hubiere convertido en provecho del
comitente.
Art. 329. En cualquiera de los casos enumerados en el anterior artículo los
terceros que contrataren con un factor o dependiente pueden, a su elección, dirigir
sus acciones contra éstos o contra sus comitentes, pero no contra ambos.
Art. 330. En ningún caso podrán los factores o dependientes delegar las
funciones de su cargo sin noticia y consentimiento de su comitente.
Art. 331. Se prohíbe a los factores y dependientes traficar por su cuenta y
tomar interés en nombre suyo o ajeno en negociaciones del mismo género que las
hagan por cuenta de sus comitentes, a menos que fueren expresamente autorizados para
ello.
Por el hecho de contravenir a esta prohibición, se aplicarán al comitente los
beneficios que produzcan las negociaciones del factor o dependiente, quedando las
pérdidas de cargo exclusivo de ellos.
Art. 332. No es lícito a los factores o dependientes ni a sus principales
rescindir sin causa legal los contratos que hubieren celebrado entre sí con término
fijo, y el que lo hiciere o diere motivo a la rescisión deberá indemnizar al otro
los perjuicios que le sobrevinieren.
Art. 333. Sólo son causas legales de rescisión por parte del principal:
1a Todo acto de fraude o abuso de confianza que cometa el factor o dependiente;
2a La ejecución de algunas de las negociaciones prohibidas al factor o
dependiente;
3a Las injurias o actos que, a juicio del juzgado de comercio, comprometan la
seguridad personal, el honor o los intereses del comitente.
Art. 334. Sólo son causas legales de rescisión por parte de los factores o


dependientes:
1a Las injurias o actos de que habla el número 3° del precedente artículo;
2a El maltratamiento inferido por el principal y calificado de bastante por el
juzgado de comercio;
3a La retención de sus salarios en dos plazos continuos.
Art. 335. No teniendo plazo determinado el empeño de los factores o dependientes
con sus principales, cualquiera de ellos podrá darlo por concluido, avisando al otro
con un mes de anticipación.
El principal, en todo caso, podrá hacer efectiva, antes de vencer el mes, la
despedida del factor o dependiente, pagándole la mesada que corresponda.
Art. 336. Los factores y dependientes tienen derecho:
1° Al salario estipulado, aun cuando por algún accidente inculpable no
prestaren sus servicios durante dos meses continuos; salvo el caso en que, según
convenio, se les pagare por jornales;
2° A la indemnización de las pérdidas y gastos extraordinarios que hicieren
por consecuencia inmediata del servicio que prestaren.
Art. 337. Fuera de los modos que establece el Código Civil, el mandato de los
factores y dependientes se extingue:
1° Por su absoluta inhabilitación para el servcio estipulado;
2° Por la enajenación del establecimiento en que sirvieren.
§ 8. Reglas especiales relativas a los factores

Art. 338. Puede ser factor toda persona que tenga la libre administración de sus
bienes.
Sin embargo, pueden serlo el hijo de familia, el menor emancipado y la mujer
casada que hubieren cumplido diecisiete años, siendo autorizados expresamente por su
padre, curador o marido para contratar con el comitente y desempeñar la factoría.

Art. 339. Los factores deben ser investidos de un poder especial otorgado por el
propietario del establecimiento cuya administración se les encomiende.
El poder será registrado y publicado en la forma prescrita en el Párrafo 1,
Título II, Libro I.
Art. 340. Los factores se entienden autorizados para todos los actos que abrace
la administración del establecimiento que se les confiare, y podrán usar de todas
las facultades necesarias al buen desempeño de su encargo, a menos que el comitente
se las restrinja expresamente en el poder que les diere.
Art. 341. Los factores observarán, respecto del establecimiento que administren,
todas las reglas de contabilidad prescrita a los comerciantes en general.
§ 9. Reglas especiales relativas a los dependientes de comercio

Art. 342. Pueden ser dependientes todos los que pueden ser factores conforme al
artículo 338.

Art. 343. Los dependientes no pueden obligar a sus comitentes, a menos que éstos
les confieran expresamente la facultad de ejecutar a su nombre ciertas y determinadas
operaciones concernientes a su giro.
Art. 344. La autorización para girar, aceptar o endosar letras de cambio, firmar
documentos de cargo o descargo, recaudar y recibir dinero, será conferida al
dependiente por escritura pública, con especificación de los actos y negociaciones
a que se extienda el encargo.
El poder será registrado y publicado en la forma establecida en el Párrafo 1,
Título II, Libro I.
Art. 345. Los contratos que celebre el dependiente con las personas a quienes su
comitente le haya dado a conocer por circulares como autorizado para ejecutar algunas
operaciones de su tráfico, obligan al principal, siempre que los contratos se
circunscriban a las negociaciones encomendadas al dependiente.
Serán también de la responsabilidad del principal las obligaciones que el
dependiente contraiga por cartas, siempre que haya sido autorizado para firmar la


correspondencia del mismo principal, y se haya anunciado la autorización por
circulares.
Art. 346. Los dependientes encargados de vender por menor se reputan autorizados
para cobrar el producto de las ventas que hicieren; pero deberán expedir a nombre de
sus comitentes los recibos que otorgaren.
Gozarán de igual facultad los dependientes que vendan por mayor, siempre que las
ventas se hagan al contado y que el pago se verifique en el mismo almacén que
administren.
Si las ventas se hicieren al fiado o si debieren verificarse los pagos fuera del
almacén, los recibos serán firmados necesariamente por el comitente o por persona
autorizada para cobrar.
Art. 347. Los asientos que los dependientes encargados de la contabilidad hagan
en los libros de sus comitentes, perjudican a éstos como si ellos mismos los
hubieran verificado.
Título VII
DE LA SOCIEDAD

Art. 348.- Las disposiciones de este Título regulan tres especies de sociedad:
1ª Sociedad colectiva;
2ª Sociedad por acciones, y
3ª Sociedad en comandita.
Regulan también la asociación o cuentas en participación.

§ 1. De la formación y prueba de la sociedad
colectiva

Art. 349. Puede celebrar el contrato de sociedad toda persona que tenga capacidad
para obligarse.
El menor adulto y la mujer casada que no esté totalmente separada de bienes
necesitan autorización especial para celebrar una sociedad colectiva.
La autorización del menor será conferida por la justicia ordinaria, y la de la
mujer casada por su marido.

Art. 350. La sociedad colectiva se forma y prueba por escritura pública inscrita
en los términos del artículo 354.
La disolución de la sociedad que se efectuare antes de vencer el término
estipulado, la prórroga de éste, el cambio, retiro o muerte de un socio, la
alteración de la razón social y en general toda reforma, ampliación o
modificación del contrato, serán reducidos a escritura pública con las
solemnidades indicadas en el inciso anterior.
No será necesario cumplir con dichas solemnidades cuando se trate de la simple
prórroga de la sociedad que deba producirse de acuerdo con las estipulaciones que
existan al respecto en el contrato social. En este caso la sociedad se entenderá
prorrogada en conformidad a las estipulaciones de los socios, a menos que uno o
varios de ellos expresen su voluntad de ponerle término en el plazo estipulado
mediante una declaración hecha por escritura pública y de la cual deberá tomarse
nota al margen de la inscripción respectiva en el Registro de Comercio antes de la
fecha fijada para la disolución.

Art. 351. El contrato consignado en un documento privado no producirá otro
efecto entre los socios que el de obligarlos a otorgar la escritura pública antes
que la sociedad dé principio a sus operaciones.
Art. 352. La escritura social deberá expresar:
1° Los nombres, apellidos y domicilios de los socios;
2° La razón o firma social;
3° Los socios encargados de la administración y del uso de la razón social;
4° El capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero,
en créditos o en cualquiera otra clase de bienes; el valor que se asigne a los
aportes que consistan en muebles o en inmuebles; y la forma en que deba hacerse el
justiprecio de los mismos aportes en caso que no se les haya asignado valor alguno;


5° Las negociaciones sobre que deba versar el giro de la sociedad;
6° La parte de beneficios o pérdidas que se asigne a cada socio capitalista o
industrial;
7° La época en que la sociedad debe principiar y disolverse;
8° La cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos
particulares;
9° La forma en que ha de verificarse la liquidación y división del haber
social;
10. Si las diferencias que les ocurran durante la sociedad deberán ser o no
sometidas a la resolución de arbitradores, y en el primer caso, la forma en que deba
hacerse el nombramiento;
11. El domicilio de la sociedad;
12. Los demás pactos que acordaren los socios.
Art. 353. No se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las
escrituras otorgadas en cumplimiento del artículo 350, ni para justificar la
existencia de pactos no expresados en ellas.
Art. 354. Un extracto de la escritura social deberá inscribirse en el registro
de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad.
El extracto contendrá las indicaciones expresadas en los números 1°, 2°, 3°,
4°, 5° y 7° del artículo 352, la fecha de las respectivas escrituras, y la
indicación del nombre y domicilio del escribano que las hubiera otorgado.
La inscripción deberá hacerse antes de expirar los sesenta días siguientes a
la fecha de la escritura social.

Artículo 355. Si en la escritura social se hubiere
omitido el domicilio social se entenderá domiciliada la
sociedad en el lugar de otorgamiento de aquélla.

Artículo 355 A.- La omisión de la escritura pública de constitución o de
modificación, o de su inscripción oportuna en el Registro de Comercio, produce
nulidad absoluta entre los socios, con la salvedad de lo dispuesto en los artículos
356, inciso primero, y 361, inciso primero.
El cumplimiento oportuno de la inscripción producirá efectos retroactivos a la
fecha de la escritura.

Artículo 356. La sociedad que no conste de escritura pública, o de instrumento
reducido a escritura pública o de instrumento protocolizado, es nula de pleno
derecho y no podrá ser saneada.
No obstante lo anterior, si existiere de hecho dará lugar a una comunidad. Las
ganancias y pérdidas se repartirán y soportarán y la restitución de los aportes
se efectuará entre los comuneros con arreglo a lo pactado y, en subsidio, de
conformidad a lo establecido para la sociedad.
Los miembros de la comunidad responderán solidariamente a los terceros con
quienes hubieren contratado a nombre y en interés de ésta; y no podrán oponer a
los terceros la falta de los instrumentos mencionados en el inciso primero. Los
terceros podrán acreditar la existencia de hecho por cualquiera de los medios
probatorios que reconoce este Código, y la prueba será apreciada de acuerdo a las
reglas de la sana crítica.

Artículo 357.- La sociedad que adolezca de nulidad por incumplimiento de lo
prescrito en el artículo 350 gozará de personalidad jurídica y será liquidada
como una sociedad si consta de escritura pública o de instrumento reducido a
escritura pública o protocolizado. Todo ello, sin perjuicio del saneamiento del
vicio en conformidad con la ley.
Los socios responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren
contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho.

Artículo 358.- La ejecución voluntaria del contrato de sociedad no purga la
nulidad de que adolezca por incumplimiento de solemnidades legales, sin perjuicio del
saneamiento a que alude el artículo anterior.

Artículo 359.- El que contratare con una sociedad que no ha sido legalmente
constituida, no puede sustraerse por esta razón al cumplimiento de sus obligaciones.


Artículo 360.- Los hechos comprendidos en el inciso segundo del artículo 350
sólo producen efecto contra terceros desde que se deje constancia de su ocurrencia,
en la forma indicada en dicho artículo.

Artículo 361.- La modificación cuyo extracto no ha sido oportunamente inscrito
en el Registro de Comercio no producirá efectos ni frente a los socios ni frente a
terceros, salvo el caso de saneamiento en conformidad a la ley y con las
restricciones que ésta impone. Dicha privación de efectos operará de pleno
derecho, sin perjuicio de la acción por enriquecimiento sin causa que proceda.
La modificación oportunamente inscrita en el Registro de Comercio, pero que
adolezca de vicios formales, produce efecto frente a los socios y terceros, mientras
no haya sido declarada su nulidad.
La declaración a que se refiere el inciso anterior no produce efecto
retroactivo y sólo regirá para las situaciones que ocurran a partir del momento en
que esté ejecutoriada la sentencia que la contenga.

Art. 362. DEROGADO

Art. 363. DEROGADO

Art. 364. DEROGADO

§ 2. De la razón o firma social en la sociedad colectiva

Art. 365. La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los
socios o de algunos de ellos, con la agregación de estas palabras: y compañía.

Art. 366. Sólo los nombres de los socios colectivos pueden entrar en la
composición de la razón social.
El nombre del socio que ha muerto o se ha separado de la sociedad será suprimido
de la firma social.
Art. 367. El uso que se haga de la razón social después de disuelta la
sociedad, constituye un delito de falsedad, y la inclusión en aquélla del nombre de
una persona extraña es una estafa.
La falsedad y la estafa serán castigadas con arreglo al Código Penal.
Art. 368. El que tolera la inserción de su nombre en la razón de comercio de
una sociedad extraña, queda responsable a favor de las personas que hubieren
contratado con ella.
Art. 369. La razón social no es un accesorio del establecimiento social o fabril
que constituye el objeto de las operaciones sociales, y por consiguiente no es
trasmisible con él.
Art. 370. Los socios colectivos indicados en la escritura social son responsables
solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón
social.
En ningún caso podrán los socios derogar por pacto la solidariedad en las
sociedades colectivas.
Art. 371. Sólo pueden usar de la razón social el socio o socios a quienes se
haya conferido tal facultad por la escritura respectiva.
En defecto de una delegación expresa, todos los socios podrán usar de la firma
social.
Art. 372. El uso de la razón social puede ser conferido a una persona extraña a
la sociedad.
El delegatario deberá indicar en los documentos públicos o privados que firma
por poder, so pena de pagar los efectos de comercio que hubiere puesto en
circulación, toda vez que la omisión de la antefirma induzca en error acerca de su
cualidad a los terceros que los hubieren aceptado.
Art. 373. Si un socio no autorizado usare la firma social, la sociedad no será


responsable del cumplimiento de las obligaciones que aquél hubiere suscrito, salvo
si la obligación se hubiere convertido en provecho de la sociedad.
La responsabilidad, en este caso, se limitará a la cantidad concurrente con el
beneficio que hubiere reportado la sociedad.
Art. 374. La sociedad no es responsable de los documentos suscritos con la razón
social, cuando las obligaciones que los hubieren causado no le conciernan y el
tercero los aceptare con conocimiento de esta circunstancia.
§ 3. Del fondo social y de la división de las
ganancias y pérdidas en la sociedad colectiva
Art. 375. El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios
entrega o promete entregar a la sociedad.

Art. 376. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los créditos, los muebles e
inmuebles, las mercedes, los privilegios de invención, el trabajo manual, la mera
industria, y en general, toda cosa comerciable capaz de prestar alguna utilidad.
Art. 377. Los oficios públicos de corredor, agente de cambio y cualquier otro
que sea servido en virtud de nombramiento del Presidente de la República, no pueden
ser materia de un aporte.
Art. 378. Los socios deberán entregar sus aportes en la época y forma
estipuladas en el contrato.
A falta de estipulación, la entrega se hará en el domicilio social luego que la
escritura de sociedad esté firmada.
Art. 379. El retardo en la entrega del aporte, sea cual fuere la causa que lo
produzca, autoriza a los asociados para excluir de la sociedad al socio moroso o
proceder ejecutivamente contra su persona y bienes para compelerle al cumplimiento de
su obligación.
En uno y otro caso el socio moroso responderá de los daños y perjuicios que la
tardanza ocasionare a la sociedad.
Art. 380. Los acreedores personales de un socio no podrán embargar durante la
sociedad el aporte que éste hubiere introducido; pero les será permitido solicitar
la retención de la parte de interés que en ella tuviere para percibirla al tiempo
de la división social.
Tampoco podrán concurrir en la quiebra de la sociedad con los acreedores
sociales; pero tendrán derecho para perseguir la parte que corresponda a su deuda en
el residuo de la masa concursada.
Art. 381. Los socios no pueden exigir la restitución de sus aportes antes de
concluirse la liquidación de la sociedad, a menos que consistan en el usufructo de
los objetos introducidos al fondo común.
Art. 382. Los socios capitalistas dividirán entre sí las ganancias y las
pérdidas en la forma que se hubiere estipulado. A falta de estipulación, las
dividirán a prorrata de sus respectivos aportes.
Art. 383. En cuanto a las ganancias y pérdidas correspondientes al socio
industrial, se estará a lo que se hubiere estipulado en el contrato; y no habiendo
estipulación, el socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que
corresponda al aporte más módico, sin soportar parte alguna en las pérdidas.
§ 4. De la administración de la sociedad colectiva
Art. 384. El régimen de la sociedad colectiva se ajustará a los pactos que
contenga la escritura social, y en lo que no se hubiere previsto en ellos, a las
reglas que a continuación se expresan.

Art. 385. La administración corresponde de derecho a todos y cada uno de los
socios, y éstos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios
o extraños.
Art. 386. Cuando el contrato social no designa la persona del administrador, se
entiende que los socios se confieren recíprocamente la facultad de administrar y la


de obligar solidariamente la responsabilidad de todos sin su noticia y
consentimiento.
Art. 387. En virtud del mandato legal, cada uno de los socios puede hacer
válidamente todos los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la
sociedad o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines que ésta
se hubiere propuesto.
Art. 388. Cada uno de los socios tiene derecho de oponerse a la consumación de
los actos y contratos proyectados por otro, a no ser que se refieran a la mera
conservación de las cosas comunes.
Art. 389. La oposición suspende provisoriamente la ejecución del acto o
contrato proyectado hasta que la mayoría numérica de los socios califique su
conveniencia o inconveniencia.
Art. 390. El acuerdo de la mayoría sólo obliga a la minoría cuando recae sobre
actos de simple administración o sobre disposiciones comprendidas en el círculo de
las operaciones designadas en el contrato social.
Resultando en las deliberaciones de la sociedad dos o más pareceres que no
tengan la mayoría absoluta, los socios deberán abstenerse de llevar a efecto el
acto o contrato proyectado.
Art. 391. Si a pesar de la oposición se verificare el acto o contrato con
terceros de buena fe, los socios quedarán obligados solidariamente a cumplirlo, sin
perjuicio de su derecho a ser indemnizados por el socio que lo hubiere ejecutado.
Art. 392. Delegada la facultad de administrar en uno o más de los socios, los
demás quedan por este solo hecho inhibidos de toda ingerencia en la administración
social.
Art. 393. La facultad de administrar trae consigo el derecho de usar de la firma
social.
Art. 394. El delegado tendrá únicamente las facultades que designe su título;
y cualquier exceso que cometa en el ejercicio de ellas, lo hará responsable a la
sociedad de todos los daños y perjuicios que le sobrevengan.
Art. 395. Los administradores delegados representan a la sociedad judicial y
extrajudicialmente; pero si no estuvieren investidos de un poder especial, no podrán
vender ni hipotecar los bienes inmuebles por su naturaleza o su destino, ni alterar
su forma, ni transigir ni comprometer los negocios sociales de cualquiera naturaleza
que fueren.
Art. 396. Las alteraciones en la forma de los inmuebles sociales que el
administrador hiciere a vista y paciencia de los socios, se entenderán autorizadas y
aprobadas por éstos para todos los efectos legales.
Art. 397. No necesitan poder especial los administradores para vender los
inmuebles sociales, siempre que tal acto se halle comprendido en el número de las
operaciones que constituyen el giro ordinario de la sociedad, ni para tomar en mutuo
las cantidades estrictamente necesarias para poner en movimiento los negocios de su
cargo, hacer las reparaciones indispensables en los inmuebles sociales, alzar las
hipotecas que los graven o satisfacer otras necesidades urgentes.
Art. 398. Los administradores tienen la representación legal de la sociedad en
juicio, sea que ella obre como demandante o como demandada.
Art. 399. Habiendo dos administradores que según su título hayan de obrar de
consuno, la oposición de uno de ellos impedirá la consumación de los actos o
contratos proyectados por el otro.
Si los administradores conjuntos fueren tres o más, deberán obrar de acuerdo
con el voto de la mayoría y abstenerse de llevar a cabo los actos o contratos que no
lo hubieren obtenido.
Si no obstante la oposición o el defecto de mayoría se ejecutare el acto o
contrato, éste surtirá todos sus efectos respecto de terceros de buena fe; y el
administrador que lo hubiere celebrado responderá a la sociedad de los perjuicios
que a ésta se siguieren.
Art. 400. El administrador nombrado por una cláusula especial de la escritura
social puede ejecutar, a pesar de la oposición de sus consocios excluidos de la


administración, todos los actos y contratos a que se extienda su mandato, con tal
que lo verifique sin fraude.
Pero si sus gestiones produjeren perjuicios manifiestos a la masa común, la
mayoría de los socios podrá nombrarle un coadministrador o solicitar la disolución
de la sociedad.
Art. 401. La facultad de administrar es intransmisible a los herederos del
gestor, aun cuando se haya estipulado que la sociedad haya de continuar entre los
socios sobrevivientes y los herederos del difunto.
Art. 402. Si al hacer el nombramiento de administrador los socios no hubieren
determinado la extensión de los poderes que le confieren, el delegado será
considerado como simple mandatario, y no tendrá otras facultades que las necesarias
para los actos y contratos enunciados en el artículo 387.
Art. 403. Los administradores están obligados a llevar los libros que debe tener
todo comerciante conforme a las prescripciones de este Código, y a exhibirlos a
cualquiera de los socios que lo requiera.
§ 5. De las prohibiciones a que están sujetos los socios en la sociedad
colectiva

Art. 404. Se prohíbe a los socios en particular:
1° Extraer del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos
particulares.
La mera extracción autoriza a los consocios del que la hubiere verificado para
obligar a éste al reintegro o para extraer una cantidad proporcional al interés que
cada uno de ellos tenga en la masa social.
2° Aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en éstos de la
firma social.
El socio que hubiere violado esta prohibición llevará a la masa común las
ganancias, y cargará él solo con las pérdidas del negocio en que invierta los
fondos distraídos, sin perjuicio de restituirlos a la sociedad e indemnizar los
daños que ésta hubiere sufrido.
Podrá también ser excluido de la sociedad por sus consocios.
3° Ceder a cualquier título su interés en la sociedad y hacerse sustituir en
el desempeño de las funciones que le correspondan en la administración.
La cesión o sustitución sin previa autorización de todos los socios es nula.
4° Explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad, y
hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones particulares de
cualquiera especie cuando la sociedad no tuviere un género determinado de comercio.
Los socios que contravengan a estas prohibiciones serán obligados a llevar al
acervo común las ganancias y a soportar individualmente las pérdidas que les
resultaren.

Art. 405. Los socios no podrán negar la autorización que solicite alguno de
ellos para realizar una operación mercantil, sin acreditar que las operaciones
proyectadas les preparan un perjuicio cierto y manifiesto.
Art. 406. El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le
distraiga de sus atenciones sociales so pena de perder las ganancias que hubiere
adquirido hasta el momento de la violación.
§ 6. De la disolución y liquidación de la sociedad colectiva

Art. 407. La sociedad colectiva se disuelve por los modos que determina el
Código Civil.

Art. 408. Disuelta la sociedad, se procederá a la liquidación por la persona
que al efecto haya sido nombrada en la escritura social o en la disolución.
Art. 409. Si en la escritura social o en la de disolución se hubiere acordado
nombrar liquidador sin determinar la forma del nombramiento, se hará éste por
unanimidad de los socios, y en caso de desacuerdo, por el juzgado de comercio.
El nombramiento puede recaer en uno de los socios o en un extraño.
Sólo en el caso de hallarse todos conformes, podrán encargarse los socios de
hacer la liquidación colectivamente.


Art. 410. El liquidador es un verdadero mandatario de la sociedad y como tal,
deberá conformarse escrupulosamente con las reglas que le trazare su título y
responder a los socios de los perjuicios que les resulten de sus operaciones dolosas
o culpables.
Art. 411. No estando determinadas las facultades del liquidador, no podrá
ejecutar otros actos y contratos que los que tiendan directamente al cumplimiento de
su encargo.
En consecuencia, el liquidador no podrá constituir hipoteca, prendas o
anticresis, ni tomar dinero a préstamo, ni comprar mercaderías para revender, ni
endosar efectos de comercio, ni celebrar transacciones sobre los derechos sociales,
ni sujetarlos a compromiso.
Art. 412. Las reglas consignadas en los dos primeros incisos del artículo 399
son aplicables al caso en que haya dos o más liquidadores conjuntos.
Las discordias que ocurrieren entre ellos serán sometidas a la resolución de
los socios, y por ausencia u otro impedimento de la mayoría de éstos, a la del
juzgado de comercio.
Art. 413. Aparte de los deberes que su título imponga al liquidador, estará
obligado:
1° A formar inventario, al tomar posesión de su cargo, de todas las existencias
y deudas de cualquiera naturaleza que sean, de los libros, correspondencia y papeles
de la sociedad;
2° A continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la
disolución;
3° A exigir la cuenta de su administración a los gerentes o cualquiera otro que
haya manejado intereses de la sociedad;
4° A liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con terceros y con cada uno
de los socios;
5° A cobrar los créditos activos, percibir su importe y otorgar los
correspondientes finiquitos;
6° A vender las mercaderías y los muebles e inmuebles de la sociedad, aun
cuando haya algún menor entre los socios, con tal que no sean destinados por éstos
a ser divididos en especie;
7° A presentar estados de la liquidación cuando los socios lo exijan;
8° A rendir al fin de la liquidación una cuenta general de su administración.
Si el liquidador fuere el mismo gerente de la sociedad extinguida, deberá
presentar en esa época la cuenta de su gestión.
Art. 414. Las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del
socio gerente o del liquidador se someterán precisamente a compromiso.
Art. 415. Si en la escritura social se hubiera omitido hacer la designación que
indica el número 10 del artículo 352, se entenderá que las cuestiones que se
susciten entre los socios, ya sea durante la sociedad o al tiempo de la disolución,
serán sometidas a compromiso.
Art. 416. Los liquidadores representan en juicio activa y pasivamente a los
asociados.
Art. 417. Los liquidadores nombrados en el contrato social podrán renunciar a
ser removidos por las causas y en la forma que señala el artículo 2072 del Código
Civil.
El que fuere nombrado en otra forma podrá renunciar o ser removido según las
reglas generales del mandato.
Art. 418. Haciendo por sí mismos la liquidación, los socios se ajustarán a las
reglas precedentes, y en sus deliberaciones observarán lo dispuesto en los
artículos 387 y siguientes hasta el 391 inclusive.
§ 7. De la prescripción de las acciones
procedentes de la sociedad colectiva

Art. 419. Todas las acciones contra los socios no liquidadores, sus herederos o
causahabientes prescriben en cuatro años contados desde el día en que se disuelva
la sociedad, siempre que la escritura social haya fijado su duración o la escritura
de disolución haya sido inscrita conforme al artículo 354.
Si el crédito fuere condicional, la prescripción correrá desde el advenimiento
de la condición.


Art. 420. La prescripción corre contra los menores y personas jurídicas que
gocen de los derechos de tales, aunque los créditos sean ilíquidos, y no se
interrumpe sino por las gestiones judiciales que dentro de los cuatro años hagan los
acreedores contra los socios no liquidadores.

Art. 421. Pasados los cuatro años, los socios no liquidadores no serán
obligados a declarar judicialmente acerca de la subsistencia de las deudas sociales.

Art. 422. La prescripción no tiene lugar cuando los socios verifican por sí
mismos la liquidación o la sociedad se encuentra en quiebra.
Art. 423. Las acciones de los acreedores contra el socio o socios liquidadores,
considerados en esta última cualidad, y las que tienen los socios entre sí
prescriben por el transcurso de los plazos que señala el Código Civil.
§ 8. De las Sociedades por Acciones

Artículo 424.- La sociedad por acciones, o simplemente la "sociedad" para los
efectos de este Párrafo, es una persona jurídica creada por una o más personas
mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo con los preceptos
siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones.
La sociedad tendrá un estatuto social en el cual se establecerán los derechos y
obligaciones de los accionistas, el régimen de su administración y los demás
pactos que, salvo por lo dispuesto en este Párrafo, podrán ser establecidos
libremente. En silencio del estatuto social y de las disposiciones de este Párrafo,
la sociedad se regirá supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con
su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas.

Artículo 425.- La sociedad se forma, existe y prueba por un acto de
constitución social escrito, inscrito y publicado en los términos del artículo
siguiente, que se perfeccionará mediante escritura pública o por instrumento
privado suscrito por sus otorgantes, y cuyas firmas sean autorizadas por notario
público, en cuyo registro será protocolizado dicho instrumento. El cumplimiento
oportuno de la inscripción y publicación del acto de constitución de la sociedad
producirá efectos desde la fecha de la escritura o de la protocolización del
instrumento privado, según corresponda.
El acto de constitución de la sociedad irá acompañado de su estatuto, el que
deberá expresar, a lo menos, las siguientes materias:
1.- El nombre de la sociedad, que deberá concluir con la expresión "SpA";
2.- El objeto de la sociedad, que será siempre considerado mercantil;
3.- El capital de la sociedad y el número de acciones en que el capital es
dividido y representado;
4.- La forma como se ejercerá la administración de la sociedad y se designarán
sus representantes; con indicación de quienes la ejercerán provisionalmente, en su
caso, y
5.- La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y, si nada se
dijere, tendrá este carácter.

Artículo 426.- Dentro del plazo de un mes contado desde la fecha del acto de
constitución social, un extracto del mismo, autorizado por el notario respectivo,
deberá inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la
sociedad y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial.
El extracto deberá expresar:
1.- El nombre de la sociedad;
2.- El nombre de los accionistas concurrentes al instrumento de constitución;
3.- El objeto social;
4.- El monto a que asciende el capital suscrito y pagado de la sociedad, y
5.- La fecha de otorgamiento, el nombre y domicilio del notario que autorizó la
escritura o que protocolizó el instrumento privado de constitución que se extracta,
así como el registro y número de rol o folio en que se ha protocolizado dicho
documento.
Artículo 427.- Las disposiciones del estatuto social serán modificadas por


acuerdo de la junta de accionistas, del que se dejará constancia en un acta que
deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Sin embargo, no se
requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas
suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que
conste tal modificación. Un extracto del documento de modificación o del acta
respectiva, según sea el caso, será inscrito y publicado en la misma forma
establecida en el artículo precedente. El extracto deberá hacer referencia al
contenido de la reforma sólo cuando se haya modificado alguna de las materias
señaladas en dicho artículo.

Artículo 428.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, si se
hubiere omitido alguno de los requisitos y menciones en ellos establecidos, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 6° y 6°A de la ley N° 18.046.
El saneamiento de las nulidades que afecten la constitución y modificaciones de
sociedades por acciones regidas por el presente Párrafo se efectuará conforme lo
dispuesto por la ley N° 19.499.
Si de acuerdo a lo dispuesto en dichas normas se declara nula la sociedad o no es
procedente su saneamiento, los accionistas podrán liquidar por sí mismos la
sociedad de hecho o designar uno o más liquidadores.

Artículo 429.- Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus
respectivos aportes en la sociedad.
Artículo 430.- La sociedad por acciones que durante más de 90 días seguidos
tenga 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca
a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de
otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, por el solo
ministerio de la ley se transformará en una sociedad anónima, siéndole totalmente
aplicables las disposiciones pertinentes de dicha ley, las que en este caso
prevalecerán sobre el estatuto social. La siguiente junta de accionistas deberá
resolver las adecuaciones que reflejen la nueva modalidad social y elegir los
miembros del directorio que continuará la administración.

Artículo 431.- La sociedad llevará un registro en el que se anotará, a lo
menos, el nombre, domicilio y cédula de identidad o rol único tributario de cada
accionista, el número de acciones de que sea titular, la fecha en que éstas se
hayan inscrito a su nombre y tratándose de acciones suscritas y no pagadas, la forma
y oportunidades de pago de ellas. Igualmente, en el Registro deberá inscribirse la
constitución de gravámenes y de derechos reales distintos al dominio. En caso de
que algún accionista transfiera el todo o parte de sus acciones, deberá anotarse
esta circunstancia en el registro de que trata este artículo.
Dicho registro podrá llevarse por cualquier medio, siempre que éste ofrezca
seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones u otra adulteración
que pueda afectar su fidelidad, y que, además, permita el inmediato registro o
constancia de las anotaciones que deban hacerse y estará, en todo tiempo, disponible
para su examen por cualquier accionista o administrador de la sociedad.
Los administradores y el gerente general de la sociedad serán solidariamente
responsables de los perjuicios que causaren a accionistas y a terceros con ocasión
de la falta de fidelidad o vigencia de las informaciones contenidas en el registro a
que se refiere este artículo.

Artículo 432.- Si el nombre de una sociedad fuere idéntico o semejante a otra
ya existente, ésta tendrá derecho a demandar la modificación del nombre de
aquélla mediante juicio sumario.

Artículo 433.- La sociedad deberá tener un domicilio, pero si su indicación se
hubiere omitido en la escritura social, se entenderá domiciliada en el lugar de
otorgamiento de ésta.

Artículo 434.- El capital de la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en
el estatuto y estará dividido en un número determinado de acciones nominativas. El


estatuto podrá establecer que las acciones de la sociedad sean emitidas sin imprimir
láminas físicas de dichos títulos.
Los aumentos de capital serán acordados por los accionistas, sin perjuicio que
el estatuto podrá facultar a la administración en forma general o limitada,
temporal o permanente, para aumentar el capital con el objeto de financiar la
gestión ordinaria de la sociedad o para fines específicos.
El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente suscritos
y pagados en el plazo que indiquen los estatutos. Si nada señalaren al respecto, el
plazo será de cinco años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad o
del aumento respectivo, según corresponda. Si no se pagare oportunamente al
vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto
efectivamente suscrito y pagado. Salvo disposición en contrario en los estatutos,
las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho
alguno.

Artículo 435.- El estatuto social podrá establecer porcentajes o montos
mínimos o máximos del capital social que podrá ser controlado por uno o más
accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de existir tales normas, el
estatuto deberá contener disposiciones que regulen los efectos y establezcan las
obligaciones o limitaciones que nazcan para los accionistas que quebranten dichos
límites, según sea el caso. En su defecto, dichas estipulaciones se tendrán por no
escritas.
El estatuto también podrá establecer que bajo determinadas circunstancias se
pueda exigir la venta de las acciones a todos o parte de los accionistas, sea a favor
de otro accionista, de la sociedad o de terceros. En caso de existir tales normas, el
estatuto deberá contener disposiciones que regulen los efectos y establezcan las
obligaciones y derechos que nazcan para los accionistas. En su defecto, dichas
estipulaciones se tendrán asimismo por no escritas.

Artículo 436.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. El estatuto
social deberá establecer en forma precisa las cargas, obligaciones, privilegios o
derechos especiales que afecten o de que gocen una o más series de acciones. No es
de la esencia de las preferencias su vinculación a una o más limitaciones en los
derechos de que pudieran gozar las demás acciones.

Artículo 437.- Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea
o represente. Sin embargo, el estatuto podrá contemplar series de acciones sin
derecho a voto, con derecho a voto limitado o a más de un voto por acción; en cuyo
caso, deberán determinar la forma de computar dichas acciones para el cálculo de
los quórum.

Artículo 438.- La sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia
emisión, salvo en cuanto esté prohibido por el estatuto social. Con todo, las
acciones de propia emisión que se encuentren bajo el dominio de la sociedad, no se
computarán para la constitución del quórum en las asambleas de accionistas o
aprobar modificaciones del estatuto social, y no tendrán derecho a voto, dividendo o
preferencia en la suscripción de aumentos de capital.
Las acciones adquiridas por la sociedad deberán enajenarse dentro del plazo que
establezca el estatuto. Si éste nada señalare al respecto, deberán enajenarse en
el plazo de un año a contar de su adquisición. Si dentro del plazo establecido, las
acciones no se enajenan, el capital quedará reducido de pleno derecho y las acciones
se eliminarán del registro.

Artículo 439.- La sociedad podrá emitir acciones de pago, que se ofrecerán al
precio que determinen libremente los accionistas o quien fuere delegado al efecto por
ellos. No será obligatorio que dicha oferta se realice preferentemente a los
accionistas.
Sin embargo, el estatuto social podrá establecer que las opciones para suscribir
acciones de aumento de capital de la sociedad o de valores convertibles en acciones
de la sociedad, o de cualesquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre
éstas, sean de pago o liberadas, deban ser ofrecidos, a lo menos por una vez,
preferentemente a los accionistas, a prorrata de las acciones que posean.
Mientras estuviere pendiente una emisión de bonos convertibles en acciones,
deberá permanecer vigente un margen no suscrito del aumento de capital por la
cantidad de acciones que sea necesaria para cumplir con la opción, cuando ésta sea
exigible conforme a las condiciones de la emisión de los bonos respectivos.


Artículo 440.- Todo acuerdo de reducción de capital deberá ser adoptado por la
mayoría establecida en el estatuto. En silencio de éste, se requerirá el voto
conforme de la unanimidad de los accionistas.
No podrá procederse al reparto o devolución de capital o a la adquisición de
acciones con que dicha disminución pretenda llevarse a efecto, sino desde que quede
perfeccionada la modificación estatutaria.

Artículo 441.- Las diferencias que ocurran entre los accionistas, los
accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad y sus
administradores o liquidadores, deberán ser resueltas por medio de arbitraje. El
estatuto deberá indicar:
1.- El tipo de arbitraje y el número de integrantes del tribunal arbitral. En
silencio del estatuto, conocerá de las disputas en única instancia un solo árbitro
de carácter mixto, que no obstante actuar como arbitrador en cuanto al
procedimiento, resolverá conforme a derecho, y
2.- El nombre o la modalidad de designación de los árbitros y sus
reemplazantes. En silencio del estatuto, los árbitros serán designados por el
tribunal de justicia del domicilio social.

Artículo 442.- En caso que el estatuto establezca que la sociedad deba pagar un
dividendo por un monto fijo, determinado o determinable, a las acciones de una serie
específica, éstos se pagarán con preferencia a los dividendos a que pudieren tener
derecho las demás acciones. Salvo que el estatuto señale algo distinto, si las
utilidades no fueren suficientes para cubrir el dividendo fijo obligatorio, el
accionista podrá optar por alguna de las siguientes opciones:
1.- Registrar el saldo insoluto en una cuenta especial de patrimonio creada al
efecto y que acumulará los dividendos adeudados y por pagar. La sociedad no podrá
pagar dividendos a las demás acciones que no gocen de la preferencia de dividendo
fijo obligatorio, hasta que la cuenta de dividendos por pagar no haya sido
completamente saldada. En caso de disolución de la sociedad, el entero de la cuenta
de dividendos por pagar tendrá preferencia a las distribuciones que deban hacerse, o
2.- Ejercer el derecho a retiro respecto de las acciones preferidas a partir de
la fecha en que se declare la imposibilidad de distribuir el dividendo. Si el
estatuto no señalare otra cosa, el precio a pagar será el valor de rescate si lo
hubiere o en su defecto el valor libros de la acción, más la suma de los dividendos
adeudados a la fecha de ejercer el derecho de retiro.

Artículo 443.- En caso que la sociedad deba pagar dividendos provenientes de las
utilidades de unidades de negocios o activos específicos de ésta, deberá llevar
cuentas separadas respecto de ellos y las utilidades sobre las que se pagarán dichos
dividendos serán calculadas exclusivamente sobre la base de esta contabilidad, sin
importar los resultados generales de la sociedad. Por su parte, la sociedad no
computará las cuentas separadas para el cálculo de sus utilidades generales, en
relación con el pago de dividendos ordinarios a los accionistas. Las ganancias
provenientes de las unidades de negocios o activos separados que no sean distribuidas
como dividendos se integrarán a los resultados generales del ejercicio
correspondiente.

Artículo 444.- Salvo que el estatuto disponga lo contrario, la sociedad no se
disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista.

Artículo 445.- El estatuto establecerá los medios de comunicación entre la
sociedad o los accionistas, siempre que den razonable seguridad de su fidelidad. En
silencio del estatuto, se utilizará el correo certificado. El envío deficiente no
afectará la validez de la citación, pero la administración responderá de los
perjuicios que causare a los accionistas.

Artículo 446.- En los traspasos de acciones deberá constar la declaración del
cesionario en el sentido que conoce la normativa legal que regula este tipo social,
el estatuto de la sociedad y las protecciones que en ellos puedan o no existir
respecto del interés de los accionistas. La omisión de esta declaración no
invalidará el traspaso, pero hará responsable al cedente de los perjuicios que ello
irrogue.


9. De las Agencias de Sociedades Extranjeras u otras Personas Jurídicas con
Fines de Lucro

Artículo 447.- Para que una sociedad u otra persona jurídica con fines de
lucro extranjera pueda constituir agencia en Chile, su agente o representante deberá
protocolizar en una notaría del domicilio que ésta tendrá en Chile, en el idioma
oficial del país de origen, traducidos al español si no estuvieren en ese idioma,
los siguientes documentos emanados del país en que se haya constituido, debidamente
legalizados:
1) Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de
acuerdo a la ley del país de origen y un certificado de vigencia de la entidad;
2) Copia auténtica de los estatutos vigentes, y
3) Un poder general otorgado por la entidad al agente que ha de representarla en
el país, en el que consten la personería del mandante y se exprese en forma clara y
precisa que el agente obra en Chile bajo la responsabilidad directa de la entidad,
con amplias facultades para ejecutar operaciones en su nombre y en que se le otorguen
expresamente las facultades a que se refiere el inciso segundo del artículo 7° del
Código de Procedimiento Civil.

Artículo 448.- Por escritura pública de la misma fecha y ante el mismo notario
ante el cual se efectúe la protocolización a que se refiere el artículo anterior,
el agente deberá declarar a nombre de la entidad y con poder suficiente para ello:
1) El nombre con que la entidad funcionará en Chile y el objeto u objetos de
ella;
2) Que la entidad conoce la legislación chilena y los reglamentos por los
cuales habrán de regirse en el país, sus agencias, actos, contratos y obligaciones;
3) Que los bienes de la entidad quedan afectos a las leyes chilenas,
especialmente para responder de las obligaciones que ella haya de cumplir en Chile;
4) Que la entidad se obliga a mantener en Chile bienes de fácil realización
para atender a las obligaciones que hayan de cumplirse en el país;
5) Cuál es el capital efectivo que va a tener en el país para el giro de sus
operaciones y la fecha y forma en que éste ha de ingresar en la caja de la agencia
en Chile, y
6) Cuál es el domicilio de la agencia principal.

Artículo 449.- Un extracto de la protocolización y de la escritura a que se
refieren los artículos precedentes, debidamente certificado por el notario
respectivo, en que conste la fecha y número de la protocolización y de la escritura
antes mencionada; el nombre de la entidad y aquel con que funcionará en Chile; el
domicilio que tendrá en el país; el capital de la agencia y el nombre del agente o
representante, deberá inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al
domicilio de la agencia principal y publicarse, por una sola vez en el Diario
Oficial; todo ello, dentro de los 60 días contados desde la fecha de la
protocolización.

Artículo 450.- El agente deberá cumplir con las mismas formalidades señaladas
en los artículos anteriores de este título, respecto de cualquiera modificación
que se produzca en relación con los documentos o declaraciones a que estas
disposiciones se refieren, excepto la mencionada en el número 4) del artículo 448.
El agente deberá publicar el balance anual de la agencia en un diario del domicilio
de ésta, dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del cierre del ejercicio.

Art. 451. DEROGADO
Art. 452. DEROGADO
Art. 453. DEROGADO


Art. 454. DEROGADO

Art. 455. DEROGADO

Art. 456. DEROGADO

Art. 457. DEROGADO

Art. 458. DEROGADO

Art. 459. DEROGADO

Art. 460. DEROGADO

Art. 461. DEROGADO

Art. 462. DEROGADO

Art. 463. DEROGADO

Art. 464. DEROGADO

Art. 465. DEROGADO

Art. 466. DEROGADO

Art. 467. DEROGADO

Art. 468. DEROGADO


Art. 469. DEROGADO

§ 10. Disposiciones relativas a la sociedad
en comandita

Art. 470. Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más personas
que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que
se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus delegados y en su
nombre particular.
Llámanse los primeros socios comanditarios, y los segundos gestores.

Art. 471. Hay dos especies de sociedad en comandita: simple y por acciones.
Art. 472. La comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado
en su totalidad por uno o más socios comanditarios, o por éstos y los socios
gestores a la vez.
Art. 473. La comandita por acciones se constituye por la reunión de un capital
dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no
figura en la escritura social.
§ 11. De la comandita simple

Art. 474. La comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva, y
está sometida a las reglas establecidas en los siete primeros párrafos de este
Título, en cuanto dichas reglas no se encuentren en oposición con la naturaleza
jurídica de este contrato y las siguientes disposiciones.

Art. 475. El nombre de los socios comanditarios no figurará en el extracto de
que habla el artículo 354.

Art. 476. La sociedad en comandita es regida bajo una razón social, que debe
comprender necesariamente el nombre del socio gestor si fuere uno solo, o el nombre
de uno o más de los gestores si fueren muchos.
El nombre de un socio comanditario no puede ser incluido en la razón social.
Las palabras y compañía agregadas al nombre de un socio gestor, no implican la
inclusión del nombre del comanditario en la razón social, ni imponen a éste
responsabilidades diversas de las que tiene en su carácter de tal.
Art. 477. El comanditario que permite o tolera la inserción de su nombre en la
razón social se constituye responsable de todas las obligaciones y pérdidas de la
sociedad en los mismos términos que el socio gestor.
Art. 478. El comanditario no puede llevar a la sociedad, por vía de aporte, su
capacidad, crédito o industria personal.
Con todo eso, su aporte puede consistir en la comunicación de un secreto de arte
o ciencia, con tal que no lo aplique por sí mismo ni coopere diariamente a su
aplicación.
Art. 479. Si el aporte consiste en el mero goce o usufructo, el comanditario no
soportará otra pérdida que la de los productos de la cosa que constituya su aporte.
En ningún caso estará obligado a restituir las cantidades que a título de
beneficios haya recibido de buena fe.
Art. 480. Los comanditarios tienen la responsabilidad que impone y el derecho que


otorga a los accionistas de las sociedades anónimas el artículo 456.
Art. 481. El comanditario puede, sin perder el carácter de tal, asistir a las
asambleas, y tendrá en ellas voto consultivo.
Art. 482. Puede también ceder sus derechos, mas no transferir la facultad de
examinar los libros y papeles de la sociedad, mientras ésta no haya dado punto a sus
operaciones.
Art. 483. Los socios gestores son indefinida y solidariamente responsables de
todas las obligaciones y pérdidas de la sociedad.
Los socios comanditarios sólo responden de unas y otras hasta concurrencia de
sus aportes prometidos o entregados.
Art. 484. Se prohíbe al socio comanditario ejecutar acto alguno de
administración social, aun en calidad de apoderado de los socios gestores.
Art. 485. El comanditario que violare la prohibición del artículo precedente
quedará solidariamente responsable con los gestores de todas las pérdidas y
obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención.
Art. 486. El comanditario que pagare a los acreedores de la sociedad por alguno
de los motivos expresados en los artículos 477 y 484, tendrá derecho a exigir de
los socios gestores la restitución de la cantidad excedente a la de su aporte.
En ninguno de esos casos podrán los socios gestores reclamar del comanditario
indemnización alguna por el mero hecho de la contravención.
Art. 487. No son actos administratorios de parte de los comanditarios:
1° Los contratos que por cuenta propia o ajena celebren con los socios gestores;
2° El desempeño de una comisión en una plaza distinta de aquella en que se
encuentre establecido el domicilio de la sociedad;
3° El consejo, examen, inspección, vigilancia y demás actos interiores que
pasan entre los socios, siempre que no traben la libre y espontánea acción de los
gestores;
4° Los actos que colectiva o individualmente ejecuten como comuneros después de
la disolución de la sociedad.
Art. 488. El comanditario que forma un establecimiento de la misma naturaleza que
el establecimiento social, o toma parte como socio colectivo o comanditario en uno
formado por otra persona, pierde el derecho de examinar los libros sociales, salvo
que los intereses de tal establecimiento no se encuentren en oposición con los de la
sociedad.
Art. 489. Habiendo uno o más socios comanditarios y muchos colectivos, sea que
todos éstos administren de consuno, sea que uno o más administren por todos, la
sociedad será a la vez comanditaria respecto de los primeros y colectiva
relativamente de los segundos.
Art. 490. En caso de duda, la sociedad se reputará colectiva.
§ 12. De la comandita por acciones

Art. 491. Las reglas establecidas en el párrafo anterior son aplicables a la
comandita por acciones en cuanto no estén en contradicción con las disposiciones
del presente.

Art. 492. Las sociedades en comandita no podrán dividir su capital en acciones o
cupones de acción que bajen de diez centésimos de escudo, cuando aquél no exceda
de cincuenta escudos.
Si el capital excediere de esta suma, las acciones o cupones de acción no
podrán bajar de medio escudo.
Art. 493. Las sociedades en comandita no quedarán definitivamente constituidas
sino después de suscrito todo el capital y de haber entregado cada accionista al
menos la cuarta parte del importe de sus acciones.


La suscripción y entrega serán comprobadas por la declaración del gerente en
una escritura pública, y ésta será acompañada de la lista de suscriptores, de un
estado de las entregas y de la escritura social.
Art. 494. Las acciones de las sociedades en comandita serán nominativas.

Art. 495. Los subscriptores de acciones son responsables, a pesar de cualquiera
estipulación en contrario, del monto total de las acciones que hubieren tomado en la
sociedad.
Las acciones o cupones de acción no serán negociables sino después de
entregadas dos quintas partes de su valor.
Art. 496. Siempre que alguno de los socios llevare un aporte que no consista en
dinero, o estipulare a su favor algunas ventajas particulares, la asamblea general
hará verificar y estimar el valor de uno y otras, y mientras no haya prestado su
aprobación en una reunión ulterior, la sociedad no quedará definitivamente
constituida.
Las deliberaciones de la asamblea serán adoptadas a mayoría de sufragios de los
accionistas presentes o representados; y esta mayoría será compuesta de la cuarta
parte de los accionistas, que represente la cuarta parte del capital social.
Los socios que hicieren el aporte o hubieren estipulado las ventajas sometidas a
la apreciación de la asamblea, no tendrán voto deliberativo.
Artículo 497.- Es nula la comandita por acciones constituida en contravención a
cualquiera de las prescripciones que contienen los artículos precedentes, sin
perjuicio de su saneamiento en conformidad a la ley.

Art. 498. En toda comandita por acciones se establecerá una junta de vigilancia,
compuesta al menos de tres accionistas.
La junta será nombrada por la asamblea general inmediatamente después de la
constitución definitiva de la sociedad y antes de toda operación social.
La primera junta será nombrada por un año y las demás por cinco.
Art. 499. Los miembros de la junta deberán examinar si la sociedad ha sido
legalmente constituida, inspeccionar los libros, comprobar la existencia de los
valores sociales en caja, en documentos o en cualquier otra forma, y presentar al fin
de cada año a la asamblea general una memoria acerca de los inventarios y de las
proposiciones que haga el gerente para la distribución de dividendos.
Art. 500. La junta de vigilancia tiene derecho de convocar la asamblea general y
de provocar la disolución de la sociedad.
Art. 501. Anulada la sociedad por infracción de las reglas prescritas para su
constitución, los miembros de la junta de vigilancia podrán ser declarados
solidariamente responsables con los gerentes de todas las operaciones ejecutadas con
posterioridad a su nombramiento y aceptación.
La misma responsabilidad podrá ser declarada contra los fundadores de la
sociedad que hayan llevado un aporte en especie y estipulado a su favor ventajas
particulares.
Art. 502. Cada uno de los miembros de la junta de vigilancia será solidariamente
responsable con los gerentes:
1° Cuando haya permitido a sabiendas que en los inventarios se cometan
inexactitudes graves que perjudiquen a la sociedad o a terceros;
2° Siempre que con conocimiento de causa haya consentido en que se distribuyan
dividendos no justificados por inventarios regulares y sinceros.
Art. 503. La emisión de acciones o de cupones de acción en una sociedad
constituida en contravención a los artículos 492, 493 y 494, será castigada con
una multa de medio a un escudo.
En la misma multa incurrirá el gerente que principiare las operaciones sociales
antes que la junta de vigilancia haya comenzado a funcionar.
Art. 504. La negociación de acciones o cupones de acción de un valor o forma
contrarios a las disposiciones de los artículos 492 y 494, o de acciones o cupones
de acción a cuya cuenta no se hayan entregado los dos quintos de su valor conforme
al artículo 495, será penada con una multa de medio a dos escudos.
Con la misma multa serán castigados los que tomaren parte en las negociaciones
enunciadas y los que hicieren publicar el valor de las expresadas acciones o cupones


de acción.
Art. 505. Serán castigados con arreglo a las prescripciones del Código Penal:
1° Los que por simulación de suscripciones o entregas, por publicación
maliciosa de suscripciones o entregas que no existan, o mediante otros hechos falsos,
hayan obtenido o procurado obtener suscripciones o entregas;
2° Los que para provocar suscripciones o entregas publiquen de mala fe los
nombres de personas a quienes se suponga relacionadas con la sociedad, a cualquier
título que sea.
Art. 506. Los accionistas accionistas que tuvieren que sostener colectivamente,
como demandantes o demandados, un pleito contra los gerentes o los miembros de la
junta de vigilancia, serán representados por apoderados elegidos por la asamblea
general.
No pudiendo verificarse el nombramiento por la asamblea general, por un
obstáculo cualquiera, será hecho por el juzgado de comercio a petición de la parte
más diligente.
Si el pleito versare sobre objetos de interés particular de algunos accionistas,
los apoderados serán nombrados en reunión de los interesados en la causa.
En cualquiera de los dos casos propuestos, los accionistas podrán intervenir
personalmente en la causa, a cargo de soportar los gastos de su intervención.
§ 13. De la asociación o cuentas en participación

Art. 507. La participación es un contrato por el cual dos o más comerciantes
toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas,
que debe ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, a cargo
de rendir cuenta y dividir con sus asociados las ganancias o pérdidas en la
proporción convenida.

Artículo 507 bis.- La sociedad en comandita que durante más de 90 días
seguidos tenga 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito
pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a
través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, por el
solo ministerio de la ley se transformará en una sociedad anónima, siéndole
totalmente aplicables las disposiciones pertinentes de dicha ley, las que en este
caso prevalecerán sobre el estatuto social. La siguiente junta de accionistas
deberá resolver las adecuaciones que reflejen la nueva modalidad social y elegir los
miembros del directorio que continuará la administración.

Art. 508. La participación no está sujeta en su formación a las solemnidades
prescritas para la constitución de las sociedades.
El convenio de los asociados determina el objeto, la forma, el interés y las
condiciones de la participación.
Art. 509. La participación es esencialmente privada, no constituye una persona
jurídica, y carece de razón social, patrimonio colectivo y domicilio.
Su formación, modificación, disolución y liquidación pueden ser establecidas
con los libros, correspondencia, testigos y cualquiera otra prueba legal.
Art. 510. El gestor es reputado único dueño del negocio en las relaciones
externas que produce la participación.
Los terceros sólo tienen acción contra el administrador, del mismo modo que los
partícipes inactivos carecen de ella contra los terceros.
Unos y otros, sin embargo, podrán usar de las acciones del gerente en virtud de
una cesión en forma.
Art. 511. Salvas las modificaciones resultantes de la naturaleza jurídica de la
participación, ella produce entre los partícipes los mismos derechos y obligaciones
que confieren e imponen a los socios entre sí las sociedades mercantiles.
Título VIII
DEL SEGURO EN GENERAL Y DE LOS
SEGUROS TERRESTRES


EN PARTICULAR

§ 1. Definiciones

Art. 512. El seguro es un contrato bilateral, condicional y aleatorio por el cual
una persona natural o jurídica toma sobre sí por un determinado tiempo todos o
alguno de los riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos
pertenecientes a otra persona, obligándose, mediante una retribución convenida, a
indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos
asegurados.

Art. 513. Llámase asegurador la persona que toma de su cuenta el riesgo,
asegurado la que queda libre de él, y prima la retribución o precio del seguro.
Se entiende por riesgo la eventualidad de todo caso fortuito que puede causar la
pérdida o deterioro de los objetos asegurados.
Siniestro es la pérdida o el daño de las cosas aseguradas.
Denomínase siniestro mayor la pérdida total o casi total, y siniestro menor el
simple daño de la cosa asegurada.
La pérdida o deterioro de las tres cuartas partes del valor de la cosa asegurada
es considerada como pérdida total sólo en los casos expresados por la ley.
Los seguros son terrestres o marítimos.
§ 2. Disposiciones comunes a los seguros terrestres y marítimos

Art. 514. El seguro se perfecciona y prueba por escritura pública, privada, u
oficial, que es la autorizada por un corredor o por un cónsul chileno en su caso.
El documento justificativo del seguro se llama póliza.
La póliza puede ser nominadamente extendida a favor del asegurado, a su orden o
al portador.
Otorgándose escritura privada u oficial, se extenderán dos ejemplares para
resguardo recíproco de las partes.

Art. 515. El seguro ajustado verbalmente vale como promesa, con tal que los
contratantes hayan convenido formalmente en la cosa, riesgo y prima.
La promesa puede ser justificada por cualquiera de los medios probatorios
admitidos en materia mercantil, y autoriza a cada una de las partes para demandar a
la otra el otorgamiento de la póliza.
Art. 516. Toda póliza deberá contener:
1° Los nombres y apellidos del asegurador y asegurado y el domicilio de ambos;
2° La declaración de la calidad que toma el asegurado al contratar el seguro;
3° La designación clara y precisa del valor y naturaleza de los objetos
asegurados;
4° La cantidad asegurada;
5° Los riesgos que el asegurador toma sobre sí;
6° La época en que principia y concluye el riesgo para el asegurador;
7° La prima del seguro, y el tiempo, lugar y forma en que haya de ser pagada;
8° La fecha, con expresión de la hora;
9° La enunciación de todas las circunstancias que puedan suministrar al
asegurador un conocimiento exacto y completo de los riesgos, y la de todas las demás
estipulaciones que hicieren las partes.
Art. 517. Respecto del asegurado, el seguro es un contrato de mera
indemnización, y jamás puede ser para él la ocasión de una ganancia.
Art. 518. Pueden celebrar un seguro todas las personas hábiles para obligarse.
Pero de parte del asegurado se requiere, además de la capacidad legal, que tenga
al tiempo del contrato un interés real en evitar los riesgos, sea en calidad de
propietario, copartícipe, fideicomisario, usufructuario, arrendatario, acreedor o
administrador de bienes ajenos, sea en cualquiera otra que lo constituya interesado
en la conservación del objeto asegurado.
El seguro en que falte este interés es nulo y de ningún valor.
Art. 519. El seguro puede ser contratado por cuenta propia, o por la de un


tercero en virtud de un poder especial o general, y aún sin su conocimiento y
autorización.
Se entiende que el seguro corresponde al que lo ha contratado, toda vez que la
póliza no exprese que es por cuenta de un tercero.
Art. 520. Por el hecho de tomar por su cuenta el seguro del objeto mandado
asegurar, se entiende que el mandatario asegura de acuerdo con las instrucciones de
su mandante.
En defecto de instrucciones, se tendrá por realizado el seguro conforme a las
condiciones usuales en el lugar donde el mandatario deba ejecutar el mandato.
Art. 521. Es de ningún valor el seguro ajustado por un agente oficioso, si el
interesado o su mandatario, ignorando la existencia de este contrato, hubiere hecho
asegurar el mismo objeto.
Art. 522. Pueden ser aseguradas todas las cosas corporales o incorporales, con
tal que existan al tiempo del contrato o en la época en que principien a correr los
riesgos por cuenta del asegurador, tengan un valor estimable en dinero, puedan ser
objeto de una especulación lícita, y se hallen expuestas a perderse por el riesgo
que tome sobre sí el asegurador.
Por consiguiente no pueden ser materia de seguro:
1° Las ganancias o beneficios esperados;
2° Los objetos de ilícito comercio;
3° Las cosas íntegramente aseguradas, a no ser que el último seguro se refiera
a un tiempo diverso o a riesgos de distinta naturaleza que los que comprenda el
anterior;
4° Las cosas que han corrido ya el riesgo, háyanse salvado o perecido en él.
El seguro de cosas que no reúnan todas las condiciones expresadas en el inciso
primero de este artículo es nulo de pleno derecho.
Art. 523. El asegurador puede hacer reasegurar, a condiciones más o menos
favorables que las estipuladas, las mismas cosas que él hubiere asegurado.
El reseguro no extingue las obligaciones del asegurador, ni confiere al asegurado
acción directa contra el reasegurador.
El asegurador y el asegurado no pueden celebrar un reseguro; pero el segundo
puede hacer asegurar el costo del seguro y el riesgo de insolvencia del primero.
Art. 524. Los establecimientos de comercio, como almacenes, bazares, tiendas,
fábricas y otros, y los cargamentos terrestres o marítimos pueden ser asegurados
con o sin designación específica de las mercaderías y otros objetos que contengan.
Los muebles que constituyen el menaje de una casa pueden ser también asegurados
en esta misma forma, salvo los que tengan un gran precio, como las alhajas, cuadros
de familia, objetos de arte u otros análogos, los cuales serán asegurados con
designación.
En uno y otro caso el asegurado deberá individualizar los objetos asegurados y
justificar su existencia y valor al tiempo del siniestro.
Art. 525. Habiendo muchos seguros sucesivos celebrados de buena fe en diferentes
fechas, sólo valdrá el primero siempre que cubra el valor íntegro del objeto
asegurado.
No cubriéndolo, los aseguradores posteriores responderán del valor insoluto
según el orden de las fechas de sus respectivos contratos.
Los aseguradores cuyos contratos quedaren anulados por falta de un valor
asegurable, restituirán la prima, salvo su derecho a la indemnización a que hubiere
lugar.
Art. 526. Cuando varios aseguradores aseguren conjunta o separadamente en una
misma fecha una cantidad que exceda el verdadero valor del objeto asegurado, no
quedarán responsables sino hasta concurrencia de ese valor y en proporción de la
suma que cada uno de ellos hubiere asegurado.
El seguro no datado se presume celebrado en la fecha del que le siga
inmediatamente.
Art. 527. En los casos previstos en los dos artículos que preceden, el asegurado
no podrá rescindir un seguro anterior para hacer responsables a los aseguradores
posteriores.
Exonerando de sus obligaciones a los aseguradores anteriores, el asegurado
quedará colocado en su lugar, en el mismo orden y por la misma suma que aquéllos
hubieren asegurado.
En este caso, si el asegurado contratare un nuevo seguro, los aseguradores
ocuparán su lugar en la forma que expresa el inciso anterior.


Art. 528. Aunque una cosa haya sido asegurada por todo su valor, es permitido
asegurarla de nuevo bajo la condición de que el segundo asegurador sólo será
responsable siempre que el asegurado no sea completamente indemnizado por el primer
asegurador.
En este caso el contrato o contratos anteriores serán claramente descritos en la
nueva póliza, so pena de nulidad, y se aplicarán las reglas establecidas en los
artículos 525 y 526.
Art. 529. Desistiendo en forma legal de un seguro contratado, el asegurado podrá
hacer asegurar nuevamente la cosa asegurada por el mismo tiempo y los mismos riesgos.
En la nueva póliza se hará mención, so pena de nulidad, tanto del seguro
anterior como del desistimiento.
Art. 530. Transmitida por título universal o singular la propiedad de la cosa
asegurada, el seguro correrá en provecho del adquirente, sin necesidad de cesión,
desde el momento en que los riesgos le correspondan, a menos que conste evidentemente
que el seguro fue consentido por el asegurador en consideración a la persona
asegurada.
Art. 531. En caso de transmisión por título singular, el asegurador podrá
exigir que el adquirente declare en el acto del requerimiento judicial si quiere o no
aprovecharse del seguro.
Si lo rehusare y el asegurado conservare algún interés en la cosa, el seguro
continuará por cuenta de éste hasta concurrencia de su interés.
Si ningún interés conservare, se tendrá por extinguido el seguro desde el
momento de la enajenación; y el asegurador podrá reclamar del asegurado el pago de
toda la prima o una indemnización, según la naturaleza del seguro.
Art. 532. No es eficaz el seguro sino hasta concurrencia del verdadero valor del
objeto asegurado, aun cuando el asegurador se haya constituido responsable de una
suma que lo exceda.
No hallándose asegurado el íntegro valor de la cosa, el asegurador sólo
estará obligado a indemnizar el siniestro a prorrata entre la cantidad asgurada y la
que no lo esté.
Sin embargo, los interesados podrán estipular que el asegurado no soportará
parte alguna de la pérdida o deterioro, sino en el caso que el monto del siniestro
exceda la suma asegurada.
Art. 533. Omitiéndose en la póliza la determinación del valor de las cosas
aseguradas, el asegurado podrá establecerlo por todos los medios de prueba que
admite este Código.
Art. 534. Aunque el valor haya sido formalmente enunciado en la póliza, el
asegurador o asegurado podrán probar que la estimación ha sido exagerada por error
o dolo.
Declarándose que ha habido exceso por error en la estimación, la suma asegurada
y la prima serán reducidas hasta concurrencia del verdadero valor de los objetos
asegurados; y el asegurador podrá exigir sobre la diferencia entre ese valor y el
enunciado en la póliza la indemnización a que haya lugar.
Probando el asegurador que la diferencia entre el valor real de los objetos y la
cantidad asegurada proviene de dolo del asegurado, éste no podrá exigir el pago del
seguro en caso de siniestro, ni excusarse de abonar al asegurador la prima íntegra,
sin perjuicio de la acción criminal.
Pero si el objeto asegurado hubiere sido justipreciado por peritos elegidos por
las partes, el asegurador no podrá impugnar, salvo el caso de dolo, el valor que
aquéllos le hubieren asignado.
Art. 535. Si la póliza no contiene la designación expresa o tácita de la
cantidad asegurada, se entiende que el asegurador se obliga a indemnizar la pérdida
o deterioro hasta concurrencia del valor de la cosa asegurada al tiempo del
siniestro.
Hay designación expresa, no sólo cuando expresamente se designa la cantidad
asegurada, sino cuando el asegurador se obliga a pagar el todo o parte del valor del
objeto asegurado según la estimación que de él se haga al tiempo del siniestro, o
cuando se establece en la póliza el medio de fijar la suma asegurada.
Hay designación tácita, siempre que la póliza contenga la valuación del
objeto asegurado, la fijación de la prima, o algún otro dato que baste para
determinar la suma asegurada.
Art. 536. El asegurador puede tomar sobre sí todos o algunos de los riesgos a
que está expuesta la cosa asegurada.


No estando expresamente limitado el seguro a determinados riesgos, el asegurador
responde de todos, salvas las excepciones legales.
Art. 537. En defecto de estipulación, los riesgos principiarán a correr por
cuenta del asegurador desde que las partes suscriban la póliza, a no ser que la ley
disponga otra cosa.
Los tribunales determinarán en la hipótesis propuesta la duración de los
riesgos, tomando en consideración las cláusulas de la póliza, los usos locales y
las demás circunstancias del caso.
Art. 538. El asegurado no puede variar por sí solo el lugar del riesgo ni
cualquiera otra de las circunstancias que se hayan tenido en vista para estimarlo.
La variación ejecutada sin consentimiento del asegurador autoriza la rescisión
del contrato si, a juicio del juzgado competente, extendiere o agravare los riesgos.
Art. 539. El siniestro se presume ocurrido por caso fortuito; pero el asegurador
puede acreditar que ha sido causado por un accidente que no le constituye responsable
de sus consecuencias, según la convención o la ley.
Art. 540. La cláusula en que el asegurador se comprometa a pasar por la
estimación que el asegurado haga del daño sufrido, no produce otro efecto que el de
imponer al primero la obligación de la prueba.
Art. 541. El seguro contratado sin estipulación de prima es nulo y de ningún
valor.
Art. 542. El asegurador gana irrevocablemente la prima desde el momento en que
los riesgos comienzan a correr por su cuenta.
Art. 543. La prima puede consistir en una cantidad de dinero, o en la prestación
de una cosa o de un hecho estimables también en dinero, y pagarse toda a la vez, o
parcialmente por meses o por años.
En defecto de estipulación, la prima es pagadera en dinero; y consistiendo en un
tanto por ciento o en una cantidad alzada, será exigible desde que el asegurador
empiece a correr los riesgos.
La prima estipulada en entregas periódicas será pagada al principio de cada
período.
Art. 544. El no pago de la prima al vencimiento del plazo convencional o legal,
autoriza al asegurador para demandar la entrega de ella o la rescisión del seguro
con indemnización de daños y perjuicios.
La demanda de la prima deja subsistente el seguro.
Instaurada la acción rescisoria, los riesgos cesan de correr por cuenta del
asegurador, y el asegurado no podrá exigir el resarcimiento de un siniestro
ulterior, ni aun ofreciendo el pago de la prima.
Art. 545. El asegurador deberá poner en ejercicio los derechos que le confiere
el anterior artículo dentro del término de tres días, contados desde el
vencimiento del plazo; y no haciéndolo, el seguro se reputará vigente para todos
sus efectos, y el asegurador sólo podrá perseguir la entrega de la prima.
Art. 546. Concedido un término de gracia para el pago de la prima, los
aseguradores quedan obligados a la reparación del siniestro que ocurra antes de su
vencimiento; pero si ocurriere después, no estarán obligados a repararlo sino en el
caso de que la prima hubiere sido pagada dentro del término indicado.
No siendo pagada, los aseguradores podrán usar del derecho que les otorga el
inciso primero del artículo 544.
Art. 547. Caducando el seguro contratado por meses o por años, el asegurado no
deberá cantidad alguna por los meses o años que no hubieren principiado a correr,
ni podrá repetir porción alguna de la prima que hubiere pagado por la parte del mes
o año que no hubiere corrido.
Art. 548. El descuento de las primas correspondientes a meses o años futuros
extingue la división mensual o anual del pago; y en tal caso se presume que las
partes han sustituido al seguro primitivo un seguro único por una sola prima y un
número determinado de años.
Art. 549. Ajustado el seguro entre el asegurador y asegurado o su mandatario, el
primero deberá entregar al segundo la póliza firmada dentro de veinticuatro horas,
contadas desde la fecha del ajuste.


Si el seguro fuere celebrado por el intermedio de corredor, la póliza deberá
ser firmada y entregada a las partes en el término de cuatro días, contados desde
la conclusión del contrato.
La inobservancia de lo dispuesto en los dos incisos anteriores confiere al
asegurado el derecho de reclamar daños y perjuicios al asegurador o al corredor en
su caso.
Art. 550. El asegurador contrae principalmente la obligación de pagar al
asegurado la suma asegurada o parte de ella, siempre que el objeto asegurado se
pierda total o parcialmente, o sufra algún daño por efecto del caso fortuito que
hubiere tomado a su cargo.
La responsabilidad del asegurador en ningún caso podrá exceder de la cantidad
asegurada.
Art. 551. Si el accidente ocurrido antes y continuado después de vencido el
término del seguro consumare la pérdida o el deterioro de la cosa asegurada, los
aseguradores responderán del íntegro valor del siniestro.
Pero si ocurriere antes y continuare después que los riesgos hubieren
principiado a correr por cuenta de los aseguradores, éstos no serán responsables
del siniestro.
Art. 552. El asegurador no está obligado a indemnizar la pérdida o deterioro
procedentes de vicio propio de la cosa, de un hecho personal del asegurado o de un
hecho ajeno que afecte civilmente la responsabilidad de éste.
Sin embargo, el asegurador puede tomar sobre sí, en virtud de una estipulación
expresa, los riesgos provenientes de vicio propio de la cosa; pero le es prohibido
constituirse responsable de los hechos personales del asegurado.
Entiéndese por vicio propio el germen de destrucción o deterioro que llevan en
sí las cosas por su propia naturaleza o destino, aunque se las suponga de la más
perfecta calidad en su especie.
Artículo 553.- Por el hecho del pago del siniestro, el asegurador se subroga al
asegurado en los derechos y acciones que éste tenga contra terceros, en razón del
siniestro.
Si la indemnización no fuere total, el asegurado conservará sus derechos para
cobrar a los responsables los perjuicios que no hubiere indemnizado el asegurador.
El asegurado será responsable ante el asegurador por todos los actos u omisiones
que puedan perjudicar al ejercicio de las acciones traspasadas por subrogación.

Art. 554. Por el mero hecho de pagar el siniestro, el que asegura la solvencia
del asegurador de la cosa se subroga al asegurado en todos los derechos que a éste
confiere el primer seguro.
Art. 555. La cosa que es materia del seguro es subrogada por la cantidad
asegurada para el efecto de ejercitar sobre ésta los privilegios e hipotecas
constituidos sobre aquélla.
Art. 556. El asegurado está obligado:
1° A declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para identificar
la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos;
2° A pagar la prima en la forma y época convenidas;
3° A emplear todo el cuidado y celo de un diligente padre de familia para
prevenir el siniestro;
4° A tomar todas las providencias necesarias para salvar o recobrar la cosa
asegurada, o para conservar sus restos;
5° A notificar al asegurador, dentro de los tres días siguientes a la
recepción de la noticia, el advenimiento de cualquier accidente que afecte su
responsabilidad, haciendo en la notificación una enunciación clara de las causas y
circunstancias del accidente ocurrido;
6° A declarar al tiempo de exigir el pago de un siniestro los seguros que haya
hecho o mandado hacer sobre el objeto asegurado;
7° A probar la coexistencia de todas las circunstancias necesarias para
establecer la responsabilidad del asegurador.
Este es responsable de todos los gastos que haga el asegurado para cumplir las
obligaciones expresadas en los números 3° y 4°.
Art. 557. El seguro se rescinde:
1° Por las declaraciones falsas o erróneas o por las reticencias del asegurado
acerca de aquellas circunstancias que, conocidas por el asegurador, pudieran
retraerle de la celebración del contrato o producir alguna modificación sustancial


en sus condiciones;
2° Por inobservancia de las obligaciones contraídas;
3° Por falta absoluta o extinción de los riesgos.
Si la falta o extinción de los riesgos fuere parcial, el seguro se rescindirá
parcialmente.
Art. 558. Pronunciada la nulidad o la rescisión del seguro por dolo o fraude del
asegurado, el asegurador podrá demandar el pago de la prima o retenerla, sin
perjuicio de la acción criminal, aunque no haya corrido riesgo alguno.
Art. 559. Declarada la quiebra del asegurador pendientes los riesgos, el
asegurado podrá solicitar la rescisión del seguro o exigir que el concurso afiance
el cumplimiento de las obligaciones del fallido.
Goza de la misma opción el asegurador, si ocurriere la quiebra del asegurado
antes de pagarse la prima.
Si el fallido o el administrador de la quiebra no otorgare fianza dentro de los
tres días siguientes al de la notificación de la demanda, el seguro quedará
rescindido.
Art. 560. Las compañías anónimas de seguros mutuos están sujetas a las reglas
que contiene el presente párrafo en todo lo relativo a la fijación de los derechos
y obligaciones de la compañía y de los accionistas en los casos de siniestro.
§ 3. Disposiciones especiales relativas
a los seguros terrestres

Art. 561. Los seguros terrestres son mutuos o a prima.
Los seguros mutuos participan a la vez del contrato de seguro y del de sociedad;
y aunque por su naturaleza sean contratos civiles, están sujetos a la legislación
mercantil conforme a lo prescrito en el artículo 2064 del Código Civil.

Art. 562. Los seguros terrestres a prima tienen ordinariamente por objeto
asegurar:
1° La duración de la vida de una o más personas;
2° Los riesgos de incendio;
3° Los riesgos de las cosechas pendientes o realizadas;
4° Los riesgos de transporte por tierra, lagos, ríos y canales navegables.
Art. 563. La dejación de las cosas aseguradas no es admisible en los seguros
terrestres, salvo el caso de convenio de las partes.
Tampoco es admisible la rescisión por la mera voluntad del asegurado, ni aun
pagando una indemnización.
Art. 564. Si la rescisión fuere causada por un caso fortuito o de fuerza mayor,
el asegurador no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, salva
estipulación en contrario.
Pero si lo fuere por un hecho inculpable del asegurado, el asegurador podrá
solicitar indemnización de daños y perjuicios con arreglo a los principios
generales.
Las disposiciones de este artículo y las del precedente no son aplicables al
seguro de transportes terrestres.
Art. 565. La indemnización a que se obliga el asegurador se regla, dentro de los
límites de la convención, sobre la base del valor que tenga el objeto asegurado al
tiempo del siniestro.
Art. 566. En el caso previsto en el número 4° del artículo 522 el seguro se
tendrá como no celebrado, aunque el asegurador y asegurado hayan procedido con
ignorancia de la pérdida o salvación del objeto asegurado.
Pero si alguno de ellos hubiere obrado con conocimiento de la pérdida o
salvación de la cosa, será obligado a indemnizar competentemente al otro, sin
perjuicio de la aplicación de la pena que le imponga la ley.
Conociendo ambas partes el suceso que ha puesto fin a los riesgos, el seguro se
tendrá para todos sus efectos como una mera apuesta.
Art. 567. Lo dispuesto en el inciso final del artículo 556 se aplica a los
seguros terrestres, salvo el de transportes, aun cuando los gastos de salvamento
excedan al valor de los objeto salvados.


Art. 568. Las acciones resultantes del seguro terrestre, salvo el de transportes,
prescriben por el transcurso de cuatro años. Si la prima fuere pagadera por cuotas
en épocas fijas y periódicas, la acción para cobrar cada cuota prescribe en cuatro
años, contados desde el momento en que sea exigible.

§ 4. Del seguro de vida

Art. 569. La vida de una persona puede ser asegurada por ella misma o por un
tercero que tenga interés actual y efectivo en su conservación.
En el segundo caso el asegurado es el tercero en cuyo beneficio cede el seguro y
que se obliga a pagar la prima.

Art. 570. El seguro celebrado por un tercero puede realizarse sin noticia y
consentimiento de la persona cuya vida es asegurada.
Art. 571. El seguro puede ser temporal o vitalicio.
Omitida la designación del tiempo que debe durar, el seguro se reputará
vitalicio.
Art. 572. El riesgo que el asegurado toma sobre sí puede ser el de muerte del
asegurado dentro de un determinado tiempo o en ciertas circunstancias previstas por
las partes, o el de la prolongación de la vida más allá de la época fijada por la
convención.
Art. 573. A más de las enunciaciones que contiene el artículo 516, la póliza
deberá expresar la edad, profesión y estado de salud de la persona cuya vida se
asegura.
Art. 574. Es nulo el seguro si al tiempo del contrato no existe la persona cuya
vida es asegurada, aun cuando las partes ignoren su fallecimiento.
Art. 575. El seguro de vida se rescinde:
1° Si el que ha hecho asegurar su vida la perdiere por suicidio o por
condenación capital, o si la perdiere en duelo o en otra empresa criminal, o si
fuere muerto por sus herederos.
Esta disposición es inaplicable al caso de seguro contratado por un tercero.
2° Si el que reclama la cantidad asegurada fuere autor o cómplice de la muerte
de la persona cuya vida ha sido asegurada.
Art. 576. La mera ausencia y desaparición de la persona cuya vida ha sido
asegurada, no hace exigible la cantidad asegurada, a no ser que los interesados
estipulen otra cosa.
Pero si los herederos presuntivos del desaparecido obtuvieren la posesión
definitiva, podrán exigir el pago de la cantidad asegurada bajo caución de
restituirla si el ausente apareciere.
Art. 577. La fijación de la cantidad asegurada y todas las condiciones
accidentales del contrato quedan al arbitrio de las partes.
Art. 578. Las disposiciones precedentes no son aplicables a las tontinas, seguros
mutuos de vida, ni a los demás contratos que requieran la contribución de una
cantidad fija.
§ 5. Del seguro contra incendio

Art. 579. Fuera de las enunciaciones que exige el artículo 516, la póliza
deberá expresar:
1° La situación de los inmuebles asegurados y la designación específica de
sus deslindes;
2° El destino y uso de los inmuebles asegurados;
3° El destino y uso de los edificios colindantes, en cuanto estas circunstancias
puedan influir en la estimación de los riesgos;
4° Los lugares en que se encuentren colocados o almacenados los muebles objeto
del seguro;
5° La duración del seguro.
Art. 580. El seguro de un edificio no comprende el riesgo que corre su
propietario de indemnizar los daños que cause a los vecinos el incendio del edificio


asegurado.
Art. 581. El asegurado contra el riesgo de vecino o contra los riesgos locativos
no podrá reclamar la indemnización convenida, mientras no exhiba una sentencia
ejecutoriada en la que se le haya declarado responsable de la comunicación del fuego
en el primer caso, o del incendio ocurrido en el edificio asegurado en el segundo.
Art. 582. Son de cargo del asegurador:
1° Todas las pérdidas y deterioros causados por la acción directa del
incendio, aunque este accidente proceda de culpa leve o levísima del asegurado, o de
hecho ajeno del cual éste sería en otro caso civilmente responsable;
2° Las pérdidas y deterioros que sean una consecuencia inmediata del incendio,
como los causados por el calor, el humo o el vapor, los medios empleados para
extinguir o contener el fuego, la remoción de muebles y las demoliciones ejecutadas
en virtud de orden de autoridad competente.
Art. 583. Cesa la responsabilidad del asegurador, si el edificio asegurado fuere
destinado después del contrato a un uso que agrave los riesgos de incendio, de tal
suerte que haya lugar a presumir que el asegurador no lo habría asegurado, o lo
habría asegurado bajo distintas condiciones.
La misma regla se aplicará al seguro de objetos muebles, toda vez que el
asegurado los remueva del lugar donde se encontraban al tiempo de celebrarse el
seguro y los coloque en otro.
Art. 584. Cesa también la responsabilidad del asegurador, cuando el incendio
procede de haberse infringido por el asegurado las leyes o los reglamentos de
policía que tienen por objeto prevenir tal accidente.
Art. 585. Si la cantidad asegurada consistiere en una cuota, se entiende que
ésta se refiere al valor que tenga el objeto asegurado en el momento del siniestro.
Art. 586. Salva convención en contrario, las expresiones bienes muebles o
muebles de casa, sin otra especificación, serán tomadas en el sentido que les da el
artículo 574 del Código Civil.
§ 6. Del seguro contra los riesgos a que están
expuestos los productos de la agricultura
Art. 587. Independientemente de las enunciaciones contenidas en el artículo 516,
la póliza deberá expresar:
1° La situación, cabida y deslindes de los terrenos, viñas, prados
artificiales o arboledas cuyos productos sean asegurados;
2° La clase de siembras o plantaciones a que estén destinados los terrenos, y
si están hechas o por hacerse;
3° El lugar del depósito, si el seguro es de frutos ya recogidos;
4° El valor medio de los frutos asegurados.

Art. 588. El seguro puede ser contratado por uno o más años.
No estando determinado el tiempo en la póliza, se entenderá que el seguro debe
durar sólo el año rural a que corresponda la cosecha asegurada.
Art. 589. El asegurador responde de la pérdida o daño de los frutos, mas no de
que las viñas, arboledas, sementeras o plantaciones los han de producir en tal o
cual cantidad.
Art. 590. En caso de siniestro el asegurador pagará la indemnización
estipulada, según lo prescrito en el artículo 565.
En la regulación pericial del siniestro se tomará en consideración, para
calcular y determinar la indemnización, si atendida la época en que haya ocurrido
el desastre es o no posible hacer una segunda siembra o plantación, o si por el
estado de los frutos se puede esperar alguna cosecha.
§ 7. Del seguro de transportes terrestres
Art. 591. A más de las enunciaciones exigidas en el artículo 516, la póliza
del seguro deberá contener:
1° El nombre y domicilio del conductor;
2° La indicación del punto donde deben ser recibidos los efectos para la carga
y la del lugar donde ha de hacerse la entrega;
3° El viaje por el que se aseguran, y la ruta que deben seguir los porteadores;


4° La forma en que deba hacerse el transporte.

Art. 592. El conductor de efectos por tierra, lagos, ríos y canales navegables
puede asegurarlos por su propia cuenta.
La póliza, en este caso, se extenderá con arreglo a las prescripciones del
precedente artículo.
Art. 593. Los riesgos principian a correr y concluyen para el asegurador en las
épocas que designa el artículo 200.
Art. 594. Si los efectos debieren ser transportados alternativamente por tierra o
por agua, el asegurador no será responsable de los daños que sufran, siempre que la
conducción se verifique sin necesidad por vías inusitadas o de una manera no
acostumbrada.
Art. 595. Determinada en la carta de porte y en la póliza del seguro la
duración de la travesía, el asegurador no será responsable de los daños que
acaezcan después del plazo designado.
Art. 596. Si en el curso del viaje convenido los efectos fueren descargados,
almacenados y vueltos a cargar a lomo de otros animales, o en otras carretas, o en
otros carros o buques los riesgos continuarán de cuenta del asegurador.
Exceptúase el caso en que se haya estipulado expresamente que el transporte se
realizará en un determinado buque; pero aun entonces el asegurador responderá de
los riesgos del trasbordo ejecutado para hacer flotar el buque.
Art. 597. El asegurador responde de los daños causados por culpa o dolo de los
encargados de la recepción, transporte o entrega de los efectos asegurados.
Art. 598. Ocurriendo algunos daños exceptuados del seguro, será de cargo del
asegurador justificarlos debidamente.
Art. 599. Rescindido el seguro total o parcialmente sin culpa del asegurador, el
asegurado le pagará por vía de indemnización medio por ciento del valor asegurado.
Art. 600. El asegurado puede hacer dejación de los efectos averiados a favor del
asegurador dentro de un mes, contado desde el día en que tuviere noticia del
siniestro.
No verificándolo dentro del plazo indicado, no podrá hacerlo después.
Art. 601. En los casos no previstos en el presente párrafo se aplicarán las
disposiciones consignadas en el título Del seguro marítimo.
Título IX
DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE

Art. 602. La cuenta corriente es un contrato bilateral y conmutativo por el cual
una de las partes remite a otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u
otros valores, sin aplicación a un empleo determinado ni obligación de tener a la
orden una cantidad o un valor equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por
sus remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez
hasta concurrencia del débito y crédito y pagar el saldo.

Art. 603. Las cuentas que no reúnan todas las condiciones enunciadas en el
artículo anterior son cuentas simples o de gestión, y no están sujetas a las
prescripciones de este título.
Art. 604. Todas las negociaciones entre comerciantes domiciliados o no en un
mismo lugar, o entre un comerciante y otro que no lo es, y todos los valores
transmisibles en propiedad, pueden ser materia de la cuenta corriente.
Art. 605. Antes de la conclusión de la cuenta corriente ninguno de los
interesados es considerado como acreedor o deudor.
Art. 606. Es de la naturaleza de la cuenta corriente:
1° Que el crédito concedido por remesas en efectos de comercio lleve la
condición de que éstos serán pagados a su vencimiento.
2° Que todos los valores del débito y crédito produzcan intereses legales o


los que las partes hubieren estipulado.
3° Que a más del interés de la cuenta corriente, los contratantes tengan
derecho a una comisión sobre el importe de todas las remesas cuya realización
reclamare la ejecución de actos de verdadera gestión.
La tasa de la comisión será fijada por convenio de las partes o por el uso.
4° Que el saldo definitivo sea exigible desde el momento de su aceptación, a no
ser que se hayan llevado al crédito de la parte que lo hubiere obtenido sumas
eventuales que igualen o excedan la del saldo, o que los interesados hayan convenido
en pasarlo a nueva cuenta.

Art. 607. La admisión en cuenta corriente de valores precedentemente debidos por
uno de los contratantes al otro, a cualquier título que sea, produce novación, a
menos que el acreedor o deudor, al prestar su consentimiento, haga una formal reserva
de derechos.
En defecto de una reserva expresa, la admisión de un valor en cuenta corriente
se presume hecha pura y simplemente.
Art. 608. Los valores remitidos y recibidos en cuenta corriente no son imputables
al pago parcial de los artículos que ésta comprende, ni son exigibles durante el
curso de la cuenta.
Art. 609. Las sumas o valores afectos a un empleo determinado, o que deban
tenerse a la orden del remitente, son extraños a la cuenta corriente, y como tales
no son susceptibles de la compensación puramente mercantil que establecen los
artículo 602 y 613.
Art. 610. Los embargos o retenciones de valores llevados a la cuenta corriente
sólo son eficaces respecto del saldo que resulte del fenecimiento de la cuenta a
favor del deudor contra quien fueren dirigidos.
Art. 611. La cuenta corriente se concluye por el advenimiento de la época fijada
por la convención o antes de él por consentimiento de las partes.
Se concluye también por la muerte natural o civil, la interdicción, la
demencia, la quiebra o cualquier otro suceso legal que prive a alguno de los
contratantes de la libre disposición de sus bienes.
Art. 612. La conclusión de la cuenta corriente es definitiva cuando no debe ser
seguida de ninguna operación de negocios, y parcial en el caso inverso.
Art. 613. La conclusión definitiva de la cuenta corriente fija invariablemente
el estado de las relaciones jurídicas de las partes, produce de pleno derecho,
independientemente del fenecimiento de la cuenta, la compensación del íntegro monto
del débito y crédito hasta la cantidad concurrente y determina la persona del
acreedor y deudor.
Art. 614. El saldo definitivo o parcial será considerado como un capital
productivo de intereses.
Art. 615. El saldo puede ser garantido con hipotecas constituidas en el acto de
la celebración del contrato.
Art. 616. Caso que el deudor retarde el pago, el acreedor podrá girar contra él
por el importe del saldo de la cuenta.
Art. 617. Las partes podrán capitalizar los intereses en períodos que no bajen
de seis meses, determinar la época de los balances parciales, la tasa del interés y
la comisión y acordar todas las demás cláusulas accesorias que no sean prohibidas
por la ley.
Art. 618. La existencia del contrato de cuenta corriente puede ser establecida
por cualquiera de las pruebas que admite este Código, menos por la de testigos.
Art. 619. La acción para solicitar el arreglo de la cuenta corriente, el pago
del saldo judicial o extrajudicialmente reconocido, o la rectificación de la cuenta
por errores de cálculo, omisiones, artículos extraños o indebidamente llevados al
débito o crédito, o duplicación de partidas, prescribe en el término de cuatro
años.
En igual tiempo prescriben los intereses del saldo, siendo pagaderos por año o
en períodos más cortos.
Título X


DEL CONTRATO DE CAMBIO

Art. 620. El contrato de cambio es una convención por la cual una de las partes
se obliga, mediante un valor prometido o entregado, a pagar o hacer pagar a la otra
parte o a su cesionario legal cierta cantidad de dinero en un lugar distinto de aquel
en que se celebra la convención.

Art. 621. El contrato de cambio se perfecciona por el solo consentimiento de las
partes acerca de la cantidad que debe ser pagada, el precio de ella, el lugar y
época del pago y puede ser probado por cualquiera de los medios que admite este
Código.

Art. 622. Las personas que pueden obligarse pueden celebrar el contrato de cambio
por su propia cuenta o por la de un tercero que las haya autorizado especialmente al
efecto.
INCISO DEROGADO

Art. 623. DEROGADO

Art. 624. DEROGADO

Art. 625. DEROGADO

Art. 626. DEROGADO

Art. 627. DEROGADO

Art. 628. DEROGADO

Art. 629. DEROGADO

Art. 630. DEROGADO

Art. 631. DEROGADO

Art. 632. DEROGADO

Art. 633. DEROGADO

Art. 634. DEROGADO

Art. 635. DEROGADO

Art. 636. DEROGADO

Art. 637. DEROGADO

Art. 638. DEROGADO

Art. 639. DEROGADO
Art. 640. DEROGADO


Art. 641. DEROGADO

Art. 642. DEROGADO

Art. 643. DEROGADO

Art. 644. DEROGADO

Art. 645. DEROGADO

Art. 646. DEROGADO

Art. 647. DEROGADO

Art. 648. DEROGADO

Art. 649. DEROGADO

Art. 650. DEROGADO

Art. 651. DEROGADO

Art. 652. DEROGADO

Art. 653. DEROGADO

Art. 654. DEROGADO

Art. 655. DEROGADO

Art. 656. DEROGADO

Art. 657. DEROGADO

Art. 658. DEROGADO

Art. 659. DEROGADO

Art. 660. DEROGADO

Art. 661. DEROGADO

Art. 662. DEROGADO

Art. 663. DEROGADO

Art. 664. DEROGADO
Art. 665. DEROGADO


Art. 666. DEROGADO

Art. 667. DEROGADO

Art. 668. DEROGADO

Art. 669. DEROGADO

Art. 670. DEROGADO

Art. 671. DEROGADO

Art. 672. DEROGADO

Art. 673. DEROGADO

Art. 674. DEROGADO

Art. 675. DEROGADO

Art. 676. DEROGADO

Art. 677. DEROGADO

Art. 678. DEROGADO

Art. 679. DEROGADO

Art. 680. DEROGADO

Art. 681. DEROGADO

Art. 682. DEROGADO

Art. 683. DEROGADO

Art. 684. DEROGADO

Art. 685. DEROGADO

Art. 686. DEROGADO

Art. 687. DEROGADO

Art. 688. DEROGADO

Art. 689. DEROGADO
Art. 690. DEROGADO


Art. 691. DEROGADO

Art. 692. DEROGADO

Art. 693. DEROGADO

Art. 694. DEROGADO

Art. 695. DEROGADO

Art. 696. DEROGADO

Art. 697. DEROGADO

Art. 698. DEROGADO

Art. 699. DEROGADO

Art. 700. DEROGADO

Art. 701. DEROGADO

Art. 702. DEROGADO

Art. 703. DEROGADO

Art. 704. DEROGADO

Art. 705. DEROGADO

Art. 706. DEROGADO

Art. 707. DEROGADO

Art. 708. DEROGADO

Art. 709. DEROGADO

Art. 710. DEROGADO

Art. 711. DEROGADO

Art. 712. DEROGADO

Art. 713. DEROGADO

Art. 714. DEROGADO
Art. 715. DEROGADO


Art. 716. DEROGADO

Art. 717. DEROGADO

Art. 718. DEROGADO

Art. 719. DEROGADO

Art. 720. DEROGADO

Art. 721. DEROGADO

Art. 722. DEROGADO

Art. 723. DEROGADO

Art. 724. DEROGADO

Art. 725. DEROGADO

Art. 726. DEROGADO

Art. 727. DEROGADO

Art. 728. DEROGADO

Art. 729. DEROGADO

Art. 730. DEROGADO

Art. 731. DEROGADO

Art. 732. DEROGADO

Art. 733. DEROGADO

Art. 734. DEROGADO

Art. 735. DEROGADO

Art. 736. DEROGADO

Art. 737. DEROGADO

Art. 738. DEROGADO

Art. 739. DEROGADO
Art. 740. DEROGADO


Art. 741. DEROGADO

Art. 742. DEROGADO

Art. 743. DEROGADO

Art. 744. DEROGADO

Art. 745. DEROGADO

Art. 746. DEROGADO

Art. 747. DEROGADO

Art. 748. DEROGADO

Art. 749. DEROGADO

Art. 750. DEROGADO

Art. 751. DEROGADO

Art. 752. DEROGADO

Art. 753. DEROGADO

Art. 754. DEROGADO

Art. 755. DEROGADO

Art. 756. DEROGADO

Art. 757. DEROGADO

Art. 758. DEROGADO

Art. 759. DEROGADO

Art. 760. DEROGADO

Art. 761. DEROGADO

Art. 762. DEROGADO

Art. 763. DEROGADO

Art. 764. DEROGADO
Art. 765. DEROGADO


Art. 766. DEROGADO

Art. 767. DEROGADO

Art. 768. DEROGADO

Art. 769. DEROGADO

Art. 770. DEROGADO

Art. 771. DEROGADO

Art. 772. DEROGADO

Art. 773. DEROGADO

Art. 774. DEROGADO

Art. 775. DEROGADO

Art. 776. DEROGADO

Art. 777. DEROGADO

Art. 778. DEROGADO

Art. 779. DEROGADO

Art. 780. DEROGADO

Art. 781. DEROGADO

Art. 781 bis. DEROGADO

Título XII
DE LAS CARTAS ORDENES DE CREDITO

Art. 782. Las cartas órdenes de crédito tienen por objeto realizar un contrato
de cambio condicional, celebrado entre el dador y el tomador, cuya perfección pende
de que éste haga uso del crédito que aquél le abre.

Art. 783. Las cartas de crédito deben ser dadas a persona determinada y no a la
orden.
Expedidas en esta última forma, el tomador podrá cobrarlas personalmente, pero
no endosarlas.
El endoso de una carta de crédito no transfiere al endosatario el derecho de
cobrarla.
Art. 784. En la carta de crédito se designará el tiempo dentro del cual el
tomador deba hacer uso de ella y el máximum de la cantidad que deberá
entregársele.
Si la carta de crédito no expresare tiempo alguno, será señalado por el


juzgado de comercio respectivo, atendidas las circunstancias del dador y tomador y la
naturaleza de la operación mercantil que tuvo por objeto la apertura del crédito.
Art. 785. El tomador de una carta de crédito deberá poner su firma en la misma
o entregar al dador un modelo de ella.
Art. 786. El dador de una carta de crédito no puede revocarla, salvo que
sobrevenga algún accidente que menoscabe el crédito del tomador.
Revocándola intempestivamente y sin un motivo serio y bien justificado, el dador
será responsable de los daños y perjuicios que se originen al tomador.
Art. 787. El dador queda obligado a pagar a su corresponsal la cantidad que en
virtud de la carta de crédito entregue al tomador.
Art. 788. La carta de crédito, aunque no sea pagada, no confiere al tomador
derecho alguno contra el dador ni contra la persona a cuyo cargo fuere expedida.
Por consiguiente, las cartas de crédito no pueden ser protestadas.
Art. 789. El portador de una carta de crédito está obligado a probar la
identidad de su persona, si el pagador se lo exigiere.
Art. 790. Siempre que el tomador no haga uso de la carta de crédito en el
término convenido, deberá devolverla al dador tan luego como sea requerido al
efecto, o rendir fianza por su importe hasta que llegue la revocación a conocimiento
del pagador.
Art. 791. Pagada la carta de crédito, el portador deberá reembolsar sin demora
al dador la cantidad que hubiere percibido.
No haciéndolo, el dador podrá exigir el pago de la cantidad entregada, más el
interés corriente desde el día de la entrega y el cambio corriente de la plaza en
que fue verificada sobre el lugar donde deba hacerse el reembolso.
Art. 792. La persona que cumplimenta una carta de crédito no tiene acción
alguna contra el portador para exigirle el reembolso de la cantidad que le hubiere
entregado, a no ser que resulte de los términos de la carta que el dador sólo quiso
constituirse fiador de la cantidad que percibiese el portador.
Art. 793. Las cartas de crédito pueden ser dirigidas a diversos corresponsales
residentes en distintos lugares para que las cumplimenten sucesivamente hasta la
cantidad designada en ellas.
En este caso el corresponsal que entregue una suma parcial al portador deberá
anotarla en la carta de crédito, bajo responsabilidad de daños y perjuicios.
Art. 794. La carta que no tenga la designación de cantidad será considerada
como simple carta de introducción y recomendación; y el dador de ella no
responderá al corresponsal a quien fuere dirigida de las resultas de cualquier
contrato que éste celebre con el tomador, salvo el caso de dolo justificado en forma
legal.
Título XIII
DEL PRESTAMO

Art. 795. Los préstamos por tiempo indeterminado no son exigibles sino diez
días después de reclamada la restitución.

Art. 796. No resultando bien determinado el plazo del préstamo, el juzgado de
comercio lo fijará prudencialmente, tomando en consideración los términos del
contrato, la naturaleza de la operación a que fuere destinado el préstamo y las
circunstancias personales del prestador y prestamista.
Art. 797. Contraído el préstamo en monedas específicamente determinadas, el
prestamista cumple su obligación restituyendo monedas de la misma especie que las
recibidas, cualquiera que sea el valor que tengan al tiempo de la restitución.
Art. 798. La gratuidad no se presume en los préstamos mercantiles, y éstos
ganarán intereses legales, salvo que las partes acordaren lo contrario.
Art. 799. La estipulación de intereses o la que exonere al prestamista de su
pago, deberá celebrarse por escrito, y sin esta circunstancia será ineficaz en


juicio.
Art. 800. Los intereses serán estipulados en cantidades determinadas de dinero,
aun cuando el préstamo consista en mercaderías, de cualquier especie que sean.
Para hacer el cómputo de los intereses en este último caso se estimarán las
mercaderías por el precio corriente que tengan en el día y lugar en que deba
hacerse la restitución.
Art. 801. El prestamista que retarde el cumplimiento de las obligaciones que le
impone el préstamo, haya o no estipulación de intereses, queda obligado a pagar el
interés corriente desde el día en que fuere reclamado el pago en virtud de una
providencia judicial.
Art. 802. El curso de los intereses convencionales no cesa en el advenimiento del
plazo en que deba hacerse la devolución del capital.
Art. 803. El recibo de los intereses correspondientes a los tres últimos
períodos de pago, hace presumir que los anteriores han sido cubiertos, a no ser que
el recibo contenga alguna cláusula preservativa del derecho del acreedor.
Art. 804. Los intereses de un capital prestado pueden producir nuevos intereses o
mediante una demanda judicial o un convenio especial, con tal que la demanda o el
convenio verse sobre intereses debidos a lo menos por un año completo.
Art. 805. El prestamista que hubiere firmado un pagaré o recibo, confesándose
deudor de una cantidad de dinero o mercaderías, podrá ser admitido a probar, según
las circunstancias del caso, que el dinero o las mercaderías no le fueron
entregadas.
Art. 806. Los saldos de las cuentas de gestión o anticipaciones referentes a
operaciones mercantiles serán considerados como verdaderos préstamos y regidos por
las reglas de este título.
Título XIV
DEL DEPÓSITO

Art. 807. El depósito mercantil se constituye en la misma forma que la
comisión.

Art. 808. Los derechos y obligaciones del depositante y depositario de
mercaderías son los mismos que otorga e impone este Código a los comitentes y
comisionistas.
Art. 809. El depositario tiene derecho a exigir una retribución por sus
servicios.
La cuota de la retribución será fijada por las partes o por el uso de cada
plaza en defecto de estipulación.
Art. 810. El depositario que hace uso de la cosa depositada, aun en los casos que
se lo permita la ley o la convención, pierde el derecho a la retribución estipulada
o usual.
Art. 811. Consistiendo el depósito en documentos de crédito que devenguen
intereses, el depositario está obligado a cobrarlos y a practicar todas las
diligencias necesarias para conservar los derechos del depositante.
Art. 812. Los depósitos en los bancos públicos debidamente autorizados serán
regidos por sus estatutos.
Título XV
DEL CONTRATO DE PRENDA

Art. 813. El contrato de prenda se celebra y prueba en cuanto al acreedor y
deudor como los demás contratos comerciales.
Art. 814. El contrato de prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar
con el valor de la cosa empeñada con preferencia a los demás acreedores del deudor.
Art. 815. Para que el acreedor prendario goce del privilegio enunciado en


concurrencia de otros acreedores, se requiere:
1° Que el contrato de prenda sea otorgado por escritura pública o en documento
privado protocolizado, previa certificación en el mismo de la fecha de esa
diligencia, puesta por el notario respectivo;
2° Que la escritura o documento contenga la declaración de la suma de la deuda
y la especie y naturaleza de las cosas empeñadas, o que lleve anexa una descripción
de su calidad, peso y medida.
Art. 816. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable a la prenda
consistente en un crédito, sin perjuicio de la notificación que en este caso
prescribe el artículo 2389 del Código Civil.
Art. 817. El privilegio nace, subsiste y se extingue con la posesión de la
prenda, bien la tenga el acreedor prendario o un tercero elegido por las partes.
Art. 818. La obligación que el artículo 811 impone al depositario es extensiva
al acreedor que recibe un crédito en prenda.
Art. 819. Si el crédito dado en prenda devenga intereses, el acreedor los
imputará al pago de los que se le deban.
Pero si la deuda garantida por la prenda no gana intereses, se aplicarán los que
produzca el crédito empeñado en parte de pago del capital asegurado.

Título XVI
DE LA FIANZA

Art. 820. La fianza deberá otorgarse por escrito, y sin esta circunstancia será
de ningún valor ni efecto.

Art. 821. El fiador puede estipular con su afianzado una remuneración por la
responsabilidad que contrae en su beneficio.
Título XVII
DE LA PRESCRIPCION

Art. 822. Las acciones que procedan de las obligaciones de que trata el presente
Libro y que no tengan señalado un plazo especial de prescripción, durarán cuatro
años.
Las prescripciones establecidas en este Código corren contra toda clase de
personas.

LIBRO III
De la Navegación y el Comercio Marítimos

TITULO I
Disposiciones Generales

Art. 823- Las disposiciones de este Libro se aplican:
1º A todos los acontecimientos relacionados con la navegación, que sobrevengan
en el mar, independientemente de la característica, dimensión o finalidad de la
nave u objeto que interviene o es afectado por tales acontecimientos, sin perjuicio
de que en determinadas materias se disponga expresamente su aplicación a otras
formas de navegación, y 2º A todos los actos o contratos que se relacionen con la
navegación y el comercio marítimos, incluyendo los que se refieran a naves
especiales, a menos que este Libro permita estipular otras reglas.
No se aplican a las naves de guerra, sean nacionales o extranjeras.

Art. 824- Salvo los casos en que la ley establezca una sanción diferente, se
tendrán por no escritas las estipulaciones contrarias a una disposición imperativa
de este Libro.
Art. 825- En las materias reguladas por este Libro, la costumbre podrá ser


probada, además de las formas que señala el artículo 5° de este Código, por
informe de peritos, que el tribunal apreciará según las reglas de la sana crítica.

Título II
DE LAS NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES.
DE LA PROPIEDAD NAVAL

§ 1. De las naves y artefactos navales
Art. 826. Nave es toda construcción principal, destinada a navegar, cualquiera
que sea su clase y dimensión.
Artefacto naval es todo aquel que, no estando construido para navegar, cumple en
el agua funciones de complemento o de apoyo a las actividades marítimas, fluviales o
lacustres o de extracción de recursos, tales como diques, grúas, plataformas fijas
o flotantes, balsas u otros similares. No se incluyen en este concepto las obras
portuarias aunque se internen en el agua.

Art. 827- El concepto de nave comprende tanto el casco como la maquinaria y las
pertenencias fijas o movibles que la complementan. No incluye el armamento, las
vituallas ni fletes devengados.

Art. 828- La nave es un bien mueble, sujeto a las normas que se establecen en
este Libro y demás leyes especiales. En su defecto, se aplicarán las disposiciones
del derecho común sobre los bienes muebles.

Art. 829- La nave conserva su identidad, aun cuando los materiales que la forman
o su nombre sean sucesivamente cambiados.

Art. 830- La matrícula de las naves en Chile se regirá por las normas de la Ley
de Navegación.
Deberá tomarse nota al margen de su inscripción en el registro de matrícula,
de todo documento por el que se constituya, transfiera, transmita, declare, modifique
o extinga un derecho real sobre la nave y cualquiera otra limitación al dominio que
recaiga sobre la misma, bajo sanción de ser inoponible a terceros, salvo las
excepciones señaladas en la Ley de Navegación.
La persona natural o jurídica a cuyo nombre figure inscrita la nave en el
registro de matrícula respectivo, se presumirá poseedora regular de ella, salvo
prueba en contrario.

§ 2. De la propiedad naval

Art. 831. Además de los modos de adquirir que establece el derecho común, la
propiedad o dominio de una nave puede adquirirse en la siguiente forma:
1° Por el asegurador, en el caso de dejación válidamente aceptada;
2° Por la persona que ha encargado su construcción, en el momento que señale
el contrato respectivo o por el que la construye para sí, y
3° Por el apresador, conforme a las reglas del derecho internacional.

Art. 832- La enajenación de naves mayores por acto entre vivos y la
constitución de derechos reales sobre ellas, se efectuarán por escritura pública
cuando ocurran en Chile.
Los actos y contratos respecto de naves menores, deberán constar por escrito y
las firmas de los otorgantes ser autorizadas por notario.
Para la clasificación de las naves y artefactos navales en mayores y menores se
estará a lo que dispone la Ley de Navegación.
Los actos y contratos que se otorguen en el extranjero se regirán por la ley del
lugar de su otorgamiento. Con todo, la transferencia del dominio y la constitución
de derechos reales que puedan producir efecto en Chile deberán constar, a lo menos,
en instrumentos escritos cuyas firmas estén autorizadas por un ministro de fe y,


además, se inscribirán y anotarán en los registros respectivos en Chile.

Art. 833- Si la nave fuere vendida hallándose en viaje, pertenecerán
íntegramente al comprador los fletes que aquélla devengue en el viaje, desde que
recibió su último cargamento.
Pero, si al tiempo de la venta hubiere llegado la nave a su destino, los fletes
pertenecerán al vendedor.
Las partes, sin embargo, podrán estipular modalidades diversas.

Art. 834- La enajenación voluntaria no judicial de la nave hecha dentro o fuera
de la República, incluye todas las responsabilidades que le afecten.

Art. 835- La venta judicial de una nave, sea voluntaria o forzada, se hará en la
forma y con las solemnidades que se establecen en el Código de Procedimiento Civil
para la venta judicial de los inmuebles.
Para subastar la nave se requerirá de tasación previa, la que se efectuará por
perito designado conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y le
serán aplicables en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 486 y 487 del
Código mencionado.
Los anuncios del remate deberán publicarse en un diario del lugar en que se
sigue el juicio, o en uno de circulación en la región respectiva si en aquél no lo
hubiere. Los avisos se publicarán además en un diario del puerto de matrícula de
la nave. Pero si uno de esos diarios fuere de circulación en los dos lugares,
bastará con efectuar las publicaciones en ese solo diario.

Art. 836- La adquisición de una nave por prescripción se regirá por las reglas
relativas a los inmuebles.

Art. 837- La copropiedad de naves no constituye una sociedad, sino una comunidad
que se rige por las normas del derecho común.

Art. 838- Las disposiciones de este título se aplicarán también a los
artefactos navales, sean éstos fijos o flotantes, en lo que les sean pertinentes.

Título III
DE LOS PRIVILEGIOS Y DE LA HIPOTECA NAVAL

§ 1. De los privilegios marítimos en general

Art. 839. Los privilegios establecidos en este título serán preferidos y
excluirán a cualquier otro privilegio general o especial regulados por otros cuerpos
legales, en cuanto se refieran a los mismos bienes y derechos.
Con todo, las normas sobre prelación y privilegios en materia de contaminación
o para precaver perjuicios por derrames de substancias dañosas, que se establecen en
los convenios internacionales vigentes en Chile y en la Ley de Navegación, gozarán
de primacía sobre las disposiciones de este título, en las materias específicas a
que ellos se refieren.
No pueden constituirse prendas, gravámenes, prohibiciones y embargos
independientemente sobre partes o pertenencias ya incorporadas a naves o artefactos
navales.
Las prendas y demás gravámenes, los embargos y prohibiciones constituidos sobre
bienes que se incorporen a una nave o artefacto naval, se extinguen desde esa
incorporación.
Con todo, no se extinguirán los ya constituidos sobre motores, equipos de
comunicación o de detección submarina y aparejos de pesca de naves menores.
El que defraudare a otro incorporando o consintiendo en que un bien afecto a una
prenda, gravamen, prohibición o embargo vigentes sea incorporado a una nave o a un
artefacto naval, será sancionado con las penas contempladas en el artículo 467 del


Código Penal.

Art. 840- En caso de deterioro, disminución o pérdida del bien sobre el cual
recae el privilegio, éste se ejercitará sobre lo que reste, se salve o recupere de
aquél, o sobre la indemnización que pague el responsable.

Art. 841- Las disposiciones de este título también serán aplicables cuando los
créditos privilegiados surjan por obligaciones del armador no propietario de la
nave, salvo que éste disponga de su uso en virtud de un acto ilícito, con
conocimiento del acreedor.

§ 2. De los privilegios sobre la nave y los fletes

Art. 842- Los privilegios de que trata este párrafo, otorgan al acreedor el
derecho de perseguir la nave en poder de quien se halle y hacerse pagar con su
producto preferentemente a los demás acreedores, según el orden aquí establecido.

Art. 843- El titular del privilegio, en ejercicio de su derecho de persecución,
podrá solicitar la retención o arraigo de la nave en cualquier lugar donde ella se
encuentre, de conformidad con las normas del párrafo 5 del título VIII de este
Libro.

Art. 844- Los siguientes créditos gozan de privilegio sobre la nave, con
preferencia a los hipotecarios y en el orden de prelación que se indica:
1° Las costas judiciales y otros desembolsos causados con ocasión de un juicio,
en interés común de los acreedores, para la conservación de la nave o para su
enajenación forzada y distribución del precio;
2° Las remuneraciones y demás beneficios que deriven de los contratos de
embarco de la dotación de la nave, en conformidad con las normas laborales y del
derecho común que regulan la concurrencia de estos créditos, y los emolumentos de
los prácticos al servicio de la nave.
Del mismo privilegio gozan las indemnizaciones que se adeuden por muerte o
lesiones corporales de los dependientes, que sobrevengan en tierra, a bordo o en el
agua, y siempre que sean producidas por accidentes que tengan relación directa con
la explotación de la nave;
3° Los derechos y tasas de puerto, canales y vías navegables, y los derechos
fiscales de señalización, practicaje y pilotaje;
4° Los gastos y remuneraciones por auxilios en el mar, y por contribución en
avería gruesa. Del mismo privilegio goza el reembolso de gastos y sacrificios en que
hubiere incurrido la autoridad o terceros, para prevenir o minimizar los daños por
contaminación o de derrames de hidrocarburos u otras substancias nocivas al medio
ambiente o bienes de terceros, cuando no se hubiere constituido el fondo de
limitación de responsabilidad que se establece en el título IX de la Ley de
Navegación, y
5° Las indemnizaciones por daños, pérdidas o averías causados a otras naves,
a las obras de los puertos, muelles o vías navegables o a la carga o equipajes, como
consecuencia de abordajes u otros accidentes de navegación, cuando la acción
respectiva no sea susceptible de fundarse en un contrato, y los perjuicios por
lesiones corporales a los pasajeros y dotación de esas otras naves.

Art. 845- Los créditos hipotecarios serán preferidos a los que se enumeran en
el artículo siguiente, y se regirán por las disposiciones del párrafo 5 de este
título.
De igual preferencia gozarán los créditos caucionados con prenda sobre naves
menores.

Art. 846- Además, gozan de privilegio sobre la nave, en el orden en que se
enumeran, en grado posterior a los indicados en el artículo 844, los siguientes:
1° Los créditos por el precio de venta, construcción, reparación y
equipamiento de la nave;
2° Los créditos por suministros de productos o materiales, indispensables para


la explotación o conservación de la nave;
3° Los créditos originados por contratos de pasaje, fletamento o transporte de
mercancías, incluyendo las indemnizaciones por daños, mermas y faltantes en
cargamentos y equipajes, y los créditos derivados de perjuicios por contaminación o
derrames de hidrocarburos u otras substancias nocivas;
4° Los créditos por desembolsos hechos por el capitán, agentes o terceros, por
cuenta del armador, para la explotación de la nave, incluyendo los servicios de
agencias, y
5° Los créditos por primas de seguro respecto de la nave, sean del casco o de
responsabilidad.

Art. 847- Los créditos enumerados en los artículos 844 y 846, gozarán también
de privilegio sobre los fletes y pasajes correspondientes al viaje en que tengan su
origen.

Art. 848- Los privilegios indicados en el artículo 844, se ejercerán también
sobre los créditos que se enumeran a continuación, a condición de que se originen
en el mismo viaje en que aquéllos se produjeron:
1° Sobre las indemnizaciones debidas por daños materiales sufridos por la nave
y no reparados y sobre las debidas por pérdida de fletes;
2° Sobre contribuciones por daños materiales sufridos por la nave admitidos en
avería común y no reparados y sobre las contribuciones debidas por pérdida de
fletes, y
3° Sobre las remuneraciones debidas por auxilios en el mar, previa deducción de
las cantidades que correspondieren a la dotación de la nave que prestó el servicio.

Art. 849- Los créditos del deudor en contra de terceros de que tratan los dos
artículos precedentes, sólo estarán afectos a privilegio mientras dichos créditos
estuvieren pendientes de pago, o si las sumas respectivas estuvieren en poder del
capitán o del agente del dueño o armador.

Art. 850- Los privilegios sobre la nave podrán hacerse efectivos en las
indemnizaciones por seguro de la misma.
Sin embargo, cuando se trate de reparaciones efectuadas a la nave, los
privilegios establecidos en este párrafo se entenderán de grado posterior al costo
de aquéllas para los efectos de recuperarlo del asegurador, si procede.
Lo anterior no obsta a que el armador pueda ejercer el derecho de limitación de
responsabilidad, de acuerdo con las normas de los párrafos 1 del título IV y 4 del
título V de este Libro.
Con excepción de la hipoteca, los privilegios sobre la nave no podrán hacerse
efectivos sobre las subvenciones u otros subsidios otorgados por el Estado.

Art. 851- Los créditos privilegiados del último viaje son preferidos a los de
los viajes precedentes aunque estos últimos sean de mejor grado. Sin embargo, los
créditos derivados de un contrato único de embarco que comprenda varios viajes,
concurren como uno solo, en el orden y lugar de preferencia previsto por el artículo
844, con los demás créditos privilegiados originados en el último viaje.

Art. 852- Los créditos privilegiados originados en un mismo viaje son preferidos
en el orden que indican los artículos 844 y 846.
Los créditos comprendidos en cada uno de los números de los artículos citados,
concurrirán entre sí a prorrata en caso de insuficiencia del valor de los bienes
sobre los cuales recaen.

Art. 853- En caso de duda sobre el viaje a que corresponde un crédito, se
aplicarán las siguientes reglas:
1ª Para las naves de línea que cumplen itinerarios regulares y preestablecidos,
se estará a la numeración o simbología que el naviero o transportador haya
asignado al viaje durante el cual se generó el crédito;
2ª Para las naves que cumplen contratos de fletamentos totales por viajes, se
entenderá que el viaje comienza desde que la nave zarpa a buscar el cargamento y
termina con la descarga total en el último lugar del destino inicial de la nave;
3ª Para las naves que efectúen un crucero de turismo, el viaje comprenderá la
navegación desde el puerto inicial de aquél, hasta donde termine o hasta el regreso


de la nave al puerto en que se inició el crucero, según lo indique el respectivo
programa, y
4ª Para las naves de pesca o de investigación científica, se entenderá que el
viaje comprende la duración de la respectiva expedición.
Si no fuere posible aplicar las reglas precedentes, la prelación de los
créditos mencionados en los artículos 844 y 846 se determinará en cada numerando,
por el orden inverso al de sus respectivas fechas, sin distinción de viajes.

Art. 854- Los créditos derivados de un mismo acontecimiento se consideran
nacidos al mismo tiempo.
Los créditos indicados en el número 4° del artículo 844, tienen prioridad
entre ellos en el orden inverso al de las fechas en que se originaron, al igual que
los señalados en los números 1°, 2° y 4° del artículo 846.
Los créditos por contribución a las averías comunes nacen en la fecha del acto
que las cause, y los créditos por auxilios en el mar se consideran originados en las
fechas en que esas operaciones terminaron.

Art. 855- Independientemente de la extinción de los créditos que los originan,
los privilegios marítimos terminan:
1º Por el transcurso del plazo de un año contado desde la fecha en que se haya
originado el crédito pertinente. Dicho plazo no es susceptible de interrupción o
suspensión alguna, salvo a favor del acreedor que hubiere obtenido la retención o
embargo judicial del bien afecto al privilegio, o del acreedor que por algún
impedimento legal no pudo ejercitar antes su crédito privilegiado;
2º Por la venta judicial de la nave, sea voluntaria o forzada, desde su
inscripción en el registro pertinente, o transcurridos 30 días consecutivos
contados desde el día de la subasta, debiendo aplicarse el plazo que resulte menor,
y
3º En caso de enajenación voluntaria de la nave, transcurridos 90 días
consecutivos contados desde la fecha de la inscripción de la transferencia.
Lo dispuesto en los números 2° y 3° precedentes será sin perjuicio del
derecho de los acreedores privilegiados para ejercer su preferencia sobre el saldo
insoluto del precio, si lo hubiere.

Art. 856- El astillero que construya o repare una nave tiene sobre ella un
derecho de retención para garantizar los créditos resultantes de dichos trabajos.
La retención será declarada, sin más trámite, por el tribunal competente del
lugar de la construcción o reparación de la nave.
Si la resolución que declare el derecho de retención se hubiere inscrito en el
Registro de Hipotecas, Gravámenes y Prohibiciones de la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el crédito del constructor o reparador
gozará además de preferencia sobre las hipotecas cuya inscripción se hubiere
requerido con posterioridad a la fecha de inscripción de la retención.
Cualquier interesado podrá solicitar el secuestro de la nave que estuviere
retenida, y en caso de existir desacuerdo acerca de la persona del secuestre, éste
será designado por el Tribunal.
Los procedimientos a que diere lugar lo dispuesto por este artículo, se regirán
por lo establecido en el párrafo 5 del Título VIII de este Libro.

Art. 857- El derecho de retención establecido en el artículo anterior se
extingue con la entrega de la nave a quien encargó la obra o con el otorgamiento de
una caución, calificada de suficiente por el tribunal que lo decretó, y que
sustituirá a la nave como objeto del privilegio.
Ninguna retención impedirá a otros acreedores el ejercicio de sus derechos
sobre la misma nave.

§ 3. De los privilegios sobre la nave en
construcción

Art. 858. Los créditos enumerados en los artículos 844 y 846 que correspondan,
gozan de privilegio sobre la nave en construcción desde que ella se encuentre a
flote, con la preferencia y rango establecidos en el párrafo precedente.

Art. 859- Los privilegios sobre la nave en construcción establecidos en el


párrafo anterior, terminan en los casos que señala el artículo 855.

Art. 860- Las disposiciones de este párrafo y de los dos precedentes en este
título se aplican también a los artefactos navales.

§ 4. De los privilegios sobre las mercancías
transportadas

Art. 861. Gozan de privilegio sobre las mercancías y concurrirán sobre su valor
de realización, en el orden que a continuación se enumeran, los créditos que
provengan de:
1º Costas judiciales y otros desembolsos causados con ocasión de un juicio, en
interés común de los acreedores del dueño de las mercancías, para la
conservación de éstas o para proceder a su enajenación forzada y a la
distribución de su precio;
2º Reembolso de los gastos y remuneraciones por auxilios en el mar en cuyo pago
deba participar la carga, y contribuciones en avería gruesa;
3º Extracción de mercancías náufragas, y
4º Fletes y sus accesorios, incluyendo los gastos de carga, descarga y
almacenaje, cuando correspondan.

Art. 862- En el caso del subfletamento señalado en el inciso segundo del
artículo 932, el fletante se subrogará en el mismo privilegio que corresponda al
subfletante sobre las mercancías del subfletador por el flete insoluto de este
último.

Art. 863- Cuando resultare insuficiente el valor de las mercancías sobre las
cuales recae el privilegio, los créditos comprendidos en cada numerando del
artículo 861, concurrirán a prorrata entre sí, si se hubieren originado en un
mismo puerto, con excepción de los señalados en su numerando 2°. En este último
caso, preferirán entre sí en orden inverso al de su nacimiento.
Si los créditos se hubieren originado en puertos distintos o en fechas
sucesivas, los posteriores serán preferidos a los de fecha anterior.

Art. 864- Los privilegios sobre las mercancías señalados en el artículo 861,
se extinguen cuando la acción pertinente no se ejercita dentro del plazo de treinta
días consecutivos, contado desde la fecha en que finalizó la descarga de dichas
mercancías, o por la transferencia de éstas a terceros con posterioridad a su
descarga, aun antes del vencimiento del término de dichos treinta días. Sin
embargo, en el caso del número 4º del artículo 861, las mercancías que pendiente
el plazo de treinta días fueren transferidas, continuarán afectas al privilegio
durante los ocho días siguientes a su entrega al adquirente.

Art. 865- El fletante o transportador no podrá retener a bordo las mercancías
al momento de su descarga por el hecho de no haberle sido pagado el flete. No
obstante lo anterior, podrá solicitar al juez competente del puerto de descarga que
ellas sean depositadas en poder de un tercero para su realización, en la proporción
que fuere necesaria para satisfacer el flete y sus accesorios, a menos que el
fletador o consignatario caucionare suficientemente dicho pago a criterio de ese
tribunal.
La realización se hará conforme a las reglas que para los bienes muebles
establece el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.
Las mismas normas se aplicarán al derecho del transportador sobre el equipaje de
los pasajeros que no hubiesen pagado el pasaje al término del viaje.

§ 5. De la hipoteca naval y de la prenda
sobre naves menores

Art. 866. Las naves y artefactos navales mayores podrán ser gravados con
hipoteca, siempre que se encuentren debidamente inscritos en los respectivos


Registros de Matrícula de la República.

Art. 867- Sólo el propietario podrá hipotecar una nave o artefacto naval.

Art. 868- La hipoteca naval deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser
una misma la escritura de hipoteca y la del contrato a que acceda.
Cuando la hipoteca se otorgue en el extranjero se regirá por la ley del lugar de
su otorgamiento. Con todo, para que pueda inscribirse en Chile, la hipoteca deberá
constar, a lo menos, en instrumento escrito cuyas firmas estén autorizadas por un
ministro de fe o por un cónsul chileno.

Art. 869- Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero darán
hipoteca sobre las naves o artefactos navales matriculados en Chile, desde que se
inscriban en el registro que se establece en el artículo 871.

Art. 870- El instrumento en que se constituya la hipoteca de una nave o artefacto
naval deberá contener:
1º Nombre, apellido, nacionalidad, profesión y domicilio del acreedor y del
deudor y si se trata de personas jurídicas, sus nombres y domicilios:
2º Nombre de la nave o individualización del artefacto naval, la matrícula a
que pertenezca y el número que en ella le haya correspondido y su tonelaje de
registro bruto o el de desplazamiento liviano del casco, según corresponda;
3º La fecha y la naturaleza del contrato al que accede la hipoteca, y
4º El monto del crédito garantizado, intereses convenidos, plazo y lugar para
el pago.
Las menciones señaladas en los números 3º y 4º no serán necesarias en el
caso de que la hipoteca sólo se constituya con cláusula de garantía general.

Art. 871- La hipoteca naval deberá inscribirse en el Registro de Hipotecas,
Gravámenes y Prohibiciones de la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante; no tendrá valor alguno sin este requisito y se tendrá como su
fecha aquella en que su requerimiento fue registrado en el libro repertorio
respectivo.
Para los efectos de las citaciones establecidas en el artículo 879, en la
inscripción respectiva se dejará constancia del domicilio especial que el acreedor
fije para recibir la notificación que dicha norma prescribe, dentro de la ciudad de
asiento del Registro. La notificación que se practique en él, será válida aunque
el acreedor no se encuentre en dicho lugar ni en el país. La fijación de este
domicilio podrá hacerse en el acto constitutivo de la hipoteca o al momento de
requerirse la inscripción de la misma. La falta de esta mención en la inscripción,
sólo será sancionada administrativamente conforme al respectivo reglamento.
No se tomará en cuenta el cambio de domicilio posterior que no se hubiere anotado al
margen de la inscripción respectiva.

Art. 872- El orden de inscripción en el Registro de Hipotecas, Gravámenes y
Prohibiciones determinará el grado de preferencia de las hipotecas.

Art. 873- Si se trata de la hipoteca de una nave o de un artefacto naval en
construcción, en la escritura deberán incluirse las mismas menciones indicadas en
el artículo 870, salvo las señaladas en el número 2º, las que se sustituirán por
la individualización del astillero donde se esté construyendo; la fecha en que se
inició la construcción y aquella en que se espera que termine; el largo de la
quilla o del casco, según corresponda; el tonelaje presumido y aproximadamente sus
otras dimensiones. Se expresará también en la escritura, la matrícula a que
pertenezca, el número que en ella le haya correspondido y el nombre o
individualización, si ya los tuviere.

Art. 874- Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior, se
considerarán además partes integrantes de una nave o artefacto naval en
construcción y sujetos a la garantía, los materiales, equipos y elementos de
cualquier naturaleza, susceptibles de ser individualizados como especies o cuerpos


ciertos, que se hallen acopiados o depositados en el astillero y que estuvieren
destinados a la construcción. Lo anterior, aún cuando no hayan sido incorporados
todavía a la nave o artefacto naval, con tal que dichos materiales, equipos o
elementos sean suficientemente identificados en la escritura de constitución de la
hipoteca.

Art. 875- La hipoteca constituida en conformidad con los dos artículos
precedentes, continuará gravando la nave o artefacto naval una vez finalizada la
construcción, salvo expresa estipulación en contrario de las partes.

Art. 876- La hipoteca naval comprende el casco, las maquinarias y las
pertenencias fijas o movibles de la nave.
Comprende también el flete y las subvenciones u otros subsidios otorgados por el
Estado, si así se estipulare.
Las partes comprendidas en la nave, no podrán ser objeto de garantías en forma
independiente.

Art. 877- En caso de pérdida, grave deterioro o innavegabilidad permanente total
de la nave o del artefacto naval, el acreedor hipotecario puede ejercer sus derechos
sobre lo que reste, se salve o recupere, o sobre su valor de realización, aunque su
crédito no hubiere vencido.
Salvo que la nave o artefacto naval hubieren sido reparados, el acreedor
hipotecario podrá ejercer sus derechos sobre los siguientes créditos de que sea
titular el deudor:
1º Indemnizaciones por daños materiales ocasionados a la nave o artefacto
naval;
2º Contribución por avería común por daños materiales sufridos por la nave o
artefacto naval;
3º Indemnizaciones por daños provocados a la nave o artefacto naval con
ocasión de servicios prestados en el mar, y
4º Indemnizaciones de seguro por pérdida total o de averías parciales de la
nave o del artefacto naval.

Art. 878- El propietario de la nave o del artefacto naval gravado por hipoteca,
podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en
contrario.
Sin embargo, la enajenación que diere lugar al cambio de la nacionalidad de la
nave o artefacto naval, y que no hubiere sido consentida por el acreedor hipotecario
es nula, constituye fraude y sujeta al vendedor a las penas indicadas en el artículo
467 del Código Penal.

Art. 879- La hipoteca de una nave se extingue por la venta judicial de la misma,
siempre que la subasta se realice previa citación personal de los acreedores
hipotecarios de grado preferente. Estos, dentro del término de emplazamiento,
podrán optar entre exigir el pago de sus acreencias sobre el precio del remate o
conservar sus hipotecas sobre la nave subastada, siempre que sus créditos no estén
devengados. Si nada dicen dentro del término señalado se entenderá que optan por
ser pagados sobre el precio de la subasta.

Art. 880- Se aplicarán subsidiariamente a la hipoteca naval las disposiciones
establecidas para la hipoteca de bienes raíces del Código Civil, en cuanto no se
opongan a las de este párrafo.
Con todo, las acreencias que resulten caucionadas mediante una cláusula de
garantía general hipotecaria, se considerarán de grado posterior a los créditos
señalados por el artículo 846.

Art. 881- Las naves menores podrán ser gravadas con prenda. Cualquiera que sea
la naturaleza de ésta, debe ser anotada al margen de la inscripción de la nave en
el Registro de Matrícula, sin lo cual es inoponible a terceros. Esta anotación
sustituye, además, a cualquier inscripción y publicación exigidas por las normas
que regulen la clase de prenda de que se trate. La anotación debe ser fechada y
numerada.
El orden de anotación determina el grado de preferencia entre las prendas.
Las disposiciones precedentes se aplican a los artefactos navales no susceptibles


de hipoteca naval.

Título IV
DE LOS SUJETOS EN LA NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

§ 1. Del armador o naviero

Art. 882. Armador o naviero es la persona natural o jurídica, sea o no
propietario de la nave, que la explota y expide en su nombre.
Se presumirá que el propietario o los copropietarios de la nave son sus
armadores, salvo prueba en contrario.
Operador es la persona que sin tener la calidad de armador, a virtud de un
mandato de éste ejecuta a nombre propio o en el de su mandante los contratos de
transporte u otros para la explotación de naves, soportando las responsabilidades
consiguientes.
Los términos armador y naviero, se entienden sinónimos.

Art. 883- La persona natural o jurídica que asuma la explotación de una nave,
deberá hacer declaración de armador ante la autoridad marítima del puerto de su
matrícula. Esta declaración se anotará al margen de su inscripción en el Registro
de Matrícula. Cuando cese en esa calidad, deberá solicitar la cancelación de dicha
anotación. En su defecto, dichas declaraciones las hará el propietario de la nave.
Si no se hiciere tal declaración, el propietario y el armador responderán
solidariamente de las obligaciones derivadas de la explotación de la nave.

Art. 884- Las personas jurídicas que tengan la calidad de armadores, se regirán
por las normas de este Libro, cualquiera que sea su naturaleza.

Art. 885- La responsabilidad del armador por sus actos o hechos personales, o la
que derive de hechos de sus dependientes, que ocurran en tierra, no está sujeta a
las disposiciones de este Libro y se regirá por las normas del derecho común.

Art. 886- El armador responde en la forma que prescriben este Libro y la Ley de
Navegación, de las obligaciones contraídas por el capitán que conciernen a la nave
y a la expedición. Responde, asimismo, en igual forma, por las indemnizaciones en
favor de terceros por los hechos del capitán, oficiales y tripulación.
Art. 887- El armador no responde en los siguientes casos:
1º Si prueba que los hechos del capitán, de los oficiales o tripulación son
ajenos a la nave o a la expedición;
2º Si el que persigue esa responsabilidad fuere cómplice o copartícipe de los
hechos del capitán, oficiales o tripulación;
3º Si se trata de hechos ejecutados por el capitán en su calidad de delegado de
la autoridad pública, y 4º En los casos expresamente previstos en este Libro o en
otras leyes.

Art. 888- El armador podrá contractualmente limitar su responsabilidad, excepto
cuando la ley se lo prohíba.

Art. 889- El armador podrá también limitar su responsabilidad en los siguientes
casos:
1º Por muerte o lesiones de toda persona que se encuentre a bordo de la nave
para ser transportada y por las pérdidas, mermas o daños a los bienes de éstos que
también se encuentren a bordo;
2º Por muerte o lesiones causados por toda persona por cuyos hechos es
responsable el armador, sea que ella se encuentre o no a bordo de la nave.
Si la persona causante no se encontrare a bordo, sus hechos deberán


necesariamente estar relacionados con la operación o explotación de la nave, o
bien, con el carguío, transporte o descarga de los bienes transportados;
3º Por pérdidas, mermas o daños en otros bienes, incluyendo el cargamento,
causados por igual calidad de personas, motivos, lugares y circunstancias que los
indicados en el número precedente, y
4º Por toda obligación o responsabilidad resultante de los daños causados por
una nave, a las obras de los puertos, diques, dársenas y vías navegables.

Art. 890- Las obligaciones y responsabilidades relativas al reflotamiento,
remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de una nave hundida,
naufragada, varada o abandonada, incluyendo la carga u otras cosas que estén o hayan
estado a bordo de la misma, comprendido el daño al medio ambiente, se regirán por
la Ley de Navegación y no les serán aplicables las normas de este párrafo.

Art. 891- La limitación de responsabilidad del armador podrá ser impetrada por
sus dependientes en los casos y por las causas que dispongan las leyes, a menos que
se pruebe que el perjuicio fue ocasionado por una acción u omisión de éstos,
realizada con intención de causar daño o perjuicio, o temerariamente y en
circunstancias que pueda presumirse que tuvieron conocimiento de que probablemente se
originaría el perjuicio.

Art. 892- El hecho de invocar limitación de responsabilidad, no importa
reconocimiento de la misma.

Art. 893- Las disposiciones de este párrafo relativas a limitación de
responsabilidad, no se aplican:
1º A los créditos por auxilios o por contribución en avería gruesa, y
2º A los créditos del capitán, de los oficiales y miembros de la tripulación,
o de cualquier otro dependiente del propietario o armador de la nave que se encuentre
a bordo o cuyas funciones se relacionen con el servicio de la misma, y que se deriven
de sus respectivos derechos laborales.

Art. 894- Si el armador de una nave tiene derecho a hacer valer un crédito en
contra de un acreedor suyo por perjuicios resultantes del mismo hecho, se
compensarán los respectivos créditos y las disposiciones de este párrafo sólo se
aplicarán a la diferencia que resultare.

Art. 895- Las sumas a las cuales el armador puede limitar su responsabilidad en
los casos previstos en este párrafo, se calcularán con arreglo a los siguientes
valores:
1º Respecto de las reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporales:
a) Para naves cuyo arqueo sea de hasta 500 toneladas, 333.000 unidades de cuenta,
y
b) Para naves cuyo arqueo exceda de 500 toneladas, la cuantía que a
continuación se indica para cada tramo, a más de la mencionada en la letra
anterior:
- De más de 500 toneladas a 3.000 toneladas, 500 unidades de cuenta por
tonelada;
- De más de 3.000 toneladas a 30.000 toneladas, 333 unidades de cuenta por
tonelada;
- De más de 30.000 toneladas a 70.000 toneladas, 250 unidades de cuenta por
tonelada, y
- Por cada tonelada que exceda de 70.000, 167 unidades de cuenta.
2º Respecto de toda otra reclamación:
a) Para naves cuyo arqueo sea de hasta 500 toneladas, 167.000 unidades de cuenta,
y
b) Para naves cuyo arqueo exceda de 500 toneladas, la cuantía que a
continuación se indica para cada tramo, a más de la mencionada en la letra
anterior:
- De más de 500 a 30.000 toneladas, 167 unidades de cuenta por tonelada;
- De más de 30.000 a 70.000 toneladas, 125 unidades de cuenta por tonelada, y
- Por cada tonelada que exceda de 70.000, 83 unidades de cuenta.
La limitación de que trata este artículo no incluye la de responsabilidad en el
contrato de pasaje, la que se regirá independientemente, por las reglas que se dan a


su respecto en el párrafo 5 del título V de este mismo Libro.

Art. 896- Cuando el monto calculado en conformidad con las normas del número 1º
del artículo anterior fuere insuficiente para satisfacer íntegramente las
reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporales, el saldo impago por
éstas concurrirá con las reclamaciones a que se refiere el número 2º del mismo
artículo. En este caso, ese saldo concurrirá en igualdad de condiciones con las
reclamaciones mencionadas en el citado número 2º.

Art. 897- Cuando unos mismos hechos produjeren responsabilidades para el armador,
respecto de los cuales le asista el derecho a limitación, según las normas de este
Libro y, además, esos mismos hechos produjeren responsabilidades por las cuales el
armador también tiene el derecho a limitar responsabilidad, conforme a las normas
del título IX de la Ley de Navegación, y resolviere hacer uso de estos derechos,
deberá constituir el número de fondos independientes que corresponda, de manera que
ni los fondos ni los créditos se confundan entre sí.

Art. 898- Si antes de la repartición del fondo el armador de la nave hubiere
pagado total o parcialmente uno de los créditos indicados en el artículo 889,
tendrá derecho a ocupar el lugar y orden de su acreedor en la repartición del
fondo, pero sólo en la medida en que ese acreedor hubiera tenido derecho a ser
indemnizado por el armador.
Si el armador probare que en fecha futura podría ser obligado a pagar total o
parcialmente uno de los créditos a que se refiere el artículo 889, el tribunal
competente podrá ordenar, a petición de dicho armador, que se reserve una suma
suficiente para permitir al recurrente que haga valer, eventualmente, sus derechos
contra el fondo en las condiciones establecidas en el inciso anterior.

Art. 899- Para determinar el límite de la responsabilidad de un armador, que se
contempla en este párrafo, toda nave de menos de 500 toneladas de arqueo, se
considerará como de ese tonelaje.

Art. 900- El tonelaje que sirve de base para calcular la limitación, es el de
arqueo bruto determinado según el procedimiento establecido en el Convenio
Internacional sobre Arqueo de Buques y sus anexos, vigente en Chile.

Art. 901- Todo asegurador de la responsabilidad por reclamaciones que estén
sujetas a limitación de conformidad con las reglas precedentes, tendrá derecho a
gozar de este beneficio en la misma medida que el asegurado.

Art. 902- La limitación de responsabilidad de que trata este párrafo puede ser
invocada también por el propietario de la nave, su operador, por el transportador o
por el fletante, cuando sean una persona natural o jurídica distinta del armador, o
por sus dependientes o por el capitán y miembros de la dotación, en las acciones
ejercidas contra ellos.
Si se demanda a dos o más personas que hacen uso de la limitación de
responsabilidad, el fondo que se deba constituir no excederá de los montos fijados
en los artículos precedentes.

Art. 903- Cuando se dirija una acción contra el capitán o los miembros de la
dotación, éstos podrán limitar su respectiva responsabilidad aun cuando el hecho
que origine la acción haya sido causado por su propia culpa, excepto si se prueba
que el daño resulta de un acto u omisión de los mismos, realizado con la intención
de provocar el daño, o temerariamente y en circunstancias que pueda presumirse que
tuvieron conocimiento de que probablemente se originaría.
Pero, si el capitán o el miembro de la dotación es al mismo tiempo propietario,
copropietario, transportador, fletante, armador u operador, solamente podrá
ampararse en la limitación cuando haya incurrido en culpa en su calidad de capitán
o de miembro de la dotación.

Art. 904- El valor de la unidad de cuenta a que se refiere el artículo 895, se
determinará según la equivalencia que resulte a la fecha en que se constituya el


fondo para la limitación, se efectúe el pago o se constituya la garantía que el
tribunal competente fije, según sea el caso.

§ 2. Del Capitán

Art. 905. El capitán es el jefe superior de la nave encargado de su gobierno y
dirección y está investido de la autoridad, atribuciones y obligaciones que se
indican en este Código y en las demás normas legales relativas al capitán.
En el desempeño de su cargo, está facultado para ejercer las funciones
técnicas, profesionales y comerciales que le sean propias.

Art. 906- Salvo acuerdo o disposición legal en contrario, el capitán de una
nave es siempre designado por el armador.

Art. 907- El capitán es representante legal del propietario de la nave o del
armador, en su caso, y como tal los representa en juicio activa y pasivamente.
Lo anterior es sin perjuicio de la representación que corresponda al agente de naves
que la atienda. Además de factor del naviero, es representante de los cargadores
para los efectos de la conservación de la carga y resultado de la expedición.

Art. 908- El capitán de la nave es el encargado del orden y disciplina a bordo,
debiendo adoptar las medidas necesarias para el logro de estos objetivos.

Art. 909- El capitán, aun cuando tenga la obligación de emplear los servicios
de practicaje y pilotaje, será siempre responsable directo de la navegación,
seguridad, maniobras y gobierno de la nave, sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponda al práctico o piloto por deficiente asesoramiento. La autoridad del
capitán no está subordinada a la de éstos en ninguna circunstancia.

Art. 910- Será obligación preferente del capitán vigilar en persona el
gobierno de la nave a la arribada y zarpe de los puertos, o durante la navegación en
los ríos, canales o zonas peligrosas, aunque esté a bordo el práctico o piloto.

Art. 911- Los deberes, atribuciones y responsabilidades que se establecen para el
capitán en este Libro y en la Ley de Navegación, son aplicables a toda persona que
asuma o desempeñe el mando de una nave de cualquier clase, con las limitaciones que
determinan dichos cuerpos legales.

Art. 912- El capitán debe mantener a bordo el diario de navegación o bitácora
y demás libros y documentos exigidos por las leyes, reglamentos y usos del comercio
marítimo, debiendo asentarse en ellos los datos y hechos que las mismas normas
prescriben.
Estarán además bajo su custodia, los instrumentos que registren datos
relacionados con la navegación y la explotación comercial de la nave.

Art. 913- El libro bitácora o diario de navegación tiene el valor de un
instrumento público, siempre que las anotaciones en él estampadas lleven la firma
del oficial de guardia y estén visadas por el capitán de la nave. Estas anotaciones
no deben tener espacios en blanco, ni enmendaduras o alteraciones.
Con todo, las anotaciones también podrán estamparse por medios mecánicos o
electrónicos, siempre que éstos garanticen la fidelidad y permanencia de los datos
consignados.

Art. 914- Son obligaciones del capitán, entre otras, sea que las cumpla
personalmente o por miembros de la dotación o personal en tierra bajo su potestad,
las siguientes:
1º Verificar que la nave esté en buenas condiciones de navegabilidad antes de
emprender el viaje y durante toda la expedición;


2º Cumplir con todas las leyes y reglamentos marítimos, sanitarios, aduaneros,
de policía, laborales y demás que sean aplicables;
3º Supervisar todo lo relacionado con la estabilidad de la nave y con la carga,
estiba y desestiba de la misma;
4º Otorgar recibos parciales de las mercancías que se embarquen, extendiendo en
su oportunidad, los conocimientos y documentos respectivos, si le correspondiere;
5º Utilizar los servicios de un práctico cuando la ley, los reglamentos o el
buen sentido lo indiquen;
6º Practicar las anotaciones correspondientes en los recibos y conocimientos, de
averías, mermas o daños que observe en la carga o que se produzcan por el
acondicionamiento de la misma;
7º Dar aviso de inmediato al armador, por el primer medio a su alcance, de todo
embargo o retención que afecte a la nave, y tomar las medidas aconsejables para el
mantenimiento de ésta, así como el de la carga, y prestar la debida atención a los
pasajeros;
8º Celebrar, con la autorización del armador o de su agente, contratos de
fletamento o de transporte de mercancías. Los demás actos o contratos relativos a
la gestión ordinaria de la nave y al normal desarrollo del viaje, podrá realizarlos
por sí solo;
9º Representar judicialmente al armador en caso de ausencia de éste o de su
agente, para preservar sus derechos y ejercer las acciones que competan a la nave y a
la expedición;
10 Prestar la asistencia y el auxilio a que esté obligado por las leyes o la
costumbre, y
11 Protestar por los accidentes o daños que sufran la nave o la carga, o de
cualquier hecho que pueda comprometer su responsabilidad, la de la nave, la de sus
armadores y propietarios o de la expedición en su conjunto.

Art. 915- El capitán tiene, en representación del transportador, la custodia de
la carga y de cualquier efecto que reciba a bordo, y está obligado a cuidar de su
apropiada manipulación en las operaciones de carga y descarga, de su buen arrumaje y
estiba, de su custodia y conservación, y de su adecuada entrega en el puerto de
destino.
Todo lo anterior en los términos que prescriben otras disposiciones de este
Libro y sin perjuicio de las normas que sobre limitación de responsabilidad del
porteador se contienen en el mismo.

Art. 916- Si durante el curso del viaje y en puerto donde no exista mandatario
del armador, se hacen necesarias reparaciones o compra de pertrechos y las
circunstancias o la distancia del domicilio del armador no permiten pedir
instrucciones, el capitán podrá realizar los referidos actos, dejando constancia de
ello en el libro bitácora.

§ 3. De los agentes

Art. 917. Agentes generales son las personas naturales o jurídicas que actúan
en nombre de un armador extranjero con el carácter de mandatario mercantil.
Agentes de naves o consignatarios de naves son las personas, naturales o
jurídicas chilenas, que actúan, sea en nombre del armador, del dueño o del
capitán de una nave y en representación de ellos, para todos los actos o gestiones
concernientes a la atención de la nave en el puerto de su consignación.
Agentes de estiba y desestiba o empresas de muellaje son las personas, naturales
o jurídicas chilenas, que efectúan en forma total o parcial la movilización de la
carga entre la nave y los recintos portuarios o los medios de transporte terrestre y
viceversa.

Art. 918- Las relaciones entre el agente y sus mandantes, se regirán por lo
estipulado en los contratos respectivos y, en su defecto o a falta de pacto expreso,
les será aplicable la legislación sobre el mandato mercantil.

Art. 919- Sólo podrá desempeñarse como agente quien estuviere inscrito como
tal ante la autoridad marítima, en la forma y modalidades que determine la
reglamentación pertinente para cada una de las categorías definidas en el artículo
917.


No obstante lo anterior, los armadores nacionales no requerirán inscribirse en
los registros de agentes de naves para desempeñarse como tales, respecto de sus
propias naves en los puertos que tengan oficina establecida.

Art. 920- El mandato para actuar como agente en los casos de que trata este
párrafo podrá constar por escritura pública o privada, telegrama, télex o
cualquier otro medio idóneo.

Art. 921- El agente general, en su carácter de tal, está facultado para
representar a su mandante en los contratos de transporte de mercancías y de
fletamento.
Podrá, además, designar al agente de naves respecto de las que opere su mandante.
En el ámbito de sus atribuciones, y en cuanto a las funciones que se indican en
el artículo 923, sólo podrá realizar las señaladas en los números 2º, 9º y 10.

Art. 922- El agente de naves, por el solo hecho de solicitar la atención de una
nave, se entenderá investido de representación suficiente para todos los efectos
subsecuentes, sin perjuicio de acreditar su nombramiento en alguna de las formas que
señala el artículo 920.
El agente de naves que realice ante las autoridades las gestiones necesarias para
el arribo y zarpe de una nave a o desde puerto nacional, tiene la representación de
su dueño, armador o capitán, para todos los efectos y responsabilidades que emanan
de la atención de la nave.
Cuando el agente de naves haya solicitado la atención de una nave, podrá ser
preferido por la autoridad marítima a cualquier otro que se presente con
posterioridad, con mandato especial o no, salvo lo dispuesto en el artículo 924 y
sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriere frente al dueño, armador o
capitán de la nave.
El agente de naves tiene, además, representación suficiente para actuar en
juicio, activa o pasivamente, por el capitán, dueño o armador de la nave a quienes
represente, en todo lo que se refiere a su explotación.

Art. 923- Sin perjuicio de la representación del agente de naves ante las
autoridades, éste por cuenta del dueño, armador o capitán, podrá prestar sea
directamente o a través de terceros, uno o varios de los servicios relativos a la
atención de la nave en puerto, tales como:
1º Recibir y asistir al arribo a un puerto, a la nave que le fuere consignada;
2º Preparar, en cuanto sea necesario, el alistamiento y expedición de la nave,
practicando las diligencias pertinentes para proveerla y armarla adecuadamente en
todo lo que fuere menester;
3º Practicar todas las diligencias que sean necesarias para obtener el despacho
de la nave;
4º Practicar las diligencias necesarias para dar estricto cumplimiento a las
disposiciones, resoluciones o instrucciones que emanen de cualquier autoridad del
Estado, en el ejercicio de sus funciones;
5º Prestar la asistencia requerida por el capitán de la nave;
6º Contratar al personal necesario para la atención y operación de la nave en
puerto;
7º Recibir las mercancías para su desembarque, en conformidad con la
documentación pertinente;
8º Atender y supervigilar las faenas de carga y descarga, incluyendo la estiba y
desestiba de las mercancías;
9º Recibir los conocimientos de embarque y entregar las mercancías a sus
destinatarios o depositarios; 10 Firmar como representante del capitán, o de
quienes estén operando comercialmente la nave, los conocimientos de embarque y
demás documentación necesaria, y
11 En general, realizar todos los actos o gestiones concernientes a la atención
de la nave en el puerto de su consignación, sin perjuicio de las instrucciones
específicas que le confieran sus mandantes.

Art. 924- El capitán, dueño o armador podrán nombrar como su agente a una
persona distinta del consignatario de nave, cuando este último haya sido designado
por el fletador, de acuerdo a las facultades del contrato de fletamento.
El agente así nombrado se denominará agente protector y tendrá también la
representación judicial suficiente para actuar en juicio, activa o pasivamente, por
ellos, siempre que acredite su nombramiento por escrito. Con todo, su nombramiento no


alterará la responsabilidad del agente de naves designado por el fletador.

Art. 925- El agente de naves no responderá por las obligaciones de su
representado. No obstante, tendrá la responsabilidad que le corresponde ante la
autoridad marítima en virtud de la ley y sin perjuicio de la que le afecte por sus
propios hechos o los de sus dependientes.
El agente de naves, en su primera presentación solicitando la atención de una
nave ante la autoridad de puerto de arribo, deberá indicar el domicilio del armador.
En caso que no diere cumplimiento a esta obligación o proporcionare maliciosamente
información falsa, el agente de naves responderá personalmente de las obligaciones
por él contraidas a nombre de su representado.

Art. 926- El agente de estiba y de desestiba representará a su cliente ante las
autoridades marítimas y portuarias y podrá prestar en general los siguientes
servicios:
a) Estiba y desestiba y demás faenas anexas en la operación de carga o descarga
de las naves y artefactos navales;
b) Estiba y desestiba interior de contenedores dentro de los recintos portuarios,
y
c) En general, todos aquellos actos y gestiones propios de la movilización de la
carga entre la nave y los medios de transporte terrestre y viceversa, incluyendo las
operaciones intermedias que se deban realizar en los recintos portuarios y en naves
atracadas o a la gira, tales como arrumajes, apilamientos, desplazamientos
horizontales y verticales, depósitos o almacenamientos.

TITULO V
De los Contratos para la Explotación Comercial
de las Naves

§ 1. Disposiciones comunes

Art. 927- La explotación de una nave como medio de transporte reconoce,
principalmente, dos clases de contratos, según sea la naturaleza y extensión de las
obligaciones del fletante o armador: contrato de fletamento y contrato de transporte
de mercancías por mar.
Cuando el dueño o armador pone la nave a disposición de otro, para que éste la
use según su propia conveniencia dentro de los términos estipulados, el contrato
toma el nombre de fletamento. El que pone la nave a disposición de otro se denomina
fletante y el que la usa, fletador.
Cuando el dueño o armador de la nave asume la obligación de embarcar
mercancías de terceros en lugares determinados, conducirlas y entregarlas en lugares
también determinados, el contrato toma el nombre de transporte de mercancías por
mar o contrato de transporte marítimo.
El transporte por mar que se inicie, incluya o termine con etapas fluviales, se
regirá por las reglas de este Libro.

Art. 928- El contrato de fletamento debe siempre probarse por escrito. Las
condiciones y efectos del fletamento serán establecidas por las partes en el
contrato respectivo y, en su defecto, se regularán por las normas del párrafo
siguiente. El documento por el que se celebre el contrato se denominará póliza de
fletamento.
La formalidad dispuesta en el inciso anterior no se aplicará a los fletamentos
de naves de menos de cincuenta toneladas de registro bruto.
La expresión por escrito que se emplea en el inciso primero comprende las
comunicaciones que las partes hubieren intercambiado sea por telegrama, télex u
otros medios que registren o repitan lo estampado por cada parte en instrumentos o
aparatos diseñados para tal efecto.
Cuando no se pueda justificar el fletamento por alguna de las formas antes
señaladas, las relaciones entre las personas que hubieren intervenido y sus efectos,
se regirán por las disposiciones del párrafo 3 de este título, sobre el contrato
de transporte marítimo.

Art. 929- Las normas sobre el contrato de transporte marítimo serán imperativas


para las partes, salvo en los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario.

§ 2. De los fletamentos

Sección Primera. Normas Generales

Art. 930- Los contratos de fletamento regulados en este párrafo son:
1º Fletamento por tiempo;
2º Fletamento por viaje, que podrá ser total o parcial, y
3º Fletamento a casco desnudo.
En los demás fletamentos se estará a lo convenido por las partes y, en su
defecto, a las normas de este párrafo.

Art. 931- En ausencia de cláusulas expresas en un contrato internacional de
fletamento, sus efectos en Chile se regirán por la ley chilena.

Art. 932- El fletador puede subfletar la nave o utilizarla en el transporte de
mercancías por mar, salvo prohibición expresa en el contrato, subsistiendo su
responsabilidad para con el fletante por las obligaciones resultantes del contrato de
fletamento.
El subfletamento no generará relación alguna entre el fletante y el
subfletador. No obstante, si hubieren fletes insolutos de parte del fletador con el
fletante, éste podrá accionar en contra del subfletador, cargador o consignatario,
por la parte del flete que estuviere aún pendiente de pago.

Art. 933- Si la nave fuere enajenada, deberá cumplirse el viaje que estuviere en
ejecución, en la forma establecida en la póliza respectiva, sin perjuicio de los
derechos del comprador.

Sección Segunda. Del fletamento por tiempo

Art. 934- Fletamento por tiempo es un contrato por el cual el armador o naviero,
conservando su tenencia, pone la nave armada a disposición de otra persona para
realizar la actividad que ésta disponga, dentro de los términos estipulados, por un
tiempo determinado y mediante el pago de un flete por todo el lapso convenido o
calculado a tanto por día, mes o año.

Art. 935- Son menciones propias de la póliza de fletamento:
1º Nombre y domicilio del fletante y del fletador;
2º Individualización de la nave, sus características y en especial su aptitud,
capacidad de carga y andar;
3º El flete y sus modalidades de pago;
4º Duración del contrato, y
5º Una referencia a la actividad que el fletador se propone desarrollar con la
nave. Si nada se expresare, el fletador podrá emplearla en cualquier actividad
acorde a sus características técnicas.
La omisión en la póliza de una o más de las enunciaciones precedentes no
afectará a la validez del contrato, el que se regirá en las materias omitidas por
lo dispuesto por el artículo 934 y demás reglas que le resulten aplicables.

Art. 936- La gestión náutica de la nave corresponde al fletante.
La gestión comercial de la nave corresponde al fletador y dentro de ese límite
puede ordenar directamente al capitán el cumplimiento de los viajes que programe,
acorde con las estipulaciones del contrato.

Art. 937- Son obligaciones del fletante:
1º Presentar y poner la nave a disposición del fletador en la fecha y lugar
convenidos, en buen estado de navegabilidad, apta para los usos previstos, armada,


equipada y con la documentación pertinente. El fletante deberá mantener la nave en
el mismo buen estado de navegabilidad y aptitud durante toda la vigencia del
contrato, para que puedan desarrollarse las actividades previstas en él;
2º Pagar los gastos de la gestión náutica de la nave, tales como
clasificación, remuneraciones y alimentos de la dotación, seguro del casco y
maquinaria, reparaciones y repuestos, y
3º Cumplir con los viajes que ordene el fletador dentro de los términos del
contrato y en las zonas de navegación convenidas.

Art. 938- Son obligaciones del fletador:
1º Pagar el flete pactado en los términos convenidos, y
2º Pagar los gastos relacionados o inherentes a la gestión comercial de la
nave.

Art. 939- El fletador es responsable de los perjuicios sufridos por la nave a
causa de su gestión comercial. Responde hasta la culpa leve en el cumplimiento de
sus obligaciones, salvo que se hubiere estipulado otra cosa.

Art. 940- El fletante responde por los perjuicios sufridos por las mercancías a
bordo, si se deben a una infracción de sus obligaciones.
El fletante es responsable de los daños derivados del mal estado de la nave y de
todo vicio oculto, a menos que pruebe que este último no pudo ser advertido
empleando una razonable diligencia.
El fletante es también responsable ante el fletador de los perjuicios ocurridos
por falta náutica del capitán o de la tripulación, pero no responde ante el
fletador por las actuaciones del capitán y tripulación en cumplimiento de
instrucciones impartidas por el fletador, vinculadas a la gestión comercial o al uso
que éste haga de la nave.

Art. 941- A falta de disposición expresa en el contrato, el flete se regirá por
las siguientes normas:
1º Se devengará desde el día en que la nave sea puesta a disposición del
fletador en las condiciones establecidas en el contrato, y
2º Se pagará por períodos mensuales anticipados.
Art. 942- El fletante puede dar por terminado el contrato, transcurridos siete
días contados desde la fecha en que el fletador debió pagar el flete o la parte de
éste que se hubiere devengado. La terminación se producirá por la sola
declaración del fletante que comunicará por escrito al fletador y que también se
hará saber al capitán de la nave. Formulada esta declaración, el flete se
devengará hasta la restitución de la nave.
Todo lo anterior es sin perjuicio de los demás derechos que el contrato otorgue
al fletante para el caso de no pago del flete.

Art. 943- Cuando el fletante opte por la terminación del contrato, deberá
entregar en el destino que corresponda, la carga que la nave tenga a bordo.
Estará facultado, asimismo, para percibir en su favor el flete de las
mercancías que aún estuviere pendiente de pago, hasta concurrencia de lo que el
fletador le adeudare por su respectivo flete. Para este efecto, el fletante podrá
proceder en la forma señalada en el artículo 865 de este Libro.

Art. 944- No se devengará flete por el tiempo en que no sea posible utilizar
comercialmente la nave, salvo que sea por causas imputables al fletador. La
paralización deberá exceder de veinticuatro horas para que haya lugar a la indicada
suspensión del flete.

Art. 945- En caso de pérdida de la nave y salvo pacto en contrario, el precio
del flete se deberá hasta el día de la pérdida, inclusive.

Art. 946- El fletador restituirá la nave en el término y lugar estipulados y,
en su defecto, en el puerto de domicilio del fletante.
Art. 947- A menos que hubiere expreso consentimiento del fletante o que el


contrato así lo disponga, no se considerará renovado o prorrogado el contrato si la
nave no fuere restituida en el término estipulado.
Salvo que el fletante pruebe un perjuicio mayor, el fletador pagará por cada
día, durante los primeros quince días de retardo, una indemnización igual al valor
diario que correspondió al contrato, según el precio de todo el período
estipulado. Por cada día subsiguiente a los primeros quince días, la indemnización
será, al menos, el doble de ese valor diario.

Sección Tercera. Del fletamento por viaje

Art. 948- El fletamento por viaje puede ser total o parcial.
Fletamento por viaje total, es aquél por el cual el fletante se obliga a poner a
disposición del fletador, mediante el pago de un flete, todos los espacios
susceptibles de ser cargados en una nave determinada, para realizar el o los viajes
convenidos.
Fletamento parcial por viaje, es aquél en que se pone a disposición del
fletador uno o más espacios determinados dentro de la nave.
El fletante no podrá substituir por otra la nave objeto del contrato, salvo
estipulación en contrario.

Art. 949- Son menciones propias del fletamento por viaje, total o parcial, las
siguientes:
1º La individualización de la nave, capacidad de carga y puerto de matrícula;
2º Los nombres y domicilios del fletante y del fletador;
3º La indicación del viaje o viajes que deben efectuarse y los lugares de carga
y descarga;
4º Si el fletamento es total o parcial, y en este último caso, la
individualización de los espacios que se pondrán a disposición del fletador;
5º La descripción de los cargamentos o mercancías, su cantidad y peso;
6º Los tiempos previstos para las estadías y sobrestadías, forma de
computarlas y el valor fijado para ellas;
7º La responsabilidad de las partes por los posibles daños a la carga y a la
nave, y
8º El flete y sus modalidades de pago.
La omisión en la póliza de una o más de las enunciaciones precedentes no
afectará a la validez del contrato, el que se regirá en las materias omitidas por
lo dispuesto por el artículo 948 y demás reglas que le resulten aplicables.

Art. 950- El fletante está obligado a:
1º Presentar la nave en el lugar y fecha estipulados, en buen estado de
navegabilidad, armada y equipada convenientemente para realizar las operaciones
previstas en el contrato y mantenerla así durante el o los viajes convenidos.
El fletante será responsable de los daños a las mercancías que provengan del
mal estado de la nave, a menos que pruebe que fueron consecuencia de un vicio oculto
de ella no susceptible de ser advertido con razonable diligencia, y
2º Adoptar todas las medidas necesarias que de él dependan para ejecutar el o
los viajes convenidos.

Art. 951- Si el fletante no pone la nave a disposición del fletador en las
condiciones, época y lugar convenidos, éste podrá resolver el contrato mediante
comunicación por escrito al fletante.
Sin perjuicio de lo anterior, el fletador puede dejar sin efecto el contrato
antes que la nave comience a cargar, en cuyo caso pagará al fletante una
indemnización equivalente a la mitad del flete convenido, o superior, si el fletante
probare que los perjuicios ocasionados son mayores que esa cantidad, pero sin que
exceda a la totalidad de dicho flete.

Art. 952- Corresponde al fletador designar el lugar o el sitio del puerto en que
la nave debe ubicarse para la realización de las faenas de carga o descarga, salvo
que la póliza de fletamento los haya preestablecido. Si la póliza de fletamento o
el fletador nada expresan sobre ello, o si, siendo varios los fletadores, no hay
entre ellos acuerdo al respecto, corresponderá al fletante elegir dicho lugar o
sitio. Todo lo cual es sin perjuicio de las normas administrativas que regulen las
operaciones de los puertos.
Art. 953- El fletante es responsable de las mercancías recibidas a bordo, sin


perjuicio de lo previsto en la póliza de fletamento.

Art. 954- Se entiende por estadía el lapso convenido por las partes para
ejecutar las faenas de carga y descarga, o en su defecto, el plazo que los usos del
puerto de que se trate, señalen para estas faenas.
Se entiende por sobrestadía el tiempo posterior a la expiración de la estadía,
sin necesidad de requerimiento.
El fletante podrá resolver el contrato cuando el tiempo de sobrestadía exceda a
un número de días calendario igual a los días laborales de la estadía.
Si en la póliza se establecieren plazos independientes para las faenas de carga
y de descarga, éstos se computarán en forma separada.

Art. 955- El fletante debe dar aviso por escrito al fletador que la nave está
lista para recibir o entregar la carga. Si nada se hubiere convenido entre las
partes, la determinación del momento en que la nave está lista para cargar o
descargar, así como el cómputo de los días de estadía, la duración, monto y
forma de pago de las sobrestadías, serán determinados preferentemente por los usos
del puerto en que tienen lugar las operaciones anteriormente mencionadas.

Art. 956- Corresponde al fletador realizar oportunamente y a su costo, las
operaciones de carga y descarga de las mercancías.

Art. 957- Si el fletador embarca sólo parte de la carga, vencido que sea el
plazo de sobrestadía, el fletante podrá emprender el viaje con la carga que esté a
bordo, en cuyo caso, el fletador deberá pagarle el flete íntegro.
Si el fletante optare por la resolución del contrato, podrá descargar la nave
por cuenta y cargo del fletador, quien además, deberá pagar la mitad del flete
convenido, si el fletante no prueba un perjuicio mayor.
El fletante hará constar su decisión en una protesta que deberá comunicar al
fletador o al representante que éste tuviere en el lugar del embarque.

Art. 958- Los plazos se suspenderán cuando se impida la carga o descarga por
caso fortuito o fuerza mayor, o por causas imputables al fletante o sus dependientes.

Art. 959- La indemnización por sobrestadía se considerará como suplemento del
flete. Su monto será el que hayan estipulado las partes y, en su defecto, el que
corresponda según el uso local. Las fracciones de día, se pagarán a prorrata del
importe diario.

Art. 960- Si el fletador cumpliere las faenas de carga o descarga en menor tiempo
que el estipulado, tendrá derecho a una compensación por el monto que se haya
convenido y, en su defecto, se calculará sobre una base igual a la mitad de la suma
que corresponda para la sobrestadía.

Art. 961- El contrato quedará resuelto sin derecho a indemnización de
perjuicios para ninguna de las partes, si antes del zarpe de la nave sobreviene una
prohibición para comerciar con algún país al cual iba destinada, o si acaece
cualquier otro suceso de fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible la
realización del viaje.

Art. 962- Cuando el caso fortuito o la fuerza mayor sobrevinientes fueren de
carácter temporal y significaren sólo un retardo en el zarpe, la ejecución del
contrato se entenderá suspendida por todo el tiempo que dure el impedimento.
De igual manera, el contrato no se resuelve y mantiene plena vigencia, si el caso
fortuito o la fuerza mayor ocurren durante el viaje. Cuando así suceda, no habrá
lugar a aumento del flete y el fletante deberá continuar el viaje tan pronto como
cese el impedimento.
Cuando se trate de impedimento temporal, el fletador podrá descargar las
mercancías a su costa en el lugar que señale, debiendo pagar al fletante un flete
proporcional a la distancia recorrida.


Art. 963- Salvo que se estipulare otra cosa, el flete se devengará por
anticipado respecto de cada viaje y será exigible desde el momento en que terminan
las faenas de carga respectivas.
Cuando en el curso de su ruta ocurra, por efectos de un suceso no imputable al
fletante, la detención definitiva de la nave, el fletador pagará un flete en
reemplazo del pactado por el viaje, que será proporcional a la distancia que la nave
haya recorrido en demanda del punto de destino convenido por las partes, salvo si se
hubiere pactado un flete ganado a todo evento.

Art. 964- Cuando la nave ha sido objeto de fletamento total, el fletador podrá
hacer la descarga de las mercancías en cualquier puerto o lugar que esté en el
curso de la ruta, pero deberá pagar el flete total estipulado por el viaje, así
como todos los gastos que se produzcan o que sean consecuencia de la desviación y
descarga.

Sección Cuarta. Del fletamento a casco desnudo

Art. 965- Fletamento a casco desnudo es el contrato por el cual una parte,
mediante el pago de un flete, se obliga a colocar a disposición de otra, por un
tiempo determinado, una nave desarmada y sin equipo o con un equipo y armamento
incompleto, cediendo a esta última su tenencia, control y explotación, incluido el
derecho a designar al capitán y a la dotación.
En defecto de las estipulaciones del contrato y en lo no previsto en esta
sección, en el Párrafo 1 y en la sección primera del párrafo 2 de este título,
el fletamento a casco desnudo se regirá por las normas generales del arrendamiento
de cosas muebles, en lo que le sean aplicables.

Art. 966- El fletador tendrá la calidad jurídica de armador y, como tal, los
derechos y obligaciones de éste.
El flete se devengará, salvo estipulación de las partes, por períodos
anticipados.

Art. 967- El fletador no podrá subfletar a casco desnudo o ceder el contrato,
sin la autorización escrita del dueño.
En lo no convenido expresamente para el subfletamento a casco desnudo, se
regulará éste por lo prescrito en esta misma sección.

Art. 968- El fletante debe presentar y entregar al fletador la nave en la fecha y
lugar convenidos, provista de la documentación necesaria y en buen estado de
navegabilidad. Durante el contrato, serán de cargo del fletante las reparaciones y
reemplazos debidos a vicios ocultos.
Si la nave se inmovilizare como consecuencia de un vicio oculto, no se deberá
flete alguno durante el período que dure dicha inmovilización, sobre el exceso de
las primeras veinticuatro horas.

Art. 969- El fletador sólo podrá utilizar la nave de acuerdo con las
características técnicas de la misma y en conformidad con las modalidades de empleo
convenidas en el contrato.
La violación de lo establecido en el inciso anterior, dará derecho al fletante
para solicitar la terminación del contrato y exigir del fletador las indemnizaciones
de los perjuicios que haya causado.
Pendiente la resolución sobre la terminación del contrato, el juez podrá
decretar la retención provisoria de la nave, si apareciere la necesidad de ello.
Todo lo cual es sin perjuicio de las medidas cautelares que fueren procedentes
conforme a las reglas generales.

Art. 970- Durante el contrato, serán de cargo del fletador las reparaciones y
reemplazos que no tengan su origen en algún vicio oculto de la nave.

Art. 971- Serán de cargo del fletador el aprovisionamiento de la nave, la
contratación de la dotación, pago de sus remuneraciones y, en general, todos los


gastos de explotación de la nave.
El fletador es responsable ante el fletante por todos los reclamos de terceros,
que hayan sido consecuencia de la explotación u operación de la nave.

Art. 972- El fletador restituirá la nave a la expiración del término
estipulado, en el mismo estado en que le fue entregada, salvo el desgaste ocasionado
por su uso normal o convenido. Asimismo, el fletador deberá garantizar al fletante
la liberación de todo crédito previlegiado derivado de su explotación.
La restitución se hará en el lugar acordado y, en su defecto, en el puerto de
domicilio del fletante.

Art. 973- Se aplicará a este contrato lo dispuesto por los artículos 942 y 947.

§ 3. Del contrato de transporte marítimo

Sección Primera. Definiciones

Art. 974- Se entiende por contrato de transporte marítimo aquel en virtud del
cual el porteador se obliga, contra el pago de un flete, a transportar mercancías
por mar de un puerto a otro.
El contrato que comprenda transporte marítimo y además transporte por cualquier
otro medio, estará regido por las normas de este párrafo, sólo por el período
señalado en el artículo 982. Las otras etapas se regirán por las normas que
correspondan al medio de transporte empleado.

Art. 975- Para todos los efectos de este párrafo, se entiende por:
1) Porteador o transportador, toda persona que por sí o por medio de otra que
actúe en su nombre, ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías
con un cargador;
2) Porteador efectivo o transportador efectivo, toda persona a quien el
transportador ha encargado la ejecución del transporte de las mercancías, o de una
parte de éste, así como cualquier otra persona a quien se ha encomendado esa
ejecución;
3) Cargador, toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre
o por su cuenta, ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías con
un porteador y toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o
por su cuenta, ha entregado efectivamente las mercancías al porteador en virtud del
contrato de transporte marítimo, y
4) Consignatario, la persona habilitada por un título para recibir las
mercancías.

Art. 976- Se entiende por mercancía toda clase de bienes muebles, comprendiendo
también los animales vivos.
Cuando las mercancías se agrupen en contenedores, paletas u otros elementos de
transporte análogos, o cuando estén embaladas, el término mercancías comprenderá
ese elemento de transporte o ese embalaje, si ha sido suministrado por el cargador.
Los equipajes se rigen por las disposiciones del contrato de pasaje.

Art. 977- El conocimiento de embarque es un documento que prueba la existencia de
un contrato de transporte marítimo, y acredita que el transportador ha tomado a su
cargo o ha cargado las mercancías y se ha obligado a entregarlas contra la
presentación de ese documento a una persona determinada, a su orden o al portador.

Art. 978- Siempre que en este párrafo se emplee la expresión por escrito, se
entenderá que ella comprende el telegrama, el télex, u otros medios que estampen,
registren o repitan lo expresado por cada parte mediante instrumentos o aparatos
diseñados para tal efecto.

Sección Segunda. Ambito de aplicación


Art. 979- Sin perjuicio de lo que establezcan los tratados o convenciones
internacionales vigentes en Chile, las disposiciones de este párrafo se aplicarán a
todos los contratos de transporte marítimo, siempre que:
1º El puerto de carga o de descarga previsto en el contrato de transporte
marítimo esté situado en territorio nacional, o
2º El conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del contrato de
transporte marítimo, estipule que el contrato se regirá por las disposiciones de
este párrafo, o
3º Uno de los puertos facultativos de descarga previstos en el contrato de
transporte marítimo sea el puerto efectivo de descarga y éste se encuentre dentro
del territorio nacional.

Art. 980- Las disposiciones de este párrafo se aplicarán sea cual fuere la
nacionalidad de la nave, del transportador, del transportador efectivo, del cargador,
del consignatario o de cualquier otra persona interesada.

Art. 981- Las disposiciones de este párrafo no son aplicables a los contratos de
fletamento. No obstante, cuando se emita un conocimiento de embarque en cumplimiento
de un contrato de fletamento, ellas se aplicarán a ese conocimiento de embarque si
éste regula la relación entre el transportador o el transportador efectivo y el
tenedor del conocimiento que no sea el fletador.
Si en un contrato se contempla el transporte de mercancías en embarques
sucesivos durante un plazo acordado, las disposiciones de este párrafo se aplicarán
a cada uno de esos embarques.
Cuando un embarque se efectúe en virtud de un contrato de fletamento, se le
aplicarán las disposiciones del inciso primero.

Sección Tercera. Responsabilidad del transportador

Art. 982- La responsabilidad del transportador por las mercancías comprende el
período durante el cual ellas están bajo su custodia, sea en tierra o durante su
transporte.

Art. 983- Para los efectos del artículo precedente, se considerará que las
mercancías están bajo la custodia del transportador desde el momento en que éste
las haya tomado a su cargo al recibirlas del cargador o de la persona que actúe en
su nombre, o de una autoridad u otro tercero en poder de los cuales, según las leyes
o los reglamentos aplicables en el puerto de carga se hayan de poner las mercancías
para ser embarcadas, y hasta el momento en que las haya entregado en alguna de las
siguientes formas:
a) Poniéndolas en poder del consignatario;
b) En los casos en que el consignatario no reciba las mercancías del
transportador, poniéndolas a disposición del consignatario en conformidad con el
contrato, las leyes o los usos del comercio de que se trate, aplicables en el puerto
de descarga; o
c) Poniéndolas en poder de una autoridad u otro tercero a quienes, según las
leyes o los reglamentos aplicables en el puerto de descarga, hayan de entregarse las
mercancías.
Los términos transportador y consignatario comprenden también a sus
dependientes y agentes, respectivamente.

Art. 984- El transportador será responsable de los perjuicios resultantes de la
pérdida o del daño de las mercancías, así como del retraso de su entrega, si el
hecho que ha causado la pérdida, el daño o el retraso, se produjo cuando las
mercancías estaban bajo su custodia en los términos de los artículos 982 y 983, a
menos que pruebe que él, sus dependientes o agentes, adoptaron todas las medidas que
razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias.

Art. 985- Hay retraso cuando las mercancías no han sido entregadas en el puerto
de descarga previsto en el contrato de transporte marítimo, dentro del plazo
expresamente acordado o, a falta de tal acuerdo, cuando no han sido entregadas dentro
del plazo que, atendidas las circunstancias del caso, sería razonable exigir de un
transportador diligente.
Art. 986- Se considerarán perdidas las mercancías si no han sido entregadas en


su destino, en alguna de las formas señaladas en el inciso primero del artículo
983, dentro de los sesenta días siguientes a la expiración del plazo de entrega
determinado con arreglo al artículo anterior.

Art. 987- En caso de incendio, el transportador será responsable:
1º De la pérdida o daño de las mercancías, o del retraso en la entrega de las
mismas, si el reclamante prueba que el incendios e produjo por culpa o negligencia
del transportador, sus dependientes o agentes, o
2º De la pérdida o el daño o el retraso de la entrega cuando el reclamante
pruebe que han sobrevenido por culpa o negligencia del transportador, sus
dependientes o agentes, en la adopción de todas las medidas que, razonablemente,
podían exigirse para apagar el incendio y evitar o mitigar sus consecuencias.

Art. 988- En caso de incendio a bordo, que afecte a las mercancías, si el
reclamante o el transportador lo solicitan, se realizará una investigación de las
causas y circunstancias del incendio, en conformidad con los reglamentos y las
prácticas del transporte marítimo, y se proporcionará a los interesados un
ejemplar del informe con las conclusiones de la investigación.

Art. 989- En el transporte de animales vivos, el transportador no será
responsable de la pérdida, del daño o del retraso en su entrega, resultantes de los
riesgos especiales inherentes a este tipo de transporte.
Se presumirá que dichos riesgos han sido la causa de la pérdida o del daño o
del retraso en la entrega, cuando el transportador pruebe que ha cumplido las
instrucciones especiales que le hubiere dado el cargador, y que además, atendidas
las circunstancias, la pérdida, el daño o el retraso en su entrega, puedan
atribuirse a tales riesgos. No obstante lo dispuesto precedentemente, no tendrá
lugar dicha presunción cuando existan pruebas que la totalidad o parte de estos
hechos, han tenido su origen en la culpa o negligencia del transportador, sus
dependientes o agentes.

Art. 990- En caso de prestarse auxilios a terceros, el transportador no será
responsable, salvo por avería gruesa, cuando la pérdida, el daño o el retraso en
la entrega, hayan provenido de medidas adoptadas para el salvamento de vidas humanas
o de medidas razonablemente adoptadas para el salvamento de bienes en el mar.

Art. 991- Cuando la culpa o negligencia del transportador, sus dependientes o
agentes, concurra con otra u otras causas para ocasionar la pérdida, el daño o el
retraso en la entrega, el transportador sólo será responsable de la parte de la
pérdida, daño o retraso que puedan atribuirse a su culpa o negligencia o a la de
sus dependientes o agentes, siempre que pruebe el monto de la pérdida, daño o
retraso que son imputables a la otra u otras causas.

Sección Cuarta. Límites de la responsabilidad

Art. 992- La responsabilidad del transportador por los perjuicios resultantes de
la pérdida o del daño de las mercancías, de acuerdo con lo dispuesto en la
sección precedente, estará limitada a un máximo equivalente a ochocientas treinta
y cinco unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada o a dos y
media unidades de cuenta por kilógramo de peso bruto de las mercancías perdidas o
dañadas, si esta cantidad es mayor.

Art. 993- La responsabilidad del transportador por el retraso en la entrega con
arreglo a lo dispuesto en la sección precedente, estará limitada a una suma
equivalente a dos veces y media el flete que deba pagarse por las mercancías que
hayan sufrido retraso, pero no excederá de la cuantía total del flete que deba
pagarse en virtud del respectivo contrato de transporte marítimo de mercancías.

Art. 994- En ningún caso la responsabilidad acumulada del transportador por los
conceptos enunciados en los dos artículos precedentes, excederá del límite
determinado en virtud del artículo 992, para la pérdida total de las mercancías
respecto de las cuales se haya incurrido en esa responsabilidad.


Art. 995- En los límites de responsabilidad a que se refieren los artículos
precedentes no se consideran incluidos los intereses producidos por la suma en que se
avalúen los daños, ni las costas judiciales.

Art. 996- Para determinar, en el caso del artículo 992, qué cantidad es mayor,
se aplicarán las normas siguientes:
1º En los casos en que, para agrupar mercancías, se use un contenedor, una
paleta o un elemento de transporte análogo, se considerarán como un bulto o una
unidad de carga transportada, cada uno de los que aparezcan como contenidos en ese
elemento de transporte en el conocimiento de embarque, si se ha emitido, o bien, en
cualquier otro documento que haga prueba del contrato de transporte marítimo. Si se
omite la mención señalada en los referidos documentos, las mercancías contenidas
en ese elemento de transporte serán consideradas como una unidad de carga
transportada;
2º En los casos en que se haya perdido o dañado el propio elemento de
transporte, éste será considerado como una unidad independiente de carga
transportada, salvo que sea de propiedad del transportador o proporcionado por él.

Art. 997- El transportador y el cargador podrán pactar límites de
responsabilidad superiores a los establecidos en los artículos 992 y 993.

Art. 998- Tanto las exoneraciones como los límites de responsabilidad
establecidos en este párrafo, serán aplicables a toda acción contra el
transportador por las pérdidas o el daño de las mercancías a que se refiere el
contrato de transporte marítimo, así como por el retraso en su entrega,
independientemente de que la acción se funde en la responsabilidad contractual, en
la responsabilidad extracontractual o en otra causa.

Art. 999- Cuando se ejerciten las acciones de los artículos precedentes contra
un empleado o agente del portador, éstos podrán acogerse a las exoneraciones y
límites de responsabilidad que el transportador pueda invocar, en virtud de las
disposiciones de este párrafo, siempre que prueben que han actuado en el ejercicio
de sus funciones.

Art. 1000- Sin perjuicio de lo que disponen los artículos siguientes, la
cuantía total de las sumas exigibles del transportador y de cualquiera de las
personas a que se refiere el artículo anterior, no excederá los límites de
responsabilidad establecidos en este párrafo.

Sección Quinta. Excepciones a la limitación de
responsabilidad.

Art. 1001- El transportador no podrá acogerse a la limitación de
responsabilidad establecida en los artículos 992 y 993, si se prueba que la
pérdida, el daño o el retraso en la entrega provinieron de una acción o una
omisión del transportador realizadas con intención de causar tal pérdida, daño o
retraso, o temerariamente y en circunstancias que pueda presumirse que tuvo
conocimiento de que probablemente sobrevendrían la pérdida, el daño o el retraso.

Art. 1002- No obstante lo dispuesto en el artículo 999, los dependientes o
agentes del transportador no podrán acogerse a la limitación de responsabilidad
establecida en los artículos 992 y 993, si se prueba que la pérdida, el daño o el
retraso de la entrega provinieron de una acción o una omisión de ellos realizada
con intención de causar tal pérdida, daño o retraso, o temerariamente y en
circunstancias que pueda presumirse que tuvieron conocimiento de que probablemente
sobrevendrían la pérdida, el daño o el retraso.

Sección Sexta. Carga sobre cubierta

Art. 1003- El transportador sólo podrá transportar mercancías sobre cubierta


en virtud de un acuerdo previo con el cargador, o bien, cuando lo permitan o
autoricen los usos del comercio de que se trate, o así lo exijan las normas legales
vigentes.

Art. 1004- Si el transportador y el cargador han convenido que las mercancías se
transporten o puedan transportarse sobre cubierta, así lo expresarán en el
conocimiento de embarque o en otro documento que haga prueba del contrato de
transporte marítimo. A falta de declaración escrita sobre el particular, deberá el
transportador probar la existencia de dicho acuerdo, y no podrá invocarlo contra
terceros, incluso respecto del consignatario que adquirió el conocimiento de
embarque de buena fe.
Cuando las mercancías sean conducidas en contenedores de una nave apta para el
transporte de éstos, se presumirá el acuerdo previo a que se refiere la primera
parte del artículo anterior, salvo que el interesado pruebe lo contrario.

Art. 1005- Cuando las mercancías han sido transportadas sobre cubierta
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1003, o cuando el transportador no pueda
invocar, en conformidad con el artículo anterior, un acuerdo en tal sentido, el
transportador será responsable de la pérdida o daño que sufran las mercancías,
así como del retraso en su entrega, siempre que sean consecuencia de su transporte
sobre cubierta.
La extensión de la responsabilidad del transportador se determinará en
conformidad con lo dispuesto en las secciones cuarta y quinta de este párrafo,
según sea el caso.
Para los efectos indicados en la sección quinta de este párrafo, se presumirá
que se ha incurrido en las conductas dolosas o culposas previstas en los artículos
1001 y 1002, cuando se ha infringido el acuerdo expreso de transportarlas bajo
cubierta.

Sección Séptima. Responsabilidad del transportador y del transportador efectivo

Art. 1006- Cuando la ejecución del transporte o de una parte del mismo haya sido
encomendada a un transportador efectivo, independientemente de si el contrato lo
autoriza o no para ello, el transportador seguirá siendo responsable de la totalidad
del transporte convenido.
Respecto del transporte que sea ejecutado por el transportador efectivo, el
transportador será responsable solidariamente con aquél de las acciones u omisiones
que en el ejercicio de sus funciones puedan incurrir, tanto el transportador efectivo
como sus dependientes y agentes.

Art. 1007- Todas las disposiciones contenidas en este título que se refieran a
la responsabilidad del transportador serán igualmente aplicables al transportador
efectivo, respecto del transporte por él ejecutado.
Si se ejercitaren acciones en contra de un dependiente o agente del transportador
efectivo, serán aplicables las normas contenidas en los artículos 999, 1000 y 1002.

Art. 1008- Todo acuerdo especial en virtud del cual el transportador asuma
obligaciones no señaladas en este Libro o renuncie a los derechos que el mismo le
confiere, sólo surtirán efecto respecto del transportador efectivo cuando éste lo
acepte expresamente y por escrito.
Sin perjuicio de lo anterior, el transportador seguirá sujeto a las obligaciones
o renuncias resultantes de ese acuerdo especial, independientemente del hecho de que
éstas hayan sido aceptadas o no por el transportador efectivo.

Art. 1009- El monto total de las sumas que sean exigibles al transportador, al
transportador efectivo y a los dependientes y agentes de éstos, no excederá en caso
alguno, de los límites de responsabilidad indicados en las disposiciones pertinentes
de este párrafo.

Art. 1010- Las normas sobre responsabilidad del transportador y del transportador
efectivo, se aplicarán sin perjuicio del derecho de repetición que éstos puedan
ejercer recíprocamente.
Sección Octava. Transporte con facultad para transbordar


Art. 1011- No obstante lo dispuesto en el artículo 1006, cuando en un contrato
de transporte marítimo se estipule explícitamente que una parte determinada del
transporte será ejecutada por una persona distinta del transportador, en el contrato
podrá también estipularse que aquél no será responsable de la pérdida, el daño
o retraso en la entrega causados por un hecho ocurrido cuando las mercancías estaban
bajo la custodia del otro transportador expresamente nominado. Pero esta
estipulación no surtirá efecto si no puede incoarse ante tribunal competente algún
procedimiento judicial contra el segundo transportador efectivamente nominado, según
lo que dispone la Sección Décimosexta de este mismo párrafo.
La prueba de que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega fueron causados
por un hecho que ocurrió mientras las mercancías estaban bajo la custodia del
transportador efectivo, y la prueba de que el demandante pudo incoar su acción
contra el segundo transportador en algún tribunal competente, corresponderá al
primer transportador.

Sección Novena. De la responsabilidad del cargador

Art. 1012- Por regla general, el cargador, sus dependientes o agentes, sólo
serán responsables de la pérdida sufrida por el transportador o por el
transportador efectivo, o del daño sufrido por la nave, cuando la pérdida o el
daño de que se trate, hayan sido causados por culpa o negligencia de dicho cargador,
sus dependientes o agentes.

Art. 1013- En el caso de mercancías peligrosas, el cargador señalará, de
manera adecuada, mediante marcas o etiquetas, las mercancías que tengan esa
característica.
El cargador que ponga mercancías peligrosas en poder del transportador o de un
transportador efectivo, según el caso, le informará del carácter peligroso de
aquéllas y de ser necesario, de las precauciones que deban adoptarse. Si el cargador
no lo hace y el transportador o el transportador efectivo no tienen conocimiento del
carácter peligroso de las mercancías por otro conducto, esta omisión tendrá los
siguientes efectos:
1º El cargador será responsable respecto del transportador y de todo
transportador efectivo, de los perjuicios resultantes del embarque de tales
mercancías, y
2º Las mercancías podrán en cualquier momento ser descargadas, destruídas o
transformadas en inofensivas, según requieran las circunstancias, sin que haya lugar
a indemnización.
Las disposiciones de este artículo, no podrán ser invocadas por una persona que
durante el transporte se haya hecho cargo de las mercancías, a sabiendas de su
carácter peligroso.
Aun cuando se ponga en conocimiento del transportador o del transportador
efectivo el carácter peligroso de las mercancías, si éstas llegaren a constituir
un peligro real para la vida humana o los bienes, podrán ser descargadas,
destruídas o transformadas en inofensivas, según requieran las circunstancias, sin
que haya lugar a indemnización, salvo cuando exista la obligación de contribuir a
la avería gruesa o cuando el transportador sea responsable en conformidad con lo
dispuesto en los artículos 984 al 991 de este párrafo.

Sección Décima. Documentación del transporte

Art. 1014- Cuando el transportador o el transportador efectivo se hagan cargo de
las mercancías, el primero deberá emitir un conocimiento de embarque al cargador,
si éste lo solicita.
El conocimiento de embarque podrá ser firmado por una persona autorizada al
efecto por el transportador. Se entenderá que el conocimiento de embarque suscrito
por el capitán de la nave que transporte las mercancías, lo ha sido en nombre del
transportador.
La firma en el conocimiento de embarque podrá ser manuscrita, impresa en
facsímil, perforada, estampada en símbolos o registrada por cualquier otro medio
mecánico o electrónico.

Art. 1015- Son estipulaciones propias del conocimiento de embarque:
1º La naturaleza general de las mercancías, las marcas principales necesarias
para su identificación; una declaración expresa, si procede, sobre su carácter


peligroso, y si se dieron instrucciones al respecto; el número de bultos o de piezas
y el peso de las mercancías o su cantidad manifestada de otro modo.
Todos estos datos se harán constar tal como los haya proporcionado el cargador;
2º El estado aparente de las mercancías;
3º El nombre y el establecimiento principal del transportador;
4º El nombre del cargador;
5º El nombre del consignatario, si ha sido comunicado por el cargador;
6º El puerto de carga, según el contrato de transporte marítimo, y la fecha en
que el transportador se ha hecho cargo de las mercancías;
7º El puerto de descarga, según el contrato de transporte marítimo;
8º El número de originales del conocimiento de embarque, si hubiere más de
uno;
9º El lugar de emisión del conocimiento de embarque;
10 La firma del transportador o de la persona que actúe en su nombre;
11 El flete, en la medida en que deba ser pagado por el consignatario, o
cualquier otra indicación de que el flete ha de ser pagado por éste;
12 La declaración mencionada en el inciso final del artículo 1039;
13 La declaración, si procede, de que las mercancías se transportarán o
podrán transportarse sobre cubierta;
14 La fecha o el plazo de entrega de las mercancías en el puerto de descarga, si
en ello han convenido expresamente las partes, y
15 Todo límite o límites superiores de responsabilidad que se hayan pactado de
conformidad con el artículo 997.
La omisión en el conocimiento de embarque de una o varias de las enunciaciones
precedentes, no afectará a su eficacia jurídica, siempre que se ajuste a lo
dispuesto en el artículo 977.

Art. 1016- Una vez cargadas las mercancías a bordo, el transportador emitirá al
cargador un conocimiento de embarque con la mención embarcado, si éste lo solicita,
en el cual, además de las enunciaciones señaladas en el artículo precedente, se
consignanará que las mercancías se encuentran a bordo de una nave o naves
determinadas y se indicará la fecha o las fechas en que se haya efectuado la carga.
Si el transportador ha emitido anteriormente un conocimiento de embarque u otro
título representativo de cualquiera de esas mercancías al cargador, éste
devolverá dicho documento a cambio de un conocimiento de embarque con la mención
embarcado.
Cuando el cargador solicite un conocimiento de embarque con la mención
embarcado, el transportador podrá modificar cualquier documento emitido
anteriormente si con las modificaciones que se agreguen, queda incluida toda la
información que deba constar en un conocimiento de embarque embarcado.

Sección Undécima. Valor probatorio y reservas en el conocimiento de embarque.

Art. 1017- El transportador o la persona que emita el conocimiento de embarque en
su nombre, estampará en dicho conocimiento una reserva en los siguientes casos:
1º Cuando sepa o tenga motivos razonables para sospechar que los datos relativos
a la naturaleza general, marcas principales, número de bultos o piezas, peso o
cantidad de las mercancías, contenidos en el conocimiento de embarque, no
representan con exactitud las mercancías que efectivamente ha tomado a su cargo;
2º En caso de haberse emitido un conocimiento de embarque con la mención
embarcado y se sepa o se tengan los mismos motivos razonables de sospecha respecto de
las menciones indicadas en el número anterior, y
3º Si no hubiere tenido medios razonables para verificar esos datos.

Art. 1018- Cuando se estampe una reserva en el conocimiento de embarque u otro
documento que haga prueba del contrato de transporte, dicha reserva deberá
especificar las inexactitudes, los motivos de sospecha o la falta de medios
razonables para verificar los datos del conocimiento o documento que fuera materia de
la objeción.

Art. 1019- Si el transportador o la persona que emite el conocimiento de embarque
en su nombre, no hace constar en dicho documento el estado aparente de las
mercancías, se entenderá que ha indicado en el conocimiento de embarque que las
mercancías estaban en buen estado.
Art. 1020- Salvo en lo concerniente a los datos acerca de los cuales se haya
hecho una reserva autorizada en virtud de los tres artículos anteriores y en la


medida de tal reserva:
1º El conocimiento de embarque hará presumir, salvo prueba en contrario, que el
transportador ha tomado a su cargo o, en caso de haberse emitido un conocimiento de
embarque con la mención embarcado, que ha cargado las mercancías, tal como aparecen
descritas en el conocimiento de embarque, y
2º No se admitirá al transportador prueba en contrario, si el conocimiento de
embarque ha sido transferido a un tercero, incluido un consignatario, que ha
procedido de buena fe basándose en la descripción de las mercancías que figuraba
en ese conocimiento.

Sección Duodécima. Reglas sobre pago del flete en el contrato de transporte
marítimo.

Art. 1021- Por regla general, a menos que se estipule expresamente otra cosa, el
flete se gana y será exigible una vez entregadas las mercancías en el destino
previsto en el contrato, en alguna de las formas que señalan las letras a), b) o c)
del artículo 983.
No se deberá flete por las mercancías perdidas por caso fortuito o fuerza
mayor. Sin embargo, cuando las mercancías se han perdido por un acto o a
consecuencia de avería común, se pagará el flete correspondiente como si aquellas
hubiesen llegado a destino.
La estipulación de flete pagadero a todo evento, surtirá efecto siempre que la
carga se encuentre a bordo y la nave haya iniciado el viaje.
El conocimiento de embarque en el que no se especifiquen el flete pendiente de
pago o no se indique de otro modo que el flete ha de ser pagado por el consignatario,
conforme a lo dispuesto en el número 11 del artículo 1015, o en que no se
especifiquen los pagos por demoras en el puerto de carga que deba hacer el
consignatario, hará presumir, salvo prueba en contrario, que el consignatario no ha
de pagar ningún flete ni demoras.
Sin embargo, no se admitirá al transportador prueba en contrario, cuando el
conocimiento de embarque haya sido transferido a un tercero, incluido un
consignatario, que haya procedido de buena fe basándose en la falta de tales
indicaciones en el conocimiento de embarque.

Sección Décimotercera. Garantías proporcionadas por el cargador.

Art. 1022- Se considerará que el cargador garantiza al transportador la
exactitud de los datos relativos a la naturaleza general de las mercancías, sus
marcas, número, peso y cantidad, que haya proporcionado para su inclusión en el
conocimiento de embarque.
El cargador indemnizará al transportador de los perjuicios resultantes de la
inexactitud de esos datos, aun cuando haya transferido el conocimiento de embarque.
El derecho del transportador a tal indemnización no limitará, en modo alguno,
su responsabilidad en virtud del contrato de transporte marítimo respecto de
cualquier persona distinta del cargador.

Art. 1023- La carta de garantía o el pacto en cuya virtud el cargador se
compromete a indemnizar al transportador, por los perjuicios resultantes de la
emisión del conocimiento de embarque efectuada por éste o por la persona que actúe
en su nombre, y que no contenga reserva alguna sobre los datos proporcionados por el
cargador para su inclusión en dicho documento, o sobre el estado aparente de las
mercancías, no surtirá efecto respecto de un tercero o de un consignatario a
quienes se haya transferido el conocimiento de embarque.

Art. 1024- Tanto la carta de garantía como el pacto, en su caso, serán válidos
respecto del cargador, salvo que el transportador o la persona que actúe en su
nombre, omita la reserva a que se refiere el artículo anterior, con la intención de
causar perjuicio a un tercero, incluso a un consignatario que se basó en la
descripción de las mercancías contenidas en el respectivo conocimiento de embarque.
En este caso, si la reserva omitida se refiere a datos que proporcionó el
cargador para su inclusión en el conocimiento de embarque, el transportador no
tendrá derecho a ser indemnizado por el cargador.

Art. 1025- En el caso de fraude a que se refiere el artículo anterior, el


transportador será responsable, y no podrá acogerse a la limitación de
responsabilidad establecida en este párrafo, respecto de los perjuicios sufridos por
un tercero, incluido un consignatario, al haber actuado éstos basándose en la
descripción de las mercancías contenidas en el conocimiento de embarque.

Sección Décimocuarta. Efectos de otros documentos de transporte.

Art. 1026- Cuando el transportador emita un documento distinto del conocimiento
de embarque para probar la recepción de las mercancías que deban transportarse, tal
documento hará presumir, salvo prueba en contrario, que se ha celebrado un contrato
de transporte marítimo y que el transportador ha tomado a su cargo las mercancías
de que se trata, en la forma en que aparecen descritas en el documento referido.

Sección Décimoquinta. Avisos, reclamaciones y acciones.

Art. 1027- El hecho de poner las mercancías en poder del consignatario hará
presumir, salvo prueba en contrario, que el transportador las ha entregado tal como
aparecen descritas en el documento de transporte o en buen estado, si éste no se
hubiera emitido.
No procederá esta presunción en los siguientes casos:
1º Cuando el consignatario haya dado al transportador aviso por escrito de
pérdida o daño, especificando la naturaleza de éstos, a más tardar el primer día
hábil siguiente al de la fecha en que las mercancías fueron puestas en su poder, o
2º Cuando la pérdida o el daño de que se trate no sean visibles, y se haya
dado aviso por escrito de pérdida o daño, especificando la naturaleza de éstos, a
más tardar en el plazo de quince días consecutivos, contado desde la fecha en que
las mercancías fueron puestas en poder del consignatario.
No será necesario dar aviso de pérdida o daño respecto de los que se hayan
comprobado en un examen o inspección conjunta de las partes, efectuada al momento de
ser recibidas las mercancías por el consignatario.

Art. 1028- En caso de pérdidas o daños, ciertos o presuntos, el transportador y
el consignatario se darán todas las facilidades razonables para la inspección de
las mercancías y la comprobación del número de bultos.
Si los libros de a bordo o los controles sobre las bodegas y mercancías se
llevaren en forma mecanizada o por computación, el consignatario o quien sus
derechos represente, tendrá acceso a la información o registro de los datos
pertinentes, relacionados con todo el período en que las mercancías hayan estado
bajo el cuidado del transportador. En igual forma, el transportador tendrá acceso a
los datos del embarcador o expedidor y del consignatario, según sea el caso,
relacionados con el cargamento que origina el reclamo.

Art. 1029- El derecho a indemnización por los perjuicios resultantes del retraso
en la entrega, caducará si no se da aviso de ellos por escrito al transportador
dentro de sesenta días consecutivos contados desde la fecha en que las mercancías
hayan sido puestas en poder del consignatario.

Art. 1030- Si las mercancías han sido entregadas por un transportador efectivo,
todo aviso que se dé a éste tendrá el mismo efecto que si se hubiera dado al
transportador; y todo aviso que se dé al transportador, tendrá el mismo efecto que
si se hubiera dado al transportador efectivo.
Asimismo, se considerará que el aviso dado a una persona que actúe en nombre
del transportador o del transportador efectivo, incluido el capitán o el oficial que
esté al mando de la nave, o a una persona que actúe en nombre del cargador, ha sido
dado al transportador, al transportador efectivo o al cargador, según sea el caso.

Art. 1031- Si el transportador o el transportador efectivo no dan al cargador
aviso por escrito de pérdida o daño, se presumirá, salvo prueba en contrario, que
no han sufrido pérdida o daño causados por culpa o negligencia del cargador, sus
empleados o agentes.
El aviso a que se refiere el inciso precedente indicará la naturaleza general de
la pérdida o daño y deberá darse dentro de noventa días consecutivos, contados
desde la fecha en que se produjo tal pérdida o daño, o desde la fecha de entrega de


las mercancías, en conformidad con las letras a), b) o c) del artículo 983 según
sea el caso, si esta fecha fuere posterior.

Sección Décimosexta. Jurisdicción y prórroga de competencia.

Art. 1032- Sin perjuicio de las normas sobre competencia que establece la ley, en
los asuntos judiciales relativos al transporte de mercancías regido por este
párrafo, serán también competentes, a elección del demandante, los siguientes
tribunales:
1º El del lugar donde se encuentre el establecimiento principal o la residencia
habitual del demandado;
2º El del lugar de celebración del contrato, siempre que el demandado tenga en
él un establecimiento, sucursal o agencia por medio de los cuales se haya celebrado
el contrato;
3º El del puerto o lugar de carga o de descarga, y
4º En las acciones contra el transportador, el de cualquier otro lugar designado
al efecto en el contrato de transporte marítimo.

Art. 1033- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la acción
podrá ejercitarse ante los tribunales de cualquier puerto o lugar de Chile en el que
la nave que efectúe o haya efectuado el transporte o cualquiera otra nave del mismo
propietario, haya sido judicialmente retenida o arraigada.
En tal caso, si el demandado lo solicitare dentro del término de emplazamiento,
el juez podrá autorizar la prórroga de competencia a un tribunal ordinario o al
tribunal arbitral que se menciona en la sección siguiente, aunque se oponga el
demandante. El Juez deberá proceder con conocimiento de causa.
La solicitud aludida se tramitará como excepción dilatoria y deberá formularse
en el escrito a que se refiere el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
Antes de autorizar la prórroga, el demandado deberá prestar caución bastante para
responder de las sumas que pudiera obtener el demandante, en virtud de la decisión
que recaiga en el juicio.
El tribunal de puerto o lugar de la retención o arraigo, resolverá toda
cuestión relativa a la prestación de la caución.

Art. 1034- No podrá incoarse ningún procedimiento judicial con relación al
transporte de mercancías regido por este párrafo, en un lugar distinto de los
especificados en los dos artículos anteriores. Ello sin perjuicio de la facultad
para ejercitar medidas prejudiciales o cautelares, de la facultad para incoar el
procedimiento arbitral que se indica en la sección siguiente, o de la competencia
especial que se disponga para los juicios de quiebras.

Art. 1035- No obstante lo dispuesto en esta sección, las partes, después de
presentada una reclamación basada en el contrato de transporte marítimo, podrán
acordar el lugar en que el demandante ejercitará su acción.

Sección Decimoséptima. Arbitraje

Art. 1036- Cuando las partes no hubieren optado por la jurisdicción ordinaria,
según lo que se dispone en el párrafo 1 del título VIII de este Libro, el
procedimiento arbitral se incoará, a elección del demandante, en uno de los lugares
siguientes:
1º Donde se encontrare el establecimiento principal o a falta de éste, la
residencia habitual del demandado; o en el lugar de celebración del contrato,
siempre que el demandado tenga en él un establecimiento, sucursal o agencia por
medio de los cuales se haya celebrado el contrato; o en el puerto o lugar de carga o
de descarga, y
2º En las acciones contra el transportador, cualquier lugar designado al efecto
en la cláusula compromisoria o en el compromiso de arbitraje.

Art. 1037- Las disposiciones del número 1º del artículo anterior, se
considerarán incluidas en toda cláusula compromisoria.
Cualquier estipulación de tal cláusula o compromiso que sea incompatible con
ellas, se tendrá por no escrita.


Art. 1038- El árbitro o el tribunal arbitral deberán aplicar las normas de este
párrafo.

Sección Décimooctava. Efecto de algunas
estipulaciones contractuales.

Art. 1039- Toda estipulación del contrato de transporte marítimo, contenida en
el conocimiento de embarque o en cualquier otro documento que haga prueba de él y
que se aparte directa o indirectamente de las disposiciones de este párrafo, se
tendrá por no escrita.
Asimismo, se tendrá por no escrita la cláusula por la que se ceda el beneficio
del seguro de las mercancías al transportador, o cualquier cláusula análoga.
No obstante, el transportador podrá aumentar la responsabilidad y las
obligaciones que le incumben en virtud de las reglas de este párrafo.
El conocimiento de embarque o cualquier otro documento que haga prueba del
contrato de transporte marítimo, deberá incluir una declaración en el sentido de
que el transporte está sujeto a las disposiciones de este párrafo y por lo tanto
toda estipulación que se aparte de ellas en perjuicio del cargador o del
consignatario, se tendrá por no escrita.

Art. 1040- Cuando el titular de las mercancías haya sufrido perjuicios, como
consecuencia de una estipulación que debe tenerse por no escrita en virtud de lo
dispuesto en el artículo anterior, el transportador, en conformidad con las
disposiciones de este párrafo, pagará una indemnización de la cuantía necesaria,
para resarcir al titular de las mercancías de toda pérdida o todo daño en ellas o
del retraso en su entrega.
Además, el transportador pagará una indemnización por los gastos que haya
efectuado el titular para hacer valer su derecho. Los gastos y costas para ejercitar
esta última acción, se determinarán en conformidad con la ley del lugar en que se
incoe el procedimiento.

§ 4. Transporte multimodal de mercancías

Art. 1041- Para los efectos de este párrafo, se entiende por:
1. Transporte multimodal, el porteo de mercancías por a lo menos dos modos
diferentes de transporte, desde un lugar en que el operador de transporte multimodal
toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega.
2. Operador de transporte multimodal, toda persona que, por sí o por medio de
otra que actúe en su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal, actúa
como principal y asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato.
3. Contrato de transporte multimodal, aquel en virtud del cual un operador de
transporte multimodal se obliga, contra el pago de un flete, a ejecutar o hacer
ejecutar un transporte multimodal de mercancías.
4. Documento de transporte multimodal, aquel que hace prueba de un contrato de
transporte multimodal y acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo su
custodia y se ha comprometido a entregarlas en conformidad con las cláusulas de ese
contrato. El documento de transporte multimodal será firmado por el operador de este
transporte o por una persona autorizada al efecto por él y podrá ser negociable o
no negociable.
5. Expedidor, toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su
nombre o por su cuenta, ha celebrado un contrato de transporte multimodal con el
operador de este transporte o toda persona que, por sí o por medio de otra que
actúe en su nombre o por su cuenta, entrega efectivamente las mercancías al
operador de este transporte en relación con el contrato de transporte multimodal.
6. Consignatario, la persona autorizada para recibir las mercancías.
7. Mercancías, comprende también cualquier contenedor, paleta u otro elemento
de transporte o de embalaje análogo, si ha sido suministrado por el expedidor.
Para desempeñarse como operador multimodal en Chile, será necesario estar
inscrito en el Registro de Operadores Multimodales, de acuerdo al reglamento que al
efecto se dicte. Quienes operen desde Chile deberán ser personas naturales o
jurídicas chilenas. El mismo reglamento establecerá los requisitos necesarios para
calificar como chilenas a las personas jurídicas.
Art. 1042- Las reglas sobre responsabilidad del contrato de transporte de
mercancías por mar, contenidas en la sección tercera del párrafo 3 precedente,


serán aplicables al transporte multimodal durante el período que señala el
artículo 982.
Las mismas reglas será aplicables mientras se estén empleando otros modos de
transporte, si el contrato de transporte multimodal o la ley respectiva no disponen
otra cosa.

Art. 1043- La responsabilidad de operador de transporte multimodal no excluye la
responsabilidad de las personas que tengan a su cargo los diversos medios de
transporte realmente empleados. Cada una de estas personas serán solidariamente
responsables entre sí y con el operador de transporte multimodal, respecto de las
pérdidas, daños o retardo con que se hubieren recibido las mercancías en su
destino final.
El ejecutor de una parte del transporte multimodal que hubiere sido condenado a
pagar perjuicios por hechos que no hubieren ocurrido durante la etapa por él
realizada, tendrá derecho a repetir, a su elección, en contra del operador de
transporte multimodal o en contra de los transportadores responsables por tales
hechos.

§ 5. Del contrato de pasaje

Art. 1044- Por el contrato de pasaje el transportador se obliga a conducir a una
persona por mar en un trayecto determinado, a cambio del pago de una remuneración
denominada pasaje.
Las disposiciones de este párrafo se aplican solamente a los contratos de pasaje
por vía marítima. No se aplicarán al transporte de personas dentro de un mismo
puerto, rada o bahía, con fines recreativos o de turismo. Esta especie de transporte
se regirá por las normas pertinentes del título V del Libro II de este Código.

Art. 1045- Para los efectos de este contrato se entiende por:
1) Transportador, toda persona que, en virtud de un contrato de pasaje, se obliga
a transportar pasajeros, sea por cuenta propia o a nombre de otro. El transporte de
los pasajeros puede ser ejecutado también por un transportador efectivo;
2) Transportador efectivo, toda persona distinta del transportador, que efectúa
de hecho la totalidad o parte del transporte;
3) Pasajero, toda persona transportada por una nave, sea en virtud de un contrato
de pasaje, o que con el consentimiento del transportador, viaja acompañando a un
vehículo o a animales vivos, amparados por un contrato de transporte marítimo de
mercancías;
4) Equipaje, cualquier artículo o vehículo conducido por el transportador en
virtud del contrato de pasaje que trata este párrafo. No se incluyen los artículos
y vehículos transportados en virtud de una póliza de fletamento, conocimiento de
embarque o cualquier otro contrato cuyo objeto principal sea el transporte de
mercancías, como tampoco se incluyen los animales vivos, y
5) Equipaje de camarote, aquel que el pasajero lleva en su camarote o que de
alguna otra forma se encuentra bajo su custodia y vigilancia. Salvo lo dispuesto en
los artículos 1047 y 1066, el equipaje de camarote comprende también el que lleve
el pasajero en el interior de su vehículo o sobre éste.

Art. 1046- La pérdida o daño que sufra el equipaje incluye el perjuicio
pecuniario que resulte de no haberse entregado el equipaje al pasajero, en un plazo
razonable, desde que la nave haya llegado al destino en que aquél debía entregarse.
No se computarán los retrasos ocasionados por conflictos laborales.

Art. 1047- El contrato de pasaje comprende los períodos siguientes:
1) Con respecto al pasajero y a su equipaje de camarote, el período durante el
cual están a bordo de la nave o en vías de embarcarse o desembarcarse, y el lapso
durante el cual el pasajero y su equipaje de camarote son transportados por agua,
desde tierra a la nave y viceversa, siempre que el precio de este transporte esté
incluido en el del pasaje o la embarcación utilizada para realizarlo haya sido
puesta por el transportador.
El transporte no comprende el período durante el cual el pasajero se encuentra
en un terminal, estación marítima, en un muelle o en cualquier otra instalación
portuaria;
2) Con respecto al equipaje de camarote, también comprende el período durante
el cual el pasajero se encuentra en un terminal, estación marítima, en un muelle o


en cualquier otra instalación portuaria, si el transportador, sus dependientes o sus
agentes, se han hecho cargo de dicho equipaje y no lo han entregado al pasajero;
3) Con respecto a todo equipaje que no sea el de camarote, el período
comprendido entre el momento en que el transportador, sus dependientes o sus agentes
se han hecho cargo del mismo en tierra o a bordo, y el momento en que éstos lo
devuelven.

Art. 1048- El transportador debe entregar al pasajero un boleto o billete en que
conste el contrato y una guía en que se individualice debidamente el equipaje.
La omisión de estas obligaciones impedirá al transportador limitar su
responsabilidad, tanto respecto de daños al pasajero como a su equipaje, según sea
el documento faltante.

Art. 1049- El boleto o billete debe indicar el lugar y fecha de emisión, el
nombre de la nave y domicilio del transportador, el puerto de partida y el de
destino, la clase y precio del pasaje.
Cuando el boleto sea nominativo no podrá cederse el derecho a ser transportado
sin el consentimiento del transportador y, si no lo es, tampoco podrá transferirse
una vez iniciado el viaje.

Art. 1050- El pasajero tiene derecho a ser transportado hasta el puerto o lugar
de destino, sin que los servicios de transbordo que pudieren ocurrir durante el viaje
sean causa de pagos adicionales.

Art. 1051- El transportador debe ejercer una diligencia razonable para colocar y
mantener la nave en buen estado de navegabilidad, debidamente equipada y armada.
La designación de la nave en el contrato no privará al transportador de la
facultad de sustituirla por otra de análogas condiciones, si con ello no se altera
el itinerario convenido y no se causa perjuicio al pasajero.

Art. 1052- El transportador podrá cancelar el zarpe de la nave. La cancelación
dará derecho al pasajero para solicitar la restitución de lo pagado e
indemnización de perjuicios, a menos que el transportador causa de fuerza mayor o
caso fortuito.

Art. 1053.- en caso de retardo en el zarpe de la nave o de retraso en el arribo a
su destino, el pasajero tendrá derecho, durante el período de demora, a alojamiento
en al nave y a alimentación si tuviere ésta incluida en el precio convenido. En
caso de retardo en el zarpe podrá también solicitar resolución del contrato y
pedir devolución del importe del pasaje e indemnización por los daños y
perjuicios, a menos que el transportador pruebe que no es responsable de dicha
demora.

Art. 1054- Cuando el pasajero no llegue a bordo, a la hora prefijada para su
embarque en el puerto de zarpe o en uno de escala, el capitán podrá emprender el
viaje y exigir el importe del pasaje, con exclusión del valor de la alimentación.
Igual derecho tendrá el transportador cuando después de iniciado el viaje el
pasajero se desembarque voluntariamente.

Art. 1055- En caso que el pasajero se desistiere del viaje antes del zarpe de la
nave, deberá pagar la mitad del importe del pasaje convenido, salvo que se haya
estipulado otra cosa.

Art. 1056- Cuando el viaje se interrumpa temporalmente por causas de cargo del
transportador, el pasajero tendrá derecho a alojamiento y alimentación sin que
pueda exigírsele un pago suplementario, lo que no obsta a que pueda pedir la
resolución del contrato y solicitar la devolución íntegra del importe del pasaje.
Si la interrupción fuere definitiva por culpa del transportador, éste deberá
indemnizar al pasajero por los daños y perjuicios sufridos; pero si la causa fuere
de fuerza mayor o caso fortuito, el pasaje deberá pagarse en proporción al trayecto
recorrido, sin lugar a indemnización.
Art. 1057- El transportador será responsable del perjuicio originado por la


muerte o las lesiones corporales de un pasajero y por las pérdidas o daños sufridos
por el equipaje, si el hecho que causó el perjuicio ocurrió durante la ejecución
del transporte y es imputable a culpa o negligencia del transportador o de sus
dependientes o agentes.
Incumbe a quien los alega, probar los perjuicios y que el hecho que los ocasionó
tuvo lugar durante la ejecución del transporte.

Art. 1058- Se presumirá, salvo prueba en contrario, la culpa o negligencia del
transportador o la de sus dependientes o agentes, si la muerte o las lesiones
corporales del pasajero o la pérdida o daños sufridos por su equipaje de camarote,
han sido resultado directo o indirecto de naufragio, abordaje, varadura, explosión,
incendio o deficiencia de la nave.
Asimismo, se presumirán dichas culpa o negligencia, salvo prueba en contrario,
respecto de la pérdida o daños sufridos por equipajes que no sean de camarote,
independientemente de la naturaleza del hecho que ocasionó la pérdida o daños.

Art. 1059- El transportador siempre será responsable de lo que ocurra en el
transporte de un pasajero hasta el destino convenido, al tenor de lo dispuesto en el
presente párrafo, aunque haya confiado la totalidad o parte de la ejecución de
aquél a un transportador efectivo.
Dicha responsabilidad incluye expresamente la derivada de actos u omisiones del
transportador efectivo, y de los de sus dependientes y agentes cuando éstos actúen
en el desempeño de sus funciones.
El transportador efectivo se regirá también por las disposiciones de este
párrafo en cuanto a los derechos y obligaciones del transporte que haya ejecutado.

Art. 1060- En los casos en que el transportador y el transportador efectivo sean
responsables, lo serán solidariamente.

Art. 1061- Los acuerdos en virtud de los cuales el transportador asuma
obligaciones no establecidas en este párrafo o renuncie a derechos conferidos en el
mismo, no serán aplicables al transportador efectivo, a menos que éste haya
manifestado su consentimiento de modo expreso y ello conste por escrito.

Art. 1062- Lo dispuesto en los tres artículos anteriores, no obstará al derecho
de repetición que pueda haber entre el transportador y el transportador efectivo.

Art. 1063- El transportador no será responsable de las pérdidas o daños de
dinero, efectos negociables, alhajas u objetos de gran valor que pertenezcan al
pasajero, a menos que hayan sido entregados al transportador en depósito.
En tal caso, será responsable hasta un límite de 1.200 unidades de cuenta por
pasajero, salvo que se haya acordado en forma expresa y por escrito, límites de
responsabilidad más elevados.

Art. 1064- Si el transportador prueba que la culpa o negligencia del pasajero han
sido causa de su muerte o de sus lesiones corporales, o de la pérdida o daños
sufridos por su equipaje, o que dichas culpa o negligencia han contribuido a ello, el
tribunal competente que conozca del asunto podrá eximir al transportador o atenuar
su responsabilidad, según corresponda.

Art. 1065- En caso de muerte o lesiones de pasajeros, el límite máximo de la
responsabilidad del transportador se determinará, multiplicando la suma de 46.666
unidades de cuenta por el número de pasajeros que la nave esté autorizada a
transportar. La responsabilidad máxima no excederá en ningún caso de 25 millones
de unidades de cuenta.
Cuando hubiere más de una víctima el límite máximo por cada una, se
determinará dividiendo el total que resulte, según las reglas del inciso anterior,
por el número de víctimas.

Art. 1066- La responsabilidad contractual o extracontractual del transportador
por la pérdida o daños sufridos por el equipaje, no excederá de los siguientes


límites, por cada hecho que los cause:
1º Por el equipaje de camarote, 833 unidades de cuenta por pasajero;
2º Por la pérdida o daños sufridos por vehículos, incluyendo los equipajes
transportados en el interior de éstos o sobre ellos, 3.333 unidades de cuenta por
vehículo, y
3º Por equipajes que no sean de los mencionados en los números 1° y 2°
anteriores, 1.200 unidades de cuenta por pasajero.
La responsabilidad contractual o extracontractual del transportador en los casos
de los artículos 1052, 1053 y 1056 no excederá de 3.000 unidades de cuenta por
pasajero.

Art. 1067- En los límites de responsabilidad a que se refieren los artículos
anteriores, no se considerarán incluidos los intereses producidos por la suma en que
se evalúen los daños, ni las costas judiciales.

Art. 1068- El transportador y el pasajero podrán acordar, en forma expresa y por
escrito, límites de responsabilidad superiores a los consignados en los artículos
1065 y 1066.

Art. 1069- El dependiente o agente del transportador o del transportador efectivo
contra el cual se entable una acción de indemnización de perjuicios prevista en
este título, podrá hacer valer las defensas y acogerse a los límites de
responsabilidad que en favor del transportador o del transportador efectivo se
establecen en el mismo, siempre que prueben que actuaron en el ejercicio de sus
funciones.

Art. 1070- En la acumulación de reclamaciones, cualquiera sea su fuente, se
aplicarán las siguientes normas:
1° Cuando proceda aplicar los límites de responsabilidad prescritos en los
artículos 1065 y 1066, ellos regirán para el total de las sumas exigibles respecto
de todas las reclamaciones originadas por la muerte o lesiones corporales de un
pasajero, o por la pérdida o daños sufridos por su equipaje, derivados de un mismo
evento;
2º Cuando el transporte sea realizado por el transportador efectivo, el total de
las sumas exigibles a éste y al transportador, así como a los dependientes y
agentes de éstos, no excederá de la suma mayor que, en virtud de este párrafo
pudiera haber sido establecida como exigible al transportador o al transportador
efectivo, y
3º En los casos del artículo anterior, el total de las sumas exigibles al
transportador o al transportador efectivo, según sea el caso, y a los citados
dependientes o agentes, no excederá de los límites de responsabilidad prescritos en
los artículos 1063, 1065 y 1066.

Art. 1071- El transportador o el transportador efectivo, en su caso, no podrán
acogerse al beneficio de la limitación de responsabilidad, si se probare que la
muerte, pérdidas o daños fueron consecuencia de un acto u omisión suyos,
ejecutados con intención de causar tales daños, o temerariamente y en
circunstancias que pueda presumirse que tuvieron conocimiento de que probablemente se
causarían.
Asimismo, tampoco podrán acogerse sus dependientes, su agente o los del
transportador efectivo, si se prueba que los perjuicios fueron consecuencia de un
acto u omisión de alguno de éstos, obrando con igual intencionalidad, o con la
temeridad y conocimiento señalados en el inciso anterior.

Art. 1072- Salvo prueba en contrario, se presume que el equipaje le ha sido
devuelto al pasajero íntegro y en buen estado, a menos que éste reclame por escrito
al transportador al tiempo de la entrega, o aún antes de ella, por toda pérdida o
daño que sean visibles o, en caso de no serlo, dentro de los quince días siguientes
a la fecha del desembarco o devolución o a la fecha en que esta última debió
haberse efectuado.
Para los efectos de las comunicaciones aludidas en el inciso anterior y sin
perjuicio de que el pasajero pueda formular su reclamo en cualquiera otra forma
fehaciente, el transportador le proporcionará, junto con el billete y en duplicado,
un formulario en que pueda indicarlo sumariamente.
La omisión por el transportador o sus dependientes, de proporcionar dicho


formulario, les privará de la presunción establecida en el inciso primero y del
derecho a limitar responsabilidad.

Art. 1073- Tampoco tendrá lugar la presunción establecida en el artículo
anterior si al momento de la devolución del equipaje éste es examinado
conjuntamente por el transportador o sus dependientes y por el pasajero, y éste
reclama en ese acto de las pérdidas o daños que en la revisión se detecten.

Art. 1074- Las disposiciones de este párrafo no privarán al transportador,
transportador efectivo ni a los dependientes y agentes de ambos, del derecho a
limitar su responsabilidad conforme a los preceptos del párrafo 1 del título IV de
este mismo Libro.

Art. 1075- Los derechos que se establecen en este párrafo en favor del pasajero
son irrenunciables.
Se tendrá por no escrita toda estipulación contractual, cualquiera sea su
fecha, que pretenda eximir al transportador de responsabilidad, disminuir su grado o
invertir el peso de la prueba. Sólo serán válidas las cláusulas insertas en los
boletos, que aumenten los derechos en favor del pasajero.
Lo dispuesto en el inciso anterior, si ocurriere, no afectará la existencia y
validez del propio contrato de transporte del pasajero.

Art. 1076- Las disposiciones contenidas en este párrafo sólo se aplicarán al
transporte comercial de pasajeros.
No obstante, cuando el transporte sea gratuito o benévolo, se aplicarán sus
normas sobre responsabilidad, siempre que el pasajero pruebe la culpa o negligencia
el transportador. En tal caso, los límites de responsabilidad no excederán del 25%
de las sumas que pudieren corresponder.

Art. 1077- En los casos en que sea aplicable lo prescrito por los números 1° o
5° del artículo 1203, las acciones que puedan incoarse en virtud de las
disposiciones de este párrafo, serán entabladas, a elección del demandante:
a) Ante el tribunal del domicilio o donde tenga una sede comercial el demandado,
o
b) Ante el tribunal del lugar de iniciación o término del viaje, señalados en
el contrato de pasaje.
Para el caso en que la controversia deba someterse a arbitraje, éste deberá
tramitarse en alguno de los lugares antes mencionados. Sólo con el acuerdo expreso
del pasajero podrá llevarse a cabo en otro lugar.

§ 6. Del remolque marítimo, fluvial y lacustre.

Art. 1078- Se denomina remolque - transporte a la operación de trasladar por
agua una nave u otro objeto, remolcándolo desde un lugar a otro, bajo la dirección
del capitán de la nave remolcadora y mediante el suministro por ésta de todo o
parte de la fuerza de tracción.

Art. 1079- El contrato de remolque - transporte se regirá por las condiciones
que se convengan y, en su defecto, por las disposiciones de este párrafo, y en lo no
dispuesto por éstas, se le aplicarán las normas que sean pertinentes del contrato
de transporte marítimo de mercancías.

Art. 1080- Las operaciones de remolque que tienen por objeto facilitar la entrada
o salida de una nave de un puerto, su atraque o desatraque o las faenas de carga y
descarga de la misma, constituyen remolque - maniobra.
La nave remolcada conservará la dirección de la maniobra, salvo acuerdo en
contrario de las partes, en cuyo caso deberá dejarse constancia en los libros
bitácora de las naves.

Art. 1081- El remolque-maniobra es una especie de arrendamiento y en lo no
dispuesto por las partes se aplicarán las normas de este párrafo, la Ley de


Navegación o las disposiciones del Código Civil sobre dicho tipo de contrato.

Art. 1082- En toda clase de remolque la nave remolcadora deberá estar en buenas
condiciones de navegabilidad, equipada y tripulada convenientemente y ser apta para
la ejecución del contrato para el cual se la ha requerido.

Art. 1083- Por regla general, en los remolques de que trata este párrafo, tanto
la nave remolcadora como la remolcada, serán responsables frente a terceros, de su
propia culpa.
Pero, en los casos de abordaje con otra nave, ajena a la maniobra, si la
dirección del remolque estaba a cargo de la nave remolcadora, el convoy será
considerado como una sola unidad de transporte para los fines de la responsabilidad
frente a terceros. Si la dirección de la maniobra estaba a cargo de la nave
remolcada, la responsabilidad recaerá sobre ésta.

Art. 1084- En cada nave deberá observarse, durante el curso de la operación,
las precauciones que fueren menester para evitar cualquier peligro a la otra.
Serán nulas las cláusulas de exoneración de responsabilidad por daños que
resulten de la inobservancia de esta disposición, sin perjuicio de lo establecido
sobre limitación de responsabilidad del armador en el párrafo 1 del título IV de
este Libro.

Art. 1085- Para los efectos de determinar responsabilidades, se presumirá que el
remolque-maniobra se inicia con las operaciones preparatorias y necesarias para su
ejecución y finaliza cuando quien dirige la maniobra dispone su término o el retiro
del remolcador.

Art. 1086- Cuando, con ocasión de prestarse a una nave un servicio contractual
de remolque, le sobrevinieren situaciones de peligro que den lugar a servicios
especiales, o cuando éstos no puedan considerarse comprendidos en las obligaciones
normales que el contrato le impone al remolcador, la nave remolcadora tendrá derecho
a las remuneraciones que se indican en el párrafo sobre servicios de asistencia del
título VI de este Libro, según sea el caso.

TITULO VI
De los Riesgos de la Navegación

§ 1. Definiciones y reglas generales

Art. 1087- Para los efectos de este título, se entenderá por avería:
1º Todo daño que sufra la nave, estando o no cargada, en puerto o durante la
navegación, y los que afecten a la carga desde que es embarcada en el lugar de
expedición, hasta su desembarque en el de consignación, y
2º Todos los gastos extraordinarios e imprevistos incurridos durante la
expedición para la conservación de la nave, de la carga o de ambas a la vez.

Art. 1088- No son averías los gastos ordinarios originados por:
1º Pilotajes y practicajes;
2º Lanchas y remolques;
3° Derechos portuarios o por otros servicios a la navegación;
4º La carga y descarga de las mercancías, y
5º En general, todos los ordinarios de la navegación.

Art. 1089- Todos los gastos enunciados en el artículo anterior serán de cuenta
y de cargo del transportador o fletante, a menos que otras reglas de este Libro o el
acuerdo de las partes establezcan otra cosa.

Art. 1090- Las averías se clasifican en:
1º Simples o particulares, o
2º Gruesas o comunes.


En ambos casos puede tratarse de averías de gastos y averías de daños.

Art. 1091- A falta de estipulación expresa, la liquidación y pago de las
averías, se regirá por las disposiciones de este título.

Art. 1092- El arreglo de las averías hecho fuera del territorio de la
República, se regirá por la ley, usos y costumbres del lugar donde se verifique
dicho arreglo.

§ 2. De la avería simple o particular

Art. 1093- Son averías simples o particulares:
1º Los daños o pérdidas que afecten a la nave o a la carga, por fuerza mayor o
caso fortuito, por vicio propio o por actos o hechos del cargador, del naviero, sus
dependientes o terceros;
2º Los gastos extraordinarios e imprevistos incurridos en beneficio exclusivo de
la nave, de la carga o de una parte de ésta, y
3º En general, todos los daños y gastos extraordinarios e imprevistos que no
merezcan la calificación de avería común.

Art. 1094- el Propietario de la cosa que hubiese sufrido el daño o causado el
gasto, soportará la avería particular, sin perjuicio de su derecho para perseguir
las responsabilidades que correspondan.

§ 3. De la avería gruesa o común

Sección Primera. De la admisión en avería gruesa y su declaración.

Art. 1095- Constituyen avería gruesa o común los sacrificios o gastos
extraordinarios e imprevistos, efectuados o contraidos intencional y razonablemente,
con el objeto de preservar de un peligro común a los intereses comprometidos en la
expedición marítima.

Art. 1096- Sobre la calificación, liquidación y repartimiento de las averías
comunes, las partes podrán pactar la aplicación de cualquier clase de normas, sea
que hayan recibido sanción legal de un Estado, sea que provengan de usos o acuerdos
nacionales, extranjeros o internacionales, públicos o privados, o de reglas de
práctica, nacionales o extranjeras.

Art. 1097- La decisión de adoptar medidas que constituyan avería gruesa o
común, corresponderá exclusivamente al capitán de la nave o a quien haga sus
veces, el cual, atendidas las circunstancias del caso, podrá oir la opinión de los
representantes de la carga, si estuvieren presentes.

Art. 1098- Adoptada la decisión que da origen a la avería común y tan pronto
como las circunstancias lo permitan, el capitán deberá dejar constancia de ella en
el libro bitácora, la que contendrá la fecha, hora y lugar del acontecimiento, las
medidas ordenadas por el capitán y sus fundamentos.
En el primer lugar de arribada, y tan pronto le sea posible, el capitán deberá
ratificar los hechos relativos a la avería común, consignados en el libro
bitácora, ante un ministro de fe, sin perjuicio de la información a la autoridad
marítima respectiva, si el puerto fuere chileno.
Cuando la arribada ocurriere en el extranjero y la avería tuviere consecuencias
en Chile, la ratificación deberá efectuarse ante el cónsul chileno, y en su
defecto, ante un ministro de fe o ante el tribunal local competente.

Art. 1099- Sólo se admitirán en avería común los daños, pérdidas o gastos
que sean consecuencia del acto que la origina. No obstante, para este efecto, se


incluirán como gastos los de liquidación de la avería y los intereses por los
valores correspondientes a las pérdidas y desembolsos abonables en avería común.
Los daños o pérdidas por demora que se ocasionen a la nave o al cargamento, ya
fuere durante el viaje o después, y las pérdidas indirectas debidas a esta misma
causa, tales como las resultantes de sobreestadías y de diferencia de mercado, no
serán admitidos en avería gruesa.

Art. 1100- Todo gasto en que se haya incurrido para evitar una pérdida, daño o
desembolso que habría sido abonable en avería gruesa será también admitido como
tal, solamente hasta concurrencia del valor del daño o pérdida evitada o del gasto
economizado, según corresponda.

Art. 1101- El peso de probar que un daño o gasto debe ser admitido en avería
gruesa, es de cargo de quien lo reclama.

Art. 1102- Las averías gruesas son de cargo de la nave, del flete y de las
mercancías que existan en ella al tiempo de producirse aquéllas. Se pagarán por
contribución proporcional al valor de los bienes mencionados.

Art. 1103- Habrá lugar a la liquidación de la avería común, aunque el suceso
que hubiere originado el daño o gasto se haya debido a culpa de una de las partes
interesadas en la expedición marítima, sin perjuicio de las acciones o defensas que
se pudieren ejercitar en su contra.

Art. 1104- La avería común se liquida, tanto en lo concerniente a las pérdidas
como a las contribuciones, sobre la base de los valores de los intereses
comprometidos, en la fecha y en el lugar donde termina la expedición marítima.

Art. 1105- El arreglo de las averías comunes será efectuado por un perito
liquidador.
Declarada la avería gruesa, si no estuviere convenido de antemano el nombre del
liquidador, o no se produjere acuerdo en cuanto a la persona a designar, cualquiera
de los interesados podrá solicitar el nombramiento al juez competente del puerto
donde termina la descarga.
Requerido el tribunal para la designación, si el puerto fuere chileno, éste
procederá a su nombramiento en la forma señalada por los artículos 414 y 415 del
Código de Procedimiento Civil, sin más trámite. Si el nombramiento se hiciere en
Chile, éste deberá recaer en algún liquidador de seguros chileno que haya sido
designado en la forma que determine la ley.

Sección Segunda. Del procedimiento para declarar
avería común y para impugnar su legitimidad

Art. 1106- Cuando el capitán o armador de la nave afectada no hubiere declarado
una avería común, cualquier interesado en ella, podrá solicitar al juez indicado
en el artículo anterior que nombre un árbitro, para que se pronuncie sobre la
existencia de la avería común, salvo que ya hubiese sido designado.
Esta petición sólo podrá formularse dentro del plazo de seis meses, contado
desde el término de la descarga.
El nombramiento, a falta de acuerdo, se ceñirá a las normas del párrafo 1 del
título VIII de este Libro.
A su vez, si declarada la avería gruesa por el capitán o armador de la nave,
algún interesado en la expedición deseare objetar su legitimidad, deberá formular
su impugnación al mismo juez indicado en el artículo anterior, dentro del plazo de
sesenta días consecutivos, contado desde que se haya recibido la comunicación por
escrito de la declaración de avería gruesa, o desde que se haya suscrito el
compromiso de avería, si no se hubiere recibido antes aquella comunicación.
Las partes podrán también iniciar directamente un procedimiento arbitral.
La expresión por escrito comprende entre otros medios, el telegrama y el télex.
No podrá objetarse posteriormente la legitimidad de la avería, lo cual es sin
perjuicio de la acción que se concede por el artículo 1111 para objetar la
liquidación propiamente tal.


Art. 1107- Formulada la impugnación por algún interesado, el tribunal citará a
las partes a un comparendo para designar un árbitro a fin de que conozca del juicio
de impugnación. Serán partes para estos efectos, el impugnante, el armador de la
nave afectada y quien hubiere solicitado la declaración de avería común.

Art. 1108- Del juicio para declarar una avería común, como del que se promueva
para impugnar su legitimidad, conocerá el árbitro en única instancia, y estará
también investido de las facultades que se indican en el artículo 1206 de este
Libro.
Salvo que las partes acuerden otra forma de tramitación, en estos juicios se
observarán las reglas que el Código de Procedimiento Civil establece para el
procedimiento sumario, con excepción de sus artículos 681 y 689.

Art. 1109- Todas las peticiones para que se declare la avería o las
impugnaciones a su legitimidad, se tramitarán conjuntamente y en un único juicio.
Para estos efectos, se acumularán todas las demandas a la primera que se hubiere
formulado y será tribunal competente el árbitro designado o que correspondiera
designar en el juicio que primero se hubiere promovido.
Los demás interesados que no hubieren deducido impugnaciones en tiempo oportuno,
podrán hacerse parte en el juicio señalado, siempre que lo hagan antes de la
audiencia de contestación establecida en el procedimiento sumario, y desde ese
momento se seguirán también con ellos, todos los demás trámites del pleito.
La sentencia que recaiga en el juicio de impugnación, sólo afectará a quienes
hayan sido partes en él. Si la sentencia acogiere la o las impugnaciones, las cuotas
de contribución de quienes hubieren obtenido en el juicio, serán soportadas por el
armador por cuya cuenta se resolvió producir el daño o incurrir en el gasto.

Art. 1110- Las impugnaciones a la legitimidad de la avería común de que tratan
los artículos anteriores no suspenderán los trámites de la liquidación de la
misma, sea por el liquidador previamente designado o el que las partes indiquen en el
caso del artículo 1105.

Sección Tercera. De la objeción a la liquidación

Art. 1111- Terminada una liquidación de avería gruesa, el liquidador deberá
comunicar sus resultados a todos los interesados, enviándoles por carta certificada,
una copia de la liquidación o un extracto de ella que contenga, a lo menos, el monto
total de los valores admitidos en avería gruesa, las cantidades globales de cada
rubro contribuyente y la cuota de contribución respectiva.
Esta carta certificada la enviará el liquidador por medio de un notario u otro
ministro de fe.
El interesado que no objetare la liquidación dentro del plazo de 45 días,
contado desde la expedición de la carta, quedará obligado al pago de su cuota de
contribución.

Art. 1112- Las objeciones a la liquidación se acumularán en un solo juicio, del
que conocerá un juez árbitro designado en la forma que se alude en el artículo
1106, el cual tendrá las mismas facultades mencionadas en la sección anterior.
No será necesario designar nuevo árbitro, si se hubiere nombrado antes para
conocer de alguno de los juicios citados en el mismo artículo, salvo si el que
formula la objeción, probare alguna causal de implicancia o recusación en su
contra.
El plazo para objetar la liquidación de avería común, se suspenderá respecto
de los que hubieren impugnado su legitimidad según lo señalado en el artículo
1106, o de los que oportunamente se hubieren hecho parte en ellas, y hasta que esas
impugnaciones sean resueltas por sentencia firme.

Art. 1113- Las objeciones a la liquidación se tramitarán conforme a las reglas
establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, y de ellas se
dará traslado a la parte que hubiere declarado la avería gruesa o a la que fuere
encargada de exigir su cumplimiento. Si no estuviere estipulado de otra forma,
corresponderá al dueño o armador de la nave afectada exigir dicho cumplimiento.
Si el árbitro resolviere acoger las objeciones, en la misma resolución
designará un nuevo liquidador indicándole los puntos a que deberá referir su


dictamen. Evacuado este segundo dictamen, el árbitro resolverá la controversia. Si
fueren desechadas las objeciones, los articulistas serán necesariamente condenados
en costas.

Art. 1114- El transportador o el fletante no estarán obligados a entregar las
mercancías, mientras no se pague el importe de la contribución provisoria o
definitiva o se garantice su pago. Podrán también solicitar el depósito de las
mercancías en tierra, por cuenta de quien corresponda, hasta que se dé cumplimiento
al pago o a la garantía mencionados anteriormente.

Art. 1115- El asegurador que indemnizare al dueño de bienes afectados por la
avería gruesa, quedará subrogado en los derechos que éste pudiere tener en dicha
avería.

§ 4. Del abordaje

Art. 1116- Las reglas de este párrafo se aplicarán a los daños que se
produzcan en los siguientes casos:
1º Cuando ocurra una colisión entre dos o más naves, y
2º Cuando por causa de la ola de desplazamiento de una nave se ocasionaren
daños a otra u otras naves, a sus cargas o a las personas que estén a bordo de
ellas, aunque no llegue a producirse una colisión.
Para estos efectos, el concepto de nave incluirá los artefactos navales que
puedan desplazarse por medios propios o ajenos.
Estas normas tendrán también aplicación cuando los hechos ocurran en aguas
fluviales, lacustres o cualquier otra vía navegable.

Art. 1117- Se aplicarán también las reglas de este párrafo, a los daños por
abordaje que ocurra entre naves pertenecientes a un mismo dueño o sometidas a una
misma administración.

Art. 1118- En todo abordaje se aplicará la ley del Estado en cuyas aguas
jurisdiccionales ocurrió.
Si el abordaje se produjere en aguas no sometidas a la soberanía de Estado
alguno, se aplicará la ley del país ante cuyos tribunales se interponga la demanda.

Art. 1119- En caso de abordaje, el reclamante podrá ocurrir, a su elección,
ante el tribunal civil del domicilio del demandado o ante el tribunal civil del
puerto donde se encuentre la nave responsable por haberse refugiado, o donde hubiese
sido retenida o arraigada.
Si la competencia correspondiere a un tribunal arbitral chileno, se aplicarán
las reglas indicadas en el párrafo 1 del título VIII de este Libro. La designación
del árbitro, a falta de acuerdo de las partes, podrá solicitarse a opción del
reclamante, ante el juez de turno con competencia civil de cualquiera de los lugares
indicados en el inciso anterior.

Art. 1120- Si el abordaje entre dos o más naves fuere causado por fuerza mayor o
caso fortuito, o si hubiere duda acerca de la causa que lo originó, los daños
serán soportados individualmente por quienes los hubieren sufrido.

Art. 1121- Si el abordaje se produjo por culpa o dolo del capitán, piloto o
tripulación de una de las naves, los daños serán de responsabilidad de su armador.

Art. 1122- Si el abordaje fuere imputable a culpa de dos o más naves, el total
de los perjuicios será soportado por el armador de cada una de ellas, en la
proporción de culpa que se asigne a su respectiva nave por el tribunal que conozca
de la primera acción de perjuicios que se promueva. Sin embargo, el pago a los
reclamantes se regirá por las reglas del artículo siguiente.
Art. 1123- Los responsables serán solidariamente obligados al pago de las
indemnizaciones por muerte o lesiones producidas en el abordaje, sin perjuicio del


derecho de cada uno a repetir contra los otros lo que hubiere pagado en exceso de su
cuota, según la proporcionalidad de la culpa de cada nave.
Respecto de los daños en los cargamentos, no habrá solidaridad entre las naves
culpables, y cada armador pagará los perjuicios de las cargas dañadas en su nave,
en la forma que lo disponga la ley o los respectivos contratos de fletamento o
transporte. Si en virtud de lo anterior, o por efecto de acciones directas de los
dueños de cargas de la otra u otras naves en abordaje, un naviero o transportador
pagare mayor proporción que el porcentaje de culpa asignado a su nave, podrá
repetir contra el armador de la otra u otras naves por el exceso que hubiere pagado.

Art. 1124- Para la determinación de las responsabilidades civiles que se deriven
de un abordaje, se reputarán verdaderos, salvo prueba en contrario, los hechos
establecidos como causas determinantes de aquél, en la resolución definitiva
dictada en el sumario que se hubiere incoado por la autoridad marítima.

Art. 1125- Si una nave, después de haber sido abordada, naufragare en el curso
de su navegación al puerto o lugar al cual se dirigía, su pérdida será
considerada como consecuencia del abordaje, salvo prueba en contrario.

§ 5. De la arribada forzosa

Art. 1126- Constituye arribada forzosa la entrada necesaria de la nave a un
puerto o lugar distinto al de escala o término previstos para el viaje.

Art. 1127- Los gastos de una arribada forzosa constituirán avería gruesa si
ella se ha efectuado en interés común de la nave y la carga; en los demás casos,
serán de cargo del interesado a quien afectaba la necesidad de efectuarla. Todo lo
cual es sin perjuicio de las acciones que competan contra los responsables por los
hechos que hubieren motivado la arribada forzosa.

§ 6. De los servicios que se presten a una nave u otros bienes en peligro

Sección Primera. Conceptos y ámbito de aplicación

Art. 1128- Para los efectos de este párrafo, se entenderá que:
1º Operación de salvamento, de asistencia o de auxilio, involucra todo acto o
actividad emprendida para ayudar a una nave, artefacto naval o cualquier bien en
peligro, sin importar las aguas donde ocurra el acto o se realice la actividad. Para
estos efectos, las expresiones salvamento, asistencia o auxilio, se considerarán
sinónimas;
2º Nave, comprende cualquier barco, embarcación, estructura capaz de navegar o
artefacto naval, incluyendo toda nave que esté varada, abandonada por su
tripulación o hundida y que es objeto de los auxilios a que se refiere este
párrafo.
3º Entre los bienes en peligro se incluye también el flete por el transporte de
la carga de la nave que se auxilia, ya sea que el riesgo de pérdida del flete
corresponda al dueño de los bienes, al armador o al fletador, y
4º Daño al medio ambiente, es el daño físico significativo a la salud humana,
a la vida animal o vegetal y a los recursos marinos en aguas sometidas a la
jurisdicción nacional y áreas terrestres adyacentes a aquellas, producidos por
contaminación, envenenamiento, explosión, fuego u otras causas similares.

Art. 1129- El capitán estará facultado para celebrar contratos de asistencia a
nombre y por cuenta de los dueños o armadores de la nave y de los demás bienes que
estén bajo su custodia y se encuentren en peligro.
El armador de la nave a la cual se le hubieren prestado auxilios responderá ante
los salvadores por todos los derechos que nazcan a favor de éstos, incluso los que
afecten a la carga u otros bienes beneficiados.
Todo lo anterior es sin perjuicio del derecho de ese armador o del dueño de la
nave asistida, para recuperar lo que corresponde de otros beneficios u obligados.
Art. 1130- Las reglas de este párrafo se aplicarán a toda operación de
asistencia, salvo que el contrato respectivo disponga lo contrario en forma expresa o


implícita.
Sin embargo, no se aplicarán:
1º A los auxilios que se presten a buques de guerra u otras naves públicas, y
que sean usados en el momento de las operaciones de asistencia exclusivamente en
servicios oficiales, no comerciales, y
2º A la remoción de restos náufragos.
También se aplicarán si la nave asistida y la asistente pertenecen a un mismo
dueño o están sujetas a una misma administración.

Art. 1131- Cualquiera de las partes que hubiere celebrado un contrato o convenio
de asistencia, podrá solicitar se le deje sin efecto o se modifique, en los
siguientes casos:
1º Cuando el contrato se ha firmado bajo presión indebida o influencia de
peligro y, además, sus términos no sean equitativos, o
2º Cuando el pago convenido sea excesivamente elevado o demasiado bajo, respecto
de los servicios realmente prestados.

Sección Segunda. Obligaciones de las partes en las operaciones de asistencia.

Art. 1132- El armador, incluyendo al operador que actúe en virtud de un contrato
con aquél, el dueño y el capitán de una nave en peligro, están obligados a;
1º Adoptar oportunamente las medidas razonables para obtener asistencia,
cooperar plenamente con el asistente durante las operaciones y hacer todo lo posible
para evitar o disminuir el daño al medio ambiente:
2º Solicitar de inmediato asistencia en los casos en que la nave, aeronave o
artefacto naval, por su estado o lugar en que se encuentre, ponga en peligro o pueda
constituir un obstáculo para la navegación, la pesca, la preservación del medio
ambiente u otras actividades marítimas o ribereñas. En tales casos, los servicios
que se presten por orden de la autoridad o espontáneamente, no tendrán la
limitación que se establece en el artículo 1152.
Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones que la Ley de Navegación
confiere a la autoridad marítima en estas materias, y
3º Pedir o aceptar los servicios de asistencia de otro salvador, cuando
razonablemente aparezca que el que está efectuando las operaciones de asistencia no
puede completarlas solo, o dentro de un tiempo prudencial, o sus elementos son
inadecuados.

Art. 1133- Los dueños de la nave o de los bienes salvados que han sido llevados
a un lugar seguro, deben aceptar su restitución cuando razonablemente se estime
terminada la labor de los salvadores.

Art. 1134- Son obligaciones del asistente:
1º Efectuar las operaciones de salvamento con el debido cuidado, empleando sus
mejores esfuerzos para salvar la nave y bienes contenidos en ella y para impedir o
disminuir el daño al medio ambiente, y
2º Si las circunstancias razonablemente lo requieren, el asistente deberá
solicitar ayuda de otros salvadores disponibles y aceptar la intervención de otros
asistentes cuando así lo pida el dueño o el capitán, según lo señala el número
3° del artículo 1132. Sin embargo, en este último caso, el monto de su
remuneración no resultará afectado, si se demuestra que esa intervención no era
necesaria.

Art. 1135- Todo capitán está obligado a prestar auxilio a cualquier persona que
se encuentre en peligro en el mar.
El dueño u operador de la nave no será responsable por el incumplimiento de
esta obligación del capitán.

Sección Tercera. Derechos de los asistentes.

Art. 1136- Los servicios de asistencia darán derecho a remuneración en los
siguientes casos:
1º Cuando se auxilie una nave u otros bienes en peligro, o
2º Cuando tengan por objeto prevenir, evitar o atenuar daños al medio ambiente.


En ambos casos, la remuneración y el reembolso de gastos y perjuicios en que
incurra el asistente, se regirán por las normas de esta sección.

Art. 1137- Para tener derecho a remuneración, es necesario que las operaciones
de asistencia hayan tenido un resultado útil, a menos que expresamente se haya
convenido otra cosa.

Art. 1138- La remuneración debe fijarse con la intención de alentar las
operaciones de asistencia, y teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes
consideraciones, sin atender al orden en que se enumeran:
1º El valor de los bienes asistidos;
2º La destreza y esfuerzos de los asistentes para impedir o disminuir el daño
al medio ambiente;
3º El grado de éxito obtenido por el asistente;
4º La naturaleza y grado del peligro;
5º Los esfuerzos de los asistentes, incluyendo el tiempo usado, y los gastos y
daños por ellos incurridos;
6º El riesgo de incurrir en responsabilidad y otros riesgos corridos por los
asistentes o su equipo;
7º La prontitud del servicio prestado;
8º La disponibilidad y uso de equipos y naves destinados especialmente a
operaciones de salvamento, y
9º El grado y estado de preparación, la eficiencia y valor de los equipos de
los asistentes.
Cuando se hubiere convenido que, aun sin resultado útil, el asistente tiene
derecho al reembolso de sus gastos y compensación por los daños en las
embarcaciones o equipos empleados, para fijar su monto se atenderá, en lo que sea
pertinente, a las consideraciones señaladas anteriormente, lo cual es sin perjuicio
de lo que se establece en la sección siguiente, si el asistente opta por ella.

Art. 1139- La remuneración señalada en el artículo anterior no puede exceder
al valor de los bienes asistidos en el momento del término de la operación de
asistencia.

Sección Cuarta. Reembolso de gastos y compensación especial

Art. 1140- Si el asistente ha ejecutado operaciones de auxilio a una nave que por
sí misma o por su carga, amenazaba causar o estaba produciendo daño al medio
ambiente tendrá al menos, derecho al reembolso por el dueño u operador de la nave,
de los gastos razonablemente incurridos, y podrá tener, además, derecho a la
compensación que se indica en el artículo siguiente.

Art. 1141- Si en las circunstancias previstas en el artículo anterior, con sus
operaciones, el asistente ha evitado o disminuido los perjuicios al medio ambiente, y
el tribunal lo estima razonable y justo, podrá aumentarse la compensación que le
debe el dueño u operador de la nave, para lo cual tomará en consideración los
diferentes criterios indicados en el artículo 1138. Pero, en ningún caso esa
compensación podrá exceder al doble de su monto base.

Art. 1142- Para los efectos señalados en los dos artículos anteriores se
considerarán gastos del asistente, los desembolsos razonablemente efectuados en las
operaciones de asistencia y una asignación adecuada por el material y personal
efectiva y razonablemente empleados en las mismas operaciones, teniendo en
consideración los criterios indicados en los números 7º, 8º y 9º del artículo
1138.

Art. 1143- Cuando la remuneración que corresponda al asistente conforme al
artículo 1138, resultare inferior a la compensación total y reembolso de gastos que
pudiere obtener por la aplicación de los tres artículos anteriores, podrá exigir
que se le pague con base en esta última modalidad, aunque no estuviere así pactado
de antemano.
Art. 1144- Si el asistente ha sido negligente y por ello no ha logrado evitar o
disminuir el daño al medio ambiente, puede ser total o parcialmente privado de la


compensación y reembolso que le habría correspondido según esta sección.

Sección Quinta. Distribución entre los asistentes

Art. 1145- En caso de haber más de un asistente, la remuneración se
distribuirá entre ellos de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 1138.

Art. 1146- La distribución entre el dueño, el capitán y otras personas al
servicio de cada nave asistente, será determinada de acuerdo con la ley del
pabellón de la nave. Si la asistencia no se ha llevado a cabo desde una nave, se
hará la distribución de acuerdo con la ley que rija el contrato vigente entre el
asistente y sus dependientes.

Art. 1147- Cuando corresponda aplicar la ley nacional, la distribución se
regirá por las siguientes reglas:
1º Previa deducción de la proporción de costos fijos y variables de la nave,
incluidos los costos y daños causados por el auxilio, corresponderá al armador la
mitad de la remuneración líquida, y
2º La otra mitad se distribuirá entre la dotación en proporción a sus sueldos
o salarios base. En todo caso, la cuota del capitán no podrá ser inferior al doble
de la proporción que le correspondería según su sueldo base.
Cuando deba distribuirse la parte de la compensación especial de que tratan los
artículos 1141 y 1142, se asignará a cada ítem la cantidad que respectivamente
haya fijado el tribunal, y lo que corresponda a remuneración del personal, si nada
se expresa en el fallo, se repartirá según lo dispuesto en el número 2º de este
artículo.
En las naves dedicadas exclusivamente a la prestación de auxilios, la
distribución atenderá primero a los pactos que existieren entre el dueño o armador
de la nave asistente y su dotación.

Art. 1148- Corresponderá sólo al armador de la nave asistente el ejercicio de
las acciones por cobro de remuneración, reembolsos, indemnizaciones y compensación
especial que se originen en faenas prestadas por o desde ella.

Sección Sexta. Salvamento de personas

Art. 1149- Las personas cuyas vidas han sido salvadas no deben remuneración
alguna. Sin embargo, el salvador de vidas humanas, que ha intervenido con ocasión de
un accidente que da lugar a servicios de asistencia a la nave u otros bienes, tiene
derecho a una parte equitativa de la remuneración que corresponda al salvador de la
nave o de esos otros bienes, o de la que corresponda al que evitó o disminuyó los
daños al medio ambiente.

Sección Séptima. Servicios prestados bajo contratos preexistentes

Art. 1150- Los servicios prestados en cumplimiento de un contrato celebrado antes
que surgiera el peligro, no será considerados como auxilio y no darán derecho a las
remuneraciones, reembolsos e indemnizaciones de que trata este párrafo, salvo en
cuanto estos servicios excedan lo que razonablemente podía considerarse como
adecuado cumplimiento de ese contrato.

Sección Octava. Privación de la remuneración

Art. 1151- Un asistente puede ser privado de todo o parte de la remuneración,
indemnización, reembolsos o compensaciones debidas, en la medida que las operaciones
de salvamento se hayan hecho necesarias o más difíciles por su culpa o dolo.

Art. 1152- Los servicios prestados a pesar de la prohibición expresa y razonable
del capitán, dueño u operador de la nave, no dan derecho a las remuneraciones,


indemnizaciones, reembolsos y compensaciones señaladas en las disposiciones de este
párrafo, salvo lo dispuesto en el número 2º del artículo 1132.

Sección Novena. Garantías y pagos provisorios

Art. 1153- En tanto no se constituya garantía suficiente para responder al cobro
del asistente, los bienes salvados no podrán ser trasladados del primer puerto o
lugar a que hayan llegado al término de las operaciones de asistencia.
El tribunal que sea competente para conocer de la demanda del asistente,
decretará, a petición de éste y sin más trámite, la retención o arraigo de los
bienes salvados y el lugar en que la medida deba cumplirse.

Art. 1154- El mismo tribunal mencionado en el artículo anterior podrá decretar
que se pague al asistente una cantidad provisoria y a cuenta, que considere adecuada
y justa. Estos pagos darán derecho a reducción proporcional de la garantía a que
se alude en el artículo anterior.
La petición de que se concedan pagos provisorios se tramitará como incidente y
la resolución que acceda a ello, establecerá si el salvador debe constituir una
garantía suficiente de restitución.

Art. 1155- Las resoluciones que se dicten en las materias a que se refieren los
dos artículos anteriores, serán apelables en el solo efecto devolutivo.

Sección Décima. De la competencia

Art. 1156- Cuando por voluntad de las partes deba un tribunal ordinario conocer
sobre la regulación de el valor de los servicios y el monto de los daños y gastos
reembolsables, y no se haya precisado el tribunal, será competente, a opción del
demandante, el correspondiente a:
1º El domicilio del demandado;
2º El puerto o lugar al cual se han llevado los bienes salvados, al término de
los servicios;
3º El lugar en el cual se ha constituido la respectiva garantía;
4º El lugar donde se han retenido o arraigado los bienes salvados, o
5º El lugar en el cual se prestaron los servicios.
Art. 1157- Cuando las mismas materias mencionadas en el artículo anterior deban
someterse a arbitraje conforme a las normas del párrafo 1 del título VIII de este
Libro, y fuere necesario proceder a la designación del árbitro, será competente
para hacer tal designación, cualquiera de los tribunales señalados en el referido
artículo a elección del demandante.

TITULO VII
De los Seguros Marítimos

§ 1. Reglas generales

Sección Primera. Ambito de aplicación

Art. 1158- Se aplicarán a los seguros de que trata este título, las
disposiciones contenidas en los artículos 512 y siguientes hasta el 560, inclusive,
salvo en las materias que este título regule de otra manera.

Art. 1159- Las reglas de este título se aplicarán en defecto de las
estipulaciones de las partes, salvo en las materias en que la norma sea expresamente
imperativa.

Art. 1160- Los seguros marítimos pueden versar sobre:


1º Una nave o artefacto naval, sus accesorios y objetos fijos o movibles,
cualquiera sea el lugar en que se encuentren, incluso en construcción;
2º Mercancías o cualquier otra clase de bienes que puedan sufrir riesgos del
transporte marítimo, fluvial o lacustre;
3º El valor del flete y de los desembolsos en que incurra quien organiza una
expedición marítima, o
4º La responsabilidad de una nave u otro objeto, por los perjuicios que puedan
resultar frente a terceros como consecuencia de su uso o navegación.

Art. 1161- Por regla general, los seguros marítimos tienen por objeto indemnizar
al asegurado respecto de la pérdida o daño que pueda sufrir la cosa asegurada por
los riesgos que implica una aventura marítima, fluvial, lacustre, o en canales
interiores.

Art. 1162- La aventura y su extensión dependen de lo que las partes estipulen en
el contrato de seguro.
No obstante, a falta de estipulación en contrario, se entienden incluidos en el
riesgo los peligros que provengan o que puedan ocurrir como consecuencia de la
navegación o de estar la nave o artefacto naval en puerto o detenidos, incluyendo en
este concepto los peligros derivados de las condiciones del tiempo, incendio,
piratas, ladrones, asaltantes, capturas, naufragios, varamientos, abordajes, cambios
forzados de ruta, apresamiento, saqueo, requisamiento por orden de la autoridad
administrativa, retención por orden de potencia extranjera, represalia y, en
general, todos los casos fortuitos que ocurran en el mar u otros medios.
Cualquier excepción a los riesgos señalados en el inciso anterior, deberá
constar expresamente en la póliza.

Art. 1163- Además de los riesgos señalados en el artículo anterior, las partes
pueden agregar al contrato de seguro otros riesgos que pueda correr la cosa
asegurada, ya sea durante su permanencia en puerto, dique, mar, ríos, lagos y
canales o, cuando no se trate de una nave, mientras aquella se encuentre en tránsito
por otros medios de transporte o en depósito antes o después de una expedición
marítima.

Sección Segunda. Del interés asegurable

Art. 1164- Puede tomar un seguro marítimo toda persona que tenga un interés en
la conservación de la cosa asegurada mientras corra los riesgos de una aventura
marítima, sea que ese interés afecte directamente a su patrimonio o a determinadas
obligaciones suyas, con relación a la cosa asegurada.
Se entiende que una persona tiene interés en una aventura marítima cuando ella
está en cualquier relación legal o de tenencia con respecto a los bienes expuestos
a la aventura marítima y que, como consecuencia de esa relación, esa persona pueda
ser afectada con la conservación o la buena y oportuna llegada de la cosa al
término de la aventura, o pueda ser perjudicada por su daño o pérdida, o por su
detención, o por incurrir en una responsabilidad con respecto a la cosa, por su
daño, pérdida o extravío durante el tiempo asegurado.
Art. 1165- El asegurado sólo debe justificar su interés asegurable en la época
en que ocurra la pérdida o daño de la cosa asegurada.

Art. 1166- Es nulo y de ningún valor el seguro contratado con posterioridad a la
cesación de los riesgos si al tiempo de su celebración, el asegurado o quien
contrató por él, tenían conocimiento de haber ocurrido el siniestro, o el
asegurador, de haber cesado los riesgos.

Art. 1167- Cuando la cosa asegurada deba pasar por la custodia o propiedad de
varias personas mientras están corriendo los riesgos, el seguro de mercancías se
entiende celebrado por cuenta de quien corresponda, a menos que la póliza disponga
otra cosa.

Art. 1168- El beneficio de un seguro puede ser cedido o transferido antes o


después de ocurrido el siniestro. El cesionario tendrá todos los derechos que
correspondan al cedente en la póliza cedida.
La cesión de un seguro o del derecho a una indemnización, se harán con
sujeción a las normas que este Código prescribe para la cesión de un crédito
mercantil, según sea la forma como estuviere extendida la póliza.

Sección Tercera. Del valor asegurable

Art. 1169- En los seguros sobre naves, las partes pueden fijar de común acuerdo
el valor de la cosa asegurada en la póliza. Se presumirá que así se ha hecho, si
se ha consignado expresamente en la póliza un valor para la cosa asegurada.
El asegurador podrá exigir, antes del perfeccionamiento del contrato, que dicha
avaluación sea hecha por un perito naval.
Salvo que se pruebe fraude por alguna de las partes, el valor así establecido en
la póliza se reputará como el único verdadero para todos los efectos del contrato,
exceptuada la avaluación que se haga de la cosa asegurada, para el solo efecto de
determinar si el siniestro constituye o no pérdida total constructiva o asimilada.

Art. 1170- Si en el contrato las partes no han consignado un valor para el objeto
asegurado, se aplicará lo dispuesto en los artículos 532, 533 y 535 de este
Código.

Art. 1171- La suma asegurada en el seguro de transporte de cosas podrá
comprender, además del valor de ellas en el puerto donde empieza la expedición,
todos los costos razonables para hacerlas llegar al lugar de su destino, incluida la
prima del seguro.
Con todo, la suma asegurada podrá llevarse hasta la cantidad que razonablemente
puede obtenerse de la venta de las cosas, si éstas llegaren sanas al lugar del
destino previsto.
Si existiere duda sobre el precio de venta en el lugar de destino para la carga
sana, éste podrá ser también establecido por peritos.

Art. 1172- Pueden asegurarse el valor del flete, y los desembolsos en que incurra
quien organiza una expedición marítima, y que pueden dejar de recuperarse por
algún riesgo marítimo o de otra naturaleza, expresamente cubierto en la póliza.

§ 2. Perfeccionamiento del contrato.

Art. 1173- El contrato de seguro marítimo se entiende perfeccionado desde el
momento en que el asegurador expresa por escrito su aceptación a la propuesta
escrita de celebrar el seguro, sea que ésta se haya formulado directamente por el
proponente o por alguien en su nombre. Servirán para justificar el momento en que la
proposición fue aceptada, las anotaciones que el asegurador hubiere estampado en la
propuesta, la hoja de cobertura o otro documento que se acostumbre a utilizar entre
asegurados, corredores y aseguradores, para la celebración del contrato.
Perfeccionado el contrato, el asegurador deberá emitir en el menor tiempo
posible la póliza. Tendrá también el mérito de póliza, la nota de cobertura u
otro documento que en la práctica use el asegurador para señalar las condiciones
del seguro que han sido aceptadas por él.

Art. 1174- En el seguro sobre mercancías o carga, no será necesaria la
individualización precisa del asegurado, pudiendo contratarse éste por cuenta de
quien corresponda.
Cuando se trate de seguro de nave y éste no estuviere contratado por su dueño,
el asegurador deberá consignar en la póliza la relación o interés asegurable que
exista entre la persona a cuyo favor se extiende la póliza y la nave que se asegura.
En todo caso, se indicará la fecha y la hora en que empiezan a correr los riesgos
por cuenta del asegurador.

Art. 1175- Cuando el seguro se rija por cláusulas de formularios suministrados
por el asegurador, o que el uso supone conocidas de las partes, bastará que la
póliza haga una mención a ellas, para que esas cláusulas se entiendan incorporadas


al contrato. Pero si existiere duda sobre la interpretación que deba darse a las
reglas específicas incorporadas, éstas se interpretarán en contra de quien haya
emitido la póliza.

§ 3 De las obligaciones y derechos de las partes.

Art. 1176- En el caso de las obligaciones señaladas en el número 1° del
artículo 556, el asegurado deberá informar cabalmente al asegurador, antes de
perfeccionarse el contrato, de toda circunstancia relativa a los riesgos que se
propone asegurar y que sea conocida por dicho asegurado.
Se presume conocida del asegurado toda circunstancia que él no puede ignorar en
el curso ordinario de sus negocios.
Asimismo, toda declaración pertinente a los riesgos hecha por el asegurado al
corredor o al asegurador, durante las negociaciones previas al contrato, deberá ser
verdadera.

Art. 1177- Para obtener la indemnización de un siniestro, el asegurado deberá
justificar:
1º El o los acontecimientos que lo constituyan. Respecto del origen del daño o
gasto, el asegurado sólo deberá indicar los hechos que presumiblemente lo
produjeron;
2º El embarque de los objetos asegurados, en su caso;
3º El contrato de seguro, y
4º La pérdida o deterioro de la cosa asegurada.

Art. 1178- En caso de siniestro, el asegurado podrá ejercer la acción de
avería para obtener la indemnización de los daños sufridos por la cosa asegurada o
la de dejación, para exigir el pago de la suma total asegurada, en los casos en que
este Código o el contrato lo autoricen.

Art. 1179- El asegurado podrá promover conjuntamente la acción de dejación y
la de avería, con tal que esta última se interponga en subsidio de la primera.

Art. 1180- El asegurador será responsable de las pérdidas o daños originados
por riesgos marítimos u otros eventos cubiertos por la póliza.
Asimismo, si no estuviere expresamente excluido, el asegurador indemnizará
además:
1º Por la contribución de los objetos asegurados en avería común, salvo si
ésta proviene de un riesgo excluido por el seguro, y
2º Por los gastos incurridos con el fin de evitar que el objeto asegurado sufra
un daño o para disminuir sus efectos, siempre que el daño evitado o disminuido
esté cubierto por la póliza.
En todo caso, los gastos señalados no pueden exceder al valor de los daños
evitados.

Art. 1181- El asegurador es responsable por la pérdida o daño de los objetos
asegurados que provengan de culpa o dolo del capitán o de la tripulación. Pero no
será indemnizada la pérdida o daño al casco que provenga de dolo del capitán,
salvo estipulación expresa.

Art. 1182- El asegurador no será responsable por pérdidas causadas por demora,
aun cuando ésta tuviere su origen en un riesgo cubierto por la póliza, a menos que
expresamente así se estipule.

Art. 1183- Salvo pacto en contrario, el asegurador no es responsable por los
fenómenos ordinarios de filtración, rotura o desgaste, por vicio propio o de la
naturaleza de la cosa asegurada y otros normales del transporte.

Art. 1184- Cuando la pérdida o daño de la cosa asegurada provenga de varias
causas, el asegurador será responsable si la causa principal o determinante es un
riesgo cubierto por la póliza. Con todo, cualquiera que fueren las estipulaciones


del contrato, si no fuere posible establecer cuál fue la causa principal o si varias
causas determinantes fueron simultáneas y entre ellas hubiere una que constituyera
un riesgo asegurado, el asegurador será responsable por el daño en los términos
señalados por la póliza.

Art. 1185- Corresponderá al asegurador el peso de probar que el siniestro ha
ocurrido por un hecho o riesgo no comprendido en la póliza.

Art. 1186- La pérdida puede ser total o parcial. Cualquier pérdida no
comprendida en los conceptos de pérdida total o definidos en los artículos
siguientes, se considerará pérdida parcial.

Art. 1187- La pérdida total puede ser real o efectiva. También puede ser
asimilada o constructiva.
Existirá pérdida total real o efectiva, cuando el objeto asegurado quede
completamente destruido o de tal modo dañado, que pierda definitivamente la aptitud
para el fin a que está destinado o, cuando el asegurado sea irremediablemente
privado de él. Todo lo cual es sin perjuicio de lo que se hubiere estipulado en la
póliza.

Art. 1188- Si transcurrido un plazo razonable, no se han recibido noticias de una
nave, se presumirá su pérdida total efectiva y la de su cargamento.

Art. 1189- Salvo que la póliza disponga otra cosa, existirá pérdida total
asimilada, cuando el objeto asegurado sea razonablemente abandonado, ya sea porque la
pérdida total efectiva parezca inevitable o porque no es posible evitar su pérdida,
sin incurrir en un gasto que exceda del valor de dicho objeto después de efectuado
el desembolso.
Se considerarán como de pérdida total asimilada, en especial, los siguientes
casos:
1º Cuando el asegurado sea privado de la nave o de las mercancías a causa de un
riesgo cubierto por la póliza y sea improbable que pueda recuperarlas o el costo de
la recuperación exceda al valor de la nave o de las mercancías una vez recuperadas;
2º Cuando el daño causado a una nave por un riesgo asegurado, sea de tal
magnitud que el costo de repararla exceda al valor de esa nave, una vez reparada. Al
estimarse el costo de reparación, no se hará deducción alguna por contribuciones
de avería gruesa a esas reparaciones, de cargo de otros intereses. Pero se tomarán
en cuenta los gastos de futuras operaciones de salvamento y de cualquier futura
contribución de avería gruesa que afectaría a la nave, al ser reparada, y
3º Cuando el costo de su reparación y los de reexpedición a su destino,
excedan al valor de ellas en la fecha de arribo a su destino, si se trata de daños a
las mercancías o carga.

Art. 1190- Salvo estipulación en contrario, el seguro contra pérdida total
cubre tanto la pérdida total asimilada como la real o efectiva.

Art. 1191- Salvo que la póliza disponga otra cosa, el asegurador es responsable
por todos los siniestros que sufra la cosa asegurada durante el período de
cobertura, aunque el monto de todos ellos exceda la suma asegurada.
Pero si una pérdida total se sigue a un daño parcial no reparado, el asegurado
sólo podrá exigir la indemnización de la pérdida total.

Art. 1192- Si el asegurado opta por reclamar la pérdida total, debe comunicar al
asegurador su intención de hacer dejación. En defecto de dicho aviso, el asegurado
sólo podrá ejercitar la acción de avería.

Art. 1193- En caso de pérdida total asimilada, el asegurado tendrá el plazo de
tres meses desde que tuvo conocimiento efectivo que la pérdida tenía ese carácter,
para comunicar por escrito al asegurador su intención de hacer dejación.


La expresión por escrito, comprende también la comunicación por telegrama,
télex u otros medios que registren o dejen constancia de la recepción del mensaje
enviado.
La notificación al asegurador de una acción de dejación, sustituye para estos
efectos al aviso de dejación.
El aviso o demanda deberá indicar en forma inequívoca la intención de hacer
dejación incondicional del objeto asegurado al asegurador.

Art. 1194- El aviso de dejación no será necesario cuando la avería o
accidente, por su naturaleza o magnitud, hacía imposible la adopción por el
asegurador de medidas tendientes a recuperar, rescatar la cosa siniestrada o
disminuir los efectos del siniestro.

Art. 1195- El aviso de dejación interrumpe la prescripción de las acciones del
asegurado contra el asegurador.

Art. 1196- La aceptación de la dejación podrá ser expresa o inferirse de la
conducta del asegurador. En todo caso, sus efectos se retrotraen a la fecha de
recepción del aviso de dejación o de la notificación de la demanda de dejación.
El asegurador podrá, en todo caso, renunciar a la exigencia del aviso o
notificación respectiva.

Art. 1197- La aceptación de la dejación, además de dar a ésta el carácter de
irrevocable, significará que el asegurador reconoce su responsabilidad por el monto
total asegurado.

Art. 1198- La dejación aceptada o la declarada válida por sentencia firme,
transfiere al asegurador todos los derechos y obligaciones del asegurado respecto de
la cosa asegurada, por el solo ministerio de la ley.
Sin embargo, mientras no esté aceptada la dejación o dictada sentencia firme
que la declare válida, el asegurador podrá reconocer su obligación de indemnizar
la pérdida total del objeto asegurado y rechazar la transferencia de la propiedad de
la cosa asegurada.

Art. 1199- La cosa asegurada que ha sido objeto de dejación queda
privilegiadamente afecta al pago de la cantidad asegurada, con preferencia a todo
otro crédito que pueda gozar de privilegio sobre ella, con excepción de los
créditos sobre la nave indicados en los artículos 844, 845 y 846.

§ 4. Seguro de responsabilidad.

Art. 1200- El asegurado en un seguro de responsabilidad, sólo tendrá derecho al
reembolso de la indemnización y gastos en que incurriere, cuando ya hubiere pagado
la indemnización por perjuicios a tercero.
No obstante lo anterior, el asegurado deberá poner en conocimiento del
asegurador cualquier reclamo de que sea objeto y que pueda comprometer la
responsabilidad de éste. Estará obligado a adoptar todas las medidas de defensa que
fueren procedentes.

Art. 1201- Sólo en los casos en que un asegurador de responsabilidad otorgue una
garantía para cubrir la responsabilidad del asegurado, podrá ser demandado
directamente por el tercero a cuyo favor se ha emitido dicha garantía.
Lo anterior no rige en caso que el asegurado tenga derecho a limitar su
responsabilidad y el asegurador de ella hubiere constituido el fondo respectivo de
limitación.
El seguro de responsabilidad de un armador por abordaje o por colisión con
cualquier objeto fijo o flotante, que tiene como fin la reparación de daños
causados a terceros, no produce obligación de indemnizar sino en caso de
insuficiencia de la suma asegurada en la póliza del casco.
Art. 1202- Sea cual fuere el número de acontecimientos ocurridos durante la
vigencia del seguro de responsabilidad, la suma cubierta por cada asegurador


constituye, por cada evento, el límite de su cobertura.

TITULO VIII
De los Procedimientos en el Comercio Marítimo

§ 1. Reglas generales

Art. 1203- El conocimiento de toda controversia que derive de hechos, actos o
contratos a que dé lugar el comercio marítimo o la navegación, incluidos los
seguros marítimos de cualquier clase, será sometido a arbitraje.
Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable en los siguientes casos:
1º Cuando las partes o interesados expresen su voluntad de someterse a la
jurisdicción ordinaria, sea en el mismo acto o contrato que origine la controversia,
por acuerdo que conste por escrito, anterior a la iniciación del juicio;
2º Cuando se trate de perseguir responsabilidades de orden penal que pudieren
originarse en los mismos hechos. En este caso, la acción civil podrá entablarse
ante el tribunal que conoce del respectivo proceso criminal o ante el tribunal
arbitral a que se refiere el inciso primero;
3º Cuando se trate de los juicios que se mencionan en el párrafo 4° del
título IX de la Ley de Navegación, o de aquellos que, en este mismo Libro, tienen
señalado un procedimiento especial que deba seguirse ante un tribunal ordinario;
4º Cuando se trate del Fisco o de controversias por responsabilidades que se
cumplan ante organismos o servicios portuarios o aduaneros de carácter estatal, u
obligaciones controladas por tales entidades, y
5º Cuando la cuantía del juicio no excediere de 5.000 unidades de cuenta y el
demandante optare por ejercitar su acción ante la justicia ordinaria.

Art. 1204- Cuando disposiciones de este Libro asignen competencia al tribunal del
lugar donde ocurren los hechos, o donde recala o es retenida la nave, ello no
obstará a que se constituya el tribunal arbitral en dicho lugar, o en otro si las
partes así lo convienen por escrito y bajo sus firmas.
Sin embargo, a petición del demandado, podrá trasladarse la acción en la forma
y en los casos que se mencionan en el inciso segundo del artículo 1033, ante el juez
ordinario o árbitro, según sea el procedimiento aplicable, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo anterior.

Art. 1205- La designación de el o los árbitros, sus calidades y el
procedimiento que deban emplear, se regirá por lo que las partes convengan por
escrito y bajo sus firmas y, en su defecto, por lo preceptuado en el Código
Orgánico de Tribunales sobre los Jueces Arbitros y en el Código de Procedimiento
Civil, sobre el Juicio Arbitral.

Art. 1206- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal
arbitral u ordinario a quien corresponda conocer de los asuntos mencionados en el
artículo 1203, tendrá las siguientes facultades:
1º Podrá admitir, a petición de parte, además de los medios probatorios
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, cualquier otra clase de prueba;
2º Podrá, en cualquier estado del juicio, decretar de oficio las diligencias
probatorias que estime conveniente, con citación de las partes;
3º Podrá llamar a las partes a su presencia para que reconozcan documentos o
instrumentos, justifiquen sus impugnaciones, pudiendo resolver al respecto, sin que
ello implique prejuzgamiento en cuanto al asunto principal controvertido, y
4º Tendrá la facultad de apreciar la prueba de acuerdo con las normas de la
sana crítica, debiendo consignar en el fallo los fundamentos de dicha apreciación.

Art. 1207- Cuando se soliciten medidas prejudiciales, sean preparatorias,
precautorias o probatorias, o retenciones especiales, antes de estar constituido el
tribunal arbitral, el interesado podrá ocurrir ante el juzgado competente en materia
civil que estuviere de turno o ante el tribunal al que especialmente asignen
competencia normas de este Libro. Lo anterior, sin perjuicio de la prosecución del
pleito ante el tribunal arbitral previamente designado o que deba designarse para
conocer de la controversia, si las partes no hubieren optado por la jurisdicción
ordinaria.
§ 2 De la comprobación de hechos.


Art. 1208- Cuando algún interesado, antes de entablar una demanda, deseare
efectuar una inspección sobre el estado de la nave o las mercancías o sobre otros
hechos susceptibles de desaparecer, ocurrirá al tribunal civil de turno del lugar en
que deba realizarse la inspección, el cual, sin más trámite, designará a un
notario u otro ministro de fe para la más pronta constatación que sea posible.
La persona designada, antes de realizar su cometido, deberá comunicar por
cualquier medio su nombramiento y el día, hora y lugar en que se propone realizar la
verificación, a la o las contrapartes de quien pidió la inspección. La diligencia
se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes.
Cuando el reconocimiento se refiera a hechos cuya interpretación requiera de
conocimientos especiales de alguna ciencia o arte, el tribunal, a petición del
requirente, podrá nombrar ministro de fe a un liquidador oficial de seguros u otro
perito, o disponer que el ministro de fe designado se asesore del perito, al que
también designará sin más trámite.
El tribunal podrá, en todo caso, realizar personalmente la diligencia.
El encargado de la inspección levantará acta de lo obrado, dejando en ella
constancia de haber comunicado a las partes las circunstancias mencionadas en el
inciso segundo de este artículo y, además, constancia sucinta de las observaciones
de éstas, si así lo solicitaren. El original del acta se entregará al tribunal que
hizo la designación, el que otorgará a los interesados las copias que soliciten.
Las costas de la diligencia serán de cargo de quien la hubiere requerido, sin
perjuicio de lo que sobre el particular resuelva la sentencia definitiva.

§ 3. Prueba extrajudicial

Art. 1209- Cuando las partes estuvieren de acuerdo, las diligencias probatorias
que se hubieren solicitado en juicio o en medidas prejudiciales y que se refieran a
materias tratadas por este Libro, podrán llevarse a cabo extrajudicialmente, pero
con asistencia de los abogados de las partes.
Si durante la producción de estas pruebas se suscitaren desinteligencias entre
las partes, se suspenderá el acto reservándose la decisión del desacuerdo para el
juez que conoce del proceso o del que deba conocer, si se trata de diligencias
prejudiciales.
Lo anterior, no obsta a que se continúe extrajudicialmente con otras actuaciones
probatorias.
Las diligencias probatorias que se hubieren interrumpido por oposición de alguna
de las partes, podrán continuarse judicialmente si así se solicita.
El tribunal podrá ordenar de oficio la ratificación de las pruebas producidas
extrajudicialmente.

§ 4. Del procedimiento para la constitución y distribución del fondo de
limitación de responsabilidad

Sección Primera. De la constitución del fondo

Art.- 1210- Cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del título
IV y en el párrafo 3 del título V de este Libro, que se considere con derecho a
limitar responsabilidad, o el asegurador en su caso, podrá ocurrir ante alguno de
los tribunales que se indican en el artículo siguiente, y solicitar que se inicie un
procedimiento con el objeto de constituir el fondo, verificar y liquidar los
créditos, y para efectuar su repartimiento de acuerdo con las normas de prelación
que disponga la ley.

Art. 1211- Será tribunal competente para conocer de todas las materias
mencionadas en el artículo anterior y de las que fueren accesorias o consecuenciales
de las mismas:
1º Cuando la limitación de responsabilidad se refiera a una nave matriculada en
Chile, el juzgado civil que corresponda al puerto de matrícula de la nave;
2º Si se trata de una nave extranjera, el juzgado civil chileno competente del
puerto donde hubiere ocurrido el accidente, o del primer puerto chileno de recalada
después del accidente o, a falta de éstos, el juzgado con competencia en el lugar
donde primero se hubiere retenido la nave o donde primero se hubiere otorgado una
garantía por la nave, y
3º Cuando aún no se hubiere incoado el procedimiento en alguno de los
tribunales señalados anteriormente, y se alegare en otro juicio la limitación de


responsabilidad como excepción, el mismo tribunal ante el cual se alegue tendrá
competencia para conocer del proceso sobre limitación, si fuere ordinario. Si se
tratare de un tribunal arbitral, se remitirán copias de los antecedentes pertinentes
al tribunal que fuere competente en conformidad a los números anteriores, para que
ante este tribunal se inicie el procedimiento destinado a la constitución y
distribución del fondo de limitación de responsabilidad.
En estos casos la excepción de limitación de responsabilidad por constitución
del fondo sólo podrá formularse al contestar la demanda.

Art. 1212- Salvo el caso del número 3º del artículo anterior, la limitación
de responsabilidad por constitución del fondo, puede ejercitarse hasta el momento en
que venza el plazo para oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o dentro del plazo
de citación a que se refiere el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil en
el procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales.

Art. 1213- La petición sobre apertura del procedimiento deberá indicar:
1º El acontecimiento del cual provienen los daños o perjuicios que quedarán
afectos a la limitación;
2º El monto máximo del fondo o fondos que deben constituirse, de acuerdo con
las normas pertinentes del párrafo 1 del título IV y del párrafo 3 del título V
de este Libro, y
3º La forma cómo se constituirá el fondo, sea en dinero o mediante garantía.
El tribunal calificará la suficiencia de ella.

Art. 1214- A la solicitud para la apertura del procedimiento se acompañará una
nómina de los acreedores conocidos del peticionario, con indicación de sus
domicilios, la naturaleza de los créditos y sus montos definitivos o provisorios.
También se acompañarán los documentos que justifiquen el cálculo del monto
máximo del fondo que hubiere señalado el proponente.

Art. 1215- El tribunal, luego de examinar si los cálculos del proponente sobre
el monto del fondo, se ajustan a las disposiciones pertinentes del párrafo 1 del
título IV o del párrafo 3 del título V de este Libro, según corresponda, dictará
un auto por el que declarará iniciado el procedimiento. Simultáneamente, se
pronunciará sobre las modalidades ofrecidas para la constitución del fondo,
ordenando su cumplimiento si las aprueba. En la misma resolución señalará la suma
que el peticionario deberá poner a disposición del tribunal, para cubrir las costas
del procedimiento y designará un síndico titular y uno suplente para que conduzca y
ejecute todas las actuaciones y operaciones que se le encomiendan en este párrafo.
Estos nombramientos deberán recaer en personas que integren la nómina de síndicos
a que se refiere la Ley de Quiebras, y sin que se requiera su designación o ulterior
ratificación por la junta de acreedores.

Art. 1216- Cuando para la constitución del fondo se entregue dinero, el tribunal
lo depositará en un banco, con conocimiento del síndico y de los interesados. Los
reajustes e intereses que se obtengan incrementarán el fondo en beneficio de los
acreedores. Si el fondo ha sido constituido mediante una garantía, su importe
devengará los intereses corrientes en el lugar de asiento del tribunal, de lo que se
dejará constancia en el documento constitutivo de la garantía.

Art. 1217- Constituido el fondo o aceptada la garantía sobre su constitución,
el tribunal lo declarará así, y desde la fecha de esta resolución, se suspenderá
toda ejecución individual o medida precautoria contra el requirente, respecto de los
créditos a los cuales puede oponerse la limitación de responsabilidad.
No se podrá impetrar derecho alguno sobre el fondo, el cual queda exclusivamente
destinado al pago de los créditos respecto de los cuales se puede oponer la
limitación de responsabilidad.

Art. 1218- Cuando el que invoque limitación de responsabilidad pueda oponer
compensación a un acreedor suyo, por un perjuicio derivado del mismo acontecimiento
que origina la apertura del procedimiento, las disposiciones de este párrafo sólo
se aplicarán al saldo eventual que resulte. En ningún otro caso, los créditos del
requirente pueden gozar de la compensación.
Art. 1219- Desde la fecha de dictación de la resolución indicada en el


artículo 1217, se suspenderá el curso de los intereses que ganen los créditos
contra el requirente.

Sección Segunda. De la verificación e impugnación y oposición a la
constitución del fondo.

Art. 1220- Dictada la resolución que se menciona en el artículo 1217, el
síndico informará, por carta certificada, de la constitución del fondo a todos los
acreedores cuyos nombres y domicilios fueron señalados por el requirente en la
nómina aludida en el artículo 1214.
La mencionada información a los acreedores contendrá:
1º Copia de la resolución prevista en el artículo 1217;
2º El nombre y dirección de quien ha requerido la constitución del fondo y a
qué título;
3º El nombre de la nave y su lugar de matrícula;
4º Una relación sucinta del acontecimiento en que se produjeron los daños;
5° El monto del crédito del destinatario de la comunicación, según el
requirente, y
6° La indicación de que dispone del plazo que señala el artículo siguiente
para verificar su crédito.

Art. 1221- Despachadas que fueren las cartas con la información indicada, el
síndico extractará la misma información y la publicará junto con la nómina a que
se refiere el artículo 1214, por una vez en el Diario Oficial y en un diario de
circulación en el lugar en que funciona el tribunal ante el cual se ha abierto el
procedimiento, indicando que los acreedores disponen de treinta días consecutivos a
contar de la última de estas publicaciones para verificar sus créditos y acompañar
los documentos que los justifiquen.

Art. 1222- Dentro del mismo plazo indicado en el artículo anterior, que para
estos efectos será fatal, cualquier acreedor podrá oponerse a la limitación,
fundándose en que no se reúnen los requisitos legales para ejercitar este
beneficio. Dentro del mismo lapso, los acreedores podrán objetar el monto del fondo.
Las oposiciones u objeciones se tramitarán conforme al procedimiento sumario,
con excepción de los artículos 681 y 684 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 1223- En todos los procedimientos a que se refiere este párrafo, el
síndico obrará como parte y procurará que se dé curso progresivo a los autos,
empleando los medios que se contemplan en las leyes con tal objeto.

Art. 1224- El síndico formará la nómina de los acreedores con derecho a
participar en la distribución del fondo, y propondrá al juez el pago de los
créditos. La distribución se hará respetando las normas sobre preferencias o
privilegios que se establecen en este Libro.
El saldo del fondo se distribuirá a prorrata del monto de los créditos afectos
a la limitación y que no gocen de preferencia o privilegio.

Art. 1225- Cuando hubiere créditos cuya impugnación o declaración no hubiere
sido resuelta, el síndico hará las reservas proporcionales que considere prudentes,
repartiendo entretanto el resto del fondo según las reglas anteriores.

Art. 1226- En lo no dispuesto en este Libro, la verificación e impugnación de
los créditos y los repartos se regirán por las normas pertinentes de la Ley de
Quiebras. Igualmente, se aplicarán a los síndicos las causales de cesación en el
cargo que establece dicha ley.

Art. 1227- Tan pronto quede agotado el proceso de reparto, el síndico rendirá
una cuenta final al tribunal que lo hubiere nombrado y éste declarará terminado el
procedimiento de limitación.
Si aún quedare remanente, este será restituido a quien hubiere constituido el
fondo. Además, si transcurridos tres meses desde que se haya dictado la resolución
indicada en el inciso anterior, aún quedaren acreedores que no hubieren comparecido


a retirar los fondos, el remanente se entregará a quien constituyó el fondo,
pudiendo esos acreedores remisos, reclamarle sus cuotas hasta dentro del término de
un año contado desde que fue dictada la resolución antes mencionada.
Las reglas de este artículo, no se aplicarán al remanente que se produzca
cuando el fondo constituido se refiera a la limitación de responsabilidad dispuesta
en el título IX de la Ley de Navegación, en que las cuotas no cobradas, se
destinarán a la adquisición de elementos y equipos para prevenir o mitigar la
contaminación de las aguas, procediéndose por la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante, en la forma que lo determine el reglamento que se
dicte para tal efecto.

Art. 1228- Toda cuestión que no tuviere un procedimiento especial, se tramitará
en cuaderno separado, como incidente entre quien lo formula y el que pretende limitar
su responsabilidad.
Los demás acreedores interesados en el fondo, podrán actuar como terceros.

Art. 1229- Las apelaciones a que haya lugar dentro del procedimiento de que trata
este párrafo, se concederán en el solo efecto devolutivo.
Contra la sentencia de segunda instancia, no procederá recurso alguno.

Art. 1230- El procedimiento establecido en este párrafo será aplicable a la
constitución y distribución del fondo de limitación, en los casos en que puede
ejercitarse el derecho a limitar responsabilidad por los daños derivados del derrame
de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, de que trata el párrafo 2º del título
IX de la Ley de Navegación, excepto en lo relativo al tribunal competente para
conocer de dichas materias.

§ 5. Del procedimiento sobre arraigo o retención de naves y su alzamiento.

Art. 1231- El titular de un crédito que goce de algún privilegio sobre una
nave, establecido en este Código o en las leyes que lo complementan, podrá ocurrir
ante el tribunal civil de turno del lugar donde aquélla se encuentre o ante el
tribunal civil de turno que fuere competente según las normas de este Libro, para
solicitar se prohiba el zarpe de aquélla, desde el puerto o lugar en que se
encuentre, con el objeto de garantizar el ejercicio del crédito privilegiado o
asegurar el cumplimiento de una decisión judicial que pueda implicar la realización
de la nave afectada.
El tribunal requerido deberá acceder a esa petición, sin más trámite, siempre
que se acompañen antecedentes que constituyan presunción del derecho que se
reclama.
Si no fueren suficientes dichos antecedentes o el peticionario manifestare no
poseerlos aún, el tribunal podrá exigir que se constituya garantía por los
eventuales perjuicios que se causen si posteriormente resultare que su petición
carecía de fundamentos.

Art. 1232- Para los efectos de este párrafo, los términos prohibición de zarpe
retención, arraigo e inmovilización, se consideran sinónimos. No se comprende
dentro de estas expresiones el embargo de una nave decretado en procedimientos de
apremio.

Art. 1233- La retención o arraigo de que trata este párrafo, podrá solicitarse
también respecto del puerto o lugar donde se espera que la nave arribe.
Si el tribunal ante el cual se solicita el arraigo fuere competente para conocer
de la acción que se pretende ejercitar, podrá pedirse que el arraigo o retención
se practique en cualquier otro puerto al cual arribe la nave.

Art. 1234- Una nave podrá ser objeto de la medida precautoria especial de que
trata este párrafo, en los siguientes casos:
a) Cuando la nave es el objeto material sobre el cual se ejerce el privilegio, o
b) Cuando el acreedor es titular de un privilegio sobre otra nave que pertenece
al mismo dueño, o está sujeta a la misma administración, o es operada por esa
misma persona.
Art. 1235- El arraigo o retención de una nave se cumplirá mediante


notificación a la autoridad marítima del lugar en que aquélla se encuentre, o por
oficio o notificación al Director General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, si la nave no se encuentra dentro de la jurisdicción del tribunal que
hubiere decretado la medida. No será necesaria notificación previa a la persona
contra quien se solicita la medida.
En casos urgentes, podrá el tribunal comunicar el arraigo por telegrama, télex
u otro medio fehaciente.
Cuando se tratare de una gestión prejudicial, el arraigo deberá además
notificarse a la persona contra la cual se solicita, dentro del plazo de diez días
contado desde la resolución que lo concedió. Este plazo podrá ser prorrogado por
el tribunal, por motivos fundados.
La falta de notificación dentro del plazo referido o de la última de sus
prórrogas, producirá la caducidad automática del arraigo decretado, lo que será
comunicado de oficio a la respectiva autoridad marítima.

Art. 1236- Cuando se tratare de una gestión prejudicial precautoria, el
solicitante deberá expresar la acción que se propone deducir y someramente sus
fundamentos. Si la acción no se refiere a la tenencia o posesión de la nave sino al
cobro de alguna prestación pecuniaria, el actor deberá señalar el monto y forma de
garantía que estima suficiente para asegurar el resultado de la acción. Si la
petición se formula simultáneamente con la demanda o en el curso del pleito, el
actor indicará en ella su pretensión sobre el monto de la garantía y su forma de
constitución.
Tan pronto como se hubiere proporcionado la garantía solicitada, el tribunal
alzará el arraigo sin más trámites. Procederá en igual forma si las partes
estuvieren de acuerdo sobre dichos respectos. El tribunal podrá también calificar
la suficiencia de la garantía que ofrezca el demandado, o dar tramitación
incidental a esta materia. En todo caso, el monto de la garantía no podrá exceder
al valor de la nave arraigada.
La garantía que se otorgue subrogará a la nave como objeto exclusivo del
privilegio respectivo.

Art. 1237- La persona que ha constituido la garantía o a quien ella afecte,
podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que se la modifique,
reduzca o alce.
Las gestiones para alzar un arraigo no perjudican el derecho del peticionario
para alegar u oponer posteriormente las excepciones o defensas que crea le competen.
Tampoco se considerarán como renuncia al derecho de limitar responsabilidad conforme
a los artículos 889 y siguientes.

Art. 1238- La solicitud de oposición a una retención o arraigo, así como la de
objeción al monto o forma de constitución de la garantía, se tramitarán como
incidente y sin que su interposición suspenda los efectos de la resolución
impugnada.
La petición sobre modificación, reducción o alzamiento de una garantía
sustitutiva de un arraigo, se tramitará también como incidente.

Art. 1239- En lo no dispuesto en este párrafo o a falta de acuerdo de las
partes, regirán para las medidas especiales de que aquí se trata, las normas sobre
medidas prejudiciales y precautorias de los títulos IV y V del Libro II del Código
de Procedimiento Civil.

Art. 1240- Las disposiciones de este párrafo no excluyen el ejercicio de otras
medidas cautelares del derecho común que puedan corresponder a un acreedor para
asegurar el resultado de su acción, o para los casos en que no se tratare de un
crédito que goce de privilegio sobre una nave.

TITULO IX
Disposiciones Complementarias

§ 1. De las Protestas

Art. 1241- Para los efectos de este Libro, se entiende por protesta al acto


mediante el cual una persona deja constancia del acaecimiento de hechos u omisiones
relacionados con la navegación o el comercio marítimo, que puedan afectar su
responsabilidad, la de sus principales o dependientes, o bien, hace reserva de
derechos o acciones que puedan emanar de dichos hechos u omisiones, respecto de las
mismas personas aquí aludidas.

Art. 1242- Las protestas deben expresarse por escrito, de cualquier manera que
permita acreditar su formulación.
La expresión por escrito comprenderá el télex, el telegrama o cualquier otro
medio que registre o repita lo estampado por quien protesta en instrumentos o
aparatos diseñados para tal efecto.

Art. 1243- Cuando la ley o la reglamentación respectiva dispongan que la
protesta deba formularse ante la autoridad marítima, ella se hará mediante una
presentación por escrito ante dicha autoridad. Esta presentación será eficaz para
todos los demás efectos a que haya lugar.

§ 2. De la unidad de cuenta y su conversión y de los intereses

Art. 1244- Cuando en este Libro se indique una cantidad o el valor de una
indemnización en unidades de cuenta, o que deben establecerse en función de
aquéllas, se entenderá por tal, a la unidad denominada Derecho Especial de Giro,
definida por el Fondo Monetario Internacional o la que lo reemplace.
El valor del Derecho Especial de Giro se calculará según el método de
evaluación, establecido por el Fondo Monetario Internacional en sus operaciones y
transacciones, a la fecha del cumplimiento de la obligación de que se trate.
La determinación de la equivalencia del Derecho Especial de Giro en moneda
nacional, corresponderá al Banco Central de Chile.

Art. 1245- Las obligaciones de dinero devengarán interés corriente desde la
constitución en mora del deudor, salvo que se hubiere pactado uno mayor. Las
indemnizaciones devengarán también interés corriente, a contar del hecho que las
origina.

TITULO X
De la Prescripción

Art. 1246- Las acciones para el cobro del pasaje y del flete, incluyendo sus
accesorios, prescriben en el plazo de seis meses.
Este plazo se contará desde que la obligación se hubiere hecho exigible, según
las respectivas estipulaciones de las partes o normas legales que regulen la materia,
y en su defecto, desde el término del viaje para el cobro del pasaje y desde la
fecha en que termina la entrega de las mercancías en el lugar de destino o en la
fecha en que debieron entregarse, según sea el caso.

Art. 1247- La acción para que se declare una avería común, prescribe en el
término de seis meses, contado desde la fecha de entrega de las mercancías o desde
que se pone término al viaje.
A su vez, la acción para exigir el cobro de la contribución, prescribe en seis
meses desde que se ha comunicado la emisión de la liquidación de la avería común.
Pero, cuando ésta ha sido impugnada en su legitimidad, los seis meses correrán para
el impugnante desde la terminación del juicio.

Art. 1248- Prescriben en dos años todas las demás acciones que procedan de las
obligaciones de que trata este Libro, a las que no se le haya señalado un plazo
especial.

Art. 1249- El tiempo de prescripción se contará:
1º En los contratos de fletamento:
a) Si fueren a casco desnudo o por tiempo, desde la fecha de vencimiento del
contrato o de interrupción definitiva de su ejecución, y


b) Si se trata de un fletamento por viaje, desde la fecha prevista para su
término, o desde la fecha en que el contrato se hubiere resuelto o rescindido.
2º En los contratos de transporte marítimo, desde el día en que termina la
entrega de las mercancías por el porteador, o de parte de ellas, o cuando no hubo
entrega, desde el término del último día en que debieron haberse entregado.
No obstante, la persona declarada responsable podrá ejercitar la acción de
repetición que le corresponda, aun después de expirado dicho plazo de
prescripción. Para ello, dispondrá de un plazo de seis meses, contado desde la
fecha en que haya satisfecho voluntariamente la reclamación o haya sido condenado
por sentencia firme a pagar en virtud de una acción ejercitada en su contra.
3º En el contrato de pasaje:
a) En las acciones de resarcimiento por daños y de perjuicios por lesiones a un
pasajero, o por la pérdida o daños del equipaje, desde la fecha del desembarco del
pasajero;
b) En caso de muerte de un pasajero ocurrida durante el transporte, desde la
fecha en que debió desembarcar;
c) Si el fallecimiento ocurre con posterioridad al desembarco, pero a causa de
lesiones sufridas durante el transporte, desde la fecha del fallecimiento, pero sin
que el plazo total pueda exceder de tres años, contado desde el desembarco.
El plazo de prescripción de dos años para las acciones que se mencionan en las
tres letras anteriores, se aplicará sea que la acción se fundamente en una
responsabilidad contractual o extracontractual del transportador o sus dependientes,
y
d) En el cobro de indemnizaciones por resolución del contrato de pasaje, el
plazo de seis meses se contará desde la cancelación del viaje o desde que
ocurrieron los hechos que impiden su realización o continuación.
4º En caso de abordaje, el plazo se contará desde la fecha del accidente.
Sin embargo, el tiempo de prescripción será de tres años, si la nave
responsable no pudo ser retenida o demandada mientras se encontraba dentro de las
aguas sometidas a la jurisdicción nacional, por haberlas abandonado después del
abordaje sin recalar en algún puerto de la República.
5º En el cobro de servicios de auxilio, el plazo se computará desde el día en
que las operaciones respectivas quedaron terminadas, y
6º El plazo de prescripción de la acción que compete al naviero, dueño u
operador para repetir de los demás beneficiados con los auxilios, sólo correrá
desde que hubieren sido condenados a pagar por sentencia a firme o hayan pagado
voluntariamente la remuneración o compensación por los servicios al asistente.

Art. 1250- Podrá interrumpirse sucesivamente el plazo de prescripción mediante
declaración escrita de la persona a cuyo favor corra, pero comenzará a correr
nuevamente a contar de la fecha de la última declaración.

LIBRO IV
"De las quiebras"

TITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. La presente ley trata de los siguientes concursos: la quiebra;
los convenios regulados en el Título XII; y las cesiones de bienes del Título XV.
El juicio de quiebra tiene por objeto realizar en un solo procedimiento los
bienes de una persona natural o jurídica, a fin de proveer al pago de sus deudas, en
los casos y en la forma determinados por la ley.

ARTICULO 2° La quiebra produce para el fallido y todos sus acreedores un estado
indivisible.


Comprenderá, en consecuencia, todos los bienes de aquél y todas sus obligaciones
aun cuando no sean de plazo vencido, salvo aquellos bienes y obligaciones que la ley
expresamente exceptúe.

ARTICULO 3° El juicio de quiebra se tramitará en dos ramos principales: el de
Quiebra y el de Administracion. En el primero se tramitará también la verificación
de créditos.

ARTICULO 4° Aun cuando entre los acreedores haya personas que gocen de fuero
especial, conocerá del juicio de quiebra el tribunal que sería competente sin esa
circunstancia.

ARTICULO 5° Toda cuestión que se suscite en el juicio de quiebra o en materia
de convenios se tramitará como incidente a menos que la ley señale un procedimiento
diverso.
Salvo las excepciones expresamente contempladas en esta ley, las apelaciones se
concederán en el solo efecto devolutivo y gozarán de preferencia para su
agregación extraordinaria a la tabla y para su fallo.
Los términos de días establecidos en esta ley se entenderán suspendidos
durante los feriados, a menos que ella misma o el tribunal, por motivos fundados,
disponga lo contrario.
Los expedientes relativos a los concursos de que trata la presente ley, sólo
podrán ser retirados por la Superintendencia de Quiebras, el síndico o el experto
facilitador. En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del
expediente original o de algún cuaderno o piezas del proceso, el trámite se
cumplirá, sin excepción, remitiendo, a costa del peticionario o de la parte que
hubiere interpuesto el recurso o realizado la gestión que origina la petición, las
copias o fotocopias respectivas. Éstas deberán ser debidamente certificadas, en
cada hoja, por el secretario del tribunal.
ARTICULO 6° Siempre que esta ley o el tribunal ordene que una resolución se
notifique por avisos, se entenderá que debe publicarse un aviso en el Diario
Oficial. El aviso, aprobado en su texto por el tribunal, contendrá un extracto de la
petición y copia íntegra de la resolución, a menos que esta ley o el tribunal
disponga lo contrario.

TITULO II
De la Superintendencia de Quiebras

TITULO III
De los Síndicos

1.- De la nómina nacional de síndicos.

ARTICULO 14° Existirá una nómina nacional de síndicos integrada por aquellas
personas legalmente investidas como tales por la autoridad competente.

ARTICULO 15° El nombramiento de los síndicos que conformarán la nómina se
hará por decreto expedido a través del Ministerio de Justicia.
ARTICULO 16°. Sólo podrán optar a ser nombrados síndicos las personas que


tengan el título de ingeniero con a lo menos diez semestres de estudios o contador
auditor o de contador público, otorgados por universidades del Estado o reconocidas
por éste o de abogado, que hayan ejercido la profesión a lo menos por cinco años,
y que aprueben el examen a que se refiere el inciso siguiente.
Los postulantes a integrar la nómina de síndicos deberán aprobar un examen de
conocimientos ante la Superintendencia de Quiebras, la que deberá señalar fecha
para rendirlo, a lo menos dos veces al año.
Los síndicos que integran la nómina deberán rendir un examen de conocimientos
ante la misma Superintendencia, con una frecuencia no superior a tres años.
El síndico que repruebe el examen quedará suspendido para asumir en nuevas
quiebras, convenios o cesiones de bienes, y deberá rendirlo otra vez, dentro del
año calendario siguiente, en la fecha que fije la Superintendencia para todos los
que se encuentren en la misma situación. Si en esa oportunidad reprueba nuevamente,
dejará de formar parte de la nómina nacional de síndicos.
Los exámenes contemplarán exigencias comunes para todos los postulantes o
síndicos que lo rindan conjuntamente en cada oportunidad. El Superintendente deberá
señalar con la debida anticipación las materias que incluirán los exámenes.

ARTICULO 17° No podrán ser síndicos, las personas que a continuación se
expresan:
1. Las que hubieren sido declaradas en quiebra, o se encontraren en estado de
notoria insolvencia, y las que, dentro de los dos años anteriores a la declaración
de quiebra de una persona jurídica, hubieren actuado como directores o
administradores de ella;
2.- Las que hayan sido condenadas por crimen o simple delito; 3.- Las que
desempeñen un cargo o función públicos, sea en instituciones del Estado, en la
Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales,
autónomas u organismos creados por aquél o dependientes de él, aunque no sean del
nombramiento del Presidente de la República ni reciban remuneración del Estado.
No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto de las personas que
desempeñen un cargo o función en instituciones de educación superior;
4. Las que tuvieren incapacidad física o mental para ejercer el cargo, y
5. Las que hubieren dejado de integrar la nómina nacional en virtud de las
causales señaladas en los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 del artículo 22.

ARTICULO 18° Toda persona interesada en desempeñar la actividad de síndico
podrá, en cualquier tiempo, presentar su solicitud ante el Ministerio de Justicia a
través de la Superintendencia de Quiebras.
En dicha solicitud deberá expresar si desea ejercer en todo el territorio
nacional o en una o más regiones.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud los antecedentes que acrediten
el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 16° y una
declaración jurada en la que se exprese no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades contempladas en el artículo 17°.

ARTICULO 19° La inclusión o exclusión de una persona de la nómina nacional de
síndicos se publicará en el Diario Oficial.

ARTICULO 20° El Ministerio de Justicia deberá mantener en forma permanente y
debidamente actualizada la nómina nacional de síndicos, con indicación de las
respectivas profesiones o actividades y domicilios. Dicha lista tendrá carácter
público.

ARTICULO 21° Las personas que figuren en la nómina nacional podrán desempeñar
sus funciones en cualquier lugar o región del país, a menos que expresaren su


voluntad de ejercer sólo en una o más regiones.
Será obligatorio el desempeño en la región en que el síndico estuviere
domiciliado y en aquellas que se hubieren indicado en la solicitud a que se refiere
el artículo 18°.
Los gastos de traslado y otros necesarios para el desempeño de las funciones del
síndico, cuando su domicilio fuere distinto del domicilio del fallido, se
considerarán como gastos de administración de la quiebra y, en caso de no ser
aprobados por la junta de acreedores en su primera reunión, serán regulados por el
tribunal que conozca de la quiebra.

Artículo 21 bis. La junta de acreedores, en su primera reunión ordinaria,
deberá acordar si exige o no al síndico una garantía de fiel desempeño de su
cargo y, en caso afirmativo, la clase y monto de ella.
El síndico deberá mantener vigente la garantía mientras subsista su
responsabilidad.

ARTICULO 22° Los síndicos serán excluidos de la nómina nacional en los casos
siguientes:
1.- Por haber sido nombrados en contravención a los artículos 16°, 17°, 18°
inciso tercero y 19°;
2.- Por inhabilidad sobreviniente de acuerdo con las causales mencionadas en el
artículo 17°;
3. Por intervenir a cualquier título en quiebras que no estuvieren o hayan
estado a su cargo, salvo las actuaciones que le correspondan en su calidad de
síndico, de acreedor con anterioridad a la quiebra, de representante legal en
conformidad al artículo 43 del Código Civil, y de lo previsto en el artículo 28.
La delegación parcial de funciones establecida en este último artículo deberá ser
conocida y aprobada en la siguiente junta de acreedores;
4. Por adquirir para sí o para terceros cualquier clase de bienes en las
quiebras, convenios o cesiones de bienes en que intervengan como síndico;
5. Por enajenar cualquier clase de bienes de las quiebras o cesiones de bienes en
que intervenga como síndico a su cónyuge; a alguna persona jurídica en que tenga
interés económico directo o indirecto; a los socios o accionistas de sociedades en
las cuales tenga participación, salvo aquellas que se encuentren inscritas en el
Registro de Valores; a las personas con las que posea bienes en comunidad, con
excepción de los copropietarios a que se refiere la ley Nº19.537, sobre Propiedad
Inmobiliaria; a sus dependientes; a los profesionales o técnicos que le presten
servicios; y a sus ascendientes y descendientes y colaterales por consanguinidad o
afinidad hasta el segundo grado inclusive;
6. Por proporcionar u obtener cualquier ventaja en las quiebras o cesiones de
bienes en que intervenga como síndico;
7.- Por negarse, sin causa justificada, a aceptar una designación;
8.- Por haberse declarado judicialmente, por sentencia firme, su responsabilidad
civil o penal, en conformidad con el artículo 38°;
9.- Por renuncia presentada ante el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las
obligaciones y responsabilidades por las funciones que ya hubiere asumido;
10. Por sentencia ejecutoriada que rechace la cuenta definitiva que debe
presentar en conformidad a la ley;
11. Por infracciones reiteradas que en su conjunto constituyan una conducta
grave, o por infracción grave a las disposiciones legales o reglamentarias o a las
instrucciones que imparta la Superintendencia en uso de sus atribuciones;
12.- Por haber sido removido de su cargo en el caso del número 9 del artículo
8°, y
13. Por reprobar por segunda vez el examen, en el caso del inciso cuarto del
artículo 16, y
14.- Por muerte.
Producidas las circunstancias señaladas en los números precedentes, el
Ministerio de Justicia, de oficio o a petición del juez de la quiebra o de la
Superintendencia, dictará el decreto de exclusión respectivo.
El síndico podrá reclamar de su exclusión ante la Corte de Apelaciones de su
domicilio dentro de los cinco días de notificado el decreto. La Corte conocerá el
reclamo en cuenta, con audiencia de las partes y sin ulterior recurso, debiendo


apreciarse la prueba en conciencia.
Sin perjuicio de la cesación del síndico en el cargo, subsistirá la
obligación de rendir cuenta de su gestión, cuando proceda, así como la
responsabilidad civil, penal y administrativa en que pudiere haber incurrido.
El síndico que cese anticipadamente en el cargo deberá hacer entrega de los
bienes y antecedentes de cada quiebra, convenio o cesión de bienes bajo su
administración o intervención al nuevo síndico titular, dentro de cinco días
contados desde la fecha en que este último haya asumido.
En caso de incumplimiento de esta obligación o de la de rendir su cuenta de
administración, el tribunal de la quiebra, de oficio o a petición de cualquier
interesado, requerirá el cumplimiento de ellas bajo el apercibimiento señalado en
el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, caso en el cual las multas
establecidas en dicha disposición podrán alcanzar hasta 60 unidades de fomento, sin
perjuicio de que el nuevo síndico titular incaute inmediatamente los bienes y
antecedentes de la quiebra, de acuerdo con los artículos 94 y siguientes de esta
ley.

2.- De la designación de síndico y la asunción al cargo.

ARTICULO 23° Sólo podrán ser designados síndicos de una quiebra aquellas
personas que, a la época de solicitarse la respectiva declaración de quiebra,
formaban parte de la nómina a que se refiere al artículo 14°, y que permanezcan en
ella al momento de su nombramiento por el juez o por la junta de acreedores.

ARTICULO 24° No podrán ser designados síndicos de una quiebra, convenio o
cesión de bienes:
1. El cónyuge ni los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad del fallido o deudor; y de los que hayan sido directores
titulares o administradores de la persona jurídica, en los dos años anteriores a la
quiebra, proposición de convenio o solicitud de cesión de bienes;
2. Los acreedores y deudores del fallido o deudor y todos los que tuvieren un
interés directo o indirecto en la quiebra, convenio o cesión de bienes;
3. Los administradores de bienes del fallido o deudor que fuere persona natural
y los que hubieren tenido tal calidad dentro de los dos años anteriores a la
declaración de quiebra, convenio o cesión de bienes, como asimismo los trabajadores
de los acreedores y deudores de aquél;
4. Los que tengan objetada la cuenta en alguna de sus quiebras, desde el momento
en que se insistiere en uno o más reparos. Sin embargo, si las objeciones no
estuvieren respaldadas por la opinión favorable de la Superintendencia de Quiebras
el síndico podrá ser designado, y
5. Los que estuvieren suspendidos en conformidad a lo dispuesto en el Nº5 del
artículo 8º.

ARTICULO 25° El tribunal, junto con declarar la quiebra, designará un síndico
titular y otro suplente, en conformidad con los artículos 42 ó 44, según
corresponda, que tendrán el carácter de provisionales en tanto no los ratifique la
junta de acreedores o hasta que entren en funciones los que ésta designare.
Si el síndico designado como titular cesare definitivamente en su cargo,
asumirá el suplente, el que continuará hasta la total tramitación de la quiebra.
Si faltare éste, la junta de acreedores o el tribunal, de oficio o a petición de
cualquier interesado, hará nuevas designaciones. Los síndicos designados en
conformidad a este inciso deberán asumir aun cuando la quiebra no tenga bienes o


fondos por repartir o su cuenta final esté aprobada.
No se aplicará lo dispuesto en el inciso precedente al síndico que estuviere
impedido transitoriamente y que hubiere constituido mandatario conforme al artículo
28°.
Si el síndico se encontrare suspendido, asumirá el suplente por todo el
período que dure la suspensión o impedimento. Igual norma se aplicará cuando el
síndico se encontrare transitoriamente impedido para desempeñar el cargo sin haber
constituido mandatario.

ARTICULO 26° Los síndicos, titulares o suplentes, provisionales o definitivos,
asumirán su cargo previa aceptación y juramento ante el ministro de fe que les
notifique su designación.
Se dejará constancia en autos de la notificación, aceptación y juramento, o de
la negativa fundada, en su caso.
El juramento recaerá sobre el fiel desempeño del cargo, que comprenderá, en
todo caso, el resguardo de los intereses generales de los acreedores y el pronto
cumplimiento de su cometido.
El síndico titular entrará en funciones tan pronto acepte y preste juramento,
sin esperar la constancia procesal a que se refiere el inciso segundo.
El síndico que no aceptare el cargo y que, en el acto de notificársele su
designación o dentro de tercero día, no presentare excusa fundada, o que,
habiéndola presentado, ésta hubiere sido calificada de insuficiente por el
tribunal, será eliminado de la nómina una vez cumplido el plazo señalado o
ejecutoriada la sentencia que resuelva el incidente, según corresponda. Para estos
efectos, el juez comunicará tales hechos al Ministerio de Justicia.

3.- De las atribuciones y deberes de los síndicos.

ARTICULO 27° El síndico representa los intereses generales de los acreedores,
en lo concerniente a la quiebra, y representa también los derechos del fallido, en
cuanto puedan interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades de aquéllos y de
éste determinadas por la ley.
Le incumbe especialmente:
1.- Actuar en resguardo de dichos intereses y derechos, en juicio y fuera de él,
con plena representación del fallido y de los acreedores;
2.- Hacer las publicaciones e inscripciones de la declaración de quiebra, y
remitir, a los acreedores que residan en el extranjero, las cartas a que se refiere
el N° 7 del artículo 52°;
3.- Exigir del fallido que le suministre la imformación que juzgue necesaria
para el mejor desempeño de su cargo, y le entregue sus libros, papeles y documentos;
4.- Cerrar los libros de comercio del fallido;
5.- Abrir la correspondencia del fallido con intervención del tribunal, y
retener las cartas y documentos que tengan relación con los negocios de la quiebra;
6.- Proponer la fecha de la cesación de pagos;
7.- Recibirse bajo inventario de los bienes de la quiebra y administrarlos en
conformidad a la ley;
8.- Continuar provisionalmente el giro de los establecimientos del fallido, con
conocimiento de éste;
9.- Continuar efectivamente el giro del fallido con autorización del tribunal o
con acuerdo de la junta de acreedores, según corresponda;
10.- Cobrar los créditos del activo de la quiebra;
11.- Celebrar compromisos o transacciones previo acuerdo de la junta de
acreedores;
12.- Contratar préstamos para subvenir a los gastos de la quiebra, debiendo
informar de ello en la próxima reunión de la junta de acreedores;
13.- Ceder a título oneroso los derechos que el fallido tenga en sociedades,
comunidades o asociaciones o pedir su disolución, liquidación o partición, a falta
de interesados.
Al efecto, representará al fallido en los actos y contratos que deban realizarse
u otorgarse, en el nombramiento de árbitros o liquidadores y en los respectivos


juicios de liquidación y partición;
14.- Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del
fallido;
15.- Impugnar los créditos en conformidad a lo dispuesto en el párrafo primero
del Título X;
16.- Realizar los bienes de la quiebra;
17.- Depositar a interés en un banco o institución financiera, los fondos que
perciba, en cuenta separada para cada quiebra y a nombre de ésta, y abrir una cuenta
corriente con los fondos indispensables para solventar los gastos que aquélla
demande;
18.- Hacer repartos de fondos, en la forma dispuesta en el párrafo segundo del
Título X;
19.- Desempeñar las funciones de interventor o depositario en los casos que esta
ley determina;
20.- Servir de síndico en los concursos de hipotecarios que se abran dentro de
la quiebra y llevar cuenta separada de todo lo concerniente a cada uno de ellos;
21.- Comunicar, dento de los diez días siguientes al de su asunción al cargo,
la declaratoria de quiebra al Servicio de Tesorerías del domicilio del fallido;
22.- Ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la junta de acreedores dentro
del ámbito de su competencia, y
23.- Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que la ley
le asigna.

ARTICULO 28° El síndico podrá delegar parte de sus funciones, bajo su propia
responsabilidad y a su costa, en mandatarios que designe de la nómina nacional de
síndicos y que no estén afectos a las inhabilidades del artículo 24°. La
delegación y aceptación deberán constar en instrumento público, copia del cual se
agregará a los autos y de ella se dará cuenta en la próxima reunión de la junta
de acreedores. De igual forma se procederá para poner término a la delegación.

4.- De la cuenta del síndico y de la cesación en el cargo.

ARTÍCULO 29. El síndico rendirá periódicamente cuentas provisorias de su
gestión a la junta de acreedores, en la forma y plazos que establezca la
Superintendencia de Quiebras en conformidad al número 3 del artículo 8º. Estos
plazos no podrán ser superiores a seis meses.
El pronunciamiento de la junta de acreedores respecto de las cuentas provisorias
no impedirá objetar la cuenta definitiva en las materias incluidas en ellas.
Si el síndico no presentare cualquiera de las cuentas provisorias señaladas en
este artículo, la Superintendencia podrá aplicarle una multa a beneficio fiscal de
hasta 15 unidades de fomento.

ARTICULO 30° El síndico rendirá cuenta definitiva de su gestión a más tardar
a los treinta días siguientes a aquel en que hubieren vencido los plazos
establecidos en los artículos 109° y 130°. Deberá rendirla antes, sin embargo, en
caso de que se hubieren agotado los fondos o se hubieren pagado íntegramente los
créditos reconocidos y no haya impugnaciones por resolver, o todos los acreedores
hubieren convenido desistirse de la quiebra o remitir sus créditos. Deberá,
asimismo, rendir cuenta cuando hubiere cesado anticipadamente en el cargo.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las facultades que confiere a
la junta de acreedores el artículo 116°.
La cuenta definitiva se presentará al tribunal, el que ordenará notificarla


mediante aviso. El tribunal citará a una junta de acreedores, la que deberá
celebrarse al decimoquinto día siguiente a su notificación. El aviso contendrá un
extracto de la cuenta definitiva e indicará el lugar, día y hora de celebración de
la respectiva junta. Conjuntamente con la presentación de la cuenta definitiva al
tribunal, el síndico deberá remitir copia de ella a la Superintendencia de
Quiebras.
A contar de la fecha fijada para la junta, háyase ésta realizado o no, los
acreedores y el fallido que no se hayan pronunciado a favor de la aprobación de la
cuenta y la Superintendencia de Quiebras, dispondrán del plazo de treinta días
hábiles para objetar la cuenta rendida por el síndico.

ARTÍCULO 31. En caso de que algún acreedor, el fallido o la Superintendencia
objetaren la cuenta, el síndico dispondrá del plazo de diez días, contado desde la
última notificación por cédula de la o las objeciones, para contestar fundadamente
las observaciones. Si no obstante la contestación, de la que se dará traslado por
el plazo de diez días al o los objetantes, cualquiera de ellos insistiere en sus
objeciones, el tribunal resolverá en definitiva, previo informe de la
Superintendencia, el que deberá ser evacuado dentro de treinta días.
La aprobación de la cuenta definitiva impide el ejercicio de las facultades
fiscalizadoras de la Superintendencia en relación a las partidas contenidas en ella,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1465 del Código Civil.

ARTICULO 32° El síndico cesará en su cargo en la quiebra, convenio o cesión
de bienes:
1.- Por haber dado cumplimiento a su cometido;
2.- Por no haberse confirmado la designación del síndico provisional;
3.- Por la revocación de la junta de acreedores;
4.- Por renuncia, que deberá ser justificada y aceptada por la junta de
acreedores o, en su defecto, por el tribunal;
5.- Por haber dejado de formar parte de la nómina nacional de síndicos, salvo
el caso del N° 9 del artículo 22°, y
6. Por sobrevenir alguna de las causales de inhabilidad contempladas en los
números 1, 2 y 3 del artículo 24. El síndico deberá dar cuenta al juez de la
causa y a la Superintendencia de Quiebras de la inhabilidad que le afecte. El
incumplimiento de la mencionada obligación será constitutivo de falta grave.
Declarada la inhabilidad por el tribunal el síndico cesará en su cargo.
La declaración de inhabilidad no podrá ser opuesta a terceros de buena fe.
7.- ELIMINADO.

5.- De la remuneración del síndico.

ARTÍCULO 33. El síndico definitivo tendrá como remuneración única por el
ejercicio de sus funciones el honorario determinado en la forma señalada en el


artículo siguiente. Dicho honorario constituirá gasto de administración de la
quiebra, y con cargo a éste el síndico deberá costear los gastos de su oficina,
las remuneraciones de sus trabajadores, todo pago de honorarios a abogados,
contadores, asesores, cualquier otra clase de profesionales, técnicos y prestadores
de servicios que haya contratado para el cumplimiento de su cometido, y la parte del
honorario del ministro de fe a que se refiere el artículo 94, en cuanto exceda el
arancel fijado para los notarios. Lo anterior no se aplicará a los gastos
comprendidos en el inciso 1º del artículo 111.
Se prohíbe al síndico percibir de la quiebra, por sí o por interpósita
persona, cualquier ingreso adicional al honorario señalado, sin perjuicio de los
honorarios que pudieren corresponderle en conformidad al artículo 113, como
administrador de la continuación del giro.

Artículo 34. El honorario único a que se refiere el artículo anterior será
proporcional al monto de los repartos de fondos que se efectúen en la quiebra, salvo
lo dispuesto para el primer tramo en este artículo, de acuerdo con la escala
expresada en unidades de fomento que se señala a continuación, según su valor en
pesos a la fecha del respectivo reparto:
Sobre la parte que exceda de 0 y no sobrepase de 2.000 Unidades de Fomento,
20,00%.
Sobre la parte que exceda de 2.000 y no sobrepase las 4.000 Unidades de Fomento,
15,00%.
Sobre la parte que exceda de 4.000 y no sobrepase las 8.000 Unidades de Fomento,
11,00%.
Sobre la parte que exceda de 8.000 y no sobrepase las 16.000 Unidades de
Fomento, 8,00%.
Fomento, 6,00%.
Fomento, 4,00%.
Fomento, 3,00%.
Fomento, 2,25%.
Fomento, 1,75%.
Sobre la parte que exceda de 520.000 y no sobrepase 1.000.000 de Unidades de
Fomento, 1,50%.
Sobre la parte que exceda de 1.000.000 de Unidades de Fomento, 1%.
El primer tramo de la tabla se calculará sobre los ingresos de la quiebra
cuando no hubiere repartos o si por su aplicación a los repartos correspondiere al
síndico un honorario inferior a 15 unidades de fomento, y en este caso el honorario
no podrá exceder de esta cantidad.
En todos los repartos de fondos que el síndico efectúe, deducirá previamente
la cantidad que le corresponda por honorarios.
Para el cálculo del honorario que corresponda al síndico en cada reparto, la
tabla precedente se aplicará en la forma progresiva descrita, a partir del
respectivo tramo. En consecuencia, para la aplicación de la tabla y determinación
del porcentaje de honorario que le corresponde en cada reparto, deberá considerarse
el monto total distribuido en repartos anteriores.
No obstante lo señalado anteriormente, en junta de acreedores se podrá
convenir y fijar un honorario inferior o superior al establecido en este artículo.
Para los efectos de acordar un honorario superior al de la tabla, bastará el


voto favorable de cada uno de los acreedores que acepten concurrir al pago del exceso
a su propio cargo y sólo a ellos corresponderá su pago. Estos acreedores podrán
convenir con el síndico los valores correspondientes y su forma de pago, de lo cual
deberá quedar constancia en actas. El acta de la respectiva junta será título
ejecutivo suficiente para efectuar el cobro por el síndico a los acreedores de los
valores que se convengan. Dicha acta deberá ser firmada además por todos los
acreedores que han accedido al aumento de los honorarios.
En junta extraordinaria de acreedores se podrán autorizar al síndico
definitivo anticipos que no podrán exceder del diez por ciento de los ingresos en
dinero efectivo que se hayan producido en la quiebra hasta ese momento, ni del
veinticinco por ciento del honorario de la tabla correspondiente a los dos primeros
tramos, ni del diez por ciento en los tramos siguientes. En caso alguno, el total de
anticipos podrá exceder del treinta y tres por ciento de los honorarios que
correspondan al síndico. Para estos efectos, la tabla de este artículo se aplicará
sobre los ingresos efectivos que hasta ese momento se hayan producido en la quiebra.

ARTICULO 35° Los honorarios que correspondan al síndico provisional, cuando no
fuere ratificado por la junta de acreedores, o al síndico definitivo, cuando cesare
anticipadamente en el cargo, serán acordados entre éstos y la junta de acreedores.
A falta de acuerdo serán fijados por el tribunal de la quiebra.
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará al síndico suplente que asuma
como titular.
En los casos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 25°, los honorarios
del síndico suplente serán fijados por el juez con cargo a los honorarios del
síndico titular.

Artículo 36. No obstante lo dispuesto en el artículo 33 y previo acuerdo
adoptado en junta extraordinaria de acreedores, el síndico podrá contratar, con
cargo a los gastos de la quiebra, personas naturales o jurídicas para que efectúen
actividades especializadas debidamente calificadas como tales por la junta.
Las actividades especializadas deberán referirse directamente al cuidado y
mantención del activo del fallido, a la realización del mismo y a su entrega
material. La contratación se hará previo informe del síndico el cual contendrá
los fundamentos de la misma, el grado y alcance de la actividad y la forma en que se
beneficiarán los acreedores o se evitarán perjuicios al activo incautado.
Sólo previo acuerdo adoptado para cada caso en junta extraordinaria de
acreedores se podrán recabar informes especializados sobre materias o asuntos de
directo interés para la masa, con cargo a los gastos de la quiebra.
Los acuerdos a que se refiere este artículo se adoptarán por acreedores que
representen, a lo menos, dos tercios del pasivo de la quiebra, con derecho a voto y
podrán ser objetados por el fallido o cualquiera de los acreedores, fundados en que
se trata de una actividad comprendida en el artículo 33, dentro de treinta días de
celebrada la junta extraordinaria en que se hayan adoptado. La objeción no
suspenderá la vigencia del acuerdo y se tramitará como incidente. El juez fallará
previo informe de la Superintendencia de Quiebras.
No se requerirá la autorización señalada en este artículo para la
contratación de la persona especialmente técnica a que se refiere el número 2 del
artículo 94.
El Síndico, su cónyuge y sus parientes, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, no podrán tener participación alguna en los
actos o contratos que se ejecuten o celebren en conformidad a este artículo, como
tampoco podrán participar como socios, accionistas, trabajadores o asesores de las
personas jurídicas que sean contratadas para las actividades o informes indicados.
La transgresión a esta prohibición será constitutiva de la causal de exclusión de
la nómina nacional, prevista en el número 6 del artículo 22.
ARTICULO 37° Si la quiebra careciere de bienes o si éstos fueren insuficientes
para el pago de los honorarios que pudieren corresponder al síndico, éste sólo
tendrá derecho a una remuneración de quince unidades de fomento, que serán pagadas
por la Superintendencia con cargo a su presupuesto, al igual que la notificación por


aviso de la sentencia de quiebra, la que se hará en extracto, y la notificación de
la resolución que tenga por presentada la cuenta definitiva, que sólo contendrá la
mención de haberse presentado dicha cuenta. Las demás notificaciones que deban
practicarse por aviso, se efectuarán por el estado diario.
Para los efectos de la notificación por cédula a que se refiere el inciso
quinto del artículo 42, se aplicará el privilegio de pobreza en las quiebras de que
trata este artículo y el receptor estará obligado a efectuar la notificación, sin
esperar la resolución del incidente de que trata el Título XIII del Código de
Procedimiento Civil, si éste se promoviere.

6.- De la responsabilidad de los síndicos.

ARTICULO 38° El síndico que se concertare con el deudor, con algún acreedor o
tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será
penado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo,
salvo que cualquiera de los actos delictuosos que hubiere cometido en el desempeño
de su cargo tuviere asignada mayor pena, pues entonces se aplicará ésta. Será,
además, castigado con inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo de
síndico.
La responsabilidad civil del síndico, que alcanzará hasta la culpa levísima,
se perseguirá en juicio sumario y sólo una vez presentada la cuenta definitiva.

TITULO IV
De la declaración de quiebra

ARTICULO 39° La quiebra podrá ser declarada a solicitud del deudor o de uno o
varios de sus acreedores.

ARTICULO 40° El deudor podrá ser declarado en quiebra aunque tenga un sólo
acreedor, siempre que concurran los demás requisitos legales.

ARTICULO 41° El deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o
agrícola, deberá solicitar la declaración de su quiebra antes de que transcurran
quince días contados desde la fecha en que haya cesado en el pago de una obligación
mercantil.

ARTICULO 42° El deudor, al solicitar la declaración de su quiebra, deberá
presentar por duplicado:
1.- Un inventario o relación detallada de todos sus bienes, con expresión del
lugar en que se encuentren, de su valor estimativo y de los gravámenes que los
afecten;
2.- Una relación de los bienes que, en conformidad a la ley, están excluidos de
la quiebra,
3.- Una relación de los juicios que tuviere pendientes;
4.- Un estado de las deudas, con expresión del nombre y domicilio de los
acreedores y de la naturaleza de los respectivos títulos, y
5.- Una memoria de las causas directas o inmediatas del mal estado de sus
negocios, debiendo ella dar cuenta de la inversión del producto de las deudas
contraídas y de los demás bienes adquiridos en el año último. El deudor que
llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance y la cuenta de
ganancias y pérdidas.
Si el deudor fuere una sociedad colectiva o en comandita, las piezas indicadas
serán firmadas por todos los socios colectivos que invistan esta calidad por el
contrato social y se hallen presentes en el domicilio de la sociedad.
Si el deudor fuere otra clase de persona jurídica, las piezas en referencia
serán firmadas por sus administradores.
Para los efectos de designar un síndico titular y uno suplente en la sentencia


que declare la quiebra, el juez citará previamente, en conformidad con lo dispuesto
en los incisos siguientes, a los tres acreedores que figuren con los mayores
créditos en el estado de deudas presentado por el deudor, o a los que hubiera si
fueran menos, con el fin de que señalen los nombres de los síndicos respectivos, y
sólo a éstos el tribunal deberá designar en la sentencia.
Los acreedores señalados serán citados mediante notificación efectuada por
cédula, en la cual se indicará el nombre del acreedor y su domicilio, además del
objeto de la citación. El tribunal comisionará al receptor de turno para efectuar
esta notificación, tan pronto como se haya recibido la solicitud de declaración de
quiebra del deudor. La audiencia tendrá lugar dentro de tercer día de efectuada la
última notificación, la que el receptor deberá practicar a más tardar el tercero
día después de dictada la resolución que la disponga. La notificación
extemporánea no invalidará la audiencia señalada. El incumplimiento de esta
obligación será sancionado según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
393 del Código Orgánico de Tribunales. Los derechos que correspondan al receptor
gozarán de la preferencia que establece el número 4 del artículo 2472 del Código
Civil.
La audiencia se llevará a efecto con el o los acreedores que asistan, y en ella
se nominará a los síndicos. Si asistiere más de un acreedor, la elección se
efectuará por la mayoría del total pasivo con derecho a voto, conforme al importe
que aparezca en el estado de deudas. Si no compareciere ningún acreedor, el tribunal
repetirá por una vez el procedimiento con los tres acreedores siguientes, o con los
que hubiera si fueran menos. En caso de que lo señalado resultare imposible de
aplicar, se designará al síndico mediante sorteo, en el cual deberán incluirse los
nombres de todos los síndicos habilitados para ejercer en el territorio
jurisdiccional del tribunal. En estos procedimientos no se dará lugar a incidentes,
debiendo resolver el tribunal de plano cualquier asunto que se presente y su
resolución no será susceptible de recurso alguno.

ARTICULO 43° Cualquiera de los acreedores podrá solicitar la declaración de
quiebra, aun cuando su crédito no sea exigible, en los siguientes casos:
1.- Cuando el deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o
agrícola, cese en el pago de una obligación mercantil con el solicitante, cuyo
título sea ejecutivo;
2.- Cuando el deudor contra el cual existieren tres o más títulos ejecutivos y
vencidos, provenientes de obligaciones diversas, y estuvieren iniciadas, a lo menos,
dos ejecuciones, no hubiere presentado en todas éstas, dentro de los cuatro días
siguientes a los respectivos requerimientos, bienes bastantes para responder a la
prestación que adeude y las costas, y
3.- Cuando el deudor se fugue del territorio de la República o se oculte dejando
cerradas sus oficinas o
establecimientos, sin haber nombrado persona que administre sus bienes con facultades
para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas.
4.- DEROGADO.

ARTÍCULO 44. En la solicitud de declaración de quiebra presentada por un
acreedor se señalará la causal que la justifica y los hechos constitutivos de dicha
causal y se acompañarán documentos para acreditar los fundamentos de la petición o
se ofrecerán las pruebas que correspondan. Además, se señalará el nombre del
síndico titular y el del síndico suplente, y sólo a ellos el tribunal deberá
designar en la sentencia que declare la quiebra.
Junto con solicitar la quiebra, el acreedor peticionario deberá acompañar vale
vista o boleta bancaria a la orden del tribunal por una suma equivalente a cien
unidades de fomento, para subvenir a los gastos iniciales de la quiebra. Dicha suma
será considerada como un crédito del solicitante en contra del fallido, que gozará
de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.".
ARTICULO 45° El juzgado se pronunciará sobre la solicitud de quiebra a la
brevedad posible, con audiencia del deudor, y deberá cerciorarse, por todos los
medios a su alcance, de la efectividad de las causales invocadas.
La audiencia del deudor sólo tendrá carácter informativo, no dará lugar a
incidente, y en ella éste podrá consignar fondos suficientes para el pago de los
créditos que hubieren servido de base a la solicitud de quiebra y las costas
correspondientes, en cuyo caso no procederá la declaración de quiebra.


Si la solicitud fuere desechada en definitiva, el deudor podrá demandar
indemnización de perjuicios al acreedor, si probare que éste ha procedido culpable
o dolosamente.
Para los efectos indicados en el inciso primero de este artículo se notificará
al deudor personalmente o en la forma prevista en el artículo 44° del Código de
Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio.

ARTICULO 46° No podrán solicitar la declaración de quiebra, en sus respectivos
casos, el marido acreedor de su mujer, la mujer acreedora de su marido, el hijo
acreedor de su padre y el padre acreedor de su hijo.

ARTICULO 47° El socio comanditario no puede demandar la declaración de quiebra
de la sociedad a que pertenece; pero, si es acreedor particular de la misma, puede
provocarla en este carácter.

ARTICULO 48° La quiebra de la mujer casada y separada total o parcialmente de
bienes sólo comprenderá sus bienes propios, sin perjuicio de las responsabilidades
del marido y de la sociedad conyugal, en su caso.
La quiebra del menor adulto que administre su peculio profesional o industrial
comprenderá únicamente los bienes de este peculio.

ARTICULO 49° En los demás casos, los incapaces sólo podrán ser declarados en
quiebra a causa de obligaciones válidamente contraídas por intermedio o con
intervención de sus representantes legales o con autorización de la justicia.
En todo caso, los incapaces conservarán las acciones que les correspondan contra
sus representantes legales.
Las indemnizaciones que obtenga el incapaz en conformidad al inciso precedente y
los bienes que adquiera en virtud de títulos posteriores a la declaración de
quiebra, no ingresarán a ésta ni podrán ser perseguidos por los acreedores de
fecha anterior a esa declaración.

ARTICULO 50°. La sucesión del deudor podrá ser declarada en quiebra a
petición de los herederos o de cualquier acreedor, siempre que la causa que la
determine se hubiere producido antes de la muerte del deudor y que la solicitud se
presente dentro del año siguiente al fallecimiento. La declaración de quiebra
producirá de derecho el beneficio de separación a favor de los acreedores del
difunto.
Las disposiciones de la quiebra se aplicarán sólo al patrimonio del causante.

ARTICULO 51° La quiebra de una sociedad colectiva o en comandita importa la
quiebra individual de los socios solidarios que la componen; pero la quiebra de uno
de éstos no constituye en quiebra a la sociedad. No obstante, se tramitarán
separadamente ante el mismo tribunal la quiebra de la sociedad y la de los socios
solidarios, y concurrirán en las quiebras de los socios los acreedores personales de
éstos con los acreedores sociales.
La quiebra de la sociedad en comandita no importa la quiebra de los socios
comanditarios, aun cuando éstos sean solidariamente responsables por haberse
mezclado en la administración, pero podrán ser declarados en quiebra cuando hayan
tolerado la inserción de su nombre en la razón social.

ARTICULO 52°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 169 del Código de
Procedimiento Civil, la sentencia definitiva que declare la quiebra contendrá,
además:
1.- La determinación de si el deudor está o no comprendido en el artículo
41°. En este caso se estará a la actividad que el deudor ejercía a la fecha en que
contrajo la obligación;
2.- La designación de un síndico provisional titular y de uno suplente y la
orden de que el síndico se incaute de todos los bienes del fallido, sus libros y
documentos, bajo inventario y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la
fuerza pública por el jefe más inmediato, con la exhibición de la copia autorizada
de la declaratoria de quiebra;
3.- La orden de que las oficinas de correos y telégrafos entreguen al síndico
la correspondencia y despachos telegráficos cuyo destinario sea el fallido, para los


efectos de lo preceptuado en el número 5 del artículo 27°;
4.- La orden de acumular al juicio de quiebra todos los juicios contra el fallido
que estuvieren pendientes ante otros tribunales de cualquier jurisdicción y que
puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales;
5.- La advertencia al público de que no debe pagar ni entregar mercaderías al
fallido, so pena de nulidad de los pagos y entregas; y la orden a las personas que
tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido, para que los pongan, dentro de
tercero día, a disposición del síndico, bajo pena de ser tenidos por encubridores
o cómplices de la quiebra;
6.- La orden de hacer saber a todos los acreedores residentes en el territorio de
la República que tienen el plazo de treinta días contado desde la fecha de la
publicación de la sentencia, para que se presenten con los documentos justificativos
de sus créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán los resultados del
juicio sin nueva citación;
7.- La orden de notificar, por carta aérea certificada, la quiebra a los
acreedores que se hallen fuera de la República y mandarles que dentro del plazo
establecido en el número anterior, aumentado con el de emplazamiento correspondiente
que se expresará en cada carta, comparezcan al juicio con los documentos
justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento indicado en el número
precedente;
8.- La orden de inscribir la declaración de quiebra en el Registro de
Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces del
departamento en que se hubiere declarado la quiebra y también en el de los
Conservadores correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al fallido,
y
9.- La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera
junta de acreedores.

ARTICULO 53°. Cuando la quiebra se produzca por desaparecimiento o fuga del
deudor, la resolución que la declare designará un curador especial para que
represente al fallido.

ARTICULO 54°. La sentencia que declare la quiebra se notificará al fallido, a
los acreedores y a terceros por medio de un aviso.

ARTICULO 55°. Inmediatamente de pronunciada la sentencia que declare la quiebra,
el secretario del tribunal cuidará que se notifique, a la brevedad posible, al
síndico provisional, titular y suplente.
El secretario podrá notificar por sí o encomendando esta diligencia a otro
ministro de fe.

ARTICULO 56°. Contra la sentencia que declare la quiebra sólo podrá entablarse
el recurso especial de reposición a que se refieren los artículos siguientes.

ARTICULO 57°. El fallido, los acreedores y los terceros interesados, podrán
pedir al tribunal, dentro del plazo fatal de diez días hábiles, contados desde la
notificación a que se refiere el artículo 54°, que reponga la resolución
declaratoria de quiebra, dejándola sin efecto o rectificándola en cuanto a la
determinación a que se refiere el número 1 del artículo 52°. Esta rectificación
podrá también ser pedido por el síndico.
El recurso especial de reposición se tramitará como incidente. En él será
parte el que lo hubiere interpuesto y podrán también serlo el fallido, el que
hubiere solicitado la quiebra y el síndico.
Los demás acreedores y los terceros interesados podrán intervenir como
coadyuvantes.
Si durante la tramitación del recurso especial de reposición se decretare la
suspensión del procedimiento o se dictare orden de no innovar con posterioridad a la
incautación de los bienes, ello no obstará a que el síndico realice todos los
actos de administración necesarios para la debida conservación del activo de la
quiebra. Corresponderá al tribunal que la hubiere dictado resolver en audiencia


verbal cualquier diferencia que se suscite entre el síndico y el peticionario. El
síndico sólo podrá vender los bienes expuestos a próximo deterioro, sin perjuicio
de que con acuerdo del deudor, o con autorización judicial ante la negativa de
éste, podrá también vender los bienes sujetos a desvalorización inminente o de
dispendiosa conservación. Si la suspensión o la orden de no innovar se concede
antes de la incautación de bienes, en la resolución se establecerá que el síndico
deberá actuar como interventor, con indicación de las atribuciones de que estará
premunido. La remuneración del síndico será establecida en la misma resolución y
no podrá ser inferior al 75% ni superior al total de la remuneración del gerente o
representante legal del fallido. En los demás casos el mismo tribunal resolverá en
conciencia.

ARTICULO 58°. Las resoluciones que se dictendurante la tramitación del
incidente especial de reposición serán inapelables.
La sentencia que acoja la reposición será apelable en ambos efectos.

ARTICULO 59°. La resolución que niegue lugar a la declaración de quiebra no
será susceptible del recurso especial de reposición a que se refiere esta ley, pero
será siempre apelable en ambos efectos.

ARTICULO 60°. El deudor que no esté comprendido en el artículo 41° tendrá
derecho a que la masa le dé alimentos a él y su familia. También tendrá este
derecho el deudor a que se refiere dicho artículo, si hubiere solicitado su propia
quiebra.
La obligación de dar alimentos se suspenderá si en contra del fallido se dicta
auto de apertura del juicio oral, y cesará si es condenado en definitiva por quiebra
culpable o fraudulenta, o por alguno de los delitos a que se refiere el artículo
466° del Código Penal.
La cuantía de los alimentos será determinada por el tribunal que conoce de la
quiebra, con audiencia del síndico y de los acreedores.
La solicitud del fallido se notificará al síndico personalmente o por cédula y
a los acreedores, por avisos.

TITULO V
De la fijación de la fecha de la cesación de pagos

ARTICULO 61° El síndico, dentro del plazo de sesenta días corridos desde que
hubiere asumido el cargo, propondrá al tribunal la fecha de cesación de pagos del
fallido. El juzgado ordenará notificar por avisos esta proposición.
El fallido, los acreedores o los terceros interesados tendrán, para objetar
dicha proposición, el plazo de diez días contado desde la notificación a que se
refiere el inciso anterior.
Terminado el plazo de diez días sin que se hubieren formulado objeciones o
tramitadas las que se hubieren presentado, el tribunal fijará la fecha de la
cesación de pagos y su resolución será notificada por el estado diario.
Esta resolución sólo será susceptible del recurso de apelación.

ARTICULO 62° En caso de quiebra de un deudor no comprendido en el artículo
41°, la fecha de la cesación de pagos será aquella en que primero se produjo la
exigibilidad de algunos de los títulos ejecutivos que existan en su contra.

ARTICULO 63° La cesación de pagos no podrá ser fijada en un día anterior en
más de dos años a la fecha de la resolución que declare la quiebra.


TITULO VI
De los efectos de la declaración de quiebra

1.- Efectos inmediatos.

ARTICULO 64° Pronunciada la declaración de quiebra, el fallido queda inhibido
de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, salvo aquellos
que sean inembargables.
El desasimiento no transfiere la propiedad de los bienes del fallido a sus
acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse
de sus créditos.
La administración de que es privado el fallido pasa de derecho al síndico,
quien la ejercerá con arreglo a las disposiciones de esta ley. En consecuencia, no
podrá el fallido comparecer en juicio como demandante ni como demandado, en lo
relacionado con los bienes comprendidos en la quiebra, sin perjuicio de tenérsele
como coadyuvante. Pero podrá ejercitar por sí mismo todas las acciones que
exclusivamente se refieran a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a
ella, y ejecutar todos los actos conservativos de sus bienes en caso de negligencia
del síndico.
La administración que conserva el fallido de los bienes personales de la mujer e
hijos, de los que tenga el usufructo legal, quedará sujeta a la intervención del
síndico mientras subsista el derecho del marido, padre o madre en falencia. El
síndico cuidará de que los frutos líquidos que produzcan estos bienes ingresen a
la masa, deducidas las cargas legales o convencionales que los graven. El tribunal,
con audiencia del síndico y del fallido, determinará la cuota de los frutos que
correspondan al fallido para sus necesidades y las de su familia, habida
consideración a su rango social y a la cuantía de los bienes bajo intervención.
El síndico podrá figurar como parte coadyuvante en los juicios de separación
de bienes y de divorcio en que el fallido sea demandado o demandante.

ARTICULO 65° El desasimiento comprende también los bienes futuros que adquiera
el fallido a título gratuito; pero sin extinguir la responsabilidad de las cargas
con que le hayan sido transferidos o transmitidos y sin perjuicio de los derechos de
los acreedores hereditarios.
La administración de los bienes futuros que adquiera el fallido a título
oneroso con posterioridad a la declaración de quiebra, podrá ser sometida a
intervención, y los acreedores sólo tendrán derecho a los beneficios líquidos que
se obtengan, pero se dejará al fallido lo necesario para sus alimentos, como en el
caso del inciso cuarto del artículo anterior.

ARTICULO 66° La sentencia que declara la quiebra fija irrevocablemente los
derechos de todos los acreedores en el estado que tenían el día de su
pronunciamiento, sin perjuicio de los casos especialmente previstos por la ley.

ARTICULO 67° En virtud de la declaración de quiebra, quedan vencidas y
exigibles, respecto del fallido, todas sus deudas pasivas, para el solo efecto de que
los acreedores puedan intervenir en la quiebra y percibir los dividendos que
correspondan al valor actual de sus respectivos créditos, con más los reajustes e
intereses que les correspondan, desde la fecha de la declaratoria.
El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a
la fecha de la declaración de quiebra y que devenguen intereses, será el capital
más el reajuste convenido e intereses devengados hasta el día de la declaratoria.
El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a
la fecha de la declaración de quiebra y que no devenguen intereses, será el capital
más el reajuste convenido hasta la fecha de la declaratoria.
El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos
a la fecha de la declaración de quiebra y que devenguen intereses, será el capital
más los intereses devengados hasta el día de la declaratoria.
El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos
a la fecha de la declaración de quiebra y que no devenguen intereses, se


determinará descontando del capital los intereses corrientes para operaciones de
crédito de dinero no reajustable desde el día de la declaratoria hasta el día de
los respectivos vencimientos.
Si no fuere posible determinar el índice de reajustabilidad o si éste hubiere
perdido su vigencia, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo.
No obstante que la exigibilidad de que trata este artículo se refiere sólo al
fallido, si éste fuere aceptante de una letra de cambio, librador de un letra no
aceptada o suscriptor de un pagaré, los demás obligados pagarán inmediatamente.

ARTICULO 68° En virtud de la declaración de quiebra y desde la fecha de ésta,
las deudas del fallido, vencidas y las actualizadas de conformidad con el artículo
precedente:
1.- Se reajustarán y devengarán intereses según lo pactado en la convención,
en el caso del inciso segundo del artículo anterior;
2.- Se reajustarán según lo pactado, en el caso de inciso tercero del mismo
artículo, y
3.- Devengarán intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no
reajustables en el caso de los incisos cuarto y quinto del artículo precedente.
El síndico podrá impugnar los intereses pactados en caso de estimarlos
excesivos.
Las obligaciones contraídas en moneda extranjera de acuerdo al decreto 471, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1977, se pagarán en la misma
moneda establecida en la convención y devengarán el interés pactado en ella.
Los reajustes y los intereses, en su caso, gozarán de iguales preferencias y
privilegios que los respectivos capitales.

ARTICULO 69° La declaración de quiebra impide toda compensación que no hubiere
operado antes por el ministerio de la ley, entre las obligaciones recíprocas del
fallido y acreedores, salvo que se trate de obligaciones conexas, derivadas de un
mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean exigibles en diferentes
plazos.

ARTICULO 70° Todos los juicios pendientes contra el fallido ante otros
tribunales de cualquiera jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, se
acumularán al juicio de la quiebra.
Los nuevos juicios que se entablen contra la masa se sustanciarán también ante
el tribunal que conozca de la quiebra.
Sin embargo, los juicios posesorios, los de desahucio, los de terminación
inmediata del arrendamiento, los de que actualmente estuvieren conociendo jueces
árbitros, y los que, según la ley, deban someterse a compromiso, seguirán
sustanciándose o se promoverán ante el tribunal que conoce o deba conocer de ellos.
Los juicios ordinarios agregados a la quiebra seguirán tramitándose con arreglo
al procedimiento que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada
la sentencia definitiva. Condenado el fallido, el síndico dará cumplimiento a lo
resuelto en la forma que corresponda.
Los juicios ejecutivos, cuando haya excepciones opuestas, se seguirán tramitando
con el síndico hasta que se dicte sentencia de término. Los demás se paralizarán
en el estado en que se encuentren y los acreedores usarán de su derecho en la forma
que establece esta ley. Cuando al tiempo de la declaración de quiebra hubiere
pendiente algún juicio ejecutivo por obligaciones de hacer y existieren ya
depositados los fondos para el objeto, continuará la tramitación establecida para
esta clase de juicios, hasta la total inversión de dichos fondos o hasta la
conclusión de la obra que con ellos deba pagarse. En los demás casos, sólo podrá
el acreedor continuar o iniciar sus gestiones para que se considere su crédito por
el valor de los perjuicios declarados o que se declaren.
Los embargos y medidas precautorias que estuvieren decretados en los juicios que
se agreguen a la quiebra quedarán sin valor desde que ella se declare, siempre que
se refieran a bienes que, sin aguardar el resultado de dichos juicios, deban
realizarse en la quiebra o ingresar a ella.

ARTICULO 71° La declaración de quiebra suspende el derecho de los acreedores
para ejecutar individualmente al fallido, pero los acreedores hipotecarios y
prendarios podrán iniciar o llevar adelante sus acciones en los bienes afectos a la
seguridad de sus respectivos créditos.
En las ejecuciones que promuevan dichos acreedores servirá de depositario el
síndico.
La formación de concurso especial de hipotecarios, respecto de una finca


gravada, suspende también el derecho de cada uno de ellos para perseguirla
separadamente.
Cuando a algún acreedor corresponda el derecho de retención, en los casos
señalados por las leyes, no podrá privársele de la cosa retenida sin que
previamente se le pague o se le asegure el pago de su crédito. La procedencia del
derecho legal de retención podrá ser declarada aun después de la sentencia de
quiebra.
Durante los treinta días siguientes a la declaración de quiebra, el arrendador
no podrá perseguir, por los arriendos vencidos, la realización de los muebles
destinados a la explotación de los negocios del fallido, sin perjuicio de su derecho
para solicitar las providencias conservativas que le convengan. Si el arrendamiento
hubiere expirado por alguna causa legal, el arrendador podrá exigir la entrega del
inmueble arrendado y entablar las acciones a que haya lugar en derecho.

ARTICULO 72° Son inoponibles los actos y contratos que el fallido ejecute o
celebre después de dictada la sentencia que declara la quiebra, con relación a los
bienes de la masa, aun cuando no se hayan practicado las inscripciones en los
registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces.

ARTICULO 73° La declaración de quiebra no priva al fallido del ejercicio de sus
derechos civiles, ni le imponen inhabilidades sino en los casos expresamente
determinados por las leyes.

2.- Efectos retroactivos de la declaración de quiebra de todo deudor.

ARTICULO 74° Son inoponibles a la masa los actos o contratos a título gratuito
que hubiere ejecutado o celebrado el deudor desde los diez días anteriores a la
fecha de la cesación de pagos y hasta el día de la declaración de quiebra.
Si el acto o contrato fuere a favor de un descendiente, ascendiente o colateral
dentro del cuarto grado, aunque se proceda por interposición de un tercero, los diez
días señalados en el inciso primero se extenderán hasta los ciento veinte días
anteriores a la fecha de la cesación de pagos.

ARTICULO 75° Con respecto a los demás actos o contratos ejecutados o celebrados
por el deudor en cualquier tiempo, con anterioridad a la fecha de la declaración de
quiebra, se observará lo prevenido en el artículo 2468° del Código Civil.
Se presume que el deudor conocía el mal estado de sus negocios desde los diez
días anteriores a la fecha de cesación de pagos.

3.- Efectos retroactivos especiales de la declaración de quiebra del deudor que
ejerciere una actividad comercial, industrial, minera o agrícola.

ARTICULO 76° Son inoponibles a la masa los siguientes actos o contratos
ejecutados o celebrados por el deudor desde los diez días anteriores a la fecha de
la cesación de pagos y hasta el día de la declaración de la quiebra:
1.- Todo pago anticipado, sea de deuda civil o comercial, y sea cual fuere la
manera en que se verifique. Se entiende que el fallido anticipa también el pago
cuando descuenta efectos de comercio o facturas a su cargo, y cuando lo verifica
renunciando al plazo estipulado a su favor;
2.- Todo pago de deuda vencida que no sea ejecutado en la forma estipulada en la
convención. La dación en pago de efectos de comercio equivale a pago en dinero, y
3.- Toda hipoteca, prenda o anticresis constituidas sobre bienes del fallido para
asegurar obligaciones anteriormente contraídas.

ARTICULO 77° Son inoponibles a la masa los pagos no comprendidos en el número 2
del artículo anterior y los actos o contratos a título oneroso, ejecutados o
celebrados por el deudor a contar de la fecha de la cesación de pagos y hasta el


día de la declaración de la quiebra, siempre que los acreedores pagados y los que
hubieren contratado con el fallido hubieren tenido conocimiento de la cesación de
pagos.
Las compensaciones que hubieren operado desde la fecha de la cesación de pagos
hasta el día de la declaración de quiebra, son inoponibles a la masa si se hubieren
efectuado con créditos adquiridos contra el fallido por cesión o endoso, con tal
que el cesionario haya tenido conocimiento de la cesación de pagos al tiempo de la
cesión o endoso.

ARTICULO 78° Si el fallido hubiere pagado letras de cambio o pagarés después
de la fecha asignada a la cesación de pagos y antes de la declaración de quiebra,
no podrá exigirse la devolución de la cantidad pagada sino de la persona por cuya
cuenta se hubiere verificado el pago.
En los dos casos propuestos, será menester probar que la persona a quien se
exija la devolución tenía conocimiento de la cesación de pagos a la fecha en que
fue girada la letra o transferido el pagaré.

ARTICULO 79° Los contratos hipotecarios válidamente celebrados podrán ser
inscritos hasta el día de la declaración de quiebra.
Con todo, las inscripciones hechas después de los diez días anteriores a la
cesación de pagos son inoponibles a la masa si hubieren transcurrido más de quince
días entre la fecha del instrumento constitutivo de la hipoteca y la fecha de la
inscripción.
Este plazo se aumentará a razón de un día por cada cien kilómetros de
distancia entre el lugar en que se hubiere constituido la hipoteca y el lugar donde
deba hacerse la inscripción.

4.- Disposiciones comunes a los dos párrafos precedentes.

ARTÍCULO 80. Las acciones a que se refieren los los Párrafos 2º y 3º del
Título VI prescribirán en el plazo de dos años, contados desde la fecha del acto o
contrato, plazo que se suspenderá en favor de los acreedores por el lapso de otros
dos años desde la fecha de la resolución que declara la quiebra.

ARTÍCULO 81. Las acciones a que se refieren los dos párrafos precedentes se
tramitarán con arreglo al procedimiento sumario, y podrán ser ejercitadas por el
síndico, previo acuerdo de la junta de acreedores, o individualmente por cualquiera
de los acreedores, en ambos casos, en interés de la masa.
En la adopción del acuerdo de ejercitar algunas de las acciones referidas, no
tendrá derecho a voto el acreedor en la quiebra en contra de quien se ejercitarán
las acciones, sea por sí o por cualquier otra persona natural o jurídica que esté
vinculada en forma directa o indirecta. Tampoco se considerarán sus créditos para
los efectos de determinar el quórum a que se refiere el artículo 102.
Los acreedores que individualmente entablen dichas acciones en beneficio de la
masa, tendrán derecho, si obtuvieren en el juicio, para que se les indemnice con los
ingresos de la quiebra de todo gasto y para que se les abone el honorario
correspondiente a sus servicios, todos los cuales gozarán de la preferencia del Nº1
del artículo 2472 del Código Civil.
En caso de pérdida, soportarán ellos solos los gastos y no tendrán derecho a
remuneración.

5.- De la reivindicación, resolución y retención.
ARTICULO 82° Podrán ser reivindicados los efectos de comercio y cualquier otro
documento de crédito no pagado y existente al tiempo de la declaración de
quiebra en poder del fallido o de un tercero que los conserve a nombre de aqúel,


siempre que el propietario los haya entregado o remitido al fallido por un título no
traslaticio de dominio.

ARTICULO 83° Podrán ser también reivindicadas, en todo o en parte, mientras
puedan ser identificadas, las mercaderías consignadas al fallido a título de
depósito, comisión de venta o a cualquier otro que no transfiera dominio.
Vendidas las mercaderías, el propietario de ellas podrá reivindicar el precio o
la parte de precio que, al tiempo de la declaración de quiebra, no hubiere sido
pagado o compensado entre el fallido y el comprador.
No se entiende pagado el precio por la simple dación de documentos de crédito,
firmados o transferidos por el comprador a favor del fallido; y si existieren tales
documentos en poder de éste, el propietario podrá reivindicarlos, siempre que
acredite su origen e identidad.

ARTICULO 84° Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no obsta al derecho
legal de retención o al de prenda que corresponda al fallido.

ARTICULO 85° Fuera de los casos mencionados en los artículos precedentes,
podrán también entablarse las acciones reivindicatorias que procedan, en
conformidad a las reglas generales del derecho.
Las tercerías de dominio que estuvieren iniciadas al tiempo de la declaración
de quiebra continuarán tramitándose en conformidad al procedimiento que
corresponda.

ARTICULO 86° El contrato de compraventa podrá resolverse por falta de
cumplimiento de las obligaciones del comprador fallido, salvo cuando se trate de
cosas muebles que hayan llegado a poder de éste.

ARTICULO 87° Mientras estén en camino las cosas muebles vendidas y remitidas al
fallido, el vendedor no pagado podrá dejar sin efecto la tradición, recuperar la
posesión y pedir la resolución de la compraventa.
El vendedor podrá también retener las cosas vendidas hasta el entero pago de su
crédito.

ARTICULO 88° En caso de que las cosas a que se refiere el artículo anterior
hayan sido vendidas durante su tránsito a un tercero de buena fe, a quien se hubiere
transferido la factura, conocimiento o carta de porte, el vendedor no podrá usar de
las acciones que le confiere dicho artículo.
Pero si el nuevo comprador no hubiere pagado el precio antes de la declaración
de la quiebra, el vendedor primitivo podrá demandar su entrega hasta la concurrencia
de la cantidad que se le deba.

ARTICULO 89° Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes,
se entiende que las cosas muebles están en camino desde el momento en que las
reciben los agentes encargados de su conducción, hasta que queden en poder del
comprador fallido o de la persona que lo represente.

ARTICULO 90° En caso de resolución de la compraventa, el vendedor estará
obligado a reembolsar a la masa los abonos a cuenta que hubiere recibido.

ARTICULO 91° El comisionista que ha pagado o se ha obligado a pagar con sus
propios fondos las mercaderías compradas y remitidas por orden y cuenta del fallido,
puede ejercitar las mismas acciones concedidas al vendedor por el artículo 87°.

ARTICULO 92° Aparte de los casos expresamente señalados por las leyes, la
retención tendrá lugar siempre que la persona que ha pagado o se ha obligado a
pagar por el fallido, tenga en su poder mercaderías o valores de crédito que
pertenezcan a aquél, con tal que la tenencia nazca de un hecho voluntario del
fallido, anterior al pago o a la obligación, y que esos objetos no hayan sido


remitidos con un destino determinado.

ARTICULO 93° En los casos a que se refieren los artículos precedentes, el
síndico podrá oponerse a la resolución o retención y exigir la entrega de las
cosas vendidas o retenidas, pagando la deuda, intereses, costas y perjuicios, o dando
caución que asegure el pago.

TITULO VII (ARTS. 94-100)
De la incautación e inventario

ARTICULO 94° Asumido oficialmente el cargo, el síndico deberá:
1.- Adoptar de inmediato, en presencia del secretario del tribunal o de un
notario o de otro ministro de fe designado por el juez, las providencias necesarias
para recoger los libros, documentos y bienes del fallido y para colocarlos en lugar
seguro si se estima que peligran o corren riesgos donde se encuentran;
2.- Formar, a más tardar al día siguiente hábil y en presencia del secretario
del tribunal, de un notario o de otro ministro de fe designado por el tribunal,
inventario de todos los libros, correspondencia, documentos y bienes del deudor,
debiendo dejar constancia del estado de las maquinarias, útiles y equipos, para lo
cual podrá hacerse acompañar de una persona especialmente técnica atendido el giro
del fallido. Igualmente, deberá dejar constancia de todo derecho o pretensión
formulado por terceros en relación con los bienes inventariados, y
3.- Agregar el inventario a los autos a más tardar al día siguiente hábil al
de su facción. La resolución que tenga por agregado el inventario a los autos se
notificará por aviso.

ARTICULO 95° Si aparecieren nuevos bienes por inventariar, se aplicará, en lo
pertinente, lo dispuesto en el artículo precedente.

ARTICULO 96° El fallido está obligado a indicar y a poner a disposición del
síndico todos sus libros, documentos, bienes y antecedentes.
Si el deudor ha fallecido o se ha fugado, esta obligación incumbe a sus
colaboradores más próximos.

ARTICULO 97° Si no apareciere ningún bien perteneciente al fallido, se dejará
constancia de ello en un acta y el tribunal, expirado el plazo establecido en el
artículo siguiente o desechadas las observaciones a que él se refiere, pronunciará
el sobreseimiento temporal de la quiebra, el cual se comunicará por el tribunal,
mediante correo certificado, al fallido, a los acreedores y al síndico. Este
dispondrá de un plazo de treinta días corridos para presentar su cuenta con todos
los antecedentes y se procederá conforme lo dispuesto en los artículos 29° al
31°.

ARTICULO 98° El fallido o los acreedores que tengan objeciones que hacer al
inventario, las formularán en el plazo de quince días contados desde la fecha de
publicación del aviso a que se refiere el N° 3 del artículo 94°.

ARTICULO 99° El síndico podrá, hasta la primera junta de acreedores y según
lo estime conveniente a los intereses de la masa, cerrar bajo sello y paralizar la
actividad del todo o parte de los locales, oficinas y establecimientos del fallido, o
bien, continuar su giro provisionalmente, en forma total o parcial.
En la continuación provisional del giro del fallido, el síndico sólo podrá
ejecutar aquellos actos que tiendan a facilitar la realización de los bienes y
preparar una liquidación progresiva. No obstante y si hubiere causas graves que lo
justifiquen, podrá el síndico, con autorización del tribunal, iniciar de inmediato
la continuación efectiva del giro.

ARTICULO 100° Las obligaciones contraídas por el síndico en la continuación
del giro a que se refiere el artículo anterior sólo podrán hacerse efectivas sobre


los bienes comprendidos en la quiebra, sin perjuicio del derecho preferente de los
acreedores privilegiados e hipotecarios y de lo dispuesto en el artículo 114.

TITULO VIII (ARTS. 101-119)
De las Juntas de Acreedores

1.- Disposiciones generales. (ARTS. 101-104)

ARTICULO 101° Los acreedores se reunirán en junta de acuerdo a las
disposiciones del presente Título.

ARTICULO 102° En las juntas de acreedores que se celebren durante el juicio de
quiebra sólo tendrán derecho a votar:
a) los acreedores cuyos créditos estén reconocidos, y
b) los acreedores cuyos créditos no se encuentren reconocidos y a los cuales,
ciñéndose al procedimiento que se establece en el inciso siguiente, el juez de la
quiebra les reconozca derecho de votar.".
En el día hábil, que no sea sábado, inmediatamente anterior al señalado para
la celebración de la junta, se efectuará una audiencia verbal ante el juez de la
quiebra, en la cual el síndico le informará por escrito acerca de la verosimilitud
de la existencia y monto de los créditos todavía no reconocidos, pero que hayan
sido verificados a más tardar el segundo día hábil, que no sea sábado, anterior a
la fecha en que corresponda la celebración de esa audiencia. En ésta, oyendo
previamente a los acreedores, el juez resolverá en única instancia y sobre la base
de los antecedentes disponibles cuáles de los créditos no reconocidos, estén o no
impugnados, y por qué monto tendrán derecho a votar en esa junta. El juez
apreciará los antecedentes en conciencia. El reconocimiento de derecho a voto sólo
producirá efectos para la junta en referencia y en nada limitará la libertad del
síndico y de los acreedores para impugnar el crédito y sus preferencias de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 131 y siguientes, ni la del juez para resolver la
impugnación.
La audiencia referida se efectuará el día señalado, a la hora que comience a
funcionar el tribunal.
Las reuniones de la junta se constituirán cuando concurran dos o más acreedores
que representen un porcentaje no inferior al veinticinco por ciento de los créditos
con derecho a voto, salvo que esta ley establezca un quórum especial.
Los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de no menos de dos acreedores que
sumen mayoría absoluta de los créditos presentes en la reunión con derecho a voto,
salvo que la ley exija una mayoría especial. En caso de empate, corresponderá
decidir a quien presida la reunión.
Los acreedores que hayan verificado, pero que carezcan de derecho a voto tendrán
solamente derecho a concurrir a la reunión y a dejar constancia escrita de sus
observaciones, bajo su firma, en documento que se agregará al acta pertinente.
El síndico asistirá sólo con derecho a voz, pudiendo exigir que se deje
constancia de su opinión en el acta. Podrá también hacerse acompañar de aquellas
personas, que en atención a sus conocimientos o profesión, estime necesario para
que, si la junta lo acuerda, puedan ser oídas.
El fallido sólo tendrá derecho a voz y a exigir que se deje constancia de su
opinión en acta, salvo los casos en que la ley requiera expresamente su
consentimiento.

ARTICULO 103° La asistencia de los acreedores y del fallido podrá ser personal
o a través de mandatario. El mandato deberá constar en instrumento público o en


instrumento privado, y, en este último caso, la firma del mandante deberá ser
autorizada por el secretario del tribunal o por un notario. Se entenderá que el
mandatario tiene idénticas facultades que las de su mandante, no obstante cualquier
limitación que hubiere podido establecerse.
Se prohíbe otorgar mandato para asistir a junta a más de una persona, salvo
para el caso de su reemplazo, pero un mismo mandatario puede serlo de uno o más
acreedores.

ARTICULO 104° Se prohíbe fraccionar los créditos después de declarada la
quiebra y conferir mandato por una parte o fracción de un crédito. El contraventor
y los que representen las porciones del crédito perderán el derecho a asistir a las
reuniones de la junta.
Todos los que hagan valer porciones de un crédito fraccionado dentro de los
treinta días anteriores a la declaración de quiebra, se contarán como una sola
persona y emitirán un solo voto, procediéndose en la forma establecida en el inciso
final de este artículo.
Las disposiciones precedentes no serán aplicables al crédito dividido como
consecuencia de la liquidación de una sociedad, o de la partición de una comunidad
que no esté exclusivamente formada por dicho crédito.
El crédito perteneciente a una comunidad será representado por uno solo de los
comuneros. Si no se avinieren a la designación del representante, cualquiera de
ellos podrá solicitar tal designación al tribunal.

2.- De la primera junta de acreedores.

ARTICULO 105° La primera junta de acreedores se realizará en la sede del
tribunal o en el lugar ad hoc que éste hubiere designado, no antes de treinta días
ni después de cuarenta días hábiles contados desde la publicación de la sentencia
que declara la quiebra.

ARTICULO 106° La primera junta se constituirá cuando concurran dos o más
acreedores con derecho a voto, que representen en conjunto dos tercios del pasivo de
la quiebra, a lo menos. Si no se reuniere el quórum expresado se dejará constancia
de ello y el tribunal practicará una segunda citación para no antes de cinco ni
después de diez días hábiles, indicando el lugar, día, hora y naturaleza de la
reunión, así como la circunstancia de tratarse de segunda citación. La
notificación se efectuará por aviso y la reunión se celebrará con los acreedores
que asistan.

ARTICULO 107° La reunión será presidida por el juez y actuará como ministro
de fe el secretario del tribunal o quien hubiere sido designado por dicho magistrado.
De lo tratado en la reunión se dejará constancia en un acta que será suscrita
por el presidente y el secretario y que se incorporará en un libro especial que
será llevado por el síndico. Copia autorizada de la misma se agregará a los autos.

ARTICULO 108° En la primera junta se tratará especialmente sobre las siguientes
materias:
1.- Oír la cuenta que debe presentar el síndico provisional sobre el estado
preciso de los negocios del fallido, de su activo y pasivo, y de la labor por él
realizada;
2.- Ratificación del síndico provisional, titular y suplente, o designación de
quienes habrán de reemplazarlos, salvo lo dispuesto en el inciso primero del
artículo siguiente. El síndico titular y suplente provisionales continuarán en sus
funciones hasta que asuman sus reemplazantes;
3.- Acordar lugar, día y hora de las reuniones ordinarias, las que deberán
celebrarse, a lo menos, mensualmente; debiendo la primera reunión ordinaria llevarse
a cabo entre los treinta y los cuarenta y cinco días corridos, salvo que la junta y
el síndico acuerden otra fecha;
4.- Designar de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, un
presidente y un secretario, titular y suplente, para las futuras reuniones. Si
concurrieren menos de cuatro personas, se procederá solamente a la designación de
presidente y secretario titulares, y


5.- Cualquier otro acuerdo necesario para el más adecuado cumplimiento de las
funciones que a la junta y al síndico competen.

ARTICULO 109° Si de la cuenta presentada por el síndico apareciere que el
producto probable de la realización del activo de la quiebra no excederá de dos
unidades de fomento, se procederá a la realización sumaria del activo. En este
caso, el síndico provisional pasará a tener el carácter de definitivo y liquidará
el activo en la forma más conveniente para los intereses de la masa, en un plazo no
superior a seis meses.
Si el fallido o cualquiera de los acreedores no estuviere de acuerdo con la
estimación del valor del activo presentada por el síndico, deberá así
manifestarlo en la misma junta. Sobre esta objeción el tribunal resolverá a más
tardar dentro del quinto día, pudiendo solicitar informe pericial si lo estimare
necesario. En contra de la resolución que se pronuncie sobre el valor probable del
activo, no procederá recurso alguno.
No se admitirá otra objeción al valor estimado del activo ni a la adopción del
procedimiento de realización sumaria del mismo que la señalada en el inciso
precedente.
3.- De las reuniones ordinarias y extraordinarias y de la continuación efectiva
del giro del fallido.

ARTICULO 110° La junta se reunirá ordinariamente en el lugar, día y hora
acordados en la primera reunión.

ARTICULO 111° En la primera reunión ordinaria el síndico deberá presentar un
informe completo, un programa de realización del activo, un plan de pago del pasivo
y una estimación de los gastos de administración de la quiebra. En NOTA 3todo caso,
los gastos de administración de la quiebra deberán ajustarse a las instrucciones
generales de la Superintendencia de Quiebras.
Si lo estimare adecuado, propondrá la continuación efectiva del giro total o
parcial de las actividades del fallido o la enajenación de todo o parte del activo
como un conjunto, o ambas.
INCISO DEROGADO.
INCISO DEROGADO.

ARTICULO 112° La continuación efectiva del giro del fallido, total o parcial,
podrá proponerse en cualquier oportunidad por el síndico o por dos o más
acreedores. Para su aprobación se requerirá el acuerdo de los acreedores que
representen a lo menos los dos tercios del pasivo de la quiebra con derecho a voto de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 102.
Si la continuación del giro comprendiere bienes constituídos en prenda o
hipoteca o afectos al derecho legal de retención, no se suspenderá el derecho de
los respectivos acreedores para ejercer sus acciones en los bienes afectos a la
seguridad de sus créditos, a menos que consientan expresamente en dicha
continuación.
Para obtener la mayoría a que se refiere el inciso primero de este artículo,
los acreedores que estuvieren por la continuación podrán excluir a los disidentes,
pagándoles la cuota que les corresponda atendidos el carácter y preferencia del
crédito y el importe del activo de la quiebra, o asegurándoles su pago.
La determinación de esta cuota y del plazo y garantía para el pago, en su caso,
podrá fijarse por el tribunal, oyendo al síndico y a los acreedores, a falta de


acuerdo entre éstos.

ARTICULO 113° El acuerdo de continuar efectivamente el giro del fallido deberá
ser fundado y contener, al menos, la determinación del objeto y de los bienes a que
se extiende la autorización, la designación de su administración y las facultades
especiales que le son conferidas, en las que podrán comprenderse las conducentes a
la obtención de los recursos necesarios para ello, y el plazo de duración que no
podrá exceder de un año. El plazo acordado podrá ser prorrogado, por una sola vez,
hasta por un año, mediante acuerdo adoptado al menos quince días antes de su
expiración. El acuerdo de prórroga deberá adoptarse por la correspondiente
mayoría exigida por el inciso primero del artículo precedente. En este caso, la
administración deberá recaer, necesariamente en persona distinta del síndico.
Cuando la administración del giro no sea ejercida por el síndico, éste, sin
perjuicio de las atribuciones que le confiere la ley como administrador de los bienes
de la quiebra no comprendidos en la continuación del giro, tendrá, sobre dicha
administración, las facultades que indica el artículo 200.
Todo conflicto que pudiere suscitarse entre el síndico y la administración del
giro con motivo del ejercicio de sus respectivas funciones, será resuelto por el
juez de la quiebra incidentalmente y en única instancia, oyendo previamente a la
Superintendencia de Quiebras.
Los administradores de la continuación del giro tendrán las responsabilidades
inherentes a todo mandatario y estarán sujetos al control de la Superintendencia en
la misma forma que los síndicos.
Con todo, si los acreedores hubieren acordado la enajenación de los activos que
componen la continuación del giro como unidad económica en funcionamiento en
conformidad al artículo 124, se podrá prorrogar la continuidad del giro por el
período indispensable para el perfeccionamiento de su enajenación previa
autorización judicial, aunque con ello se excedan los plazos señalados en el inciso
primero.
En todos los actos de administración que realicen los órganos y personas que
tengan injerencia en ello, deberá dejarse constancia del hecho de existir una
continuación efectiva del giro mediante la incorporación en el nombre o en la
razón social del fallido, de la expresión "en continuación de giro", precedida de
las respectivas firmas, sin lo cual será solidariamente responsable de las
obligaciones contraídas, quien hubiere celebrado el contrato o ejecutado el acto
correspondiente.

ARTICULO 114° Los créditos provenientes de la continuación efectiva total o
parcial del giro del fallido podrán perseguirse solamente en los bienes comprendidos
en ella y gozarán de preferencia para el pago respecto de los demás acreedores del
fallido, pero no alcanzarán a los bienes hipotecados, pignorados o retenidos en
favor de los acreedores que no hubieren consentido en la continuación del giro. Los
créditos de la continuación efectiva del giro preferirán a los de los acreedores
hipotecarios, prendarios y retencionarios que hubieren dado su aprobación a dicha
continuación, sólo en el caso que los bienes no gravados comprendidos en la
continuación efectiva del giro, fueren insuficientes para satisfacerlos. La
diferencia, si la hubiere, será soportada por los señalados acreedores
hipotecarios, prendarios y retencionarios a prorrata del monto de sus respectivos
créditos en la quiebra y hasta la concurrencia del valor de liquidación de los
bienes dados en garantía de sus respectivos créditos.
El acreedor hipotecario, prendario o retencionario, que pague más del porcentaje
que le correspondiere de conformidad al inciso anterior, se subrogará por el exceso
en los derechos de los acreedores del giro, en conformidad a las normas del párrafo
8 del Título XIV del Libro IV del Código Civil.
En el caso de que en la continuación efectiva del giro se obtengan excedentes,
éstos corresponderán a los acreedores del fallido sólo hasta la concurrencia del
monto de sus créditos, reajustes e intereses, que corresponda pagar en la quiebra,
deducidos los gastos. El remanente, si lo hubiere, pertenecerá al fallido.

ARTICULO 115° Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
112, la continuación del giro no entorpecerá los procedimientos de la quiebra, ni
la realización de los bienes del fallido no comprendidos en la autorización, pero
suspenderá los derechos de los acreedores prendarios, hipotecarios y retencionarios


que hubieren aprobado la continuación del giro, para iniciar o proseguir en forma
separada sus acciones para la realización de los bienes comprendidos dentro de la
continuación del giro, afectos a la seguridad de sus respectivos créditos.

ARTICULO 116° Corresponderá a la junta de acreedores en sus reuniones
ordinarias, conocer y pronunciarse sobre el informe periódico del síndico y sobre
las proposiciones que éste le presentare, formular proposiciones y, en general,
adoptar todos los acuerdos que estime necesarios.
En uso de sus facultades, la junta de acreedores designará administrador de la
continuación efectiva del giro, establecerá la estructura de esa administración y
las facultades que le otorga en conformidad con lo dispuesto en el artículo 113. Si
la administración de la continuación del giro fuere entregada al síndico de la
quiebra, éste sólo podrá ejercerla hasta por un año no prorrogable. Si se
continuare el giro excediendo este plazo, la junta de acreedores deberá designar
administrador distinto del síndico.
En el caso de haberse acordado la continuación efectiva del giro del fallido, su
administración deberá necesariamente dar mensualmente cuenta de su gestión,
mediante estados de avance y cuentas parciales.

ARTICULO 117° La junta de acreedores se reunirá en sesión extraordinaria
cuando así lo decretare el juez, de oficio o a petición del síndico, del
Superintendente o de acreedores que representen al menos un cuarto del pasivo con
derecho a voto. Además, se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde
la junta en una sesión anterior. En todo caso, deberá señalarse el objeto preciso
de la reunión y en ella sólo podrán tratarse aquellas materias que hubieren sido
objeto de su convocatoria.
Sólo en reunión extraordinaria y por mayoría absoluta del pasivo con derecho a
voto podrá acordarse la revocación del síndico.
Para la designación de un nuevo síndico se procederá en la forma establecida
en el artículo 106°.

ARTICULO 118° La convocatoria a reuniones extraordinarias se efectuará por
medio de un aviso publicado en el Diario Oficial, con al menos siete días corridos
de anticipación.
La citación será hecha por el síndico y deberá, al menos, individualizar la
quiebra y expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.

ARTICULO 119° De lo tratado en cada reunión se dejará constancia en un libro
especial de actas que será llevado por el síndico. Las actas serán suscritas por
el presidente, el secretario y el o los acreedores designados en la respectiva
sesión. Copia de ellas, autorizada por el secretario, se agregará a los autos
dentro de tercero día y se entregará a los acreedores cuando lo soliciten.

TITULO IX
De la realización del Activo

ARTICULO 120° Salvo el caso de realización sumaria del activo de la quiebra, a
que se refiere el artículo 109, el síndico procederá a su realización
ateniéndose a los acuerdos de la junta de acreedores, si los hay, a las
disposiciones que se expresan a continuación.

ARTICULO 121° El síndico, provisional o definitivo, podrá vender en cualquier


momento, al martillo o en venta privada, los bienes expuestos a próximo deterioro o
a una desvalorización inminente y los que exijan una conservación dispendiosa.

ARTICULO 122° Las especies corporales muebles se venderán al martillo y los
valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, en remate en bolsa de valores.
El síndico podrá enajenar por un precio alzado los créditos activos de morosa
o difícil realización.
Todos los demás bienes corporales o incorporales, se venderán en pública
subasta ante el juez que conoce de la quiebra, en conformidad a los trámites del
juicio ejecutivo, o en licitación pública cuyas bases deberán ser aprobadas por la
junta de acreedores.

ARTICULO 123° No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la junta de
acreedores, con el voto favorable de más de la mitad del pasivo de la quiebra con
derecho a voto y del fallido, podrá acordar, en cualquier tiempo, una forma
diferente de realización de los bienes de la masa y las modalidades de la misma.
Si la junta de acreedores acordare efectuar la realización de los bienes en
subasta pública y al mejor postor, no será necesario contar con el voto favorable
de faliido. La subasta deberá efectuarse ante el juez que conoce de la quiebra.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el síndico podrá
formular oposición fundada a dicho acuerdo, dentro de tercero día, debiendo
resolver el juez, según lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley.

ARTICULO 124° Los acreedores, que reúnan más de la mitad del total pasivo de
la quiebra, podrán acordar la enajenación de todo o parte del activo de la misma
como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor. Esta
deberá efectuarse ante el juez que conoce de la quiebra.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el síndico podrá
formular oposición fundada a dicho acuerdo, dentro de tercero día, debiendo
resolver el juez, según lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley.

ARTICULO 125° En las bases de la enajenación como unidad económica se deberá
señalar, a lo menos, lo siguiente: 1.- Los bienes que integran la unidad económica,
cualquiera sea su naturaleza.
Si se tratare de la enajenación de un conjunto de bienes ubicados en un bien
raíz no perteneciente al fallido, el síndico incluirá en las bases los derechos
que el fallido tenga en el mismo, cualquiera que sea el tenor de la convención o la
naturaleza de los hechos en que se funda la posesión, uso o mera tenencia del
inmueble.
Cuando en la unidad económica hubiere bienes afectos a gravámenes constituidos
en favor de terceros, se indicará específicamente en las bases la proporción que
en el precio total corresponda a cada uno de dichos bienes, para el solo efecto que
tales terceros puedan hacer valer los derechos que procedan dentro del juicio de
quiebra.
2.- Precio mínimo, forma de pago, plazos, garantías y demás modalidades y
condiciones de la enajenación.
3.- DEROGADO.

ARTICULO 126° Acordada la enajenación como unidad económica, se suspende el
derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios, retencionarios y otros acreedores
para iniciar o proseguir en forma separada las acciones dirigidas a obtener la


realización de los bienes comprendidos dentro de la unidad económica, afectos a la
seguridad de sus respectivos créditos.

ARTICULO 127° Si ofrecida la unidad económica conforme con las bases, no
hubiere interesados, se procederá nuevamente a ofrecerla en subasta pública y al
mejor postor, pudiendo, en tal caso, rebajarse el precio hasta los dos tercios del
fijado en aquéllas. Con todo, si se deseare introducir otras modificaciones a las
bases para este segundo llamamiento, deberá contarse nuevamente con la aprobación
de los acreedores en los términos indicados en el artículo 124.
Si en una segunda oportunidad tampoco hubiera interesados, continuará la
realización de los bienes conforme con las normas pertinentes de esta ley.

ARTICULO 128° La enajenación como unidad económica deberá constar en
escritura pública en la que se insertarán, en lo pertinente, todas las piezas que
den cuenta de las actuaciones referidas en los artículos anteriores, la que servirá
de suficiente título para requerir el alzamiento de todos los gravámenes,
prohibiciones o embargos que afecten a los bienes comprendidos en una o más de las
unidades económicas que se enajenen.
La aprobación de las bases se entenderá como suficiente autorización para los
efectos contemplados en los números 3 y 4 del artículo 1.464° del Código Civil.

ARTICULO 129° Los bienes que integran la unidad económica enajenada se
entenderán constituidos en hipoteca o prenda sin desplazamiento, según sea la
naturaleza de ellos, por el solo ministerio de la ley, para caucionar los saldos
insolutos de precio y cualquiera otra obligación que el adquirente haya asumido como
consecuencia de la adquisición, salvo que la junta de acreedores, al pronunciarse
sobre las bases respectivas, hubiese excluido expresamente determinados bienes de
tales gravámenes.

ARTICULO 130° Cualquiera sea la forma de realización del activo, ésta deberá
efectuarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del plazo de seis
meses, contado desde la primera junta de acreedores, deberá encontrarse realizado el
total de los bienes de la masa, con la sola excepción de los inmuebles, respecto de
los cuales dicho plazo será de nueve meses. Ambos plazos podrán ser prorrogados por
el tribunal por una sola vez por un máximo de seis meses, siempre que el síndico lo
solicite con a lo menos quince días de anticipación a su vencimiento.
Lo dispuesto en el inciso precedente se entiende con exclusión de los bienes
comprendidos en la continuación efectiva del giro del fallido. En tal caso, los
plazos establecidos en dicho inciso se contarán desde el vencimiento del término
acordado para la continuación del giro. Lo dispuesto en este artículo no tendrá
aplicación cuando el activo de la quiebra deba realizarse conforme al artículo
109°.

TITULO X (ARTS. 131-156)
De la liquidación del pasivo

1.- De la verificación de créditos. (ARTS. 131-146)

ARTICULO 131° Todos los acreedores residentes en el territorio de la República, sin
excepción alguna, tendrán el plazo de treinta días, a contar de la notificación
de la declaración de quiebra, para verificar sus créditos y alegar sus preferencias
ante el tribunal que conozca de ella.

ARTICULO 132° Lo preceptuado en el artículo precedente será aplicable incluso


a los acreedores que suministren servicios de utilidad pública, quienes deberán
verificar los créditos correspondientes a suministros anteriores a la declaración
de quiebra y no podrán, con posterioridad a ella, suspender éstos, salvo
autorización del tribunal, previa audiencia del síndico.
Los créditos correspondientes a servicios de utilidad pública que se
suministren con posterioridad a la declaratoria de quiebra, se considerarán
incluidos en el N° 4 del artículo 2.472° del Código Civil.
La suspensión del servicio en contravención a lo dispuesto en el inciso primero
de este artículo, será considerada como un acto que tiende a impedir la libre
competencia y será sancionada con arreglo al decreto ley 211, de 1973.

ARTICULO 133° En la solicitud que se presente, los acreedores indicarán, para
los efectos del artículo 131°, lo que se les deba por concepto de capital e
intereses y acompañarán los títulos justificativos de sus créditos, debiendo
entregar en secretaría dos copias simples de la solicitud y de sus anexos. Se
aplicará, respecto de las copias de la solicitud y de sus anexos, lo preceptuado en
los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 31° del Código de Procedimiento
Civil.

ARTICULO 134° El juzgado mandará anunciar por aviso, a costa de la masa, los
créditos que se presenten a la verificación, y deberá indicarse en el aviso el
monto de ellos a título de capital e intereses, su origen, las preferencias alegadas
y la individualización precisa del acreedor.
Al mismo tiempo, el secretario del juzgado remitirá al síndico la copia del
escrito de verificación y de los títulos justificativos, previa certificación de
estar conformes estas piezas con los originales agregados a los autos.

ARTICULO 135° El síndico hará un prolijo examen de los créditos que se
presenten a la verificación y de las preferencias alegadas, investigando su origen,
cuantía y legitimidad por todos los medios a su alcance.
Si no encontrare justificado el crédito o la preferencia reclamada, deberá
deducir la demanda de impugnación que corresponda.

ARTICULO 136° Una vez vencido el plazo establecido en el artículo 131°, el
tribunal, de oficio o a petición del síndico, del fallido o de cualquier acreedor,
declarará cerrado el procedimiento de verificación para los acreedores residentes
en el territorio de la República. A falta de petición del síndico, del fallido o
de algún acreedor, el juez lo declarará cerrado de oficio, dentro de los quince
días corridos siguientes a la expiración del plazo a que se refiere el citado
artículo.
La declaración se notificará por aviso dentro de quinto día.

ARTICULO 137° El síndico, los acreedores y el fallido podrán interponer
demanda de impugnación contra los créditos, desde el momento en que se haya
agregado a los autos la respectiva solicitud y hasta quince días después de
notificada la resolución que da por cerrado el procedimiento de verificación.
El síndico y los acreedores podrán deducir demanda de impugnación, también
dentro del mismo plazo, en contra de las preferencias reclamadas.

ARTICULO 138° Los créditos que no hayan sido impugnados dentro del plazo a que
se refiere el artículo precedente se tendrán por reconocidos y no podrán ser
objeto de impugnación o reclamación posterior alguna.
El síndico podrá, sin embargo, hacer reservas con respecto a algunos de ellos y
en este caso tendrá un plazo adicional de diez días, contados desde el vencimiento
del plazo señalado en el artículo anterior, dentro del cual podrá impugnarlos.

ARTICULO 139° Vencidos los términos de emplazamiento que corresponda a los
acreedores residentes en el extranjero, el juzgado, de oficio o a petición del
síndico, del fallido o de alguno de los acreedores, declarará cerrado, respecto de
aquéllos, el procedimiento de verificación, y se procederá en lo demás de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos precedentes.

ARTICULO 140° Los acreedores que no hayan verificado oportunamente sus créditos


o preferencias, podrán hacerlo mientras haya fondos por repartir, en cualquier
tiempo, para ser considerados en los repartos futuros. La solicitud de verificación
será notificada al síndico por cédula y al fallido y acreedores por aviso, a costa
del solicitante.
En este caso, las impugnaciones deberán deducirse dentro de quince días,
contados desde la notificación a que se refiere el inciso precedente.

ARTICULO 141° Cada impugnación se tramitará en cuaderno separado, sin
perjuicio de las acumulaciones que procedan, según las reglas generales.
La demanda de impugnación se notificará al demandado personalmente o en la
forma prescrita en el artículo 44° del Código de Procedimiento Civil, el que
dispondrá de seis días fatales para responder. En lo demás, se aplicará el
procedimiento a que se refiere el inciso primero del artículo 5° de esta ley.

ARTICULO 142° El síndico podrá intervenir como parte coadyuvante en toda
impugnación, cuando no figure en ella como parte principal. Velará, en todo caso,
porque el procedimiento siga su curso, sin dilaciones, para lo cual acusará las
rebeldías en que puedan incurrir las partes y reclamará el fallo oportuno de la
causa en primera o segunda instancia.

ARTICULO 143° Expirado el plazo de quince días subsiguiente a la clausura del
procedimiento de verificación para los acreedores residentes en el territorio de la
República, o el plazo adicional a que se refiere el artículo 138°, en su caso, el
síndico formará la nómina de los acreedores cuyos créditos no hubieren sido
impugnados, con anotación de las preferencias que les correspondan y de los que se
les deba por capital e intereses. Dicha nómina se agregará a los autos y se
notificará a los acreedores por medio de aviso, que la contendrá íntegramente.
Esta nómina deberá ser completada, con las mismas formalidades, con los
créditos que se reconozcan posteriormente y con los que se hubieren omitido por
error.
Sólo los acreedores que figuren en las nóminas referidas podrán participar en
las distribuciones que haga el síndico.

ARTICULO 144° El acreedor por obligaciones suscritas, endosadas o garantizadas
solidariamente por personas fallidas, podrá presentarse en todas las quiebras, sean
simultáneas o sucesivas, por el valor nominal de sus créditos, hasta su completo
pago, y participar de los dividendos que dé cada una de ellas.

ARTICULO 145° Las masas de los codeudores o fiadores no tienen derecho para
demandarse entre sí el reembolso de los dividendos que cada una de ellas hubiere
dado, a no ser que los dividendos pagados excedan de la cantidad a que asciende el
crédito.
En este último caso, la suma excedente se aplicará, según el orden y
naturaleza de las obligaciones, a las masas de los codeudores o fiadores que, en
conformidad a las reglas generales, tengan derecho a repetir contra los otros.

ARTICULO 146° El acreedor de obligaciones solidarias que hubiere recibido alguna
cantidad a cuenta de su crédito, antes de que ninguno de los codeudores o fiadores
se encuentre en quiebra, figurará en las masas de las quiebras de estos últimos que
posteriormente se declararen sólo por la suma que se le quedare debiendo.
El fiador que haya verificado el pago parcial entrará a la quiebra por la suma a
que asciende ese pago, y el codeudor, por la cantidad que exceda a la parte que le
correspondía soportar en la deuda y, en ambos casos, con los intereses a que haya
lugar hasta la fecha de la declaración de quiebra.

2.- De la Graduación de créditos y su pago.

ARTICULO 147° Los acreedores serán pagados en la forma y orden de preferencia
establecidos en las leyes.


ARTICULO 148° El síndico hará el pago de los créditos privilegiados de la
primera clase que no hubieren sido objetados, en el orden de preferencia que les
corresponda, tan pronto como haya fondos para ello; reservará lo necesario para el
pago de los créditos de la misma clase, cuyo monto o privilegio esté en litigio, y
para la atención de los gastos subsiguientes de la quiebra.
Los créditos a que se refieren los números 1 y 4 del artículo 2.472° del
Código Civil no necesitarán de verificación, salvo los señalados en el inciso
siguiente.
Las costas personales del acreedor peticionario de la quiebra, gozarán de la
preferencia del número 1 del artículo 2472 del Código Civil, y los gastos de la
petición de la quiebra por parte del deudor gozarán de la preferencia establecida
en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil, hasta los siguientes límites:
el 2% del crédito invocado si éste no excede de 10.000 unidades de fomento y el 1%
en lo que exceda de dicho valor. Para estos efectos, si la quiebra es solicitada por
el propio deudor, y éste invocare más de un crédito, se estará a aquél en cuyo
pago hubiere cesado en primer lugar. El saldo, si lo hubiere, se considerará
valista.
Los créditos mencionados en el N° 5 del mismo artículo serán pagados con
cargo a los primeros fondos del fallido de que se pueda disponer,
administrativamente, siempre que existan antecedentes documentarios que los
justifiquen y aun antes de su verificación.
Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los términos
establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones
convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de
remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las
indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de
las causales señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010.
Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia
del reclamo del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11 de la Ley
N° 19.010, se pagarán con el solo mérito de sentencia judicial ejecutoriada que
así lo ordene.
Al efectuar los pagos preceptuados en los incisos tercero y cuarto, el síndico
cuidará que el monto del saldo del activo sea suficiente para asegurar el pago de
los créditos de mejor derecho.
En la forma establecida en el inciso primero de este artículo se hará, en
seguida, el pago de los créditos de la cuarta clase.
Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito
preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.
Los titulares de los créditos laborales que gocen de las preferencias de los
números 5 y 8 del artículo 2472 del Código Civil podrán verificar
condicionalmente sus respectivos créditos con el solo mérito de la presentación de
la demanda interpuesta con anterioridad a la quiebra o con la notificación al
síndico de la demanda interpuesta con posterioridad a la declaración de quiebra
ante el tribunal competente, y el síndico deberá reservar fondos suficientes para
el evento de que se acoja dicha demanda, sin perjuicio de los pagos administrativos
que procedan.
En caso de quiebra, hay objeto ilícito en la renuncia de cualquier monto de los
créditos a que se refieren los números 5, 6 y 8 del artículo 2472 del Código
Civil, sin perjuicio de la transacción convencional o judicial que se celebre con
posterioridad a la notificación de la sentencia de primera instancia del juicio
laboral o previsional respectivo.

ARTICULO 149° Los acreedores de la segunda clase, incluidos los que gocen del
derecho de retención judicialmente declarado, podrán ser pagados sin aguardar las
resultas de la quiebra, siempre que se asegure lo necesario para pagar los créditos
de la primera clase si los demás bienes de la masa no parecieren suficientes para
satisfacerlos.
Con tal objeto, dichos acreedores podrán iniciar, ante el tribunal que conozca
de la quiebra, los procedimientos que correspondan, o continuar ante él los ya
iniciados en otros juzgados si prefirieren no dejar en manos del síndico la
realización de los bienes gravados.
El síndico podrá, si lo considera conveniente para la masa, exigir la entrega
de la cosa dada en prenda o retenida, siempre que pague la deuda o deposite, a la
orden del tribunal, su valor estimativo en dinero, sobre el cual se hará efectivo el
privilegio.
ARTICULO 150° Los acreedores de la tercera clase se pagarán en la forma que
determinan los artículos 2.477°, 2.478°, 2.479° y 2.480° del Código Civil.


Los concursos especiales de hipotecarios que se formen sin declaración de
quiebra se regirán por las disposiciones del Código Civil y del Procedimiento
Civil.

ARTICULO 151° Toda vez que se reúna la cantidad suficiente para hacer a los
acreedores comunes un abono no inferior al cinco por ciento, reservando lo necesario
para los gastos de la quiebra, para responder a los créditos impugnados y a los de
los acreedores residentes en el extranjero que no hayan alcanzado a comparecer, el
síndico hará ese reparto, conforme a la nómina formada con arreglo al artículo
143°. El reparto será anunciado por aviso y por carta certificada a todo acreedor.

ARTICULO 152° El acreedor condicional podrá exigir la consignación de los
dividendos que le corresponderían cumplida la condición, o su entrega bajo caución
suficiente de restituirlos a la masa , con el interés corriente, para el caso de que
la condición no se verifique.

ARTICULO 153° Cuando un acreedor fuere a la vez deudor del fallido, sin que
hubiere operado la compensación, las sumas que a aquél le correspondan se
aplicarán al pago de su deuda, aunque no estuviere vencida.

ARTICULO 154° La demanda de los acreedores morosos no suspenderá la
realización de los repartos; pero si, pendiente el reconocimiento de estos nuevos
créditos se ordenare otro reparto, serán dichos acreedores comprendidos en él, por
la suma que corresponda, en conformidad al siguiente inciso, con calidad de que sea
mantenida en depósito hasta que sus créditos queden reconocidos.
Reconocidos sus créditos, los reclamantes tendrán derecho a exigir que los
dividendos que les hubieren correspondido en las distribuciones precedentes, sean de
preferencia cubiertos con los fondos no repartidos; pero no podrán demandar a los
acreedores pagados en los anteriores repartos la devolución de cantidad alguna, aun
cuando los bienes de la quiebra no alcancen a cubrir íntegramente sus dividendos
insolutos.

ARTICULO 155° La cantidad reservada para los acreedores residentes fuera del
territorio de la República permanecerá en depósito hasta el vencimiento del duplo
del término de emplazamiento que les corresponda y, vencido este plazo, se aplicará
al pago de los créditos reconocidos.

ARTICULO 156° Si algún acreedor comprendido en la nómina de distribución no
compareciere a recibir lo que le corresponda tres meses después de la notificación
del reparto, el síndico depositará su importe en arcas fiscales a la orden de dicho
acreedor.

TITULO XI (ARTS. 157-168)
Del sobreseimiento en los procedimientos de la quiebra

1.- Del sobreseimiento en general. (ART. 157)

ARTICULO 157° El sobreseimiento de la quiebra puede ser temporal o definitivo.
El sobreseimiento temporal suspende provisoriamente los procedimientos de la
quiebra.
El sobreseimiento definitivo pone fin al estado de quiebra.
2.- Del sobreseimiento temporal. (ARTS. 158-163)
ARTICULO 158° El tribunal dará lugar al sobreseimiento temporal:


1.- Cuando, de conformidad con el artículo 97°, no apareciere ningún bien
perteneciente a la masa, o
2.- Cuando resultare de la cuenta presentada por el síndico en la primera junta
de acreedores que el producto probable de la realización del activo no alcanzare
para cubrir los gastos de prosecución de la quiebra y se procediere, de acuerdo con
el artículo 109°, a la realización sumaria del activo. En este caso el
sobreseimiento temporal se decretará de oficio, una vez finalizada la realización
sumaria del activo y distribuido el excedente que de ella pudiere haber resultado.

ARTICULO 159° En el caso del N° 1 del artículo anterior, el sobreseimiento
temporal sólo se ordenará a solicitud del síndico, la que se notificará en igual
forma que la declaratoria de quiebra.
Si alguno de los acreedores se opusiere dentro del término de siete días, se
tramitará su oposición como incidente.

ARTICULO 160° No se dará lugar al sobreseimiento si se justificare la
existencia de bienes o un tercero anticipare los fondos suficientes para la
prosecución de la quiebra. En el primer caso se seguirá el procedimiento dirigido a
la realización sumaria de los bienes y en el segundo, el procedimiento normal
establecido en esta ley.
Los anticipos a que se refiere el inciso precedente gozarán del privilegio
concedido a las costas judiciales y se pagarán con los primeros fondos que se
obtengan.

ARTICULO 161° El sobreseimiento temporal deja subsistente el estado de quiebra,
pero restituye a los acreedores el derecho de ejecutar individualmente al fallido.

ARTICULO 162° Mientras no se pronunciare el sobreseimiento definitivo, el
fallido, cualquier acreedor o persona interesada, podrá solicitar que se deje sin
efecto el sobreseimiento temporal:
1.- Si se acreditare la existencia de valores suficientes en dinero o en especies
para atender a los gastos de prosecución de la quiebra, o
2.- Si se depositaren a disposición del tribunal los fondos suficientes para
igual objeto, a los que se aplicará lo preceptuado en el inciso segundo del
artículo 160°.

ARTICULO 163° Acogida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, se
reponen las cosas al estado que tenían antes de pronunciada la resolución de
sobreseimiento, pero no habrá derecho para reclamar la entrega de las sumas que los
acreedores hubieren percibido en el ejercicio de las acciones individuales entabladas
por ellos contra el deudor.

3.- Del sobreseimiento definitivo. (ARTS. 164-168)

ARTICULO 164° Tiene lugar el sobreseimiento definitivo:
1.- Cuando todos los acreedores convienen en desistirse de la quiebra o remiten
sus créditos;
2.- Cuando el deudor o un tercero por él, consigna el importe de las costas y
los créditos vencidos y cauciona los demás a satisfacción de los acreedores, y
3.- Cuando todos los créditos hayan sido cubiertos en capital e intereses con el
producto de los bienes realizados en la quiebra.

ARTICULO 165° Se sobreseerá también definitivamente, aun cuando las deudas no
se hubieren alcanzado a cubrir con el producto de la realización de todos los bienes
de la quiebra, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1.- Que hayan transcurrido dos años contados desde que hubiere sido aprobada la
cuenta definitiva del síndico;
2.- Que, habiendo terminado el procedimiento de calificación de la quiebra por
sentencia ejecutoriada, haya sido calificada de fortuita, y
3.- Que el deudor no haya sido condenado por alguno de los delitos contemplados
en el artículo 466° del Código Penal.
El sobreseimiento de que trata este artículo extingue, además, las obligaciones


del fallido por los saldos insolutos de sus deudas anteriores a la declaración de
quiebra, sin perjuicio de distribuirse entre los acreedores el producto de los bienes
adquiridos con posterioridad y ya ingresados a la quiebra, con arreglo al inciso
segundo del artículo 65°.

ARTICULO 166° La solicitud de sobreseimiento definitivo se notificará por
aviso.
Dentro del término de quince días siguientes a la notificación, podrán
deducirse oposiciones, las que se tramitarán como incidentes entre el deudor y el
opositor. La resolución será apelable en ambos efectos.

ARTICULO 167° Ejecutoriada la sentencia que declare el sobreseimiento
definitivo, cesa el estado de quiebra y se cancelarán las inscripciones que se
hubieren practicado en la oficina del Conservador de Bienes Raíces.

ARTICULO 168° Ejecutoriada la sentencia que declare el sobreseimiento definitivo
y siempre que hubiere terminado por sentencia ejecutoriada el respectivo proceso a
que se refieren los N.os 2 y 3 del artículo 165°, se hará entrega al deudor de los
bienes sobrantes, de sus libros y papeles, y del remanente, si lo hubiere.
Si no se cumplieren los requisitos señalados en el inciso anterior y no se
pudiere aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25, en caso de
incapacidad física o mental o muerte del síndico, los libros y papeles del deudor
serán entregados a la Superintendencia de Quiebras.

TITULO XII
DE LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES Y DE LOS CONVENIOS JUDICIALES

1. De los Acuerdos Extrajudiciales

ARTICULO 169° Cualquier acuerdo extrajudicial celebrado entre el deudor, antes
de su declaración de quiebra, y uno o más de sus acreedores relativo al pago de sus
obligaciones o a la administración de sus bienes, sólo obliga a quienes lo
suscriban, aun cuando se le denomine convenio.
ARTICULO 170° Artículo 170. Lo dispuesto en el artículo anterior no será
aplicable a los convenios regulados por la Ley General de Bancos y por el decreto con
fuerza de ley Nº 251, de 1931, sobre Compañías de Seguros y a otros convenios
regulados por la ley.

2. Del Convenio Judicial Preventivo

Artículo 171. El convenio judicial preventivo es aquél que el deudor propone,
con anterioridad a la declaración de quiebra y en conformidad a las disposiciones de
este Párrafo. Comprende todas sus obligaciones existentes a la fecha de las
resoluciones a que se refieren las letras a) y b) del artículo 200, aun cuando no
sean de plazo vencido, salvo las que la ley expresamente exceptúe.

Artículo 172. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el
acreedor que se encuentre en alguno de los casos previstos en los números 1 y 2 del
artículo 43, podrá solicitar al tribunal competente que ordene al deudor, o a la
sucesión del deudor formular proposiciones de convenio judicial preventivo dentro
del plazo de 30 días contado desde la notificación efectuada en la forma prevista
en el inciso final del artículo 45. La no presentación del convenio dentro del
plazo indicado, acarreará, necesariamente, la quiebra del deudor y el tribunal la
declarará de oficio.
En el caso del inciso anterior el deudor podrá, dentro de cinco días contados
desde la notificación de la solicitud, manifestar que se acoge irrevocablemente al
artículo 177 ter, y el juez citará a la junta de acreedores a que se refiere dicha
disposición.


El derecho del acreedor no podrá ser ejercido por las personas a que se refiere
el inciso tercero del artículo 177 bis. Si se ejerciere respecto de la sucesión del
deudor, se aplicará lo dispuesto en el artículo 50.
Una vez notificada su solicitud, el acreedor no podrá retirarla o desistirse de
ella. Tampoco podrá ser objeto de transacción de ninguna clase. El pago hecho al
acreedor solicitante después de presentada su petición será nulo de pleno derecho.
Contra la resolución que ordene al deudor presentar un convenio, sólo podrá
entablarse recurso de reposición; y contra la que resuelva la reposición no
procederá recurso alguno. En este caso el plazo a que se refiere el inciso primero
será de 20 días, contado desde la resolución que falle la reposición.
Si el tribunal desecha la solicitud del acreedor, éste podrá pedir la quiebra
en conformidad a la presente ley; pero si la petición de quiebra se basa en la misma
causal invocada y en idéntico fundamento de hecho, deberá solicitarla ante el
tribunal que desestimó la solicitud.

Artículo 173. Las proposiciones de convenio judicial preventivo que haga el
deudor y las solicitudes del artículo anterior, se presentarán ante el tribunal que
sería competente para declarar la quiebra de aquél, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 180. Las proposiciones de convenio judicial preventivo deberán estar
acompañadas de todos los antecedentes que determina el artículo 42, con expresa
mención del domicilio en Chile de los tres mayores acreedores, excluidos aquéllos a
que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 190 y deberán contener una
propuesta de honorarios para el síndico que se designare.
Presentadas las proposiciones de esta clase de convenio, el juez deberá
designar al síndico titular y al suplente que nomine el acreedor con domicilio en
Chile que aparezca con el mayor crédito en el estado de deudas presentado por el
deudor al tribunal. Para estos efectos, el secretario del tribunal cuidará que se
notifique a la brevedad al indicado acreedor, en forma fidedigna, para que éste
formule la nominación por escrito al tribunal dentro del plazo de cinco días de
efectuada la notificación señalada. Si dentro de dicho plazo el acreedor no hiciere
la nominación respectiva o según certificación del secretario ha resultado
imposible notificar al acreedor en un breve plazo, el tribunal notificará al
acreedor residente en Chile que tenga el segundo mayor crédito, para que efectúe la
nominación en la forma expresada. En caso de que lo señalado resultare imposible de
aplicar, se designará al síndico mediante el sorteo establecido en el inciso final
del artículo 42, de todo lo cual se dejará constancia pormenorizada en el
expediente.

Artículo 174. El tribunal designará al síndico titular y al suplente nominado
en la forma establecida en el artículo anterior. En la misma resolución dispondrá:
1.- Que el deudor quede sujeto a la intervención del síndico titular
señalado, que tendrá las facultades del artículo 294 del Código de Procedimiento
Civil;
2.- Que el síndico informe al tribunal sobre las proposiciones de convenio
dentro del plazo de veinte días, que será prorrogable por una sola vez a solicitud
del síndico por un máximo de diez días, según determine el tribunal. Este informe
deberá contener:
a) la calificación fundada acerca de si la propuesta es susceptible de ser
cumplida, habida consideración de las condiciones del deudor;
b) la apreciación de si el convenio resultará más conveniente para los
acreedores que la quiebra del deudor; y
c) el monto probable de recuperación que le correspondería a cada acreedor
valista en la quiebra, para los efectos del artículo 190 inciso segundo.
Si el síndico no presentare el informe dentro del plazo indicado, el deudor o
cualquiera de los acreedores podrá ocurrir al juez para que le fije un nuevo plazo o
para que asuma el cargo el síndico suplente y, para que además, fije nuevo día y
hora para la junta.


El síndico informante deberá presentar una cuenta final de su intervención
dentro del plazo de 30 días contado desde que el convenio entre en vigencia;
3.- Que todos los acreedores sin excepción alguna se presenten y verifiquen sus
créditos con los documentos justificativos que corresponda, bajo apercibimiento de
proseguirse la tramitación sin volver a citar a ningún ausente, sin perjuicio del
derecho a voto que les corresponda conforme al artículo 179. Estos créditos podrán
ser verificados hasta el día fijado para la celebración de la junta en conformidad
al número siguiente, y podrán ser impugnados por el deudor y por cualquier acreedor
hasta el último día del plazo que el inciso primero del artículo 197 señala para
impugnar el convenio. Aquellos créditos no impugnados se tendrán por reconocidos;
4.- Que los acreedores concurran a una junta, que no podrá tener lugar antes de
vencer los treinta días siguientes a esta resolución, para deliberar sobre las
proposiciones de convenio;
5.- Que se notifique personalmente esta resolución al síndico titular y
suplente, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 26, y por cédula a los
tres mayores acreedores a que se refiere el inciso primero del artículo anterior.
Los demás acreedores serán notificados en conformidad al artículo siguiente;
y
6.- Que dentro de tercero día de efectuada la última notificación a las
personas señaladas en el inciso primero del número precedente, el síndico titular,
los tres mayores acreedores a que se refiere el número anterior y el deudor, asistan
a una audiencia, que se efectuará con los que concurran, para pronunciarse sobre la
proposición de honorarios del síndico que el deudor ha debido hacer en las
proposiciones de convenio. Si no se produjere acuerdo sobre el monto de los
honorarios y forma de pago o no asistiere ninguno de los citados, se fijarán por el
juez sin ulterior recurso.
En caso de quiebra, la suma correspondiente al 50% de los honorarios del
síndico gozará de la preferencia del número 4 del artículo 2472 del Código
Civil.

Artículo 175. La proposición de convenio deberá ser notificada por el deudor
a sus acreedores por medio de un aviso en el Diario Oficial, que deberá contener un
extracto de la proposición y copia íntegra de la resolución a que se refiere el
artículo anterior. Esta notificación deberá hacerse dentro del plazo de 8 días
contado desde la fecha de dicha resolución.
La proposición de convenio se tendrá por no presentada si no se efectúa la
notificación dentro del plazo indicado, salvo impedimento justificado, calificado
por el tribunal.

Artículo 176. Una vez notificada la proposición de convenio, ésta no podrá
ser retirada por el proponente. Se entiende que el deudor comprendido en el artículo
41 ha dado cumplimiento a la obligación que establece dicha disposición, si las
proposiciones han sido presentadas dentro del plazo señalado en ella, siempre que
sean notificadas en el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 175.

Artículo 177. La tramitación de esta clase de convenio no embarazará el
ejercicio de ninguna de las acciones que procedan en contra del deudor, no
suspenderá los juicios pendientes, ni obstará a la realización de los bienes. Sin
embargo, suspenderá el plazo de prescripción de las acciones referidas en los
Párrafos 2º y 3º del Título VI desde la fecha de la resolución que lo tiene por
presentado o de la resolución que ordena citar a Junta de Acreedores en el caso del
artículo 177 ter.
Se aplicarán a esta clase de convenios las disposiciones del Párrafo 5 del
Título VI. La referencia que el artículo 93 hace al síndico, debe entenderse, en
este caso, hecha al deudor.
En relación a las compensaciones, se aplicará a estos convenios lo que para la


quiebra dispone el artículo 69, a contar de la resolución que recae en las
proposiciones de convenio.

Artículo 177 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la
proposición de convenio judicial preventivo se hubiere presentado con el apoyo de
dos o más acreedores que representen más del 50% del total del pasivo, no podrá
solicitarse la quiebra del deudor ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos,
ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento,
durante los noventa días siguientes a la notificación por aviso de la resolución
en que el tribunal cite a los acreedores a junta para deliberar sobre dicha
proposición. Durante este período, se suspenderán los procedimientos judiciales
señalados y no correrán los plazos de prescripción extintiva.
El pasivo se determinará sobre la base del estado a que se refiere el artículo
42 número 4, certificado de acuerdo a la información disponible y a la cual
hubieren tenido acceso de los registros del deudor, por auditores externos,
independientes, e inscritos en el registro que lleva la Superintendencia de Valores y
Seguros.
Para los efectos del cálculo del total del pasivo y de la mayoría antes
indicada, sólo se excluirán:
a) las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere
el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores; y
b) el titular de la empresa individual de responsabilidad limitada proponente
del convenio y esta empresa individual si el proponente es su titular. En el caso del
inciso primero, los acreedores privilegiados e hipotecarios no perderán sus
preferencias, y podrán impetrar las medidas conservativas que procedan.
En el aviso que se publique se señalará en forma expresa si se ha reunido la
mayoría señalada en el inciso primero.
Lo dispuesto en el inciso primero no se aplicará a los juicios laborales sobre
obligaciones que gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor
tuviere, en tal carácter, a favor de su cónyuge o de sus parientes o de los
gerentes, administradores, apoderados u otras personas que hayan tenido o tengan
injerencia en la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá
por parientes a los ascendientes y descendientes y a los colaterales hasta el cuarto
grado, inclusive.
Durante el período de suspensión a que se refiere este artículo, el deudor no
podrá gravar ni enajenar sus bienes. Sólo podrá enajenar aquéllos expuestos a un
próximo deterioro, o a una desvalorización inminente, o los que exijan una
conservación dispendiosa, y podrá gravar o enajenar aquéllos cuyo gravamen o
enajenación resulten estrictamente indispensables para el normal desenvolvimiento de
su actividad, siempre que cuente con la autorización previa del síndico para la
ejecución de dichos actos.
El plazo a que se refiere el inciso primero es fatal e improrrogable. Si dentro
de él no se acordare el convenio, el tribunal declarará de oficio la quiebra.
Los plazos señalados en el artículo 63 y en los Párrafos 2º y 3º del
Título VI se ampliarán en tantos días cuantos transcurrieren desde la fecha de la
resolución recaída en las proposiciones de convenio hasta la fecha de la
declaración de quiebra.

Artículo 177 ter. El deudor podrá solicitar al tribunal que sea competente
para conocer de su quiebra, acompañando a su solicitud todos los antecedentes
señalados en el artículo 42, que cite a una junta de acreedores, la que tendrá
lugar dentro de 10 días contados desde la notificación por aviso de la resolución
recaída en la solicitud, a fin de que ella designe a un experto facilitador. Éste
estará sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Quiebras, la que para
estos efectos tendrá todas las atribuciones y deberes que le señala el artículo
8°. Este plazo no se suspenderá durante el feriado judicial. Si la solicitud del
deudor al tribunal ha sido presentada dentro del plazo del artículo 41, la
notificación deberá hacerse dentro del plazo de ocho días contado desde la fecha
de la resolución. Si la notificación es oportuna se entenderá que el deudor
comprendido en el artículo 41 ha dado cumplimiento a la obligación que establece


dicha disposición.
En la resolución a que se refiere el inciso anterior, el juez deberá designar
a un interventor que sólo ejercerá las facultades que el inciso séptimo del
artículo anterior y los incisos segundo y tercero del artículo 102 otorgan al
síndico. El interventor cesará en sus funciones el día de la junta, cuando ésta
no designe a un experto facilitador, o bien el día en que éste asuma en su cargo,
si la junta lo ha nombrado. La remuneración del interventor será fijada por el
juez, será de cargo del deudor y tendrá la preferencia del N° 4 del artículo 2472
del Código Civil.
El experto facilitador, dentro del plazo de 30 días improrrogable, contado
desde la celebración de dicha junta, deberá evaluar la situación legal, contable,
económica y financiera del deudor y proponer a sus acreedores un convenio que sea
más ventajoso que la quiebra de aquél, o, en caso contrario, solicitar al tribunal
que declare la quiebra del deudor, el que la deberá declarar sin más trámite. Si
el experto facilitador no diere cumplimiento a su cometido dentro del plazo señalado
el juez dictará de oficio la sentencia de quiebra del deudor.
Tendrán derecho a voto en la junta señalada en el inciso primero, los
acreedores que aparezcan en el estado a que se refiere el artículo 42 N° 4,
certificado, de acuerdo a la información disponible y a la cual hubieren tenido
acceso de los registros del deudor, por auditores externos, independientes, e
inscritos en el registro que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, con
exclusión de los acreedores señalados en el inciso tercero del artículo 177 bis.
La designación del experto facilitador se hará con el voto de uno o más de los
acreedores, que representen más del 50% del total del pasivo con derecho a voto; en
caso contrario, se considerará fracasada la gestión. Los acreedores hipotecarios y
privilegiados no perderán sus preferencias por la circunstancia de participar y
votar en esta junta, y podrán impetrar las medidas conservativas que procedan. El
experto facilitador será notificado en la forma que establece el artículo 55.
Podrá ser experto facilitador toda persona natural capaz de administrar sus
propios bienes. Los síndicos de la nómina nacional podrán ser designados como
expertos facilitadores, pero en caso de quiebra del deudor no podrán ser nombrados
como síndico en esa quiebra.
El experto facilitador deberá comunicar su designación a la Superintendencia
de Quiebras dentro de las 24 horas siguientes, la que procederá a incorporarlo a un
registro especial de expertos facilitadores que llevará al efecto.
Los honorarios del experto facilitador serán de cargo del deudor, con quien
deberá pactarlos. En caso de desacuerdo serán fijados por el juez, y gozarán, al
igual que los gastos en que incurra, de la preferencia del N° 4 del artículo 2472
del Código Civil, sólo en la parte que corresponda al 25% del que resulta una vez
aplicada la tabla a que se refiere el artículo 34. No podrá solicitarse la quiebra
del deudor ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos o ejecuciones de cualquier
clase, desde la notificación por aviso señalada en el inciso primero:
a) Hasta la celebración de la junta citada para la designación del experto
facilitador, en caso de que no se apruebe en ella esta designación;
b) Hasta la solicitud del experto facilitador al tribunal para que declare la
quiebra del deudor;
c) Hasta la celebración de la junta de acreedores a que se refiere el inciso
penúltimo de este artículo, si se rechaza en ella la proposición de convenio
presentada por el experto facilitador.
Durante los períodos indicados, se suspenderán dichos procedimientos
judiciales, no correrán los plazos de prescripción extintiva, y el deudor
conservará la administración de sus bienes, con las limitaciones establecidas en el
inciso séptimo del artículo 177 bis, sujeto a la intervención del experto
facilitador, con las mismas facultades que a éste entregan dicho inciso y el N° 1
del inciso primero del artículo 174.
El experto facilitador tendrá pleno acceso a todos los libros, papeles,
documentos y antecedentes del deudor que estime necesarios para el cumplimiento de su
cometido.
En todo este procedimiento se aplicará lo dispuesto en el inciso sexto del


artículo anterior.
En caso de que el experto facilitador formule una proposición de convenio, ésta
deberá ser votada en junta de acreedores dentro del plazo de 15 días contado desde
la notificación por aviso de la proposición. Se aplicarán a esta proposición los
artículos 175, inciso primero, 178, 179 y 180 y las normas contenidas en el Párrafo
4° del Título III de esta ley.
Los plazos señalados en el artículo 63 y en los Párrafos 2º y 3º del
Título VI se ampliarán en tantos días cuantos transcurrieren desde la fecha de la
resolución recaída en las proposiciones de convenio hasta la fecha de la
declaración de quiebra.

Artículo 177 quáter. Si la proposición de convenio judicial preventivo se
hubiere presentado con el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 66%
del total del pasivo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 177 bis, con las
siguientes modificaciones:
1. El juez citará a una junta que se deberá realizar a más tardar a los 30
días contados desde la notificación por aviso de la resolución judicial
respectiva;
2. El síndico nombrado en conformidad al artículo 173 no tendrá la función
de informar señalada en el N° 2 del artículo 174, y
3. La suspensión se mantendrá hasta el día fijado para dicha junta, en la que
se deberá acordar o rechazar el convenio en conformidad a las disposiciones de este
Título.

Artículo 178. Las proposiciones de convenio judicial preventivo pueden versar
sobre cualquier objeto lícito para evitar la declaración de la quiebra del deudor,
salvo sobre la alteración de la cuantía de los créditos fijada para determinar el
pasivo.
El convenio será uno y el mismo para todos los acreedores, salvo que medie
acuerdo unánime en contrario, en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
El convenio podrá contener una proposición principal y proposiciones
alternativas a ella para todos los acreedores, en cuyo caso éstos deberán optar por
regirse por una de ellas, dentro de diez días contados desde la fecha de la junta
que lo acuerde.
En él se podrá pactar que las cuestiones o diferencias que se produzcan entre
el deudor y uno o más acreedores o entre éstos, con motivo del convenio y en
especial de su aplicación, interpretación, cumplimiento, nulidad o declaración de
incumplimiento pueda o deba ser sometida al conocimiento o resolución de un juez
árbitro, como asimismo, establecer la naturaleza del arbitraje y cualquier otra
materia sobre el mismo.
Este pacto compromisorio será obligatorio para todos a quienes afecta el
convenio.
Si el árbitro declara nulo o incumplido el convenio, remitirá de inmediato el
expediente a la Corte de Apelaciones respectiva, para la designación del tribunal
que deberá declarar la quiebra en conformidad a esta ley.

Artículo 179. El síndico, o el interventor en el caso del inciso segundo del
artículo 177 ter, presentará una nómina de acreedores con derecho a voto y sus
respectivos créditos con 10 días de anticipación a la fecha señalada para la
junta.
En el cuarto día hábil, que no sea sábado, inmediatamente anterior al
señalado para la celebración de la junta, se efectuará la audiencia verbal a que
se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 102.
Los acreedores que se hayan presentado con los documentos justificativos de sus
créditos, pero que carezcan de derecho a voto, tendrán solamente derecho a
concurrir a la reunión y a dejar constancia escrita de sus observaciones, bajo su
firma, en documento que se agregará al acta pertinente.
La exclusión, la inclusión, el aumento o la disminución por parte del


síndico de un crédito en la nómina a que se refiere el inciso primero de este
artículo, sin motivo justificado, serán consideradas como faltas graves para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 8° N° 9.
En las juntas de acreedores que se efectúen con posterioridad a la aprobación
del convenio judicial preventivo el derecho a voto se determinará en conformidad al
artículo 102. No tendrán derecho a voto los acreedores comprendidos en el artículo
190.

ARTICULO 179 bis.- Eliminado.

Artículo 180. Las proposiciones de convenio judicial preventivo de las
sociedades sujetas a fiscalización por la Superintendencia de Valores y Seguros, con
excepción de las compañías de seguros, deberán ser presentadas ante un tribunal
arbitral designado en conformidad a los artículos siguientes.
La competencia del tribunal arbitral se extiende a todo cuanto sea necesario
para la tramitación de las proposiciones de convenio judicial preventivo y a los
incidentes que se promuevan durante el procedimiento del mismo, hasta que la
resolución que lo tenga por aprobado se encuentre ejecutoriada. Si el convenio fuere
rechazado o desechado, el tribunal arbitral lo declarará así en una resolución que
será inapelable, y remitirá de inmediato el expediente a la Corte de Apelaciones
respectiva, para que ésta designe el tribunal que declarará la quiebra sin más
trámite y proceda a la designación del síndico de conformidad al artículo 209.

Artículo 181.- El Tribunal arbitral, que será unipersonal, será designado por
el Presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio fijado en los
estatutos de la entidad proponente, que será también el domicilio del tribunal, de
entre abogados que hayan ejercido la profesión por más de 20 años y que se
encuentren inscritos en una lista que llevará la Superintendencia. Además habrá un
árbitro subrogante quien será designado por el Presidente de esa Corte a
proposición del árbitro titular, de entre los inscritos en la referida lista.
El Tribunal contará con un secretario, cargo que será ejercido por un notario
que tenga su oficio en la ciudad en que se encuentre domiciliado el árbitro, quien
deberá designarlo.
El árbitro podrá ser sustituido por la Junta de Acreedores, con acuerdo del
deudor, sin las exigencias establecidas en el inciso primero.
El árbitro será de derecho y su aceptación del cargo deberá efectuarse ante
el secretario de la respectiva Corte de Apelaciones.

Artículo 182.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, podrá
otorgarse el carácter de mixto al árbitro si consiente en ello el deudor y lo
acuerdan dos o más acreedores que representen más del 50% del total pasivo, cuando
se trate de las sociedades a que se refiere el artículo 180 inciso primero, o el 75%
del total pasivo, en el caso del artículo 184. En estos casos, el árbitro será
designado por la misma junta de acreedores que le dé este carácter y la aceptación
del cargo deberá efectuarse en la forma señalada en el inciso final del artículo
anterior.

Artículo 183. Los costos del arbitraje serán de cargo del deudor proponente, y
en caso de quiebra tendrán la preferencia prevista en el N° 1 del artículo 2472
del Código Civil.

Artículo 184. También podrán ser sometidas a arbitraje en conformidad a las
normas precedentes, las proposiciones de convenio de cualquier deudor, si éste lo
acuerda con sus acreedores que representen a lo menos el 66% del total pasivo,
debidamente certificado en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del


artículo 177 bis.

Artículo 185.- Los tribunales arbitrales a que se refieren el inciso cuarto del
artículo 178 y los artículos 180 y 184 tendrán las siguientes facultades:
1° Podrán admitir, además de los medios probatorios establecidos en el
Código de Procedimiento Civil, cualquier otra clase de prueba; y decretar de oficio
las diligencias probatorias que estime conveniente, con citación de las partes.
Tendrán, además, en todo momento, acceso a los libros, documentos y medios de
cualquier clase en los cuales estén contenidas las operaciones, actos y contratos
del proponente del convenio; y
2° Apreciarán la prueba de acuerdo con las normas de la sana crítica, y
deberán consignar en la respectiva resolución los fundamentos de dicha
apreciación.

3. Del Convenio simplemente judicial
Artículo 186. El convenio simplemente judicial es el que se propone durante el
juicio de quiebra para ponerle término.

Artículo 187. El fallido o cualquiera de los acreedores podrá hacer
proposiciones de convenio en cualquier estado de la quiebra. Presentadas las
proposiciones de convenio, los acreedores las conocerán y se pronunciarán sobre
ellas en una junta citada especialmente al efecto por aviso, con indicación expresa
de si se ha reunido la mayoría exigida en el inciso segundo del artículo siguiente,
para no antes de 30 días.
Se aplicará a esta clase de convenio lo dispuesto en el artículo 178.

Artículo 188. La tramitación de esta clase de convenio no embaraza el
ejercicio de ninguna de las acciones que procedan en contra del fallido, no suspende
los procedimientos de la quiebra o juicios pendientes, ni obsta a la realización de
los bienes.
Sin embargo, si el convenio simplemente judicial se presentare apoyado por a lo
menos el 51% del total pasivo de la quiebra, el síndico sólo podrá enajenar los
bienes expuestos a un próximo deterioro o a una desvalorización inminente o los que
exijan una conservación dispendiosa.
El pasivo será certificado por el síndico. Se excluirán a los acreedores a
que se refiere el inciso tercero del artículo 177 bis.
Por el hecho de apoyar esta clase de convenio, los acreedores hipotecarios y
privilegiados no perderán sus preferencias.

Artículo 189. En el convenio simplemente judicial el derecho a voto de los
acreedores se determinará en conformidad al artículo 102. No tendrán derecho a
voto los acreedores comprendidos en el artículo 190.

4. De la aprobación de los Convenios Judiciales
Artículo 190. El convenio se considerará acordado cuando cuente con el
consentimiento del deudor y reúna a su favor los votos de los dos tercios o más de
los acreedores concurrentes que representen tres cuartas partes del total del pasivo
con derecho a voto, excluidos los créditos preferentes cuyos titulares se hayan
abstenido de votar por ellos. No podrán votar, ni sus créditos se considerarán en
el monto del pasivo:
a) El cónyuge, los ascendientes y descendientes y hermanos del deudor o de sus


representantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 193;
b) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere
el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, y
c) El titular de la empresa individual de responsabilidad limitada proponente del
convenio, y esta empresa individual si el proponente es su titular.
Para obtener las mayorías necesarias para aprobar el convenio, un acreedor con
derecho a votar podrá excluir a otro acompañando vale vista a su orden por a lo
menos la suma mínima que correspondería conforme a la letra c) del número 2 del
artículo 174, dentro del plazo de cinco días contado desde la celebración de la
junta. Transcurrido ese plazo, sin que se haya consignado dicha cantidad, se
considerará emitido el voto del acreedor que se intentó excluir. Para estos
efectos, en el convenio simplemente judicial, el síndico deberá informar en la
junta a que se someta la aprobación del convenio, sobre lo dispuesto en la letra c)
del número 2 del artículo 174.
El acreedor disidente podrá objetar la cantidad, objeción que se tramitará
como incidente. Si se acoge el incidente, se podrá excluir al disidente pagándole
la diferencia establecida; pero si el acreedor excluyente no se aviene a pagar el
mayor valor, figurarán ambos acreedores en el convenio por la proporción que
corresponda a cada uno. En todo caso, el acreedor excluido conservará, en la parte
que le corresponda, sus acciones en contra de los terceros obligados al pago de su
crédito, y éstos podrán hacer valer sobre la cuota que dicho acreedor conserve en
el convenio, los derechos que por vía de subrogación o reembolso les correspondan.
El convenio se considerará acordado en el caso del inciso anterior cuando el
secretario del tribunal certifique la consignación oportuna con la que se obtenga la
mayoría señalada en el inciso primero.
Deberá levantarse un acta de lo obrado. En ella se mencionará a los acreedores
que hubieren votado a favor y a los que hubieren votado en contra del convenio, con
expresión de los créditos que representaren.
La modificación del convenio deberá acordarse con el mismo procedimiento y con
las mismas mayorías exigidas por el inciso primero de este artículo, excluidos los
créditos cuyos títulos sean posteriores a las proposiciones primitivas del convenio
aprobado que se pretende modificar, a quienes no obliga.

Artículo 191. Los acreedores preferentes respecto de bienes o del patrimonio
del deudor podrán asistir a la junta y discutir las proposiciones de convenio y
votar si renuncian a la preferencia de sus créditos. La circunstancia de que un
acreedor vote, importa la renuncia a la preferencia. Sólo para los acreedores que
hayan votado en contra, en caso del rechazo del convenio, la renuncia a la
preferencia tendrá el carácter de irrevocable. La renuncia puede ser parcial,
siempre que se manifieste expresamente. Si un acreedor es titular de créditos
preferentes y no preferentes, se presume de derecho que vota por sus créditos no
preferentes, salvo que exprese lo contrario.
Si los acreedores votan por sus créditos preferentes, los montos de éstos se
incluirán en el pasivo, para los efectos del cómputo a que se refiere el artículo
precedente por las sumas a que hubiere alcanzado la renuncia.
Los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los últimos 30 días
anteriores a la proposición, no podrán concurrir a la junta para deliberar y votar
el convenio, y tampoco podrán impugnarlo ni actuar en el incidente de impugnación.

Artículo 192. En el convenio podrá estipularse la constitución de garantías
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del deudor. Estas garantías
podrán constituirse en el mismo convenio o en instrumentos separados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 207 N° 8, los acreedores podrán
designar a uno o más de ellos para que representen a todos los acreedores afectos al
convenio en la celebración de los actos y en la suscripción, publicación e
inscripción de los instrumentos que sean necesarios para la debida constitución de
las garantías, así como para el ejercicio de los derechos y acciones que de ellas


emanen y para ser notificados y citados en los casos en que así lo dispone la ley
respecto de los acreedores prendarios e hipotecarios.
En las publicaciones e inscripciones de las garantías a que se refiere este
artículo no será necesario individualizar las obligaciones del convenio, siendo
suficiente a este respecto con hacer referencia a él, señalando la notaría y fecha
en que haya sido protocolizado conforme lo dispuesto en el inciso siguiente.
Una copia autorizada del acta de la junta en que se acuerde el convenio, y de la
resolución que lo apruebe, con su certificado de ejecutoria, deberá protocolizarse
en una notaría del lugar en que dicha junta se haya celebrado, y desde entonces
valdrá como escritura pública para todos los efectos legales. El acta de la junta
deberá incluir el texto íntegro del convenio.

Artículo 193. Las personas indicadas en el artículo 190 letra a), podrán
votar en la junta sólo para oponerse al convenio, y, en tal caso, sus créditos se
incluirán en el pasivo para los efectos del cómputo a que dicho artículo se
refiere.

Artículo 194. La no comparecencia del deudor a la junta en que debe deliberarse
sobre las proposiciones de convenio, personalmente o representado, hará presumir que
las abandona o las rechaza. Si la proposición es de convenio judicial preventivo, el
tribunal declarará la quiebra. Todo lo anterior, salvo excusa justificada.

Artículo 195. Acordado el convenio, éste será notificado por aviso, mediante
un extracto autorizado por el tribunal a los acreedores que no hubieren concurrido a
la junta.

Artículo 196. El convenio podrá ser impugnado por cualquier acreedor a quien
éste pudiere afectarle, sólo si alegare alguna de las causas siguientes:
1.- Defectos en las formas establecidas para la convocación y celebración de
la junta, o error en el cómputo de las mayorías requeridas por la ley;
2.- Falsedad o exageración del crédito o incapacidad o falta de personería
para votar de alguno de los que hayan concurrido con su voto a formar la mayoría, si
excluido este acreedor, hubiere de desaparecer tal mayoría;
3.- Inteligencia fraudulenta entre uno o más acreedores y el deudor para votar
a favor del convenio o para abstenerse de concurrir;
4.- Error u omisión sustancial en las listas de bienes o de acreedores;
5.- Ocultación o exageración del activo o pasivo, y
6.- Por contener una o más estipulaciones contrarias a lo dispuesto en los
incisos primero a quinto del artículo 178.
Podrán también impugnar el convenio todos aquéllos que hubiesen otorgado
cauciones reales o personales, o que sean terceros poseedores de bienes constituidos
en garantía de obligaciones del deudor, cuando los respectivos acreedores no
hubieren votado a favor del convenio.

Artículo 197. Podrá impugnarse el convenio únicamente dentro del plazo de 5
días contado, para todos los interesados, desde la notificación a que se refiere el
artículo 195.
Las impugnaciones que se presenten fuera de este plazo serán rechazadas de
plano.
Deducida una impugnación al convenio judicial preventivo, el síndico
informante, o experto facilitador en el caso del artículo 177 ter, tendrá la
calidad de interventor con las funciones establecidas en el artículo 207 de la
presente ley, hasta que se encuentre ejecutoriada la resolución que lo tenga por
aprobado o desechado. El experto facilitador en este caso quedará sujeto a la
fiscalización de la Superintendencia de Quiebras, en los mismos términos que los


síndicos.

Artículo 198. Las impugnaciones al convenio se tramitarán como un solo
incidente entre el deudor y el acreedor o acreedores que las hayan formulado, o las
personas referidas en el inciso final del artículo 196. Cualquier acreedor podrá
intervenir como tercero coadyuvante. La resolución que recaiga en el incidente se
notificará a las partes por aviso.

Artículo 199. El convenio entrará a regir desde que se encuentre vencido el
plazo para impugnarlo sin que se hayan interpuesto impugnaciones en su contra. En
este caso, y en el inciso segundo, se entenderá aprobado y el tribunal lo declarará
así de oficio o a petición de cualquier interesado.
Si el convenio ha sido impugnado, entrará a regir desde que cause ejecutoria la
resolución que deseche la o las impugnaciones y lo declare aprobado.
El recurso de casación deducido en contra de la sentencia de primera o segunda
instancia que desecha la o las impugnaciones, no suspende el cumplimiento del fallo,
incluso si la parte vencida solicita se otorgue fianza de resultas por la parte
vencedora.
Las resoluciones que se refieren los incisos anteriores de este artículo se
notificarán por aviso y en contra de ellas no procederá recurso alguno.
Sin perjuicio de lo anterior, el convenio judicial preventivo entrará a regir,
en todo caso, no obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra,
si éstas no contaren con la adhesión de acreedores que representen a lo menos el
30% del pasivo con derecho a voto determinado en conformidad al artículo 179. En
este caso, y en el inciso segundo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por
el deudor en el tiempo que medie entre el acuerdo y la fecha en que quede
ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin
efecto, salvo lo dispuesto en el artículo 2468 del Código Civil.
Si el convenio resultare desechado por resolución firme, las obligaciones y
derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad a los acuerdos
que han sido objeto del convenio se regirán por sus respectivas convenciones.

5. De los efectos del convenio
Artículo 200.- El convenio obliga al deudor y a todos sus acreedores, hayan o
no concurrido a la junta que lo acuerde y hayan o no tenido derecho a voto, salvo lo
dispuesto en el inciso final, por los créditos anteriores a la fecha de las
siguientes resoluciones:
a) La que ordena citar a junta para la designación del experto facilitador, en
el caso del artículo 177 ter;
b) La que recae en las proposiciones de convenio, en el caso de los demás
convenios judiciales preventivos, y
c) La que declare la quiebra, si el convenio es simplemente judicial.
No obstante lo anterior, el convenio no obliga a los acreedores señalados en el
inciso primero del artículo 191 por sus créditos respecto de los cuales se hubieren
abstenido de votar.

Artículo 201. Aprobado el convenio simplemente judicial, cesará el estado de
quiebra y se le devolverán al deudor sus bienes y documentos, sin perjuicio de las
restricciones establecidas en el convenio mismo.
Sin embargo, si para el procedimiento de calificación fueren necesarios los
libros del fallido, éstos quedarán en poder del tribunal encargado de ella.
Se cancelarán también las inscripciones de la declaración de quiebra que se


hubieren practicado en la oficina del Conservador de Bienes Raíces.
El síndico presentará su cuenta conforme con el Párrafo 4 del Título III de
esta ley.
No obstante la aprobación del convenio, el fallido quedará sujeto a todas las
inhabilidades que produce la quiebra mientras no obtenga su rehabilitación con
arreglo a las prescripciones de esta ley.
La aprobación del convenio no impide que continúe el procedimiento de
calificación de la quiebra

Artículo 202. Todos aquéllos que hubiesen otorgado cauciones reales o
personales, o que sean terceros poseedores de bienes constituidos en garantía de
obligaciones sujetas al convenio y los demás terceros, que paguen esas obligaciones
sin la oposición del deudor, podrán ejercer los derechos que por vía de
subrogación o reembolso les correspondan, solamente sobre lo que toque al acreedor
en el convenio. Si el acreedor ha sido pagado sólo de parte de lo que le corresponda
conforme al convenio, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se le quede
debiendo, con preferencia a las personas precedentemente mencionadas. La ampliación
del plazo de las deudas, acordada en el convenio, no pone fin a la responsabilidad de
los fiadores y codeudores, solidarios o subsidiarios, o de los avalistas del deudor
sujeto al convenio ni extingue las prendas o hipotecas constituidas sobre bienes de
terceros.
Si el acreedor votó en favor del convenio, los efectos serán los siguientes
según los casos:
a) No podrá cobrar su crédito a los fiadores o codeudores, solidarios o
subsidiarios, ni a los avalistas, sino que en los mismos términos en que puede
cobrar al deudor en virtud del convenio;
b) El tercer poseedor de la finca hipotecada y el propietario del bien empeñado
podrán liberar la garantía pagando la deuda en los mismos términos que los
estipulados en el convenio celebrado por el deudor garantizado;
c) La novación o dación en pago extingue la deuda respecto de los fiadores,
codeudores y avalistas antes mencionados, hasta concurrencia de la porción del
crédito sometido a convenio que se dio por extinguida mediante ellas;
d) Los terceros poseedores o propietarios de los bienes hipotecados o pignorados
pueden liberar la garantía, pagando la cantidad que corresponda considerando la
porción de la deuda que ha sido extinguida mediante la novación o dación en pago.
Si el acreedor no votó a favor del convenio, conserva sus derechos sin
alteraciones tanto respecto de los bienes gravados con garantías reales cuanto
respecto de sus fiadores y codeudores, solidarios o subsidiarios, y avalistas. Sin
embargo, si los créditos se dieron por extinguidos mediante novación o dación en
pago, la obligación de los fiadores y codeudores, solidarios o subsidiarios, y
avalistas del deudor sujeto al convenio se extinguen en el monto de lo que al
acreedor efectivamente toque con motivo de dichas novación o dación en pago.

Artículo 203. Los acreedores de una sociedad colectiva o en comandita que se
encuentre en quiebra podrán celebrar convenio con uno o más de los socios
solidarios, si se unen con los acreedores directos de éstos.
Este convenio desliga de la solidaridad al socio que lo obtiene y extingue la
deuda social respecto de los demás socios hasta concurrencia de la cuota que dicho
socio debiera pagar.
El activo social quedará sujeto al régimen de la liquidación de la quiebra, y
los bienes privativos del socio con quien se hubiere celebrado el convenio serán
aplicados al cumplimiento de éste.

Artículo 204. No obstante la aprobación del convenio simplemente judicial, el


tribunal que declaró la quiebra seguirá conociendo de todos los procesos agregados
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 70.

Artículo 205. Los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha de la
resolución recaída en la presentación de las proposiciones o en la solicitud de
designación de un experto facilitador, en su caso, pero que no los hubieren
verificado oportunamente, podrán demandar que se cumpla el convenio a su favor,
mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten, mediante un
procedimiento incidental que se seguirá con el deudor, ante el tribunal que conoció
del convenio, salvo que se haya celebrado el pacto compromisorio a que se refiere el
artículo 178, en cuyo caso conocerá el Tribunal que corresponda de acuerdo a éste.
En este procedimiento podrá actuar como parte cualquiera de los acreedores del
convenio.
Cuando el convenio verse sobre ampliación de plazo, éste empezará a correr
para todos desde que entre a regir el convenio, cualesquiera que sean los
vencimientos particulares de los créditos.

Artículo 206. El convenio podrá estipular el nombramiento de un interventor,
que podrá o no ser síndico de la nómina, y tendrá las atribuciones y deberes que
el mismo le señale. Su remuneración será fijada en la forma que determine el
convenio.
El interventor sólo podrá ser revocado con el voto de uno o más de los
acreedores que representen más del 50 % del total del pasivo con derecho a voto, con
el acuerdo del deudor, y sin este acuerdo con el voto de uno o más de los acreedores
que representen a lo menos los dos tercios del pasivo con derecho a voto.
Sin perjuicio de lo anterior, en el convenio se podrá designar una comisión de
acreedores con las atribuciones y deberes que le señale.
Todas estas personas responderán de la culpa leve. Sólo los síndicos de la
nómina estarán sujetos a la fiscalización de la Superintendencia.

Artículo 207. Las atribuciones y deberes del interventor serán las siguientes,
a menos que se acuerde otra cosa:
1. Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor;
2. Llevar cuenta de las entradas y gastos de los negocios del deudor;
3. Visar, en su caso, los pagos a los acreedores;
4. Cuidar de que el deudor no retire para sus gastos personales y los de su
familia otras sumas que las autorizadas en el convenio;
5. Rendir trimestralmente la cuenta de su actuación y la de los negocios del
deudor, y presentar las observaciones que le merezca la administración de este
último. Esta cuenta será enviada por correo a cada uno de los acreedores;
6. Pedir al tribunal ante el cual se tramitó el convenio que cite a junta de
acreedores, siempre que lo crea conveniente o cuando se lo pida alguno de ellos para
tratar asuntos de interés común. Todos los acuerdos de la junta deberán ser
adoptados por la mayoría del pasivo del convenio, con derecho a voto.
7. Impetrar las medidas precautorias que sean necesarias para resguardar los
intereses de los acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar.
Estas solicitudes se tramitarán como incidente, y
8. Representar judicial y extrajudicialmente a los acreedores para llevar a
efecto los acuerdos que tomen en forma legal.

Artículo 208. Si se hubiere agravado el mal estado de los negocios del deudor
en forma que haga temer un perjuicio para los acreedores, podrá éste ser sometido a
una intervención más estricta que la pactada, o ser sometido a una intervención si
ésta no se hubiere estipulado, o bien declararse incumplido el convenio, a solicitud
de acreedores que representen la mayoría absoluta del pasivo del convenio, con
derecho a voto.
La solicitud dirigida a obtener una intervención o que ésta sea más estricta


se tramitará como incidente. Conocerá de las acciones que se ejerciten en
conformidad al N° 7 del artículo anterior y al inciso precedente, el tribunal ante
el cual se tramitó el convenio, salvo que se haya celebrado el pacto compromisorio a
que se refiere el artículo 178, en cuyo caso conocerá el Tribunal que corresponda
de acuerdo a éste.

6. Del rechazo del convenio
Artículo 209. Rechazadas las proposiciones de cualquier clase de convenio por
no haber obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, o desechado por
cualquiera de las causales señaladas en el artículo 196, podrá el fallido
reiterarlas cuantas veces lo estime necesario, pero no se aplicará lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 188.
Cuando el convenio judicial preventivo haya sido rechazado o desechado en
cualquiera de los casos contemplados en el inciso anterior, el tribunal declarará
necesariamente la quiebra del deudor, de oficio y sin más trámite.
La junta que rechace las proposiciones de convenio judicial preventivo deberá
señalar los nombres de un síndico titular y uno suplente, a quienes el tribunal
deberá designar con el carácter de definitivos. No podrán ser nombrados para tales
cargos quienes lo hayan sido en conformidad al número 1 del artículo 174.
En caso de que se deseche el convenio judicial preventivo, el tribunal deberá
proceder a designar los síndicos en conformidad a lo previsto en el artículo 42,
sin que pueda nombrar en dichos cargos a quienes hayan sido designados según lo
previsto en el número 1 del artículo 174.

7. De la nulidad e incumplimiento del convenio

Artículo 210. No se admitirán otras acciones de nulidad del convenio que las
fundadas en la ocultación o exageración del activo o del pasivo y que hubiesen sido
descubiertas después de haber vencido el plazo para impugnar el convenio.
La nulidad del convenio extingue de derecho las cauciones que lo garantizan.
Las acciones de nulidad prescribirán en el plazo de un año contado desde la
fecha en que entró a regir el convenio.

Artículo 211. El convenio podrá declararse incumplido a solicitud de
cualquiera de los acreedores, por inobservancia de sus estipulaciones. Podrá
también declararse incumplido en el caso a que se refiere el artículo 208.
Las acciones de incumplimiento del convenio prescribirán en seis meses,
contados desde que hayan podido entablarse.

Artículo 212. La declaración de incumplimiento dejará sin efecto el convenio,
pero no extinguirá las cauciones que hubieren garantizado su ejecución total o
parcial.
Las personas obligadas por las cauciones señaladas en el inciso anterior y los
terceros poseedores de los bienes gravados con las mismas, según sea el caso, serán
oídos en el juicio de declaración de incumplimiento y podrán impedir la
continuación de éste, pagando los dividendos pendientes dentro de tres días,
contados desde la citación.
Las cantidades pagadas por el deudor antes de la declaración de incumplimiento
y las que produzca la realización del activo de la quiebra, servirán de abono a la
deuda en caso de que la caución se extienda a toda la suma estipulada; pero si
comprende únicamente una parte de ella, sólo les servirá de descargo lo que reste
después de cubierta la cuota no caucionada.
Artículo 213. La nulidad y la declaración de incumplimiento del convenio se


sujetarán al procedimiento del juicio sumario y será competente para conocer de
ellas el tribunal que tramitó el convenio, salvo que se haya celebrado el pacto
compromisorio a que se refiere el artículo 178, en cuyo caso conocerá el Tribunal
que corresponda de acuerdo a éste.
La sentencia que acoja las demandas de nulidad o de declaración de
incumplimiento, será apelable en ambos efectos, pero el deudor quedará de inmediato
sujeto a intervención por un síndico que tendrá las facultades del interventor del
artículo 294 del Código de Procedimiento Civil y las previstas en el artículo 177
bis.
Ni la declaración de nulidad ni la de incumplimiento tienen efecto retroactivo.

Artículo 214. Una vez firme la resolución que declare la nulidad o el
incumplimiento, el tribunal de primera instancia declarará la quiebra del deudor de
oficio y sin más trámite.

Artículo 215. En la demanda de nulidad o de declaración de incumplimiento del
convenio, el demandante señalará el nombre del síndico titular y el del síndico
suplente, y sólo a éstos el tribunal deberá designar en la sentencia que dé lugar
a la demanda y declare la quiebra. Estas designaciones no podrán recaer en quienes
hubieren ejercido el cargo a que se refiere el número 1 del artículo 174.
Si se interpusiere más de una demanda de nulidad o de declaración de
incumplimiento del convenio, el juez designará al síndico señalado en una de las
demandas que se acojan.

Artículo 216. Constituye segunda quiebra tanto la que se declara con motivo de
pronunciarse la nulidad o el incumplimiento de un convenio cuanto la que se declara
por cualquier otra causa mientras esté vigente un convenio.
Los actos o contratos del deudor, ejecutados o celebrados en el tiempo que medie
entre la fecha de la resolución recaída sobre las proposiciones de un convenio o
sobre la solicitud de designación de un experto facilitador que le dio origen,
según sea el caso, y la declaración de la segunda quiebra, se regirán por las
reglas de los Párrafos 2º, 3º y 4º del Título VI de esta ley.

Artículo 217. La segunda quiebra reintegra a los acreedores anteriores en todos
sus derechos respecto del fallido.
Los acreedores antiguos concurrirán con los nuevos en las distribuciones del
activo de la quiebra por el monto íntegro de sus créditos, siempre que no hubieren
recibido parte alguna de la estipulada en el convenio; en el caso contrario, sólo
podrán concurrir con los nuevos acreedores por la parte del capital de sus
primitivos créditos que corresponda a la porción no pagada de la suma convenida. En
todo caso, tanto los créditos de los acreedores antiguos, en lo que corresponda,
como los de los nuevos, deberán ser verificados en la segunda quiebra, salvo
aquéllos que la ley expresamente exceptúa de este trámite.

TITULO XIII
De los delitos relacionados con las quiebras

1.- De la calificación de la quiebra.

ARTICULO 218° La quiebra del deudor a que se refiere el artículo 41° puede ser
fortuita, culpable o fraudulenta.


ARTICULO 219° La quiebra se presume culpable en los siguientes casos:
1.- Si el deudor ha pagado a un acreedor en perjuicio de los demás, después de
la cesación de pagos;
2.- Si los gastos domésticos o personales del fallido hubieren sido excesivos,
habida consideración a su capital, a su rango social y al número de personas de su
familia;
3.- Si el fallido hubiere perdido fuertes sumas en cualquier especie de juego, en
apuestas cuantiosas o en operaciones aventuradas de bolsa;
4.- Si el deudor no hubiere solicitado su quiebra, en el caso del artículo 41, o
si la manifestación que hiciere no reuniese las condiciones que prescribe el
artículo 42;
5.- Si el deudor fuere declarado en quiebra, por segunda vez, sin haber cumplido
las obligaciones que hubiere contraído en un convenio precedente;
6.- Si se ausentare o no compareciere al tiempo de la declaración de quiebra o
durante el curso del juicio, o si se negare a dar al síndico explicaciones sobre sus
negocios;
7.- Si hubiere prestado fianzas o contraído por cuenta ajena obligaciones
desproporcionadas a la situación que tenía cuando las contrajo, sin garantías
suficientes;
8.- Si hubiere hecho donaciones desproporcionadas a su situación de fortuna,
considerada en el momento de hacerlas;
9.- Si no tuviere libros o inventarios o si teniéndolos, no hubieren sido
llevados los libros con la regularidad exigida de tal suerte que no manifiesten la
verdadera situación de su activo y pasivo. Respecto de quienes no estén obligados a
llevar libros de contabilidad, se aplicarán las normas sobre tributación
simplificada establecidas por el Servicio de Impuestos Internos;
10.- Si no se conservare las cartas que se le hubieren dirigido con relación a
sus negocios;
11.- Si hubiere omitido la inscripción de los documentos que ordena la ley, y
12.- Si agravase el mal estado de sus negocios durante el período a que se
refiere el inciso primero del artículo 177 bis.

ARTICULO 220° Se presume fraudulenta la quiebra del deudor:
1.- Si hubiere ocultado bienes;
2.- Si hubiere reconocido deudas supuestas;
3.- Si hubiere supuesto enajenaciones, con perjuicio de sus acreedores;
4.- Si hubiere comprometido en sus propios negocios los bienes que hubiere
recibido en depósito, comisión o administración, o en el desempeño de un cargo de
confianza;
5.- Si, posteriormente a la declaración de quiebra, hubiere percibido y aplicado
a sus propios usos, bienes de la masa;
6.- Si, después de la fecha asignada a la cesación de pagos, hubiere pagado a
un acreedor, en perjuicio de los demás, anticipándole el vencimiento de una deuda;
7.- Si ocultare o inutilizare sus libros, documentos y demás antecedentes;
8.- Si, con intención de retardar la quiebra, el deudor hubiere comprado
mercaderías para venderlas por menor precio que el corriente, contraído préstamos
a un interés superior al corriente de plaza, puesto en circulación valores de
crédito o empleado otros arbitrios ruinosos para hacerse de fondos;
9.- Si, inmediatamente después de haber comprado mercaderías al fiado, las
vendiere con pérdidas;
10.- Si, antes o después de la declaración de quiebra, hubiere comprado para
sí por interposición de un tercero y a nombre de éste, bienes de cualquier clase;
11.- Si no resultare de sus libros la existencia o salida del activo de su
último inventario, o del dinero y valores de cualquier otra especie que hubieren
entrado en su poder posteriormente a la facción de aquél;
12.- Si, en estado de manifiesta insolvencia, hubiere hecho donaciones
cuantiosas;
13.- Si hubiere celebrado convenios privados con algunos acreedores en perjuicio
de la masa;
14.- Si se ausentare o fugare, llevándose una parte de sus haberes;
15.- Si el deudor, dentro del ejercicio en el cual cese en el pago de sus
obligaciones o en el inmediatamente anterior, hubiere omitido, falseado o desvirtuado
información de aquella que ha debido proporcionar de conformidad a la ley, acerca de
su real situación legal, económica o financiera, y
16.- En general, siempre que hubiere ejecutado dolosamente una operación
cualquiera que disminuya su activo o aumente su pasivo.
2.- De los cómplices de quiebra fraudulenta.
ARTICULO 221° Se presume que son cómplices de quiebra fraudulenta:
1.- Los que, de acuerdo con el fallido, supusieren créditos o alteraren los


verdaderos en cantidad o fecha;
2.- Los que auxiliaren al fallido para ocultar o sustraer sus bienes, sea cual
fuere su naturaleza, antes o después de la declaración de quiebra;
3.- Los que, con conocimiento de la declaración de quiebra, ocultaren bienes,
documentos o papeles de propiedad del fallido que tuvieren en su poder, o los
entregaren a éste y no al síndico;
4.- Los que, después de la declaración de quiebra, admitieren cesiones o
endosos del fallido;
5.- Los acreedores legítimos que celebraren convenios privados con el fallido en
perjuicio de la masa;
6.- Los que, con conocimiento de la cesación de pagos, obtuvieren el pago
anticipado del todo o parte de su crédito, y
7.- Los agentes, corredores o comisionistas que, después de declarada la
quiebra, intervinieren en cualquier operación comercial del fallido, con perjuicio
de la masa.
En los demás casos se aplicarán las reglas generales que, sobre complicidad,
establece el Código Penal.

3.- Del procedimiento de calificación.

ARTICULO 222° Declarada la quiebra, la junta de
acreedores podrá efectuar denuncia y cualquier acreedor
podrá efectuar denuncia o interponer querella criminal
si estimare que se configura alguno de los hechos
previstos en los artículos 219, 220 y 221.
Si no se ejerciere acción penal, pero hubiere
mérito para que se investiguen esos hechos, la
Superintendencia de Quiebras los denunciará al
Ministerio Público, poniendo en su conocimiento la
declaración de quiebra y los demás antecedentes que
obraren en su poder.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no obsta
a la facultad del Ministerio Público para iniciar de
oficio la investigación criminal.

ARTICULO 223° DEROGADO.




ARTICULO 227° Los honorarios de abogados en el proceso de calificación de la


quiebra no podrán ser de cargo de la masa.

ARTICULO 228°
INCISO PRIMERO ELIMINADO.
INCISO SEGUNDO ELIMINADO.
La muerte del fallido durante la tramitación no obsta al procedimiento de
calificación, a fin de establecer en definitiva el carácter de la quiebra y
perseguir a los demás responsables.

4.- De las penas. (ARTS. 229-234)

ARTICULO 229° La quiebra culpable será penada con presidio menor en cualquiera
de sus grados.
La quiebra fraudulenta será sancionada con presidio menor, en su grado medio a
presidio mayor en su grado mínimo, salvo que cualquiera de los actos delictuosos que
el fallido hubiere cometido tuviere asignada mayor pena, pues entonces se aplicará
ésta.

ARTICULO 230° Sin perjuicio de la pena que corresponda con arreglo al Código
Penal, la sentencia de término que condene a una persona como cómplice de una
quiebra fraudulenta, dispondrá:
1.- La pérdida de cualquier derecho que tenga en la masa;
2.- El reintegro a la misma de los bienes, derechos y acciones sobre cuya
sustracción hubiere recaído su complicidad, y
3.- La indemnización de los perjuicios irrogados a la masa.

ARTICULO 231° El cónyuge y los ascendientes o descendientes consanguíneos o
afines del fallido, que, con conocimiento de la quiebra, hubieren sustraído bienes
perteneciente a ésta, no serán considerados cómplices de quiebra fraudulenta, pero
serán castigados como procesados
comunes de hurto sin tomarse en consideración su calidad de cónyuge o de pariente.

ARTICULO 232° Los gerentes, directores o administradores de una persona
jurídica declarada en quiebra, cuyo giro quede comprendido en el artículo 41°,
serán castigados, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les pueda afectar,
como procesados
de quiebra culpable o fraudulenta, según el caso, cuando en la dirección de los
negocios del fallido y con conocimiento de la situación de éstos, hubieren
ejecutado alguno de los actos o incurrido en alguna de las omisiones a que se
refieren los artículos 219° y 220°, o cuando hubieren autorizado expresamente
dichos actos u omisiones.
Serán castigados con reclusión o relegación menores en su grado mínimo a
medio si se han repartido dividendos a los socios, a propuesta del directorio, a
sabiendas que no correspondían a utilidades efectivas. La pena se elevará en un
grado si esos repartos han ocasionado la quiebra.

ARTICULO 233° Los factores o representantes del fallido que sea persona natural
serán castigados como autores de quiebra culpable o fraudulenta si, en
representación de su principal o mandante y en conocimiento de la situación de
éste, hubieren ejecutado sin órdenes o instrucciones suyas algunos de los actos o
hubieren incurrido en algunas de las omisiones a que se refieren los artículos 219°
y 220°.
Las inhabilidades, medidas preventivas y penas que procedan, se aplicarán, en el
caso de incapaces, a los representantes legales que hubieren intervenido en los actos
o contratos que produjeron el mal estado de los negocios o en los que den fundamento
para declarar la quiebra culpable o fraudulenta.
ARTICULO 234° Las disposiciones del presente Título no se aplicarán al deudor


no comprendido en el artículo 41°, el que quedará sujeto a las prescripciones del
Código Penal.
Sin embargo, le serán aplicables en lo que corresponda, si su quiebra hubiere
sido declarada por la causal del Nº 3 del artículo 43.

TITULO XIV (ARTS. 235-240)
De la rehabilitación del fallido

ARTICULO 235° La rehabilitación hace cesar todas las inhabilidades que las
leyes imponen al fallido.

ARTICULO 236° La rehabilitación del fallido se produce por el solo ministerio
de la ley, en todos aquellos casos en que el procedimiento de calificación de la
quiebra concluya sin sentencia condenatoria por el delito de quiebra culpable o
fraudulenta.

ARTICULO 237° El fallido rehabilitado en las condiciones del artículo anterior,
gozará del beneficio de competencia que acuerda al deudor insolvente el número 6
del artículo 1.626° del Código Civil, mientras no se haya sobreseído
definitivamente en el caso del artículo 165° de esta ley.

ARTICULO 238° El fallido culpable o fraudulento podrá ser rehabilitado, si
justificare que ha cumplido las penas que se le hubieren impuesto o que ha sido
indultado, y, en todo caso, que ha satisfecho íntegramente sus deudas.

ARTICULO 239° La demanda de rehabilitación del fallido culpable o fraudulento
se interpondrá ante el tribunal que haya conocido de la quiebra, y se sustanciará
con el Superintendente.
Podrán también apersonarse en el juicio de rehabilitación los acreedores cuyos
créditos no hubieren sido enteramente pagados.
La demanda de rehabilitación se notificará en igual forma que la declaratoria
de quiebra y se sustanciará con arreglo a los trámites del juicio sumario.
La sentencia que concede la rehabilitación será publicada en los diarios que
designe el fallido.

ARTICULO 240° Transcurrido un año desde la notificación de la declaratoria de
quiebra, el fallido no comprendido en el artículo 41° podrá solicitar su
rehabilitación ante el tribunal que haya conocido de la quiebra, siempre que se
encuentre en alguno de estos casos:
1.- Que no se hayan deducido acciones criminales en su contra dentro de dicho
plazo;
2.- DEROGADO.
3.- Que, habiendo sido condenado el fallido en alguno de dichos juicios
criminales, hubiere cumplido las penas y satisfecho íntegramente las deudas.
A todos los deudores comprendidos en el artículo 1° del ARTÍCULO UNDÉCIMO de
la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño se les aplicará lo
dispuesto en este artículo aunque se encuentren comprendidos en el artículo 41 y el
plazo de la rehabilitación será de seis meses contado desde que se hubiere
declarado la quiebra.
La solicitud de rehabilitación se notificará en igual forma que la declaratoria
de quiebra.
Dentro del término de los quince días siguientes a la notificación, podrán
deducirse oposiciones por el Superintendente o, en el caso del número 3, por los
acreedores cuyos créditos no hubieren sido enteramente pagados. Las oposiciones se
tramitarán en juicio sumario entre el fallido, el Superintendente y el opositor.
La sentencia que conceda la rehabilitación será publicada en los diarios que
designe el fallido.

TITULO XV (ARTS. 241-255)


De la cesión de bienes

1.- De la cesión de bienes en general.

ARTICULO 241° El deudor no comprendido en el artículo 41° podrá hacer cesión
de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.614° del Código Civil,
cuando no se encuentre en alguno de los casos enumerados en el artículo 43° de esta
ley, en cuanto le sean aplicables.
Al hacer la cesión, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42°.

2.- De la cesión de bienes a un solo acreedor.

ARTICULO 242° Si el deudor tuviere un solo acreedor, la solicitud en que haga la
cesión será puesta en conocimiento de éste para que exprese, dentro del plazo de
seis días, si la acepta o la rechaza.
La oposición se tramitará conforme a las reglas del juicio del sumario.

ARTICULO 243° Si se hubiere iniciado acción ejecutiva en contra del deudor,
éste sólo podrá hacer cesión de bienes a su acreedor dentro del plazo de seis
días contado desde el requerimiento, y se observará en adelante lo dispuesto en el
artículo anterior.
La cesión no suspenderá los trámites del juicio ejecutivo, y se formará
cuaderno separado con todo lo relativo a su sustanciación.

ARTICULO 244° Aceptada la cesión por anuencia del acreedor o por resolución
del tribunal, podrá el acreedor dejar al deudor la administración de los bienes y
hacer con él los arreglos que estime convenientes.
A falta de este acuerdo, se procederá a la realización de los bienes cedidos en
conformidad a las reglas del procedimiento de apremio del juicio ejecutivo.
El acreedor desempeñará las funciones de depositario, y tendrá además la
representación judicial y extrajudicial de los derechos del deudor en todos los
asuntos que afecten a los bienes cedidos; pero no podrá celebrar transacciones ni
compromisos voluntarios sin la anuencia del deudor.
Los fondos que se obtengan de la realización de los bienes se aplicarán al pago
del crédito, a medida que se perciban, sin más trámite.
El acreedor rendirá la cuenta de su administración como en el caso del
depositario de los bienes embargados en el juicio ejecutivo.

ARTICULO 245° Si el deudor tuviere la libre administración de sus bienes,
podrá entregar desde luego al acreedor, en pago de su obligación, los que
comprendan la cesión, apreciados de común acuerdo.
Si entre los bienes cedidos hubiere alguno de la clase que se menciona en el
inciso segundo del artículo 1.801 del Código Civil, el acuerdo deberá reducirse a
escritura pública.

3.- De la cesión de bienes a varios acreedores.

ARTICULO 246° Si el deudor que no se encontrare comprendido en el artículo
41°, tuviere más de un acreedor, el tribunal, al dar curso a la solicitud en que se


haga la cesión de bienes, dispondrá:
1.- La designación, en calidad de depositario, en la forma prevista en el
artículo 42, de un síndico de la nómina nacional, para que se reciba de los bienes
y documentos del deudor, bajo inventario confeccionado ante el secretario del
tribunal o el ministro de fe que el juez designare;
2.- Que el síndico informe al tribunal sobre las causas del mal estado de los
negocios de este último;
3.- Que todos los acreedores residentes en el territorio de la República se
presenten, dentro del plazo de treinta días, con los documentos justificativos de
sus créditos bajo apercibimiento de proseguirse la tramitación sin volver a citar a
ningún ausente;
4.- Que se despachen las correspondientes cartas aéreas certificadas para hacer
saber la cesión a los acreedores que se hallen fuera de la República, ordenándoles
que en el término de emplazamiento, que se expresará en cada carta, comparezcan con
los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento indicado en el
número precedente, y
5.- Que se notifique la cesión de bienes al síndico y a los acreedores en la
forma dispuesta para la declaratoria de quiebra.

ARTICULO 247° El síndico, dentro del plazo de quince días contado desde la
notificación de la cesión, informará al tribunal sobre las causas del mal estado
de los negocios del deudor. La presentación del informe será notificada a los
acreedores por aviso.

ARTICULO 248° Dentro de los plazos señalados en los números 3 y 4 del
artículo 246°, aumentados en seis días, los acreedores podrán exigir al deudor
que pruebe su inculpabilidad en el mal estado de sus negocios, o rechazar la cesión
en alguno de los casos señalados en el artículo 1.617° del Código Civil.

ARTICULO 249° Vencido el plazo señalado en el artículo anterior sin que los
acreedores hayan ejercitado su derecho, el tribunal declarará aceptada la cesión de
bienes y esta resolución se notificará por aviso.

ARTICULO 250° La oposición de los acreedores a la cesión se sustanciará con
audiencia del síndico y del deudor, con arreglo al procedimiento del juicio sumario.

4.- Disposiciones comunes a los dos párrafos precedentes.

ARTICULO 251° La sentencia que rechace la cesión de bienes declarará, a la
vez, la quiebra del deudor.
En forma previa a la dictación de la sentencia se procederá a designar en
conformidad al artículo 42, al síndico titular y al síndico suplente, no pudiendo
recaer dichos nombramientos en quienes hubieren ejercido el cargo a que se refiere el
artículo 246.
El proceso seguirá sustanciándose en el estado en que se encuentre, por todos
los trámites de la quiebra, sirviendo de suficiente llamamiento a los acreedores el
practicado en conformidad a los números 3 y 4 del artículo 246°.

ARTICULO 252° La sentencia que rechace la cesión y declare la quiebra no será
susceptible de recurso especial de reposición, pero podrá interponerse en su contra
el recurso de apelación.

ARTICULO 253° Con respecto a los actos o contratos ejecutados o celebrados por
el deudor que ha hecho cesión de bienes, se aplicará lo dispuesto en los artículos
2.467° y 2.468° del Código Civil.
ARTICULO 254° La obligación que el número 3 del artículo 1.619° del Código


Civil impone al deudor prescribirá en el plazo de cinco años contado desde que se
haya aceptado la cesión.

ARTICULO 255° Se aplicará a la cesión de bienes, en cuanto no se opongan a su
naturaleza, las demás disposiciones de esta ley.

TITULO FINAL (ARTS. 256-263)

ARTICULO 256° Derógase la ley 4.558, sobre Quiebras, cuyo texto refundido fue
fijado por decreto supremo 1.297, del Ministerio de Justicia, de 23 de junio de 1931.

ARTICULO 257° Deróganse los artículos 91° y 188° del decreto ley 830, de
1974, que aprobó el Código Tributario y los decretos leyes 1.509, de 1976 y 2.379,
de 1978.

ARTICULO 258° Suprímese, en el inciso primero del artículo 32° del decreto
con fuerza de ley 263, de 1953, la frase "por las Sindicaturas de Quiebras".

ARTICULO 259° Sustitúyese el artículo 835° del Código de Comercio por el
siguiente:
"Artículo 835° Son créditos privilegiados sobre la nave o su precio:
1.- La prima de aviso, gratificación y costos de salvataje y salvamento, los
gastos de pilotaje y practicaje;
2.- Todas las deudas que durante el último viaje hubiere contraído el capitán
en beneficio de la nave con el objeto de satisfacer cualquiera necesidad urgente e
inevitable, inclusas las causadas por la toma de víveres a los pasajeros y las
provenientes de la venta de una parte del cargamento hecho con el indicado objeto, y
3.- Las indemnizaciones debidas por el valor de las mercaderías cargadas y no
entregadas y por las averías sufridas por culpa del capitán o de la tripulación y
de las que se deban al pasajero en razón de los objetos introducidos a la nave y
puestos al cuidado del capitán.".

ARTICULO 260° Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 4.702 sobre
Compraventa de Cosas Muebles a Plazo:
1.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 20° por el siguiente:
"Desempeñará el cargo de depositario provisional y definitivo, el martillero que el
juez designe en el mandamiento de ejecución y embargo. No obstante, cuando la
especie dada en prenda sea un elemento esencial de trabajo del deudor, indispensable
para su sustento y de su familia, o sea un bien destinado al servicio público,
desempeñará el cargo de depositario provisional y definitivo el propio deudor, bajo
las responsabilidades que implica dicho cargo. Estas circunstancias las calificará
el juez de la causa. No obstante, cuando la especie dada en prenda sea un vehículo
motorizado, la designación de depositario provisional y definitivo será
expresamente renunciable".
2.- Reemplázase el inciso primero del artículo 22° por el siguiente:
"La venta de la cosa prendada se efectuará por medio del martillero designado
por el juez, a costa del deudor. El remate no podrá efectuarse antes de los quince
días siguientes a la notificación del mandamiento de ejecución".
3.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 29° por el siguiente:
"Cuando se ampliare el embargo, después de la realización de la prenda, se
aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, pero el cargo de depositario será
desempeñado por el martillero designado por el juez para la subasta".
4.- Sustitúyese el artículo 32° por el siguiente:
"Artículo 32° En caso de quiebra del deudor el acreedor será pagado con el
producto de la prenda, sin aguardar las resultas de aquélla, en la forma dispuesta
en el artículo 149° de la Ley de Quiebras."
5.- Sustitúyese el artículo 37° por el siguiente:
"Artículo 37° Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que proceda en
conformidad a las leyes, los depositarios serán castigados, en caso de negligencia
grave, con multa de diez a veinte unidades tributarias.
Si se concertaren con el deudor, acreedor o terceros, para proporcionarles alguna
ventaja indebida, serán penados con presidio o relegación menores en cualquiera de
sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo de martillero.


Las disposiciones de este artículo no obstarán a las reclamaciones y medidas de
orden administrativo que pudieren producirse."
6.- Derógase el artículo 28°.

ARTICULO 261° Sustitúyese el artículo 2.472° del Código Civil por el
siguiente:
"Artículo 2.472° La primera clase de crédito comprende los que nacen de las
cusas que en seguida se enumeran:
1.- Las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores;
2.- Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;
3.- Los gastos de enfermedad del deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de
seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se
extienda la preferencia;
4.- Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes
del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo
y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados;
5.- Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;
6.- Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden
por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del
fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los
aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el inciso tercero del artículo
42° del decreto ley 3.500, de 1980;
7.- Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su
familia durante los últimos tres meses;
8.- Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que
correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan
valer y hasta un límite del equivalente a quince ingresos mínimos mensuales por
trabajador. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas;
9.- Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo.".

ARTICULO 262° Las disposiciones legales que hagan referencia a la ley 4.558, que
se deroga, se entenderán hechas a esta ley, en las materias a que dichas
disposiciones se refieren.

ARTICULO 263° A contar de la fecha de término de la existencia legal de la
Sindicatura Nacional de Quiebras se entenderán destinados a la Superintendencia
todos los bienes muebles o inmuebles que estén actualmente en uso o destinados a la
referida Sindicatura.

Artículos Transitorios (ARTS. 1-7)

ARTICULO 1° Las quiebras y cesiones de bienes en actual tramitación y aquellas
cuyas solicitudes se presenten hasta dentro de los diez días corridos contados desde
la fecha de la publicación a que se refiere el inciso siguiente, se regirán por las
disposiciones de la ley 4.558 y del decreto ley 1.509, de 1976.
El Ministerio de Justicia deberá publicar en el Diario Oficial la primera
nómina nacional de síndicos dentro de los noventa días contados desde la vigencia
de esta ley.
Con todo, deberá publicarla aun antes de dicho plazo cuando se encontraren
veinte síndicos inscritos en dicha nómina.
ARTICULO 2° Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, en todas
aquellas quiebras que carezcan de bienes o en que éstos no alcancen a cubrir los
gastos necesarios para su prosecución, el respectivo tribunal, de oficio o a
petición de parte, dentro del plazo de sesenta días corridos desde la vigencia de
esta ley, deberá decretar el sobreseimiento temporal. La resolución se notificará
mediante la publicación de un aviso en el periódico señalado para la publicación
de la declaración de quiebra, si hubiere bienes; y en la forma prescrita en el
artículo 50° del Código de Procedimiento Civil, si careciere de ellos.
Las solicitudes de alzamiento del sobreseimiento temporal y la consecuente
prosecución de la quiebra se tramitarán de acuerdo con las disposiciones de esta


ley.

ARTICULO 3° Sin perjuicio de lo preceptuado en los dos artículos precedentes,
todas las quiebras deberán sujetarse a las normas procesales que establece la
presente ley, transcurrido el plazo de un año desde su vigencia.
Para los efectos de lo señalado en el inciso anterior y dentro de los nueve
meses siguientes a la vigencia de esta ley, la Sindicatura Nacional de Quiebras
deberá:
1.- Rendir cuenta de su administración, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25°, 26° y 27° de la ley 4.558, y
2.- Proponer al tribunal de la quiebra tres nombres de las personas que figuren
en la nómina nacional de síndicos para las designaciones a que haya lugar.

ARTICULO 4° Declárase en extinción la Sindicatura Nacional de Quiebras, la que
se entenderá subsistente para el solo efecto de lo preceptuado en los artículos
1°, 2° y 3° transitorios.
Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año,
suprima los cargos que considere innecesarios en dicha Sindicatura.
El personal en actual servicio que cese en sus funciones con motivo del ejercicio
de la facultad a que se refiere el inciso precedente, y que no cumpla con los
requisitos para acogerse a jubilación, gozará del beneficio establecido en la letra
e) del artículo 29° del decreto ley 2.879, de 1979.
Sin embargo, no tendrá derecho a los beneficios mencionados en el inciso
anterior el personal que sea contratado en la Superintendencia de Quiebras,
entendiéndose que dicha contratación será sin solución de continuidad.

ARTICULO 5° Los derechos y obligaciones de la Sindicatura Nacional de Quiebras,
se traspasarán, por el ministerio de la ley, a la Superintendencia de Quiebras,
transcurrido un año desde la vigencia de esta ley.

ARTICULO 6° Los cargos de la Sindicatura Nacional de Quiebras serán compatibles
con los de la Superintendencia.
Sin embargo, los funcionarios sólo percibirán la remuneración a que opten, de
uno de los cargos servidos.
La dotación máxima de la Superintendencia de Quiebras y de la Sindicatura
Nacional de Quiebras, en tanto coexistan no podrá exceder en conjunto de 72 plazas.

ARTICULO 7° Los gastos que importe la aplicación de esta ley durante el año
1982 se dispondrán por decreto del Ministerio de Hacienda con cargo al presupuesto
vigente de la Sindicatura Nacional de Quiebras.

Artículo Final. El presente Código comenzará a regir desde el 1° de Enero de
1867, y en esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que no fueren contrarias a
él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan, en cuanto
puedan afectar los asuntos mercantiles.
FIN DEL CODIGO DE COMERCIO

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien sancionarlo; por tanto
promúlguese y llévese a efecto en todas sus partes como ley de la República.- JOSE
JOAQUIN PEREZ.- Federico Errázuriz.


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