La ley de inclusión escolar establece un nuevo marco regulatorio para el sistema educativo chileno que garantiza mayores recursos económicos, protege los derechos de la comunidad educativa, y fomenta la gratuidad progresiva mediante la subvención escolar preferencial y el aporte de gratuidad. Asimismo, permite que los actuales sostenedores mantengan sus proyectos educativos y facilita que puedan adquirir definitivamente los inmuebles donde funcionan los establecimientos a través de créditos hipotecarios garant