Programa electoral PSOE 28M.pdf

PROGRAMA
MARCO AUTONÓMICO
ELECCIONES 2023

ELECCIONES 2023
PROGRAMA AUTONÓMICO
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................4
BLOQUE I. LOS PILARES DE LA POLÍTICAS AUTONÓMICAS EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA...........................................7
1.- LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN. LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, ECOLÓGICA Y SOCIAL......................................................................................7
Reindustrialización y modernización de la economía...................................................8
Propuestas programáticas para la ejecución del Plan de Recuperación.................11
2.- LA COGOBERNANZA COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL DE NUESTRO
MODELO TERRITORIAL....................................................................................................14
Un marco renovado de cogobernanza..........................................................................15
Medidas para reforzar la cogobernanza .......................................................................17
La institucionalización del municipalismo .....................................................................19
La reforma de la regulación del Estado de alarma......................................................19
3. COMBATIR LA INFLACIÓN Y MITIGAR SUS EFECTOS.........................................20
Pacto de rentas y medidas fiscales temporales...........................................................20
Políticas autonómicas frente a los efectos sociales de la crisis................................21
BLOQUE II. PRIORIDADES POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS SOCIALISTAS ...........................................23
1. MÁS Y MEJORES EMPLEOS .......................................................................................23
Equiparar la calidad del trabajo autónomo al asalariado............................................26
La economía social, clave para avanzar en democracia económica .......................27
Un mercado laboral sin discriminación..........................................................................28
2. UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA COMO GARANTÍA DE FUTURO.........28
Diez mandatos para luchar contra la emergencia climática.......................................29
La acción de las Comunidades Autónomas en la lucha contra el cambio climático
............................................................................................................................................32
3. IGUALDAD PLENA, REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES .........34
4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA LA COHESIÓN SOCIAL Y
TERRITORIAL ......................................................................................................................38
UN IMPULSO RENOVADO A LOS SERVICIOS SOCIALES....................................41
AFRONTAR LOS DESAFÍOS DE UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL ........47
UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD Y UNA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL FUTURO MODELO PRODUCTIVO ............................................................52
Una Formación Profesional adaptada al futuro modelo productivo..........................58
5. UN SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE. UN MEDIO RURAL VIVO ........................................................................63
Políticas para impulsar un sector pesquero sostenible ..............................................67

ELECCIONES 2023
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6. UNA AGENDA PARA RECUPERAR LA CIENCIA E INNOVACIÓN. LA
UNIVERSIDAD COMO AGENTE TRANSFORMADOR.................................................68
Más ciencia e innovación en todas las Comunidades Autónomas...........................68
Una universidad pública para la transformación y el progreso de la sociedad.......72
7. LA CULTURA, UN DERECHO DE CIUDADANÍA Y UNA INDUSTRIA
CREADORA DE RIQUEZA Y EMPLEO ...........................................................................74
Memoria Democrática......................................................................................................79
8. LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA GESTIÓN
DE INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO ....................................80
Una política migratoria que respete los Derechos Humanos y favorezca la
integración.........................................................................................................................80
La Cooperación al desarrollo, una política para construir sociedades más justas.84
9. REIVINDICAR LA DIVERSIDAD COMO ACTIVO SOCIAL ......................................86
10.- AGENDA JOVEN: UNA AGENDA DE PAÍS ............................................................90
11.- AVANZAR EN COHESIÓN TERRITORIAL: UNA POLÍTICA INTEGRADA Y
COORDINADA......................................................................................................................91
Políticas contra la despoblación.....................................................................................93
BLOQUE III. BUEN GOBIERNO Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ........................................................................97
1.- MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS...................97
2. UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PENSANDO EN LA
CIUDADANÍA........................................................................................................................98

ELECCIONES 2023
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INTRODUCCIÓN
Celebramos las próximas elecciones autonómicas dejando atrás una pandemia,
que ha sido uno de los episodios más trágicos y difíciles a los que nos hemos
tenido que enfrentar como país. La Covid-19 deja en nuestra memoria a los que
se quedaron en el camino y la conciencia de nuestra fragilidad. Pero también nos
ha recordado la importancia de los valores socialdemócratas, pues el valor de lo
público, las políticas públicas de justicia social y la fuerza de la solidaridad
colectiva nos permitieron hacer frente a las dificultades, vencer la enfermedad y
recuperar con vigor la actividad económica y el empleo. Ese esfuerzo compartido
en el seno de la Unión Europea y dentro de España, con la participación e
implicación de todas las Comunidades Autónomas, ha tenido como efecto la
aceleración de los procesos transformadores ante los grandes retos digitales,
energéticos, ecológicos y demográficos.
Salimos adelante y no fue fácil. Y en pleno proceso de recuperación y
transformación en la crisis económica provocada por la pandemia, la guerra de
Putin en Ucrania nos ha devuelto a un escenario incierto en el que el incremento
de los precios de la energía ha provocado una tensión inflacionista que ha vuelto
a acelerar el programa de reformas estructurales y de transformaciones
proyectadas en torno a un nuevo modelo productivo y energético para garantizar
el progreso económico de España sobre bases más sólidas y justas que las
actuales.
La sociedad española recuerda bien lo cruel, lenta e injusta que fue la
recuperación de la crisis de 2008 y la ineficacia e insolidaridad de las políticas
de austeridad. Esta vez está siendo y será diferente. La Unión Europea está
cumpliendo el papel para el que nació, como instrumento de justicia, de
solidaridad y de prosperidad compartida. Y el Gobierno de Pedro Sánchez está
liderando la respuesta socialdemócrata a la crisis sanitaria, económica y social
protegiendo a la mayoría social y avanzando hacia una economía más
competitiva y sostenible en el horizonte más cercano. Una economía capaz de
redistribuir los beneficios de las transformaciones.
El documento España 2050, desde una perspectiva teórica, y el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia con sus ejes transversales, políticas
palanca, componentes y medidas constituyen guías adecuadas para determinar
tanto los desafíos a los que se enfrenta España como las actuaciones concretas
para lograr esos propósitos, sin olvidar, en ningún caso, la Agenda 2030 como
hoja de ruta progresista con un enfoque global, integral y transformador. En ese
contexto, el objetivo del Plan de Recuperación es triple: apoyar a corto plazo la
recuperación; impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural
y, a largo plazo, consolidar un desarrollo más sostenible y resiliente desde el
punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental.
Bases de actuación del Programa Marco Autonómico
En este contexto, el Programa Marco para las elecciones autonómicas de 2023
se asienta sobre tres pilares.

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En primer lugar, la ejecución y visibilización del Plan de Recuperación, con
el sustento de los instrumentos financieros de los fondos Next Generation
EU, que representan una oportunidad histórica para transformar el país y en cuyo
despliegue las Comunidades Autónomas juegan un papel clave. La ejecución de
estas inversiones requiere la implicación de todos los agentes económicos y
sociales y de todas las administraciones públicas en el territorio durante los
próximos años. De hecho, el Plan está siendo implementado en todo el territorio
por el conjunto de ministerios en coordinación con las Comunidades Autónomas
y los Entes Locales, con la necesaria implicación del sector privado. El Real
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprobaron las medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé los mecanismos
de coordinación de los distintos niveles de administración. De los 27 estados
miembros, España está siendo el país más avanzado en el despliegue de los
fondos y en la recepción de los desembolsos.
Para el cumplimiento del calendario previsto en la ejecución del Plan es
imprescindible la adecuada articulación de las competencias de los diferentes
niveles de la administración. Y es fundamental dar visibilidad y poner en valor las
ayudas, las obras e inversiones en infraestructuras así como los proyectos
estratégicos y emblemáticos en el territorio (proyectos innovadores en empresas,
centros de investigación, Ayuntamientos, infraestructuras ferroviarias,
conectividad digital, zonas de bajas emisiones en municipios, rehabilitación de
barrios, eficiencia energética de edificios, recuperación de espacios naturales,
equipamiento de alta tecnología en los hospitales públicos, plazas de FP y de
escolarización de 0-3 años, proyectos emblemáticos y sedes de agencias
estatales…)
El segundo pilar del Programa Marco son las propuestas en relación con los
instrumentos que habilitan la cogobernanza entre el Estado y las CC AA. El
PSOE ha sido y continúa siendo el principal defensor e impulsor de la España
autonómica, un modelo de Estado que nos ha brindado las mayores cotas de
estabilidad, progreso económico y bienestar social. Hemos estado presentes en
todos los pactos autonómicos y todas las grandes reformas en el Estado
autonómico han sido impulsadas por nosotros.
En los tres últimos años hemos avanzado en el refuerzo de las relaciones de
colaboración entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas. En la
gestión de la pandemia, con las continuas reuniones del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud o de la Conferencia de Presidentes, y luego en
los procedimientos para la distribución y ejecución de los Fondos Europeos Next
Generation EU. Estamos construyendo un tiempo nuevo que requiere otra
manera de gobernar. Es la cogobernanza; un modelo de responsabilidad
compartida que combina los tres principios básicos de un Estado
descentralizado, consagrados en el artículo 2 de nuestra Constitución: unidad,
autonomía y solidaridad.
La Constitución reconoce por igual la unidad del Estado y el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones. Construir ese equilibrio no es fácil.

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La cogobernanza se desarrolla y sostiene en un marco de diálogo bajo los
principios de lealtad y colaboración, tanto por voluntad política del Gobierno de
España como por la necesidad de articular las respectivas competencias en un
Estado descentralizado. Por ello, el Programa Marco también debe contemplar
los principios que rigen esa cogobernanza y los instrumentos que la hacen
posible.
Finalmente, la situación derivada de la guerra de Putin en Ucrania obliga a
configurar un tercer pilar con las medidas a adoptar por parte de las
Comunidades Autónomas para atender a las necesidades y los derechos de
la ciudadanía en un contexto de inflación alta, con la referencia de las que
están siendo adoptadas por el Gobierno de España en coordinación con la Unión
Europea.
Muchos hogares, industrias y empresas han sufrido con el alza de los precios y
del coste de la vida. Hemos respondido de la misma manera que lo hicimos
durante la pandemia, con contundencia, anticipación y eficacia. Necesitamos
soluciones compartidas para defender el bienestar de la ciudadanía y garantizar
la prosperidad económica de nuestro tejido productivo.
Las Comunidades Autónomas son el instrumento fundamental para garantizar la
cohesión social y territorial y para impulsar la recuperación y transformación
económica hacia un modelo más justo, más equilibrado y sostenible.
Con los retos políticos marcados sobre estos tres pilares, el Partido Socialista se
presenta a las próximas elecciones autonómicas convencido de estar
construyendo un nuevo proyecto de país y dispuesto a recuperar, transformar y
diseñar las políticas de empleo; las políticas para la transición ecológica; las
políticas sociales, en especial servicios sociales, sanidad y educación; las
políticas de igualdad entre mujeres y hombres; las políticas agroalimentarias,
ganaderas y pesqueras; las políticas de ciencia, innovación y universidades; las
políticas de inmigración y cooperación al desarrollo; las políticas de diversidad;
las políticas de juventud o las políticas que pretenden reforzar la cohesión
territorial.
Para todas estas políticas públicas autonómicas, las y los socialistas asumimos
un deber ético de transparencia y buen gobierno, así como el compromiso y la
responsabilidad de dotarnos de un modelo de financiación autonómica adecuado
y suficiente.
En este contexto, las prioridades han de estar claras:
• Inversiones para impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, tanto por
cuenta ajena como autónomo.
• Cooperación leal, interoperabilidad y cogobernanza con el Estado y los
Ayuntamientos.
• Modernización y digitalización de la administración para garantizar el
acceso a servicios públicos de calidad en todo el territorio.
• Apoyo a las familias y políticas sociales.
• Educación y formación para dar oportunidad a toda la ciudadanía.
• Acceso a la vivienda.

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BLOQUE I. LOS PILARES DE LA POLÍTICAS AUTONÓMICAS EN
LA PRÓXIMA LEGISLATURA
1.- LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN. LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ECOLÓGICA Y SOCIAL
Para conseguir una España verde, digital, con cohesión social y territorial y sin
brechas de género, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será
el objeto central de las políticas a desarrollar por las Comunidades Autónomas
en los próximos años. Pretende la modernización de la economía española,
aumentando la productividad y el crecimiento potencial mediante un conjunto de
inversiones y un programa de reformas estructurales y de cambios legislativos.
Esos son los ejes transversales a partir de los cuales se desarrollan los proyectos
concretos financiados con los fondos europeos, actuando siempre por resultados
y en coordinación entre las distintas administraciones tanto sectoriales como
territoriales.
Por ello, las Comunidades Autónomas desarrollan un papel fundamental en el
cumplimiento de los hitos y objetivos de los distintos componentes y medidas.
En la práctica, el Plan va a impregnar la mayoría de las políticas que los
gobiernos autonómicos se comprometan a desarrollar en la legislatura 2023-
2027.
El Plan de Recuperación ha sido posible gracias a la dura negociación liderada
con éxito, entre otros, por el Presidente del Gobierno de España con el objetivo
de lograr que la Unión Europea articulase una salida de la crisis en clave
socialdemócrata, con políticas diametralmente diferentes a las que se
impusieron durante la crisis financiera de 2008. Frente a la austeridad y los
recortes aplicados en la anterior crisis, cuando gobernaba en España el Partido
Popular, logramos salir de la crisis de la Covid-19 protegiendo el empleo a través
de los ERTE, ayudando a las empresas a través de los fondos ICO, implantando
el “escudo social” y afrontando las grandes reformas tantos años postergadas:
la reforma de la formación profesional, la reforma laboral o la ley de cambio
climático, cuyos resultados se están notando en los indicadores económicos y
sociales.
Estamos ante un ambicioso programa de reformas e inversiones diseñado para
abordar los retos de la doble transición climática y digital, avanzando con ello en
la autonomía estratégica europea y española. Las y los socialistas estamos
plenamente comprometidos con los objetivos y el despliegue del Plan.
Las reformas e inversiones que se incluyen en el Plan son una oportunidad única
para afrontar una transformación económica que permita no sólo beneficiar al
tejido empresarial, sino hacerlo ofreciendo mayores y mejores oportunidades de
empleo para las personas trabajadoras, lo que se traduce en una mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía. Para ello, España dispone de una cantidad sin

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precedentes de fondos, tanto de transferencias no reembolsables (más de
77.000 millones de euros) como de préstamos (más de 84.000 millones de
euros).
Las Comunidades Autónomas han sido actores fundamentales en el proceso de
definición del Plan y lo están siendo también en su ejecución. Las
administraciones autonómicas van a disponer de una importante cantidad de
recursos para realizar inversiones, especialmente para políticas que aceleren la
transformación energética y digital pero también para invertir en sectores
emergentes y transformadores.
Como se ha dicho, España es el país más avanzado en todo lo relacionado con
la ejecución de los fondos Next Generation EU. El gran reto de las Comunidades
Autónomas y del resto de las administraciones durante los próximos años será
continuar ejecutando el plan con el ritmo adecuado, tanto las reformas como las
inversiones, permitiendo recibir los desembolsos de la Comisión y facilitando su
llegada a empresas, autónomos, industrias, hogares y a la ciudadanía.
Los gobiernos autonómicos socialistas, plenamente alineados e implicados con
los objetivos del Plan, se comprometen a:
• Facilitar la mayor eficacia y agilidad en la llegada de los fondos a la
economía, estableciendo una coordinación efectiva con las Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos.
• Desarrollar las políticas autonómicas alineadas con la visión
transformadora del Plan, orientadas a priorizar sectores con alto valor
añadido y el empleo estable y cualificado. Se trata de fortalecer la
reindustrialización y la autonomía estratégica, acelerar el proceso de
transformación ecológica y digital de la economía y promover mayor
cohesión social y territorial.
• Incorporar a las políticas públicas autonómicas las innovaciones del Plan
e impulsar con medidas de apoyo público su ejecución a través de hitos y
objetivos claros y ambiciosos que impulsen la productividad, reforzando
el papel de la administración como agente facilitador de la innovación, el
crecimiento empresarial y el desarrollo.
• Fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en la
ejecución del Plan, incorporando a las administraciones locales, así como
a los agentes económicos y sociales.
Reindustrialización y modernización de la economía
El Gobierno de España está desarrollando una apuesta estratégica para
reindustrializar nuestro país tanto para atender a las necesidades y desafíos
actuales, evitando una excesiva dependencia del exterior, como para
incrementar el potencial exportador, la productividad y los salarios reales. Se
trata de modernizar la economía e impulsar sectores de futuro con gran valor
añadido. Es una oportunidad histórica para aumentar el potencial de crecimiento

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de la economía española acelerando la transición digital y ecológica.
En este contexto, las Comunidades Autónomas deben aprovechar los fondos del
Plan y otros recursos europeos para potenciar aquellos sectores industriales y
proyectos regionales con capacidad transformadora.
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
(PERTE) constituyen una herramienta eficaz para aglutinar actuaciones
multisectoriales en torno a proyectos estratégicos, facilitando la colaboración
público-privada.
El Gobierno de España ha aprobado hasta el momento 12 proyectos referidos al
vehículo eléctrico y conectado, las energías renovables, el hidrógeno verde y el
almacenamiento, la industria de semiconductores y microelectrónica, el sector
aeroespacial, el sector naval, la industria agroalimentaria, la economía social y
de los cuidados, la sanidad de vanguardia, la nueva economía de la lengua, la
economía circular, la digitalización del ciclo del agua o la descarbonización de la
industria energético-intensiva.
Los gobiernos autonómicos tienen que elaborar sus propios planes o protocolos
estratégicos para atraer y canalizar las ayudas que se generan a través de los
PERTE, a fin de modernizar el tejido productivo de sus territorios. Para ello, es
imprescindible que analicen junto a los sectores empresariales e industriales las
actividades económicas y productivas que puedan beneficiarse de cada línea
estratégica planteada por el Gobierno de España en base a su tipología industrial
o empresarial. También han de impulsar proyectos emblemáticos y
transformadores, en una o varias comunidades (como los impulsados en el
ámbito digital por el programa RETECH).
Además de estimular ese proceso de reindustrialización o de transición de un
modelo productivo a otro más avanzado y sostenible, los gobiernos autonómicos
socialistas serán actores proactivos, invirtiendo y atrayendo a sus territorios
nuevas industrias que generen riqueza, actividad económica y empleo de
calidad. Es fundamental dar visibilidad a todas estas inversiones y proyectos,
que están llegando al territorio, con el fin de poner en valor el impacto de los
fondos Next Generation EU, claves para la modernización del país.
Hasta la actualidad, la pequeña y mediana empresa constituye el pilar
fundamental del tejido industrial de España. Es preciso abordar su
modernización, que pasa por su transformación digital. Para ello, el Plan recoge
un programa de digitalización de Pymes, con 4.066 millones de euros de
inversión total, que debe conducir a una notable mejora de la productividad.
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE trabajarán para que el
proceso de digitalización alcance a las Pymes y autónomos y, de esta manera,
impulsar su eficiencia y productividad en una sociedad mucho más deslocalizada
productivamente y en la que se ha incrementado exponencialmente el comercio
online y la internacionalización.

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La Agenda Digital 2026, actualizada por el Gobierno a mediados de 2022, es
imprescindible para lograr una transformación digital sostenible, humanista e
igualitaria en todo el territorio. Se construye en base a tres ejes: las
infraestructuras, los agentes sociales y económicos y las personas. El 30% de
los fondos del Plan de Recuperación se han destinado a la digitalización. Son
20.000 millones de euros, que se están ejecutando a un ritmo mensual de unos
3.000 millones, incluyendo asignaciones directas a las Comunidades Autónomas
y proyectos que se vertebran por toda la geografía española.
La iniciativa principal ha sido el Kit Digital, dotada de 3.000 millones de euros.
Su éxito es fruto de la colaboración público-privada, la agilidad burocrática y la
escucha al eslabón más vulnerable de la cadena empresarial. El Kit Digital ha
beneficiado en menos de un año a 110.000 Pymes de cada territorio de nuestro
país con bonos digitales por valor de 700 millones de euros, convirtiéndose en el
programa de ayudas públicas más solicitado de la historia. Es prioridad de los
gobiernos autonómicos mantener o mejorar estos datos en los próximos años y
conseguir una estructura empresarial sólida que sustente la digitalización de la
sociedad en cada territorio.
También la Ley de Startups supone un impulso sin precedentes al ecosistema
empresarial e innovador de España. Gracias al sistema de ventanilla única, se
podrá fundar una startup desde cualquier punto del territorio con acceso a la web.
Además, los incentivos fiscales y los nuevos visados, como el específico de
nómadas digitales, atraerán el talento y lo diversificarán por todo el territorio. La
Ley de Startups es la norma que cambia la cultura empresarial de nuestro país,
para que los emprendedores y emprendedoras sientan que no hay barreras
burocráticas ni geográficas a la hora de fundar una empresa innovadora, ni de
recibir inversión.
Un objetivo tan ambicioso requiere una modernización de la administración
pública que esté a la altura. Este Gobierno ha entendido que acompañar y liderar
la transición digital desde el ámbito público es colocar la primera piedra en el
camino.
El proyecto de referencia al respecto ha sido “Mi Carpeta Ciudadana”, lanzada a
finales de 2022. Esta aplicación es la primera del proyecto “App Factory”, que
pretende alcanzar el objetivo de que el 50% de los servicios públicos estén
accesibles por móvil para 2025. Su accesibilidad permite a la ciudadanía de toda
España acceder desde el móvil a gran parte de su documentación e información
sensible como el padrón, las titulaciones o los puntos del carné de conducir.
Por último, en cuanto a la vertebración territorial y la ruptura de brechas
geográficas, destaca el programa transversal RETECH (Redes Territoriales de
Especialización Tecnológica), con 530 millones de euros de presupuesto para
impulsar redes de proyectos colaborativos entre varias Comunidades
Autónomas en áreas como el emprendimiento digital, los gemelos digitales, el
impacto social de la tecnología o la inteligencia artificial, que se pondrán en
marcha en los próximos meses para impulsar definitivamente la doble transición
digital y ecológica.

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Finalmente, un componente básico de nuestro PIB es el turismo, base sólida de
la economía en algunas Comunidades Autónomas. Con el Plan de
Recuperación, España tiene una oportunidad para modernizar y hacer más
competitivo y sostenible el sector turístico.
En este sentido, el Plan de Recuperación recoge un plan de modernización y
competitividad del sector turístico con 3.400 millones de inversión, que será
gestionado en su mayor parte por las Comunidades Autónomas, al ser titulares
de competencias en la materia.
En ese marco, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE
impulsarán un turismo de calidad, competitivo y sostenible, que ofrezca una
oferta de excelencia frente a nuevos destinos y modernice infraestructuras
turísticas, hoteleras y hosteleras para ofrecer lo que demandan los nuevos tipos
de turismo.
Propuestas programáticas para la ejecución del Plan de Recuperación
Para liderar la recuperación económica e impulsar un crecimiento más estable,
justo y sostenible, los gobiernos autonómicos socialistas se comprometen a:
• Definir y atraer proyectos estratégicos autonómicos. Los PERTE
están siendo una de las herramientas más ambiciosas desarrolladas en
el marco del Plan de Recuperación. Aportan visibilidad y tienen capacidad
de atracción de inversiones para la transformación de sectores
económicos claves para nuestro país, a través de mecanismos de
colaboración público-privada. El Gobierno de España ha diseñado
programas que permitirán la reindustrialización y el avance en la
autonomía estratégica de las Comunidades Autónomas. En este marco,
las oportunidades para las CC AA son extensas. Por un lado, planteando
proyectos estratégicos autonómicos para avanzar en la reindustrialización
y en la especialización, en ámbitos no cubiertos por los PERTE a nivel
estatal. Por otro, proyectando mecanismos para favorecer una mayor
participación de empresas, especialmente Pymes, de las Comunidades
Autónomas. En tercer lugar, impulsando los proyectos emblemáticos en
la Comunidad y aprovechando los recursos transferidos desde el Estado
para maximizar el impacto de los fondos europeos Next Generation EU y
otros fondos europeos, junto con los presupuestos regionales
complementarios.
• Desarrollar mecanismos para acelerar las actuaciones de
rehabilitación energética en barrios y edificios. La rehabilitación
energética de barrios y edificios es una de las medidas más progresistas
que se pueden desarrollar en el contexto actual de encarecimiento del
precio de la energía. Contribuye a la reducción de emisiones y del
consumo energético y reduce la pobreza energética al ser actuaciones
que se realizan fundamentalmente en barrios y edificaciones más
antiguas y con población de menor renta. Por ello, para facilitar el acceso
a financiación con intereses más bajos, las Comunidades Autónomas
gobernadas por el PSOE complementarán los mecanismos de avales ICO

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ya previstos a nivel estatal.
• Acelerar la transición energética e impulsar las medidas de ahorro y
eficiencia. Las Comunidades Autónomas tienen un papel fundamental en
la transición ecológica, mediante la aceleración del despliegue de
energías renovables, el despliegue de puntos de recarga e incentivos a la
adquisición de coches eléctricos, las medidas de autoconsumo y
promoción de comunidades energéticas, o la gestión del agua y la
biodiversidad, entre otras. El Gobierno de España ha distribuido fondos a
las CC AA en estos ámbitos que son fundamentales para la
transformación de nuestro modelo productivo a fin de hacerlo más limpio
y sostenible. Es prioritario que se agilicen los procesos de autorización de
energías renovables (solar, eólica, hidrógeno verde…) con el fin de
impulsar la industrialización y autonomía estratégica del país y acelerar la
electrificación de los usos finales de la energía en el transporte (red de
recarga) y la vivienda (climatización).
• Poner en valor la conservación y recuperación de ecosistemas y la
biodiversidad.
• Aumentar la eficacia de las políticas de formación y activas de
empleo en todo el territorio. Las Comunidades Autónomas tienen las
competencias principales en materia de educación, formación y empleo.
Es fundamental aprovechar los fondos europeos para impulsar la
capacitación y recualificación de las personas desempleadas y de los
trabajadores, con el fin de mejorar la calidad del empleo y los salarios.
También para eliminar los cuellos de botella en la ejecución de las
inversiones del Plan, proporcionando personal cualificado en la nueva
economía verde y digital.
• Establecer mecanismos de participación y transparencia. Sobre la
base de la lealtad institucional y la cooperación, hay que aprovechar los
mecanismos de cogobernanza, de acuerdo con los principios de la
gobernanza multinivel, para incorporar a los agentes económicos y
sociales, las entidades locales, los grupos de acción local, los centros de
conocimiento y las entidades representativas del tercer sector, de forma
que sea posible hacer un seguimiento y evaluación del Plan para mejorar
su impacto en el territorio.
• Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales para abordar el
reto demográfico. Por su conocimiento del medio y su capilaridad en el
territorio, las Diputaciones Provinciales son entidades bien preparadas
para ayudar a los Ayuntamientos de los pequeños municipios,
mancomunidades y comarcas en el proceso de acceso a los fondos del
Plan de Recuperación. Necesitamos reforzar estas instituciones para
fortalecer el pilar de la cohesión territorial y el reto demográfico con una
visión estratégica sobre el territorio que dé respuesta a los objetivos del

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Plan. De esta forma, aceleraremos la movilización de recursos destinados
a los municipios de menos de 5.000 habitantes y de los municipios de
entre 5.000 y 10.000 habitantes que hayan perdido población en los
últimos diez años. Para ello, es fundamental canalizar a través de las
Diputaciones Provinciales la ejecución de determinadas actuaciones del
Plan mediante la creación de oficinas de apoyo a la gestión
fundamentalmente en tres tareas: a) la gestión directa de fondos del Plan
de Recuperación a través de transferencias directas de fondos, dada la
experiencia y capacidad de las Diputaciones, Cabildos y Consells en la
gestión de proyectos de inversión y su capacidad técnica para absorber
los fondos y distribuirlos con una mayor garantía de cohesión territorial; b)
el apoyo técnico a los Ayuntamientos, mancomunidades y comarcas,
aprovechando y fortaleciendo los servicios técnicos de las Diputaciones
mediante refuerzos de personal y asistencias técnicas para poder prestar
servicios a los pequeños municipios como redacción de pliegos,
contratación, redacción de proyectos, presentación de solicitudes y
gestión y control económico financiero durante la fase de ejecución; c) la
garantía de una visión de conjunto en el desarrollo de los proyectos
tractores que permitan el desarrollo sostenible de los territorios rurales y
los municipios de menos población.
En definitiva, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE
priorizarán la implementación del Plan de Recuperación en sus territorios
a fin de modernizar los pilares sobre los que se estructura su tejido
industrial y empresarial, que será la garantía de que las personas
trabajadoras accedan a empleos mejor cualificados y valorados. Las y los
socialistas pretendemos avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado en
la innovación y el conocimiento, las nuevas energías y la ciencia.

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2.- LA COGOBERNANZA COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL DE
NUESTRO MODELO TERRITORIAL
El Estado autonómico ha sido una pieza clave en la transformación económica y
social de España. Las y los socialistas hemos sido artífices de su desarrollo
histórico, reivindicamos su éxito y proclamamos su futuro pues no se trata sólo
de invocar el pasado sino también de consolidar el presente y reforzar la
estabilidad de nuestro modelo territorial. En este nuevo tiempo de ambición por
transformar nuestro modelo productivo, las Comunidades Autónomas deben
cumplir un papel fundamental.
Como hemos mencionado, la ejecución del Plan de Recuperación debe
producirse en un marco de cogobernanza entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, con la participación de las entidades locales. Para ello, resulta
fundamental que funcionen de manera adecuada los órganos, instrumentos y
procedimientos que hacen posible esa cogobernanza. La experiencia de la
Covid-19 nos ha mostrado sus capacidades, pero también algunas deficiencias
del modelo.
En cualquier caso, estos años serán recordados como el tiempo en que se
consolidó la idea de cogobernanza como elemento estructural de nuestro
modelo territorial. La prueba de este cambio es tanto cuantitativa como
cualitativa.
En términos numéricos, los instrumentos de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas han experimentado un crecimiento exponencial. En el
año 2017, hubo 59 reuniones de conferencias sectoriales; en 2021 ese número
ascendió a 175. En 2017 se suscribieron 593 convenios de colaboración entre el
Estado y las Comunidades Autónomas; en 2021, el número de convenios
alcanzó los 1.279, un récord absoluto. Y de las 26 Conferencias de Presidentes
celebradas desde su creación, 20 han sido en los últimos tres años.
Se ha recuperado el diálogo multilateral pero también el bilateral. El Gobierno ha
retomado las reuniones de los órganos de cooperación bilaterales con
numerosas autonomías. Algunos órganos, como los de La Rioja, Castilla y León
o Asturias, llevaban más de una década sin reunirse. La normalización del
diálogo ha servido para dar un nuevo impulso a los temas que preocupan en los
diferentes territorios y para reafirmar el compromiso del Gobierno de España con
la cohesión territorial y social.
Pero también en términos cualitativos estamos asistiendo a una transformación
en nuestra cultura política, lo que resulta incluso más relevante. El fenómeno que
desencadenó el incremento de reuniones y los acuerdos fue la pandemia y la
necesidad de cooperar y coordinar políticas en esa situación excepcional. Sin
embargo, esa forma de relacionarse se ha mantenido cuando ha mejorado la
situación sanitaria. La cogobernanza se está consolidando en el proceso de
toma de decisiones al ejercitarse las respectivas competencias. Se está
asumiendo por los distintos niveles administrativos que la superación de los
desafíos a los que nos enfrentamos requiere una acción concertada. En
definitiva, de esta experiencia práctica de celebrar reuniones multilaterales y
alcanzar acuerdos debe resultar un modelo autonómico más proclive al

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diálogo y al entendimiento que a la confrontación. En este sentido,
proponemos profundizar en la vía del diálogo y el entendimiento.
La descentralización implica que las unidades territoriales con autonomía
política, como son las Comunidades Autónomas, sean también partícipes de la
concreción del interés general y que, por su parte, los órganos centrales del
Estado tomen conciencia de la complejidad del sistema político y se abran al
diálogo constante y al intercambio continuo de información con los entes con los
que comparten competencias y esferas de decisión.
Por ello, para el PSOE la cogobernanza es el mejor instrumento y el marco
óptimo para renovar el esquema de relaciones entre las Comunidades
Autónomas y el Estado y de las Comunidades entre sí. Frente a la unilateralidad
que ha caracterizado siempre al centralismo, la cogobernanza implica la
participación y el intercambio entre niveles de gobierno. Frente a la imposición,
la cogobernanza entraña cooperación y acuerdo, basados en los principios de
buen gobierno y lealtad institucional. Frente a la rigidez de los esquemas
normativos e institucionales, la cogobernanza comporta la flexibilidad que se
deriva de la interdependencia entre los actores que operan sobre la misma
situación. Por ello, las y los socialistas consideramos que la cogobernanza puede
y debe ser el marco para afrontar los cambios y retos actuales, así como los
desafíos futuros marcados por las dependencias mutuas en todos los ámbitos y
órdenes de la cada vez más compleja realidad.
El Partido Socialista se compromete a profundizar en esta línea, participativa y
corresponsable, extendiéndola a todos los ámbitos y no solo (aunque también)
al sanitario, como fórmula para impulsar la reforma y mejora de nuestro modelo
territorial y del marco de relaciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
La guerra en Ucrania, la cambiante y cada vez más compleja situación
internacional, la crisis energética y de recursos, el cambio climático y la necesaria
transición ecológica, el reto demográfico y las nuevas amenazas para la
democracia son desafíos de gran envergadura que demandan mayor
colaboración, cooperación y coordinación en todos los niveles territoriales.
Un marco renovado de cogobernanza
En este contexto, las y los socialistas nos fijamos como objetivo el refuerzo
normativo, tanto a nivel constitucional como infraconstitucional, del marco de
cogobernanza para hacer efectiva la corresponsabilidad de los entes
autonómicos en la determinación de las políticas públicas, impulsando y
perfeccionando los mecanismos de cooperación vertical (del Estado con las
Comunidades Autónomas) y horizontal (de las Comunidades entre sí).
Necesitamos perfeccionar los instrumentos de relación intergubernamental y de
participación de las CC AA, mejorar la incardinación de éstas en la formulación
misma de la voluntad general y en el proceso de toma de decisiones a nivel
estatal.

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El objetivo último debe ser constitucionalizar los avances realizados hasta el
momento que vienen a reflejar la progresiva federalización del sistema. Esto
supone incorporar a la Constitución los instrumentos propios del federalismo. Así
se contempla en la Declaración de Granada de 2013 por “Un nuevo pacto
territorial para una sociedad plural”, cuya senda y propuestas se deberían
ampliar y complementar, sumando las potencialidades que la cogobernanza
puede incorporar al marco flexible, participativo, abierto, responsable, eficaz y
coherente que engloba dicho acuerdo unánime del Partido.
En este sentido, como hemos señalado, la cogobernanza precisa que
afrontemos una mejora y profundización de las relaciones intergubernamentales
de nuestro sistema territorial en dos direcciones simultáneas. Por un lado, para
potenciar los mecanismos de cooperación vertical entre el Gobierno central y los
gobiernos de las Comunidades Autónomas ya existentes. Y por otro, para
fomentar la relación entre las propias Comunidades, hoy tan residual como
necesaria. En el primer ámbito, las Conferencias Sectoriales, las Comisiones
Bilaterales y las Comisiones Territoriales de Coordinación reguladas en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, constituyen
referencias inexcusables. Para el segundo, deberán impulsarse los instrumentos
de cooperación entre Comunidades Autónomas.
Con ese objeto, debe mejorarse el funcionamiento de los instrumentos que
permiten la participación de las Comunidades en la toma de decisiones y en la
ejecución de las medidas, a partir de la lealtad institucional como clave de
bóveda del modelo. Desde una perspectiva jurídica, las técnicas de
cogobernanza tienen naturaleza diversa, pero desde un punto de vista político
todas estas fórmulas responden a una misma finalidad: mantener los beneficios
de la descentralización eludiendo sus riesgos.
En primer término, necesitamos definir adecuadamente esos instrumentos que
hacen posible el auxilio entre administraciones (colaboración), el acuerdo
voluntario entre ellas para abordar asuntos de interés común (cooperación) y la
actuación coordinadora por parte del Estado cuando la Constitución así lo prevea
(coordinación) a través de una regulación normativa específica.
Para ello, la Conferencia de Presidentes debe definirse formalmente como el
instrumento de dirección política e impulso de las actuaciones de cogobernanza.
Además, siguiendo la experiencia alemana, puede configurarse una Conferencia
horizontal de gobiernos autonómicos, como en algún momento también se ha
apuntado en España.
Junto a ellas, las conferencias sectoriales son el instrumento para la gestión
ordinaria de los asuntos. El incuestionable buen trabajo realizado durante la
pandemia por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe
impregnar el funcionamiento de las restantes conferencias sectoriales.
Asimismo, dotarlas de mayor transparencia debe ser una prioridad para todos
los actores implicados.
Si bien la multilateralidad es el principio que debe regir las relaciones
intergubernamentales, ha de destacarse también la importancia de las

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comisiones bilaterales para lograr un funcionamiento menos conflictivo y más
armónico del Estado autonómico.
Reivindicamos el buen funcionamiento del mecanismo de solución política de
controversias competenciales a través de la negociación bilateral previsto en la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, especialmente a partir de 2018.
Gracias a los acuerdos alcanzados en las comisiones bilaterales se está evitando
que muchos conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades
Autónomas terminen en el Tribunal Constitucional. De hecho, en esta legislatura
se ha reducido notablemente la conflictividad competencial, que durante los
gobiernos del Partido Popular había alcanzado cotas históricas. En concreto, los
conflictos de competencias se han reducido en un 74% respecto al periodo
legislativo equivalente anterior. Para ello, ha sido fundamental la reactivación y
normalización de las comisiones bilaterales de cooperación, en las que
participan la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
implicada.
España es una comunidad política diversa que se enriquece gracias a las
aportaciones de todos los territorios. En este sentido, el Gobierno socialista ha
dado un paso más para reforzar la vertebración del país y conectar las
instituciones con la ciudadanía. El nuevo marco normativo que favorece la
desconcentración de las instituciones del Estado por todo el territorio
contribuye a una adecuada integración y refuerza el sentido de pertenencia de
las partes al todo.
Finalmente, hay que ocuparse de la relación con las entidades locales en dos
sentidos distintos. En primer lugar, deben recuperar la autonomía en su
actuación que les fue cercenada durante los años de Gobierno del PP con la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Por otro
lado, deben participar adecuadamente en la aplicación del Plan y, en general, en
el proceso de recuperación económica y transformación del modelo productivo.
Medidas para reforzar la cogobernanza
En concreto, para reforzar y extender la cogobernanza y, con ello, mejorar el
funcionamiento del Estado autonómico, el Partido Socialista propone las
siguientes medidas:
• Aprobar una Ley de Cohesión Territorial y fomento de la colaboración
que permita poner en práctica las lecciones aprendidas durante la
pandemia y cubrir algunas deficiencias advertidas. Esta ley podrá incluir,
por ejemplo, un marco común para incentivar la cooperación en materia
de prestación de servicios esenciales, compartir datos estadísticos,
nuevos programas de intercambio de estudiantes por todo el territorio o la
necesidad de coordinar las políticas autonómicas de ordenación del
territorio para crear un paisaje armonizado y protegido. Esta ley servirá
para aclarar, fijar y concretar el régimen jurídico de la cooperación y la
coordinación y los principios que han de regir las diversas tipologías de
órganos.

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• Elaborar propuestas de fiscalidad diferenciada, con la idea de terminar
con el dumping fiscal y promover que los territorios más necesitados
dispongan de una presión más reducida que permita fortalecer la
convergencia entre autonomías y la cohesión social.
• Profundizar en el proceso de desconcentración de sedes de entidades
públicas estatales y autonómicas. A través de un procedimiento
abierto, transparente y competitivo seremos capaces de acercar el Estado
a la ciudadanía, avanzar en la igualdad de oportunidades y crear una
Administración más cercana a la sociedad a la que sirve.
• Seguir avanzando en el proceso de institucionalización del diálogo
entre instituciones. Tras la reforma de la Conferencia de Presidentes, las
y los socialistas seguiremos promoviendo nuevos avances en los
instrumentos de cooperación orientados a reforzar la solidaridad
interterritorial y la mejora en las políticas públicas. Para ello,
trasladaremos el modelo de cogobernanza que se ha multiplicado y
afianzado a nivel estatal al ámbito de gestión de lo autonómico para
facilitar el diálogo y los acuerdos entre Comunidades Autónomas y
Entidades Locales. En ese sentido, se impulsarán las Comisiones
Territoriales de Coordinación, previstas en el artículo 154 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para
mejorar la coordinación administrativa, también con los entes locales, en
territorios con características o problemáticas comunes.
• Crear una estructura que coordine la celebración de las Conferencias
Sectoriales y reúna toda la información de estas de manera unitaria, para
mejorar la toma de decisiones y la transparencia.
• Potenciar las Conferencias Sectoriales para la Agenda 2030, el reto
demográfico y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, con un calendario común de reuniones y la publicación de
todos los acuerdos alcanzados.
• Reconocer a la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de
cogobernanza política con el desarrollo del nuevo Reglamento,
acordado en La Palma en marzo de 2022.
• Establecer un sistema de interrelación de la Conferencia de
Presidentes con las Conferencias Sectoriales. Se trata de configurar
un ecosistema de relaciones de colaboración donde todas las piezas se
articulen y retroalimenten. Esta vinculación podría llevarse a cabo a través
de diferentes instrumentos, como planes estratégicos a aprobar en el
seno de las Conferencias Sectoriales y un plan general y global aprobado
por la Conferencia de Presidentes.
• Institucionalizar una Conferencia de Gobiernos Autonómicos. De
naturaleza voluntaria y política, reuniría periódicamente a las Presidencias
o Consejerías de las Comunidades Autónomas.

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Desde hace muchos años, el PSOE ha venido defendiendo la reforma del
Senado. Dicha modificación requiere una reforma de la Constitución para la que
no parece existir el consenso necesario. En cualquier caso, reiteramos que,
aunque el nuevo marco para la cogobernanza implica el aumento de la
participación de las Comunidades Autónomas en el proceso decisorio y su más
adecuada incardinación en el sistema de relaciones con el Estado, continúa
resultando necesaria una reforma constitucional para convertir al Senado en una
verdadera cámara de representación territorial y, en ese sentido, pilar
fundamental de la cogobernanza. Una cámara que represente la diversidad y
singularidades de los territorios de España, ofreciendo respuestas adecuadas
desde un enfoque integrador, constructivo y eficiente. En tanto no se produzca
esa reforma constitucional, las y los socialistas impulsaremos la actuación del
Senado como espacio de diálogo y colaboración entre los diferentes niveles de
gobierno e intensificaremos sus relaciones con los parlamentos autonómicos.
La institucionalización del municipalismo
Junto a la España autonómica, resulta preciso completar la España de los
municipios, una España municipalista, en la que se aborde de manera integral la
“minoría de edad” política en la que permanecen. Reforzar el autogobierno local
y consolidar su autonomía real, no solo la nominal y constitucionalmente
reconocida, es coadyuvar también a la cohesión territorial de España. Para ello,
el Partido Socialista se compromete a mejorar la cogobernanza con el nivel local,
a veces soslayado en el esquema de relaciones intergubernamentales, para
hacer partícipe a las entidades locales en la toma de decisiones conjuntas y en
las responsabilidades mutuas que se derivan de este nuevo modo integral,
transversal, horizontal y flexible de afrontar las exigencias actuales.
La reforma de la regulación del Estado de alarma
Finalmente, también desde la perspectiva de la cogobernanza, parece
conveniente acometer una reforma de la Ley Orgánica 4/1981, de los Estados
de Alarma, Excepción y Sitio (LOAES). Dado que la STC 183/2021 ha cerrado la
puerta a la aplicación de un estado de alarma descentralizado, la reforma del
parámetro de constitucionalidad empleado por el máximo intérprete de la
Constitución es, de facto, la única forma de garantizar la participación de las
Comunidades Autónomas. La LOAES, redactada en el año 1981, no pudo
atender a la dimensión que iba a alcanzar nuestra forma de Estado
descentralizado. Hoy, por el contrario, difícilmente puede entenderse un Derecho
de excepción refractario al fenómeno autonómico, como ocurre en la actualidad.

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3. COMBATIR LA INFLACIÓN Y MITIGAR SUS EFECTOS
El actual episodio de inflación alta, preocupante en lo social y en lo económico,
se debe principalmente a la conjunción de tres factores o fenómenos. En primer
lugar, la salida de la pandemia de la Covid-19 ha generado problemas de
adecuación de la oferta a la demanda, especialmente en mercados como el de
los productos tecnológicos, el transporte o los materiales de construcción. En
segundo lugar, la guerra de Putin en Ucrania y la invasión parcial del país, ha
provocado una enorme tensión en los mercados internacionales de gas natural,
petróleo, minerales estratégicos y materias primas, incluidos los alimentos más
básicos, debido al efecto de las sanciones internacionales contra el régimen
ruso, así como a la crisis de producción en el país invadido, uno de los mayores
exportadores de grano del mundo. En tercer lugar, se han generado beneficios
extraordinarios en algunos sectores como el energético que propagan el alza de
costes al resto de empresas y a las familias.
La respuesta que hemos dado desde el Gobierno, abordando las tres causas, ha
resultado eficaz para bajar de manera muy notable la inflación y los precios de
la energía. Para completar el trabajo y devolver la inflación a su nivel normal los
socialistas consideramos esencial que en el espacio supraestatal se refuerce la
integración europea, avanzando en la reforma regulatoria del ámbito energético
y, en el nivel interno, necesitamos mejorar y flexibilizar la coordinación con los
diferentes niveles territoriales y competenciales. Una respuesta integral exige un
renovado marco de cogobernanza, es decir, una mayor colaboración y
cooperación entre todos sus niveles de gobierno (central, autonómico y local).
Pacto de rentas y medidas fiscales temporales
Los efectos de la inflación para la clase media trabajadora y para los colectivos
más desfavorecidos son similares: la merma del poder de compra, que puede
afectar a la adquisición de productos básicos y de primera necesidad, así como
la penalización del ahorro. La respuesta progresista a esta situación consiste en
aplicar medidas que repartan de manera justa el coste de la guerra, de tal forma
que no recaiga sobre la clase media trabajadora y los colectivos más vulnerables.
En este sentido, la respuesta ha estado inspirada por la idea del pacto de rentas
que incluye medidas fiscales y regulatorias, y que debe completarse con un
acuerdo de negociación colectiva que mantenga los márgenes empresariales y
permita el crecimiento de los salarios. El pacto también contempla medidas para
abordar los beneficios extraordinarios de sectores como el energético y el
financiero, tanto por la vía regulatoria como por la vía fiscal.
Por ello, el Partido Socialista considera proporcionado el diseño de impuestos
temporales que graven a aquellos sectores que se han visto beneficiados por la
crisis. Ese es el objetivo de la Ley para el establecimiento de gravámenes
temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros
de crédito.
Además, como parte de las medidas de lucha contra la inflación, se ha vuelto a
activar un “escudo social”, como ya se hizo durante la pandemia de la Covid-19.

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Se combina la contención de los precios, la reducción de la afectación que su
incremento produce en la clase media trabajadora, el objetivo de pleno empleo,
el equilibrio económico y la estabilidad financiera y presupuestaria a medio y
largo plazo.
También resulta esencial fortalecer la competencia para evitar subidas de
márgenes empresariales que hagan más persistente la inflación y afecten
negativamente al empleo y al crecimiento económico.
Al tiempo, la descarbonización de la economía y el avance en la transición
ecológica ayudará a superar la dependencia de los combustibles fósiles, cuya
producción y distribución depende de un marco internacional cada vez más
inestable y volátil y son causas directas, y a veces principales, de la inflación.
En resumen, medidas regulatorias para bajar los precios de la energía,
gravámenes selectivos y medidas de protección social. Son las recetas que ya
está aplicando el Gobierno de España tanto para combatir la inflación (impuestos
a banca y eléctricas) como para hacer frente a los efectos sociales de la crisis
(bajada del IVA de electricidad y gas, ayudas al transporte, bono social eléctrico,
bonificación de carburantes, ayudas a la vivienda y el alquiler, etc.).
Políticas autonómicas frente a los efectos sociales de la crisis
Los poderes públicos autonómicos deben centrarse, conforme a sus
competencias, en enfrentarse a los efectos sociales de la crisis. Hasta la fecha,
los gobiernos autonómicos del Partido Popular han ofrecido respuestas
desacertadas y, lo que es peor aún, desaconsejadas por la teoría económica,
según la cual las bajadas de impuestos no hacen sino agravar el problema que
atravesamos, especialmente cuando se orientan a impuestos sobre la renta, en
los que las Comunidades Autónomas tienen competencias normativas. El caso
del Reino Unido es el mejor ejemplo para entender el riesgo que conlleva
acometer rebajas fiscales en un escenario inflacionista. Las bajadas impositivas
para paliar los efectos sociales de la inflación deberían hacerse de forma
quirúrgica, tal y como está haciendo el Gobierno de España.
Apoyar y sostener a la clase media y trabajadora.
Frente a las bajadas de impuestos, las Comunidades Autónomas con gobiernos
socialistas han afrontado de manera más efectiva la situación, diseñando
programas de gasto para construir y reforzar la red de protección social. En la
articulación de estos programas de gasto los poderes autonómicos, en el
ejercicio de sus competencias, están llamados a desempeñar un papel
importante: bien reforzando programas de gasto ya diseñados por el Gobierno
central (bonificación del transporte urbano o interurbano intraautonómico, bono
social, bono eléctrico…), bien implementando o intensificando programas
sociales propios que atiendan según los niveles de renta de las personas
beneficiarias.
Reforzar la protección social de los colectivos más desfavorecidos.
En relación con los colectivos más desprotegidos y vulnerables, es necesario
alinear los mecanismos para prevenir situaciones de precariedad y carencias.

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Estas medidas requieren de una acción complementaria y activa de las
administraciones locales y autonómicas, más cercanas y muy experimentadas
tras más de treinta años de ejecución del Plan Concertado de Servicios Sociales.
Para hacer frente a las situaciones de necesidad derivadas de la crisis
inflacionista, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE proponen:
• Acordar con las corporaciones locales, mancomunidades y comarcas
fórmulas que aseguren la inmediata ayuda de emergencia cuando
exista un informe profesional del trabajador social en relación con una
familia.
• Reforzar y ampliar las becas de comedor y ayudas escolares. Hay
que asegurar que niños y niñas pertenecientes a familias en situación de
carencias sobrevenidas puedan acudir a los comedores escolares
mediante becas de emergencia.
• Asegurar actividades deportivas y/o culturales en periodos de vacaciones,
gratuitas para niños y niñas en familias en situación de pobreza.
• Explorar la posibilidad de desarrollar programas de desayuno escolar,
especialmente en zonas con altos niveles de exclusión social
• Promover acuerdos con las ONG de Acción Social para una mayor
eficacia de las ayudas que aseguren su universalidad, alcanzando a
todas las personas o familias que se encuentren en situación vulnerable.
• Estrechar la coordinación entre los servicios sociales y el sistema
educativo, especialmente a nivel local, para la pronta detección en la
escuela de situaciones de carencias en los niños y niñas y la puesta
en conocimiento de lo correspondientes servicios sociales.
• Intensificar la coordinación entre los servicios sociales y los servicios de
salud, específicamente los trabajadores sociales de ambos sistemas, para
identificar las posibles carencias ante la necesidad de ayudas diversas.
• Impulsar los programas de inclusión y vivienda para las personas sin
techo, especialmente de cara al invierno y específicamente a personas
convalecientes de alguna patología y carentes de techo, imprescindible
para su tratamiento y recuperación.
• Desarrollar medidas selectivas, ayudas o bonificaciones fiscales
focalizadas, especialmente, en colectivos en riesgo de exclusión social.
• Elaborar e implementar de forma efectiva planes de contingencia
energética, para favorecer la lucha contra la pobreza energética,
facilitando el acceso a los bonos sociales térmico y eléctrico, los planes
de eficiencia energética para la mejora de viviendas y fomentando las
comunidades energéticas locales.

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BLOQUE II. PRIORIDADES POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS
AUTONÓMICOS SOCIALISTAS
1. MÁS Y MEJORES EMPLEOS
Las políticas de empleo constituyen siempre una prioridad en la actuación
política de los y las socialistas. Por ello, las diferentes crisis a las que nos
estamos enfrentando, con trágicas consecuencias para el sistema sanitario, la
economía y la sociedad, las estamos afrontando con responsabilidad,
proponiendo reformas progresistas. En este contexto, nuestra prioridad es
ampliar y cualificar la base productiva y el empleo.
El Gobierno de España ha impulsado numerosas medidas para revertir los
efectos de la herencia que nos dejaron los gobiernos del PP. Si no se hubieran
impulsado tendríamos en el mercado de trabajo unas tasas de desempleo
inaceptables, unos índices de temporalidad inasumibles y una precariedad
extrema, además de un sistema jurídico no adaptado a las necesidades.
El mundo del trabajo está cambiando en su estructura y su composición y, por
ello, debemos facilitar la adaptación en el tránsito de los trabajadores y las
trabajadoras junto a las empresas a las nuevas realidades, proporcionar
formación y generalizar la acreditación profesional, con instrumentos
personalizados de búsqueda de empleo, de nuevas competencias, además de
impulsar proyectos que generen nuevas oportunidades ante las nuevas
posibilidades.
En el ámbito laboral, debe concretarse un programa para el desarrollo y el
trabajo, a partir de las necesidades de las personas, las empresas y los territorios
de nuestro país con una mirada y una articulación local, autonómica, estatal y
europea. Los referentes y las prioridades están claros e incluso definidos ya en
la Agenda 2030 y en las reformas del Plan de Recuperación.
La primera preocupación de la ciudadanía es el logro de buenos puestos de
trabajo. Es una preocupación que compartimos y hacemos nuestra como
prioridad de la acción de gobierno. Los problemas de nuestro mercado de trabajo
son los que señalan las recomendaciones por país de la Unión Europea: la
temporalidad, incluso extrema, y la precariedad en los contratos de trabajo. No
obstante, los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan que desde la
aprobación de la reforma laboral se ha empezado a revertir esta situación. Por
ello, seguiremos persistiendo hasta conseguir restablecer el principio de
causalidad y que la contratación indefinida sea la regla general.
El impulso de la contratación indefinida ofrece a los trabajadores mayor
certidumbre y resistencia a las crisis, otorgando seguridad para el desarrollo del
proyecto vital de cada persona. La contratación indefinida favorece buenas
carreras profesionales en las empresas, que son la base de la innovación y de
la mejora de la productividad y el valor añadido.

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Por tanto, el objetivo de nuestras políticas es que las personas tengan más
y mejores empleos. Para ello será necesario aprovechar al máximo los
fondos europeos como palanca de cambios imprescindibles y poner el foco
en la formación de las personas trabajadoras y en la capacitación digital
universal, todo ello en un marco de mejora del modelo productivo para su
equilibrio medioambiental y la adecuación tecnológica que permita mejorar la
productividad y la consiguiente competitividad.
En definitiva, una nueva agenda del trabajo en el marco del diálogo social y
con salarios dignos para todos los trabajadores, empezando por los de
menor renta, a partir de las iniciativas del Gobierno de España bien coordinadas
en red con las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los agentes
económicos y sociales.
Más allá de las competencias y los recursos públicos disponibles, el reto de la
administración pública y de los agentes que cooperan es crear las sinergias que
garanticen el óptimo funcionamiento de las instituciones laborales, la adecuación
entre los demandantes de empleo y las vacantes y el uso eficiente de los
recursos para alcanzar el pleno empleo. La colaboración, la cooperación y el
trabajo en red con los principales operadores harán posible obtener mejores
servicios y de mayor calidad a empresas y trabajadores. La buena gestión de las
políticas de educación, formación y empleo es fundamental para erradicar el paro
– en particular el paro juvenil – y disponer también de profesionales cualificados
para poder aprovechar plenamente las oportunidades de inversión con los
fondos europeos y el Plan de Recuperación.
En este sentido, los gobiernos autonómicos socialistas tenemos los siguientes
objetivos:
• Gestionar de forma eficiente y con impacto las políticas activas de
empleo, con inversiones orientadas a la reinserción de las personas
desempleadas: jóvenes, parados de larga duración, mujeres, mayores de
45 años o personas con discapacidad, ejecutando todos los recursos
disponibles para políticas de empleo provenientes del Estado y, sobre
todo, del Fondo Social Europeo. También para la recualificación de los
trabajadores. Todo ello con un objetivo claro: poner fin a las altas cifras
de paro y proporcionar oportunidades a todos los ciudadanos para tener
empleo estable y de calidad en la nueva economía verde y digital.
• Hacer compatible la ejecución descentralizada de las políticas con el
buen funcionamiento del mercado de trabajo en todo el país. Se
necesita cooperación intensa para contar con un sistema de información
interoperable y mecanismos que faciliten la movilidad de los trabajadores
y las trabajadoras por todo el territorio español.
• Transformar los servicios públicos de empleo en verdaderas
instituciones de información y orientación, acompañamiento y
activación en la búsqueda, recualificación y recolocación de los
trabajadores y trabajadoras sin empleo. Y también para la población
ocupada en trabajos en declive o más expuestos a las grandes

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transiciones. La atención individualizada, la relación con las empresas y
la formación para el trabajo constituirán las herramientas esenciales de
este proceso. Para ello, será imprescindible la dotación de suficientes
recursos humanos, superando las carencias derivadas del actual modelo
de acuerdos de transferencias para avanzar hacia un modelo que
garantice el coste efectivo de los servicios y programas. Se trata de
modernizar los actuales servicios públicos de empleo y ofrecer nuevas
configuraciones a los planes de empleo, territoriales y sectoriales, a fin de
superar los antiguos modelos programados de arriba hacia abajo,
centrados en actuaciones con poca posibilidad de inserción laboral
efectiva en el mercado de trabajo ordinario. Debemos avanzar hacia
modelos programados según las necesidades u oportunidades, siempre
bien alineados con los objetivos nacionales y europeos, y también bien
coordinados bajo el principio de la cooperación interinstitucional y la
colaboración público-privada. Estos modelos deberán evaluarse de
manera continua para seleccionar los programas que mejor funcionen y
así poder cumplir los objetivos.
• Garantizar la empleabilidad de las personas y su inserción laboral,
evitando en lo posible que caigan en el paro como consecuencia de las
transformaciones en el empleo y, en su caso, impedir que se sitúen en el
paro de larga duración. Para ello, resulta indispensable la creación de
mecanismos y dispositivos para favorecer los tránsitos laborales rápidos
-información, formación y acompañamiento-, hacer efectivos los
incentivos al trabajo y reforzar el sistema de intermediación laboral. En
este sentido, los diferentes programas de Garantía Juvenil deben
convertirse en una herramienta útil para lograr una inserción de los y las
jóvenes, proporcionando puestos de trabajo, prácticas o formación que
sean valiosas para su futuro laboral, y abriendo oportunidades hacia la
atracción de emprendimiento innovador que pueda convertirse en una
opción laboral.
• Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso al empleo al
conjunto de personas trabajadoras, sin distinción de género, edad o
capacidades físicas o psíquicas. En este sentido, además de favorecer
desde los gobiernos autonómicos la implementación de planes de
igualdad de acuerdo con los agentes sociales, se impulsarán programas
específicos dirigidos a personas jóvenes y a quienes tienen más de 45
años y mayor distancia de la formación, para dotarles de recursos
formativos que les permitan adaptarse a los cambios en su empleo y
acceder a las nuevas oportunidades que se presenten.
• Fortalecer los planes y las medidas de seguridad y salud en los
centros de trabajo, en el marco de un modelo de prevención de riesgos
laborales que permita una organización del trabajo más saludable y mejor
preparada para abordar en el futuro posibles crisis como la de la Covid-
19 y contemple las nuevas realidades del empleo, así como la gestión de
la edad, de forma que la realidad demográfica se adapte también a los
planes preventivos.

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• Promover la implantación progresiva del derecho a la formación,
orientación y activación laboral en los términos previstos por el Pilar
Social Europeo y en los acordados por el Gobierno con las Comunidades
Autónomas en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-
2024.
• Garantizar que la formación para el empleo se adapta a las nuevas
titulaciones requeridas por los nuevos sectores (energías renovables,
digitalización, etc.) y a la recapacitación desde sectores en declive a
nuevos sectores económicos.
Equiparar la calidad del trabajo autónomo al asalariado
En relación con las personas trabajadoras autónomas, nuestra principal línea de
actuación se centra en el reconocimiento de sus derechos. En las diferentes
crisis que hemos debido afrontar como país en estos años de gobierno socialista
hemos comprobado que puede protegerse el trabajo autónomo ofreciendo
acompañamiento y derechos mediante el despliegue de políticas públicas.
Durante la crisis financiera gestionada bajo el mandato del PP, España perdió
medio millón de autónomos, uno de cada siete; una destrucción de empleo, de
capital humano, y de aspiraciones insostenible. Las cicatrices de aquella crisis
para los autónomos aún las notamos hoy. Pero, a diferencia de lo que ocurrió
entonces, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno socialista ha sido
consciente de las consecuencias que la paralización de la actividad económica
ha tenido para las personas trabajadoras autónomas y, por ello, se tomaron
medidas extraordinarias de protección como nunca se habían adoptado.
Así, de manera siempre negociada con las asociaciones de autónomos, la
Seguridad Social ha ido desplegando varios tipos de prestaciones
extraordinarias destinadas a proteger las rentas de las y los trabajadores
afectados, y evitar la pérdida de capital humano que hubiera supuesto el
abandono completo de su actividad ante la imposibilidad de trabajar en
condiciones normales. De estas prestaciones se beneficiaron en un mismo
momento más de un millón y medio de personas con trabajo autónomo, la mitad
del colectivo.
La pandemia nos ha hecho tomar conciencia de la importancia de la acción
protectora de la Seguridad Social. Esa enseñanza es la que nos ha llevado ahora
a establecer un nuevo régimen de trabajadores autónomos, que consigue
mejorar las coberturas y las prestaciones. La intención es ofrecerles un sistema
de protección mucho más completo que el anterior, que se module y adapte a
las distintas etapas de su ciclo vital. También, ante la nueva realidad que vivimos,
con más personas autónomas como nueva fórmula de autoempleo, debemos
comprometernos a poner en marcha los mecanismos necesarios para que
puedan acceder a fuentes de financiación, asesoramiento y formación en
prevención de riesgos laborales.

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Además de la puesta en marcha de la agenda protectora del trabajo autónomo,
el Gobierno socialista de España ha desarrollado mecanismos contra la
explotación y los falsos autónomos. Hay que garantizar que no se utilice esta
figura para precarizar el empleo y externalizar costes, sino que puedan disfrutar
de derechos laborales dignos.
Y también favorecer la mejora profesional mediante programas de formación en
el trabajo autónomo, tanto en su especialización productiva como en los
elementos que procuren una gestión empresarial adecuada.
En definitiva, el Partido Socialista defiende que la calidad del trabajo autónomo
se equipare a la calidad del trabajo asalariado.
La economía social, clave para avanzar en democracia económica
En otro orden, nos comprometemos a reforzar en el ámbito autonómico el apoyo
a las organizaciones y empresas de economía social, como modelo de empresa
sostenible, integradora, participativa y generadora de empleo de calidad,
constituyéndose en un agente clave en el desarrollo territorial y la cohesión
social.
La economía social es un modelo empresarial de importancia creciente en
nuestra economía, que contribuye a la superación de la crisis actual, aportando
valores como la igualdad de las personas y su primacía sobre el capital; la
compatibilidad entre la vida social, privada y laboral; la gestión responsable y
transparente de los recursos; la flexibilidad que aporta la adaptación cooperante
de las personas trabajadoras; la gobernabilidad democrática y/o participativa; el
arraigo local; la reinversión de la mayoría de los beneficios para asegurar la
sostenibilidad a largo plazo de la empresa y la prestación de servicios a sus
miembros, incluyendo la educación continua.
Estas empresas son un modelo para avanzar en la democracia económica y
social. Por ello, debemos situar a la economía social como uno de los vectores
principales en el diseño de las políticas económicas, industriales y
medioambientales, con la colaboración de los agentes sociales.
Con la aprobación de la nueva Ley Concursal se ofrece también una segunda
oportunidad a empresas que pueden resultar viables con su transformación en
entidades de la economía social. Por ello, las y los socialistas nos
comprometemos a promover la conversión de empresas, sociedades anónimas
o sociedades limitadas en crisis en cooperativas o sociedades laborales que
sean propiedad de las personas trabajadoras siempre que sea en actividades
económicamente viables, en empresas de diferentes tamaños, tanto del sector
industrial como de servicios. En definitiva, incentivar en un sentido amplio el
emprendimiento en el ámbito del cooperativismo y la economía social.

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Un mercado laboral sin discriminación
Destacamos nuestro compromiso con las políticas de no discriminación en el
mercado laboral. En este sentido, las Comunidades Autónomas con gobiernos
socialistas:
• Promoveremos acuerdos entre agentes socioeconómicos para
eliminar las discriminaciones presentes en el mundo del trabajo
y dar visibilidad a las políticas públicas que contribuyen a ello.
• Garantizaremos la paridad en el trabajo en todos los sectores y en
todas las responsabilidades dentro del sistema productivo y
erradicaremos cualquier práctica discriminatoria por razón de sexo,
edad, etnia, ideología, orientación sexual, origen, capacidad o cualquier
otra condición no laboral en el acceso y el desarrollo de cualquier actividad
laboral.
• Incrementaremos los recursos para los colectivos que ya estaban siendo
discriminados por el mercado de trabajo antes de la crisis de la Covid-19:
mujeres con problemas de empleabilidad, jóvenes, migrantes, parados de
larga duración y personas con discapacidad reconocida, para reforzar las
acciones y evitar un agravamiento de su discriminación.
• Velaremos por el cumplimiento de las cláusulas sociales de
contratación y la propuesta de mejoras en este ámbito para el
colectivo de la discapacidad, así como el análisis del grado de
cumplimiento de la cuota legal de reserva del 2 % de ocupación de las
plantillas. Para ello, nos comprometemos a reforzar los recursos humanos
y materiales de la Inspección de Trabajo, a fin de hacer cumplir la
normativa laboral y combatir las situaciones de vulneración de derechos.
2. UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA COMO GARANTÍA DE
FUTURO
El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Inmersos
y comprometidos en el proceso de descarbonización de la economía mundial
como forma más efectiva para luchar contra sus efectos y evitar el incremento
del calentamiento del planeta, desde el PSOE tenemos un compromiso en todos
los niveles de la organización: hacer compatible la conservación del medio
ambiente, el crecimiento sostenible y las condiciones de vida saludable y digna
para toda la sociedad.
Nos proponemos poner en marcha un nuevo contrato social con la ciudadanía
para lograr una transición ecológica y energética justa que garantice empleo de
calidad y condiciones de vida saludables para todas y todos. Sólo es posible una
vida saludable si se relaciona con la salud ambiental global, bajo el enfoque “una
sola salud”. Las políticas de descarbonización, de adecuación a situaciones
climáticas extremas, prevención de incendios, de calidad del aire, contaminación

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lumínica o por ruido tienen que ver con el bienestar y la salud humana, en
definitiva, con la mejora de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía
independientemente de su renta u origen.
Por ello, defendemos la preservación y recuperación de la biodiversidad, la lucha
contra la desertificación y la deforestación, el impulso de la economía circular, el
uso racional de los recursos hídricos y la adaptación de nuestros pueblos y
ciudades a los efectos del cambio climático, diseñando ciudades más verdes y
resilientes para afrontar los cambios globales a los que nos enfrentamos. Hemos
de asumir retos tan importantes como la adaptación de los sectores productivos
a la descarbonización y electrificación de la economía, el fomento de una
movilidad alternativa limpia de combustibles fósiles, tanto en el transporte público
como en el privado, o la digitalización territorial y económica de nuestro país.
Todo ello forma parte de nuestra agenda de gobierno.
Queremos seguir avanzando en el despliegue ordenado y acelerado de las
energías renovables, aumentando la generación de energía limpia, mucho más
asequible y competitiva, para los hogares y para la industria. Impulsaremos las
sinergias positivas entre los diferentes sectores económicos como estrategia
para la reindustrialización del conjunto del país. Queremos infraestructuras
respetuosas con los paisajes, que reduzcan o minimicen su impacto en los
territorios, ecosistemas o biodiversidad y cuyos beneficios económicos
repercutan en las poblaciones locales. Y todo ello será posible porque
trabajaremos desde el diálogo y la cooperación entre los distintos niveles de la
administración, los agentes sociales y la sociedad civil.
Diez mandatos para luchar contra la emergencia climática
Somos el partido que ha situado al ecologismo en la agenda política del país y
desde nuestras responsabilidades de gobierno en todas las administraciones
autonómicas ratificamos diez mandatos para luchar contra la emergencia
climática.
1. Aspiramos y trabajamos para convertir el mayor desafío al que se enfrenta
la humanidad, el cambio climático, en una oportunidad de país y de sus
territorios.
2. Acompañaremos el liderazgo de España en el seno de la Unión
Europea y en el mundo de una acción contundente y coordinada a todos
los niveles administrativos.
3. Valoramos la transición ecológica y energética como un nuevo contrato
social, territorial y económico que nos permitirá alcanzar, como país, la
neutralidad climática conciliando el desarrollo con el cuidado y
conservación del medio natural sin dejar a nadie atrás. El modelo que
proponemos, a diferencia de otros, es el único que garantiza la reducción
de las desigualdades sociales y territoriales, así como la erradicación de
la pobreza energética.
4. Defendemos la transición ecológica y energética como una
oportunidad de crecimiento económico, de aumento de la

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competitividad de los diferentes sectores, de ahorro en los costes y de
diversificación de sus actividades. Es una ventana de oportunidad para
los sectores económicos que debemos aprovechar.
5. Consideramos la transición ecológica una oportunidad para
reindustrializar el país. Pretendemos producir toda la cadena de valor
para conseguir la transición energética. Supone la transformación física
del espacio y la descarbonización de las ciudades. Éstas deben ser
climáticamente neutras, y resilientes frentes a las adversidades del
cambio climático.
6. Apreciamos la transición energética que empodera a la ciudadanía capaz
de generarse su propia energía. El despliegue de las energías renovables
en nuestro país es un acierto frente a la dependencia de mercados
exteriores, un compromiso con el medio ambiente y la biodiversidad, y
también una garantía para nuestra autonomía energética.
7. Actuamos desde las Comunidades Autónomas como aceleradores
del despliegue de las energías renovables que serán a la vez
garantes de la preservación de los valores ambientales, sociales,
económicos y de la protección de la salud.
8. Reconocemos que fortalecer el sector primario pasa también por
preservar la biodiversidad y el medio ambiente.
9. Estamos convencidos de que los Espacios Naturales Protegidos han de
ser la clave en la conservación y recuperación de hábitats y especies. Y
que la conservación de los ecosistemas es la mejor garantía para la
protección de la salud de las personas y para el desarrollo
económico y social de las poblaciones locales.
10.Consideramos el agua un bien común de dominio público y, por tanto, el
acceso al abastecimiento y al saneamiento como un derecho humano. Por
ello, creemos que se debe asegurar, a nivel autonómico, un alto nivel de
protección del dominio público hidráulico, garantizando el agua para
consumo doméstico, unido al cuidado de los ecosistemas, para la
prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones
adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía. Sólo preservando el
buen estado ambiental de las masas de agua podemos garantizar el uso
del agua de una manera sostenible y eficiente, tanto para el consumo
como para los otros usos del agua.
El PSOE tiene un proyecto de país que vincula la sostenibilidad ambiental y
energética al crecimiento de la economía y al empleo de calidad, así como a la
vida saludable. Entre los objetivos que nos ocupan como partido están:
• Ayudar a la consecución de la producción de energía limpia y accesible desde
recursos renovables como el sol y el viento. Dotar de recursos suficientes,
así como agilizar los trámites necesarios, para la implantación de
energías renovables. Desde el nivel más alto de la administración hasta la

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gestión más directa con el ciudadano, la mejora de los procedimientos para
la aprobación de nuevos proyectos de energías renovables es una prioridad
estratégica en un marco de tensión en los precios de los combustibles fósiles.
• Contribuir a través de la eficiencia energética y el autoconsumo a la
reducción de la dependencia de los hidrocarburos, conservando a su vez
la integridad ambiental y social de los territorios.
• Elaborar una hoja de ruta que garantice la completa descarbonización
de la economía regional, de acuerdo con los criterios y principios
establecidos en la Ley de Cambio Climático estatal y el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), contribuyendo desde las
Comunidades Autónomas a la transición hacia la economía descarbonizada,
de emisiones netas cero para 2050.
• Impulsar medidas para el empleo, la formación y la innovación
aprovechando las oportunidades de la transición ecológica, incluyendo
el campo de la salud y los cuidados con medidas de promoción de la salud y
la mejora de la calidad de vida en pueblos y ciudades, porque entendemos
que un medioambiente saludable incide en la mejora de la salud, tanto física
como mental, de las personas.
• Garantizar una correcta gestión del uso del agua en cuanto bien público,
accesible y derecho humano, fundamental para el mantenimiento de los
ecosistemas y componente estratégico de nuestra economía.
• Conseguir la completa seguridad global en materia de agua, que conlleva
una gestión que garantice a toda la ciudadanía el acceso a los recursos
hídricos manteniendo de manera adecuada y sostenible los usos económicos
a los que da soporte, así como la custodia del estado natural de los
ecosistemas hídricos y los caudales ecológicos de los ríos. Asegurar la
calidad y suficiencia del agua de abastecimiento, incorporando los criterios
de calidad desde la captación del recurso hasta la distribución y suministro,
especialmente en el agua para consumo.
• Transmitir la importancia de la preservación y recuperación de la
biodiversidad en el medio rural, pero también en el urbano con acciones
de renaturalización en pueblos y ciudades para hacerlos más resistentes al
cambio climático y más saludables.
• Mejorar la capacidad de los entes locales del ámbito rural para preservar
los ecosistemas y las infraestructuras verdes, en particular la resiliencia de
los bosques frente a los incendios, estableciendo ayudas y compensaciones
por la gestión sostenible de estos espacios.
• Garantizar la preservación de la costa según los principios de adaptación
al cambio climático como garantía de futuro del desarrollo de actividades
económicas en la franja costera, manteniendo un desarrollo urbano
sostenible que logre un equilibrio para la protección de la costa y el mar,

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frente a los retos que supone la presión sobre el litoral.
La acción de las Comunidades Autónomas en la lucha contra el cambio
climático
Para lograr estos objetivos, consolidar las políticas de lucha contra el cambio
climático y de preservación de la biodiversidad, en un contexto de emergencia
climática, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista:
• Agilizaremos los procedimientos para el despliegue de las energías
renovables, el autoconsumo y el almacenamiento, estableciendo un
marco claro, con seguridad jurídica, para determinar las zonas protegidas y
facilitar el autoconsumo y la inversión en capacidad de generación eléctrica
en el resto del territorio, los proyectos de infraestructuras, así como los
proyectos industriales que incorporen un plan de energías renovables.
• Aprobaremos leyes de cambio climático en las distintas Comunidades
Autónomas, que desarrollen y complementen, según las características
territoriales, los objetivos planteados en la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética estatal de 2021.
• Elaboraremos planes autonómicos integrados de energía y clima, con
estrategias energéticas y climáticas basadas en el plan estatal.
• Estableceremos desde las administraciones autonómicas y locales ayudas
específicas y complementarias a las ya existentes para que las familias con
menos recursos puedan acceder al autoconsumo.
• Desarrollaremos planes de bajas emisiones con cobertura económica
en poblaciones superiores a los 20.000 habitantes.
• Aprobaremos leyes integrales del Ciclo Urbano del Agua autonómicas
que incorporen aspectos clave como impulsar el saneamiento y depuración,
así como procesos de reutilización del agua que no redunden en mayores
usos, sino que sustituyan otros preexistentes.
• Elaboraremos planes de adaptación del agua ante el cambio climático en
el que se fomenten actuaciones de protección y mejora de la biodiversidad
como soluciones de gestión hídrica, basadas en la naturaleza: drenajes
naturales sostenibles y fomento de fuentes públicas. Mantenimiento de los
bosques para favorecer su función a modo de embalses naturales.
• Promoveremos la participación ciudadana en la gestión del agua,
poniendo en marcha sistemas de gestión participativa que impliquen a toda
la ciudadanía.
• Regularemos la aplicación de cánones y procesos de tarificación de
usos del agua gravando el mayor uso e incentivando sistemas de ahorro
y eficiencia, tratando de recuperar un equilibrio en los costes que garantice
la estabilidad en el mantenimiento y la innovación de un servicio público
básico.

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• Desarrollaremos el PERTE de digitalización del ciclo del agua. El uso de
las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua permitirá
mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes
de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales a
través de los avances en digitalización y la teledetección en el control del uso.
• Impulsaremos la puesta en marcha de consejos asesores del agua a nivel
autonómico, así como mecanismos de transparencia y gestión participativa
con la implementación de observatorios ciudadanos del agua en los
municipios como herramientas de gobernanza junto al Observatorio de la
Gestión del agua en España.
• Aprobaremos leyes de gestión de residuos que aceleren la transición
hacia un modelo circular de la economía y facilite la consecución de los
objetivos de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
• Impulsaremos la adaptación e innovación de los sistemas de recogida
selectiva de residuos, así como los planes de recogida selectiva
municipales en línea con la normativa europea y española, así como planes
e infraestructuras para el compostaje.
• Elaboraremos planes de desertificación y de adaptación a las sequías,
en línea con la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación”.
• Desarrollaremos planes de adaptación a fenómenos meteorológicos
adversos en respuesta a los cada vez más frecuentes episodios extremos e
incluso catastróficos vinculados a la crisis climática.
• Promoveremos, en el marco de los actuales planes de sequía, que las
empresas gestoras del agua definan sus propios planes de emergencia
climática en los que se priorice su papel catalizador de comunidades
energéticas de fuentes renovables.
• Actualizaremos la normativa para combatir los incendios forestales,
fortalecer los sistemas de extinción (recursos humanos y materiales) e
impulsar la coordinación entre administraciones, con especial atención a la
prevención, bien planificada y ejecutada, con tiempo y recursos.
• Aprobaremos leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad que nos
comprometan con unas políticas públicas de gestión y conservación de la
biodiversidad, basadas en el mejor conocimiento científico disponible y
permitan el desarrollo de actividades económicas que pongan en valor la
biodiversidad.

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3. IGUALDAD PLENA, REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio axial de las democracias y
un pilar fundamental de la acción política del PSOE. Una igualdad plena, real y
efectiva entre mujeres y hombres es el horizonte al que miramos en nuestras
Comunidades Autónomas y el feminismo es la herramienta para alcanzarlo.
Las mujeres no son un colectivo con características específicas; las mujeres son
la mitad de la población. Por tanto, todas nuestras políticas públicas impactan en
la vida de hombres y mujeres y desde el Partido Socialista velaremos por que el
objetivo de la igualdad impregne toda nuestra acción política. El proyecto del
PSOE para las Comunidades Autónomas es un proyecto político feminista que
tiene como objetivo garantizar la igualdad y la justicia social y no puede
construirse sin las mujeres.
La igualdad es el eje vertebrador de cualquier política pública que impulse el
PSOE. Toda acción política tiene una incidencia específica en la vida de hombres
y mujeres y desde el PSOE trabajamos para que ese impacto esté orientado a
la eliminación de la desigualdad. Por eso, nuestra apuesta por la transversalidad
de género es un elemento esencial que debe impregnar todos los ámbitos de la
acción política e institucional. Todas nuestras políticas, y a lo largo de todo su
ciclo político, deben estar orientadas a alcanzar el objetivo estratégico del PSOE
que supone la igualdad entre mujeres y hombres.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituye la hoja de ruta
marcada por el Gobierno socialista para la España de después de la Covid-19 y
la igualdad de género es uno de sus ejes fundamentales. Este Plan señala la
necesidad de impulsar medidas orientadas a elevar la tasa de empleo de las
mujeres. También establece medidas pensadas para mejorar, fortalecer y
reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, impulsar la igualdad de
oportunidades en el ámbito educativo y reducir la brecha digital.
La violencia de género, representada a través de múltiples caras, es la máxima
expresión de la desigualdad contra las mujeres y las niñas. Combatir la violencia
machista y construir una España segura para las mujeres es un objetivo
prioritario para el Partido Socialista. En 2004, impulsamos la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género que supuso un hito legislativo
en España y en el mundo en la lucha contra esta violencia. Esta ley puso a
España en la vanguardia mundial contra la violencia machista y, desde entonces,
las y los socialistas, en todas las instituciones, hemos impulsado y reforzado las
actuaciones para mejorar la atención a las víctimas y garantizar su seguridad.
Ese compromiso en la lucha contra la violencia de género llevó al PSOE a
promover en el Parlamento el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de
España, destina a las Comunidades Autónomas una ingente cantidad de
recursos para luchar contra la violencia machista. Las Comunidades Autónomas
cuentan con el compromiso del Gobierno de España de dotar económicamente
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para ofrecer una respuesta
inmediata y firme a la protección de la integridad física y los derechos
fundamentales de las mujeres que sufren violencia, así como de sus hijos e hijas
menores.

ELECCIONES 2023
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Para las elecciones autonómicas de 2023, las Comunidades Autónomas con
gobiernos socialistas:
• Afianzaremos el carácter transversal de la igualdad entre mujeres y
hombres. La igualdad es un objetivo transversal a toda la acción política
y tiene que ser visible en todos los ámbitos políticos e institucionales. Por
ello, las y los socialistas trabajaremos desde la perspectiva de género en
todas las Comunidades Autónomas.
- Garantizando la paridad entre hombres y mujeres en nuestros
gobiernos. La participación efectiva y en igualdad de las mujeres es
condición necesaria para la democracia. En ese sentido,
impulsaremos la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad
en todas las estructuras.
- Reforzando las políticas públicas de igualdad al más alto nivel político
y garantizando la incorporación de la perspectiva de género en toda la
acción política.
- Impulsando estructuras estables (como los institutos autonómicos para
la igualdad) que garanticen el óptimo desarrollo de las políticas de
igualdad y contribuyan a que la igualdad esté presente en todos los
campos de acción.
- Desarrollando la formación técnica en materia de igualdad en todos los
niveles de la administración autonómica para asegurar que todas las
políticas públicas tienen trascendencia positiva en la igualdad de
género.
• Garantizaremos una respuesta eficaz frente a la violencia contra las
mujeres. La lucha contra la violencia de género es un objetivo que
interpela a todas las instituciones y a la sociedad en su conjunto; es una
prioridad para el Partido Socialista y, por tanto, seguirá siendo una
prioridad para sus gobiernos en las Comunidades Autónomas.
El Gobierno de España ha impulsado el Plan “España te protege” que
tiene por objetivo extender y hacer accesible a todas las potenciales
víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios
de atención integral. Este Plan implica, entre otras cuestiones, la
modernización de los sistemas de atención y protección a las víctimas de
violencia de género como el Servicio 016 de Información y Asesoramiento
y el Servicio de teleasistencia para la atención y protección a las víctimas
(ATENPRO) cuya gestión recae directamente en las entidades locales.
Ese Plan también contempla la creación de Servicios de atención integral
24 horas a víctimas de violencia sexual en todo el territorio. Estos centros
van a facilitar atención presencial, telefónica y telemática y, sin duda,
serán una infraestructura central en la lucha contra la violencia machista
en nuestras Comunidades Autónomas.
El Partido socialista impulsó la elaboración y la dotación presupuestaria
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Desde todas las
instituciones, las y los socialistas seguiremos fortaleciendo el Pacto de
Estado e impulsando actuaciones en materia de lucha contra la violencia
de género. La violencia de género es considerada por el PSOE una
cuestión de Estado en cuanto constituye uno de los principales problemas

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estructurales del país, al que tenemos que responder con urgencia y
recursos económicos, materiales y humanos, desde la Comunidades
Autónomas:
- Reforzando la atención a las víctimas en centros de atención por todo
el territorio. Estos centros tendrán personal técnico adecuado para
atender a las víctimas y a sus hijos e hijas. Facilitaremos el acceso
para que todas las mujeres tengan acceso a esos servicios, con
especial atención a las mujeres en el ámbito rural.
- Fortaleciendo las redes de Casas de Acogida para víctimas de
violencia de género para garantizar la seguridad de las mujeres y
facilitar el desarrollo de proyecto de vida autónomo de las mujeres
víctimas, así como el de sus hijos e hijas.
- Impulsando protocolos y trabajando para que los juzgados de violencia
de género sean espacios adecuados para las víctimas de violencia de
género y no tengan que permanecer en la misma sala que sus
maltratadores, ni encontrarse con ellos, asegurando el
acompañamiento profesional.
- Promoviendo programas específicos de acompañamiento y
recuperación integral para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de
violencia de género.
- Intensificando la coordinación entre todos los departamentos
implicados en la protección de las víctimas de la violencia de género
para garantizar la mejor atención integral a las mujeres. Asimismo,
cooperando con otras administraciones públicas para ofrecer la mejor
atención a las víctimas.
- Reforzando las unidades de valoración forense en violencia de género
para garantizar que cuentan con los recursos necesarios para
desarrollar su trabajo.
- Impulsando la Educación en Igualdad como la mejor estrategia para
prevenir la violencia.
En materia específica de violencia sexual:
- Favoreciendo el desarrollo de los centros de atención integral a las
víctimas de violencia sexual a través de los centros de 24 horas.
- Desarrollando políticas de prevención de la violencia sexual, con
especial atención a la población más joven.
- Impulsando programas de sensibilización a la población en general y
de formación técnica para los profesionales del ámbito sanitario,
judicial, servicios sociales y servicios policiales para asegurar la mejor
atención a las víctimas de la violencia sexual.
• Promoveremos y garantizaremos la igualdad en el empleo. A pesar
de tener mejores resultados educativos, las mujeres siguen accediendo
en menor medida al mercado de trabajo y al empleo y, además, lo hacen
de manera segregada y precaria, recibiendo una menor retribución e
ingresos. La segregación ocupacional continúa siendo la principal
desigualdad de género en el mercado de trabajo. A pesar de los avances,
sigue habiendo una escasa presencia de mujeres en puestos directivos y

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de responsabilidad. Una sociedad que quiere progresar debe hacerlo
contando con todo el talento que tiene y no se puede permitir que las
mujeres sigan sufriendo obstáculos que lastran sus carreras
profesionales. Desde las Comunidades Autónomas trabajaremos para
remover los obstáculos que encuentran las mujeres en el ámbito laboral y
que perpetúan la feminización de la pobreza.
A pesar de los cambios producidos en los últimos años, todavía hoy
existen diferencias sustanciales en el reparto de los tiempos y los trabajos,
especialmente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Para
abordar los grandes retos en materia de conciliación de la vida familiar y
laboral, desde el Gobierno de España se ha impulsado el Plan
Corresponsables. Este Plan ha permitido articular mecanismos, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, para el apoyo específico
de las necesidades de conciliación de las familias con niñas, niños y
jóvenes menores de 14 años, así como crear empleo de calidad en el
ámbito de los cuidados.
Desde la Comunidades Autónomas trabajaremos en la misma línea y en
coordinación con el Gobierno de España para ofrecer empleo de calidad
y en igualdad a las mujeres y también horarios de trabajo más razonables,
al tiempo que trabajamos para que tener personas dependientes a cargo
no sea un obstáculo en el desarrollo profesional y que estos trabajos de
cuidados no recaigan siempre sobre las mujeres.
Del mismo modo, atenderemos a la especificidad laboral de las mujeres
del medio rural. Además, favoreceremos el emprendimiento y la
capacidad de generar autoempleo.
- Incorporando la transversalidad de género en todas las políticas
activas de empleo.
- Potenciando políticas activas de empleo orientadas a mejorar la
inserción laboral de las mujeres, con especial atención a las mujeres
del ámbito local.
- Impulsando políticas públicas que favorezcan el emprendimiento de
las mujeres.
- Promoviendo políticas públicas orientadas a favorecer la
corresponsabilidad en los cuidados y la conciliación de la vida familiar
y laboral.
- Trabajando, a partir del diálogo con los agentes sociales, sindicatos y
patronal, para impulsar acciones orientadas a acabar con la
desigualdad de las mujeres en empleo, con especial atención a la
brecha salarial.
- Desarrollando políticas contra el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo en el empleo.
- Promoviendo la creación de planes para la Promoción de las Mujeres
del Medio Rural para favorecer la integración laboral y la participación
económica de las mujeres vinculadas al mundo agrícola, ganadero y
pesquero.
- Impulsando la promoción, información e incentivación de la titularidad
compartida de explotaciones agrarias y ganaderas.

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• Impulsaremos las acciones contra la explotación sexual y por la
abolición de la prostitución. El PSOE es un partido abolicionista de la
prostitución. En nuestro modelo de sociedad hombres y mujeres son iguales
y libres y esa idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres
humanos. En el marco de las competencias autonómicas y en cooperación
con el resto de las administraciones públicas, combatiremos la explotación
sexual de mujeres y niñas que es la forma más extrema que existe de
violencia contra las mujeres:
- Impulsando planes autonómicos para erradicar cualquier forma de
explotación sexual.
- Promoviendo planes económicos y sociolaborales para facilitar que las
mujeres puedan salir de contextos de prostitución y garantizando la
integración de las mujeres prostituidas a la condición de ciudadanía
plena.
- Desarrollando programas de formación e inserción para mujeres
víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual que
favorezcan la contratación de estas mujeres.
• Avanzaremos en igualdad con el movimiento feminista. El movimiento
de mujeres y las asociaciones feministas han sido y son agentes
fundamentales para la transformación de nuestro país en una sociedad
más justa. Históricamente las asociaciones de mujeres han sido las
primeras en atender y visibilizar las necesidades de las mujeres,
especialmente en materia de lucha contra la violencia machista.
Destacamos especialmente el papel de estas asociaciones en el ámbito
rural, favoreciendo y destacando el cooperativismo agrario de mujeres.
Favoreceremos su acción:
- Reforzando el apoyo al movimiento asociativo de mujeres que trabajan
por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
- Impulsando espacios de participación autonómicos donde el tejido
asociativo feminista pueda hacer llegar sus reivindicaciones, evaluar
las acciones y plantear propuestas a los gobiernos autonómicos.
4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA LA COHESIÓN
SOCIAL Y TERRITORIAL
La finalidad de los servicios públicos no es sólo hacer efectivos los derechos
constitucionales de la ciudadanía sino, a través de ellos, contribuir a la cohesión
social y territorial. Para conseguirlo es necesario un diseño de los servicios
públicos que asegure la universalidad del derecho, la equidad en el acceso tanto
social como territorial y la calidad de servicios y prestaciones de forma que
garantice condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.
Esto obliga a las administraciones a una planificación de los servicios acorde con
esta misión y con las exigencias de su naturaleza pública. Se trata de lograr que
la concreción del derecho constitucional se articule como derecho subjetivo
universal en el acceso a los servicios y prestaciones. Asegurar que el derecho

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subjetivo sea efectivo requiere de la existencia de sistemas prestacionales y
servicios, diseñados de forma que favorezcan la equidad en el acceso. Para ello,
se precisa de una planificación adaptada a las características de la población y
su distribución territorial. La calidad de los servicios es la principal garantía para
prevenir desigualdades en el nivel y alcance de la protección social. Es
imperativo evitar que la capacidad económica de las personas origine un sistema
dual, en función del poder adquisitivo de las personas beneficiarias. En definitiva,
servicios de calidad porque satisfacen derechos de ciudadanía y que no
dependan de la capacidad económica.
Esta es una característica aplicable a todos los servicios públicos, pero en el
caso de los que configuran el Estado de Bienestar adquiere una especial
relevancia, tanto por su impacto en la sociedad y su capacidad para generar
cohesión social y territorial, como por constituir la parte principal de las
competencias y de los presupuestos de las Comunidades Autónomas.
De esta forma, los servicios públicos del Estado de Bienestar constituyen una
potente herramienta de redistribución de la riqueza, convirtiéndose en grandes
estabilizadores sociales, singularmente en situaciones de crisis o de incremento
de las desigualdades, asegurando la atención a las necesidades básicas de la
ciudadanía a partir del mantenimiento de servicios de calidad y prestaciones
económicas.
En el Estado autonómico, las responsabilidades institucionales se encuentran
repartidas de acuerdo con la distribución competencial regulada en la
Constitución y los Estatutos de Autonomía. El reconocimiento de los derechos y
la creación de los grandes sistemas prestacionales corresponden a la
Administración General del Estado. La planificación y la dotación de los servicios
para hacer efectivos los derechos y su calidad, así como la gestión de las
prestaciones corresponden a las Comunidades, en el marco de los criterios o
requisitos definidos en el ámbito correspondiente y acordado en el seno de las
respectivas conferencias sectoriales. Todo ello depende de la suficiencia del
sistema de financiación autonómica, adoptado por el Estado y las Comunidades
Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Esta distribución de competencias y responsabilidades en relación con los
servicios públicos del Estado de Bienestar obliga a establecer mecanismos de
cooperación orientados a lograr un funcionamiento que contribuya a la cohesión
y vertebración del conjunto del país, a la vez que asegura la efectividad de los
derechos sociales en todo el territorio. Se trata, en definitiva, de avanzar en la
cogobernanza de los grandes sistemas de servicios públicos que asegure
universalidad, calidad y equidad.
Esto se ha manifestado con claridad en situaciones de emergencia, como ha
sido la pandemia de la Covid-19. En un momento de enorme incertidumbre y
temor, los servicios sanitarios y de salud pública seguían vigilando la evolución,
controlando la expansión del virus, atendiendo a los enfermos e investigando las
características del virus para disponer de los tratamientos más eficaces de la
enfermedad y las vacunas para la prevención. De la misma forma, el sistema
educativo ha sido capaz de adaptarse a las distintas fases de la pandemia para
mantener la actividad docente y limitar al máximo los riesgos de desigualdades

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en el aprendizaje en el alumnado con menos recursos. Y también los servicios
sociales han estado especialmente atentos a las necesidades generadas por la
caída de rentas en algunas familias, derivada de la paralización o disminución
de actividades por la crisis económica ocasionada por la pandemia.
El llamado “escudo social”, aprobado por el Gobierno de España, ha requerido
de la capacidad de gestión por parte de los servicios públicos de las
Comunidades Autónomas para llegar a todas las personas que lo precisaban.
Es un buen ejemplo de la cogobernanza en los sistemas públicos como
respuesta a situaciones de emergencia que afectan a toda la población.
La crisis sanitaria nos ha mostrado, por si quedaba alguna duda, la importancia
de los servicios públicos para atender a las necesidades de la ciudadanía ante
situaciones de emergencia desde lo público, garantizando la efectividad de los
derechos sociales. En este sentido, las y los socialistas defendemos los servicios
públicos frente a las continuas propuestas de privatización que hace la derecha
de manera expresa o subliminal. Asistimos a continuos intentos de adelgazar lo
público y desviarlo a oportunidades de negocio. Frente a ello, sostenemos la
importancia de unos robustos servicios públicos.
También conviene atender a los riesgos derivados del cambio climático y sus
efectos, que se materializan ya en olas de calor, incendios, escasez de agua o
alteraciones de los ecosistemas, provocando situaciones de emergencia y
nuevas necesidades sociales. Así, por ejemplo, las altas temperaturas
experimentadas en el verano de 2022 han incrementado significativamente los
índices de exceso de mortalidad, un riesgo que afecta de forma desigual a las
poblaciones. Como sabemos gracias a las investigaciones, las personas más
expuestas suelen tener edades avanzadas y presentar vulnerabilidades
sanitarias, pero estas condiciones suelen presentarse junto a desventajas de
carácter socioeconómico y relativo aislamiento social. Un número
desproporcionado de muertes provocadas por el calor se producen en zonas de
bajos ingresos y elevado riesgo de exclusión.
En este contexto, la respuesta de lo público se hace más necesaria: una
actuación pública articulada desde la cogobernanza, que trata de ofrecer una
respuesta institucional coordinada con las competencias y recursos puestos al
servicio de un objetivo común. En este sentido, la gestión eficiente de los
servicios públicos y la modernización de las administraciones públicas son
esenciales para lograr la inclusión de toda la ciudadanía y la vertebración social
y territorial. Así, la digitalización de las administraciones, la integración de
servicios en la “carpeta ciudadana” o la modernización de los sistemas de
comunicación con la ciudadanía son prioridades para conseguir una
administración del siglo XXI que garantice el acceso a los servicios públicos a
toda la ciudadanía desde cualquier punto del territorio.
El entramado de servicios y prestaciones destinados a la protección social debe
ser capaz de dar satisfacción a toda la sociedad de forma que toda la ciudadanía,
y en especial la clase media trabajadora, contemple los servicios públicos como
la primera opción ante sus necesidades, reciba una atención de calidad y, con
ello, considere que sus impuestos son necesarios y útiles a toda la sociedad.

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Este enfoque debe alcanzar a todo el ciclo vital, lo que significa protección y
seguridad a lo largo de la vida, de forma que desde el nacimiento a la muerte
todas las eventualidades vitales dispongan de una protección con equidad y
calidad. Desde la atención al embarazo y el nacimiento, la educación, la atención
a la salud, la accesibilidad universal, la atención social, las transferencias
económicas de pensiones, la garantía de un ingreso mínimo vital, la vivienda, la
muerte digna, la protección social y políticas de bienestar a lo largo de todo el
ciclo vital deben suponer seguridad y confianza para las personas, alcanzando
a las necesidades derivadas de la convivencia, en el ámbito familiar, la relación
entre generaciones, la conciliación y la autonomía personal.
Ello exige una amplia cooperación intersectorial y entre administraciones,
fomentando la interoperabilidad y la existencia de ventanillas únicas que
faciliten a la ciudadanía su relación con las administraciones, tanto desde
el punto de vista de los requisitos legales obligatorios como de información,
superando las trabas en el acceso a prestaciones a las que se tiene derecho, el
llamado non take up. Gracias a las inversiones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia está en marcha un ambicioso programa de
digitalización de las administraciones públicas que ha de permitir aumentar la
eficiencia y llegar a todo el territorio, favoreciendo el acceso de la ciudadanía y
luchando contra la despoblación.
UN IMPULSO RENOVADO A LOS SERVICIOS SOCIALES
Los servicios sociales orientados a la inclusión social
La extensión de los servicios sociales y la creación del Sistema de Servicios
Sociales, a partir de la aprobación, en 1988, del Plan Concertado de Servicios
Sociales, supuso un salto cualitativo en la atención social en España, transitando
de un modelo de beneficencia a un sistema profesionalizado y sustentado en el
ejercicio de derechos.
Está pendiente para los próximos meses la tramitación parlamentaria de una ley
general que configure legalmente el Sistema y contenga un catálogo de
prestaciones comunes en desarrollo de los derechos sociales constitucionales
para la definitiva consolidación del Sistema de Servicios Sociales y, por tanto,
para la efectividad de los derechos en todo el territorio nacional.
La aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD) ha venido a
reforzar el sistema, incrementando las prestaciones y dotándolo de una mayor
fortaleza económica. Ha establecido, además, la cooperación entre las
administraciones responsables, incluso en la financiación, gestión y calendario
de implementación. En definitiva, un modelo de cogobernanza en un pilar del
Estado de Bienestar orientado a la inclusión y a la cohesión social. En este
contexto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha supuesto un
importante refuerzo financiero para el Sistema.
Junto con estos dos grandes avances en el ámbito de la inclusión, en 2020 se
ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV). No sólo es una prestación, sino que

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viene a establecer cuáles son las mejores políticas de acompañamiento a los
más vulnerables a partir de los itinerarios de inclusión.
El Ingreso Mínimo Vital es un hito histórico. Es la respuesta socialista para no
dejar a nadie atrás, una respuesta solidaria para reforzar la lucha contra la
pobreza y la exclusión social, y reducir la desigualdad. El IMV se concibió como
un suelo básico de ingresos para aquellas personas en situación de
vulnerabilidad extrema con independencia de donde vivan. Está llamado a
atender con eficacia las situaciones de pobreza severa de poblaciones en las
que se concentran las necesidades más intensas, como son muchos hogares
con descendientes (especialmente en familias monoparentales), o en los que
hay personas con alguna discapacidad. Pero es necesario remarcar que los
riesgos de exclusión social no se solucionan únicamente a través de una garantía
de ingresos.
Para que el Ingreso Mínimo Vital pueda ser verdaderamente eficaz en la lucha
contra la pobreza y la exclusión, debe ser complementado con prestaciones y
apoyos a la inclusión desarrollados desde las Comunidades Autónomas en el
marco de sus competencias en materia de servicios sociales. El IMV debe
convertirse en el instrumento que, en conjunción con los esfuerzos que lleven a
cabo las administraciones autonómicas con los recursos liberados, proporcione
a la ciudadanía en situación de mayor vulnerabilidad una garantía de ingresos y
recursos sociales adecuados para afrontar con éxito itinerarios de reinserción
social que, en la inmensa mayoría de los casos, conduzcan a la integración o
regreso al mundo del trabajo y a la autosuficiencia económica.
El gran reto de las Comunidades Autónomas es diseñar en los próximos años
dispositivos que permitan alcanzar este objetivo: desde la complementariedad
con el IMV, pero también desde el profundo conocimiento de las realidades de
la privación y la exclusión en sus territorios, que permite adaptar las fórmulas de
protección que puedan elegirse finalmente a necesidades específicas derivadas
de las singularidades de sus mercados laborales y de la vivienda, perfiles
sociodemográficos y estructuras territoriales.
Las Comunidades lideradas por gobiernos socialistas no abdicarán de esta
enorme responsabilidad de construir una última malla de protección para reforzar
la seguridad de quienes tienen el infortunio de experimentar situaciones de
privación y para que nadie se pueda sentir abandonado.
Desde las Comunidades Autónomas, que tienen la competencia de gestión de
los servicios sociales, las y los socialistas pretendemos dar un impulso renovado
a la consolidación y refuerzo del Sistema a partir de los siguientes objetivos:
• Reforzar el conjunto del Sistema de Servicios Sociales.
- Dotaremos de entidad jurídica y elaboraremos un catálogo común
de servicios para hacer efectivos los derechos sociales
constitucionales.
- Revisaremos y reforzaremos, en el seno del Consejo Interterritorial,

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el Sistema de Información del Sistema Público de Servicios
Sociales. Se trata de configurar en la Comunidad Autónoma un
sistema interoperable con el conjunto del Sistema, incluyendo todas
las prestaciones sociales.
- Avanzaremos en un diseño de servicios sociales de proximidad y
calidad, cuya misión principal sea la intervención social a partir del
catálogo de prestaciones sociales del Sistema de Servicios Sociales.
- Impulsaremos los servicios sociales respondiendo a los nuevos
riesgos sociales y aspectos como la brecha digital, la economía
vinculada a los cuidados, la ética del bienestar, el empleo inclusivo y
el acceso a la vivienda.
- Profesionalizaremos los servicios sociales, con una nueva
vocación de excelencia profesional, innovación en los servicios e
impulso a la investigación y un modelo de gestión centrado en las
personas y las necesidades de atención derivadas de sus
circunstancias personales o familiares, separando la gestión de
prestaciones de la atención personalizada encaminada a la inclusión.
- Coordinaremos las propuestas sobre bienestar social con el
referente de la Unión Europea que se encuentra en el pilar
europeo de derechos sociales.
• Impulsar las políticas para la inclusión.
- Promoveremos la autonomía personal desde la perspectiva
intergeneracional. España, a pesar del incremento de defunciones
por la COVID 19, sigue siendo uno de los países del mundo con mayor
esperanza de vida, dato que refleja el éxito de las políticas públicas
socialdemócratas que han garantizado como un derecho subjetivo la
asistencia sanitaria pública y las pensiones para dignificar la vida de
las personas mayores y procurar su prolongación. Pero esto no
supone que el mayor número de años vividos sean años libres de
enfermedad pues seis de cada diez personas mayores de 65 años
refieren una o más enfermedades crónicas. Por tanto, debe convertirse
en una prioridad el impulso de políticas públicas para favorecer el
envejecimiento activo y la autonomía personal, favoreciendo que las
personas mayores puedan desarrollar un proyecto de vida propio en
sus hogares, si así lo desean.
- Desarrollaremos la promoción de la autonomía personal,
contemplada en la LAPAD. Para ello, debe impulsarse la
coordinación entre los sistemas sanitario y social, creando una
estructura estable que permita compartir objetivos, información y
coordinar la atención.
- Aceleraremos la eliminación de las listas de espera para los
distintos grados de dependencia, singularmente la de los grandes

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dependientes, en el marco del plan de choque de la Dependencia,
aprobado por el Gobierno de España.
- Avanzaremos, en el seno del Consejo Territorial, en la aplicación
global de la LAPAD, incorporando el asistente personal para aquellas
situaciones que lo requieran.
- Promoveremos, en el seno del Consejo Territorial, un sistema de
financiación de la dependencia que asegure su suficiencia y
sostenibilidad, evitando decisiones arbitrarias por parte de alguna
administración como sucedió con el RD Ley 20/2012, aprobado
durante el gobierno del PP.
- Convertiremos a niños y niñas en sujetos de derecho propio.
Promoviendo la participación de la infancia mediante la Creación de
Consejos de la infancia; dando impulso al programa de UNICEF de
“Ciudades Amigas de la Infancia” e interviniendo en el diseño de
políticas públicas: urbanismo, vivienda, centros deportivos, etc. para
lograr espacios públicos propicios para la infancia.
- Combatiremos la pobreza infantil, con políticas que rompan los
círculos de desventaja y reproducción de la pobreza.
Desarrollando planes de inclusión alineados con la garantía de
ingresos (Ingreso Mínimo Vital); haciendo previsión de las desventajas
educativas para los niños con menos recursos durante la etapa
vacacional, y protegiendo a los niños y niñas frente a la violencia, con
la aceleración de la aplicación de la Ley de Protección de la Infancia
frente a la Violencia (LOPIVI).
- Estableceremos una garantía de ingresos y Planes de Inclusión.
Impulsando la completa aplicación del Ingreso Mínimo Vital a toda la
población con derecho y poniendo en marcha desde la Comunidad
Autónoma estrategias de colaboración y complementariedad para los
casos singulares que vayan surgiendo. También, en cooperación con
el Plan de Inclusión del Gobierno de España, se deben elaborar e
impulsar los planes de inclusión autonómicos, diseñados de acuerdo
con las específicas necesidades de la población del territorio.
- Nos comprometemos firmemente con la accesibilidad universal y
con la aplicación de la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad. Ello supone velar por el cumplimiento de la
accesibilidad universal en todos los espacios, edificios y transporte
público; velar por el cumplimiento de la legislación en la eliminación de
barreras físicas, sensoriales o cognitivas y asegurar el cumplimiento
de las normas urbanas y rurales dirigidas a la accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.
- Reforzaremos las políticas de familia para liberar a las mujeres de
la carga de los cuidados, muy extendida en los modelos de bienestar
del sur de Europa, a través del incremento de los cuidados vinculados

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a los servicios públicos y el impulso a la economía de los cuidados. El
objetivo es avanzar en la corresponsabilidad e igualdad entre hombres
y mujeres.
- Colaboraremos con el Tercer Sector Social, avanzando en la
implantación de programas eficaces destinados a colectivos
específicos con necesidades especiales, como se está haciendo
con los itinerarios de inclusión. Debe buscarse la confluencia de
objetivos con la acción pública, avanzar en la estabilización de la
financiación y desarrollar mecanismos de Concertación Pública.
- Desarrollaremos políticas para abordar el problema de la soledad,
con apoyos individuales, la creación de espacios para fomentar los
encuentros, la utilización de las tecnologías de la comunicación y el
impulso al voluntariado.
Servicios sociales para la cohesión social y territorial
La función de los servicios sociales va orientada a avanzar en la cohesión e
inclusión social. Su despliegue territorial a partir de la superación de la
beneficencia y la implantación del pionero Plan Concertado de Servicios
Sociales, financiado por el Estado y gestionado por las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales, se concretó en servicios sociales de cercanía.
De este modo, las leyes autonómicas de servicios sociales prevén una estructura
sustentada en los servicios sociales municipales, con las funciones de atención
primaria, de cercanía, y una estructura de segundo nivel gestionada por las
Comunidades Autónomas.
Debido a esta estructura, los servicios sociales están presentes en todo el
territorio, urbano y rural, lo que supone una garantía de arraigo de los servicios
sociales de las entidades locales y suponen un factor importante para la cohesión
territorial. Junto al resto de servicios públicos son fundamentales para la
cohesión social y territorial.
En ese sentido, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE nos
comprometemos a:
• Dirigir el funcionamiento de los servicios sociales de forma que se
configuren como un derecho y se garantice la universalidad y la
equidad en el acceso
• Asegurar que las políticas específicas destinadas a las personas,
familias y colectivos estén también adaptadas al ámbito rural.
• Aprovechar la oportunidad de aplicación del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia para contribuir a reconstruir y avanzar en
las políticas sociales, severamente recortadas por los gobiernos del
PP. Las prioridades serán:
- Mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia, con un modelo de

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atención centrado en la persona, reforzando la calidad de los servicios
y mejorando las condiciones laborales y formativas de profesionales.
- Impulsar los servicios comunitarios y de proximidad para que las
personas en situación de dependencia, especialmente las personas
mayores, puedan vivir en su hogar y en su entorno si así lo desean.
- Mejorar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
- Innovar con sistemas de información en la gestión y las prestaciones
del Sistema de Dependencia y Servicios Sociales con vinculación a
sistemas nacionales.
- Promover la accesibilidad universal en todos los ámbitos donde
existan barreras, facilitando la participación de todas las personas, sea
cual sea su edad o capacidad.
- Fomentar la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias del
salario social (Ingreso Mínimo Vital, Rentas Mínimas Autonómicas u
otras), fomentando la coordinación con los agentes relevantes en las
políticas de inclusión.
Los servicios sociales como palanca de futuro.
Las políticas de bienestar social deben ser innovadoras y transversales.
Promover la cohesión y prevenir la exclusión social significa tener presentes los
nuevos riesgos sociales y desafíos que pueden suponer fuentes de desigualdad
o desventajas, especialmente para la infancia y la adolescencia.
Las Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas:
• Coordinarán todos los servicios públicos a fin de detectar y prevenir
desventajas derivadas de la situación social (abandono escolar, tipo de
alimentación, acceso deporte, pobreza energética, etc.)
• Lucharán contra la brecha digital, facilitando los medios para acortar dicha
brecha en las edades y colectivos con más dificultades de acceso y
aprendizaje.
• Desarrollarán investigación y conocimiento dirigido a la innovación y al
impacto de las políticas de bienestar social, especialmente en materia de
inversión y empleo en una Economía del Bienestar Social.
• Crearán organismos o Comisiones de Ética del Bienestar Social con el
fin de mejorar la calidad en la atención, especialmente en la promoción de la
autonomía personal y la atención a la Dependencia.
• Potenciarán la economía social y el empleo inclusivo de personas
mayores, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión por raza
u orientación sexual, así como el dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social o económica.
• Facilitarán la promoción y protección habitacional de personas con
dificultades o en situación de vulnerabilidad con una adecuada política de
viviendas sociales, especialmente para los jóvenes.

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• Promoverán el bienestar social en la sociedad civil, configurando
comunidades inclusivas. Se trata de impulsar entornos y municipios
inclusivos y pensados para vivir en comunidad y vivir bien, en cualquier edad
o circunstancia en aras a la promoción de la sostenibilidad y los entornos
ecosociales.
• Afrontarán el reto demográfico y actuarán contra la despoblación. El
envejecimiento, la despoblación y su desigual impacto en el territorio son
desafíos en este sentido. Por ello, los servicios para la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores y las prestaciones que necesitan desde el
Sistema de Dependencia suponen una inversión de empleo intergeneracional
insustituible y localizado en los territorios que sufren procesos de
despoblación.
• Llevarán a cabo actuaciones para reducir la brecha en la cobertura del
IMV y cuantas prestaciones económicas ayuden a los más vulnerables
en línea con lo que ya ha venido haciendo por el Gobierno de España.
AFRONTAR LOS DESAFÍOS DE UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL
La protección a la salud es un derecho constitucional que forma parte del
conjunto de prestaciones y servicios del Estado del Bienestar. Por eso, las y los
socialistas defendemos una sanidad pública, de cobertura universal y de calidad
que garantiza el acceso a las prestaciones sanitarias a toda la ciudadanía, en
todo el territorio de nuestro país.
Es una obligación de los poderes públicos autonómicos garantizar la efectividad
de este derecho a la ciudadanía, mediante una asistencia sanitaria pública,
universal y de calidad. Se trata de una competencia transferida a todas las
Comunidades Autónomas y el déficit de su garantía pública en algunas de ellas
es, en este momento, el mayor riesgo para la igualdad y equidad de todos los
españoles. Cada día resulta más evidente que las Comunidades gobernadas por
el Partido Popular están deteriorando el sistema público de salud. Por ello,
expresamos nuestro firme compromiso de revertir los recortes y el deterioro de
los servicios de salud allí donde gobernemos.
La garantía de este derecho fue concretada en la Ley General de Sanidad, a
través de la creación de un Sistema Nacional de Salud (SNS) y un modelo de
atención integral a la salud. Fue un acierto histórico. Constituye una de las
políticas públicas más exitosas de la democracia española y de las mejor
valoradas por la ciudadanía; tanto los resultados en salud como la eficiencia
económica corroboran esta valoración.
Como hemos visto, en España las personas tienen una alta esperanza de vida,
pero esta mayor longevidad no se acompaña de años libres de enfermedad. Esta
situación convierte en una prioridad el impulso a la promoción de la autonomía
personal, el envejecimiento activo, la mayor implicación de las personas en su

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propia salud y repensar el modelo organizativo asistencial de nuestros servicios
de salud.
En momentos de emergencia, especialmente durante la pandemia, fueron una
referencia de confianza y seguridad para la ciudadanía. Hemos podido afrontar
los desafíos sanitarios a los que nos hemos enfrentado por el compromiso y
esfuerzo de nuestros profesionales de la salud. Además, gracias a la constante
labor de los profesionales sanitarios en favor de las vacunas, España ha sido de
los países con mayor índice de vacunación contra el SARS-COV2 y aceptación
del proceso, lo que nos ha situado como referencia internacional.
Se trata de una tarea de mejora constante que los gobiernos socialistas hemos
de continuar, como garantía de equidad, universalidad y cohesión social de
nuestra sanidad, para mejorar la vida de la gente, que es nuestra razón de ser.
En este sentido, los y las socialistas defendemos un sistema público de salud,
que tenga por misión la atención integral desde la promoción de la salud a la
prevención y tratamiento de la enfermedad, su rehabilitación y reinserción social.
La pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto el valor de lo público, así como
la necesidad de actualizar nuestras herramientas para hacer frente a los retos
presentes y futuros de la sanidad. Esta crisis sanitaria nos deja muchas
lecciones. Una de ellas es la importancia de la acción coordinada y también de
ser capaces de estar preparados y anticiparnos ante problemas emergentes de
salud. El funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud ha servido como ejemplo de la eficacia de la cogobernanza en políticas
públicas con responsabilidades compartidas.
Por eso, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han
incorporado reformas para reforzar el Sistema Nacional de Salud y los gobiernos
autonómicos socialistas se comprometen a afrontar los desafíos actuales. En
concreto:
• Abordar los problemas de salud pública y reducir las desigualdades
en salud.
- Aplicaremos el enfoque de “Salud en todas las políticas” en la
formulación de políticas públicas, considerando las implicaciones para
la salud de las decisiones en todos los sectores, buscando sinergias y
evitando aquellas que puedan tener un efecto negativo a fin de mejorar
la salud de la población y la equidad sanitaria.
- Implementaremos el Plan de Salud y Medio Ambiente, respaldado
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Cada vez
existe mayor evidencia del impacto en la salud del cambio climático,
de los efectos nocivos de la contaminación y de la aparición de nuevas
zoonosis y de los nuevos riesgos sobre la salud alimentaria.
- Combatiremos las desigualdades en salud, teniendo en cuenta los
determinantes sociales de la salud y también la accesibilidad a
servicios y prestaciones (inclusión en Cartera Común), tanto desde la

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perspectiva social (coste de prestaciones no financiadas), como
territorial (dotación de servicios sanitarios y equipamientos
accesibles).
- Impulsaremos la vigilancia en salud pública en cada uno de los
territorios, trabajando en red y de manera coordinada con la futura
Agencia Estatal de Salud Pública.
- Reforzaremos la seguridad alimentaria, bajo el enfoque “Una sola
Salud” en un entorno ambiental seguro.
- Desarrollaremos programas de control de consumo de alcohol y
tabaco, especialmente en jóvenes y del resto de drogas no
legales. Colaboraremos en el Consejo Interterritorial para la mejora de
la legislación a fin de introducir medidas más eficaces para evitar la
incorporación de nuevas adicciones, especialmente en jóvenes y
combatir las conocidas
- Coordinaremos con los servicios sociales los programas de
envejecimiento activo, dirigidos a la promoción de la autonomía
personal y la reducción de la enfermedad crónica y la discapacidad.
- Desarrollaremos la salud comunitaria, teniendo en cuenta los
determinantes sociales y ambientales y su influencia en la salud. Para
ello, se impulsará la colaboración con las políticas locales y la
coordinación con los servicios públicos, especialmente educativos y
sociales.
- Promoveremos la creación de la categoría de Enfermería de Familia
y Comunitaria, como pieza clave para el desarrollo de la salud
comunitaria.
- Velaremos por la erradicación de las pseudoterapias y
pseudociencias en los centros sanitarios, con la aplicación del Plan
de Protección a la Salud frente a las pseudoterapias.
- Aprovecharemos plenamente la oportunidad de renovación de los
equipos de alta tecnología en los hospitales públicos con los fondos
europeos Next Generation y el Plan de Recuperación (Plan INVEAT).
- Impulsaremos las bases de datos comunes y “data lakes” en el
ámbito sanitario para mejorar la calidad y seguridad de la asistencia
sanitaria y permitir que el uso secundario de los datos sirva para la
toma de decisiones, para aumentar el conocimiento y para impulsar la
ciencia.
• Reforzar los servicios de salud con una gestión centrada en el
paciente y las necesidades de atención.

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- Priorizaremos la gestión pública de los Servicios de Salud,
incorporando modelos de excelencia. Los esfuerzos se destinarán
a impulsar la incorporación de modelos de excelencia para los
sistemas públicos y la innovación en actividad asistencial y la gestión
centrada en el paciente.
- Promoveremos un modelo de gestión sanitaria centrada en el
paciente, lo que implica repensar el actual modelo organizativo. La
digitalización y la implantación de la historia clínica electrónica
suponen instrumentos de gran utilidad para este objetivo.
- Desarrollaremos la Estrategia de Salud Digital, incluyendo la
extensión al ámbito rural, especialmente en zonas despobladas o en
riesgo de despoblación.
- Seguiremos avanzando en una atención hospitalaria de calidad,
abierta a la sociedad y en estrecha coordinación con la Atención
Primaria y Comunitaria.
- Impulsaremos y desarrollaremos la Atención Primaria de Salud,
como eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con
el Plan de Acción de Atención Primaria y comunitaria 2021/2023 y el
Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.
- Reduciremos las listas de espera de primeras consultas, pruebas
diagnósticas y procedimientos quirúrgicos y las demoras en el acceso
a la Atención Primaria.
- Implantaremos nuevas terapias genómicas, que suponen un nuevo
desafío para los Servicios de Salud en cuanto salto cualitativo en el
tratamiento y curación de determinadas enfermedades. La
investigación pública y la capacidad de producir estas nuevas terapias
dentro del Sistema Nacional de Salud debe ser una prioridad, a partir
de los criterios acordados en el Consejo Interterritorial y bajo los
requisitos de universalidad y equidad.
- Desarrollaremos inversiones en Alta Tecnología (Plan INVEAT)
para seguir aumentando las capacidades diagnósticas y terapéuticas
del Sistema, adaptándolo a las necesidades específicas de cada
Servicio de Salud de Comunidad Autónoma.
• Lograr una mayor coordinación social y sanitaria, impulsando la
coordinación con los servicios sociales, creando una estructura de
coordinación que permita identificar el personal social y sanitario
responsable, estableciendo objetivos, especialmente en la atención
domiciliaria, compartiendo la información y complementando la atención.
- Avanzaremos en la equidad en el acceso a la atención ampliando
la cartera común de servicios y garantizando su implementación
efectiva en todas las Comunidades. Incorporaremos las nuevas

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prestaciones de la Cartera Común de Servicios de forma eficaz, ya que
suponen importantes avances para combatir las desigualdades en
salud, como la salud bucodental o la atención temprana.
- Mejoraremos la equidad en el acceso a las prestaciones
sanitarias, con especial atención al reto demográfico que debemos
afrontar con todas las acciones y herramientas que ofrezcan
prestaciones sanitarias, prestando especial atención a los territorios
rurales más remotos que tienen más dificultad para el acceso a los
servicios hospitalarios.
- Avanzaremos en la atención a las enfermedades con mayor
impacto en la salud, especialmente, el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, crónicas, neurodegenerativas y raras,
desarrollando e implementando las estrategias del Sistema Nacional
de Salud. Se trata de potenciar su investigación, diagnóstico precoz y
tratamiento eficaz.
- Desarrollaremos el Plan de Acción de Salud Mental, con especial
atención a la infancia y a la adolescencia. También desarrollaremos la
Estrategia Común de Prevención en la lucha contra el Cáncer y la
Estrategia de salud cardiovascular.
• Situar la participación ciudadana en el centro del modelo.
Impulsaremos la participación ciudadana mediante la activación de los
Consejos de Salud, tanto de Comunidad Autónoma como de Área
Sanitaria. Debemos extender los Consejos de Salud a nivel de Zona
Básica de Salud, con un doble objetivo: la participación ciudadana en las
actividades del Centro de Salud, y, en segundo lugar, la promoción de una
mayor corresponsabilidad de las personas en su propia salud,
singularmente en el caso de enfermedades crónicas, pero también en la
promoción de la salud física y psíquica, de hábitos saludables y del
bienestar a lo largo de vida.
• Potenciar la formación continua. Promoveremos la formación continua
de los profesionales sanitarios, como una parte sustancial de la gestión
de los Servicios de Salud autonómicos, y el impulso a la Formación
Sanitaria Especializada, en el seno de la Comisión de Recursos Humanos
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

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UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD Y UNA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL FUTURO MODELO PRODUCTIVO
La educación pública ha sido el gran ascensor social en España desde la
recuperación de la democracia. Se ha impulsado un cambio social a través de la
educación, con un sistema que hace efectivo el derecho fundamental mediante
la extensión de la educación obligatoria a los 16 años, la implantación de centros
educativos en todo el territorio, la creación de universidades públicas y un
sistema de becas que garantiza la igualdad de oportunidades. Para que sean
reales es necesario eliminar las desventajas del alumnado en familias con menos
recursos.
Ese potente desarrollo de la educación pública ha permitido logros
extraordinarios. Se ha multiplicado la oferta de plazas de Educación Infantil hasta
llegar a uno de los niveles más altos de la UE en segundo ciclo y se ha dado un
fuerte impulso al primer ciclo gracias a los recientes programas de cooperación
territorial. Se ha promocionado, modernizado y transformado la Formación
Profesional, como palanca clave para reducir el paro juvenil y afianzar el cambio
hacia un nuevo modelo productivo. Se ha facilitado la integración y asimilación
de casi 900.000 alumnos de origen extranjero en el sistema de enseñanza no
universitaria, sin que nuestro sistema educativo haya experimentado una merma
significativa en los resultados de las evaluaciones internacionales.
Es igualmente importante el proceso de reforma iniciado para adecuar nuestra
educación a los estándares de las instituciones internacionales y de los países
más avanzados de nuestro entorno; educar a los alumnos y alumnas en la
adquisición de competencias clave para su desarrollo personal e intelectual con
aprendizajes duraderos; prepararles para el aprendizaje continuo en un mundo
en acelerado cambio en cuanto a la producción y difusión del conocimiento;
afrontar los retos de la sostenibilidad y de la digitalización; y consolidar un
modelo de educación basado en la equidad, la inclusión y la calidad.
Este modelo es cuestionado por la derecha que, allí donde gobierna, desarrolla
procesos de privatización más o menos encubiertos, además de propugnar una
regresión a modelos educativos caducados y con un carácter claramente
selectivo y excluyente, incompatible con la obligación constitucional de asegurar
la mejor educación para todos en las etapas obligatorias.
Pero, más allá de la defensa que los y las socialistas siempre hemos hecho de
la escuela pública como garantía fundamental para una educación
verdaderamente inclusiva, integradora y generadora de oportunidades para
todos, debemos seguir profundizando en la mejora de nuestro sistema educativo
puesto que son todavía importantes los desafíos y necesidades que debemos
afrontar.
Es imprescindible seguir avanzando para reducir el abandono escolar temprano
a tasas inferiores a la media europea y bajar la tasa de repetición de curso,
injustificadamente alta en nuestro sistema educativo, constituyendo una de sus
principales lacras.

ELECCIONES 2023
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Especialmente, hay que concentrar los esfuerzos en aumentar significativamente
el porcentaje de alumnos y alumnas que alcanzan al menos el nivel de educación
secundaria postobligatoria, que es ahora mismo uno de los indicadores en que
nuestro país muestra un mayor diferencial negativo respecto a los promedios
europeos y de la OCDE.
Igualmente, es preciso seguir trabajando para reducir la segregación educativa
garantizando que las administraciones educativas promuevan un incremento
progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública y una
búsqueda permanente a través del diálogo con toda la comunidad educativa de
un consenso a favor de las medidas de planificación de la oferta y distribución
equilibrada del alumnado en desventaja por razones sociales o personales.
También es prioritario que, a la vez que se siguen impulsando los procesos de
digitalización del sistema educativo -acelerados gracias a los fondos europeos
del Plan de Recuperación-, se trabaje para establecer medidas compensatorias
de capacitación digital a nivel escolar y familiar que limiten el riesgo de
desigualdades sociales que pueda provocar la digitalización.
En definitiva, el crecimiento de la desigualdad social a nivel internacional tras la
crisis del 2008 -que todavía no ha podido ser revertido a causa de las crisis
recientes (pandemia, invasión de Ucrania, crisis energética, alta inflación)- obliga
a tener en cuenta que nuestro sistema educativo deberá seguir prestando una
gran atención, en los próximos años, a proteger a los grupos sociales más
vulnerables a través del fortalecimiento de medidas compensatorias, de refuerzo
educativo, personalización, atención extraescolar y, muy especialmente, de la
política de becas y ayudas al estudio consolidando el gran avance propiciado por
el Gobierno progresista desde 2020, especialmente en 2023.
Todo ello exige que, en un contexto de recesión demográfica, sea imprescindible
un gran compromiso político nacional para mantener, como mínimo, el actual
esfuerzo presupuestario en educación de forma que la reducción del número de
alumnos esperado en los próximos años permita avanzar en la bajada de las
ratios, mayor atención a los alumnos con necesidades de atención educativa
especial y mejora general de la calidad y los resultados educativos.
Los objetivos y compromisos que nos marcamos desde los gobiernos
autonómicos socialistas son los siguientes:
• Reforzar la escuela pública. Para ello:
- Avanzaremos en la universalidad de la escolarización en la etapa
de 0 a 3 años. Todas las evidencias demuestran que es una etapa
educativa de enorme trascendencia para el desarrollo cognitivo y el
aprendizaje. Por ello, apoyamos la creación de plazas públicas
gratuitas, especialmente para el alumnado más vulnerable pues no
hay nada más equitativo que un modelo educativo desde la infancia
más temprana.

ELECCIONES 2023
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Se priorizarán las zonas rurales y en riesgo de exclusión social; con
mayor disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de unos servicios
de alta calidad para la promoción de la igualdad y la inclusión social.
Se trata de contribuir a la igualdad de oportunidades de las niñas y
niños de zonas rurales y en riesgo de exclusión, estableciendo
modelos que proporcionen condiciones que les permitan superar las
desventajas de su situación.
- Trabajaremos para alcanzar una tasa de abandono escolar
inferior al 8 %. Mejoraremos la equidad con Programas de refuerzo y
apoyo educativo (PROA+) y unidades de acompañamiento para
acabar con el riesgo de absentismo, fracaso escolar, repetición y
abandono temprano de la educación.
- Dotaremos de más recursos y formación específica a la respuesta
educativa. Esto implica:
§ Apoyo a las necesidades de adaptación y desarrollo del currículo,
la reorganización del centro y el impulso a la innovación de las
enseñanzas y la evaluación.
§ Refuerzo del Plan de orientación, acompañamiento-mentoría,
motivación y refuerzo escolar personalizado del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo del centro.
§ Incremento de la formación del profesorado y de los profesionales
de la orientación en función de las necesidades del claustro del
centro: competencia digital, enseñanza y evaluación en entornos
virtuales.
§ Reorganización del currículo y de la docencia por ámbitos y desde
un enfoque competencial.
§ Metodologías activas y colaborativas en torno a proyectos,
favoreciendo un enfoque globalizado o interdisciplinar.
§ Impulso de los planes de participación de las familias, Entidades
Locales y del entorno comunitario en la respuesta educativa del
centro (Ayuntamientos, Diputaciones, universidades, redes de
escuelas y especialistas, voluntariado y las organizaciones del
Tercer Sector que trabajan a nivel autonómico y local).
§ Orientación familiar, promoviendo la parentalidad positiva.
§ Prevención de la violencia contra la infancia, en cumplimiento de la
Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia (LOPIVI) a través de la creación de la figura del
coordinador de bienestar y protección en el ámbito educativo.

ELECCIONES 2023
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- Bajaremos la ratio de alumnado por aula o profesor en aquellos centros
que presenten un proyecto de mejora o sean considerados de difícil
desempeño docente. El objetivo es que el alumnado aprenda más y en
mejores condiciones, escalonando la bajada de ratios con criterios de
equidad y de innovación transformadora del propio centro. Nuestra propuesta
incluye:
§ La bajada de las ratios máximas en aquellos centros de los 1.000
barrios más vulnerables de España y con mayor necesidad, en 1º y 2º
de Primaria y de ESO para facilitar las transiciones entre etapas y
elevar el éxito escolar.
§ Los desdobles de refuerzo en Primaria, ESO y Bachillerato, así como
la dotación de suficientes plazas públicas de Formación Profesional
que eviten el abandono temprano y generen segundas oportunidades
para quienes abandonaron el sistema educativo.
- Abordaremos los principales retos que tenemos como sociedad para
hacer frente al cambio climático.
§ Incluyendo la Educación Ambiental y para la Sostenibilidad en la
formación inicial y permanente del profesorado y en la formación de
los equipos directivos de los centros educativos. También incluiremos,
de manera transversal, los conceptos de calentamiento global, pérdida
de biodiversidad y economía circular.
§ Impulsando proyectos prácticos como los huertos escolares, la
participación en proyectos de reforestación o difusión de campañas de
concienciación sobre el uso de agua y su importancia en la vida y el
poder destructivo del fuego.
§ Incorporando la Educación Ambiental y para la Sostenibilidad en el
Proyecto Educativo de Centro como eje transversal y prioritario de
éste.
§ Promocionando entornos escolares seguros y saludables que
reduzcan el sedentarismo y contribuyan a reducir el CO2.
§ Potenciando modelos de gestión de los centros educativos dirigidos a
reducir la huella ambiental (papelería, materiales, etc.) y a favorecer la
gestión sostenible y saludable de los comedores escolares.
§ Creando centros educativos eficientes y sostenibles, vinculados a la
generación de energía limpia (comunidades energéticas).
- Impulsaremos la tecnologización digital del proceso educativo. La
digitalización llevada a cabo por el Gobierno de España en los centros
educativos ha permitido mejorar el acceso al aprendizaje digital mediante la
dotación de dispositivos portátiles a estudiantes de grupos vulnerables. Para
que nuestro sistema educativo avance en el camino de la digitalización con
paso decidido y seguro en los próximos años trabajaremos en:

ELECCIONES 2023
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§ Potenciar la competencia digital para todos al acabar la ESO a fin de
formar no sólo usuarios sino creadores en el nuevo mundo digital a
través de proyectos basados en retos de programación, que permitan,
a lo largo de la Educación Primaria y la ESO, manejar el nuevo
lenguaje digital.
§ Promover proyectos de innovación de centro que impulsen el
desarrollo profesional, la formación permanente de los docentes y el
impulso a la acreditación, reconocimiento e incentivación de estas
experiencias formativas.
§ Fomentar la creación de materiales para promover una digitalización
asentada en sólidas bases de conocimiento y competencia.
§ Elaborar un Plan digital de centro, liderado por los equipos directivos
para implementar un proceso de transformación digital ordenado,
gradual, escalable y efectivo.
§ Impulsar el uso de plataformas de gestión y comunicación con toda la
comunidad educativa, la mejora de los procesos de colaboración entre
el profesorado a través de la red y las oportunidades de participación
del alumnado en procesos deliberativos y de toma de decisiones para
una transformación digital más democrática, abierta y centrada en el
aprendizaje, el bienestar y los cuidados de toda la comunidad
educativa.
§ Monitorizar el impacto de la digitalización en las diferentes etapas
educativas y articular medidas compensatorias en aquellos casos en
que ese proceso esté contribuyendo a nuevos factores de
desigualdad.
- Promoveremos el logro del dominio del inglés y más lenguas
extranjeras con el Objetivo B1 al finalizar la ESO.
- Iniciando la experiencia bilingüe en los niveles más tempranos, desde
la educación infantil, con métodos innovadores de enseñanza y
aprendizaje de idiomas, participación en proyectos de movilidad y
fomento de la internacionalización del alumnado y profesorado.
- Estableciendo un nuevo marco plurilingüe con la participación de la
comunidad educativa. Más autonomía organizativa y pedagógica para
que los centros bilingües públicos definan en su Proyecto Educativo
de Centro las materias a impartir en otro idioma con ofertas
diversificadas, incorporando estrategias organizativas y metodológicas
para favorecer la inclusión y el desarrollo de la competencia
comunicativa en las lenguas extrajeras.
- Dotando de titulación al alumnado de estos programas a través de
certificaciones y pruebas de las EOI, de manera que el alumnado al
finalizar cuarto de la ESO pueda obtener el B1 y al finalizar el
bachillerato el B2, como mínimo.

ELECCIONES 2023
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- Elaborando un Plan de formación inicial y continua del profesorado en
lengua extranjera y didáctica específica de las asignaturas impartidas
en lengua extranjera.
- Habilitando en C1 al profesorado de materias en lengua extranjera,
estableciendo pruebas específicas para la obtención de la
acreditación.
- Avanzaremos en igualdad.
§ Creando planes de desarrollo interdisciplinar STEAM (Ciencias,
Tecnologías, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
§ Promoviendo la coeducación en todos los espacios educativos desde
la educación infantil, clave para crecer en igualdad y prevenir la
violencia de género.
§ Formando al profesorado en igualdad y educación afectivo-sexual para
que se introduzca en todas las etapas educativas y para todo el
alumnado.
§ Desarrollando protocolos contra acoso LGTBI, diversidad racial, origen
social o cualquier otra razón que sea motivo de discriminación en los
centros educativos.
§ Abordando una estrategia multidisciplinar para prevenir y atender las
situaciones de acoso escolar con la participación de toda la comunidad
educativa.
- Reforzaremos la Educación para la salud en todas sus dimensiones, con
programas sobre hábitos de higiene y alimentación, contra el sedentarismo y
la obesidad y sobre salud mental.
§ Promoviendo la educación emocional en el currículum de todas las
etapas educativas. Perseguimos conseguir una formación integral que
incluya entre sus metas educar al estudiantado en el concepto y valor
del bienestar emocional, en la prevención y detección temprana de los
riesgos de salud mental y en la búsqueda de las herramientas
emocionales necesarias.
§ Facilitando al alumnado asesoramiento psicológico y en materia de
salud.
§ Desarrollando actividades que impliquen actividades físicas de niños,
niñas y adolescentes, como hábito necesario para prevenir el
sobrepeso y la obesidad.

ELECCIONES 2023
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- Prestaremos atención especial a los docentes.
§ Dando continuidad a los planes de estabilidad en el empleo para
reducir la tasa de interinidad e inestabilidad laboral; daremos
seguridad y continuidad a los equipos docentes y los proyectos de
centro y mejoraremos las condiciones laborales y los planes de apoyo
de bienestar psicosocial para el profesorado.
§ Incrementando sustancialmente su formación permanente.
§ Impulsando medidas que favorezcan el bienestar laboral, favoreciendo
el trabajo cooperativo y la codocencia, así como la protección de sus
condiciones de trabajo.
§ Apoyando la profesionalización de la dirección de los centros
educativos, cada vez más complejos.
- Apoyaremos las oportunidades de educación a lo largo de la vida para
jóvenes y trabajadores mediante el impulso de las universidades populares y
la incorporación del “Pasaporte educativo” para facilitar la personalización de
trayectorias, apoyos, refuerzos y necesidades educativo-formativas,
independientemente del centro o Comunidad Autónoma donde estudie.
Una Formación Profesional adaptada al futuro modelo productivo
Un reto fundamental para los próximos años será la modernización de la
Formación Profesional para favorecer su incidencia efectiva en el cambio
productivo. La transformación que el Gobierno de España ha realizado en
Formación Profesional desde 2018 constituye un cambio histórico tanto
normativo como en recursos en aras de un sistema de Formación Profesional a
lo largo de la vida.
También los gobiernos socialistas autonómicos marcaremos la diferencia,
promoviendo y haciendo nuestra la apuesta por la Formación Profesional de
jóvenes y adultos, que será determinante para el futuro económico, el
crecimiento y la generación de empleo de cada territorio.
El número de personas sin formación profesionalizante sigue siendo demasiado
alto en comparación a otros países europeos, así como el número de adultos
que no tiene un dominio de competencias básicas. Es necesario aumentar el
número de personas que obtiene un título de Formación Profesional, acreditar
las competencias que ya tienen los trabajadores y trabajadoras, así como poner
en marcha un sistema integral de cualificación y recualificación permanente y
adaptado a sus necesidades.

ELECCIONES 2023
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El Gobierno de España, con la apuesta decidida que supuso el Plan Estratégico
de Formación Profesional y el Plan de Modernización, ha invertido 2.200 millones
de euros, la mayor parte a través de las administraciones autonómicas, iniciando
así la modernización de nuestra oferta y la ampliación y flexibilización de la oferta
a trabajadores. Ese proceso ha permitido impulsar el adecuado despliegue del
Sistema de Formación Profesional regulado en la Ley Orgánica 3/2022, de
ordenación e integración de la Formación Profesional.
Debemos garantizar una Formación Profesional a la altura del siglo XXI, que no
solo es una opción de éxito para los jóvenes sino una necesidad de todos los
trabajadores y las trabajadoras de nuestro territorio, en consonancia con el
modelo productivo, enlazada al crecimiento económico y al progreso social. La
formación y la actualización profesional deben dejar de ser una elección para
convertirse en parte de la cultura de las personas trabajadoras, que deberán
actualizar sus conocimientos y competencias, y adquirir cualificaciones
diferentes a las adquiridas previamente.
El camino está iniciado y ahora debemos hacerlo realidad en cada comunidad.
En el modelo socialista, eso exige reforzar el sistema público, haciéndolo
accesible para toda la ciudadanía como una formación de éxito, herramienta de
oportunidades, asociada al talento, la innovación, el emprendimiento, la
empleabilidad justa y estable, la mejora de la competitividad de las empresas y
la consolidación de un tejido industrial dinámico y altamente competitivo.
Desde el Gobierno de España se han puesto en marcha las acciones para
financiar la creación de más de 210.000 nuevas plazas de Formación
Profesional, la conversión en bilingües de un gran número de ellas, centenares
de aulas de digitalización aplicada a los sectores productivos y de aulas de
emprendimiento en nuestros centros de Formación Profesional; la formación del
profesorado; y la acreditación de la experiencia profesional de miles de personas
que no tienen nada que reconozca la competencia profesional adquirida con su
trabajo cotidiano.
Las políticas de los gobiernos autonómicos en este ámbito determinarán qué
quiere ser cada territorio en los próximos años: tierra de atracción de talento,
dinamismo económico y generación de empleo; o tierra de exportación de su
talento.
Por ello, necesitamos desarrollar un modelo de Formación Profesional
ambicioso, al servicio de múltiples objetivos; de una juventud con talento,
oportunidades y futuro; de la transformación de los sectores productivos en plena
transición digital y verde que nos sitúe en un lugar privilegiado en el nuevo
ecosistema económico; del ascenso de los niveles formativos, reduciendo el
abandono educativo temprano; y, por último, al servicio de un modelo poblacional
más equilibrado, con oportunidades formativas y de empleo también en zonas
con menor población, promoviendo las oportunidades que la deslocalización
internacional están abriendo.

ELECCIONES 2023
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Para ello, los gobiernos autonómicos socialistas:
• Garantizaremos una oferta formativa adaptada a las necesidades del
mercado laboral y en colaboración con las empresas
- Implantando nuevas titulaciones asociadas a los perfiles profesionales
emergentes que reclama la economía y las exigencias derivadas de la
sostenibilidad medioambiental, la transición energética y la
digitalización, en colaboración constante con las empresas.
- Asegurando la presencia ajustada a las necesidades de ofertas de
formación asociadas a sectores tradicionales, poniendo en valor la
importancia de estas profesiones y su alto valor para nuestra sociedad.
- Poniendo en marcha la oferta de formaciones cortas
(microformaciones) que hagan accesible la formación a cualquier
persona, pudiéndola compaginar con otras actividades, incluidas las
modalidades a distancia, virtual y combinada.
- Fomentando la internacionalización de los estudios de Formación
Profesional a través de la movilidad del alumnado y profesorado en
programas europeos.
- Planificando la oferta de formación juntamente con los actores
económicos de cada comarca o territorio, a través de consejos
territoriales que determinen las necesidades de formación de jóvenes
y trabajadores.
- Abriendo los centros públicos, también de Formación Profesional del
sistema educativo, para asegurar y hacer más eficiente la formación
de trabajadores y trabajadoras.
• Contribuiremos al objetivo del Gobierno de España de alcanzar 3
millones de personas en Formación Profesional cada año, de los
cuales 1.400.000 serán jóvenes matriculados en Formación
Profesional del sistema educativo.
- Ampliando el número de plazas públicas para estudiantes de
Formación Profesional, garantizando la diversificación de la oferta
pública y el ajuste con las demandas del mercado laboral.
- Planificando nuevos espacios o centros de Formación Profesional que
den cobertura al crecimiento de la oferta que necesita cada
Comunidad Autónoma.
- Garantizando la oferta pública de las titulaciones emergentes con
empleabilidad del 100% en el mercado laboral.

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- Reforzando los planes de Formación Profesional de trabajadores,
ocupados y desempleados, ofreciendo itinerarios que faciliten el
mantenimiento del empleo, la mejora en el mismo, o el tránsito entre
sectores productivos.
- Promoviendo medidas para que las personas que realicen cualquier
Formación Profesional en ofertas como microformaciones las
capitalicen progresivamente para lograr mayor cota de cualificación,
que mejore sus expectativas y opciones profesionales.
- Ofertando formación gratuita y permanente en digitalización a todos
los niveles y para todas las personas, con distintos formatos, duración
y modalidades, para que llegue a todos los territorios, en colaboración
con Ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro, apostando
por los centros de capacitación digital que el Gobierno de España ha
financiado.
- Reforzando la oferta de Formación Profesional en entornos rurales e
insulares, implantando ciclos formativos y certificados profesionales,
certificados de competencia y acreditaciones parciales en rotación.
- Impulsando la creación de programas específicos de Formación
Profesional para dar respuesta a personas con necesidades
educativas especiales o con dificultades de inserción laboral por
cualquier razón, con el apoyo y colaboración de los municipios.
- Elaborando planes contra la brecha de género y los estereotipos
asociados a los sectores industriales, tecnológicos y digitales, con el
objetivo de incrementar la matrícula femenina en estas familias
profesionales.
• Garantizaremos la acreditación permanente y ágil de las
competencias profesionales que cada persona haya adquirido en el
desempeño de su puesto de trabajo.
- Planteando el despliegue masivo con un modelo acreditativo
homogéneo, público, gratuito y permanente, con presencia y
colaboración de los interlocutores sociales, los agentes económicos y
los gobiernos municipales.
- Creando las figuras de prospectores y dinamizadores para llegar a las
empresas y a los trabajadores y trabajadoras que necesitan
información y asistencia a lo largo del proceso.
• Reconoceremos la orientación profesional de jóvenes y
trabajadores, para diseñar sus itinerarios formativos y profesionales
como un nuevo derecho de la ciudadanía.
- Incorporando la orientación profesional y el descubrimiento de las
profesiones desde la educación primaria.

ELECCIONES 2023
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- Fortaleciendo la formación de los orientadores, para que realicen una
orientación sin sesgos académicos y desde el conocimiento de la
formación profesional.
- Anticipando la orientación hacia la empleabilidad y movilidad
intersectorial de los trabajadores provenientes de empleos en
transformación de cualquier sector, en particular desde los sectores en
transición a la economía sostenible, incluyendo su formación y
recualificación, así como el acompañamiento al emprendimiento en la
puesta en marcha de iniciativas empresariales.
- Fomentando las unidades de orientación profesional dependientes de
centros de Formación Profesional y Ayuntamientos, que aproximen el
servicio de orientación profesional a toda la ciudadanía, con especial
atención a las personas mayores de 45 años que requieren un plan de
empleabilidad sostenible.
• Apoyaremos e impulsaremos la conversión de los centros de
Formación Profesional en centros del siglo XXI, en línea con la
creación de la red de centros de excelencia en Formación Profesional
puesta en marcha por el Gobierno de España con fondos europeos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Equipándolos de recursos tecnológicos que revolucionen la formación
como la realidad virtual, gemelos digitales y simuladores.
- Incorporando desdobles vinculados al tipo de formación y al uso de los
recursos tecnológicos.
- Apoyando la implantación de metodologías activas basadas en retos y
proyectos próximos a la realidad profesional.
- Integrando en ellos tanto la formación a jóvenes del sistema educativo
como las ofertas para personas trabajadoras, ocupadas o
desempleadas. Compaginando la formación con el desarrollo de
proyectos de innovación e investigación aplicada y conjunta entre
centros de formación profesional, empresas, organismos y entidades,
a través de proyectos que promuevan la trasferencia de conocimiento
entre centros y la movilidad nacional e internacional.
- Promoviendo la modernización y estabilidad de los centros no
pertenecientes al sistema educativo autorizados para impartir
certificados de profesionalidad y otras ofertas de formación
profesional.
- Impulsando el emprendimiento y la creación de viveros de empresas,
fomentando entornos generadores de tejido empresarial alrededor de
los centros y apoyando el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

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- Garantizando el servicio de orientación profesional en todos los
centros que impartan formación profesional, que ofrecerán el servicio
de asistencia para decidir sobre itinerarios de formación más
convenientes de manera personalizada.
- Disponiendo de unidades de acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, al servicio
de los trabajadores de la zona que han desempeñado puestos de
trabajo vinculados a las especialidades de cada centro.
• Reforzaremos el compromiso con los docentes.
- Impulsando la actualización y formación permanente del profesorado
de Formación Profesional en digitalización, sostenibilidad y
tecnologías emergentes aplicadas a cada sector productivo.
- Incluyendo en el horario del profesorado tiempos para su dedicación a
proyectos de innovación e investigación aplicada, y el diseño y
participación en proyectos con empresas.
- Realizando los procesos para la incorporación de los profesores
técnicos de la Comunidad Autónoma en el cuerpo de Secundaria.
- Promoviendo la posibilidad de que los docentes del sistema educativo
puedan impartir certificados profesionales y otras ofertas de Formación
Profesional hasta las microformaciones.
- Favoreciendo la estabilidad de los formadores que imparten ofertas de
Formación Profesional para personas trabajadoras en centros y
entidades autorizadas.
- Generalizando las estancias en empresas y la formación de alta
especialización en cada sector productivo para el profesorado, así
como la participación en proyectos de innovación como parte de su
horario.
5. UN SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE. UN MEDIO RURAL VIVO
El sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y acuicultura)
y todo el tejido productivo del sector agroalimentario (empresas familiares,
cooperativas, etc.) suponen la verdadera columna vertebral del mundo rural,
contribuyendo no sólo a mantener vivos nuestros pueblos, sino también el
paisaje, la biodiversidad y la cultura.
España cuenta con un potente sector agroalimentario, aportando más del 10%
del PIB y generando más de 1,3 millones de empleos directos (cerca de 800.000
personas en el sector primario y más de 500.000 en la industria de la
alimentación, bebidas y tabaco). Además, cuenta con una gran vocación

ELECCIONES 2023
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exportadora y aporta más de 14.000 M€ de saldo positivo a nuestra balanza
comercial.
La industria agroalimentaria constituye nuestro mayor subsector industrial, con
más de 30.200 empresas que aportan una cuarta parte de la facturación de toda
la industria manufacturera y una quinta parte del empleo. La gran mayoría (cerca
del 80%) son pequeñas y medianas empresas, y las cooperativas y otras
entidades de economía social tienen un peso destacado.
El futuro del sector agroalimentario pasa por seguir mejorando su competitividad
y sostenibilidad, en su triple vertiente: ambiental, económica y social. Para ello,
es necesario no sólo contar con los adecuados instrumentos de apoyo, para
incentivar las inversiones necesarias o el relevo generacional, sino también
contar con un marco normativo adecuado y una gobernanza eficaz, que permita
a los productores y productoras obtener una remuneración justa por sus
producciones y evitar prácticas desleales.
Para ello, contamos con el potente instrumento de la Política Agrícola Común y
el Plan Estratégico para su aplicación en España, diseñado entre el Gobierno de
España, las Comunidades Autónomas y los representantes del sector y la
sociedad civil. Además de forma extraordinaria, el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia permite llevar a cabo inversiones clave para
impulsar la innovación, la digitalización y la mejora de la sostenibilidad. En total,
sumando los fondos europeos y la cofinanciación estatal y autonómica suponen
más de 54.000 M€ en el período 2021-2027.
En el marco de nuestra Constitución, las Comunidades Autónomas han asumido
las competencias en materia de agricultura, ganadería, pesca en aguas
interiores y fluvial, marisqueo, caza, aprovechamientos forestales, protección del
medio ambiente y otras materias que son clave para el desarrollo del sector
agroalimentario y el medio rural, mientras que el Estado se reserva la
competencia sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la
actividad económica y demás competencias no atribuidas a las Comunidades
Autónomas.
Por ello, la labor de las Comunidades Autónomas y la cogobernanza son
fundamentales para aprovechar adecuadamente todos los instrumentos
disponibles e impulsar un sector agroalimentario competitivo y sostenible, así
como un medio rural vivo.
En este contexto, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Socialista se fijan estas prioridades programáticas:
• Asegurar el cumplimiento de la nueva Ley de medidas para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria, fortaleciendo la autoridad
competente en la inspección de los contratos que son competencia
autonómica, y realizando una labor eficaz de control y sanción, así como
de información adecuada a todos los operadores de la cadena. De esta
forma, se garantiza un mejor equilibrio de la cadena y se evita la
destrucción de valor a lo largo de la misma.

ELECCIONES 2023
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• Realizar una gestión ágil y eficaz de los fondos de la Política Agrícola
Común (PAC), fomentando la colaboración con las organizaciones
profesionales agrarias y otras entidades colaboradoras para facilitar el
acceso al mayor número de personas beneficiarias.
• Fomentar el aprovechamiento de las ayudas a ecorregímenes,
facilitando un adecuado asesoramiento para que el mayor número de
explotaciones agrarias, especialmente pequeñas y medianas puedan
beneficiarse de estos incentivos, mejorando así su sostenibilidad.
• Diseñar intervenciones, en el segundo pilar de la PAC (FEADER),
adecuadas a las características del sector agrario de la Comunidad
Autónoma y que maximicen la ejecución de los fondos europeos y la
consecución de los objetivos de la nueva PAC.
• Proyectar acciones que prioricen la incorporación de mujeres y
jóvenes a la actividad agraria, no sólo al frente de explotaciones y
empresas, sino también en los órganos de decisión de cooperativas,
organizaciones de productores y organizaciones profesionales agrarias.
• Avanzar en la aprobación de estatutos de la mujer rural que incidan
en disminuir la brecha de género que existe en el sector.
• Fomentar la producción ecológica para lograr el objetivo del Pacto
Verde Europeo y la estrategia europea “De la Granja a la Mesa”,
apoyando no sólo la conversión de explotaciones agrícolas y ganaderas
a ecológico sino también incentivando la transformación y
comercialización, promocionando el consumo de este tipo de productos,
que además de ser beneficiosos para el medio ambiente también generan
mayor valor para quienes los producen. Para ello, además de diseñar
unas ayudas específicas en el segundo pilar de la PAC, se deben priorizar
en las convocatorias de ayudas la modernización de explotaciones e
industrias.
• Impulsar la innovación y la digitalización en el sector
agroalimentario, tanto en el campo como en la industria agroalimentaria
y la distribución, de forma que contribuya a mejorar la eficiencia de los
procesos, el incremento del valor añadido de los productos y la reducción
del desperdicio alimentario.
• Contar con una adecuada conectividad digital en el 100% del
territorio. Es un objetivo irrenunciable para el desarrollo rural y para el
despliegue de las nuevas tecnologías en el sector agroalimentario, como
el ‘internet de las cosas’ o la industria 4.0.

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• Potenciar el uso de energías renovables en el sector primario para
lograr la eficiencia energética y abaratar la factura eléctrica.
• Ofrecer formación y servicios de asesoramiento adecuados y
personalizados, para que las pequeñas y medianas explotaciones
familiares puedan acceder a estas innovaciones y mejorar su
competitividad y sostenibilidad.
• Impulsar un regadío moderno y sostenible, eficiente en el uso del
agua y la energía, que genere una agricultura de mayor valor añadido y
capacidad para generar empleo. Para ello, se llevarán a cabo inversiones
para modernizar regadíos, aprovechando todos los instrumentos
disponibles (FEADER, Plan de Recuperación, Presupuestos Autonómicos
y del Estado, colaboración público-privada, etc.). En el caso de las
transformaciones de nuevos regadíos, se impulsarán aquellos proyectos
que sean sostenibles, tanto por su relación a la disponibilidad de agua,
como por su impacto en el medio ambiente o la viabilidad económica y
social.
• Mejorar la red de caminos rurales e infraestructuras agrarias
necesarias para garantizar la accesibilidad a las explotaciones y
empresas agroalimentarias en nuestro territorio rural.
• Apoyar la promoción de productos agroalimentarios, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras, con especial hincapié en los productos
emblemáticos de la Dieta Mediterránea y aquellos con calidad
diferenciada.
• Potenciar la agroindustria mediante la agilización de los trámites
burocráticos a los agricultores y ganaderos, y un mayor control de los
productos agroalimentarios de terceros países.
• Favorecer la diversidad genética de nuestra agricultura y el fomento
de las razas autóctonas, diferenciando sus producciones y
contribuyendo a mantener el importante patrimonio que representan y los
beneficios que aportan por su adaptación a nuestro medio rural.
• Defender a los ganaderos y ganaderas, así como a todos los
operadores implicados en la mejora del bienestar animal, que debe
ser una de las características de la ganadería del futuro, tanto por una
cuestión ética que demanda la propia sociedad, como por la mejora que
supone en muchas ocasiones para las producciones ganaderas, tanto en
términos de productividad como de calidad.
• Ayudar a la agricultura y a la ganadería familiar dotándole de un rango
legal sólido que refuerce el que es uno de los pilares fundamentales de la

ELECCIONES 2023
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agricultura y ganadería españoles.
• Sostener la ganadería extensiva. Por los beneficios ambientales que
genera y por su importancia social y económica en zonas con limitaciones
naturales y otras dificultades para desarrollar otras actividades, debe
contar con un apoyo diferenciado, no sólo en el apoyo a la renta, la
modernización y mejora del valor añadido de sus productos, o el apoyo al
trabajo de las ganaderas y ganaderos, así como otros profesionales del
sector; también debe contar con apoyos adicionales cuando la actividad
de pastoreo se realiza en territorios de grandes carnívoros. En este último
caso, se deben articular medidas de compensación por el esfuerzo para
proteger su ganado, medidas compensatorias ágiles y adecuadas en caso
de daños al ganado y planes de gestión de especies que compatibilicen
la protección de la biodiversidad y la actividad ganadera.
• Apoyar y fomentar los canales cortos de comercialización de
productos agrarios y las pequeñas y medianas industrias, así como
ofrecer los instrumentos adecuados para el desarrollo de empresas
más potentes, con gran capacidad exportadora, para desarrollar un tejido
empresarial equilibrado que genere riqueza y empleo de forma distribuida
en el territorio.
• Impulsar el asociacionismo agrario y apoyar a las cooperativas
agroalimentarias y entidades de economía social para que ganen
dimensión y capacidad. Las entidades de economía social deben contar
con el máximo apoyo, dadas sus características de arraigo en el territorio,
generación de valor para los productores y redistribución de la riqueza.
• Avanzar hacia una actividad cinegética más sostenible, en el marco
de la Estrategia Nacional de gestión Cinegética, aprobada por unanimidad
entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.
Políticas para impulsar un sector pesquero sostenible
España cuenta con la mayor flota pesquera de la Unión Europea por capacidad,
con unos 8.700 barcos, y el sector genera más de 59.000 empleos directos,
incluyendo la pesca, la acuicultura y la industria de procesado.
Se trata de una actividad con gran importancia económica y social en zonas muy
localizadas de nuestro país, y en el que las Comunidades Autónomas
desempeñan una labor destacada, tanto en la normativa de gestión como en el
diseño e implementación de incentivos financiados con los fondos de la Política
Pesquera Común (FEMP y FEMPA).

ELECCIONES 2023
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En este contexto, nuestros objetivos programáticos son:
• Impulsar políticas pesqueras que permitan modernizar el sector,
mejorar su rentabilidad y facilitar el relevo generacional.
• Apoyar al sector pesquero para adaptarse a las exigencias
medioambientales y comunitarias, apostando también por un reparto
justo y equitativo de las cuotas y posibilidades de pesca, logrando el
rendimiento máximo sostenible de las pesquerías.
• Respaldar a la flota artesanal y la mejora de las condiciones de vida
y seguridad a bordo. La Política Pesquera Común debe contribuir a este
objetivo, además de mejorar la sostenibilidad del sector.
En línea con la nueva política europea de pesca, se prevé el desarrollo de la
economía azul, que incluye no sólo las oportunidades de la pesca y otras
actividades asociadas sino también la acuicultura que cada vez adquiere más
importancia y en la que España es un referente internacional. Por ello, debemos
aprovechar todos los instrumentos disponibles (FEMPA, Plan de
Recuperación, y presupuestos estatales y autonómicos) para generar
oportunidades en este sector estratégico.
6. UNA AGENDA PARA RECUPERAR LA CIENCIA E INNOVACIÓN.
LA UNIVERSIDAD COMO AGENTE TRANSFORMADOR
Más ciencia e innovación en todas las Comunidades Autónomas
La crisis sanitaria ha mostrado tanto la importancia de la ciencia para afrontar los
problemas de la sociedad como la insuficiencia de la inversión en este ámbito.
Por ello, resulta urgente el aumento de la inversión en ciencia e innovación. En
este sentido, el Plan de Recuperación recoge un programa con una inversión de
3.456 millones de euros para el desarrollo del sistema nacional de ciencia e
innovación.
El PP deterioró notablemente el sistema público de ciencia. Entre 2010 y 2015,
descendió la financiación estatal en más del 30% en un ataque directo a las
condiciones laborales de las personas dedicadas a la investigación. También,
según la Confederación de Sociedades Científicas de España, entre los años
2010 y 2017 el Estado dejó de invertir en ciencia 20.000 millones de euros. Como
consecuencia, desparecieron más de 10.000 plazas de científicos a tiempo
completo en el sector público. De igual modo, los recortes crearon un tapón
generacional bloqueando la entrada de nuevos investigadores, con una tasa de
reposición 0 durante cuatro años (2012-2015). A causa de este bloqueo
generacional, muchos jóvenes investigadores fueron obligados a salir de España
en busca de oportunidades en otros países.

ELECCIONES 2023
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Además de la pérdida de financiación, los gobiernos del PP suprimieron el
Ministerio de Ciencia e Innovación quedando reducido a una Secretaría de
Estado dentro del Ministerio de Economía y Competitividad. Tampoco
desarrollaron la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada en
2011 por el Gobierno socialista.
Esa política de recortes no sólo tuvo consecuencias en el sistema público.
Durante la crisis financiera de 2008, el Gobierno del PP redujo drásticamente la
inversión pública en I+D+I, lo que desincentivó la I+D+I empresarial. En lugar de
tratar la innovación y el desarrollo como una política anticíclica, como hicieron
otros países europeos para impulsar la recuperación económica, fue una de las
partidas que más recortes sufrió en la aplicación de las políticas de austeridad.
España fue el país de la UE donde más se redujo la financiación pública de la
I+D+I, con una bajada superior al 30% en términos reales en el período 2008-
2013.
La llegada del PSOE al Gobierno en 2018 supuso un punto de inflexión para la
recuperación del sistema de ciencia en España. En primer lugar, entre 2020 y
2023 el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación casi se ha duplicado
hasta alcanzar los 3.991 millones de euros. Este aumento de la financiación ha
venido acompañado de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Entre sus principales objetivos está el de garantizar una financiación
pública de la I+D+I estable y creciente, con el objetivo de que en 2030 alcance
el 1,25% del PIB, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, así como
mejorar la carrera investigadora y reforzar los aspectos sociales de la política
científica, tecnológica y de la innovación.
En paralelo, se ha publicado la mayor oferta pública de empleo en el sistema
público de ciencia y se ha lanzado el Plan de atracción y retención del talento
científico e innovador con el objetivo de facilitar el retorno del talento que en años
recientes salió de España ante la ausencia de oportunidades.
De igual modo, debemos destacar la ambiciosa reforma de la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación; el desarrollo de Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) como el de Salud de
Vanguardia o el Aeroespacial, con el fin de impulsar y fortalecer sectores
prioritarios, así como la puesta en marcha de los Planes Complementarios donde
las Comunidades Autónomas adquieren un papel protagonista.
En este contexto, los gobiernos autonómicos socialistas nos marcamos para la
próxima legislatura los siguientes objetivos:
• Asegurar una financiación suficiente y creciente para la I+D+I pública
y el fomento de la I+D+I empresarial en los presupuestos de las
Comunidades Autónomas que nos permita converger con la UE. Como
referencia, y siguiendo lo establecido en la Ley de la Ciencia y las
recomendaciones de la Comisión Europea, la inversión pública debería
alcanzar el 1,25% del PIB en 2030.
• Mejorar las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la

ELECCIONES 2023
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ciencia, proporcionando salarios dignos, empleos estables y de calidad y
entornos laborables propicios, incluyendo en ello la reducción de cargas
burocráticas.
• Desarrollar y actualizar las leyes de Ciencia, Tecnología e Innovación
autonómicas, en congruencia con la reforma de la Ley estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y siguiendo sus objetivos principales:
financiación, mejora de la carrera investigadora, aspectos sociales de la
política científica, tecnológica y de la innovación, etc.
• Fortalecer las Agencias de Investigación e Innovación autonómicas
y agilizar su funcionamiento. Avanzar hacia una financiación más flexible
y menos burocrática, también para los grupos de investigación.
• Establecer mecanismos de cooperación científica con el Gobierno y
otras Comunidades Autónomas.
• Desarrollar la Estrategia de Biodiversidad y Clima en el ámbito
autonómico.
Trataremos de garantizar más ciencia e innovación en todas las Comunidades
Autónomas: ciencia cooperativa, cogobernada, presente en todos los territorios
y como herramienta de cohesión y desarrollo territorial. En definitiva,
cogobernanza, colaboración y esfuerzo compartido entre la administración
central y las Comunidades Autónomas ante los retos clave de nuestro país,
respondiendo a los criterios de la UE para la aplicación de medidas
transformadoras para nuestra economía.
Con este compromiso ha venido trabajando el PSOE los últimos cuatro años
desde sus responsabilidades en el Gobierno de España y las administraciones
autonómicas, como demuestran:
- Los Planes complementarios. Nuevo instrumento impulsado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido a establecer programas de
investigación cogobernados y cofinanciados con las Comunidades
Autónomas en áreas estratégicas para el país. Estos planes movilizarán
445 millones de euros hasta 2025, de los que el Ministerio financiará 285
(el 66% del presupuesto total) y las Comunidades Autónomas el 34%
restante (con 159 millones de euros). Cada uno de ellos cuenta con la
participación de al menos cuatro Comunidades Autónomas y las diecisiete
participan en al menos uno de estos planes.
- La Red Innpulso. Foro de encuentro entre Ayuntamientos, dirigido a
potenciar su colaboración en materia de políticas innovadores. En la
actualidad, participan de esta red 83 municipios de diferentes tamaños y
el Ministerio de Ciencia e Innovación ha previsto una inversión de 12
millones de euros para la contratación de agentes locales de innovación.

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- Las Instalaciones Científico Técnicas Singulares (ICTS). 29 instalaciones
distribuidas por todo el territorio, con una dotación de 70 millones de
euros: Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético
(Cáceres), Centro de Experimentación de vehículos aéreos no tripulados
en Moguer (Huelva), Plataforma Oceánica de Canarias, Centro Nacional
del Hidrógeno en Puertollano (Ciudad Real), Centro Nacional de
Investigación en Evolución Humana (Burgos) etc.
Con estos objetivos, las Comunidades Autónomas gobernadas por los
socialistas:
• Desplegaremos la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- Contribuyendo a una financiación pública de la I+D+I estable y
creciente.
- Promoviendo el nuevo contrato indefinido para científicos, técnicos y
personal de gestión, así como la estabilización con el nuevo itinerario
posdoctoral.
- Impulsando iniciativas de valorización y transferencia de conocimiento
hacia y con la sociedad en línea con el Plan de transferencia y
colaboración.
- Promoviendo la reducción de las cargas administrativas y burocráticas.
- Asegurando la transversalidad de género y medidas para la igualdad
efectiva en el sistema de I+D+I, dándole seguridad jurídica.
- Reforzando la ciencia abierta, difundiendo en abierto los datos,
códigos y metodologías.
- Desarrollando mecanismos de coordinación del sistema de I+D+I en
colaboración con el Consejo de Política Científica.
- Implementando la carrera profesional para el personal de investigación
del Sistema Nacional de Salud en las Comunidades Autónomas.
• Promoveremos la innovación a través de las siguientes acciones:
- Incentivando la transferencia de conocimiento, a través del nuevo
sexenio de transferencia.
- Ayudando a crear “valles regionales de innovación”, siguiendo las
recomendaciones de la Agenda Europea para la Innovación, con la
finalidad de hacer un uso integrado de la política de cohesión y los
instrumentos del Horizonte Europa.
- Incentivando la cooperación y las sinergias con las agencias estatales
y europeas en torno a proyectos de misiones sobre grandes desafíos
estratégicos para el país.
- Promoviendo sinergias y colaboración para desarrollar proyectos de
misiones público-privadas en I+D+I sobre grandes retos sociales.
- Impulsando la posibilidad de establecer bancos de pruebas
regulatorios de resultados de I+D+I (sandboxes).
• Reforzaremos los instrumentos de cooperación y coordinación
autonómica, para contribuir al desarrollo de la actividad científica y
la innovación.

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- Participando activamente de los Planes Complementarios.
- Contribuyendo a la continuidad de la Red Innpulso, mediante la
contratación de agentes locales de innovación.
- Reforzando nuestra contribución a las Instalaciones Científicas y
Técnicas Singulares (ICTS) ubicadas en las Comunidades
Autónomas.
Una universidad pública para la transformación y el progreso de la
sociedad
Las universidades juegan un papel fundamental como ascensor social y para la
vertebración del territorio. Son agentes transformadores de la sociedad y base
fundamental del progreso en una sociedad basada en el conocimiento.
El modelo que defiende el PSOE es el de una universidad pública sustentada en
los valores de igualdad, inclusión y sostenibilidad. Para que eso se cumpla, las
Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista están firmemente
comprometidas con el aumento progresivo de la financiación estable de sus
universidades, con la estabilización de sus plantillas, con el acceso a la
educación superior del estudiantado en igualdad de condiciones, con la
búsqueda de la internacionalización de las universidades y con la atracción y
captación de talento.
Las políticas de los gobiernos del PP (2011-2018) generaron bolsas de
precariedad por la imposibilidad de convocar plazas de profesorado, recortaron
las becas, dificultaron la posibilidad del estudiantado de obtener becas
endureciendo los requisitos, aumentaron las tasas universitarias y ahogaron a
las Universidades por falta de financiación pública.
Desde que el PSOE llegó al Gobierno en 2018, ha desplegado una política
universitaria de recuperación de derechos que tiene su mejor ejemplo en la
política de becas. Las partidas destinadas a becas universitarias han alcanzado
los mayores niveles de nuestra historia reciente, siendo 2023 el año con mayor
inversión pública en becas. Se consolida la beca como un derecho subjetivo,
vinculada a la situación socioeconómica del estudiante buscando la equidad del
sistema.
Por otro lado, la política en materia de tasas universitarias emprendida por el
Gobierno socialista ha permitido bajar las tasas universitarias, disparadas por las
recetas conservadoras aplicadas a la universidad. Para el desarrollo de estas
políticas el Gobierno de España ha contado con la alianza e implicación de las
Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas que consiguieron
amortiguar parte de las políticas de recortes de los conservadores, con medidas
como la congelación de las tasas universitarias.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario refuerza la financiación pública de las
universidades; la reducción de la precariedad; la formación a lo largo de la vida
para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad; el impulso de la
movilidad internacional del estudiantado; una carrera académica más predecible,

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más corta y más estable; más autonomía en la gobernanza universitaria o la
participación del estudiantado en los órganos de gobierno de la universidad.
En este contexto, los objetivos de los gobiernos autonómicos socialistas para la
próxima legislatura son los siguientes:
• Dotar a las universidades de recursos para situar la financiación en los
objetivos marcados para el conjunto del Estado a través de los programas de
financiación estable.
• Reforzar las convocatorias de empleo público para renovar las plantillas
y reducir la precariedad y temporalidad laboral del personal universitario.
• Garantizar la igualdad en el acceso a grados y másteres con una política
de reducción de las tasas universitarias.
• Impulsar la progresiva modernización de los centros universitarios y su
implicación con la sociedad y entorno en el que se ubica la universidad,
reforzando también su internacionalización.
Para alcanzarlos, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Socialista:
• Dotaremos de una financiación estable en el tiempo a las universidades
públicas.
• Complementaremos las becas universitarias con convocatorias
autonómicas.
• Continuaremos con las políticas de disminución de las tasas
universitarias.
• Desarrollaremos convocatorias estables y con periodicidad cierta de
contratos predoctorales equiparados a los estatales que permitan la
formación de nuevo personal docente e investigador, fomentando el relevo
generacional dentro del sistema.
• Fomentaremos la internacionalización de las universidades públicas
tanto en materia de docencia como de investigación.
• Desplegaremos planes de reducción de la temporalidad del personal
docente e investigador fomentando el relevo generacional de las plantillas.
• Realizaremos un control riguroso de la iniciativa universitaria privada
para garantizar que los nuevos proyectos cumplan los estándares de calidad
exigidos para su autorización.
• Fomentaremos políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres
dentro del sistema universitario, especialmente en los ámbitos STEAM.

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• Impulsaremos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y
participación social de y en las universidades ante la sociedad.
7. LA CULTURA, UN DERECHO DE CIUDADANÍA Y UNA INDUSTRIA
CREADORA DE RIQUEZA Y EMPLEO
La cultura tiene una especial importancia en España no sólo en el desarrollo de
una sociedad libre y abierta sino también como generadora de riqueza y empleo
a través de la industria cultural. Además, y junto con las actuaciones
relacionadas con la Sanidad y la Educación, la industria de la cultura y el deporte
adquiere la consideración de bienes públicos de carácter preferente, debido a su
naturaleza vertebradora de la sociedad. Por ello, ha sido considerado política
palanca en el Plan de Recuperación, en concreto los componentes de
revalorización de la industria cultural y la creación de un hub audiovisual de
Europa (Spain AVS Hub).
En este sentido, dado que la Constitución nos la presenta como una política de
competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas, es
necesaria la cooperación para la creación, producción y difusión de proyectos
culturales compartidos; el apoyo a la conservación y difusión del patrimonio
histórico artístico y el desarrollo de políticas de apoyo al uso y disfrute de
bibliotecas, museos y otras instituciones culturales.
La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la cultura en
nuestras vidas, pero también ha revelado la fragilidad estructural de un sector
profesional que, salvo excepciones, se encuentra en crisis permanente. El sector
de la cultura tiene que afrontar un doble reto: el rápido cambio social y de usos
de consumos que le afecta y la desigual recuperación por la incidencia de la
crisis de la Covid-19 y el encarecimiento de la vida como consecuencia de la
guerra de Putin en Ucrania.
Detrás de muchos de los problemas que el sector de la cultura nos traslada a
diario subyace una cuestión de fondo: la escasa relevancia que tiene la cultura
para la mayor parte de la sociedad española y, como consecuencia natural, la
escasa envergadura que muchas veces tiene la cultura para los poderes públicos
no estrictamente vinculados a esta materia.
No obstante, como se ha dicho, la cultura es un elemento esencial de la
economía española. Representa el 3,3% del PIB, el 3,5% del empleo y constituye
también uno de los principales elementos de la “marca España”, siendo el motor
de sectores clave de nuestra economía como el turismo o la hostelería.
El patrimonio cultural español, el talento de sus creadores e industrias culturales
como el audiovisual, el cine, el libro o la música en vivo son reconocidos
internacionalmente. Somos una potencia cultural mundial en términos de calidad
y de diversidad. España es el cuarto país con el mayor número de lugares
reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, después
de Italia, China y Alemania y al nivel de Francia. No obstante, nuestras

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exportaciones de productos culturales apenas superan los 2.000 millones de
euros, mientras que las de las otras potencias culturales europeas oscilan entre
los 6.000 y los 10.000 millones. Es definitiva, la cultura es un sector industrial
potente pero lo más relevante es que tiene un potencial de expansión
extraordinario si se apoya su desarrollo, su internacionalización y su exportación.
Por todo ello, el PSOE considera urgente dejar de considerar la cultura como un
sector accesorio o complementario para llevarlo al centro de nuestras políticas.
El Gobierno socialista en España ha entendido la importancia y la enorme
oportunidad que las industrias culturales y de la creatividad significan para la
economía, y, como hemos visto, les ha dado un papel protagonista en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la aplicación de los fondos Next
Generation EU. El Gobierno socialista ha apostado por la cultura como un sector
de alto valor añadido, creación de empleo de calidad, portador de innovación y
accionador de una economía sostenible.
Pero, además de una industria estratégica, la cultura también es un derecho
constitucional de la ciudadanía, motor de su bienestar social y garante de una
convivencia democrática y en paz. Por ello, el Congreso de los Diputados declaró
en 2021 la cultura “a todos los efectos como un bien básico y de primera
necesidad”. Los y las socialistas consideramos que la cultura y el derecho a
participar en ella es un derecho de ciudadanía en el Estado de Bienestar y su
materialización concreta no puede ser obviada en la acción de gobierno de todas
las administraciones.
La ampliación de esta concepción de la cultura como un derecho está siendo
desarrollada en distintos territorios gobernados por el Partido Socialista a través
de leyes transversales de cultura. Son leyes que regulan cuestiones tan básicas
para el adecuado funcionamiento del sistema cultural como la financiación
pública de la cultura, la participación de la ciudadanía en la vida cultural, la
libertad de creación artística, la diversidad cultural, los servicios mínimos
culturales y las competencias transversales de la cultura.
El PSOE es el partido que concibe la cultura como un sector económicamente
estratégico para nuestro país; pero también como un derecho reconocido en la
Constitución Española, y, por tanto, un bien básico y de primera necesidad,
según ha establecido el Congreso de los Diputados en el año 2021 a instancias
del Grupo Parlamentario Socialista.
En sintonía y coincidencia con la Declaración de Florencia de la UNESCO,
coincidimos en la triple vertiente de la cultura como derecho ciudadano, sector
de impulso económico sostenible y elemento de cohesión e identidad
democrática. Además, España ha ratificado el Pacto de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de Naciones Unidas que, entre otros contenidos, nos
compromete a adoptar medidas para garantizar el derecho de toda persona a
participar en la vida cultural de su país.
Por todo ello, los gobiernos autonómicos socialistas enarbolamos con orgullo la
bandera de la cultura. Un sector estratégico para nuestra economía, pero
también esencial para el bienestar de la ciudadanía. Este es el marco de

ELECCIONES 2023
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actuación de las medidas concretas que se desarrollarán en los territorios que
gobernamos. Cultura para vivir y vivir de la cultura es un programa que promueve
la participación en la vida cultural de la ciudadanía y que, a su vez, promueve la
buena salud del sector cultural. Una de las asignaturas pendientes para impulsar
esta doble acción es el desarrollo de una legislación transversal de cultura que
esté a la altura de su naturaleza excepcional.
La cultura también es una herramienta para afrontar algunos de los principales
retos que tenemos como país: la despoblación, la modernización de nuestra
economía, la crisis climática; la igualdad entre mujeres y hombres; la
participación de los más jóvenes en el sistema democrático y la lucha contra las
discriminaciones. Como tal, debe ser tomada en consideración a la hora de
implementar políticas de bienestar, educación, igualdad, cohesión territorial o
urbanismo.
La cultura como oportunidad y como derecho no puede olvidar el cuidado y
mejora de las conciliaciones sociolaboral y profesional de los artistas, creadores
y trabajadores del sector. En ese sentido, desde los gobiernos autonómicos
trabajaremos para la implementación territorial de las medidas aprobadas en el
Estatuto del Artista y crearemos itinerarios de inserción laboral específicos para
los trabajadores de la cultura.
En definitiva, no podemos olvidar que la diversidad cultural es una riqueza y una
enorme oportunidad para España y su desarrollo cultural. El cuidado, promoción
y desarrollo de esta diversidad es una tarea compartida y una responsabilidad
de país. Es, además, una herramienta de especial importancia para promover el
equilibrio territorial y demográfico.
Por todo ello, los objetivos a alcanzar por los gobiernos autonómicos socialistas
en la próxima legislatura son los siguientes:
• Ampliar los derechos de ciudadanía en el ámbito de la cultura
mediante el establecimiento de un mínimo de financiación pública, la
promoción de la diversidad cultural, la revisión de los servicios mínimos
culturales, especialmente en entornos afectados por la despoblación, o la
promoción de la recuperación del patrimonio.
• Mejorar el marco jurídico en el que debe operar el sector económico
de la cultura para impulsar su operatividad y ampliar sus horizontes.
• Promover la recuperación económica del sector como herramienta
para avanzar hacia un modelo sostenible de alto valor añadido,
contribuyendo a la industrialización innovadora de nuestro país y
promoviendo la cohesión territorial y social.
• Mejorar la cooperación con el Estado y las entidades locales en
materia de cultura.
• Poner en valor la cultura como herramienta para afrontar algunos de
los principales retos de nuestro país como la transformación del modelo

ELECCIONES 2023
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industrial, la despoblación o la participación de los jóvenes en
democracia.
• Fomentar las políticas de difusión del patrimonio, alfabetización
audiovisual y formación de audiencias, imprescindibles para asentar la
consideración de la cultura, la historia y el patrimonio y las competencias
audiovisuales.
Para alcanzar esos objetivos, en las Comunidades Autónomas gobernadas por
el PSOE:
• Fijaremos la cultura como un elemento relevante de la acción política
de los gobiernos autonómicos, por su importancia para el bienestar de
las personas y por su importancia como sector de desarrollo económico
sostenible.
- Disponiendo de un responsable de Cultura en el Consejo de Gobierno.
- Promoviendo el impulso de una normativa autonómica en materia de
garantía del desarrollo de derechos culturales y participación social y
ciudadana en la cultura, asegurando paulatinamente que al menos el
2% del presupuesto de cada territorio se dedique a cultura, tal y como
recomienda el Parlamento Europeo.
- Ampliando los servicios mínimos culturales, especialmente en zonas
afectadas por la despoblación y en ámbitos clave como el libro y la
lectura, el patrimonio y las celebraciones y costumbres del patrimonio
cultural popular.
- Impulsando la accesibilidad y promocionando la participación en
cultura de todas las personas, y de manera más específica, de
personas con discapacidad, personas mayores, personas jóvenes y
adolescentes.
- Desarrollando y ampliando la legislación y mecanismos de protección
del patrimonio histórico cultural y promoviendo la incorporación de los
conceptos de paisaje, patrimonio inmaterial y participación ciudadana
en el patrimonio.
- Impulsando programas de apoyo a la creación contemporánea de
jóvenes creadores y su intercambio y cooperación para estancias y
proyectos entre Comunidades.
- Promoviendo mecanismos y legislación que permitan el desarrollo del
micromecenazgo y el consumo cultural en el espacio autonómico.
- Planteando la cesión de espacios para la participación de la
ciudadanía en la vida cultural del territorio y para la promoción de
actividades culturales.
• Impulsaremos la colaboración público-privada y la participación y
concertación con el sector para estimular los retos y
transformaciones a los que se enfrenta la cultura.
- Constituyendo consejos consultivos de cultura en las Comunidades y
desarrollando políticas públicas desde el diálogo con el sector y su
tejido social y económico.
- Creando itinerarios de inserción laboral específicos para los

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trabajadores de la cultura.
- Con estudios y análisis en profundidad de los sectores de la cultura en
los territorios, en diálogo y con la participación del sector, con el
objetivo de tener el máximo de información sobre la situación de los
sectores culturales para poder actuar con la mayor precisión posible.
• Favoreceremos la cogobernanza en las políticas culturales entre el
Gobierno de España y las Comunidades Autónomas
- Reforzando la colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones y el
Estado desde cada Comunidad.
- Promoviendo un mayor desarrollo de la cooperación y la coordinación
entre las diferentes administraciones, poniendo en marcha fórmulas y
regulaciones destinadas a reforzar el impulso de políticas culturales
eficientes, la circulación de las programaciones entre Comunidades
Autónomas y la divulgación nacional e internacional de la producción
y creación de todos los territorios de España.
• Impulsaremos mejoras en las condiciones sociolaborales y
profesionales de los artistas, creadores y trabajadoras de la cultura.
- Analizando y haciendo seguimiento de la aplicación del desarrollo del
Estatuto del Artista en cada territorio y buscando medidas
complementarias que puedan acompañar esta iniciativa en los
diferentes ámbitos competenciales, en materia de cooperativas
artísticas, por ejemplo.
- Estudiando la legislación de contratación pública vigente en cada
territorio para determinar su adecuación a la naturaleza de la actividad
artística para proponer reformas en nuestro ámbito competencial allí
donde fuera necesaria su aplicación.
• Consideraremos la cultura una herramienta para la modernización de
nuestra economía, la igualdad, la participación de los más jóvenes
en el sistema democrático y la lucha contra la despoblación,
contemplándola como tal al implementar políticas de bienestar,
educación, igualdad, cohesión territorial o urbanismo.
- Ampliando las medidas de mediación cultural y creación de nuevos
públicos en las principales instituciones y actividades culturales de la
- Implementando el bono cultural joven y otras fórmulas de participación
de los jóvenes en cultura a través de grupos asesores juveniles o de
la participación de los jóvenes en los espacios de cogobernanza
cultural.
- Fomentando en el ámbito escolar la realización de proyectos artísticos
promovidos por agentes culturales, con programas específicos de
creadores que lleven a cabo sus prácticas artísticas en la escuela e
impulsando la participación en actividades culturales a través de los
programas de extensión educativa de las escuelas.
- Cuidando el patrimonio como fuente de bienestar, sentido de
pertenencia y como herramienta para generar riqueza económica y
puestos de trabajo en los ámbitos rurales y en riesgo de despoblación.

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- Avanzando en la implementación de “recetas culturales” como fórmula
para mejorar el bienestar y la salud de aquellas personas que sufren
soledad o problemas de salud mental, en coordinación con las
Consejerías de Sanidad.
- Poniendo en marcha observatorios de igualdad y contra la
discriminación por razones de género, sexualidad y de origen étnico-
racial en el ámbito de la cultura.
- Promoviendo y avanzando hacia la aplicación del “1% cultural” de
todos los contratos de obras públicas que cada Comunidad debe
dedicar a mejorar el patrimonio cultural, tratando de ampliarlo
paulatinamente hasta el 2%, con un 0,5% dedicado a arte
contemporáneo, como se ha hecho a nivel estatal.
- Promoviendo el desarrollo y el incremento de plazas en el ámbito
educativo y en la FP dual de las enseñanzas artísticas para responder
a sectores de alto crecimiento en la empleabilidad de las industrias
culturales, especialmente en el sector audiovisual, de animación y de
videojuegos, creando espacios de innovación y desarrollo de estos
sectores junto a la sociedad civil y el sector empresarial.
• Fomentaremos una programación cultural que responda a la
diversidad cultural de las respectivas Comunidades Autónomas. La
diversidad cultural es una riqueza y una enorme oportunidad para España
y su desarrollo cultural. El cuidado, promoción y desarrollo de esta
diversidad es una tarea compartida por todos y una responsabilidad de
país. Es, además, una herramienta de especial importancia para
promover el equilibrio territorial y demográfico.
• Garantizaremos las audiencias del futuro a través de planes de
alfabetización audiovisual, en coordinación con los sistemas
educativos, que den a conocer mejor el patrimonio español, así como el
europeo e iberoamericano por su potencial para una mejor comprensión
de la realidad, el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad crítica.
Memoria Democrática
Las comunidades autónomas cumplen una tarea principal en la articulación de
políticas públicas esenciales para la construcción de una memoria democrática
compartida que sirva de sólido fundamento a una verdadera cultura democrática.
La nueva Ley de Memoria Democrática, impulsada por el PSOE, afianza los
principios de colaboración y subsidiariedad entre las administraciones públicas
en esta materia. Dicha colaboración se formaliza institucionalmente en el
Consejo Territorial de Memoria Democrática, y en este marco nos
comprometemos a:
• Promover desde las comunidades autónomas planes de localización,
exhumación e identificación de víctimas de la guerra civil y la posterior
dictadura franquista que aún yacen en fosas comunes y cunetas.
• Favorecer el derecho a la verdad facilitando el acceso a los archivos y
proteger y difundir los lugares de memoria democrática.

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• Adoptar medidas de reparación a las víctimas y apoyar al movimiento
memorialista, fomentando su participación.
• Impulsar la eliminación o retirada de vestigios que exaltan el golpe de
estado de 1936 o la dictadura franquista y enaltezcan a sus
protagonistas.
• Introducir la memoria democrática en la escuela, actualizando los
contenidos curriculares para ESO, formaci y Bachillerato, e incluyendo en los
planes de formación inicial y permanente del profesorado la actualización
científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la
memoria democrática
8. LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA
GESTIÓN DE INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Una política migratoria que respete los Derechos Humanos y favorezca la
integración
No hay cohesión social sin una adecuada política migratoria que favorezca la
integración de las personas migradas. Esa política es esencialmente
competencia del Estado en cuanto le corresponde el control de las fronteras y la
regulación laboral de los flujos migratorios, así como el sistema de atención
humanitaria y de acogida de los solicitantes de protección internacional. No
obstante, resulta necesaria la cooperación autonómica en la gestión del proceso
migratorio en cuanto las Comunidades gestionan los servicios públicos que se
prestan a las personas migradas en su primera acogida y en el proceso de
integración inclusión social, económica y laboral.
Las migraciones son inherentes a la historia de la humanidad y gracias a la
movilidad de las personas ha sido posible la evolución y prosperidad de las
civilizaciones y sociedades. Como es sabido, España ha pasado de ser un país
emisor de migrantes a ser receptor lo que se traduce en un país más diverso y,
por ende, más diverso y rico. Al mismo tiempo, la población española, lo mismo
que la de los países europeos de nuestro entorno, está cada vez más envejecida,
lo que exige poner en marcha medidas que mitiguen los efectos sociales y
económicos de este envejecimiento de la población. Las migraciones son
también relevantes para abordar desafíos demográficos como la despoblación o
la baja densidad, posibilitando un cambio de la tendencia demográfica hacia la
repoblación en las áreas rurales y las ciudades pequeñas y medianas.
El PSOE aboga por una migración regular, ordenada y segura, que respete
los derechos humanos y contribuya a una adecuada gestión de la
diversidad. Esto redundará en una mayor cohesión social y en el fomento de la
participación pública de las personas migradas. Por ello, desde el Gobierno de
España se han adoptado cambios normativos dirigidos a promover una política
migratoria que centra sus esfuerzos en abrir vías regulares migratorias y en dar

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respuesta a las necesidades que plantea nuestro mercado de trabajo, a la vez
que se solucionan demandas que tradicionalmente han venido instando
diferentes colectivos sociales.
Las y los socialistas somos conscientes de que el acceso al trabajo es el mejor
instrumento para favorecer la inclusión de las personas extranjeras en España,
en nuestras Comunidades Autónomas y en nuestros municipios.
En este sentido, se ha procedido a dos reformas profundas del reglamento de la
Ley de extranjería. La primera, para promover la inclusión y reducir la
vulnerabilidad de menores y quienes habían estado tutelados, consolidando su
acceso al mercado laboral a partir de los 16 años. El objetivo fundamental es
evitar que niños, niñas y adolescentes que han crecido en nuestro país y se han
formado gracias a nuestro sistema pasen a una situación de irregularidad
administrativa sobrevenida, generándose situaciones de exclusión social al
cumplir los 18 años. Cumplimos también con ello las obligaciones
internacionales, especialmente con el marco europeo. No podemos permitirnos
perder el potencial de estos jóvenes, abocándolos a la marginalidad por meras
cuestiones burocráticas. La segunda reforma genera mecanismos para la
llegada de personas extranjeras vinculadas a una actividad laboral, de acuerdo
con nuestro mercado de trabajo, y favorece la incorporación al mercado laboral
de las personas que se encuentran en España, refuerza las vías de migración
regular y mejora el sistema de gestión de extranjería. Las reformas incluyen la
renovación de los instrumentos públicos de gestión de la inmigración legal y
hacen efectiva la conexión con las vacantes del mercado laboral español,
mediatizado por la edad de nuestra población activa y por las carencias de
ocupación en determinados puestos de trabajo que hoy no ocupan ni españoles
ni residentes extranjeros en situación administrativa regular.
Nuestra prioridad es el empleo y en ese sentido hemos puesto en marcha
muchas medidas en esta legislatura como la reforma laboral o la de la formación
profesional. Pero España necesita atraer talento. Talento en sus múltiples
acepciones: personal altamente cualificado, pero también personal con media y
baja cualificación. Se necesita personal en ingeniería de telecomunicaciones,
pero también en carpintería o agricultura. La pandemia de la Covid-19 ha puesto
de relieve que muchas de las actividades esenciales han sido cubiertas por
personas extranjeras con ese talento que debemos reconocer en cualquiera de
sus niveles.
Las y los socialistas hemos tenido siempre en cuenta el valor de las migraciones
al mismo tiempo que los derechos de las personas migrantes. Reconocemos y
promovemos la aportación social, económica y cultural que hacen a nuestro país.
Sin embargo, los delitos de odio han crecido también en España y la respuesta
de acción y prevención debe ser el relato constructivo y positivo, la realidad
cotidiana de la convivencia en todos los ámbitos de la vida. Debemos
permanecer especialmente atentos a la comisión de estos delitos en las redes
sociales para evitar que se conviertan en caldo de cultivo de actuaciones
indeseadas, que infringen las más elementales reglas democráticas.

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El PSOE asume que debe ser especialmente vigilante con los ataques que se
producen sobre colectivos de extranjeros especialmente vulnerables: menores y
adolescentes, mujeres, potenciales víctimas de trata de seres humanos o
solicitantes de protección internacional constituyen sujetos de atención prioritaria
para el Gobierno. No sólo la cohesión social está en juego, sino también el
cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por España.
Pero las y los socialistas también tenemos presentes a nuestros ciudadanos y
ciudadanas que se encuentran fuera de España en el marco de un proyecto
migratorio. Las políticas migratorias han de mirar a las personas que llegan de
fuera, pero también a nuestros conciudadanos que han iniciado una vida en otro
país. No puede concebirse una definición de políticas migratorias que no tenga
presente los dos vectores.
El establecimiento de un marco preciso que regule el Estatuto de la ciudadanía
española en el exterior, así como la situación de sus familiares, constituye una
prioridad para los gobiernos socialistas. Este marco tiene una doble óptica: la
protección de las personas españolas que quieren continuar viviendo fuera de
España y el fomento de las políticas de retorno para aquéllos españoles que
quieren volver a vivir en su país.
No basta sólo con la eliminación del voto rogado, alcanzado en esta legislatura.
Hay que propiciar que el vínculo de la ciudadanía española en el exterior con
España se mantenga vivo a través de una participación activa que permita llegar
a todas las Administraciones sus inquietudes. También hay que lograr un nivel
de protección acorde con los mejores estándares para las y los españoles que
un día decidieron abandonar España en la búsqueda de un mejor futuro
personal, pero que quieren seguir siendo ciudadanos de este país.
En este marco, los objetivos de las políticas migratorias a desarrollar por los
gobiernos autonómicos socialistas son las siguientes:
• Garantizar políticas públicas acordes con las necesidades de la
población migrante y de la propia Comunidad Autónoma, con especial
atención a las políticas de empleo, la educación y la formación.
• Favorecer una gestión integral de la diversidad, con especial relevancia
en materia de protección internacional, atención humanitaria e inclusión.
• Promover políticas de protección a los colectivos de personas
extranjeras especialmente vulnerables.
• Contribuir desde las políticas públicas enmarcadas en las competencias
de las Comunidades Autónomas a la plena inclusión social y
económica de las personas migrantes en sociedades libres de odio
y discriminación.
• Planificar políticas efectivas de fomento de la participación, de
protección social y de retorno de las personas españolas que se
encuentran residiendo en el extranjero.

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Para alcanzar esos objetivos, las Comunidades Autónomas gobernadas por el
Partido Socialista:
• Promoveremos la colaboración con la Administración General del
Estado para adecuar las necesidades de la política migratoria española
con la realidad de los diversos territorios.
• Cooperaremos para adecuar las necesidades del mercado de trabajo
con las potencialidades de cada Comunidad Autónoma.
• Fomentaremos las diferentes figuras desarrolladas en las reformas del
Reglamento de la Ley de Extranjería, especialmente en lo relativo al arraigo
para la formación, implicando a los interlocutores sociales.
• Desarrollaremos programas educativos, lingüísticos y de formación
para el empleo que favorezcan la inclusión de las personas migrantes.
• Movilizaremos los medios necesarios para arrinconar los discursos de
odio y la xenofobia a través de la educación en la diversidad, el respeto
y la igualdad de trato con una atención particular a los niños, niñas y
adolescentes no acompañados tutelados por las administraciones públicas.
• Reforzaremos la atención en los centros de acogida de niños, niñas y
adolescentes no acompañados, velando por el cumplimiento de estándares
de calidad y el ejercicio de los derechos universales de la infancia, en tanto
que prevalece su condición de niño, niña o adolescente frente a su origen,
así como su acceso a la documentación.
• Pondremos en marcha iniciativas dirigidas a promover la igualdad de
oportunidades en el acceso a la sanidad y la educación, así como
garantizar que la información sobre los derechos de ciudadanía sea accesible
a la población migrante.
• Atenderemos a la particular vulnerabilidad de las personas migrantes
en el acceso a una vivienda, especialmente en alquiler.
• Reforzaremos los instrumentos autonómicos para acreditar la
posibilidad de reagrupación familiar, por ser una herramienta esencial
para la inclusión de las personas extranjeras en España.
• Promoveremos la participación pública de las personas migrantes,
fundamentalmente en los espacios cotidianos como asociaciones de vecinos
y vecinas, asociaciones de madres y padres de alumnos, comunidades
vecinales, etc.
• Abordaremos las causas que dan lugar al desplazamiento de nuestros
convecinos a otras Comunidades Autónomas o al extranjero, facilitando
herramientas para que tengan posibilidad de optar.

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• Rediseñaremos planes de retorno para los españoles que se están en el
extranjero, teniendo en cuenta no sólo su formación sino también su
vulnerabilidad y su vinculación con el territorio.
• Mejoraremos los instrumentos de protección social de la ciudadanía
española en el exterior en función de su vinculación con su respectiva
La Cooperación al desarrollo, una política para construir sociedades más
justas
Las políticas de cooperación al desarrollo son especialmente relevantes para las
Comunidades Autónomas. En un contexto de crecimiento y reforma del sistema
realizada por el Gobierno de España, la complementariedad de esfuerzos con
los gobiernos autonómicos es fundamental para materializar el compromiso de
dedicar a Ayuda Oficial al Desarrollo el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en 2030.
No en vano, la cooperación para el desarrollo que realizan las Comunidades
Autónomas supone más del 20% del total.
Si hay un partido político al que se puede asociar con la cooperación para el
desarrollo es el PSOE. El internacionalismo forma parte de nuestra razón de ser
y marca nuestra acción política y de gobierno. Han sido los diferentes gobiernos
socialistas los que pusieron en marcha las políticas públicas de cooperación
internacional para el desarrollo. El actual proceso de reforma ratifica la relevancia
política que el PSOE concede a la cooperación para el desarrollo como política
pública en la construcción de sociedades más justas y solidarias.
Esto se traslada al ámbito autonómico. Las Comunidades gobernadas por el
PSOE son las que mayor esfuerzo presupuestario realizan en materia de
cooperación para el desarrollo y educación para la ciudadanía global. Y fueron
las que sostuvieron la Cooperación Española gracias al incremento sustancial
de sus presupuestos y compromiso durante los años del PP en el Gobierno de
España.
El esfuerzo presupuestario acompaña la evolución y madurez de la cooperación
en los últimos tiempos hacia una visión complementaria y específica, no solo en
recursos sino en instrumentos, proyectos y narrativas del desarrollo.
La transformación del sistema de cooperación tiene entre sus pilares la defensa
de la cooperación descentralizada, en la que los gobiernos autonómicos sean
reconocidos como piezas clave en la construcción del nuevo modelo de
Cooperación Española.
Los objetivos de las políticas de cooperación al desarrollo son:
• Consolidar y potenciar la política de cooperación para el desarrollo
sostenible y la solidaridad global como una de las políticas palanca de la
Agenda 2030, universal y transformadora.
• Impulsar la cooperación basada en las políticas de lucha contra el

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cambio climático y el desarrollo de políticas energéticas sostenibles que
generen autonomía estratégica anticipando tensiones geopolíticas.
• Reforzar la presencia internacional de las Comunidades Autónomas
españolas en los espacios europeos e internacionales en un contexto
global en el que las regiones y los gobiernos regionales adquieren un
protagonismo creciente.
Para lograrlo, las Comunidades autónomas socialistas:
• Se sumarán al compromiso del Gobierno de España de alcanzar el 0,7% de
la Renta Nacional Bruta en 2030.
• Definirán una hoja de ruta de crecimiento cuantitativo y cualitativo de los
recursos destinados a cooperación para el desarrollo durante la
legislatura.
• Reforzarán el intercambio de conocimiento y la cooperación técnica con
instituciones públicas de otras regiones del mundo en aras de fortalecer
la sostenibilidad institucional de las políticas públicas que garantizan el
desarrollo y la igualdad de oportunidades.
• Apostarán por la educación para la ciudadanía global como un instrumento
esencial en la construcción de comunidades y sociedades inclusivas y
solidarias.
• Establecerán marcos de colaboración con las ONG que contribuyan a
mejorar el impacto de las acciones en materia de cooperación para el
desarrollo y educación para la ciudadanía global en los territorios.
• Promoverán espacios específicos de cooperación para el desarrollo en los
parlamentos autonómicos.
• Fomentarán la participación en los espacios europeos e internacionales
reservados para las regiones, así como las alianzas entre regiones.
• Apostarán por la creación de alianzas multiactor y multinivel dentro y
entre regiones en aras de reforzar esa presencia internacional de España
tanto en ámbitos de cooperación para el desarrollo como en los espacios
europeos e internacionales reservados para las regiones.
• Promoverán la relación con las entidades locales en las políticas
autonómicas de cooperación para el desarrollo.

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9. REIVINDICAR LA DIVERSIDAD COMO ACTIVO SOCIAL
Uno de los criterios de calidad de la democracia es que no existan colectivos
sociales aislados, sin voz, y/o excluidos de la participación política. Por ello, una
gestión adecuada de la diversidad basada en los principios de la interculturalidad
y el enriquecimiento mutuo constituye un desafío fundamental para garantizar la
calidad de nuestro sistema democrático.
Lamentablemente, en el momento político actual, se están agitando desde la
derecha y la ultraderecha falsos debates de carácter identitario y de competencia
por el acceso a los servicios públicos que, surgidos del miedo a la diversidad y a
los cambios y avances sociales, tienen el objetivo de captar el voto proveniente
del desencanto social generado por las sucesivas crisis globales, sin tener en
cuenta la enorme amenaza que conlleva para todas las minorías que construyen
la diversidad.
El coste social de este discurso es muy alto pues el hostigamiento que implica
contra las minorías está situando a muchas personas en riesgo de sufrir
episodios de violencia y discriminación; una discriminación producto de
estereotipos y prejuicios arbitrarios e inventados a través de los cuales algunos
tratan de atribuir características específicas de una persona a todo un colectivo.
Frente a estos discursos, es el momento de seguir reivindicando la diversidad
como activo social, y como fuente de innumerables y fundamentales aportes al
desarrollo económico, social y cultural de España; seguir reivindicando, al fin y
al cabo, la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria que es la garantía
de la verdadera cohesión social.
El aprovechamiento de la diversidad y la lucha por la igualdad de derechos son,
por lo tanto, elementos transversales a todas las políticas y las acciones que
llevan el sello del socialismo en España; políticas que han convertido a nuestro
país en referente mundial de los derechos civiles.
Ese aprovechamiento conlleva la puesta en marcha de políticas inclusivas
activas que garanticen los derechos de las personas pertenecientes a los
colectivos de la diversidad, y que sirvan para crear las condiciones necesarias
para aprovechar su talento y su potencialidad, asegurando su libre desarrollo
personal, económico, laboral, social y cultural.
La democracia no solo requiere del pluralismo como condición para su
efectividad, sino que ha de reclamar las diferencias como un valor social. La
diversidad, lejos de suponer una amenaza, constituye una verdadera
oportunidad de avance social, enriquecimiento mutuo y un factor de crecimiento
y sostenibilidad económica.
Muchos de los discursos, delitos de odio y comportamientos discriminatorios que
hoy hemos de combatir tienen su origen en la falta de justicia redistributiva. En
muchas ocasiones, cuando analizamos, vemos y estudiamos cualquier tipo de
discriminación habitual, lo que subyace, junto al estigma y el prejuicio, es una
cuestión de redistribución de la riqueza, de falta de justicia y exclusión social, de

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pobreza, de rechazo al pobre, a las personas sin recursos, a los colectivos más
vulnerables y desfavorecidos socialmente.
En este sentido, el más potente instrumento con el que contamos para combatir
esa desigualdad, son las políticas de inclusión social, prioridad de todos y cada
uno de los gobiernos socialistas, tanto en España, como en las Comunidades
Autónomas y en las entidades locales.
Lograr la plena inclusión de las minorías implica, sin duda, reducir cada una de
las brechas de acceso que separan a determinados colectivos de la igualdad real
de oportunidades. Nos referimos, especialmente, a las brechas en el acceso a
los principales servicios públicos: sanidad, educación o atención a la
dependencia. Todas ellas son materias en las que las Comunidades Autónomas
tienen importantes competencias.
Los planes de inclusión son las herramientas para lograr el pleno acceso de las
minorías a estos servicios. Por ello, es fundamental encontrar mecanismos que
faciliten las sinergias entre los distintos niveles de gobierno implicados en la
gestión de las políticas de inclusión que permitan mejorar la coordinación para
lograr el máximo impacto en beneficio de las minorías.
Por otra parte, como ya ha hemos reiterado, hay muchas maneras de abordar
una crisis y el PSOE ha definido su estrategia en torno al principio fundamental
de “no dejar a nadie atrás”. Esto hace que las políticas de inclusión sean un eje
vertebrador de los diversos componentes que conforman el Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia.
En este sentido, el fortalecimiento de la cogobernanza será fundamental a la
hora de maximizar el impacto de las políticas de inclusión, fijando unos objetivos
comunes que permitan coordinar las distintas acciones y proyectos realizados
en cada uno de los niveles de gobierno, redundando en el máximo beneficio de
las minorías implicadas.
Además de esa colaboración entre las administraciones, se hará necesario
también el fortalecimiento de las redes con las asociaciones del tercer sector,
que son las que tienen un mayor acceso a las minorías en riesgo de
discriminación y, por lo tanto, las que mejor pueden orientar las políticas y los
recursos destinados a paliar las necesidades de esas minorías.
La colaboración orientada a la mejora de resultados es especialmente importante
en este momento en el que la aplicación de la gran inversión para la inclusión
social contemplada en el Plan de Recuperación debe convertirse en la principal
palanca de la historia de nuestra democracia para la reducción de las distintas
brechas y la inclusión de las minorías.
En este marco, nuestros objetivos programáticos son los siguientes:
• Reivindicar la diversidad como activo social, así como sus aportes al
desarrollo económico, social y cultural de España.

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• Poner en marcha políticas inclusivas activas que garanticen los
derechos de las personas pertenecientes a los colectivos de la diversidad.
• Fortalecer la coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de
seguridad para mejorar los sistemas de detección de los delitos de
odio y la atención a las víctimas que los sufren.
Para ellos, los y las socialistas en los gobiernos autonómicos:
• Impulsaremos políticas públicas que garanticen el acceso al máximo
nivel educativo de las personas jóvenes pertenecientes a los
colectivos de la diversidad, promoviendo, cuando sea necesario, la
adopción de medidas de apoyo económico, educativo y social. Ello
supone la puesta en marcha de medidas tendentes a la coeducación y al
conocimiento de la realidad de estos colectivos, fomentando la
participación de padres y madres en la vida escolar y estableciendo un
plan contra la segregación escolar a fin de fortalecer una escuela
inclusiva.
• Pondremos en marcha políticas de urbanismo inclusivo, facilitando la
accesibilidad en todo el territorio, evitando la formación de zonas
residenciales segregadas e impulsando la presencia en todas las zonas
de unos servicios públicos de calidad, a fin de evitar procesos de exclusión
residencial.
• Impulsaremos la implementación en el ámbito autonómico de la Ley
Zerolo, Ley 15/2022, de Igualdad de Trato y No discriminación, a partir de
la legislación existente, para garantizar la no discriminación por razón de
nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión,
edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género,
enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición
genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación
socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
• Reforzaremos la formación de los distintos agentes claves en esta
lucha contra la discriminación: interlocutores sociales, para facilitar la
implantación de estas políticas en el ámbito laboral; personas
trabajadoras en el ámbito de los servicios sociales, para procurar la
adecuada atención a las necesidades específicas de estos colectivos;
personal responsable de los servicios públicos para un adecuado diseño
de estos; personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales,
autonómicos y locales, para asegurar una correcta atención a las víctimas
de delitos por motivos discriminatorios y discursos de odio.
• Promoveremos, en el ámbito laboral y a través de la negociación colectiva,
la implantación en las empresas de planes de diversidad que
garanticen el efectivo cumplimento de la legislación antidiscriminatoria en
el acceso al empleo y aseguren la igualdad de trato y la no discriminación
en las empresas.

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• Mantendremos un absoluto compromiso con la educación en la
diversidad en los centros educativos, mostrando total rechazo a
cualquier tipo de injerencia y/o, veto parental en la gestión curricular
autónoma e independiente de la comunidad educativa. Para ello,
estudiaremos las fórmulas que la ley permita para impedir políticas
educativas que supongan un veto a las actividades previstas en los planes
curriculares de los centros.
• Estableceremos estrategias para evitar el acoso escolar y el bullying,
garantizando la protección de las víctimas de acoso y la prevención del
suicidio.
• Promoveremos un compromiso compartido por todas las
Administraciones públicas y servicios implicados para homogeneizar y
garantizar los Protocolos de Actuación contra la LGTBIfobia, para el
tratamiento integral de la violencia contra las personas LGTBI y en materia
de diversidad sexual y de género, que coadyuven a mejorar la prevención,
la protección, disminuyan las reticencias a denunciar y mejoren la
actividad probatoria. Además, promoveremos e impulsaremos los
servicios de atención a personas víctimas de la LGTBIfobia, fomentando
la creación de observatorios contra dicho fenómeno y promoviendo la
creación de centros y servicios especializados que presten asesoramiento
jurídico y psicológico a las víctimas.
• Impulsaremos programas y espacios de recuperación de la memoria
LGTBI y de la persecución de que fueron objeto las personas trans,
homosexuales y bisexuales en el marco de las iniciativas y legislaciones
sobre memoria democrática, para dar a conocer y proteger el patrimonio
LGTBI, tanto material (lugares de memoria) como inmaterial (vivencias,
modos de vida y represión de las generaciones LGTBI que nos
precedieron).
• Estableceremos programas específicos para que las residencias y los
centros de día sean lugares en los que las personas LGTBI puedan
tener una vida plena, para que puedan vivir su vida con dignidad, sin
miedo a la soledad o al rechazo. Con ello, pretendemos atender
adecuadamente las situaciones de alta vulnerabilidad social en la que
muchos se encuentran, apoyando espacios de atención específicos, así
como dotar al personal de la formación necesaria para atender las
necesidades específicas de estas personas mayores.
• Promoveremos planes autonómicos de lucha contra el antigitanismo,
que, en coordinación con otras normativas como la Ley de Igualdad de
Trato y No Discriminación, consiga sensibilizar a toda la sociedad sobre
la existencia de esta lacra. En este ámbito, también impulsaremos
políticas que prioricen a las mujeres y a los niños y niñas gitanas,
fomentando medidas de acción positiva en diferentes ámbitos (acceso al
empleo, a la vivienda…), así como actuaciones encaminadas a combatir
la segregación escolar infantil.

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• Seguiremos trabajando desde las administraciones autonómicas por la
efectiva inclusión y la no discriminación de las personas con
discapacidad de la mano de las organizaciones del tercer sector.
Seguiremos eliminando las barreras que dificultan la accesibilidad
universal por lo que nuestras políticas irán encaminadas a facilitar el
acceso a todas las personas independientemente de su discapacidad.
Para ello, mejoraremos la coordinación entre las Administraciones
públicas y de estas con el tercer sector.
10.- AGENDA JOVEN: UNA AGENDA DE PAÍS
La gestión de la crisis financiera por parte de la derecha condenó a muchos
jóvenes de nuestro país a la precariedad laboral, a enormes dificultades para
acceder a una vivienda, a no poder desarrollar el proyecto de vida que soñaban
y para el que se esforzaron denodadamente.
Las consecuencias son personales e individuales, pero también sociales puesto
que explican buena parte de nuestra baja natalidad y nuestro crecimiento
vegetativo. Asimismo, el contexto socioeconómico de los jóvenes ha
desembocado en un considerable aumento de los problemas de salud mental.
Las políticas del Gobierno de España, así como las de los gobiernos
autonómicos y locales socialistas, suponen un cambio de rumbo respecto
a las realizadas por la derecha con anterioridad. La reforma laboral y las subidas
del Salario Mínimo Interprofesional han permitido crear más y mejores empleos;
el impulso a las políticas de becas y a la Formación Profesional también
contribuirán a ese fin; las ayudas al alquiler y otras medidas en política de
vivienda son determinantes para facilitar la emancipación de los jóvenes y que
puedan dirigir libremente sus vidas. Si a eso añadimos el bono cultural o las
ayudas al transporte, podemos concluir que el avance en estos años ha sido
relevante.
Para seguir avanzando en la Agenda Joven, los gobiernos autonómicos, junto
con el Gobierno de España, se comprometen a:
• Incorporar la perspectiva joven a todas las políticas y fomentar la
participación de jóvenes en el diseño de políticas públicas que les
afecten.
• Convertir el empleo en un derecho al final de la etapa formativa, ya
sea universitaria o de formación profesional, adaptando la formación a la
nueva economía a través de plataformas digitales de orientación
conectadas con los servicios de empleo autonómicos y municipales.
• Combatir la precariedad y falta de calidad del empleo juvenil. Para
ello, como una herramienta más, pondremos en marcha mesas de diálogo
social joven con los agentes sociales.

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• Facilitar las opciones para el emprendimiento (autoempleo) con
especial atención a jóvenes de familias trabajadoras.
• Potenciar los ciclos formativos con mayor empleabilidad como los
relacionados con el ámbito digital y tecnológico.
• Facilitar la igualdad de acceso a los estudios superiores mediante el
aumento de las becas de estudio y la reducción de tasas universitarias.
• Establecer becas para la preparación de oposiciones para menores
de 30 años destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la
equidad en el acceso a la función pública.
• Abordar políticas decididas de acceso a la vivienda, desarrollando la
Ley de Vivienda y ampliando ayudas o bonos a jóvenes para la
emancipación.
• Establecer bonificaciones en materia de movilidad, potenciando el
transporte público y la protección del medio ambiente.
• Generar políticas públicas destinadas a erradicar el bullying en
jóvenes y adolescentes en centros formativos o en plataformas digitales.
• Conectar las instituciones con la gente joven a través de portales
más intuitivos y que puedan facilitar la realización de trámites a través
de las nuevas tecnologías.
• Poner en marcha estrategias alineadas con el Plan de Acción por la
Salud Mental para paliar la incidencia de ese problema en la juventud,
reforzar la educación emocional en la etapa formativa e incorporar a los
centros de atención primaria más recursos; asimismo, se propondrá
ampliar la formación de los sanitarios para diagnósticos más preventivos
y aumentar la plantilla en los servicios de psicología clínica.
11.- AVANZAR EN COHESIÓN TERRITORIAL: UNA POLÍTICA
INTEGRADA Y COORDINADA
El proceso de concentración de población en las grandes ciudades avanza de
forma inexorable. Ante ello, los gobiernos autonómicos deberán desarrollar dos
tipos de políticas, perfectamente compatibles, alineadas con la estrategia
España 2050. Por un lado, políticas orientadas a garantizar la sostenibilidad de
los territorios y convertir a las ciudades en lugares habitables y saludables. Esto
exige la creación de vivienda pública y social, el fomento de la rehabilitación de
edificios en el centro de las ciudades, la mejora de la movilidad en transporte
público o la peatonalización del espacio urbano. Pero, por otro lado, también
deben desarrollarse políticas para revitalizar las zonas más despobladas de la
España rural, así como las ciudades pequeñas y medianas con el impulso de la
innovación, la integración tecnológica, el transporte público, el teletrabajo, la
diversificación económica y la digitalización. La renaturalización del espacio

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urbano confiere una mayor seguridad climática, reconfigurando el territorio hacia
la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus causas. El Plan de
Recuperación ofrece instrumentos para el desarrollo de estas políticas.
Con estas prioridades trabajamos desde el Gobierno de España y en las
Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Así, para
fomentar la movilidad sostenible, segura y conectada, el Plan de Recuperación
prevé un programa de inversión de 13.203 millones de euros. En cuanto al
urbanismo y la política de vivienda, deben concebirse como una función pública
al servicio del interés general a través del desarrollo de infraestructuras de uso y
dominio públicos con políticas dirigidas a garantizar el derecho constitucional a
una vivienda digna. En este sentido, el Plan de Recuperación recoge un
programa de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, con 6.820
millones de euros, incluyendo un programa de vivienda social para alquiler de
1.000 millones de euros.
En este contexto, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Socialista se fijan estos objetivos:
• Trabajar para convertir de forma efectiva a la vivienda en el quinto
pilar del Estado de Bienestar. Atendiendo a la diversidad territorial, las
circunstancias específicas que afectan a la España despoblada y las
singularidades de las zonas degradadas.
• Defender una política de rehabilitación ambiciosa en línea con las
directrices que marcan las políticas europeas vinculados a la
recuperación económica.
• Impulsar la elaboración de Agendas Urbanas y Rurales, garantizando
su desarrollo, para que las ciudades y los pueblos tengan una
perspectiva integral y pongan en el centro a las personas, la mejora de su
calidad de vida y la recuperación de espacios de convivencia. La
perspectiva de género y la sostenibilidad social, económica y
medioambiental deben ser las claves que guíen la evolución de los
entornos urbanos del presente y el futuro.
• Desarrollar una ordenación del territorio responsable, eficiente y
sostenible que permita combinar la necesaria protección del territorio y
un uso adecuado del suelo con un crecimiento económico estable y
resiliente.
• Avanzar en fórmulas que permitan el aprovechamiento de las
oportunidades que plantean para nuestro país la nueva economía
verde, la bioeconomía, la economía circular, las energías renovables
y las actuaciones de mitigación del cambio climático, garantizando,
un uso racional del suelo y una adecuada protección del medioambiente.
• Impulsar un urbanismo sostenible, viable económicamente, de escala
humana, ágil, digital, basado en la seguridad jurídica. Un urbanismo
productivo que nos permita asegurar un crecimiento ordenado en términos

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sociales, ambientales y territoriales.
• Trabajar de forma decidida por las políticas de movilidad enfocadas a
la mejora de los traslados cotidianos, esto es, aquellos que nos
permiten acudir a nuestros centros de trabajo y estudio, así como acceder
a otros servicios públicos básicos como la sanidad o la educación.
• Avanzar hacia la transformación de la movilidad con el objetivo de
que sea descarbonizada, digitalizada, vertebrada, cohesionadora, y
de protagonismo al transporte público y a la intermodalidad en la movilidad
urbana, con más relevancia de los modos de transporte sostenibles como
la bicicleta, el patinete o ir a pie.
• Priorizar la seguridad vial en nuestra política de movilidad.
• Defender el desarrollo de vías verdes y ciclo-peatonales como espacios
que invitan a la elección de opciones de movilidad sostenible y saludable,
tanto para el día a día como para momentos de ocio.
• Impulsar el ferrocarril y liderar la movilidad verde, sobre todo el impulso
a la red de media distancia y cercanías, incrementando el peso del
transporte de mercancías por tren hasta aproximarnos a estándares
europeos. Para ello, debemos garantizar la inversión en los corredores de
transporte que permitan mallar el territorio, acabar con la perspectiva
radial que arrastra nuestro país en materia de diseño de las redes de
transporte y conseguir que deje de ser una isla ferroviaria, mejorando
nuestra conexión con Europa.
• Emplear la Fondos Next Generation EU para abordar los problemas de
movilidad en los entornos rurales de la España despoblada, con
perspectiva sostenible e innovadora para hacer posible la creación de
empleo y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen estos
territorios de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Políticas contra la despoblación
En las políticas contra la despoblación tienen un especial protagonismo las
administraciones autonómicas y locales. Conforme al objetivo transversal de la
cohesión territorial y la palanca I del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia resulta necesario articular medidas específicas para la España más
despoblada que impulsen la innovación social y territorial y faciliten el desarrollo
de nuevos proyectos profesionales, la fijación y llegada de población, la atracción
de talento, la prestación de los servicios y un uso sostenible de nuestros
recursos.
Décadas de un modelo socioeconómico y político que primó la concentración de
población y actividades en grandes áreas urbanas, a costa del declive de la
mayor parte del territorio, han provocado la existencia de una gran brecha de
desigualdad entre lo urbano y lo rural, y un evidente déficit de cohesión entre las

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grandes ciudades, las ciudades medianas y los pequeños pueblos.
Revertir la despoblación y asegurar la igualdad efectiva en el territorio es uno de
los principales retos en toda España, y uno de los desafíos prioritarios de las
políticas públicas. Es un reto clave para luchar contra el populismo y las políticas
basadas únicamente en el agravio, que alientan lo que se ha denominado “la
venganza de los lugares que no importan”. Frente al populismo o la inacción, el
PSOE ha situado el reto demográfico y la cohesión territorial como uno de sus
ejes estratégicos de actuación, impulsando de forma transversal y coordinada
una política que asegure tanto la igualdad efectiva como el aprovechamiento de
las numerosas oportunidades que, desde las áreas rurales y los pequeños
municipios, pueden acelerar un modelo de desarrollo mucho más dinámico,
innovador, sostenible y justo. Estamos cambiando la dinámica y la tendencia del
medio rural y los pequeños municipios.
Frente a los discursos basados en agravios o que evocan un medio rural pobre,
atrasado y desigual, la realidad es que cada vez más personas contemplan el
medio rural como un territorio de oportunidades, como un espacio en el que, en
conexión con las ciudades, pueden desarrollar sus proyectos personales,
profesionales y familiares. Desde 2018, nuestros pequeños municipios han
atraído más de 220.000 personas, especialmente jóvenes y mujeres, y la
pandemia ha acelerado este proceso. Nuevos pobladores, nuevas actividades,
nuevas posibilidades para el medio rural. Revertir las desigualdades y asegurar
la cohesión será un proceso largo, pero se ha producido un cambio de tendencia,
y tenemos la oportunidad de consolidar y acelerar este proceso, en conexión con
la transición ecológica y energética de nuestro país, aprovechando la
universalización de la cobertura digital.
En la puesta en marcha de políticas para la cohesión territorial, es clave una
gobernanza multinivel compartida, desde el liderazgo del Gobierno de España,
con las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales. Nuestro marco
normativo y competencial supone una oportunidad para que las políticas se
adapten mejor a las diferentes situaciones territoriales, favoreciendo el desarrollo
de nuestros pequeños municipios y las zonas rurales de interior.
En este contexto, nuestros objetivos programáticos son:
• Situar el debate y la reflexión sobre el reto demográfico y la cohesión
territorial en el ámbito de la igualdad de derechos en el territorio y de
las oportunidades que están surgiendo en nuestro medio rural.
• Definir un marco estratégico y normativo común en materia de
cohesión territorial y reto demográfico con la estrategia nacional y los
planes de recuperación.
• Facilitar la escalabilidad territorial para mejorar la prestación de los
servicios públicos y el desarrollo de estrategias y proyectos de impacto en
zonas de baja densidad demográfica.

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• Centrar las políticas de cohesión territorial y lucha contra la despoblación
en torno a cuatro vectores de desarrollo: la prestación de servicios
básicos; el acceso a la vivienda y el despliegue de la agenda urbana
para el medio rural; la generación de oportunidades para el desarrollo
socioeconómico; y la movilidad y conectividad universal.
• Establecer una cartera general de servicios básicos, públicos y
privados, que aseguren la equidad en todo el territorio y garanticen la
funcionalidad de los pequeños municipios.
• Impulsar, desde el ámbito local, planes estratégicos de desarrollo
socioeconómico adaptados a las condiciones del territorio y a sus
potencialidades, que favorezcan la sostenibilidad.
• Avanzar en la transición energética asegurando un reparto justo y
equitativo tanto de las cargas como de los beneficios de este
proceso en el territorio. Explicar y mostrar las iniciativas en las que el
impulso de la transición energética está generando beneficios concretos
para la población local de los pequeños municipios, en términos de
reducción de costes, impulso del autoconsumo, creación de nuevos
empleos, etc.
• Impulsar la conectividad, apostar por el turismo sostenible y
garantizar los servicios públicos en el medio rural.
• Favorecer la vivienda pública y social en el medio rural y facilitar los
mecanismos para el acceso a la vivienda en pequeños municipios,
especialmente impulsando la rehabilitación de las viviendas de los
núcleos de población y la recualificación de los edificios públicos sin uso.
• Adaptar la movilidad en el territorio a esquemas sostenibles y
accesibles. Favorecer la innovación en los sistemas de transporte público
del medio rural para mejorar su extensión y su eficacia, facilitando la
descarbonización y reduciendo el peso del transporte privado en la
movilidad cotidiana de los pueblos, con el fomento del “transporte bajo
demanda”. En particular, para garantizar la equidad en el acceso a los
servicios básicos de las personas dependientes.
• Asegurar la perspectiva demográfica o el rural proofing, impulsando
la incorporación de esta perspectiva en la fase de elaboración de normas,
planes y programas, y su evaluación en las memorias de impacto
normativo.
Para ello, en las Comunidades Autónomas con gobiernos socialistas:
• Impulsaremos leyes de cohesión territorial o de dinamización del
medio rural en todas las Comunidades Autónomas e
implementaremos estrategias para el reto demográfico.
• Incorporaremos el rural proofing o el impacto demográfico en la

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elaboración de normas, planes y programas.
• Promoveremos programas de cohesión territorial, de carácter
transversal y local (supramunicipal), para abordar el reto
demográfico en las zonas más afectadas por este desafío,
favoreciendo el desarrollo de proyectos y la absorción de fondos en
actores públicos y privados.
• Conectaremos el medio rural a los centros de innovación y
conocimiento para desarrollar todas sus potencialidades atrayendo
talento y favoreciendo el emprendimiento.
• Fomentaremos el desarrollo de proyectos e iniciativas de gobernanza
desde los municipios y facilitaremos la gestión de los más pequeños,
desde el respeto y la lealtad institucional entre niveles de gobierno.
• Pondremos en marcha planes autonómicos de impulso de la vivienda
rural, favoreciendo la creación de parques públicos de vivienda
social en los municipios más dinámicos, facilitando la rehabilitación de los
inmuebles en pequeños núcleos; y mejorando la transmisión de bienes
inmuebles para la fijación de población y la llegada de nuevos habitantes.
• Impulsaremos el desarrollo de las “agendas urbanas” para el medio
rural, que garanticen el cumplimiento de sus objetivos en pequeños
núcleos, sirvan para la lucha contra la despoblación, favorezcan el
desarrollo de oportunidades socioeconómicas e impulsen la sostenibilidad
de todas las políticas públicas en las áreas rurales.
• Completaremos la conectividad universal de los territorios y las
personas con planes que incluyan la capacitación digital de las
empresas, las administraciones y las personas, con el objetivo de
mejorar la competitividad económica así como la calidad de vida de las
personas.
También se vinculan a las políticas contra la despoblación el apoyo a agricultores
y ganaderos y, en general, al sector primario en cuanto constituye una garantía
del equilibrio territorial con un sistema agroalimentario sólido y con los más altos
estándares de calidad. Y, de la misma forma, la protección del medio natural,
tanto en el interior como en el litoral, y la planificación y gestión del agua con la
concertación por parte de las Comunidades Autónomas.

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BLOQUE III. BUEN GOBIERNO Y FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA
1.- MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
Son necesarios cambios en el modelo de gestión de las administraciones
autonómicas a fin de que puedan ayudar en el proceso de recuperación
económica. Se trata de modernizar la administración pública con un plan de
digitalización y el refuerzo del capital humano, especialmente de personal de alta
cualificación.
El pilar fundamental de esta modernización es la digitalización de los servicios y
del funcionamiento de la administración. Con ese objeto, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge un relevante programa con
una inversión total de 4.239 millones de euros.
Pero la modernización de la administración no sólo requiere inversiones sino
también cambios normativos para la simplificación de los procesos
administrativos y la eliminación de trabas burocráticas. Los y las socialistas
creemos firmemente que se pueden compaginar los objetivos de eficacia,
eficiencia y celeridad con los de buen gobierno y control que refuercen las
garantías de acierto y corrección en el manejo de los recursos públicos. Se trata
de modernizar la administración pública para explotar todo su potencial de fuerza
tractora de la economía incidiendo en los sectores más estratégicos con nuevas
reglas adaptadas a las necesidades actuales. Estos cambios normativos deben
perseguir la eficacia y la eficiencia en la gestión, la simplificación de los procesos
administrativos y la eliminación de trabas burocráticas, manteniendo,
lógicamente, las garantías de adecuado funcionamiento y los controles de
legalidad.
Es fundamental que esos cambios normativos, relevantes en cuanto pueden
afectar a muchas normas en diversos ámbitos, se hagan a través de leyes, que
sean sometidas a dictamen de los correspondientes órganos consultivos y sean
debatidas en el órgano parlamentario, como se ha hecho en Extremadura, y no
se utilice un decreto ley ómnibus, como ha ocurrido en Andalucía.
También resultan necesarios cambios en la legislación básica estatal que
establece los grandes parámetros de gestión. Los fundamentales textos
normativos que marcan las fórmulas de gestión (Ley de Contratos del Sector
Público, Ley de Subvenciones, Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público) son
leyes redactadas por los gobiernos de la derecha cuyo objetivo prioritario era
minimizar el impacto de lo público y dificultar la gestión para canalizar recursos
hacia el sector privado.
Junto a la modernización, el otro reto de las administraciones autonómicas es
profundizar en la transparencia, como fórmula de generar pertenencia y
vinculación con la gestión de lo común, de lo de todos. No sólo hay que dar a

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conocer de forma activa la información sobre contratos, subvenciones y sobre
cualquier operación económica; también hay que generar canales que faciliten a
la ciudadanía los datos necesarios que han ayudado a conformar la decisión final
en los temas importantes y definitorios de su vida. En una época de profundas
crisis sanitarias y económicas se necesita liderar políticamente sobre la base de
la complicidad ciudadana, sobre la base de una ciudadanía cada vez más
informada, responsable e involucrada en lo público. Para ello, la ciudadanía debe
tener conocimiento, datos e información a fin de generar un debate transparente
y abierto a todas las opiniones, subrayando la necesidad de explicar las medidas
adoptadas y los elementos determinantes. Y en esta tarea, resulta fundamental
institucionalizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, informando
públicamente y de forma anual sobre el progreso de la acción de gobierno y el
cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos, de forma periódica y
sistemática tal y como hace el Gobierno de España con la presentación del
informe “Cumpliendo”.
En este sentido, la digitalización supone una gran oportunidad en cuanto facilita
la publicidad activa por parte de las administraciones y también el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. La
digitalización también permite mejorar el adecuado ejercicio de la rendición de
cuentas y la participación de la ciudadanía en estos procesos.
Esta profunda transformación digital no puede, sin embargo, ser causa de una
nueva brecha entre quienes tienen mayores destrezas o formación y quienes no
las tienen. Los planes de digitalización deben ir acompañados de planes
formativos para la ciudadanía y garantizar en cualquier caso la presencialidad,
así como la simplificación del lenguaje, a fin de que este proceso tenga también
un sello de igualdad para la ciudadanía.
Y para completar esta reforma hacia la eficiencia, hacia la transparencia y la
participación en las decisiones públicas, es necesario que las administraciones
autonómicas cuenten con planes de prevención, detección y corrección del
fraude y de la corrupción, el conflicto de intereses y la posibilidad de doble
financiación de forma que operen como mecanismos de alerta temprana ante
conductas indeseadas. En un momento decisivo de nuestro país, en el que se
juega la definición de su futuro dependiendo de la buena gestión de los fondos
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es especialmente
necesario contar con sistemas de detección que den certezas a los gestores y
tranquilidad y confianza a los inversores y contratistas, teniendo en cuenta,
además, que todas las actuaciones van a estar sometidas a un estricto control
no sólo en el ámbito interno sino también en el europeo.
2. UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
PENSANDO EN LA CIUDADANÍA
La financiación autonómica está íntimamente ligada al modelo de sociedad y de
país que queremos construir. La pandemia de la Covid-19 ha reforzado el
consenso de la ciudadanía en la necesidad de contar con un Estado del
Bienestar avanzado, con unos servicios públicos de calidad y accesibles a todos,

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que cubran nuestras necesidades, nos permitan afrontar los desafíos futuros y
nos protejan en los momentos de adversidad.
El Gobierno socialista ha demostrado que preservar el Estado de Bienestar
garantizando la prestación de los servicios públicos fundamentales es solo
cuestión de voluntad política. Las Comunidades Autónomas han podido
enfrentarse y combatir las consecuencias de la crisis de la Covid-19 y de la
invasión de Ucrania gracias a las decisiones del Gobierno de España que les ha
proporcionado recursos extraordinarios para mantener los servicios públicos, la
protección de la ciudadanía y nuestro tejido productivo. Ahora, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia puede permitir a las Comunidades
Autónomas obtener financiación para el desarrollo de proyectos concretos,
incardinados en los distintos componentes y medidas previstos en el Plan.
El vigente Sistema de Financiación Autonómica caducó en 2013. Tenemos la
obligación de lograr un consenso que nos dote de un modelo de financiación
autonómica actualizado conforme a las necesidades actuales, distintas a las
existentes cuando se acordó el actual. Un modelo de futuro capaz de hacer
efectivo el disfrute de los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos
los españoles, reconociendo la diversidad; en definitiva, un modelo justo y
equitativo.
Este consenso no será posible sin superar el debate maximalista entre territorios.
Es la ciudadanía quien hace uso de los servicios públicos y contribuye con sus
impuestos a financiarlos. Por ello, tenemos que situar a la ciudadanía en el centro
del debate. Sólo si pensamos en satisfacer sus necesidades y aspiraciones
podremos lograr el consenso para hacer realidad un sistema de financiación
aceptable para todos.
Debemos avanzar también en una fiscalidad justa, que tenga un efecto
beneficioso para los ingresos de las Comunidades Autónomas y permita
impulsar los cambios necesarios para afrontar los retos presentes y futuros. En
este sentido, apostamos por armonizar la tributación de la riqueza y avanzar en
la fiscalidad medio ambiental.
El actual Sistema de Financiación Autonómica introdujo importantes mejoras con
respecto a los anteriores: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos
Fundamentales para garantizar la igualdad de financiación de los servicios
públicos fundamentales; el concepto de población ajustada; mayor autonomía
financiera, tanto en participación en la recaudación de tributos como en
capacidad normativa; el Fondo de Suficiencia Global para financiar todas las
competencias transferidas, así como los fondos de convergencia para reducir las
diferencias de financiación per cápita.
Pero, a lo largo de los años de funcionamiento y en ocasiones por la aplicación
del Sistema que ha hecho PP, se ha evidenciado la necesidad de reformar el
modelo en cuanto el vigente no tiene un comportamiento adecuado en todos los
momentos del ciclo económico y genera diferencias de financiación que no se
justifican.

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Durante los años de Gobierno del PP, las Comunidades Autónomas recibieron
menos recursos y, a cambio de limitar su autonomía, solo obtuvieron préstamos
que incrementaron su deuda. A pesar de ello, el PP nunca lo ha querido reformar.
En sus años de gobierno retrasó el debate, sin realizar ninguna propuesta de
nuevo modelo.
El Gobierno socialista ha actuado de forma diametralmente opuesta. Ha
adoptado decisiones que han proporcionado más recursos y flexibilidad a las
Comunidades Autónomas y ha afrontado desde el principio de la legislatura la
tarea de la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque
excepcionales circunstancias lo han ido impidiendo.
Incluyendo los datos de 2023, las Comunidades Autónomas habrán recibido en
cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez 178.750 millones más que en los
últimos cinco años completos de Mariano Rajoy, lo que supone un incremento
del 40% en la financiación autonómica.
El Gobierno ha flexibilizado en mayor medida la tasa de déficit referente para las
Comunidades Autónomas. En un contexto de necesidades mayúsculas, el
Gobierno ha optado por asumir los mayores costes derivados de la pandemia de
la Covid-19 y de la invasión de Ucrania. Para ello, ha elevado las tasas de
referencia de déficit previstas para las Comunidades, asumiendo la
Administración General del Estado una reducción equivalente. Este hecho ha
permitido a las Comunidades tener más margen para mantener y ampliar los
servicios públicos sin tensionar sus finanzas.
En diciembre de 2021, el Gobierno envió a las Comunidades Autónomas un
documento para retomar el debate sobre la reforma de la financiación
autonómica. Tal y como se comprometió, el Gobierno trasladó una propuesta de
cálculo de población ajustada, una de las variables esenciales del modelo de
financiación, que determina el reparto de los recursos en función de
circunstancias demográficas, sociales o territoriales, con el objetivo de recibir
aportaciones y observaciones de todos los territorios.
En este contexto, los objetivos del modelo de financiación que planteamos desde
el PSOE son:
• Blindar unos servicios públicos de excelencia. Al planificar la reforma
del modelo de financiación situamos en el centro a la ciudadanía, para
determinar los recursos que satisfagan sus necesidades y aspiraciones
futuras.
• Garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones. Debemos
dotarnos de un modelo justo, que haga realidad la igualdad en el acceso
a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades, en todo el territorio
español.
• Una Administración que atienda a la diversidad. La realidad social,
económica, geográfica y demográfica de España es amplia y la obligación
de las Administraciones es ajustar su actuación a esta diversidad como

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demanda la ciudadanía. Por ello, la financiación de las Comunidades
Autónomas debe asegurar la autonomía para adoptar las decisiones de
gasto que satisfagan las necesidades diferenciadas.
• Un mismo trato fiscal a toda la ciudadanía. Empresas y ciudadanía con
unas mismas circunstancias y capacidad económica deben tener un trato
fiscal similar, independientemente del lugar en el que vivan o actúen. Es
necesario lograr un equilibrio óptimo en el ejercicio de las competencias
normativas de las Comunidades Autónomas sobre los impuestos de forma
que la fiscalidad no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de
la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas.
• Institucionalizar la evaluación del gasto. Es necesario promover una
verdadera cultura de la evaluación de la acción pública, incorporando
herramientas para analizar el impacto de las políticas en la ciudadanía. A
través de la institucionalización del proceso evaluador y de la
incorporación de sus resultados podremos mejorar la formulación, la toma
de decisiones y la implementación de las políticas públicas.
• Una gestión presupuestaria transparente. La ciudadanía demanda una
clara rendición de cuentas de la actuación de las Administraciones
Públicas; los Presupuestos y su ejecución no pueden seguir siendo
inentendibles. Debemos acercar las cuentas públicas a la ciudadanía y
para ello tenemos que proporcionar acceso al contenido de los
presupuestos de forma amigable e intuitiva, explicitando el destino de los
impuestos y mostrando cuáles son los gastos más relevantes en políticas
destacadas como la sanidad, la educación o las inversiones. Esto sólo es
posible si la información presupuestaria se presenta de manera entendible
para todos.
En este marco, las Comunidades Autónomas con gobiernos socialistas
proponemos:
• Una propuesta consensuada de reforma del sistema de financiación
autonómica.
Para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía a
través de unos servicios públicos de excelencia, en especial los
esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), es imprescindible
alcanzar un consenso para la reforma del sistema de financiación
autonómica que asegure los recursos adecuados.
La solución propuesta debe ser satisfactoria para todos y reducir las
diferencias de financiación, que se deberán únicamente a circunstancias
objetivas, para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de servicios
públicos de calidad en todo el territorio.
El modelo deberá fundamentarse en la solidaridad, suficiencia, equidad,
transparencia y corresponsabilidad fiscal, garantizando el acceso en
igualdad de toda la ciudadanía a los servicios públicos.

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Para ello, desde los gobiernos autonómicos trabajaremos con el Gobierno
del Estado en la presentación de una propuesta para cada elemento de la
configuración del sistema, a fin de configurar el nuevo sistema de
financiación. Nos comprometemos a debatir estas propuestas con lealtad
y sin pretensiones maximalistas hasta alcanzar el necesario consenso de
las fuerzas políticas que aseguren la aprobación de la reforma en su
votación en el Congreso y el Senado.
• Una fiscalidad de la riqueza y medioambiental armonizada.
Aunque hay quienes esgrimen argumentos en contra de la tributación de
la riqueza, existen razones más que suficientes para defender los
impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Entre
otras se pueden mencionar la desigual distribución de la riqueza que va
en aumento, desincentivar el mantenimiento de patrimonios improductivos
o evitar la elusión de la aportación que corresponde a los contribuyentes
como mayor capacidad. El 1% de los hogares más ricos poseen más del
25% de la riqueza total o solo el 10% de estos posee casi el 60% de la
riqueza. El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria elaborado por el
Comité de Personas Expertas defiende la existencia de ambos tributos y
la actualización de sus normativas.
En este sentido, proponemos una reforma del Impuesto sobre el
Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones que los simplifique, acabe
con las diferencias injustificables de trato a contribuyentes con similar
capacidad económica y circunstancias y evite el uso de personas jurídicas
para eludir la contribución correspondiente de grandes patrimonios.
Tal y como se desprende del documento España 2050 y afirma el Comité
de Personas Expertas, la imposición medioambiental tiene una relevación
sistémica en la reforma fiscal española y constituye una herramienta
imprescindible para la transición hacia una sociedad descarbonizada.
Pero no puede hacerse sin tener en consideración el impacto distributivo
en la ciudadanía y sobre la competitividad de nuestras empresas. Según
los últimos datos ofrecidos por la Comisión Europea, la recaudación
medioambiental, en España, se sitúa entre seis y ocho décimas por debajo
de la media de la Unión Europea.
Las propuestas fiscales en el ámbito medioambiental no pueden ignorar
el contexto y las reformas anunciadas en la Unión; no pueden ser ajenas
a las competencias de las Comunidades Autónomas, ni al marcado
carácter territorial de algunos problemas ambientales, pero es necesario
que el diseño, introducción y aplicación de figuras tributarias eviten
distorsiones socioeconómicas indeseables.
Por ello, nuestras propuestas tendrán como objetivo la coordinación del
panorama actual de tributos medioambientales y la extensión a sectores
y actividades que generan efectos medioambientales negativos. Serán
incentivadoras del cambio en los comportamientos; adecuadas al marco
regulatorio; coordinarán los diferentes niveles competenciales e

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impulsarán el despliegue de tecnologías y actividades que faciliten la
transición ecológica. Las áreas prioritarias de actuación, como señalan los
expertos, serán la electrificación sostenible, la movilidad compatible con
la transición ecológica; el fomento de la economía circular y el uso
eficiente del agua.
Como propuestas de futuro, pondremos en marcha análisis que nos
permitan decidir sobre la pertinencia de futuros tributos que graven la
huella ambiental, el uso excesivo de recursos naturales, u otros que
tengan por objetivo recoger una externalidad negativa y contribuyan a
alcanzar objetivos medio ambientales.
• Un programa común de evaluación de los principales gastos. Para
aumentar la calidad del gasto público, mejorar su composición, reorientar
su uso y facilitar la toma de decisiones bien informadas, la evaluación de
las políticas públicas se configura como una herramienta imprescindible
que hará más eficaz y eficiente el uso de los recursos públicos, aumentará
la transparencia en la toma de decisiones y, todo ello, supondrá una
mayor legitimación de la acción de gobierno.
La evaluación cumplirá con sus objetivos siempre que no sea un proceso
esporádico o sometido a la voluntad, sino nacido de un compromiso firme
y conjunto que fije el ámbito material objeto de evaluación y la haga
permanente.
Por ello, proponemos la institucionalización de la evaluación de las
políticas públicas para analizar y evidenciar el impacto de las más
relevantes en el ámbito de las Comunidades Autónomas en cuestiones
determinantes para la ciudadanía y para aumentar el valor público de la
acción de gobierno, optimizando el proceso de toma de decisiones,
impulsando la innovación del sector público, incrementando la eficacia en
la asignación y utilización de los recursos públicos, así como el control de
responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad.
• Unos presupuestos claros y entendibles para la ciudadanía. Los
presupuestos son la concreción de la acción y decisiones de los
gobiernos. Por ello, su formulación, presentación y ejecución debe ser
entendible por la ciudadanía. Deben mostrar de forma clara como se
distribuyen los recursos, cuáles son y de dónde vienen los ingresos y a
qué gastos se destinan.
Nos proponemos acercar los presupuestos a la ciudadanía,
presentándolos de forma intuitiva y amigable, para que no solo sean
accesibles sino también entendibles por cualquier persona y satisfagan la
demanda de información que exige la sociedad actual.

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