El documento establece una política para fortalecer la justicia familiar, enfocándose en la atención a niños y comunidades, así como en el uso de métodos de resolución de conflictos y acceso a servicios de justicia. Además, propone una modernización del sistema de justicia mediante tecnologías digitales y la implementación de un enfoque en la justicia transicional y especializada para comunidades indígenas. También se busca mejorar la integración y la eficiencia de las instituciones de justicia a través de estrategias de desarrollo de capacidades y la recolección de datos para identificar necesidades específicas.