El documento exhorta a los directores de instituciones educativas públicas y privadas a dar cumplimiento a las medidas de prevención y control del COVID-19 establecidas por el gobierno, como la suspensión de actividades presenciales. También prohíbe las reuniones y convocatorias que impliquen aglomeraciones de personas. Se les advierte que de no cumplir estarían incurriendo en responsabilidad funcional y se informaría a las autoridades competentes.