El documento describe la importancia del principio de legalidad en el ejercicio del poder público en Venezuela, conforme a la Constitución, la cual establece las atribuciones y funciones de los órganos del poder. Destaca la separación de poderes como fundamento para un buen gobierno y señala las competencias específicas del poder público nacional, así como la necesidad de descentralización y transferencia de competencias a estados y municipios. Además, menciona el régimen presidencialista actual y sus implicaciones en el ejercicio del poder ejecutivo.